Organizaciones sociales se
concentraron en el Obelisco
porteño
Resumen Latinoamericano, 25 de febrero de 2021.
CORTE TOTAL AL METROBUS EN OBELISCO
Lo llevaron a cabo este jueves desde las 10 de la mañana movimientos sociales involucrados en el Programa «Veredas Limpias».
Las organizaciones se encuentran en estado de alerta y movilización, a raíz de un conflicto generado por el gobierno porteño, que pone en peligro la continuidad laboral de 2500 cooperativistas que integran el programa “Veredas limpias”.
El mencionado programa funciona desde hace quince años a través de la firma de convenios anuales, y quienes realizan tareas de limpieza y desinfección en espacios públicos y reciben un ingreso mensual que ronda los 11 mil y 16 mil pesos.
El gobierno de Horacio Rodriguez Larreta pretende desvincularlos y conformar “polos productivos textiles”, con convenios que tendrían tan sólo cuatro meses de duración, donde las propias Cooperativas deberían absorber los costos de maquinarias e insumos para su producción.
Esta inminente reconversión va a generar mayor inestabilidad económica en las familias que integran los sectores más vulnerables de la Ciudad.
De acuerdo a datos del INDEC correspondientes a enero 2021 una familia con cuatro integrantes debe reunir $23722 para no atravesar la línea de indigencia (Canasta Básica Alimentaria) y $56459 en lo que respecta a la línea de pobreza (Canasta Básica Total).
En el actual contexto de crisis, aumento de precios de los alimentos y del costo de vida, el ingreso de los cooperativistas es vital para la subsistencia de esas miles de familias.
La demanda de los movimientos sociales se centra en la permanencia del programa tal como fue creado, en la actualización de sus ingresos mensuales y en la ampliación de los cupos para incorporar a nuevos trabajadores.
Convocaron
Somos Barrios de Pie – Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) – FeNaT CTA Autónoma – Corriente Clasista Combativa (CCC) – La Dignidad Confluencia – Movimiento Evita – Frente Popular Darío Santillán – Federación de Organizaciones de Base (FOB) Autónoma
26 de febrero de 2021
La comunidad científica celebra la sanción de la ley
Ley de Financiamiento para Ciencia y Técnica: El gran triunfo del uno por ciento
El gobierno le dará un bono a los que menos ganan
Una ayuda extra para los jubilados
Imagen: NA
El Gobierno definió otorgar un bono a los jubilados para complementar el aumento del 8,07 por ciento que se aplicará desde el primero de marzo. Será para los haberes más bajos, que representan a más del 70 por ciento de los adultos mayores, es decir, más de 7 millones de personas. La decisión fue tomada para que los ingresos no pierdan ante la aceleración de la inflación.
Lo que se define a estas horas es cómo y cuándo se otorgará este bono. En el gobierno analizan si agregar un extra en conjunto con el aumento que se aplicará desde el mes que viene, o si esperar a tener los datos de inflación del primer trimestre y sobre eso calcular la diferencia con lo que se otorgó, basado en la nueva ley de movilidad. Hasta el momento sólo se conoce la inflación de enero, y para saber la del primer trimestre habrá que esperar a mediados de abril.
Fernanda Raverta, titular de Anses, aseguró que durante la discusión por la nueva ley de movilidad que se realizó en diciembre en el Congreso el Gobierno "se comprometió" a que los haberes le ganen a la inflación. "Lo que nos proponemos es dar el aumento por movilidad, y en relación a lo que ocurra con los indicadores de inflación poder instrumentar alguna medida para poder paliar si hubiera alguna diferencia entre la inflación y la fórmula de movilidad", explicó Raverta en una entrevista con Radio Nacional.
La titular de Anses recordó que ese 8 por ciento de aumento surge de las dos variables que están dentro de la fórmula de movilidad, que son variación salarial y recaudación de Anses. "No sabemos cómo va a evolucionar la inflación en los primeros tres meses del año, cuando tengamos ese resultado podemos hacer el comparativo y con un gobierno que se compromete con su palabra, instrumentar algún tipo de bono para poder garantizar lo que nos comprometimos, que es que los jubilados de la mínima le ganen a la inflación".
A partir del primero de marzo, las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares aumentarán un 8 por ciento. Así, la mínima pasará de 19.035 como es actualmente a 20.571, mientras que la PUAM pasará a 16.457 pesos. Sin embargo, consultoras privadas consultadas por PáginaI12 estiman que la inflación en enero, febrero y marzo estará por encima del 11 por ciento. "Nuestro desafío es que los jubilados puedan acceder a los mismos bienes o a más de lo que accedían el mes anterior", explicó Raverta.
Acerca de por qué el bono recaerá sólo en los haberes mínimos, Raverta afirmó: "Arrancamos el gobierno con una mínima de 14 mil y van a estar en 20 mil después de marzo, hay jubilados que cobran mas de 150 mil pesos, en momentos de crisis tenemos que lograr asistir a aquella población que son la mayor cantidad de jubilados".
En cuanto al monto del bono, una opción que se analiza a estas horas era que fuera de 5000 pesos, tal como se otorgó en diciembre 2019 y enero 2020. Con esos ingresos extras, y otro que se otorgó en abril de 2020, las jubilaciones mínimas en 2020 le ganaron a la inflación. En tanto, las jubilaciones máximas tuvieron subas del 24,3 por ciento, por debajo del 36,1 por ciento que trepó el índice de precios al consumidor.
El próximo incremento por la ley de movilidad se realizará en junio de este año. Si bien la fórmula impulsada por el macrismo en 2017 fue modificada por el Congreso a fines de 2020, lo que se mantuvo de esa movilidad, vigente entre 2017 y 2019, fueron los aumentos trimestrales. De haberse mantenido esa fórmula, que actualizaba por inflación con un fuerte rezago, este aumento de marzo hubiera sido del 7 por ciento, menor al 8 por ciento que efectivamente se otorgará por el cálculo de la nueva ley.
Se trata de la primera actualización en base a una ley de movilidad durante el gobierno de Alberto Fernández, debido a que en diciembre de 2019 fue suspendida la movilidad (vigente desde 2017), a través de la ley de solidaridad social que aprobó el Congreso. Los cuatro aumentos de 2020 se otorgaron por decreto de manera discrecional.
El fiscal procesado presentó un escrito ante la jueza Capuchetti
Stornelli se baja de la megacausa del espionaje ilegal macrista
Luciana Bertoia
El fiscal Carlos Stornelli tuvo su renunciamiento histórico o su día de acting. Se presentó para decir que ya no quiere ser el fiscal de (parte de) la megacausa de espionaje que tramita en Lomas de Zamora y que aún está por verse si no se muda a los tribunales de Comodoro Py. Stornelli dijo que no puede actuar por razones de “decoro” en el legajo vinculado al espionaje penitenciario porque él es querellante en la causa conocida como “Operativo Puf”, que es básicamente un armado en base a las escuchas ilegales a los presos kirchneristas para torpedear desde los inicios la investigación de espionaje del juzgado federal de Dolores.
El fiscal se presentó sin que nadie se lo pidiera para decir que no va a poder intervenir en el legajo 9 de la causa de Lomas, que involucra el espionaje penitenciario. Lo hizo ante la jueza María Eugenia Capuchetti, que, a priori, debería tramitar la causa si pasara a Comodoro Py. La jueza le mandó el planteo de Stornelli al presidente de la Sala IV de la Casación Federal, Mariano Borinsky, que le contestó que lo tramitara en el juzgado. Todo era desconcierto en Comodoro Py frente al escrito de cuatro páginas del fiscal. El argumento es que él es querellante en la causa del “Operativo Puf”, pero no dice nada de su calidad de procesado en Dolores.
“Más allá de no verse afectado en absoluto mi ánimo actual o mi capacidad de cumplir con mi rol en estos autos amerita que por razones de delicadeza y decoro, y -- para evitar cualquier posible tacha-- por supuesto infundada --de subjetividad o tendencia en mis actos dentro del proceso, dejo desde ya planteada mi excusación”, escribió Stornelli, que todo el año pasó pujó por traer la causa de Lomas a Comodoro Py.
Stornelli se ataja con este planteo a lo que era una recusación segura --y en su propio bastión de Comodoro Py-- por múltiples actores. A su situación endeble, se le suma también que uno de sus hijos trabajó en la AFI en 2016. También busca poner en agenda el llamado "Operativo Puf", que es una causa que surgió en febrero de 2019 a partir de escuchas que supuestamente recibieron Elisa Carrió y Stornelli y que fueron usadas para sembrar dudas sobre los inicios del D'Alessiogate. El año pasado, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dijo que no había delito y pidió cerrar la causa.
El tema volvió a reflotar el viernes pasado, cuando el juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé dictó 38 procesamientos en la causa de espionaje. Allí dio por probado que las escuchas que ilegalmente hacía la Dirección Administrativa de Asuntos Jurídicos (DAAJ) de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en el penal de Ezeiza terminaron en manos de Carrió y de Stornelli para darle origen a la causa de la que supo hacerse el juez Claudio Bonadio. Más allá de su rol como "querellante" y "víctima" en una causa que ya pidieron cerrar, Stornelli aparece mencionado en una causa que está en pleno trámite.
Lo concreto es que Stornelli está procesado en la causa de espionaje que tramita en Dolores. Pese a que la Cámara Federal de Mar del Plata alivió su situación, ese tribunal confirmó el procesamiento que dictó el juez federal Alejo Ramos Padilla en dos hechos: la cámara oculta que quiso hacerle Stornelli al abogado José Manuel Ubeira y la "cama" que quiso hacerle al exmarido de su actual pareja, Jorge Castañón. Todo esto con los invaluables servicios de Marcelo Sebastián D'Alessio. Además, Ramos Padilla le amplió el procesamiento por los aprietes que habría sufrido Pablo Barreiro para involucrar a Cristina Fernández de Kirchner en la causa de los cuadernos.
El planteo de Stornelli tiene ribetes absurdos porque la causa en la que se excusa ni siquiera está en Comodoro Py. El expediente continúa su trámite en Lomas de Zamora hasta en tanto quede firme la decisión de la mayoría de la Sala IV de la Casación Federal de enviar el caso a los tribunales de Comodoro Py. El plazo para apelar vence el 4 de marzo. Ya lo hizo CFK, que fue quien logró frenar el traspaso a Retiro, y también se presentaron, pero en sentido contrario el fiscal ante la Casación Raúl Pleé y el secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto.
La causa no sólo tiene un fiscal a cargo en Lomas, sino dos: Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, que son quienes tienen delegada la instrucción. Además, tanto la Cámara Federal porteña como la Casación Federal se pronunciaron a favor de no desmembrar la causa, siempre en favor de Comodoro Py. Pero, aun en ese escenario, Stornelli no podría ser el fiscal del tramo del espionaje en el Instituto Patria y de los Súper Mario Bros, pero no el del espionaje penitenciario.
La recuperación propuesta por los acreedores, sin los actuales accionistas
Vicentin: una salida privada que reconoce el lugar del Estado
Imagen: AFP
Un grupo de 69 acreedores concursales por venta de granos a Vicentin SAIC le presentó una propuesta al Directorio actual de la firma en convocatoria "para colaborar en la reactivación de la firma" a través de "un proyecto superador de cualquier alternativa de desguace". La propuesta contempla la capitalización de acreencia, compromisos de abastecimiento de granos, respaldo crediticio de los acreedores financieros y "la separación de las decisiones y la gestión a los actuales directores y accionistas". El documento destaca "la relevancia del Banco de la Nación Argentina para viabilizar una solución virtuosa". Y subraya que el grupo empresario que impulsa esta alternativa cree "firmemente que la participación del Estado Nacional y de la provincia de Santa Fe serán imprescindibles para poder llegar a una solución". Es decir, un amplio abanico de la actividad privada agrícola santafesina está reclamando que el Estado nacional y el provincial vuelvan a involucrarse en el tema Vicentin para encontrar una salida, ya que sin su participación la consideran "inviable".
Las 69 firmas agrícolas acreedoras que suscribieron el documento son todas de Santa Fe. En conjunto, representan créditos por unos 120 millones de dólares, casi la tercera parte del total de deudas por compra de granos, el segundo rubro en importancia en el concurso. El primero es el de las deudas financieras, por un total de casi 1000 millones de dólares entre acreedores locales y extranjeros. Entre ellos, el mayor individualmente es el Banco de la Nación, por unos 300 millones. Entidad que no sólo fue aludida en el documento de los productores y comercializadores de granos, sino que además en su conducción se está evaluando esta propuesta con innegable interés.
La nota fue enviada al directorio actual de Vicentin, integrado por Estanislao Bougain, Omar Scarel y Diego Guelar (ex embajador en China durante la gestión de Cambiemos). con copia al interventor judicial Andrés Shocrón. En respuesta a la propuesta del Directorio para conformar una mesa de reestructuración de la empresa, los firmantes de la nota expresan:
"Queremos expresar la voluntad de participar, siempre y cuando se respeten las siguientes condiciones, (ya que) entendemos que la única alternativa para volver a poner en marcha a Vicentin es:
"Capitalizar gran parte de las acreencias, lo cual generará la perdida de participación de los accionistas actuales".
"Planes de pagos a quienes no capitalicen con quitas y/o espera".
"Acuerdos con acreedores de granos para asegurar el abastecimiento".
"Acuerdos con acreedores financieros para asegurar el capital de trabajo".
"Separar de las decisiones y la gestión a los actuales directores y accionistas".
Sostiene la propuesta de los acreedores que es muy importante que una parte significativa de quienes tienen acreencias "capitalicen sus deudas y se comprometan a aportar granos y capital de trabajo". Agregan que, "en la situación existente, es económicamente inviable que un nuevo accionista aporte el capital de trabajo necesario para la puesta en marcha de la compañía y, además, para cancelar pasivo".
El mensaje en este sentido es claro. Da a entender que cualquiera de las propuestas que se barajaron de ingreso de capitales locales o extranjeros como nuevos accionistas principales, sólo podía llegar a concretarse dejando en el camino un tendal de deuda impaga con los acreedores.
Por otro lado, la representación que tienen las 69 empresas agropecuarias firmantes lograría alcanzar el punto de equilibrio en capitalización y aporte de granos sólo con obtener la adhesión de ACA, la asociación de cooperativas argentinas ligada a Coninagro, uno de los mayores acreedores granarios de Vicentin. La nota también puede leerse como una invitación a ACA a sumarse al proyecto de rescate de Vicentin sin sus actuales dueños.
El Estado, imprescindible
"Hemos estudiado en profundidad las alternativas para este tipo de reestructuraciones y creemos firmemente que la participación del Estado Nacional y el de la Provincia de Santa Fe serán imprescindibles para poder llegar a una solución. Por otra parte, el Banco Nación, como agente de desarrollo para el país, es esencial para construir herramientas para financiar la originación y recomponer el capital de trabajo de la empresa", señalan las 69 empresas agrocomerciales firmantes.
Los proponentes anticipan, además, lo que prevén como "los principales conflictos para con los accionistas actuales de Vicentin SAIC". Señalan, entre ellos, el modo en que se resolverán las quitas y tiempos de espera para los acreedores que no acepten la capitalización de sus deudas; el canje de deudas por capital para quienes acepten y "la participación residual de los accionistas actuales". Agregan, además, como virtual conflicto, la "determinación del accionar sobre las compañías vinculadas del grupo" que figuran como acreedores de Vicentin.
Para afrontar dichos conflictos, proponen constituir una "mesa de reestructuración que posibilite llegar a un acuerdo entre los acreedores que puedan elaborar el plan y su implementación". Previendo, además, "la transferencia de las participaciones de los actuales accionistas", para lo cual "los accionistas actuales deberán proponer un mecanismo ineludible, a satisfacción de los acreedores, que asegure la transferencia del 100% de las acciones si se llega a un plan de reestructuración exitoso". Es decir, que la reestructuración exitosa culminaría con la salida de todos los accionistas actuales de la empresa.
La propuesta de los acreedores agrocomerciales genera expectativas, incluso, en los bancos acreedores extranjeros, que estarían dispuestos a asociarse en una salida que les permita recuperar sus créditos, financiando un proceso de recuperación que "no quede en manos de los actuales dueños", a los que han denunciado internacionalmente por estafa. También debería despertar el interés de otros acreedores locales, ya que el proceso que se sigue en el Juzgado Comercial, de la mano del juez Fabian Lorenzini, bajo estricto control de los accionistas de Vicentin, sólo puede culminar en el desguace, ya sea por la venta fragmentada del emporio Vicentin o porque se decreta su quiebra.
Pero la primera respuesta que se espera es la de los gobiernos nacional y provincial. Paradójicamente, alejados cuando sintieron rechazado su proyecto de salvataje por vía de la intervención federal, y ahora con pedido de regreso a escena solicitada por los propios acreedores agrocomerciales.
Fuente:Pagina12
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