03 de marzo de 2021
Bullrich y ex ministros PRO justificaron el pacto con el FMI. El cruce con el Gobierno
Luz roja entre los generales del endeudamiento
La presentación de una “querella criminal” contra los responsables del endeudamiento con el FMI en la era Cambiemos, anunciada por el presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones legislativas, forzó a la oposición a cambiar de agenda y centrarse en contrastar la idea de un crédito leonino y de carácter netamente geopolítico. Tras los dichos del mandatario, los generales económicos de Mauricio Macri, ex ministros y hasta la titular del PRO, Patricia Bullrich, se dedicaron a explicar por qué se decidieron a tomar los 44 mil millones de dólares. Casi al instante, recibieron un contra ataque del Gobierno, vía una ponencia detallada del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, que califició al endeudamiento "totalmente irresponsable".
¿Por qué la reacción opositora fue tan inmediata? Poca relación tiene con los posibles efectos penales de una causa judicial que aún no se cursa. La gestualidad defensiva de la política de deuda es netamente electoral. Diversas fuentes de Cambiemos confiaron a Página I12 que desde hace tiempo se midió la consideración negativa que la sociedad tiene del préstamo que el macrismo hizo con el FMI. Y que, ante ese escenario, era necesario salir a refutar al Presidente, aún cuando la oposición venía con una semana de agenda positiva luego del vacunatorio VIP. Esas mediciones muestran, también, que en los propios votantes y líneas internas de Cambiemos, hay rechazo a la apelación al FMI.
Así, salieron fuerte el ex ministro de Economía Hernán Lacunza, sucesor de Nicolás Dujovne, el tomador del crédito; Guido Sandleris, ex titular del Banco Central; y Luciano Laspina, legislador y economista del espacio. Se plegó además Bullrich, la titular del partido, que aseguró que "no vamos a dejar que este Gobierno haga un juicio tipo soviético" y adelantó que "vamos a defender las cosas que hicimos".
Dujovne, en tanto, sigue en el ostracismo desde el 18 de agosto del 2019, cuando se fue de la cartera. Cuentan que, a diferencia de sus colegas, no quiere repetir el error de criticar a los que gestionan. Y trata de evitar a los medios. Para los que sí se volcaron a explicar en Twitter, hay dos versiones, la pública, que aduce que el préstamo era la única forma de cubrir déficit fiscal y pagar deudas pasadas. Y la privada: aquí comentan que “las decisiones de política económica no pueden ser judicializadas”, y citan como antecedente un caso paradójico. Las denuncias que su propio partido hizo contra el kirchnerismo por la venta de dólar futuro. Una defensa natural ante una querella que busca a los responsables de una gestión de deuda que condicionó a generaciones.
Los cruces
“La deuda no sale de un repollo. Cuando un Gobierno aumenta su deuda, es porque tiene déficit fiscal, sus gastos exceden sus ingresos y necesita que le presten para financiarlo. Así de simple, no hay misterios”, apuntó Sandleris. A su turno, Lacunza sumó datos numéricos: En 2020, la deuda aumentó más que en el promedio 2016-19: 21.000 millones de dólares (6,75 por ciento interanual a septiembre, último dato oficial), versus 17.800 promedio en el cuatrienio anterior (6,72 por ciento promedio anual septiembre 2019 versus septiembre de 2015)”. Y completó diciendo que, "lógico. Volvió el déficit fiscal (porque 'deuda hija, déficit padre'): 0,4 por ciento déficit primario 2019 versus 6,5 por ciento en 2020 (2,5 por ciento sin Covid)".
A título personal, Kulfas recogió el guante y le respondió a Sandleris. Habló en Twitter de un endeudamiento “totalmente irresponsable” y pidió alcanzar “consensos básicos” para terminar con procesos de deuda inconsulta. A tales fines, el Gobierno ya había presentado en el Congreso un proyecto de ley impulsado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, que exige de ahora en más aval parlamentario para el endeudamiento.
La respuesta de Kulfas fue, antes que nada, simple y directa: "el crédito del FMI otorgado a la Argentina durante 2018 y 2019, cancela, en gran medida, deuda 'intrasector público'", dijo y agregó que, "a posteriori, los dólares que recibieron los organismos públicos fueron vendidos en el mercado único de cambios financiando los niveles récord de dolarización de portafolio de la gestión anterior". Y agregó que “el endeudamiento irresponsable entró por una puerta y salió por la otra”. Asimismo, en declaraciones a AM 750, el ministro agregó que “los ex funcionarios de Macri, en lugar de hacer una autocrítica, nos vuelven a sorprender con una reivindicación de esta toma de deuda totalmente irresponsable e innecesaria".
Puntualizó además que esa deuda "terminó generando estos 45 mil millones de dólares que ingresaron del FMI y que no estaban en el Banco Central cuando ingresamos al Gobierno". "Tampoco habían sido invertidos en caminos ni en proyectos productivos que generaran empleo, sino que habían sido derivados a pagar nueva deuda a bonistas privados y a la fuga de capitales", afirmó. En la misma línea, destacó que "si el problema es como decía Sandleris, que había que financiar un déficit fiscal, el déficit fiscal es en pesos entonces para qué endeudarse en dólares; eso es lo que no explican los funcionarios macristas, y efectivamente el riesgo de default en pesos es bajísimo, de hecho, el único gobierno del mundo que defaulteo una deuda en pesos es el de Mauricio Macri".
El enfoque del Gobierno y el BCRA
"Definimos reglas de juego para fortalecer la restaurada sosteniblidad de la deuda pública buscando que nunca más el país viva crisis de deuda externa que socavan las oportunidades de millones de argentinas y argentinos. Y nos acompañó el Congreso", apuntó Guzmán en una catarata de tweets en los que se refirió al discurso del Presidente. Naturalmente, el ministro de Economía, quien negocia la deuda, es la voz política y mesurada de la historia. Aunque fue el primero en sentar las bases de la postura oficial actual de manifestar las irregularidades de Cambiemos.
Guzmán, que viajará a Estados Unidos a mediados de marzo, confía en que la negociación vaya en paralelo a las causas que buscan responsables. No solo la querella oficial, sino las dos investigaciones que tiene en marcha el propio FMI para averiguar las condiciones del crédito de la administración de Christine Lagarde a Macri. En esa línea se expresó, también, Gerry Rice, vocero del organismo, en una conferencia en la que aclaró que la vía investigativa no se pisará con el avance de las negociaciones. De todos, como adelantó Fernández, para el país ya no hay apuro en cerrar.
Por otra parte, el BCRA avanza en la presentación de detalles internos del crédito. "En la última toma de deuda FMI, hubo irregularidades de tipo administrativo, de incumplimiento de memorándums y violatorias del convenio constitutivo del Organismo multilateral", expresó la directora del Central, Betina Stein, quien descartó que la situación pueda llevar al no pago de la deuda.
"Entre mayo del 2018 hasta octubre de 2019, hubo una fuga de capitales que alcanzó los US$ 45 mil millones", lo cual "constituye una violación al convenio constitutivo del FMI que prohíbe que los créditos que se piden al organismo sean utilizados para la formación de activos externos (FAE)", dijo. Asimismo, Stein explicó que el acuerdo firmado "contradice los propios términos que el Gobierno anterior asumiera en los memorandos de entendimiento de política económica y financiera a los efectos de que se aprobara el crédito".
El Presidente hizo dos anuncios potentes que pocos advirtieron durante el discurso
Las dos claves anunciadas de la reforma judicial
Imagen: NA
Después del discurso de Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa, varios funcionarios y funcionarias se quedaron charlando con él. Entre comentarios sobre el clima del evento, felicitaciones, subrayados y acotaciones sobre los gritos de Mario Negri, alguien que integra el gabinete le planteó una duda: "¿Dijiste juicio por jurados para delitos federales?". La respuesta fue "sí, dije eso".
No hace falta abundar en el malestar que el Presidente explicitó respecto del Poder Judicial y el Ministerio Público. Fue obvio. Hablar de jurados populares con competencia federal es toda una novedad que pasó desapercibida en la enumeración de anuncios de leyes por enviar, ya que implica que los delitos graves como narcotráfico, trata de personas, evasión, contrabando, secuestros extorsivos hasta lavado de activos, podrían ser juzgados por ciudadanos comunes, entre otros delitos conocidos que suelen aparecer. Hará falta una ley que lo defina.
El otro tema que no tuvo gran resonancia instantánea, pero que estalló y creció ayer, fue el llamado al Congreso para que ejerza el "control cruzado" sobre el sistema de justicia. Eso puede ocurrir de muchas maneras, pero el senador Oscar Parrilli anunció una de las posibles: "El Presidente pidió una comisión bicameral que investigue a la justicia", dijo.
Fernández le reclamó al Congreso un papel activo después de enumerar una serie de casos conocidos que reflejan la utilización de la justicia para perseguir opositores y la protección de los quienes se han encargado de ejercer esa persecución. Como el del fiscal federal Carlos Stornelli, procesado en una causa donde se investiga una organización de espionaje con eslabones en el Estado.
"Viendo todo esto, y con el solo propósito de mejorar la calidad institucional de la República, quiero pedirle al Congreso con muchísimo respeto que asuma su rol de control cruzado sobre el Poder Judicial. Así lo prevé nuestra Constitución Nacional. Institucionalmente, alguien debe ocuparse de ver lo que ha ocurrido y ver lo que está ocurriendo en la administración de justicia de nuestra república. No para interferir en sus decisiones, si no para que sirva cumpliendo el rol que el Estado de Derecho le ha asignado", fue textualmente lo que dijo el Presidente.
El llamado a que el Poder Legislativo asuma un papel activo frente al Poder Judicial fue de la mano de un reclamo por el fallido tratamiento de la reforma judicial y la ley de Ministerio Público, ambas con media sanción en el Senado, trabadas en Diputados.
Fernández habló del "control cruzado" con el titular de la cámara baja, Sergio Massa, para avanzar en esa dirección. Ese modo de control puede asumir muchas formas. Una multiplicidad que va desde el impulso de pedidos de juicio político, como ocurrió en 2003 con los supremos de la mayoría automática menemista, hasta la modificación de normas que atañen al funcionamiento judicial.
Pero quien asumió públicamente la voz sobre este asunto fue Parrilli, quien introdujo la variante de la creación de una comisión bicameral "que investigue a la justicia", y la atribuyó a un pedido del propio Presidente. "Que la sociedad vea cómo está funcionando el Poder Judicial y cuáles son los cambios que hay que hacer", señaló el senador del Frente de Todos. “Me llena de satisfacción porque estamos poniendo en la discusión de la sociedad los verdaderos temas”, abundó.
Habrá que ver si se puede llevar la comisión en cuestión a la práctica. Su creación requiere la votación de ambas cámaras, y del Senado en particular exige los dos tercios de los votos, algo de lo que el oficialismo no dispone. Y que explica --por ejemplo-- que hasta ahora no se haya designado nuevo procurador o procuradora general. Diputados y senadores consultados por este diario señalaron que todavía no tenían conocimiento de ninguna iniciativa concreta, pero dan por hecho de algún modo el Congreso se hará eco del señalamiento presidencial.
Qué son los jurados populares
No parece tan lejana la posibilidad de tratar una ley de jurados populares. La Constitución Nacional, en el artículo 75, establece que el Congreso debe dictar una norma para el establecimiento del juicio por jurados. Es algo que, además, dispuso la Corte Suprema en un fallo conocido llamado "Canales vs Neuquén", de 2019, donde respaldó esta modalidad de enjuiciamiento.
Hasta ahora distintas provincias fueron aplicando sus propias leyes de juicio por jurados. Lo tienen Córdoba, Neuquén, Buenos Aires, Chaco, Mendoza, San Juan, Entre Ríos, Chubut. En Chaco tambien hay jurado popular civil y comercial, toda una innovación. El sistema, de todos modos, nunca fue implementado a nivel federal. Por lo general se utiliza para delitos graves (con penas de prisión perpetua o un piso de 12 o 15 años de prisión) como los homicidios, violaciones, robos con arma. En Córdoba se ha implementado para delitos de corrupción y hay condenas conocidas, como la que recayó sobre Germán Kammerath por delitos contra la administración pública y contra un policía por detenciones ilegales.
¿Qué anunció el Presidente? "Propiciaremos el establecimiento del juicio por jurados para la sanción de aquellos delitos graves que se cometan en el ámbito federal. Estaremos cumpliendo así con una cláusula de la Constitución Nacional de 1853 que nunca se hizo operativa a nivel federal. De lograr avanzar en esa idea, será el pueblo, constituido en jurado popular, quien con todas las garantías constitucionales podrá dictar su veredicto de inocencia o culpabilidad ante las conductas criminales que se sometan a su consideración", detalló. "Vengo a decirle al país con firmeza y convicción,que en esta hora histórica, urge reinstalar la confianza en nuestras instituciones (...) El pueblo argentino, a través del juicio por jurados, tendrá en sus manos la inmensa tarea de contribuir a recuperar la credibilidad en una real Justicia", aseguró también.
Como sucede con todos los proyectos de ley anunciados en la apertura de sesiones (creación de un tribunal intermedio, modificación del artículo 280 del Código Procesal Civil y comercial, modificación del Consejo de la Magistratura), todavía ninguno está escrito.
La gran discusión que se viene respecto de los jurados para delitos federales será la gravedad de los delitos que quedarán incluidos, porque eso definirá las posibildades de que queden abarcados los y las funcionarios/as públicos/as.
Por ejemplo, es imaginable que se aplique al crimen organizado y con eso a los delitos de narcotráfico y trata de personas. También es muy posible que entren los delitos tributarios. ¿Un Gianfranco Macri podría ser juzgado por ciudadanos comunes? Con esta posible ley, sí, y los familiares que estén implicados en la misma trama de presunta corrupción. Lavado de activos, en los términos en que fue juzgado Lázaro Báez, también podría ser. Contrabando, es otro de los posibles.
En ese punto seguramente estará la gran discusión y en los delitos más comunes contra la administración pública que tienen penas, por ejemplo, hasta seis años y que podrán abarcar a quienes tienen o tuvieron cargos en la función pública. No fue para nada menor este anuncio del Presidente, que pocos advirtieron en el momento, pero que ya comienza a hacer ruido.
Lo confirmó en un comunicado la iniciativa de acceso global equitativo a los medicamentos
Argentina recibirá casi 2 millones de dosis de vacuna a través de la iniciativa Covax
Hasta mayo, Argentina recibirá casi dos millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por AstraZeneca-Oxford como parte de la iniciativa Covax, el mecanismo que garantiza un acceso global equitativo a esos medicamentos. El proyecto liderado por la OMS y Gavi -la Alianza de Vacunas-, lo detalló en un comunicado en el que informó la lista de los 142 países que recibirán las 237 millones de dosis de vacunas desarrolladas por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca y 1,2 millones del laboratorio Pfizer-Biontech.
"En base al conocimiento actual de la disponibilidad de suministro, esta primera ronda de asignaciones proporciona información sobre el suministro de dosis de la vacuna AstraZeneca (AZ) / Oxford a los participantes de la iniciativa Covax, hasta mayo de 2021", señala el texto, que precisó que a Argentina llegarán 1.944.000 dosis.
Los plazos para la llegada al país de las vacunas de Covax serán anunciados a fines de esta semana, aunque ya se adelantó que las entregas serán divididas en dos tandas: "febrero-marzo y abril-mayo”. "Estos plazos dependen de una variedad de factores, incluidos los requisitos reglamentarios nacionales, la disponibilidad de suministro y el cumplimiento de otros criterios, como los planes nacionales de implementación y vacunación, los acuerdos de indemnización y responsabilidad, y las autorizaciones de exportación e importación”, indicó Covax.
El lunes, Colombia se convirtió en el primer país latinoamericano en recibir el primer lote de vacunas contra el coronavirus mediante el mecanismo Covax.
En tanto, la Argentina superó el lunes los 4 millones de vacunas contra el coronavirus con la llegada de un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas proveniente de Moscú, que sumó más de 730 mil dosis a las que ya habían arribado desde Rusia, China e India. De acuerdo con los últimos datos del Monitor Público de Vacunación que puso en marcha el Ministerio de Salud de Nación para garantizar la transparencia en la distribución de las vacunas, ya fueron distribuidas en el territorio nacional un total de 2.179.110 dosis de vacunas de los tres laboratorios que cuentan con autorización en el país.
Las primeras partidas llegaron el 24 de diciembre pasado, en un vuelo de Aerolíneas Argentinas que trajo desde Moscú 300 mil dosis. Con los viajes sucesivos, el país recibió un total de 2.470.540 dosis de Sputnik V (1.660.540 de la dosis 1 y 810.000 de la dosis 2).
A estas vacunas se suman 580 mil de la Covishield, producida en India por el laboratorio Serum Institute para Oxford-AstraZeneca, uno de los más importantes del mundo.
Además, ya hay un stock de un millón de dosis de la vacuna china Sinopharm, que arribaron en dos envíos, el primero de 904 mil unidades, que estuvo a cargo de un vuelo de Aerolíneas Argentinas y que aterrizó en Ezeiza desde Beijing, y las restantes 96 mil, que fueron recibidas el domingo en un vuelo de línea de Air France/KLM.
Por otra parte, el sábado pasado comenzó la distribución de 492.400 dosis de la vacuna Sinopharm, producida por el Instituto de Productos Biológicos de Beijing, de la República Popular de China y que en Argentina fue autorizada el 21 de febrero por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat).
Excluir a los contribuyentes que incorporó Macri
Las claves de los cambios en Ganancias
Imagen: Leandro Teysseire
"Recuperar el salario medio en la Argentina es un desafío que debemos asumir en este tiempo de recuperación económica. Por eso quiero pedirle a este honorable cuerpo legislativo que apure el tratamiento de la ley que facilita la reducción del impuesto a las Ganancias en los salarios". Con esta frase en el discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Alberto Fernández pasó un resaltador sobre este ítem en la lista de pendientes del sistema tributario argentino.
"Si lo hacemos, más de un millón doscientos mil argentinos quedarán liberados de pagar ese tributo. Quienes trabajan y quienes se han jubilado se beneficiarán con ello recuperando así su capacidad de compra", continuó el presidente. Un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda analizando el impacto en personas y recaudación de la suba del mínimo no imponible que plantea el proyecto asegura que esta decisión "mejoraría las capacidades de consumo de un sector de la población que no se encuentra entre el 10 por ciento que más ingresos recibe".
El informe calcula que entre 2003 y 2015 se registró un promedio del 12,5 por ciento del total del trabajadores y trabajadoras del sector público y privado alcanzados por el impuesto. Entre 2016 y 2019 el promedio se elevó a 21 por ciento: de 1,2 millones hacia fines de 2015 a 2,3 millones a finales de 2019.
Ganancias en Massa
El proyecto de modificación de Ganancias está impulsado por Sergio Massa en la Cámara de Diputados. En febrero pasado, el presidente de ese cuerpo propuso aumentar el minimo no imponible para el pago del impuesto.
Hasta ahora, quienes pagan este tributo son los empleados en relación de dependencia solteros sin hijos menores con un sueldo neto mensual de 75 mil pesos; y familias que cobran a partir de 99 mil pesos; y los jubilados y pensionados que cobran desde seis haberes mínimos.
Con la modificación, el salario neto a partir del cual un empleado quedaría alcanzado sería de 124.500 pesos. En el caso de los jubilados, se elevaría de seis a ocho haberes mínimos (pasaría de 114 mil a 152 mil pesos mensuales).
Derribando mitos
El informe de la Undav muestra estadísticas que aportan a rebatir una narrativa construida por sectores empresarios acompañados de los medios de comunicación hegemónicos que sobredimensionan la presión tributaria del país.
En la comparativa internacional, la recaudación por Impuesto a las Ganancias representa cerca de un 5 por ciento del PBI argentino por debajo del indicador de otros países como España (7,9 por ciento del PBI), Francia (9,6 por cientodel PBI), Estados Unidos (10,1 por ciento del PBI) y Australia (11,8 por ciento del PBI).
En términos de impuesto a la propiedad (Bienes Personales), Argentina se ubica último en el ranking de recaudación en porcentaje del PBI con un 0,2 por ciento mientras que Australia, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania, Japón y Chile se encuentran por encima del 1 por ciento.
Un sistema tributario progresivo
En 2020 el Estado sufrió una caída en su recaudación total por efecto de la pandemia y su consecuente merma de la actividad económica. La recuperación económica de los últimos meses tiene su contraparte en un continuo aumento de la recaudación tributaria nacional.
En cuanto a la evolución mensual de la recaudación del impuesto a las Ganancias, 22 de los últimos 37 meses registraron variaciones interanuales reales negativas. Sin embargo, la recaudación tributaria total registra una peor dinámica en este sentido acumulando 25 meses de caída sobre los últimos 37. "La crisis que se desarrolló entre 2018 y 2019 fue acompañada con el regreso al Fondo Monetario Internacional (FMI) y en consonancia con ello la caída de la actividad afectó la recaudación tributaria del país", explica el informe.
"La reducción del alcance del Impuesto a las Ganancias implicaría un esfuerzo fiscal de cerca de 40.000 millones de pesos que se dejarían de recaudar con un impuesto progresivo. Por ese motivo podría pensarse un incremento futuro del impuesto a los Bienes Personales, siendo un tributo progresivo que recauda significativamente por debajo de la media mundial de impuestos al patrimonio", concluye el informe.
El juez Slokar hizo una presentación por carta
Escándalo en Casación: piden la renuncia a Hornos por las visitas a Macri
Los ánimos se encendieron en Casación después de que el diputado del Frente de Todos Martín Soria denunciara que Hornos, según los registros obtenidos por la organización Poder Ciudadano, ingresó en seis oportunidades a la Casa Rosada a ver al entonces presidente Macri. En la reunión de superintendencia del 18 de febrero, Hornos les dijo a sus colegas Daniel Petrone (Sala I), Slokar (Sala II), Liliana Catucci (Sala III) y Mariano Borinsky (Sala IV) que él mantenía una relación social de larga data con Macri y que eso lo había llevado a discutir sobre política judicial, pero negó haber conversado sobre alguna de las causas en trámite en la Casación.
Este martes se volvieron a reunir los cinco, pero la sorpresa fue grande al comprobar que en el acta del encuentro anterior no estaba consignado lo que había dicho Hornos.
Esa falta de registro hizo estallar a Slokar, que acusó a Hornos de hacerles falsear a los secretarios del tribunal lo que había sucedido en la reunión del 18 de febrero. El presidente de la Casación se justificaba diciendo que su descargo no había sido oficial, sino un comentario realizado antes del encuentro de superintendencia. Sin embargo, según cuentan, la única que respaldó esa postura fue Catucci, que, como Hornos, estaba sentada en la sala de acuerdos del primer piso de los tribunales de Comodoro Py. Petrone, Slokar y Borinsky siguieron la reunión por Zoom. El acta es importante porque en la reunión de superintencia sólo participan cinco de los trece jueces que integran la Cámara. El resto se entera cuando le llega el acta y el temario, o por lo que comunica cada presidente de sala.
Slokar le anunció a Hornos que iba a pedirle la renuncia porque había perdido la confianza en él. Slokar es, además, uno de los vicepresidentes de la Cámara Federal de Casación. El otro es Borinsky. La reunión terminó abruptamente con un saludo de Slokar y el Zoom que se suspendió desde Comodoro Py. No hubo tiempo para más intercambios.
Minutos después, el presidente de la Sala II le hizo llegar el pedido de renuncia a Hornos. La carta, de una carilla, dice que fue enviada “a fin de apelar a su responsabilidad para presentar su dimisión al cargo de Presidente que reviste -- y así resguardar del mejor modo la representación del cuerpo y el gobierno de la jurisdicción -- atento a las circunstancias que, lamentablemente y en cuanto me respecta, comprometen irreversiblemente la confianza del mandato con el que fuera honrado”.
Es probable que las discusiones continúen y que alguna otra voz se sume a la de Slokar. Después de la reunión de superintendencia, ardían los teléfonos de los casadores. En algunas vocalías decían que estan esperando el informe de la presidencia de la Cámara.
En la apertura de sesiones del Congreso del lunes, el presidente Fernández se pronunció al respecto del escándalo de los supuestos encuentros entre Hornos y Macri, que, según el diputado Soria, tenían lugar antes o después de fallos adversos al kirchnerismo. "Algún miembro de este Congreso Nacional detectó la visita de jueces de la casación al entonces Presidente Macri, justamente días antes de dictar sentencias contra sus opositores políticos y solo una voz aislada de ese tribunal se alzó reclamando explicaciones. El resto lo amparó bajo el manto del silencio."
El viernes pasado, Slokar y Ángela Ledesma le habían pedido a Hornos que convocara a un acuerdo general para discutir si podía seguir al frente de la presidencia de la Casación. La jueza -- que presidió el tribunal hasta diciembre -- le había enviado una nota la semana pasada diciéndole justamente que su accionar sembraba un manto de dudas sobre todo el Poder Judicial.
Después del descargo inicial, Slokar con sus dos colegas de Sala, Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques, le habían hecho llegar una notificación recordándole cuáles eran los principios de imparcialidad judicial. Ni Yacobucci ni Mahiques pueden ser acusados de tener simpatías por el gobierno actual. De hecho, Mahiques fue ministro de Justicia de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires.
Hornos enfrenta una denuncia penal, que fue presentada por el diputado Soria en la causa por la mesa judicial macrista. La semana pasada, el fiscal federal Franco Picardi pidió que la denuncia sobre Hornos tramitara por separado. Hasta ahora, la jueza María Eugenia Capuchetti no mandó la denuncia a sorteo.
Además, el diputado Soria pidió su remoción al Consejo de la Magistratura. Este miércoles se sorteará qué consejero va a instruir la denuncia, confirmaron a Página/12 desde el organismo. Soria le pidió al Consejo que, si advierte algún delito, lo denuncie.
Hornos repitió este martes ante sus colegas que va a dar las explicaciones cuando sea necesario, pero no antes. Esa fue también parte de la justificación para que el tema no apareciera en el acta. Nadie sabe cómo continuará el escándalo en la Casación, pero la única certeza es que continuará.
El Grupo Octubre inició la capacitación de la Ley Micaela
Perspectiva de género en los medios para una sociedad inclusiva
Con la intención de fortalecer la construcción de un mensaje que permita equiparar las desigualdades de género y desterrar la violencia hacia las mujeres y diversidades, la charla, que finalizó con las palabras de Víctor Santa María, coordinador General del grupo, tuvo como expositoras, junto a Gómez Alcorta, a la directora de Comunicación de ese Ministerio, Andrea Mallimaci, y a la defensora del Público, Miriam Lewin.
El recorrido de las exposiciones concentró datos históricos, anécdotas que hoy resultan irrisorias, y reflexiones que ilustran el avance de las mujeres en la sociedad. Entre referencias al lenguaje inclusivo y a la televisión modelo patriarcal, se focalizó en la lucha feminista y en los medios de comunicación masiva, desde donde derrama hacia la sociedad civil “la construcción social de sentido”, puntualizó Gómez Alcorta.
El Grupo Octubre busca fortalecer "formas de comunicación que puedan contribuir a una sociedad mas justa" señaló Santa María. "Tenemos una gran tarea pendiente, como grupo, podemos hacerlo vinculando los medios, el mundo de la universidad y el mundo del trabajo, estamos ante un cambio cultural, las mujeres y las disidencias lo demandan, por eso vamos a sostener dia a día, el trabajo en política de género", destacó. Así, en el marco de estas capacitaciones, se dio este martes en el auditorio de la UMET la primera charla para los responsables de los medios del grupo: Diario Página/12, Canal 9, Canal IP, Radio AM750, y las FM del grupo, Aspen, Like 97.1, Club Octubre 94.7, MR y Blackie.
“Hay que dejar de tomar con normalidad las acciones cotidianas que se nos imponen con naturalidad cuando en verdad reflejan parámetros culturales”, señaló Gómez Alcorta, sobre la formación de quienes “fuimos socializados en el siglo XX”. Se trata de un momento “bisagra” subrayó la ministra sobre la actualidad, en la que “empezamos a tener un juicio crítico y a poder pasar por el tamiz del género lo cotidiano”. La sociedad pensada por varones, hace eclosión en los años ‘80 cuando la violencia de género, hasta entonces subsumida al entorno doméstico, se hizo visible, recuerda Gómez Alcorta.
“Hoy nos hacemos preguntas que nos ayudan a pensar desde lo cotidiano en cuánto podemos contribuir a disminuir estas violencias”. Las relaciones de poder que fundan la vida moderna, se sostienen “por pares”, destacó la ministra: “Subjetivo y objetivo, sensible y racional, universal y particular”. Así se “sexualizan y se jerarquizan los roles sociales”, definió. Una línea que continuó Miriam Lewin al recordar cuando en las redacciones “me daban las notas sensibles, por ser mujer”. El anecdotario “de redacciones” que aportó Lewin, sumó las dificultades para acceder a un puesto cuando la excusa era: “si tenes dos hijos, los tenes que cuidar, no vas a poder”.
“Hay que revalorizar el famoso rol de los medios, sin pensarlos con un poder avasallante ante audiencias pasivas” sostuvo Andrea Mallimaci. La forma en que se estructura el relato sostiene “los grandes significantes, que le dan sentido a las cosas”, y en esa trama está incluido el Estado y la sociedad civil. Recuperó nombres modelos de la televisión nacional: “Arnaldo André con sus cachetazos, (Guillermo) Francella o (Marcelo) Tinelli cortando polleras, corresponden a un mundo que no se hace muchas preguntas”. Hasta que, en 2015, surge Ni Una Menos y “cambia la forma de ver el mundo”, señaló Mallimaci. Habla de una nueva legitimidad social. Porque “la cultura puede legitimar y reproducir desigualdades, pero también generar posibilidades”, explicó.
“Es necesario tomar la política de género como una política de Estado”, sostuvo la comunicadora en referencia al planteo del presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones del día lunes. Y revalorizó hacia adentro de los medios roles como el de las editoras de género. También en los roles técnicos, es notoria la falta de mujeres completó Lewin: “Hay fotógrafos y camarógrafos, pero pocas mujeres. También hay pocas mujeres editorialistas, o periodistas políticas. Las redacciones siguen siendo productos del patriarcado”, sostuvo la defensora del Público.
Lewin se manifestó “orgullosa de estar presenciando los cambios que atraviesa la lengua”, en relación al lenguaje inclusivo, y relató las agresiones que sufrió por parte de colegas cuando posteó un mensaje con esa modalidad. “Nunca fui tan agredida”, recordó. Para puntualizar en los modos con que, de manera imperceptible, marcan la cancha las reglas del patriarcado, en ficción, publicidades o envíos informativos: “En los medios, a una mujer se la interrumpe más que a un varón, y si disputan cargos electivos se les pregunta por los hijos y la familia más que por su militancia política”, ejemplificó sobre los gestos que naturalizan la violencia. “Son los patrones culturales que están vinculados a los femicidios que lamentamos todos los días”, sostuvo.
Fuente:Pagina12
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