COLOMBIA.

 

2022, una oportunidad histórica de 

ganar una Presidencia y un 

Congreso para la Paz, la Vida y la 

Democracia

Por Manuel Garzón. Resumen Latinoamericano, 5 de marzo de 2021.

El año político inició con la sublevación fascista impulsada por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien meses antes había anunciado que desconocería los resultados, que sabía adversos, de la contienda electoral. El presidente de USA, entonces, se comportó en su país como se comportan los embajadores de USA a lo largo del planeta entero. La gravedad de lo acontecido dejó en claro la intención del fascismo internacional de arrasar hasta con las más elementales instituciones formales de la democracia representativa: separación de poderes, órganos de control independientes, pesos y contrapesos, debido proceso, igualdad ante la ley, libertad de prensa, etc. Lo dado por sentado, al menos en teoría, en las denominadas democracias occidentales desde finales del siglo XVIII: logros de la modernidad, la ilustración y el liberalismo burgués, que ahora son negados por quienes han basado su legitimidad en autoproclamarse sus defensores.

Este modelo, con todas sus evidentes limitaciones y carencias, les ha dejado de ser funcional. Dentro de su propia institucionalidad ya no pueden atajar los cambios democráticos que las ciudadanías impulsamos a nivel mundial.

En Colombia y en gran parte del mundo, también, la contradicción política fundamental actualmente es entre las fuerzas democráticas, de corte progresista, respetuosas de las libertades individuales y unos principios básicos elementales para convivir en sociedad, versus las fuerzas fascistas, autoritarias, premodernas y anti-derechos, vinculadas a las mafias y el paramilitarismo.

Nos encontramos en una paradoja histórica inédita: por una parte, esas fuerzas tradicionales de la vieja política concentran más poder que nunca: tienen el Ejecutivo; controlan el Legislativo (y, aun así, lo cerraron desde hace 1 año para evitar cualquier asomo de oposición política); amedrentan y desacatan a las altas Cortes y al poder Judicial; disponen a su antojo de manera perversa de los órganos de control: Fiscalía, Procuraduría, Defensoría y Contraloría; alientan y ponen al frente de las Fuerzas Militares y de Policía a los sectores más descompuestos de esas instituciones; y cada vez cooptan de manera más descarada a los grandes medios de comunicación. Sin embargo, nunca habían estado tan cerca de perder ese poder. Y eso, por supuesto, ha hecho y hará que sean cada vez más brutales en su necesidad de retenerlo. Saben que, en democracia, así sea formal, bajo las reglas de juego que ellos mismos han dicho defender, no pueden detener el cambio progresista en curso. Veamos.    

El Acuerdo de Paz desató unas fuerzas sociales que se encontraban contenidas.

Pese a las enormes dificultades en su implementación, la perfidia estatal, la evidente distorsión de su espíritu y el incumplimiento a gran parte de lo pactado, el Acuerdo de Paz ha supuesto un punto de quiebre en la dinámica política del país. En términos electorales, un breve recuento de las elecciones disputadas desde entonces ratifica tal afirmación: pese a que el plebiscito se perdió, más de 6 millones de personas salimos a votar en favor de la paz, de manera desinteresada, sin ninguna contraprestación y guiados por la esperanza de construir un nuevo país. Después vinieron las elecciones al Congreso de la República, en las que se registraron las votaciones más altas de la oposición y los sectores independientes, en la historia del país. Posteriormente, las elecciones presidenciales, en las que, en segunda vuelta, la candidatura alternativa obtuvo 8 millones de votos, de lejos, y sin punto de comparación, la más alta hasta entonces. Poco después, la llamada “consulta anticorrupción”, con más de 11 millones y medio de sufragios. Finalmente, las elecciones regionales más recientes en las que en las grandes ciudades Bogotá, Cali y Medellín, y otras como Buenaventura, Manizales, Cúcuta, Cartagena, Villavicencio y Florencia, entre otras, y en departamentos como Magdalena y Huila, otrora fortines de los clanes, el paramilitarismo y la mafia, fueron ganadas por sectores que no tienen vínculos con la criminalidad ni hacen parte de la coalición del Gobierno Nacional, de derecha y extrema derecha.    

Simultáneamente, hemos presenciado enormes movilizaciones sociales, a nivel local, regional y nacional, como las del Paro Agrario de 2013, las convocadas en defensa del Acuerdo de Paz cuando se perdió el plebiscito, a finales de 2016; las del Paro de Buenaventura de 2017, las del llamado Paro Nacional, del 21 de noviembre de 2019 y las recientes, en contra del abuso policial, que terminaron con la quema de varios CAI, el 9 de septiembre de 2020, entre muchas otras. El descontento popular con el statu quo es generalizado, cada vez mayor y en ascenso.

Importante es destacar que la mayoría de esas movilizaciones fueron protagonizadas por mujeres y hombres jóvenes, sin filiación partidista, ni de pertenencia orgánica a las organizaciones políticas, sociales y sindicales que históricamente las han orientado. A su vez, ninguna organización creció significativamente, ni se hizo a la representación de las exigencias y banderas de las ciudadanías movilizadas, porque estas tampoco se sienten recogidas ni representadas por aquellas: la misma riqueza y pluralidad de las agendas impide que así sea. Paradójicamente, incluso, organizaciones con trayectorias de décadas en la lucha social, no sólo no han crecido en estos tiempos de entusiasmo y movilización, sino que han perdido militancia, influencia de masas y posicionamiento político, al menos en parte, por no dar el valor requerido ni interpretar adecuadamente las demandas en torno a temas como los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales, las juventudes, la naturaleza, los animales y el ambiente, entre otras, hoy en primera línea de la agenda pública democrática.

Sin duda, hay un evidente hartazgo generalizado de la ciudadanía con la vieja política tradicional, con el que, sin embargo, no terminamos de sintonizarnos los sectores alternativos que pretendemos ejercer una nueva forma de hacer política. En consecuencia, los notables avances en términos electorales han venido, sobre todo, de la denominada “opinión”, de sectores no organizados, ni orgánicos de ningún aparato o expresión partidista. El “sentido común” de la ciudadanía, cada vez más entusiasta del cambio y apropiada de la agenda pública, se ha venido desplazando hacia valores democráticos y pluralistas.

Aunado a ello, la derecha y la extrema derecha, tendrán la dificultad de que su jefe Álvaro Uribe no pueda participar en las siguientes elecciones, para no ostentar el fuero de congresista y seguir huyendo de una investigación y juicio independiente e imparcial, en cabeza de la Corte Suprema de Justicia. Eso menguará la fortaleza electoral de su partido y aunará en las evidentes disputas internas que ya se ventilan en público respecto a su conducción.     

Hacia una convergencia amplia por la Paz, la vida y la democracia.

Estamos pues, ante una oportunidad histórica, sin antecedentes, en la que, por primera vez, es real y posible la llegada al gobierno nacional de una apuesta alternativa. Toda la suma de factores descritos nos impone el deber de trabajar con ahínco para consolidar una convergencia, lo más amplia posible, sin sectarismos, ni “purismos” y sin ninguna clase de vetos ni exclusiones, entre las fuerzas democráticas; contra la vieja política del Ubérrimo, el narcotráfico y el paramilitarismo.

Surge una gran esperanza con el anuncio del llamado Pacto Histórico, que debe seguir siendo consolidado. Tal convergencia debe incluir a todos los partidos, movimientos e iniciativas que se opongan al continuismo del gobierno nacional actual.

Pese a la evidente dificultad de consolidar una propuesta unitaria, es posible hacerlo y, de hecho, se ha venido haciendo: en el escenario del Congreso de la República, por ejemplo, la Bancada Alternativa, conformada por Comunes (antes FARC), el Partido Verde, el Polo Democrático Alternativo, Dignidad, la Unión Patriótica, el MAIS y la Colombia Humana, junto a los sectores más liberales de partidos del establecimiento, denominados los socialdemócratas, como La U, Cambio Radical y el Partido Liberal, en la práctica, en la mayoría de los temas, se han comportado como una bancada unificada. En medio de todas las dificultades, contradicciones, diferencias y matices, se ha podido hacer un ejercicio conjunto y juicioso tanto de oposición como de salvaguarda de aspectos cruciales de la nación, en las que hay enormes coincidencias, siendo el principal la defensa del proceso de Paz.   

En ese sentido, es inédito también que sectores del establecimiento se sumen y coincidan con agendas y personalidades de las izquierdas. Lo que demuestra eso es la fortaleza y posibilidad real de llegar a ser gobierno, pues “nadie se va a subir a un avión que se está cayendo”. Inexplicablemente, para algunos eso es un retroceso más que un avance. Gústenos o no, en este momento histórico poder ser gobierno y gozar de gobernabilidad implica construir pactos con estos sectores: ni las izquierdas solas, ni el centro solo, está en condiciones de garantizar la derrota del uribismo. Negar esa realidad sólo favorece el continuismo. Nos necesitamos y nos necesitaremos mutuamente, si pretendemos ser gobierno.   

Consolidar tal alianza, sustentada en una agenda programática común, tiene mucha más viabilidad de triunfo si se hace antes de la primera vuelta presidencial, mediante una consulta o el mecanismo que se acuerde para elegir una candidata o candidato único de la convergencia. Llegar divididos supondría un grave riesgo.   

Ahora bien, tal convergencia debería construirse no sólo de cara a la elección presidencial sino también y, sobre todo, para las legislativas: además de sumar figuras del establecimiento que contribuyan a garantizar el ejercicio de gobierno, es indispensable tener mayorías parlamentarias que blinden la gobernabilidad alternativa.  En ese sentido, construir una lista única de coalición en la que converjan las candidaturas de las fuerzas democráticas y de izquierdas supondría un avance sustancial y necesario, acorde a la inédita coyuntura histórica. Potencializar la votación de esa lista implicaría que fuera cerrada, paritaria o con mayor participación de las mujeres, y en cremallera. Suena a tarea imposible, pero es fundamental para disputarle exitosamente la representación mayoritaria del Congreso a las fuerzas más retardatarias, que siempre la han tenido. 

Tramitar las diferencias con respeto.

La consolidación del proyecto alternativo en construcción debe tomar suficiente conciencia de la necesidad de que medios y fines sean consecuentes entre sí. Si prometemos cimentar un país tolerante, respetuoso de la diferencia, la diversidad y el pluralismo, debemos ser absolutamente respetuosos de las distintas posturas y matices al interior del campo democrático, superar discusiones estériles, acusaciones mutuas, descalificaciones e insultos, que terminan debilitando la posibilidad del cambio. Urge encontrar la manera de tramitar las diferencias y discusiones legítimas y necesarias, de manera respetuosa, franca y directa, sin confundir ni perder de vista que el verdadero rival a vencer, el único rival a vencer, en este momento, es la vieja política del Ubérrimo: deponer egos, soberbias y mezquindades, para derrotar al fascismo y la mafia.

El Senador Iván Cepeda lo dijo con claridad meridiana: “lo único que nos puede impedir ganar hoy, somos nosotros mismos y nosotras. Tenemos que entender claramente que hoy el problema reside en nosotros y en nuestra decisión política.” Para convertirnos en una alternativa real de poder debemos comportarnos como tal, y para ello es indispensable detener la lamentable campaña de agravios entre los sectores que se oponen al continuismo: tanto al interior de las izquierdas, como de las izquierdas con el centro y del centro con las izquierdas, con la que se regocija lo más cavernario y criminal de la política nacional. Los espectáculos vergonzosos que hemos presenciado empequeñecen a quienes los protagonizan, nos muestran débiles y nos alejan de la ciudadanía. Por solo ejemplificar algunas situaciones: ni Petro es un tóxico extremista, ni los Verdes son uribistas disfrazados, ni criticar o cuestionar decisiones de los Partidos o movimientos en los que se participa convierte en traidores a quienes plantean reparos y discusiones, por demás válidas y necesarias.

Finalmente, sería muy lamentable que las fuerzas progresistas que acompañaron el proceso de paz y siguen luchando por su cabal implementación negaran un espacio en la eventual coalición y alianza electoral al Partido Comunes, antes Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, surgido del tránsito de las FARC EP a la legalidad, con lo que se impediría la consolidación de tal apuesta y la consecuente, urgente y necesaria ampliación democrática que implica tal participación. Corresponde a los sectores alternativos contribuir a romper el cerco antidemocrático que desde el gobierno nacional se ha pretendido imponer a Comunes y no sumarse ni cohonestar con tal exclusión.   

Fuente: AlCarajo.org

Pedagogía dialéctica de lo concreto

Por Pablo Nariño. Resumen Latinoamericano, 5 de marzo de 2021.

Las escuelas, colegios y universidades en Colombia son cárceles, abarrotadas de reclusos inocentes y guardias licenciados que no se reconocen, se olvidaron ahogados en competencias, estándares y currículos que son duplicado de dictados foráneos, construidos en medio de bostezos burocráticos.

Una elite tecnócrata, inserta en ministerios, no cambian la educación y cercenan la posibilidad para que sea transfigurada, perpetuando de esta manera los verdaderos propósitos encubiertos en medio de ostentosos calificativos, como aquel por ejemplo de la “Revolución Educativa” del MEN [1], mientras se pavonean ante las pantallas y micrófonos como “preocupados” actores de la educación.

No deja de ser mordaz que Colombia se encuentre en los últimos lugares a escala mundial en cuanto a calidad educativa, incluso hasta en los estudios de organismos neoliberales tipo PISA realizado por la OCDE a nivel global.[2]

A esto se suma la situación real de la mayoría de colegios públicos y privados que existen en la periferia y en los barrios populares de muchos países del continente, situación de violencia social, miseria, desinterés y conflictos diversos que convierten a la escuela en un ataviado espacio de reclusión, hacinamiento y desesperanza, con enormes índices de deserción y un ultrajante número de niños y jóvenes que quedan por fuera de los sistemas nacionales de educación. La problemática se ahonda si tenemos en cuenta por el otro lado la baja calidad de vida de los maestros, la inseguridad laboral y la coerción soterrada al pensamiento libre y crítico.

Pedagogos vueltos funcionarios, sofocados obreros de proyectos y “modelos” educativos, construidos a partir de los despojos de “experiencias insustanciales”, o de la trivialización de propuestas fundamentales, haciendo de la educación en Colombia y los países de la periferia, el eterno circulo acariciado que se vuelve vicioso, produciendo una educación cautiva de las repeticiones.

Por su parte, la educación popular y la revolucionaria, parecen renunciar cada vez más a su obligatorio carácter científico, y se diluyen en gran medida en el colorido espectáculo del recreacionismo, del aprender jugando, de la reproducción de estructuras conceptuales estáticas y en el dogma localista y coyuntural, que les hace perder de vista el enorme desafío inscrito en su origen, cual es, el de construir el sujeto que desde la práctica revolucionaria presente anuncie el futuro, confronte y supere al capitalismo agonizante pero campante.

Por otro lado, está la banca internacional y sus asesores devenidos en pedagogos que deciden una enseñanza global desde las necesidades del mercado “autorregulado”; una enseñanza para la catalaxia; [3]haciendo de los estudiantes individuos lo suficientemente peligrosos entre sí, como para ser competentes en la sociedad de la incompetencia y la miseria.

Los cabecillas del mercado regulan a la humanidad para que la humanidad no regule el mercado, son auto privilegiados, estatus logrado desde el filo de la sangre, el corte de franela y la motosierra; y para ello diseñan sujetos encadenados; los ministerios de educación los fabrican a través de resoluciones, y las llamadas instituciones educativas los procesan a través de la aplicación de estándares educativos y competencias.

Pero si en décadas atrás podíamos afirmar que en países como Colombia y otros del continente americano, se perseguía desde la educación el generar mano de obra barata, hoy podemos aseverar, que las siempre insuficientes escuelas, colegios y universidades, y obviamente los medios masivos de comunicación, cuentan con un objetivo puntual; producir individuos adaptados a la exclusión, formados no para el trabajo sino para un mundo sin él, predominantemente improductivo y precariamente humano.

En esa dirección el aparato educativo pasa de ser solo un mecanismo cultural para la producción de oprimidos, adaptados a las condiciones económicas, políticas y culturales de la producción asalariada, tal y como lo planteara P. Freire; a un sofisticado dispositivo que reproduce suprimidos, adaptados a una realidad económica en la que el salario y el trabajo paulatinamente se disipan, en relación directamente proposicional al paradójico fenómeno en el que el desarrollo exponencial de los medios de trabajo es confinado en los constreñidos espacios de la financiarización de la economía.

Hablamos entonces de una formación que no corresponde al desarrollo actual de los medios de producción, en consecuencia, gran parte de los modelos educativos y por su puesto sus fundamentos pedagógicos, no expresan una cualificación de la educación y la pedagogía; sino el triunfo de la lógica de mercado vuelta dogma científico.

Como lo hemos visto la educación institucional se circunscribe en la actualidad a reproducir la crisis sistémica y a “formar” individuos para adaptarse a ella, lo que en la realidad actual descrita quiere decir individuos aptos para un mundo sin trabajo, en estado de guerra perpetua, crisis ambiental y miseria desbordantes.

Estudiantes y maestros, aun no se reconocen en la idéntica miseria, aunque juntos, concurren al rito en el que se les hace creer que aprenden o que enseñan, pero que realmente encarna la danza macabra, en que se modulan letanías en tributo al propósito último del mercado en el escenario de la educación: saber hacer en contexto. Una y otra vez, se inocula y gradúa a los nuevos suprimidos en el arte de olvidar, de omitir, de adaptarse; de claudicar.

Es urgente que la reflexión pedagógica se materialice en propuestas concretas que asuman el desafío de revertir la realidad mundial desde formulaciones pedagógicas y dialécticas al servicio de los seres humanos. El actual salto tecnológico significa posibilidades revolucionarias para la educación, y ello obliga a cualificar los propósitos formativos, actualizar y adecuar los instrumentos de conocimiento, para fortalecer y enriquecer operaciones intelectuales, habilidades y valores humanistas, lo cual implica, articular una pedagogía de la liberación, al empeño por una liberación de la pedagogía, y la superación de su actual subordinación a las denigrantes necesidades del capital especulativo.

Prologo del libro “Pedagogía Dialéctica de lo Concreto”, próximo a publicarse. 

Fuente: Rebelión

Luces y sombras del Acuerdo de Paz

Por Odalys Troya Flores. Resumen Latinoamericano, 5 de marzo de 2021.

El senador del Polo Democrático Iván Cepeda aseguró que el Acuerdo de Paz en Colombia fue una conquista histórica del pueblo, pero hacer un balance de la implementación invita a ver sus luces y sombras. En entrevista con Prensa Latina, vía Internet, destacó que el Acuerdo, alcanzado en 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos, en representación del Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), ‘se obtuvo luego de muchas tareas que se hicieron con la muy generosa, solidaria compañía y apoyo de Cuba como país garante’.

‘Fue un acuerdo inédito, no solamente en Colombia sino también en el mundo, como lo reconocen distintas instancias de la comunidad internacional’, afirmó el congresista. Sin embargo, dijo, la implementación es muy difícil porque hay sectores que quieren vivir en el pasado, seguir fomentando la guerra y el conflicto.

Se trata de sectores que han vivido de la guerra y de la violencia en Colombia, que han hecho de la violencia un sistema político y económico, aseveró el político de oposición. La puesta en práctica del Acuerdo está amenazada no solo por intentos de evitar su refrendación, sino igualmente por los asesinatos sistemáticos de quienes en los territorios de conflicto buscan la implementación, y de los propios firmantes que dejaron las armas y pasaron a la vida civil.

Lamentó que a los exguerrilleros y exguerrilleras se les persigue y además les asesinan a sus familias.

El también defensor de los derechos humanos señaló que suman más de 250 exguerrilleros que han sacrificado sus vidas por cumplir con el proceso de paz. ‘Las cifras son escalofriantes pues cada tres días ocurre una masacre, especialmente en los sitios donde el gobierno debería estar implementando el Acuerdo de Paz’, detalló Cepeda.

Cada tres días se produce el asesinato de un líder o una lideresa social, y cada seis días muere por una acción violenta alguien que perteneció a las FARC-EP, añadió.

‘Esto tiene un carácter sistemático y muchas veces están detrás sectores políticos y económicos mafiosos que no quieren que se produzca un cambio político, una reforma agraria, ni que las víctimas campesinas puedan recuperar sus tierras’, subrayó a Prensa Latina.

Para el filósofo, hay muchos intereses detrás de esos asesinatos y el gobierno frente a esta situación sigue aplicando el mismo esquema y lo que hace es militarizar las regiones y territorios aún en conflicto.

Eso hace que la violencia se siga reproduciendo y no se logre pasar a los cambios formulados en el Acuerdo de Paz alcanzado tras casi cuatro años de diálogos y negociación en La Habana, Cuba.

Persiste un incumplimiento sistemático de la administración de Iván Duque al promover el ataque al proceso en distintos momentos y de distintas formas, comentó.

Puntos del acuerdo mas rezagados

‘Hay incumplimientos muy serios en el primer punto del Acuerdo, relacionado con la reforma agraria rural integral, el cual previó una recomposición en la tenencia de la tierra’, explicó.

En muchos lugares de Colombia el gobierno debía entregar parcelas a pobres, desposeídos y a quienes les robaron sus tierras, cerca de tres millones de hectáreas, legalizar y titularizar, e impulsar la economía campesina, recapituló.

Nada de esto se cumple de una manera satisfactoria, ni los programas de desarrollo implícitos en el Acuerdo, como los planes o programas de desarrollo con enfoque territorial, y en todo caso son implementados de una manera bastante fragmentaria, aseveró.

‘Otro tanto se puede decir del segundo punto: la reforma política democrática no ha sido cumplida en su contenido esencial, no se ha llevado al Congreso la norma que debía reformar el sistema político’, agregó el senador.

En el punto sobre el cambio de enfoque de tratar el narcotráfico subsisten severos incumplimientos porque se trata de manera bastante fragmentaria la sustitución de los cultivos ilícitos por cultivos de economía campesina, añadió.

‘No se ha logrado puesto que el gobierno del presidente Iván Duque dejó de destinar fondos a estas labores y, por el contrario, está pensando en volver al esquema de fumigar los cultivos de uso ilícito, lo cual es una involución hacia momentos difíciles vividos en el pasado’, indicó.

La fumigación de esos cultivos genera procesos de desplazamiento de las comunidades que están en los territorios donde se siembra la coca, dijo Cepeda.

Sobre el punto de las víctimas y de la justicia y el derecho a la verdad y reparación, aunque se ha cumplido de manera parcial se observan avances muy importantes porque se conformó el sistema integral de verdad justicia y reparación que ha venido produciendo decisiones, precisó.

‘La Comisión de la Verdad ha trabajado intensamente en estos años y asimismo lo ha hecho la Jurisdicción Especial para la Paz y la unidad de búsqueda de personas desaparecidas’, confirmó.

Asentó igualmente los avances en el proceso de reincorporación de los exguerrilleros de la FARC-EP, si bien no se les ha cumplido de una manera satisfactoria en una serie de programas relacionados con ese proceso de tránsito a la vida civil.

Pacto histórico

Para Cepeda, el Acuerdo está todavía por cumplir en un alto porcentaje, pero la implementación no se limita solo a estos puntos de cumplimiento o incumplimientos, sino que también tiene efectos políticos benéficos.

En tal sentido, el proceso de paz significó un cambio democrático en el país, generó condiciones para que las fuerzas políticas alternativas y democráticas tengan más espacios para su acción, manifestó.

‘Ha despertado un gran movimiento favorable a la paz y a pesar de todos los ataques el proceso de paz logra hasta hoy abrirse paso’, destacó. Resaltó que todos los días se está trabajando para que el mayor número de fuerzas políticas, sociales, ciudadanas, forjen una gran alianza con vistas a un cambio histórico en Colombia pues existen una serie de factores, de oportunidades que es significativo tener en cuenta.

Aseguró que el país está en medio de una crisis acentuada por la pandemia de la Covid-19, con una gran indignación en la sociedad por la manera en que este gobierno trata los problemas de la crisis sanitaria.

‘Las fuerzas progresistas y alternativas han ido creciendo durante estos años, han venido ganando experiencia, han gobernado ciudades, incluso la propia capital del país, Bogotá, son figuras muy relevantes de mujeres y hombres que hoy tienen un papel protagónico en la vida del país’, describió.

Pero hay un programa que se le ha planteado al país para los cambios que se requieren en todos los sectores, expuso el senador.

Yo confío que ese camino de convergencia y de definiciones programáticas abra oportunidades en el proceso electoral que se llevará a cabo en 2022, consideró Cepeda al referirse al Pacto Histórico que se fragua en Colombia, al cual se suman diversas figuras y fuerzas políticas.

‘No estamos luchando solo por ganar unas elecciones, ni por elegir unas cuantas personas al Congreso, ni por elegir una persona a la Presidencia. Queremos un cambio de época, un cambio histórico en Colombia’, sentenció.

Fuente: Prensa Latina

Organizaciones preparan el Tribunal 

Permanente de los Pueblos

Resumen Latinoamericano, 5 de marzo de 2021.

Organizaciones realizaron el Foro «Criminalización y judicialización como práctica genocida». Este espacio es un evento preparatorio a la sesión 48 del Tribunal Permanente de los Pueblos –TPP-.

En el desarrollo de este foro las organizaciones abordaron el Exterminio Político que afrontan las organizaciones y sus líderes en los territorios. En el los ponentes explicaron la categoría “Genocidio como exterminio físico y la judicialización de líderes en los diferentes territorios”. Categoría que permite entender la judicialización y estigmatización como forma de desarticular el tejido social y eliminar a las organizaciones sociales.

Según la caracterización realizada por los ponentes la Fiscalía General de la Nación y las autoridades judiciales son las encargadas de adelantar procesos judiciales que buscan acallar a las comunidades. Todo, con objetivo de despejar el territorio, además de desarticular los planes de vida de las comunidades.

En distintos procesos estas instituciones han calificado a las comunidades y líderes como rebeldes, argumentando que son un peligro para la sociedad. Calificativos que desde instancias Gobierno y medios de comunicación se usan para estigmatizar, judicializar y criminalizar. Estas prácticas arrinconan a las comunidades; criminalizan la movilización y la organización social «derechos» amparados en la Constitución Política.

Dialogamos con Sonia López integrante del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente; quien narró como se desarrollará el foro y su importancia:

“En el foro participaremos diferentes regiones del país; con objetivo de evidenciar la implementación de las prácticas sociales genocidas… Este foro es un escenario previo a la sesión Tribunal Permanente de los Pueblos -TPP-«. Tribunal que se desarrollará en Colombia del 25 al 27 de marzo en su sesión 48, la cual llevará el nombre de “El genocidio político en Colombia 2021”.

En marco de la sesión del TPP, organizaciones sociales, étnicas, de víctimas, derechos humanos y políticas del país denunciarán las practicas sociales genocidas, los crímenes contra la paz y la impunidad y ausencia de justicia en estos casos”.

Además de visibilizar el Exterminio Político como proceso sistemático que que destruye la autonomía, desarrollos y propuestas de los clase popular y trabajadora. A través de la eliminación física o política se busca la desarticulación de las organizaciones que construyen con una nueva sociedad.

Fuente: Trochando sin fronteras

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