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Desde la reapertura de los procesos un total de 3490 personas fueron investigadas en el país. El 25 por ciento están privadas de la libertad; en su mayor parte, en arresto domiciliario. Hay 21 juicios en curso y otros 73 aguardan fecha de inicio de debate.
En La Pampa, hasta el momento se realizaron dos juicios a quienes fueron responsables del terrorismo de Estado en La Pampa. El primero en 2010 y el segundo entre 2018 y 2019. Hay 15 condenados (varios en dos oportunidades) y una persona absuelta. Además, el tercer juicio comenzará el mes próximo.
En el primer juicio, el exmilitar Néstor Omar Greppi, el ex comisario mayor Omar Aguilera, el exsubcomisario Roberto Fiorucci y el ex comisario mayor Carlos Reinhart fueron condenados a 20 años de prisión. Por su parte, el ex oficial ayudante Néstor Bonifacio Cenizo fue condenado a 14 años de prisión, mientras que el ex oficial auxiliar Athos Reta y el exoficial Oscar Yorio recibieron 12 años de prisión. Hugo Marenchino, que era encargado de los traslados, fue condenado a 8 años de cárcel. En todos los casos, con variación en el número de víctimas, fueron hallados responsables de privación ilegal de la libertad y tormentos.
En el segundo juicio, más amplio en cantidad de acusados y en número de víctimas, los exmilitares Luis Enrique Baraldini y Néstor Omar Greppi fueron condenados a 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua. El médico policial Máximo Alfredo Pérez Oneto recibió una pena de 16 años de prisión; Carlos Alberto Reinhart, 14 años, y Néstor Bonifacio Cenizo, Athos Reta, Oscar Alberto López y Juan Domingo Gatica, 12 años de prisión.
Antonio Oscar Yorio, Hugo Roberto Marenchino y Orlando Osmar Pérez, 10 años de prisión; Jorge Osvaldo Quinteros, 8 años de prisión, y Miguel Ángel Ochoa, 6 años de prisión, mientras que Luis Horacio Lucero fue absuelto.
El próximo 12 de abril comenzará el tercer juicio a represores pampeanos en el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa. Habrá cinco acusados en el banquillo, entre ellos, por segunda vez, el exjefe de Policía de la dictadura en la provincia, Baraldini.
Sentencias en el país
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, a cargo de la fiscal federal Ángeles Ramos, informó que en la actualidad existen 626 causas en todo el país en las que se investigan los delitos del terrorismo de Estado, de las cuales 278 se encuentran en etapa de instrucción, 254 obtuvieron sentencia, 73 están elevadas a juicio y 21 se encuentran actualmente con el debate en curso.
El organismo encargado de articular con los y las representantes del MPF de todo el país la persecución penal en estos casos, puso de relieve que entre febrero y marzo de 2021 -mes del 45° aniversario del golpe de Estado de 1976- han iniciado los debates de cinco causas y que en abril se espera el inicio de otra. La marca se acerca en los primeros meses de este año al total de nueve registrado durante el 2020.
La Procuraduría indicó que la situación de emergencia sanitaria ha influido en la continuidad de los juicios: de los procesos iniciados previamente al aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el decreto 260/20 del Poder Ejecutivo Nacional, doce tuvieron sentencia y diez aún continúan en trámite. De los juicios que se iniciaron con posterioridad al decreto, once continúan en trámite y uno obtuvo sentencia.
Con los datos estadísticos cerrados al 16 de marzo pasado, los condenados y condenadas por estos crímenes desde 2006 -cuando se celebraron los dos primeros procesos orales y públicos tras la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida- suman 1025, mientras que otras 165 personas resultaron absueltas. Mientras tanto, hay 618 procesadas, 623 solamente imputadas, otras 104 fueron sobreseídas y hay 169 con falta de mérito, es decir con una situación aún no definida. Tampoco está definida la situación de otras 42 personas indagadas sobre las que aún no hubo resolución de mérito, mientras que suman 29 los prófugos y prófugas. A lo largo del proceso de verdad y justicia fallecieron 715 personas antes de que se dictara sentencia a su respecto.
Estas variables desagregadas conforman el universo de 3490 personas investigadas por delitos de lesa humanidad desde la reapertura de las causas. De todas ellas, hay 1661 personas -es decir, un 47% del total- que transitan los procesos en libertad, mientas que 859 -un 25%- se encuentran privadas de su libertad. De todas ellas, 636 cumplen el arresto en su domicilio. Esta modalidad de detención predomina desde 2016.
Por otro lado, en relación con el tiempo que insume la tramitación de estas causas, la Procuraduría promedió los plazos y estimó que transcurren cinco años y dos meses desde el requerimiento de elevación a juicio hasta el último fallo de la Corte Suprema para que una sentencia quede firme. Analizado ese lapso por tramos, el organismo estableció que en promedio transcurren cinco meses entre el requerimiento de elevación a juicio y la clausura de la instrucción; dos años y cuatro meses desde la elevación a juicio hasta el veredicto; y tres años y siete meses entre la sentencia y el fallo del último recurso ante la Corte Suprema.
Fuente:ElDiariodelaPampa
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