NI UNA MENOS
Marchan en
Cañuelas exigiendo justicia por Ursula Bahilla
Este 10 de febrero, jóvenes de
Cañuelas se unieron a la convocatoria nacional para reclamar Justicia por
Ursula Bahilla, asesinada por su ex pareja Matías Martínez, miembro de la
policía bonaerense.
Jueves 11 de febrero
Jóvenes independientes auto convocados, El Semillero y la agrupación de mujeres Pan y Rosas (PTS-FITU) concentraron en la Plaza San Martin denunciando la impunidad de la policia bonaerense manejada por Sergio Berni y la complicidad de la justicia y el gobierno provincial.
Se marchó por avenida Libertad hasta la estación de trenes de Cañuelas, al canto de "Policía escucha, por tu impunidad, mi lucha", y se volvió a la plaza para dar inicio a una ronda-debate.
Allí se debatió sobre el reconocido prontuario de "la maldita bonaerense" de desatender las denuncias y demandas de las victimas de violencia de género, asi como también sobre las tantas víctimas de gatillo fácil y desaparecidos de los últimos años, como el caso Facundo Castro.
A cinco años del primer Ni Una Menos, en Argentina hay un femicidio cada 20 hrs. Uno de cada cinco femicidios es perpetrado por miembros de las fuerzas represivas.
Hubo testimonios sobre la como se volvió norma que policías de Cañuelas abusen de su autoridad en el Parque de la Salud al requisar, hostigar y humillar jóvenes sin motivo alguno. También se relataron confiscaciones de motos y detenciones arbitrarias donde los mismos efectivos robaban pertenencias dentro de las comisarías.
Se siguió el debate abordando la situación que atraviesan hoy en día miles de mujeres y jóvenes, donde hay relaciones con amigues y familiares en las que la violencia y el machismo está presente y es importante combatir.
Desde El Semillero sostenemos que no podemos esperar nada del Estado. El Estado no hace regalos, ni se interesa por nosotres. La imagen de Kicillof y Berni entregando patrulleros a la bonaerense en Florencio Varela lo confirma. Más recursos para reprimir a la juventud y al pueblo trabajador.
Mientras el presupuesto destinado a combatir la violencia machista es insuficiente, sobra plata para pagar una deuda ilegítima y fraudulenta al FMI.
Mujeres y disidencias sufren constantemente la opresión del sistema capitalista y patriarcal, y las instituciones estatales como la policía bonaerense la reproducen. No solo cometiendo femicidios y encubriéndolos, también reprimiendo a la familia y amigos que exigieron justicia en la puerta de la comisaría de Rojas.
Si el estado demostró que no nos cuida, hay que retomar la lección que dejó la marea verde: los derechos se conquistan en las calles, organizades y peleando.
Fuente:laIzquierdaDiario
Diputados debate la reparación a los familiares de los desaparecidos en el ARA San Juan
El proyecto determina que el otorgamiento del resarcimiento "es incompatible con cualquier acción judicial en trámite”.
Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados emitió ayer por unanimidad dictamen favorable al proyecto del Gobierno nacional que otorga una reparación económica a los familiares de las víctimas de la desaparición del submarino ARA San Juan.
La iniciativa será tratada hoy en el recinto de sesiones en la primera deliberación extraordinaria, en cuyo transcurso se buscará sancionar un conjunto de iniciativas económicas.
La decisión fue adoptada en un plenario de las comisiones de Presupuesto y de Defensa -que presiden los diputados Carlos Heller (Frente de Todos) y Carlos Fernández (UCR)--, donde el proyecto del Poder Ejecutivo tuvo un amplio consenso al obtener respaldo de todos los legisladores de esos ámbitos.
Heller señaló que "el proyecto pretende incorporar un derecho optativo para las familias y plantea al mismo tiempo que, al hacer uso de este beneficio, quedan sin efecto los otros caminos de resarcimiento que los familiares podrían tener".
Fernández aseguró que "lo que estamos haciendo es un simple reconocimiento a sus familiares por parte de toda la patria”.
"La pérdida total de la tripulación del submarino fue un hecho doloroso que conmovió a toda la sociedad argentina. La inmensa solidaridad internacional que pudimos ver en la búsqueda realizada dio cuenta también el enorme impacto y solidaridad mundial que generó este hecho”, subrayó Fernández.
El legislador resaltó que “de acuerdo a la información disponible hoy, la tripulación del ARA San Juan se comportó con una vocación de servicio heroica".
"Los tripulantes del submarino tuvieron hasta el último minuto el respeto al juramento de honor realizado cuando asumieron el servicio y fallecieron en ocasión de prestar un servicio a la defensa nacional”, ponderó Fernández.
En tanto, el vicepresidente de la comisión de Defensa, Germán Martínez (Frente de Todos), consideró que fue "muy importante la tarea realizada por el Congreso en función de la comisión que se creó por la Ley 27.433, en julio 2019", en relación a la investigación efectuada por la bicameral del Congreso sobre los motivos del hundimiento del submarino.
"Hoy venimos a promover un proyecto como gesto de acompañamiento a los familiares de la tripulación del ARA San Juan”, agregó.
Puntos claves
El proyecto establece que los familiares del personal militar tripulante del submarino ARA San Juan, que se hundió en noviembre de 2017 en el Mar Argentino, "tiene derecho a recibir una indemnización por grupo familiar", que será percibida por hijos o hijas en partes iguales y la o el cónyuge, siempre y cuando no hubiesen estado separados de hecho al día de la desaparición del submarino.
El proyecto señala que el cobro del beneficio "importa la renuncia a todo derecho por indemnización de daños y perjuicios y será excluyente de todo otro beneficio o indemnización por el mismo concepto".
Además, determina que el otorgamiento del resarcimiento "es incompatible con cualquier acción judicial en trámite, de reclamo de daños y perjuicios por parte de los y las beneficiarios y/o beneficiarias".
Fuente:MendoVoz
12 de febrero de 2021
A jugar limpio con la marcha de los precios
Acuerdo de precios y salarios: el turno de los empresarios
El Gobierno Nacional cerró la segunda reunión del acuerdo de precios y salarios en una charla con grandes empresarios en la que se destacó la posición de fortalecer el consumo interno y se recalcó -como con los gremios- que el pacto es de corte político y extendido en el tiempo, para buscar soluciones de fondo a la tensión inflacionaria. En paralelo, el Gobierno hizo un pedido de juego limpio con los precios, y se acordó un blanqueo de las estructuras de costos para atacar la raíz del problema inflacionario.
"Si todo el esfuerzo de las empresas y los trabajadores se va por la canaleta de la inflación, no nos va a servir de nada. Necesitamos vigorizar el mercado interno y establecer un acuerdo político y social entre todos los sectores", dijo el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en la apertura del encuentro en el Museo del Bicentenario. Y siguió aclarando que se quiere "construir un diálogo franco para reconstruir la Argentina".
Nuevamente Cafiero estuvo ladeado por la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; la secretaria de Comercio, Paula Español; el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; la jefa de AFIP, Mercedes Marcó del Pont y el ministro de Economía, Martín Guzmán, que volvió a exponer sobre escenarios actuales y futuros y recibió aplausos y saludos finales particulares. Una de esas postales, una foto del ministro con dos pesos pesados: Martín Berardi, de Techint, y Javier Madanes Quintanilla, de Aluar.
A la salida del encuentro, Kulfas aseguró que se deben "generar las expectativas y trabajar con las estructuras de costos con todas las empresas generando compromisos cruzados entre los diferentes sectores con el gran objetivo de que el salario le gane a la inflación". En una parte de su intervención, el ministro se refirió a las tensiones históricas entre supermercados y productores de alimentos sobre su rol en la formación de precios: " Unos me dicen que son los comercios y otros que son los fabricantes. Pero no se trata de buscar culpables, sino una solución", aclaró.
En el encuentro participaron empresarios de peso e influencia. Además de los mencionados anteriormente: escucharon y participaron Daniel Funes de Rioja, titular de la Coordinadora de Productores de Alimentos (Copal); Daniel Herrero (Toyota), Adrián Kaufmann (Arcor), Iván Szczech (Cámara de la Construcción), Juan Vasco Martínez (ASU); Sergio Affronti (YPF), Mario Ravettino (ABC Carnes), Teddy Karagozian (Textiles), Joaquín de Grazia (Granja Tres Arroyos) Luis Galli (Newsan), y referentes de empresas de consumo masivo como Coca Cola, Unilever y Quilmes, entre otras.
Como ocurrió con el encuentro con sindicatos, se trató de un round de estudio en el que el Gobierno adelantó los lineamientos sobre una discusión que se seguirá en reuniones más chicas y cruzadas, con empresarios y sindicatos. Allí se verá lo más caliente de una discusión espinosa, en un contexto inflacionario que requiere soluciones urgentes. En este sentido, Cafiero dejó en claro que para el Gobierno de Alberto Fernández "no existe una sociedad que se realice solo desde el Estado, pero tampoco una que se realice solo desde el mercado".
Que el salario crezca
Guzmán expuso sobre la situación económica y dejó algunas definiciones. "Para este proceso de recuperación de la economía es una condición necesaria que el salario real crezca", explicó. Y puntualizó que "no hay posibilidad de que la recuperación se pueda transitar de una forma virtuosa, fuerte, con una demanda agregada creciendo en muchos sectores de la economía si no hay un crecimiento del salario real". Para esto, consideró clave que "la coordinación de expectativas vaya en una reducción de la inflación que macroeconómicamente es factible junto a un aumento sostenible y posible del salario real".
Detalló además que "definimos un nivel de deficit primario del 4,5 por ciento del Producto. Y tenemos un objetivo de fortalecimiento de reservas y de estabilidad cambiaría. Estos elementos de coordinación macroeconomica apuntan a una recuperación real de los salarios, con política de precios e ingresos". Asimismo, como con los gremios, volvió a marcar que la referencia del Gobierno para todos los fines son los números del Presupuesto 2021.
Qué dijeron los ceos
"Si todo el esfuerzo de las empresas y los trabajadores se va por la canaleta de la inflación, no nos va a servir de nada. Necesitamos vigorizar el mercado interno y establecer un acuerdo político y social entre todos los sectores", dijo el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en la apertura del encuentro en el Museo del Bicentenario. Y siguió aclarando que se quiere "construir un diálogo franco para reconstruir la Argentina".
Nuevamente Cafiero estuvo ladeado por la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; la secretaria de Comercio, Paula Español; el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; la jefa de AFIP, Mercedes Marcó del Pont y el ministro de Economía, Martín Guzmán, que volvió a exponer sobre escenarios actuales y futuros y recibió aplausos y saludos finales particulares. Una de esas postales, una foto del ministro con dos pesos pesados: Martín Berardi, de Techint, y Javier Madanes Quintanilla, de Aluar.
A la salida del encuentro, Kulfas aseguró que se deben "generar las expectativas y trabajar con las estructuras de costos con todas las empresas generando compromisos cruzados entre los diferentes sectores con el gran objetivo de que el salario le gane a la inflación". En una parte de su intervención, el ministro se refirió a las tensiones históricas entre supermercados y productores de alimentos sobre su rol en la formación de precios: " Unos me dicen que son los comercios y otros que son los fabricantes. Pero no se trata de buscar culpables, sino una solución", aclaró.
En el encuentro participaron empresarios de peso e influencia. Además de los mencionados anteriormente: escucharon y participaron Daniel Funes de Rioja, titular de la Coordinadora de Productores de Alimentos (Copal); Daniel Herrero (Toyota), Adrián Kaufmann (Arcor), Iván Szczech (Cámara de la Construcción), Juan Vasco Martínez (ASU); Sergio Affronti (YPF), Mario Ravettino (ABC Carnes), Teddy Karagozian (Textiles), Joaquín de Grazia (Granja Tres Arroyos) Luis Galli (Newsan), y referentes de empresas de consumo masivo como Coca Cola, Unilever y Quilmes, entre otras.
Como ocurrió con el encuentro con sindicatos, se trató de un round de estudio en el que el Gobierno adelantó los lineamientos sobre una discusión que se seguirá en reuniones más chicas y cruzadas, con empresarios y sindicatos. Allí se verá lo más caliente de una discusión espinosa, en un contexto inflacionario que requiere soluciones urgentes. En este sentido, Cafiero dejó en claro que para el Gobierno de Alberto Fernández "no existe una sociedad que se realice solo desde el Estado, pero tampoco una que se realice solo desde el mercado".
Que el salario crezca
Guzmán expuso sobre la situación económica y dejó algunas definiciones. "Para este proceso de recuperación de la economía es una condición necesaria que el salario real crezca", explicó. Y puntualizó que "no hay posibilidad de que la recuperación se pueda transitar de una forma virtuosa, fuerte, con una demanda agregada creciendo en muchos sectores de la economía si no hay un crecimiento del salario real". Para esto, consideró clave que "la coordinación de expectativas vaya en una reducción de la inflación que macroeconómicamente es factible junto a un aumento sostenible y posible del salario real".
Detalló además que "definimos un nivel de deficit primario del 4,5 por ciento del Producto. Y tenemos un objetivo de fortalecimiento de reservas y de estabilidad cambiaría. Estos elementos de coordinación macroeconomica apuntan a una recuperación real de los salarios, con política de precios e ingresos". Asimismo, como con los gremios, volvió a marcar que la referencia del Gobierno para todos los fines son los números del Presupuesto 2021.
Qué dijeron los ceos
Tras el encuentro, Szczech, el titular de la Cámara de la Construcción (CAMARCO), apuntó que "lo importante es el amplio consenso de todos los invitados en trabajar en pos de generar una macroeconomía sana que es lo que propone muy claramente el Gobierno y el ministro de Economía Martín Guzmán". Y agregó que es necesario "alcanzar una estabilidad de precios y que el salario no pierda contra la inflación".
A su turno, Herrero, de Toyota, consideró que "tenemos que atacar el tema de precios y salarios, buscando que el salario real crezca y un ejemplo claro de esta construcción es poner nuestras plantas a trabajar a full, haciendo horas extras y que el Gobierno a través alguna corrección del impuesto a las ganancias ayude a la distorsión que este impuesto provoca sobre los salarios".
Por último, Ravettino, del consorcio cárnico ABC, afirmó que "hoy quedaron las bases establecidas" para coordinar un acuerdo de precios y salarios y "para continuar con los trabajos en las mesas sectoriales".
A raíz de una denuncia del diputado Rodolfo Tailhade.
Fernando Iglesias fue imputado por enriquecimiento ilícito
Tras la denuncia efectuada por el diputado del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade, contra su par macrista, Fernando Iglesias, por enriquecimiento ilícito, el fiscal Jorge Di Lello decidió abrir la investigación del caso y pedir los informes Nosis.
Tailhade denunció a distintos exfuncionarios del gobierno de Cambiemos y sostuvo que los denunciados se habrían "enriquecido patrimonialmente de manera apreciable e injustificada, mientras ejercieran tareas como funcionarios nacionales en el periodo presidencial del 10 de diciembre de 2015 al 10 de diciembre del 2019".
En el caso del legislador de Juntos por el Cambio, se advierte un aumento de más de 1300 ciento su patrimonio, cifra que no se condice con los ingresos que percibe como representante del pueblo en el Congreso de la Nación.
"A otro que le fue muy bien con el macrismo es al diputado Fernando Iglesias. Ni bien asumió Macri pudo pagar $450 mil que le había prestado Luis Majul. De enero de 2016 a diciembre de 2019 su patrimonio pasó de $ 836.713,96 a $ 12.250.198,90 (1.364% de incremento)", reveló Tailhade a través de su cuenta de Twitter.
En el hilo publicado, agregó que "en junio de 2019 compró un Peugeot 4008 Feline 4x4 y un mes después compró un loft de Barracas de 100 m2, que vale 300 mil dólares. En 2018 y 2019 viajó a Nueva York, Roma, Madrid, Viena, Ginebra, Budapest, Bruselas, Tokio, Brasilia y Montevideo".
"No me queda otra que denunciarte penalmente Fernando Iglesias, junto a los malandras del PRO que abren fundaciones, para que le expliques a un juez por qué te enriqueciste cuando todos los argentinos se empobrecieron", concluyó el diputado del Frente de Todos.
Tras la renuncia virtual, materializada en los tribunales de Comodoro Py, Iglesias respondió: "Luis Majul pagó un anticipo por derechos de autor de mis libros, que publicó. Todos mis ingresos son oficiales y están justificados. Mis libros venden bien. El Peugeot que compré es un modelo 2014. No poseo ningún loft en Barracas. Presentá las denuncias que quieras, payaso".
La decisión del fiscal federal Jorge Di Lello va en línea con la investigación que impulsó este miércoles contra el exsecretario general de la presidencia en el gobierno de Cambiemos, Fernando De Andreis y otros involucrados, en la misma denuncia por enriquecimiento ilícito realizada por Tailhade.
Di Lello dispuso compulsar el sistema de registro de datos Nosis de manera previa a evaluar solicitar otras medidas, en la pesquisa que le fue delegada por el juez federal Sebastián Casanello.
El fiscal mencionó que, en base a los hechos relatados por el denunciante, "las personas involucradas en esta investigación" resultan ser De Andreis; su esposa María Sol Ascanope; la exsubsecretaria de Comunicación Presidencial Fátima Micheo; su esposo, Andrés Grippo; y las empresas Charles Francis Cartier, BOIZO INVESTMENT S.A e inmobiliaria Darwin S.A.
La fiscalía determinó que, "a los fines de delimitar temporalmente el objeto procesal denunciado, en virtud del suceso de relevancia penal traído a esos estrados judiciales, compúlsese la página web del sistema de registro de datos Nosis". Esto se dispuso "respecto de cada una de las personas y empresas descriptas" en la denuncia.
Reclamo de la madre de la joven asesinada en Rojas
El femicidio de Ursula: “Acá tienen que cambiar las leyes"
“Acá tienen que cambiar las leyes, tienen que sacar al inoperante de Luciano Callegari”, insistió la mamá de Ursula en declaraciones periodísticas. Patricia dijo que espera que Martínez “siga viviendo para que cumpla su condena” por el femicidio de su hija. “Sé que es largo, no importa que nos lleve uno, dos o tres años, pero le van a dar perpetua, lo puedo asegurar”, afirmó sobre cuál debe ser la condena de Martínez, habida cuenta de las evidencias en su contra y de los antecedentes que tiene por otros casos de violencia de género y por el abuso sexual de una menor de edad.
También dijo que espera cambios en el Poder Judicial. “Tiene que haber una movida bastante importante, porque cuando pedimos auxilio no nos dieron bolilla, nos desestimaron, necesito ver unos cuantos movimientos”, en el sistema judicial vigente para que el de su hija “no sea un caso más” de femicidio.
Ahora se confirmó que el juez de Paz de Rojas recién ordenó el envío del botón antipánico el mismo día en que se produjo el femicidio, tarde para todo.
La orden del juez Callegari fue por correo electrónico dirigido al municipio de Rojas. Este jueves, el intendente local, Claudio Rossi, dijo que toda la comunicad está “consternada” porque “estamos viviendo una tragedia”. Sobre las fallas a la hora de proteger a la joven, señaló que hay “versiones encontrada”, pero aseguró que “los responsables tendrán que dar las explicaciones correspondientes”. Rossi aseguró que en su momento habían pedido que Martínez fuera “retirado de la fuerza” por las denuncias que había en su contra.
La denuncia postrera
Por otro lado y en forma coincidente con los dichos de la mamá de Ursula, se supo que la joven había presentado una nueva denuncia tres días antes de ser asesinada en la ciudad de Rojas. Lo hizo porque su ex pareja, el policía Martínez, la había amenazado de muerte en la calle. Cuando la asesinó, seguía esperando que le dieran un “botón antipánico” que le permitiera dar aviso en caso de encontrarse en peligro.
Una de las últimas amenazas recibidas por la víctima, de parte de Martínez, fueron transmitidas a las autoridades judiciales, sin respuesta inmediata, como era preciso. El femicida le advirtió: “Pará todo (en referencia a las denuncias) porque voy a hacer cagar a tu mamá, no te metas con mi familia porque andan en la pesada”.
La denuncia fue presentada por Ursula el 5 de febrero, ante la policía local, que tampoco hizo nada para evitar un final previsible. La última denuncia fue por un hecho que ocurrió cuando la joven iba a bordo de su moto y Martínez la interceptó en el cruce de las calles 20 de Diciembre y Fernández Bicocca.
El policía iba al volante de un Peugeot. El femicida la increpó porque lo había denunciado con anterioridad. Ella, muy asustada, se alejó lo más rápido que pudo, sin decir una palabra.
En la denuncia de ese nuevo atropello por parte del policía, Úrsula dejó asentado en la comisaría que le tenía miedo a Martínez porque también “la molestaba por mensajes todo el tiempo” y hasta la llamaba “para hostigarla desde distintos números de teléfono y por las redes sociales como Instagram”, bajo distintos nombres.
En esa denuncia, la joven aseguró que “a cualquier hora del día y de la noche” la acosaba, motivo por el cual solicitó el botón antipánico que nunca llegó. Y también, que le diera protección efectiva tanto a ella como a su familia.
A nivel judicial, se supo ahoga que el policía Matías Ezequiel Martínez será indagado este viernes por el fiscal de Junín Sergio Terrón, quien lo acusa por “femicidio agravado por alevosía y ensañamiento”. El imputado por el femicidio de Ursula había sido trasladado el miércoles, desde el Hospital San José de Pergamino, a la comisaría de General Conesa. Enterados los vecinos de esa localidad, realizaron una protesta frente a la sede policial, quemaron neumáticos y las autoridades, para evitar problemas mayores, trasladaron al femicida hacia un lugar sobre el cual se mantiene absoluta reserva.
La ciudad de Rojas sigue conmocionada por lo sucedido y una multitud acompañó, el miércoles por la tarde, el cuerpo de la joven al cementerio local. La joven fue hallada asesinada el lunes pasado, en unos pastizales en un campo ubicado a la altura del paraje Guido Spano, a unos 13 kilómetros de Rojas, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires.
Hoy está previsto que llegue el cuarto vuelo con vacunas de Moscú
Arribo contra todas las tormentas
Este viernes a la tarde llegarán a la Argentina unas 400 mil primeras dosis de Sputnik V. Este es el cuarto cargamento que el Fondo Ruso de Inversión Directa y el Instituto Gamaleya se habían comprometido a entregar al país, sumándose a las 820 mil dosis que llegaron hasta el momento. Según el plan de vuelo, el Airbus de Aerolíneas debía llegar a las 14 horas al aeropuerto de Ezeiza, pero el temporal de nieve que azota Moscú hace ya varios días complicó la carga de las vacunas, retrasando el regreso del avión unas tres horas más.
Por otro lado, fuentes cercanas al laboratorio AstraZéneca aseguraron a este diario que entre el domingo y el martes llegarán 580.000 dosis nuevas que provienen del Serum Institute de India.
El crimen de Ursula dejó al desnudo un tema urgente
Femicidios a manos de miembros de fuerzas de seguridad
María Daniela Yaccar
Femicidios a manos de miembros de las fuerzas de seguridad: uno de los muchos temas urgentes que pone sobre la mesa el de Ursula Bahillo. Reflejo de eso es que en las últimas horas Ni Una Menos convocó a una concentración para el jueves 17 haciendo una alerta: "Uno de cada cinco femicidios en nuestro país es cometido por miembros de fuerzas de seguridad". En la imagen de la convocatoria unas chicas sostienen una bandera que interroga: "¿De la Policía quién nos cuida?" Es una sensación que deja en la sociedad la muerte de Ursula, potenciada por la represión a la pueblada de los vecinos de Rojas.
"Cuando se interceptan la violencia machista y la estatal se potencian", define María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). "Parte de la dimensión constitutiva de la violencia de género es cómo funciona la corporación masculina, que es clave en las fuerzas de seguridad para generar un contexto de impunidad, connivencia y silenciamiento entre varones, sobre todo en espacios tan jerarquizados", aporta a Página/12 la subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género de la Nación, Laurana Malacalza.
Ursula tenía 18 años. Antes de ser asesinada por su expareja, Matías Martínez --oficial de la Bonaerense--, lo había denunciado varias veces en la Comisaría de la Mujer. El tenía licencia psiquiátrica desde diciembre. No se lo separó de la fuerza ni se tomaron acciones disciplinarias. El caso de Ursula no es aislado. Giselle Martín, Romina Ibarra, Norma Milessi, Erika Gisela González, Gisela Rojas, Brenda Solange Guerault y Myriam Gladys Illobre son nombres propios del mismo horror.
Según el observatorio de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), el 12 por ciento de los femicidios de este año sucedió a manos de personal de las fuerzas de seguridad. "Queremos que la Ley Micaela se aplique y se cumpla dentro de las fuerzas y que el Estado monitoree a quienes están a cargo de nuestra seguridad, porque ellos también nos matan", manifestó la organización en un comunicado. De aquel 12 por ciento el 33 fue con arma reglamentaria. Un relevamiento del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven revela que en enero hubo 33 femicidios en la Argentina, tres de ellos perpetrados por uniformados (dos militares y un policía). En 2020 fueron ocho los casos de estas características. Desde 2018 hasta la actualidad, 214 femicidas pertenecen o han pertenecido a alguna fuerza de acuerdo de acuerdo al monitoreo de La Casa del Encuentro.
Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) posee números que abarcan el período 2010-2020. Solamente en AMBA, en una década, al menos 48 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas policías; 17 de ellas eran funcionarias de seguridad. La mayoría tenía menos de 35 años y muchas eran madres o estaban embarazadas cuando las mataron. "Una de las cuestiones que se repiten --que no se vio en el caso de Ursula-- es el rol del arma reglamentaria. Los policías en general la portan las 24 horas. Hay episodios en que aparece como la herramienta con la que se hostiga, se amenaza o se infligen heridas sobre las víctimas", señala Victoria Darraidou, coordinadora del equipo de Políticas de Seguridad y Violencia Institucional del CELS.
La normativa de las policías de algunas provincias restringe la portación del arma si el funcionario fue denunciado por violencia machista, "pero muchas veces no existe una denuncia previa formal", puntualiza el informe del organismo. El Ministerio de Seguridad reforzó en 2020 la prohibición para que los agentes federales denunciados portaran las armas que les asigna el Estado. Antes debía existir una orden del Poder Judicial. "Sería relevante extender esta normativa a todas las policías", sugiere Darraidou.
También está el problema del encubrimiento policial. "Por lo general en casos de violencia institucional las respuestas policiales tratan de hacer valer su propia versión. La Policía cumple una de sus funciones, que es ser auxiliar de la Justicia, y tiene un rol en la escena de un crimen. Hay casos que muestran cómo se trata de entorpecerla para hacer valer la versión policial. Lo importante sería que se disponga la intervención de otra fuerza distinta a la que el implicado pertenece", analiza. "En muchos casos las mujeres víctimas también son integrantes de las fuerzas, lo que muestra un traslado hacia la vida privada de los patrones de discriminación, acoso laboral y violencia de género que están extendidos al interior de las policías", puntualiza CELS.
La Correpi acuñó la expresión "femicidios de uniforme", “la primera causa de muerte de mujeres a manos del aparato represivo estatal”. Desde 1992 hasta la fecha se registran 392 femicidios de uniforme sobre un total de 674 víctimas mujeres de la represión estatal. "En la mayoría de los casos es con arma reglamentaria. Otra modalidad habitual es el ahorcamiento y (los asesinos) fraguan suicidio", detalla Verdú. "El estado policial implica que cuando sos policía lo sos 24 x 24. En algunas fuerzas, como la Federal, es optativo, pero los tipos no lo toman así. Una medida que venimos planteando a Seguridad es prohibir el uso del arma reglamentaria. Bajaría el gatillo fácil en un 50 por ciento y en un 70 a los femicidios de uniforme", asegura la abogada.
"No resulta verosímil que las respuestas puedan venir del propio Estado que genera esta estructura. Uno va a una comisaría porque lo llevan preso o para asistir presos. Todo lo demás se hace en otro lado, como las fiscalías. Donde no hay fiscalías hay juzgados. Las comisarías de la mujer son la misma comisaría de siempre con un cartelito que dice 'de la mujer'. Creo que tenemos que sacar del escenario a las fuerzas. Hay otros lugares de recepción de denuncias atendidos por personal civil", plantea Verdú. La encrucijada es muy compleja: "Esto no se resuelve con más juezas mujeres o con la incorporación de la perspectiva de género en las fuerzas. Es un tema estructural. El aparato judicial y represivo están construidos a imagen y semejanza de los intereses y privilegios que defienden. La misma fiscalía que investiga el femicidio de Ursula es la que no le dio pelota con las amenazas. ¿Se va a sancionar a sí misma?"
Por su parte, Malacalza expresa: "Lo que muestra el caso de Ursula es la desarticulación entre los distintos agentes del Estado que intervienen en situaciones de violencia de género. Con el Plan Nacional de Acción contra las Violencias buscamos esa articulación para dar una propuesta integral". La funcionaria añade: "Tanto en las fuerzas de seguridad como en el Poder Judicial no se pone en valor el testimonio de una persona que se acerca a una dependencia estatal a buscar una medida de protección y asistencia en un contexto de altísimo riesgo. Cuando hay antecedentes como formar parte de una fuerza o tener antecedentes vinculados a la salud mental del agresor se requiere inmediatez".
En tanto, la ministra de Seguridad Sabina Frederic encabezó el miércoles el primer encuentro virtual de la Mesa Federal de Seguridad, Género y Diversidad, que busca crear un "espacio de diálogo e intercambio" entre las áreas especializadas en temáticas de género y diversidad de las carteras de seguridad provinciales y el Gobierno. También promover y diseñar políticas públicas tendientes a "garantizar el respeto por los derechos humanos en el accionar de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales y provinciales". Las calles se expresarán el jueves 17 en contra de la justicia patriarcal y la represión policial.
Una maniobra judicial de la operadora de la planta que levanta sospechas
Díaz & Forti a convocatoria con el sello de Vicentin
Imagen: AFP
Los medios locales de Rosario lo calificaron como "un nuevo temblor en el mercado de granos en general y en el ámbito de la exportación de cereales y oleaginosas en particular" (encabezado de elciudadanoweb.com). La noticia es que la cerealera Díaz & Forti, que de pequeña empresa agroexportadora pegó el salto en 2021 a los primeros lugares del ranking sectorial al pasar a operar "a fason" las plantas de Vicentin, presentó pedido de convocatoria de acreedores ante los tribunales de aquella ciudad santafesina. En la evaluación de los medios especializados, "sin el aporte de Díaz & Forti, el futuro de Vicentin entra en una nebulosa".
El antecedente inmediato es que Díaz & Forti, del grupo Olio, fue inhibida por el Banco Central a principios de diciembre pasado para operar en el mercado de cambios a partir de "graves incumplimientos" en su liquidación de exportaciones. De inmediato, y como consecuencia inevitable de tal sanción, su matrícula en el Registro de Operadores del mercado de granos fue suspendida por el Ministerio de Agricultura.
En los hechos, Díaz & Forti "sustituyó" a Vicentin en la operatoria de comercio exterior, utilizando sus plantas, sus puertos pero también su red de proveedores de granos y de clientes en el exterior. Lo curioso es que alcanzó semejante magnitud de negocios siendo una pequeña firma y sin capital propio para afrontarlos. Para cualquiera, resultaba un simple testaferro de Vicentin, que se estaba llevando los resultados de tan atractivas operaciones fuera del concurso de está última y lejos del alcance de sus acreedores. Para cualquiera menos para el juez del concurso, que habilitó la operatoria a cambio de un contrato de utilización "a fason" de las instalaciones por 5 millones de dólares mensuales.
Díaz & Forti había sido descripta en una investigación que el Banco Nación encargó a Alejandro Gaggero y Gustavo García Zanotti sobre la crisis de Vicentin como "una comercializadora con un volumen de negocio acotado y que prácticamente no cuenta con activos físicos. (...) La crisis de Vicentin le permitió realizar contratos de fazón con la empresa para procesar soja y utilizar sus instalaciones portuarias para exportar granos. Los primeros contratos se firmaron para la planta de soja de San Lorenzo, con vigencia desde mayo hasta fin de 2020". El resultado fue notable. Con un volumen de exportaciones en 2019 de no más de u$s 4 millones, entre mayo y octubre de 2020 "acumuló operaciones por 630 millones".
D&F había firmado una segunda tanda de contratos con cifras más ambiciosas de uso de las instalaciones de Vicentin en San Lorenzo y y Ricardone para 2021 y 2022, pero "el olvido" de liquidar las divisas cobradas le interpuso al BCRA en su camino. La jugada que ahora intenta Díaz & Forti, especula el medio especializado Agrofy News, es que el juez civil y comercial de Rosario pida el levantamiento de las sanciones.
En Reconquista y Avellaneda, las ciudades donde se asientan las familias dueñas de Vicentin, no se sorprendieron con la noticia, pero hubo urgentes reuniones para seguir de cerca los próximos pasos de un incidente judicial que no le es para nada ajeno.
Fuente:Pagina12
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