11 de enero de 2021

TROPEL 2 del 11.01.2021.

 

Con cifras a la baja por ser domingo, 78 personas murieron y 7.808 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país

Si bien la cantidad de contagios es considerablemente menor a la de los últimos días, se espera que los casos mantengan su ascenso durante esta semana que comienza.

(Foto: Xinhua)
10 de enero de 2021

Otras 78 personas murieron y 7.808 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 44.495 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.722.217 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que son 3.612 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 54,5% en el país y del 58,4% en la Área Metropolitana Buenos Aires.

Fueron realizados 38.365 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 5.228.200 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 115.217 muestras por millón de habitantes.

Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados)*:

- Buenos Aires 3.295 | 721.954

- Ciudad de Buenos Aires 1.247 | 186.037

- Catamarca 51 | 3.173

- Chaco 191 | 26.929

 - Chubut 194 | 35.320

 - Corrientes 119 | 13.765

- Córdoba 466 | 133.544

 - Entre Ríos 350 | 33.541

- Formosa 32 | 291

 - Jujuy 20 | 18.686

- La Pampa 102 | 13.500

- La Rioja 15 | 9.214

 - Mendoza 76 | 61.290

- Misiones 110 | 1.445

- Neuquén 229 | 45.150

- Río Negro 201 | 41.484

- Salta 21 | 22.710

 - San Juan 23 | 12.382

- San Luis 8 | 16.544

 - Santa Cruz 255 | 27.194

- Santa Fe 548 | 186.438

- Santiago del Estero 65 | 18.617

 - Tierra del Fuego 74 | 20.171

- Tucumán 116 | 72.838


El rol de Juntos por el Cambio detrás de la protesta patronal agropecuaria

Las negociaciones con el gobierno continúan. Los organizadores del paro señalan que es "un llamado de atención". Los dirigentes opositores que participan de la medida.
(Foto: Twitter)
10 de enero de 2021

La suspensión de las exportaciones de maíz que dispuso el Gobierno esta semana impactó en Juntos por el Cambio como un verdadero llamado de la selva. La medida, como era previsible,  puso en estado de alerta a la mayoría de las entidades que integran la Mesa de Enlace, cuyos representantes dispusieron un "lockout" patronal a partir del lunes, en medio de negociaciones de último momento con la Casa Rosada que podrían desactivarlo. Sin embargo, desde que comenzaron las asambleas de productores en distintos puntos del país para definir las próximas medidas de fuerza, los referentes de la coalición opositora que intervienen en la dinámica agraria buscan ponerse al frente del primer reclamo del sector en el arranque del año electoral.

"Con el cese de comercialización no queremos molestar a nadie. Mucho menos que después se nos eche la culpa por aumento de precios o desabastecimiento como consecuencia de la medida de fuerza", sostuvo este sábado Daniel Pellegrina, titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), una de las cuatro entidades que integran la Mesa de Enlace. "Sólo es un llamado de atención para poner en lo más alto de la opinión pública el malestar del campo contra una medida muy perjudicial.  Esto se suma a muchas otras cuestiones que se dieron el año pasado, como el tema de Vicentin, nuevos impuestos y otras decisiones que vienen afectando la capacidad de producción del agro argentino", disparó Pellegrina en medio de una negociación con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, que según pudo saber Tiempo, está en pleno desarrollo. "No está cerrada y podría tener un desenlace positivo".

Tal como sucedió en noviembre de 2019, poco después de la victoria de Alberto Fernández en las últimas presidenciales (y antes de su asunción), los sectores más intransigentes del agro fueron los primeros en convocar movilizaciones "al costado de la ruta" para organizar a los productores autoconvocados. También fue planificada para presionar a las conducciones de la Mesa de Enlace ante la salida de Mauricio Macri del poder y canalizar el descontento de una parte de su electorado en las principales localidades del sector núcleo de la pampa húmeda, uno de los principales bastiones de la actual alianza opositora. La dinámica no fue en vano. Actualmente esos sectores acumulan más de un año de debates y coordinaciones para movilizarse cuando fuera necesario. Uno de ellos es el espacio "Campo Más Ciudad", que tuvo un rol muy activo en los reclamos "preventivos" de fines de 2019, ante un posible aumento de las retenciones a las exportaciones agrarias y ahora interviene con mayor fuerza.

"Si volvemos a la ruta no será con cortes de ruta sino con medidas informativas al costado como repartir folletos. No podemos asegurar que no habrá cortes definitivos en las rutas si no hay un acuerdo. Por ahora haremos acampes en cruces emblemáticos y asambleas permanentes en algunas localidades. Los cortes no están definidos todavía", explicaron a este diario desde esa organización, cuyo referente es  Sebastián Quiroga, vicepresidente de la Coalición Cívica-ARI en el departamento cordobés de San Javier.

En su entorno desvinculan la función partidaria con el papel que juega en Campo Más Ciudad (CMC), pero sus críticos más implacables lo vinculan con el exministro de Agroindustria de la era Macri y extitular de la SRA, Luis Miguel Etchevehere. En el espacio gremial agrario también niegan esa vinculación y adjudican el vínculo a las coincidencias que comparten distintos productores "en este momento del país".

Así como CMC busca expandir su referencia en el conflicto campero, los diputados de Juntos por el Cambio que intervienen en la provincia de Buenos Aires también hacen su juego. Es el caso del diputado nacional del PRO y empresario agropecuario Pablo Torello, junto a su colega santafesina de la Coalición Cívica, Lucila Lehman, y su consorte, el legislador bonaerense Luciano Bugallo, que también integra el partido que fundó Elisa Carrió y que también integra Quiroga.

La apuesta de los integrantes de Cambiemos va más allá de la pulseada por la comercialización del maíz. Si bien consideran la medida como "un error no forzado del oficialismo" como "parte del mal asesoramiento que recibe el presidente", también consideran que se trata de una decisión que es impulsada por el kirchnerismo, donde el ministro "Basterra no define". "En 15 años hemos puesto 180.000 millones de dólares solamente en concepto de retención. Es el momento de ver dónde ocurre esa gotera. No es Fernández, ni Macri ni CFK. Es un barril sin fondo que después terminamos cubriendo con parches como el impuesto a los ricos", explicaron desde ese espacio.  La discusión de fondo apuntará a reclamar el achicamiento del gasto del Estado antes de aumentar la recaudación y los impuestos para financiarlo.

El escenario internacional para el agro es distinto al año pasado. La tonelada de soja quedó esta semana cerca de los 500 dólares y en Cambiemos consideran que es el anticipo de otro conflicto fiscal. "Todo depende de la buena o mala praxis. Si hacen las cosas bien y aprovechan esta bocanada del precio de la soja posiblemente puede pasar algo bueno, pero si siguen equivocándose, será un nuevo 2008", vaticinan en Campo Más Ciudad para referirse a una reedición del conflicto por la Resolución 125 que dispuso Cristina Fernández en su primera presidencia para aumentar las retenciones.

La apuesta política apunta a capitalizar electoralmente el eventual malestar ante un fracaso de las negociaciones con el Gobierno, pero también incluye el interés de construir un "espacio pro campo" dentro del Congreso que sea transversal al oficialismo y la oposición. "Esto no es el 2008. Es mucho peor. Venimos de tres años de sequía y tenemos un desdoblamiento cambiario del dólar mucho más profundo, si hay conflicto, escalará mucho más rápido", vaticinan, casi en pie de guerra durante un año donde buena parte de esas tensiones se catalizarán en la próxima visita a las urnas.

Fuente:TiempoArgentino



10.01.2021 / Período extraordinario

Vuelve el Congreso: la primera sesión en Diputados llegaría con un combo de proyectos económicos

El Frente de Todos busca sesionar en la Cámara baja a fines de enero y el objetivo es tratar un conjunto de iniciativas económicas, entre los que se encuentran la que apunta a la sostenibilidad de la deuda externa, otra que contempla incentivos a la construcción y una prórroga a la ley de biocombustibles. Cuándo sería el primer debate.



















Pasados los primeros 10 días de enero y ante la amenaza de la que el rebrote de coronavirus avance aún más, el oficialismo comienza a definir sus prioridades legislativas para el período extraordinario: la idea del Frente de Todos y sus espadas en el Congreso es sesionar en la Cámara de Diputados a fines de enero y poner allí sobre la mesa un conjunto de proyectos económicos, entre los que se encuentran la iniciativa que busca la sostenibilidad de la deuda externa, otra que contempla incentivos a la construcción y una prórroga a la ley de biocombustibles.

Según afirmaron fuentes parlamentarias a la agencia Télam, el FDT tiene la intención de debatir sobre tablas el próximo 20 de enero, con un temario que en el cual se incluye un paquete de proyectos económicos que ya se encuentran en el Congreso y de los que se conocen sus detalles desde antes de fin del 2020. De hecho, algunos de ellos ya cuentan con media sanción.

Así, esos temas serán los que se tratarán en la primera sesión del período extraordinario, que comenzó el 4 de enero y se extenderá hasta el 28 de febrero.

En el caso de la ley de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda, ya fue aprobada por el Senado. Luego está el proyecto que propone beneficios para promover la inversión en la construcción de nuevas obras privadas y, en tercer lugar, la prórroga de la ley de biocombustibles.

Las mayoría de las iniciativas forman parte de una serie de proyectos impulsados por la cartera de Hacienda que conduce Martín Guzmán, en tanto que quedarían para febrero o bien para marzo -cuando se inicie el período ordinario de sesiones-, dos proyectos que implican mayor picante político y en la Justicia: la reforma judicial y la del Ministerio Público.

La decisión de sesionar el 20 de enero había sido anunciada en la sesión en la que se debatió la nueva fórmula jubilatoria por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

El proyecto de sostenibilidad de la deuda, con sanción del Senado, establece que las negociaciones en materia de deuda pública con cualquier tipo de financiación internacional, incluidos los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), deben contar con aval parlamentario, algo que no sucedió durante la gestión del expresidente Mauricio Macri.

Además, la iniciativa apunta a que la emisión de deuda por fuera de los límites establecidos en el Presupuesto también deba ser autorizada por el Parlamento.

La prórroga a la ley de biocombustibles, en tanto, favorece al sector productor hasta el mes de diciembre de 2024, y dispone la mezcla de biodiesel de soja en el gasoil (10%) y del etanol de caña y maíz en las naftas (12%).

La iniciativa se trataría el 19 de enero en un plenario de comisiones con el objetivo de que se emita dictamen y, al día siguiente, se debatiría en el recinto de la cámara baja junto con otros proyectos.

Las fuentes estimaron que el temario de la primera sesión extraordinaria podría contemplar además el debate de otro proyecto que contempla beneficios impositivos para promover la inversión en la construcción de obras privadas nuevas, luego de la caída que produjo la pandemia en este rubro.

Al temario de esa sesión podría incorporarse también una modificación al reglamento para limitar el tiempo de las sesiones, que cortarían en cuarto intermedio a las 24 del día de sesión y volver a las 8 del día siguiente, sin necesidad de llegar nuevamente al quórum.

En cuanto a los proyectos para modificar algunas de las tantas problemáticas y escándalos con que funciona la justicia federal en la Argentina, la dificultad que tiene el oficialismo para avanzar en el proyecto para el fortalecimiento de la Justicia Penal Federal, aprobado por el Senado el 27 de agosto, es que el bloque del FDT -que tiene 119 diputados y no tiene mayoría- requiere de acuerdos con bloques opositores provinciales que le permitan aprobar sin inconvenientes el texto impulsado por el Poder Ejecutivo.

En tanto, la iniciativa que modifica la ley del Ministerio Público para poder acortar el mandato del Procurador y las mayorías para su aprobación (por mayoría absoluta en lugar de los dos tercios que se requiere en la actualidad) también necesita de acuerdos con otros bloques opositores ante el fuerte rechazo de Juntos por el Cambio.

Entre los proyectos pendientes, que están incluidos entre los 25 temas de la convocatoria a extraordinarias, se encuentran también el Consenso Fiscal 2021 del Gobierno nacional con las provincias, firmado hace poco más de un mes por el presidente Alberto Fernández y 21 de los 24 gobernadores del país.

También quedó pendiente una iniciativa consensuada que eleva progresivamente el presupuesto destinado a la ciencia, tecnología e innovación productiva, del 0,28% del PBI en 2021 al 1% en 2032, y cuyo tratamiento debió postergarse en la última sesión ordinaria de Diputados dado que el plenario para aprobar la nueva fórmula de movilidad se extendió durante largas horas.
Fuente:PoliticaArgentina





Descontrol en Pinamar: el intendente culpó a las restricciones

Martín Yeza afirmó que Pinamar estaba "en una situación más o menos manejable hasta que empezaron las nuevas restricciones".

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