Con apoyo opositor, consiguieron dictamen favorable los proyectos clave que propuso el Gobierno
Se tratarán este jueves en la Cámara de Diputados. Son: la iniciativa que impone que a partir de ahora el endeudamiento externo deba pasar por el Congreso, una indemnización para familiares del Ara San Juan, y el estímulo para inversión en vivienda.
Con todos los proyectos dictaminados, la Cámara Baja está lista para llevar a cabo la primera sesión extraordinaria pedida por el Frente de Todos para el jueves al mediodía. Los diputados pusieron el pie en el acelerador y tuvieron este miércoles una jornada cargada de trabajo de comisiones.
El puntapié lo dio el plenario de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas donde se trató el proyecto de ley de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública. Establece que los acuerdos futuros con el FMI deberán ser aprobados por el Congreso Nacional y le pone límites al endeudamiento en moneda extranjera de nuestro país para gastos corrientes, fuga de capital y especulación financiera como en los últimos años.
Las comisiones funcionaron de manera semipresencial. Hubo un grupo de legisladores conectados y otros presentes en la Sala C del segundo piso del Anexo de Diputados. De hecho, los presidentes de ambas comisiones, Carlos Heller (Presupuesto) y Fernanda Vallejos (Finanzas), estuvieron de manera remota.
El proyecto obtuvo dictamen positivo por unanimidad. Sin embargo, desde Juntos por el Cambio y Consenso Federal hicieron observaciones a la letra chica del texto que llegó al recinto del Senado. Ambos espacios opositores cuestionaron el artículo 3° que habla de la emisión de títulos públicos y programas de financiamiento referidos a los gastos primarios corrientes. “Me parece que este artículo en vez de mejorar y ampliar conceptos los restringe y genera dudas”, señaló el radical Luis Pastori.
“Tiene, a nuestro juicio, severos errores técnicos y de técnica legislativa. Lo que hace de alguna manera generar superposiciones con la Ley de Administración Financiera”, especificó el diputado del PRO Luciano Laspina.
Por su parte, Jorge Sarguini recordó que no fue tenido en cuenta un proyecto presentado por su espacio político que apuntaba a ordenar el tema de la deuda y darle sustentabilidad. “No se trata de defender un proyecto en particular”, aclaró. Resaltó que la iniciativa “limita mucho más el uso del endeudamiento externo”. Y agregó que pese a brindar su apoyo se quedaba con “el sabor con gusto a poco porque es un tema que debe ser tratado con profundidad”.
Desde el Frente de Todos, Vallejos – titular de la Comisión cabecera- expresó: “Este proyecto es muy importante para todos nosotros. Implica la participación del Congreso en decisiones que son absolutamente estratégicas y estructurales. Comprometen no solamente el futuro de nuestro país. En este sentido la participación del ámbito democrático por excelencia, que es nuestro Congreso, es un paso muy importante adelante. Estamos dando con el tratamiento y, seguramente, aprobación de esta Ley”.
ARA San Juan
Otro proyecto que logró dictamen favorable fue el que ingresó a Diputados el 30 de noviembre del año pasado. Establece el derecho de los familiares de los marinos fallecidos en el submarino ARA San Juan a percibir, por única vez, un beneficio de carácter económico. Cada pariente podrá elegir si cobra el aporte o inicia un juicio para reclamar el resarcimiento que considera.
En una reunión muy breve de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y la de Defensa, la iniciativa tuvo el apoyo de todos los bloques por considerar que significa un gesto de acompañamiento a los familiares.
Como contó Tiempo, uno de los artículos cuestionados está vinculado a que “el cobro del beneficio”. Implica la renuncia a reclamar una indemnización por la vía judicial.
Sobre ese punto, el diputado de Río Negro Luis Di Giacomo cuestionó que se establezca la renuncia a “acciones en trámite o a tramitarse. Esto tiene que ver con la búsqueda de justicia, de que puedan encontrarse determinadas responsabilidades” o que la resolución determine “un resarcimiento que podría ser mucho mayor”. El legislador remarcó que “coloca a los familiares frente a una disyuntiva”.
Ante la observación, el representante del Frente de Todos Germán Martínez respondió citando el artículo 8 de la Ley 27.179 de reparación a familiares de víctimas de las explosiones de Río Tercero. Y el artículo 11 de la Ley 27.139 de indemnización a los familiares del atentado a la AMIA. Son similares en su redacción al artículo 5 del proyecto que se debatía hoy. “Tiene carácter opcional. Es un acto voluntario acogerse a este régimen”, aclaró y agregó: “No se le priva a ningún familiar de la posibilidad de llevar adelante las acciones que le parezcan pertinentes”.
El proyecto indica que el monto será una remuneración por única vez equivalente al sueldo de los agentes de nivel A, grado 0, del Convenio Colectivo del Sistema Nacional de Empleo Público multiplicado por 100. Esa cifra son unos 6.6 millones de pesos para los familiares directos de cada víctima. En el caso de haya hijos, tienen la prioridad y se divide por partes iguales. Si no los hay, se reparte entre los progenitores y el cónyuge “siempre que no se hubiera encontrado separado o separada de hecho al día de la desaparición o muerte”.
Inversión en vivienda
Finalmente, en horas de la tarde, se dictaminó el proyecto del Ejecutivo que propone un blanqueo de capitales y modificación en ganancias y bienes personales destinado a promover las inversiones en la construcción de obras privadas nuevas realizadas en el país. Se unificó en el texto la intención del Ministerio de Hábitat de agilizar la terminación de viviendas en el país.
“Es un proyecto que parte de la realidad y va a contribuir al proceso de la reactivación económica y generar nuevos puestos de trabajo. Se propone un conjunto de medidas tributarias en favor de las inversiones en obras privadas nuevas. También esto que incorporamos que tiene que ver con las 55 mil viviendas que están a medio construir y que el ministro (de Vivienda), Jorge Ferraresi, planteó poner en marcha que permita terminarlas”, explicó el oficialista Carlos Heller.
El proyecto establece una exención en el Impuesto sobre los Bienes Personales del valor de las inversiones en construcción de obras privadas nuevas realizadas hasta el 31/12/2022, inclusive. Y la posibilidad de computarse como pago a cuenta del impuesto el 1% del valor de las inversiones en construcción. También se exime durante dos años el pago de impuesto a los activos que se destinen a construcciones nuevas.
Juntos por el Cambio acompañó el proyecto, pero propuso trabajar con consenso un proyecto de incentivo a la construcción para alquileres. Además propusieron que al no tener una afectación especial se debería aclarar que es coparticipable.
Las tres iniciativas se tratarán mañana con mayoría presencial en el Palacio Legislativo. Se sumará además el proyecto que propone un incremento al financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología que fue dictaminada el año pasado.
Durante la jornada de este miércoles, varios legisladores se hicieron el PCR en el hall del Anexo de Diputados para poder participar desde el recinto. Durante la jornada de este miércoles, varios legisladores se hicieron el PCR en el hall del Anexo de Diputados para poder participar desde el recinto.El gobierno porteño gastó $1000 millones para garantizar la higiene en las escuelas y faltan insumos básicos
Un informe del Observatorio por el Derecho a la Ciudad indica que entre septiembre y diciembre del año pasado se cerraron contratos con cinco empresas para la "vuelta a clases". Sin embargo, el relevamiento hecho por los docentes esta semana muestra que faltan insumos elementales como jabón y alcohol en gel.
A pesar de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizó contratos con empresas de limpieza por 1000 millones de pesos y compró insumos por 50 millones para el regreso a las aulas, los gremios docentes denuncian que las escuelas presentan faltas de elementos para garantizar la protección ante la propagación de la COVID- 19. Las denuncias por falta de jabón, alcohol y papel en los baños, la ausencia de termómetros, mascarillas y barbijos, se contraponen con las contrataciones directas que hizo Ministerio de Educación porteño desde finales de 2020 con cinco empresas.
Según un informe realizado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, el 5 de septiembre del 2020, en simultáneo a la presentación de los primeros protocolos para la denominada “Vuelta a Clases”, la cartera dirigida por Soledad Acuña publicó cuatro contrataciones sin licitación en el Boletín Oficial. Son las 6232, 6231, 6229 y 6227. El objetivo era adquirir servicios de “provisión e instalación de dispensadores de jabón líquido y de papel higiénico, reposición mensual de jabón líquido y papel higiénico, y de refuerzo de personal de limpieza integral y desinfección de los establecimientos educativos” para todos los distritos escolares. Y “por un periodo de 4 meses”.
Sin embargo el lunes se replicaron las denuncias de escuelas sin elementos sanitizantes ni contratación de auxiliares para poder cumplir con el protocolo de regreso a la presencialidad.
La coordinadora de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria de la UBA, María Eva Koutsovitis, dijo: “Hay muchos interrogantes sobre estas compras. Las escuelas han abierto con falta de insumos a pesar de las contrataciones directas por más de 1000 millones de pesos”. “Se vienen haciendo desde septiembre para que pudieran proveer a las escuelas de elementos para las tareas de desinfección de los establecimientos educativos. Tuvo dos etapas, en septiembre fue la primera en donde la contratación involucró 700 millones de pesos para las cuatro empresas. Y luego hubo un nuevo desembolso de 300 millones de pesos, lo que totalizan los más de 1000 millones. Nos preocupa porque luego de estas contrataciones tenemos falta de insumos en las escuelas”, explicó en diálogo con Tiempo.
La empresa Bencen Construcciones SRL obtuvo un contrato por $ 134.236.240 para la Zona 1 del Distrito escolar, Claryty SRL Tres de $ 103.389.845, $ 83.863.548 y $ 80.815.504 para las Zonas 2, 3 y 4. La firma Lessiver SRL se encarga de la Zona 5 por $ 100.908.382, mientras que de las Zonas 6 y 7 se encarga la empresa Servba S.A. por $ 94.927. 864 y $ 86.544.62 respectivamente.
El gasto total en estos servicios llegó a $ 684.686.011 y las contrataciones fueron prorrogadas en diciembre del año pasado por dos meses con un nuevo desembolso de al menos $342.342.000 pesos. Esto eleva la cifra a un total de $1.027.029.016.
En los argumentos de la contratación se establece que es para “iniciar el período escolar para el ciclo lectivo 2021 a partir del 8 de febrero” y que “resulta necesario garantizar las condiciones de higiene y desinfección necesarias para prevenir el contagio del virus COVID-19 para la realización de actividades presenciales en los establecimientos escolares”.
Según comentó Koutsovitis, Bencen Construcciones es usual adjudicataria de las obras referidas al barrio Padre Mugica (recolección de residuos áridos, mantenimiento de la red de luminaria pública, mantenimiento de espacios comunes y edificios, entre otros). “Por otra parte el Ministerio también contrató de manera directa y sin licitación un conjunto de empresas por 50 millones de pesos. Es para abastecerse de máscaras de protección facial, termómetros, guantes, dispensadores de alcohol en gel, paquetes sanitizantes y pulverizadores. Una cuestión que nos llama la atención es la contratación de 1850 dispensers de alcohol en gel. La Ciudad cuenta aproximadamente con 1800 escuelas públicas, por lo tanto lo que deducimos que van a destinar un aparato de alcohol en gel por establecimiento”, agregó la investigadora.
Fuente:TiempoArgentino
10.02.2021 / Economía
Acumular reservas y "desacoplar" precios locales de internacionales: ejes de informe de economistas del FDT para 2021
Un trabajo de integrantes del oficialismo bonaerense sostiene que tras la crisis provocada por la pandemia, que se montó sobre la que desató el macrismo, se observan indicadores que auguran optimismo para el 2021. Sin embargo, advierte como amenazas el deterioro del nivel de reservas y el impacto interno de la suba de los precios internacionales de los alimentos.
Un grupo de economistas y dirigentes del Frente de Todos de la Provincia de Buenos Aires elaboró un completo informe en el que se traza un balance sobre el desempeño de la economía nacional durante al año 2020, con la considerada herencia de Cambiemos incluida, y además se analizan los principales desafíos de cara al 2021 bajo la expectativa de que no perjudiquen lo que podría ser el inicio de un "ciclo expansivo".
El trabajo titulado "Análisis de coyuntura económica" fue elaborado por un equipo integrado por el ex viceministro de Economía de la Nación y actual secretario administrativo del Senado provincial, Roberto Feletti; el ex senador de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel Pignocco; el ex titular de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), Martín Di Bella; el contador Diego Perrella y la Dra. Érica Pinto.
Tras recorrer brevemente las consecuencias de los cuatro años de gobierno del ex presidente Mauricio Macri y lo que significó en materia de indicadores que a esa herencia se sume la pandemia del coronavirus, los autores destacan determinados indicadores que permiten avizorar con optimismo al 2021, incluso mayor al que surge del presupuesto oficial.
Señalan que se observa un “freno al hundimiento profundo de la actividad que tuvo su peor momento en el II trimestre de 2020, en el pico del aislamiento social y la consecuente parálisis de la economía” y consideran que “ese deterioro comenzó a ser revertido en el III trimestre 2020, una vez que ya se habían restablecido algunas actividades con protocolos sanitarios e impactaban de lleno las medidas de sostenimiento de los ingresos populares, como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP)”.
Según evalúan los especialistas, que este año se inicie un ciclo expansivo incluso superior al 5,5% del PBI pronosticado en el Presupuesto Nacional depende principalmente de dos políticas que dependen del Gobierno. En primer lugar, "que se complete el plan de vacunación en curso, lo que permitiría un pleno despliegue de la producción y el consumo sin riesgos sanitarios"; y en segundo orden, "que se avance en la ejecución de los ambiciosos programas de obra pública contenidos en el Presupuesto Nacional y de la Provincia de Buenos Aires, de modo que apalanquen la demanda agregada y la actividad privada".
Sin embargo, el trabajo pone blanco sobre negro al advertir que “ese sendero positivo presenta amenazas que pueden complicar la recuperación” y cita a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su frase respecto de que los resultados de la reactivación no resulten "apropiados por tres o cuatro vivos".
Según los autores, evitar esa situación dependerá de la capacidad del Gobierno para poner en práctica ciertas medidas tendientes a que la reactivación sea inclusiva.
En primer lugar, el documento señala que una de las principales amenazas es la inestabilidad del sector externo, ya que la solvencia del mismo -sobre todo en una economía emergente de tamaño medio como la argentina- es fundamental para sostener las políticas monetaria y fiscal expansivas destinadas a estimular la demanda. Por eso, advierten que para que la decisión de “poner plata en la calle” no derive en volatilidad de precios y del tipo de cambio es necesario que el Estado sostenga el equilibrio externo y pueda atesorar divisas en el Banco Central.
En segundo lugar, los técnicos consideran que 2021 anuncia un escenario internacional favorable para el flujo de divisas hacia las naciones emergentes de la mano de las medidas adoptadas por los Estados Unidos y China -las dos economías más grandes del mundo- frente a la pandemia.
En ese punto, el trabajo sostiene que existe un aumento del flujo positivo de divisas por mejoras en los precios de las materias primas alimenticias (“dólares comerciales”) y los recursos de capital líquidos (“dólares financieros”) en procura de una mayor rentabilidad que la ofertada por una tasa de interés “planchada” en los Estados Unidos, que genera perspectivas positivas para la Argentina.
Esta combinación de decisiones políticas de China y EEUU (recursos para sostener la actividad interna por parte de los primeros, aumento de la base monetario desde la FED por parte de los segundos) derivó en una fuerte suba del precio internacional de los granos y otros alimentos como la carne. Sin embargo, este efecto benéfico del comportamiento del mercado internacional no se tradujo en un abastecimiento del mercado interno en cantidades y precios locales razonables.
El informe resalta que “las regulaciones vigentes en el 2020 no han obrado como un freno para evitar que la escalada del precio del trigo y el maíz en el exterior impulsara al alza los precios internos de los consumos finales derivados de esos granos”.
Es con ese diagnóstico que los autores enfatizan que para evitar el daño de esta segunda amenaza es necesario “trabajar con volúmenes de saldos exportables de trigo y maíz netos de los requerimientos de consumo interno”, cuestión a la que consideran clave “si se desea aprovechar la ola internacional correctamente”, y así destacan “la necesidad de desacoplar los precios internos de los internacionales para impedir que la suba de estos últimos se transmita al mercado local, provocando una inflación definida por políticas económicas decididas en el exterior”.
“Es imperioso no importar la inflación de precios externos porque en el caso de nuestro país impacta directamente sobre los alimentos de consumo masivo”, sentencia el documento.
Finalmente, el texto traza un esquema de “fortalezas y debilidades” del sector externo durante el año pasado. La columna que expone los logros obtenidos, exhibe tres tópicos muy importantes para otorgar solidez al devenir del movimiento de divisas: superávit comercial de U$S 12.500 millones; una reestructuración sustentable de la deuda con el sector privado; y el control de movimientos de la Cuenta Capital, sumado a una devaluación competitiva.
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Pero a pesar de eso, “las reservas internacionales en el Banco Central experimentaron una baja anual del 12%; el Riesgo País no disminuyó en forma significativa -de modo de permitir un ingreso de divisas relevante en el marco de la liquidez internacional abundante-; y no se logró reducir la diferencia entre las cotizaciones de los distintos tipos de cambio, para alejar así maniobras especulativas y favorecer la afluencia de dólares”.
A partir de lo anterior, los economistas evalúan que “el Ministerio de Economía y el Banco Central deben tomar nota de lo ocurrido y adoptar medidas que permitan proteger el superávit de la balanza comercial atesorando reservas y, a la vez, achicar los indicadores negativos -Riesgo País y brecha cambiaria- que pesan sobre las cuentas externas”.
Fuente:PoliticaArgentina
Gómez Alcorta: "No nos alcanza con indignarnos"
La ministra de las Mujere se refirió al femicidio de Úrsula Bahillo, asesinada por su exnovio, miembro de la Policía Bonaerense.
En medio de la conmoción por el femicidio de la joven de 18 años Úrsula Bahillo, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, aseguró que "no nos alcanza con indignarnos, vamos a buscar las responsabilidades".
"Desde ayer estamos con un nivel de indignación muy alto. Todos los días tenemos casos y situaciones vinculadas a violencias extremas, femicidios o travesticidios. El caso de Úrsula es la regla no la excepción, más allá del enojo, de la consternación y del estado público que tomó el caso", dijo la funcionaria en declaraciones a Radio Con Vos.
En tanto, el miembro de la Policía Bonaerense Matías Ezequiel Martínez, expareja y asesino de Úrsula, se encuentra detenido a disposición de la Justicia.
Se cometieron 44 femicidios en los primeros 41 días del año
Al respecto, Gómez Alcorta denunció que el Poder Judicial no cuenta con perspectiva de género, luego de que se comprobó que la víctima denunció en reiteradas ocasiones a su agresor.
"En este caso se ve con una claridad indiscutible la enorme falla que tiene la intervención judicial. Nosotros estamos frente a un caso en donde una joven hace 18 denuncias contra una persona que tiene denuncias en relación a otras exparejas, incluso algunas con estado avanzado. Y la persona estaba absolutamente sin ninguna medida de restricción de su libertad", denunció.
"Y esto lo digo porque cuando uno trata de explicar, nosotras enfatizamos mucho y lo fundamental de los cambios que hay que hacer en el Poder Judicial, cuando hablamos de que hay un Poder Judicial sin perspectiva de género", explicó.
La ministra aseveró que en estos casos "lo que está en juego es la vida de las mujeres".
"No hay ninguna duda de que para las administraciones de justicia en general y para las fuerzas de seguridad cuando va y denuncia una mujer un hecho de violencia es un tema menor. Lo que está en juego es la vida de las mujeres. Y pareciera que todavía, y a pesar de todo lo que hemos avanzado en visibilizar y en conquistar derechos, la vida de las mujeres no vale lo mismo que otras", se lamentó.
"Entonces, hasta que no nos pongamos en una posición muy firme, muy clara, muy de poder identificar responsabilidades, va a ser muy difícil que salgamos del lugar en el que estamos. No nos alcanza con indignarnos", aseveró la ministra.
Fuente:Infonews
Frente a la Mesa de Enlace, Alberto Fernández se mostró conciliador y
descartó subir las retenciones
Pese a la fuerte suba de los alimentos, el mandatario dijo que no
pretende subir el gravamen o imponer cupos. Habrá nuevos encuentros para
evaluar la cadena de valor.
11 DE FEBRERO, 2021
Por RODRIGO NÚÑEZ
A pesar de haber advertido por las perjudiciales consecuencias que podría llevar el no modificar el esquema de aranceles a la exportación para el agro, el presidente, Alberto Fernández, dio marcha atrás y no habrá suba de retenciones ni aplicación de cupos de exportación. El Gobierno continuará el diálogo con el sector y otros eslabones de la cadena para hallar una solución a la brutal escalada en el precio de los alimentos.
Según pudo saber El Destape, el cónclave entre el mandatario y la Mesa de Enlace se caracterizó por un tono ameno, sin intenciones de anunciar medidas a los representantes del agro respecto al incremento del tope a los derechos de exportación. Sin embargo, días atrás, el Presidente había definido: “Tienen que entender (a dirigentes del agro) que son parte de la Argentina. Yo le he dicho al ministro de Agricultura que todo tiene un punto límite. Les estoy diciendo públicamente que no puedo dejar que esto siga pasando, porque el riesgo es que con la pandemia todos estos productos van a seguir creciendo en su precio y no estamos dispuestos a tolerarlo".
Luego de la reunión mantenida con Fernández, el titular de la Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes, aseguró: "No habrá aumento de las retenciones y se entendió que el campo no genera precios. Hay que revisar la cadena, eslabón por eslabón". Además, pidió "bajar impuestos, sanear la economía y generar confianza en el productor para que haya más producción".
Respecto a este último punto, ambas partes acordaron en tener más reuniones, que incluyan la presencia de otros eslabones que forman parte de la cadena. El objetivo central de los encuentros venideros será consensuar medidas que apunten a desacoplar el valor interno del maíz en relación al precio en que cotiza en el mercado internacional.
Durante el desarrollo del encuentro, ningún representante rural presentó datos que demuestren su supuesta "no interferencia" sobre el salto de precios registrado en los últimos meses.
Cabe recordar que el maíz acumula una tendencia positiva que lo posiciona en los U$S 223,4 por tonelada, es decir, el nivel máximo de siete años y medio (y 88% más que hace diez meses), mientras la demanda por parte de China “parece no tener techo”, según evaluó la operadora local Futuros y Opciones.
Retroceder
Lo llamativo del encuentro fue una promesa que Fernández le hizo a los dirigentes del agro, según Chemes: "El presidente se comprometió a prescindir de declaraciones altisonantes que inquietan a nuestras bases".
Es que ante el aumento desmedido de los alimentos, las declaraciones del jefe de Estado sonaban acordes al estado de urgencia que demanda el contexto socio-económico: “A mí me votaron para ejercer el poder cuando tengo que ejercerlo. No se puede especular en este contexto, no tienen derecho a lastimar la tranquilidad de la gente”.
“Yo necesito que ellos exporten porque necesito dólares que entren. Pero lo que no pueden es trasladar a los argentinos los precios internacionales porque no producen en precios internacionales”, había explicado el Presidente. A su vez, había sido claro respecto a las alternativas: “El Estado sólo tiene dos canales para resolver el problema”. Aquí hizo referencia a la suba de retenciones -que otros funcionarios ya habían sugerido en los últimos días- o la implementación de cupos para las exportaciones.
Por su parte, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, señaló en declaraciones a Radio 10: "El presidente explicó y apeló a que se interprete correctamente lo que él había dicho".
"Primó un animo de consenso, se preguntó sobre las retenciones, y necesitamos dialogar para llegar a buen puerto", remarcó Basterra. Y agregó: "La Mesa de Enlace pidió analizar las estructuras para verificar qué aporte le corresponde a cada uno, todos tienen algo que aportar".
Además de Chemes, al encuentro en Casa Rosada arribaron los titulares de Coninagro, Carlos Lannizzotto; de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni; y de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, acompañados por los vicepresidentes de cada entidad.
Los representantes llegaron a la oficina en la que, además de Fernández, estaban presentes el canciller Felipe Solá; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca.
Rechazan maniobra de los Macri para llevar el caso
Correo a la Justicia porteña
El ex Presidente quiere que el caso por la deuda de
su familia con el Estado lo controlen jueces y fiscales adictos. Tuvo un primer
revés, pero llevará el planteo a la Corte Suprema.
11 DE FEBRERO, 2021
PorARI LIJALAD
La familia Macri ensaya una nueva táctica para eludir su multimillonaria deuda con el Estado en el caso Correo Argentino. Ahora intentan que el expediente pase a la Justicia porteña, cooptada por Mauricio Macri durante su gestión como jefe de Gobierno y hoy controlada por Horacio Rodríguez Larreta. El objetivo es claro: que este caso lo manejen jueces y fiscales serviles. La Cámara Comercial rechazó el intento, pero todo indica que insistirán ante la Corte Suprema y, termine como termine, implicará una nueva demora en esta causa que lleva más de 19 años.
La presentación para llevar el expediente Correo de la Justicia Nacional a la porteña la hizo Edgardo Próspero Poyard, presidente de SOCMA, la historia firma del holding Macri que controla Correo Argentino. Planteó un recurso de inconstitucionalidad ante la resolución de la Sala B de la Cámara Comercial, donde las juezas María Lilia Gómez Alonso y Matilde Ballerini rechazaron la recusación de la fiscala Gabriela Boquín. En criollo: como no pudieron sacarse de encima a Boquin ahora quieren que el caso tramite en un fuero adicto.
Las camaristas Gómez Alonso y Ballerini escribieron: "El recurso de inconstitucionalidad interpuesto en la presentación a despacho no se encuentra previsto en la normativa del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación, de aplicación a la materia y litigios ventilados en este fuero y la específica cuestión concursal de este proceso, por lo que corresponde su rechazo en forma liminar". Cabe recordar que estas juezas son parte esencial del letargo de este expediente e incluso, como reveló El Destape, que Gómez Alonso visitó la Casa Rosada durante el Gobierno de Macri en pleno desarrollo de este caso.
El objetivo de los Macri es que todo sea controlado por la Justicia porteña cuyas cabezas son absolutamente propias. Por un lado, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) presidido por Inés Weinberg, a quien Macri propuso en su momento para ocupar la Procuración General de la Nación. Lo integra también Santiago Otamendi, ex viceministro de Justicia en el Gobierno de Cambiemos. Lo completan Luis Lozano, Alicia Ruiz y Marcela De Langhe. Son un tribunal que baila al ritmo PRO.
Del lado de las fiscalías, su jefe en la ciudad es Juan Bautista Mahiques, el ariete de la persecución judicial durante la presidencia de Macri que ante la derrota electoral encontró cobijo en la ciudad. Hace unas semanas, un grupo de jueces porteños alertó sobre las medidas que tomó Mahiques para tener bajo control todas las causas que puedan preocupar a Macri o Rodríguez Larreta. Sobre decir que si el caso Correo cae en la Justicia porteña pasará por su escritorio.
Tal como informó El Destape, la recusación a Boquin fue parte de la embestida que incluye aprietes mediáticos y del procurador interino Eduardo Casal, pero no prosperó ya que los fiscales del fuero comercial no pueden ser recusados.
Al recusarla, los Macri llegaron al extremo de plantear que vio afectada su objetividad porque “se siente presionada”. Una clara inversión de la carga de la prueba: es un hecho que la presionaron mediática y judicialmente, que hubo sospechosas fallas en su custodia, que le robaron papeles del caso Correo de su auto, que su gato apareció muerto en la puerta de su casa, que le armaron una falsa denuncia por violencia laboral.
El escrito de la recusación presentado por los abogados de los Macri dice: “El desasosiego personal (e incluso familiar) del que da cuenta la propia Dra. Boquin, y que lo atribuye a su intervención en la presente causa y el ‘hostigamiento y presiones’ (sic.) que siente haber sufrido desde el propio ex Presidente Macri y/o de sus allegados explican, por un lado, la parcialidad de sus opiniones y, lo que es más importante aún, la imposibilidad que siga actuando en la presente causa”. Presionan y luego piden que se aparte. En el juego de la zanahoria y el garrote dejaron de lado el tubérculo.
Ahora dicen que es inconstitucional el rechazo a su intento de apartar a la fiscala Boquin, que fue quien frenó la condonación de más de 70.000 millones de pesos que intentó Macri desde la Presidencia y luego descubrió distintas maniobras de vaciamiento de Correo Argentino. Todo eso terminó en una denuncia penal que, al igual que el caso de la deuda, es cajoneada pero en este caso por el juez Ariel Lijo.
Fuente:ElDestape
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