02 de marzo de 2021
El Presidente en el Congreso y la superdeuda del macrismo con el FMI
"Vamos a denunciar a los que hipotecaron al país"
Imagen: Presidencia
No fue un discurso tibio ni para cumplir de manera burocrática con el mandato de inaugurar todos los 1 de marzo el período de sesiones ordinarias del Congreso. En las casi dos horas que duró el discurso presidencial, Alberto Fernández hizo un extenso racconto de lo realizado durante el primer año de la pandemia, el 2020, no sólo en la reconstrucción del sistema de salud sino también en el fortalecimiento del esquema económico para hacer realidad esa promesa de que primeros son los últimos. El Presidente aseguró que continuará trabajando de manera "incansable" para conseguir todas las vacunas necesarias contra la covid-19 y, además, mejorar los ingresos con más producción y con la quita del impuesto a las ganancias, entre otras propuestas. En este contexto señaló dos puntos cruciales: la necesidad de resolver la herencia maldita de la deuda con el FMI que dejó el macrismo, y, como tal, anunció la denuncia penal contra los responsables "de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra". El otro punto fundamental fue su llamado a que los diputados avancen con la reforma del Poder Judicial, al que definió en crisis y, sobre todo, "vivir en las márgenes del sistema republicano".
Fernández no habló expresamente de elecciones, pero al girar su discurso alrededor de temas como la pandemia y la economía, más el Poder Judicial, terminó por mostrar que esos serán los ejes del debate para reformar las Cámaras legislativas. El discurso gustó mucho entre los propios. Un embajador argentino, muy cercano al mandatario, lo graficó ante este diario como un boxeador en el centro del ring "distribuyendo trompadas a discreción".
El Presidente habló ante una Asamblea de estos tiempos de pandemia, con algunos sentados en sus bancas y el resto lo escuchó conectados a sus computadoras. En tanto, la Corte se sentó, con menos distancia entre sí, frente a un gran monitor.
La pandemia
Por lo general las crónicas parlamentarias suelen dar cuenta de las veces que un presidente es aplaudido durante su discurso ante la Asamblea Legislativa. En esta oportunidad, Alberto Fernández fue quien pidió el primer aplauso cuando al detallar el estado en que encontró el sistema sanitario ("un sistema de salud quebrado que mantenía cerrado hospitales, dejaba vencer vacunas y permitía pasivamente la diseminación de enfermedades que creíamos desterradas"), las tareas que se realizaron para reconstruirlo ante la inminente llegada de la covid-19 al país y el rol que tuvieron y tienen los trabajadores del sistema de salud, las fuerzas de seguridad, los diplomáticos y los maestros, pidió "un sincero aplauso". Todos lo acompañaron.
Ese homenaje no tapó una de las primeras críticas a la oposición macrista de la que dijo que "reclamaban cuidar la rentabilidad antes que la salud" y que luego acusaron al Gobierno de encerrar a la gente y que recurrieron a cualquier razón para romper protocolos con banderazos para "deteriorar la credibilidad de un gobierno que convencido buscaba preservar la salud de su pueblo". No fue la última.
Fernández destacó lo realizado y citó los 12 hospitales modulares, la implementación de más de 4.000 unidades de terapia intensiva y, por supuesto, la búsqueda de las vacunas y la vacunación. No se olvidó del vacunatorio paralelo del Ministerio de Salud y afirmó que "ningún Gobierno se puede arrogar el privilegio de no cometer errores, pero todo Gobierno sensible sí tiene la obligación de corregir esos errores para desterrar cualquier indicio de privilegio o falta de solidaridad". Resaltó la fabricación conjunta con México de la vacuna Oxford/AstraZeneca e indicó que con el gobierno mexicano y la Celac trabajan para alcanzar en América Latina "la distribución de vacunas a precio accesible".
La economía
Si hay algo que necesita el país, y Fernández lo sabe, es reconstruir el aparato productivo, incrementar los puestos de trabajos y mejorar los salarios. Por eso, durante buena parte de su discurso se concentró en la producción industrial y cuáles serían los proyectos que tiene para favorecerla. Por lo pronto inscribió la producción de cannabis medicinal, la actividad hidrocarburífera y el agregado de valor a la producción agropecuaria. Anunció también el envío de leyes para fomentar la producción de autos eléctricos. También dijo que propondrá mejoras para fortalecer las compras nacionales de medicamentos.
Luego vinieron los cuestionamientos a las empresas que explotan los servicios públicos de gas y electricidad. Sobre ellas dijo que enviará un proyecto de ley que declare la emergencia de servicios públicos con el objeto de desdolarizar las tarifas y adecuarlas a los ingresos en pesos.
El FMI
Fernández destacó la negociación que se lleva adelante con el Fondo. La consideró crucial para el despegue económico del país (dijo que ya está comenzando) pero advirtió que esa tarea será lenta ("No queremos apresurarnos. Apuro por acordar tienen los pícaros de siempre", dijo) y advirtió que no habrá ajustes y resaltó que el acuerdo deberá contar con el respaldo del Congreso.
Eso sí, describió al detalle los pormenores políticos que tuvo el súper endeudamiento con el FMI para favorecer la reelección de Macri y, en ese sentido, anunció la apertura de una querella criminal contra exfuncionarios del gobierno de Cambiemos que favorecieron el endeudamiento de más de 44 mil millones de dólares. El Presidente dijo que es preciso "determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria consideró el jefe del Estado". Fernández no lo nombró pero entre los primeros acusados de esa querella estará el expresidente Macri.
La justicia
El Presidente describió con dureza al Poder Judicial cuando dijo que "vive en las márgenes del sistema democrático". Habló de privilegios como el no pago del impuesto a las ganancias, pero también puso como ejemplo, sin nombrarlo, al fiscal Carlos Stornelli, "procesado por delitos tan severos como el espionaje ilegal de ciudadanos o el de extorsión que sigue en funciones como si nada de esto lo afectara". Luego se refirió a las visitas que hacía el titular de Casación, Gustavo Hornos, al entonces presidente Macri que coincidían con las inmediatas sentencias contra entonces opositores políticos.
En ese sentido Fernández conminó a Diputados a "que asuma el rol de control cruzado sobre el Poder Judicial", pero también le pidió que apruebe la reforma judicial, la selección del jefe de los fiscales y anunció que enviará un proyecto para reglamentarel artículo 280 del código de procedimiento civil y comercial más la reformulación del Consejo de la Magistratura y el establecimiento del juicio por jurado de delitos graves.
Sin duda que estos temas centrales en el discurso presidencial dan cuenta del reimpulso político que Fernández le imprimió a su gobierno y que dan cuenta que la pospandemia ya comenzó.
Las claves del discurso de apertura en el Congreso
En un contexto picante, Alberto Fernández agregó pimienta
Imagen: Cámara de Diputados de la Nación
El presidente Alberto Fernández invitó al primer aplauso fuerte que acompañó su discurso del lunes. Iban 25 minutos de las casi dos horas que habló; agradeció a la sociedad argentina, los trabajadores de la salud, de la educación; a todes los que cooperaron para combatir y amortiguar los daños de la pandemia. AF se puso de pie, batió palmas con ganas. Fue acompañado por propios y extraños, por presenciales en recinto y galerías, por quienes acompañaban vía zoom. Un momento de relativa unidad (unanimidad jamás) en un contexto picante al que Fernández le agregó pimienta.
El segundo aplauso con ovación y compañeres entusiasmades fue pura división de aguas. AF anunció que pedirá a las autoridades competentes que querellen por incumplimiento de deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos a los ex funcionarios macristas que contrajeron la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Burlando la ley, sin autorización del Congreso, causando el “incendio”, “el derrumbe” que legó el ex presidente Mauricio Macri. Los legisladores de Juntos por el Cambio se enfadaron, tuiteaban con furor. Leyeron la novedad (acaso la mayor sorpresa de la sesión) como una vendetta, En verdad, forma parte de la estrategia de negociación con el Fondo, como se detallará más adelante.
La tercera ovación, en varias etapas, avaló el encendido tramo dedicado al Poder Judicial de modo genérico y a la Corte Suprema de Justicia en especial. La transmisión oficial, que buscaba a las personas aludidas en cada tramo del mensaje, se entretuvo mostrando a los cinco Supremos sentados en sendos sillones-trono: una foto de familia parecida a las que se sacaban en la primera mitad del siglo pasado.
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Alberto leyó casi todo el tiempo. Se apartó unos instantes para regañar al diputado Mario Negri que le gritaba buscando más repercusión en TN que diálogo. Sonrió en varias ocasiones, incluso en un furcio que lo llevó a bromear. Inventó una palabra inexistente “fortalecimismo” o algo así. Acotó-tradujo- chicaneó; “mezcla de fortalecimiento y de peronismo”.
El primer cuarto de la alocución recorrió y rindió cuentas de lo hecho en 2020, el año de la covid 19. El IFE, el ATP, la suspensión de despidos, la inversión social. En paralelo, el obstruccionismo opositor, los banderazos, el neologismo “infectadura”. Se cuidó de distinguir a quienes disienten de buena fe de quienes confrontan al servicio de intereses concentrados, intentando “aturdir con críticas maliciosas”. En numerosas ocasiones alabó y agradeció “a los veinticuatro gobernadores” la cooperación en materia sanitaria y en otras políticas de estado.
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El empréstito del FMI fue una maniobra para ayudar electoralmente a Macri. La denuncia no proviene del Instituto Patria ni de una patrulla perdida de la izquierda: lo confesó el actual presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Mauricio Claver Carone. Alberto aludió sin nombrar (un recurso del que se valió para referirse a otros impresentables). a ese ex funcionario de la administración de Donald Trump.
Esa manito abierta con cuarenta y cuatro mil millones de billetes verdes burla las directivas del FMI que está armando sus propios sumarios de los que nadie o casi nadie cree que saldrá una decisión rotunda.
Los negociadores argentinos aspiran a colar la mala fe del Fondo en las tratativas. La intención es pagar deuda, con años de espera y en un plazo mayor a los diez de un acuerdo de Facilidades extendidas. Modificar las reglas del FMI era imposible antes de la pandemia. ¿Habrá cambiado el escenario? La Argentina brega para hacer historia. Fernández lo conversa con colegas de otras naciones. Endilgar culpas a la anteriores autoridades del FMI forma parte del toma y daca. Las chances, asumen en la Rosada y zona de influencia, son ínfimas. Pero no nulas, se entusiasman con optimismo de la voluntad. Las recriminaciones al prestamista, acaso, entornan una puertita para pedir dinero fresco (Derechos Especiales de Giro) al organismo.
Cualquier acuerdo futuro --subrayó el presidente-- deberá pasar por el Congreso para su aprobación. Un ukase como el de Macri, nunca más.
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Los jueces no pagan impuesto a las ganancias, a diferencia de otros hijos de vecino que ganan mucho menos. Es casi imposible acceder a las declaraciones juradas de bienes de los integrantes de la Corte. La violencia de género reconoce como importante concausa la complicidad o la desidia de determinados jueces o fiscales. Uno de estos (Carlos Stornelli, aludido pero sin cita de apellido) está procesado por delitos graves, se profugó durante meses y sigue en funciones.
Usted dirá, chocolate por esas noticias, re-conocidas. Llamaron la atención y levantarán tempestades porque las recorrió el presidente. Criticar al más aristocrático de los poderes del Estado embronca a los susodichos y a la derecha autóctona.
Las iniciativas de Fernández para democratizarlo o adecentarlo son institucionales. Solo le pide a Diputados que aborde la Reforma judicial retenida por reticencia cambiemita y, con franqueza, de algunos sectores del Frente de Todos (FdT).
Reclamar al Legislativo que cumpla con su deber de hacer controles cruzados con el Poder Judicial es sensato, sobre todo ante una cultura política en que se judicializa “todo”.
Poner de una buena vez en marcha el juicio por jurados para que el pueblo soberano participe en la función judicial, es mandato constitucional desde 1853.
Constituiría pura lógica republicana derogar el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, usado por la Corte para rechazar recursos sin fundamentos. La corruptela troncha centenares o miles de reclamos. Los demandantes pierden derechos sin que nadie les dé siquiera una explicación.
En suma, esas iniciativas propugnadas por el presidente en un envoltorio retórico severo son sensatas, democráticas, aunque abiertas a controversia.
La eventual creación de una suerte de tribunal de Casación para tramitar recursos por arbitrariedad de sentencia (“Tribunal Federal de Garantías”) se supeditará a una ronda de consultas con los gobernadores. Insumirá tiempo, debates públicos.
De la ampliación del número de miembros de la Corte, ni noticias. Otra fake news desvirtuada. Y van...
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Los discursos de apertura, en cualquier gobierno, se construyen pidiendo a los ministerios informes de gestión, objetivos para el año, proyectos de ley. Fernández armó el respectivo rompecabezas. enumeró una parva de medidas que se recorren en otras notas de esta edición.
Ratificó objetivos de política económica, de impulso al consumo popular, de un capitalismo más inclusivo. Opuso al proyecto neoconservador trazos generales de uno nacional popular hiper condicionado por la pandemia, “batalla que no terminó”.
Como es ley de la política, la suerte futura del presidente no dependerá de buenos o malos discursos. El del lunes fue bueno, peleón, definiendo el campo propio y marcando rumbos. Fernández dependerá de sus realizaciones: de cómo se vive, se cura, se vacuna, se educa en un gobierno democrático.
Fernández saludó con el puño a parlamentarios de distintas banderías, hizo la V a la gente que se veía en la calle. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner lució de buen talante, le hizo algunos comentarios en voz baja. No parecían enfrentados, ambos saben que la unidad del FdT fue clave para ganar y lo será para sostener la gobernabilidad.
Decisión política extraordinaria del gobierno de Alberto Fernández
Los responsables del FMIgate tendrán que dar cuentas en la Justicia
La peor herencia del gobierno de Mauricio Macri fue el inmenso endeudamiento externo, con acreedores privados y con el Fondo Monetario Internacional.
El gobierno de Alberto Fernández avanzó con éxito en la renegociación con poderosos fondos de inversión. Ahora está en conversaciones para ordenar plazos y condiciones del insólito préstamo del FMI.
Como se detalló en la edición del último domingo, ese crédito fue político, opaco e irregular.
En el discurso ante la Asamblea Legislativa, al inaugural las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, el presidente Alberto Fernández ofreció una contundente respuesta política al FMIgate.
Informó que los responsables políticos del préstamo por unos 57 mil millones de dólares, de los cuales casi 45 mil fueron desembolsados y en pocos meses se fugaron, tendrán que dar cuenta de semejante desastre financiero ante la Justicia.
Fernández dijo, textual, lo siguiente en el discurso:
* "Pongamos fin a las aventuras de hipotecar al país, es necesario que endeudarse no sea gratis y que los responsables rindan cuentas de sus actos y dejen de circular impunes dando clases de economía en el país y en el mundo".
* "Por eso, he instruido a las autoridades pertinentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra".
Es una medida extraordinaria para fijar una posición política clara y para que no haya impunidad, base fundamental para intentar frenar la irresponsabilidad financiera de proyectos neoliberales que terminan con elevados costos económicos y sociales para las mayorías.
Las definiciones que brindó Fernández son relevantes para poner en su lugar un debate que el bloque de poder económico local e internacional siempre ha obturado. Rescató que el entonces representante de Estados Unidos en el FMI y hoy presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, a quien no nombró (Mauricio Claver-Carone), había reconocido que ese crédito excepcional fue impulsado por la administración Trump (con peso decisivo en el FMI) "para favorecer al entonces presidente Macri en la búsqueda de su reelección".
Mencionó que el crédito fue acordado "entre gallos y medianoche", sin intervenciones jurídicas y técnicas previas, "con total irresponsabilidad y a espaldas de este Congreso Nacional".
Para eludir la estrategia de la confusión deliberada que tan bien despliegan voceros del poder económico, el gobierno de Fernández no está rompiendo con el FMI, sólo está planteando que el sendero de la negociación del nuevo acuerdo será firme en base al vicio de origen del crédito entregado a Macri.
El Presidente lo expresó en forma muy trasparente para evitar malas interpretaciones: "Una deuda tomada por un gobierno irresponsable que obtuvo un crédito otorgado en su favor por motivos absolutamente políticos, merece una revisión y un tratamiento adecuado a la hora de su renegociación".
El Gobierno denuncia a los responsables del préstamo
El Banco Central dio el primer paso para abrir la querella criminal por el crédito con el FMI que acordó Macri
Imagen: NA
“Endeudar al país de ese modo, permitir que los recursos que ingresaron solo hayan posibilitado la más asombrosa fuga de divisas que nuestra historia registra y que la toma de semejante crédito haya sido resuelta entre gallos y medianoche, sin intervenciones jurídicas y técnicas previas, con total irresponsabilidad y a espaldas de este Congreso Nacional, no puede ser visto de otro modo que no sea una administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos como nunca antes habíamos registrado”, acusó el presidente, Alberto Fernández, en su discurso de apertura de las sesiones del Congreso. Como consecuencia de ese diagnóstico, el mandatario anticipó la presentación de “una querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra”.
La decisión se da en un contexto de creciente tensión política y judicial y de cara a un año electoral. El gobierno se planta en la disputa simbólica de la corrupción con un hecho paradigmático por su magnitud y las nefastas consecuencias sobre el pueblo. Por otro lado, el mensaje oficial retumba en las oficinas del FMI en Washington, en donde no sólo el equipo de Martín Guzmán negocia un nuevo acuerdo para pagar el anterior, sino que el propio organismo realiza una investigación interna por el convenio con el gobierno de Mauricio Macri y existe otra con posibilidades de arrancar este año. En la misma línea del mensaje de Alberto Fernández se había pronunciado, la semana pasada, el bloque de senadores nacionales del Frente de Todos.
Apenas terminado el discurso del Presidente, el Banco Central informó que “elevó a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y a la Oficina Anticorrupción toda la documentación vinculada al último acuerdo firmado por la Argentina con el FMI, para determinar si generaron perjuicios al Estado”. Luego del análisis de la Oficina Anticorrupción y de la SIGEN, el tema seguiría el carril judicial.
“A una Argentina en absoluto default, el FMI le adjudicó un préstamo de 55 mil millones de dólares. De esa cifra se desembolsaron 44 mil millones que solo sirvieron para facilitar la salida del mercado argentino de capitales especulativos con la absoluta anuencia de las autoridades de entonces. Ese monto adeudado, según lo acordado por el gobierno que nos precedió, debe ser pagado en cuatro años. Este año, la deuda a pagar es de 3.826 millones de dólares. En 2022 esa cifra aumenta a 18.092 millones de dólares. El año subsiguiente el monto asciende a 19.186 millones de dólares. Recién en 2024 el pago de la deuda se cancela abonando 4.921 millones de dólares”, dijo el Presidente.
La presentación del BCRA
La presentación ante la OA y la SIGEN tiene dos frentes. Por un lado, versa sobre los procesos administrativos que tuvieron lugar a la hora de la aprobación de la toma del crédito; por el otro, sobre el uso que el gobierno de turno dio a los 44 mil millones de dólares obtenidos de parte del FMI, que es contrario al compromiso asumido frente al organismo. “En el pedido de investigación se sostiene que los expedientes que dieron origen a los dos acuerdos firmados por la administración de Macri con el FMI resultarían incumplimientos a los procedimientos establecidos en diversas leyes para la constitución de deuda pública externa, así como la violación de obligaciones asumidas con el FMI”, dice el BCRA.
Los supuestos incumplimientos administrativos radican en la “ausencia de dictamen jurídico previo a la firma de la Carta de Intención y los Memorándums de Política Económica y Financiera y de Entendimiento Técnico que luego se intentó subsanar con un dictamen que se limitó a analizar si el Ex Ministerio de Hacienda se encontraba facultado para suscribir y cursar las misivas al Organismo Internacional. Ese dictamen posterior a la firma no se pronuncia sobre las cuestiones medulares que necesariamente deberían haber sido objeto de estudio legal previo a la suscripción de la Carta de Intención con el FMI: si el Poder Ejecutivo y en especial el Ex Ministerio de Hacienda, era competente para decidir y formalizar una operación de crédito público de esas características”, dice el BCRA, y agrega que “según la legislación vigente el Poder Ejecutivo Nacional no tendría facultades para la firma del acuerdo”.
Por el lado del uso del crédito, el BCRA sostiene que “entre mayo de 2018 y hasta que fueron establecidos los controles cambiarios más estrictos en octubre 2019, del total pautado con el FMI llegaron a desembolsarse cerca de 44,5 mil millones de dólares. Estos fondos junto a las reservas internacionales, abastecieron una fuga de capitales del sector privado, que alcanzó los 45,1 mil millones de dólares”. “Sin embargo, el art. VI del Convenio Constitutivo del FMI aprobado por la República Argentina por Ley 21.648 dice textualmente que ‘salvo en el caso previsto en la Sección 2 de este Artículo, ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, y el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destinen a tal fin. Si después de haber sido requerido a ese efecto el país miembro no aplicara las medidas de control pertinentes, el Fondo podrá declararlo inhabilitado para utilizar los recursos generales del Fondo’. La administración de Macri no cumplió y recién tomó medidas de contención de dicha fuga en octubre de 2019, permitiendo una salida de divisas, cuantitativamente muy importante”, dice el BCRA.
Todo lo que se vio en el recinto de Diputados
El lado B de la Asamblea Legislativa
Agustin Alvarez Rey
Desde que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dio por constituida la Asamblea Legislativa hasta el comienzo del discurso del Presidente pasó media hora. Para matizar la espera, la senadora Cristina López Valverde, que seguía la sesión de manera virtual, optó por desayunar. Los diputados y senadores que estaban en el recinto miraban con cierto asombro en las pantallas gigantes cómo la dirigente sanjuanina degustaba un té con tostadas. Mientras tanto, el senador entrerriano Edgardo Kueider decidía pasear entre las bancas sin su barbijo y protagonizar una extensa charla con Anabel Fernández Sagasti y Jorge Taiana.
Vacunas
Separados en grupos de no más de cuatro y desde el primer piso, los funcionarios fueron los que más aplaudieron cuando el Presidente hizo referencia a las vacunaciones que se realizaron en el ministerio de Salud por fuera del esquema oficial.
“Ningún gobierno de la tierra se puede arrogar el privilegio de no cometer errores, pero todo gobierno sensible si tiene la obligación de corregir esos errores para desterrar cualquier indicio de privilegio o falta de solidaridad”, dijo Fernández, y despertó uno de los aplausos más fuertes de la jornada.
Presa política
La diputada de Juntos por el Cambio por la provincia de Buenos Aires, Mónica Frade, aprovechó la Asamblea Legislativa para estrenar su estatus de “huésped de honor de Clorinda” y reclamar en contra del aislamiento preventivo impuesto en esa ciudad formoseña por el aumento de casos de coronavirus.
Para visibilizar su reclamo Frade llegó temprano, sacó de su bolso una remera a rayas para simular un uniforme carcelario con la leyenda “Clorinda 30-8-20” (fecha en la que se decretó la fase 1 en esa ciudad) y se la puso. Además, colgó una careta con el rostro del gobernador Gildo Insfrán al que también le puso el gorro de presidiario. La puesta en escena fue acompañada por los diputados Waldo Wolf y Ricardo Buryaile, que llevaron al recinto tapabocas rojos con la inscripción “Clorinda Libre”.
Esta vez en el recinto hubo un solo cartel. El diputado del FIT, Juan Carlos Giordano, colgó uno que rezaba: "Repudio al vacunatorio VIP. Vacunas para todos y todas".
Halcones
El ala dura de Juntos por el Cambio disfrutó el discurso del Presidente. Tanto Waldo Wolf como Fernando Iglesias se pasaron buena parte de la sesión sin barbijo y cuestionando a los gritos al Presidente. Desde el estrado de la Presidencia, Fernández los miró con una mueca socarrona en más de una oportunidad, pero nunca les contestó. Luis Petri, otro de los diputados del ala dura de Juntos por el Cambio, no se atrevió a levantar la voz, pero sí se levantó de su banca para tomarse una selfie con Wolf e Iglesias.
Wolf, por su parte, adquirió el comportamiento de un chico de escuela primaria. Desde la banca del fondo, pegado a la salida del recinto, sólo atinó a gritar “Lázaro Báez” y “vacunar amigos es delito” en varias oportunidades. Al término de la Asamblea Legislativa y en referencia a la actitud del referente del PRO, un diputado oficialista señaló: “Me hacen acordar a una película, Tonto y retonto”.
Desde su banca Mario Negri también cuestionó a viva voz un fragmento del discurso. A él sí le contestó el Presidente: "Tuvo cuatro años para hablar, ¿por qué no me deja hablar a mí?", retrucó a mitad de su discurso, mientras su vice, Cristina Kirchner, le ponía una mano en el brazo para calmarlo.
Si bien varios de los presentes interpretaron que la respuesta iba dirigida al vociferante Iglesias, en realidad el destinatario era al jefe de bloque opositor, según confirmó el mismo Presidente a Página/12.
Horas después de terminada la sesión Mario Negri salió a desmentir al Presidente. "Es mentira. No le hablé, no lo interrumpí. Solo respondí en rueda de prensa cuando finalizó la Asamblea", escribió el titular del interbloque de Juntos por el Cambio en su cuenta de Twitter. Ante una nueva consulta de este diario el Presidente insistió: "Se la pasó gritando “mentira” cada vez que decía algo. Hasta que le dije lo de los cuarto años"
El asentimiento de CFK
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner prescindió del barbijo durante todo la sesión, lo que dio lugar a la chicana de Fernando Iglesias. “Que se ponga el barbijo, haga cumplir la ley”, gritó el diputado.
La vicepresidenta, que arrancó la jornada cruzando chistes con la bancada oficialista, siguió el discurso del Presidente con atención y asintió con vehemencia cuando el primer mandatario anunció que avanzaría con la pesificación de la tarifas de los servicios públicos.
Marcha y PCR
La actitud de los legisladores de la oposición que se realizaron el test de PCR obligatorio el viernes para poder asistir a la Asamblea Legislativa y, un día más tarde, participaron de las movilizaciones contra el gobierno generó malestar entre los empleados del Congreso.
“Es una actitud irresponsable que pone en juego la saluda de los trabajadores”, denunció ante Página/12 una fuente del Senado.
"Hay que pisarlos cuando volvamos"
Los violentos tuits de Sandra Pitta durante el discurso de Alberto Fernández
"El anuncio: van a juzgar a todo el gobierno de Cambiemos. Hay que pisarlos cuando volvamos", escribió en su cuenta de Twitter durante la alocusión de Fernández en el Congreso, en sintonía con el tono cada vez más violento que esgrime en su discurso y en los hechos un sector de la oposición.
"Los chorros mas grandes de la historia argentina. No hay que dejarlos impunes a los K", dice en otros de sus posteos la virulenta Sandra Pitta, quien se había opuesto con fervor a la vacuna rusa Sputnik V. Agregó, minutos después, otro mensaje agresivo, en alusión a las bolsas mortuorias instaladas en Casa de Gobierno el sábado: "SON PSICOPATAS, queridos sommeliers de bolsas".
Ante críticas recibidas por otros usuarios, la opositora del actual gobierno de Alberto Fernández expresó: "Y no: no me falta formación histórica. Me sobra conocimiento de estos mentirosos".
En noviembre del 2019 la investigadora quedó en medio de una polémica tras afirmar que la etapa de mayor inversión pública del organismo había sido "durante el proceso". En ese momento, también dijo que aquel gobierno de facto desfinanció las universidades públicas porque allí estaban los “jóvenes que podían ser peligrosos” y que aumentó la inversión del Conicet en el gobierno militar luego de “limpiarlo de rebeldes”.
La liquidación de divisas del primer bimestre fue la más alta en cinco años
Los dólares de la soja llegan al Banco Central
Las cerealeras liquidaron en febrero 1810 millones de dólares provenientes de las exportaciones agropecuarias, el monto más alto de los últimos 18 años para ese mes, con excepción de febrero de 2014, informó este lunes la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC). En lo que va del año, el ingreso de divisas de la agroexportación es de 3950 millones de dólares, el más alto desde el primer bimestre de 2016.
Los valores de liquidación de divisas, que representan una buena noticia para el equipo económico, se explican por varios factores. En primer lugar, hay un efecto precios muy favorable. En el caso de la tonelada del poroto de soja, que arrastra a los derivados (harinas y aceites), la suba en poco menos de un año es de 360 dólares a 515 dólares, los mayores valores de los últimos seis años a ocho años, y lo propio muestra el maíz y el trigo. La sequía en Brasil influye en esos incrementos. Por el lado financiero, impacta el aumento de la demanda en activos físicos dada la caída de tasas en las economías desarrolladas.
El efecto precios se percibió con claridad en el resultado comercial global, que en enero tuvo un superávit de 1068 millones de dólares, de los cuales 410 millones se explican solamente por la suba de los precios de los productos que se exportan. Se estima que los ingresos por exportaciones provenientes del complejo cerealero y oleaginoso, que explica el 40 por ciento de las ventas externas del país, se ubicarían alrededor de un 30 por ciento por encima del año pasado.
También jugó a favor de la mayor liqudiación la "normalización de los embarques y camiones arribados a puertos, luego del levantamiento de las medidas gremiales; mayores ventas del productor, por la mejora del precio y la reducción de la brecha cambiaria y las necesidades de dinero por parte de los productores para financiar el ingreso de la próxima cosecha gruesa", explica Juan Pablo Gianatiempo, analista de mercados de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
Según las estimaciones de Gianatiempo, "de la campaña 2019/20 se ha vendido más del 80 por ciento de la producción de soja (41 millones de toneladas) y maíz (44 millones), mientras que en trigo el volumen alcanza las 20,5 millones. Respecto a la campaña 2020/21, en los últimos meses el ritmo de venta tuvo una mejoría notable, aunque aún restan vender 36 millones de toneladas de soja, 28 millones de maíz y 7 millones de trigo".
El Presidente y una denuncia demoledora contra la oposición
Apertura de sesiones: El foco puesto en el uso de la justicia como instrumento de persecución
Raúl Kollmann
Describió cómo se armaron arrepentidos pagados por el gobierno macrista y se espió a personas detenidas en cárceles federales y provinciales, para extorsionarlas. Tal vez olvidó mencionar que buena parte se hizo con escuchas monitoreadas por la propia Corte Suprema.
El mandatario se detuvo también, sin nombrarlo, en el presidente de la Casación, Gustavo Hornos, que visitaba en su despacho al presidente Macri antes de dictar fallos significativos. Todo hecho de manera oculta y como parte de la misma partitura.
El fenómeno descripto por el presidente se multiplica a nivel continental, a veces en forma más grosera y otras de manera más sutil. En Brasil, por ejemplo, sacaron a Luis Ignacio Lula Da Silva de la carrera electoral por un departamento en el que nunca pasó una noche, jamás estuvo a su nombre y la empresa constructora lo presentó como garantía de un crédito, o sea que el departamento era de la constructora. En Ecuador impidieron que Rafael Correa fuera candidato y lo mismo hicieron en Bolivia, ya en el marco de un gobierno dictatorial, pero con bendición judicial. Lo ocurrido en la Argentina tiene su propia impronta, pero es parte del mismo fenómeno.
El fiscal Stornelli contestó a través de los medios afines: “perseverar en cumplir con el deber y guardar silencio son la mejor forma de responder a la calumnia”. En síntesis, no tuvo respuesta al hecho de que siga en el cargo pese al procesamiento confirmado por dos delitos gravísimos.
Alberto Fernández ironizó sobre la doctrina con la que otro magistrado aliado del macrismo, el camarista Martín Irurzun, impulsó la prisión de opositores: “los exintegrantes de los gobiernos tienen poder residual”, dictaminaba Irurzun para mandar a detener a exfuncionarios de los gobiernos kirchneristas. Alberto Fernández utilizó el ejemplo de Stornelli para demostrar la doble vara: “el fiscal -no lo mencionó por su nombre- “no tiene poder residual sino poder vigente”. Pero por supuesto no se la aplicó la famosa doctrina.
Como parte de la misma utilización de la justicia para perseguir opositores, Alberto Fernández mencionó, también sin nombrar a nadie, las dos causas en las que se hizo público el espionaje, la compra de arrepentidos y hasta la extorsión. Son los expedientes que instruyó en Dolores el juez Alejo Ramos Padilla y el que investigaron el juez Juan Pablo Auge y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide en Lomas de Zamora.
“Observamos cómo sale a la luz un perverso sistema en el que se entremezclan jueces, fiscales, pretensos espías y reconocidos periodistas para hacer un seguimiento ilegal de personas detenidas y para montar extorsiones judiciales. Todas estas dudas se mezclan con otras en las que se confunden arrepentidos bien pagos con fiscales y jueces que los avalaron. Todo se sabe y todo sigue transcurriendo como si nada pasara”, denunció el mandatario.
La referencia es, por ejemplo, a todo el aparato que rodeó al falso abogado Marcelo D’Alessio, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el fiscal Stornelli, el fallecido juez Claudio Bonadio, entre muchísimos otros. Y, en paralelo, la estructura que emergió en la causa de Lomas, con la AFI espiando al Instituto Patria, a dirigentes políticos y hasta a la hermana de Macri, Florencia; el Servicio Penitenciario escuchando a los detenidos mientras hablaban con sus parejas, sus abogados y sus socios para luego extorsionarlos o quebrarlos.
Como es obvio, los integrantes del equipo de Comodoro Py le dijeron a los medios adictos, en off the record, que el presidente lanza acusaciones para defender a su vicepresidenta. La realidad es que Cristina Kirchner no tiene riesgo judicial alguno en el próximo año.
* En la causa por la obra pública en Santa Cruz, la acusación naufraga estrepitosamente y ni siquiera se la nombra en el juicio.
* El expediente por el Memorándum de Entendimiento con Irán lleva seis años sin que avance un paso.
* En dólar futuro pasa lo mismo: todavía no está claro si el juicio se hará o no, tras una pericia que destrozó las imputaciones.
* Los casos Hotesur y Los Sauces llevan siete años de instrucción, con episodios insólitos como los allanamientos encabezados por los policías-espías Leandro Araque y Jorge Saez, y recién ahora se está haciendo una pericia. Nada ocurrirá este año y dependerá de lo que ocurra en el juicio de la obra pública de Santa Cruz que tal vez termine en 2022.
* Ni hablar del caso de la muerte del fiscal Alberto Nisman, que quisieron adjudicarle al gobierno de CFK. En seis años no pudieron conseguir ni una sola prueba de que alguien haya asesinado a Nisman.
Justamente lo que ocurre es que la utilización de la justicia para perseguir opositores no depende de los hechos ni de las causas en sí mismas. Como en Brasil o Ecuador o Bolivia el objetivo es político, no importan las pruebas. Y eso es lo que denunció el presidente, reclamando que el Congreso realice un control del Poder Judicial, que se pueda nombrar un nuevo procurador y se ponga en marcha el sistema acusatorio, que arranquen los juicios por jurados y se introduzcan cambios de fondo en el funcionamiento de la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura.
La batalla no será sencilla, pero las maniobras político-judiciales-mediáticas se van desnudando, país por país.
Cómo fue el cruce en el recinto
Alberto Fernández le frenó el carro a un diputado opositor: todos miraron a Iglesias pero era a Negri
En medio de la apertura del 139° período de sesiones ordinarias del Honorable Congreso de la Nación, el presidente Alberto Fernández debió interrumpir su discurso por los gritos de fondo que profería un diputado de la oposición. Todos miraron a Fernando Iglesias, quien suele tener este tipo de actitudes y esta vez tampoco mantuvo silencio. Sin embargo, el propio Fernández le contó luego a Página/12 que su reacción fue contra otro macrista: Mario Negri. "A Iglesias solo lo miraba y le sonreía", dijo el Presidente.
"Tuvo cuatro años para hablar, ¿por qué no me deja hablar a mí, por favor?", le pidió Fernández al legislador.
La interrupción ocurrió cuando el jefe de Estado mencionaba la renegociación de la deuda externa con acreedores privados. "Es imperioso que todos afirmemos nuestro compromiso de no permitir nunca más que se genere un endeudamiento asfixiante a partir de la toma de créditos irresponsables. Quiero agradecer muy especialmente el apoyo que recibí de líderes y lideresas del mundo para lograr ese objetivo y el apoyo que continúan dando para resolver otros desafíos pendientes", expresó el presidente.
Molesto por los gritos de Negri, Fernández dejó la lectura y miró a su izquierda. "Tuvo cuatro años para hablar. ¿Por qué no me deja hablar a mí, por favor?", dijo al diputado, lo que despertó enseguida el aplauso del resto de los legisladores y la sonrisa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien al mismo tiempo intentó contener el enojo del mandatario.
Tras la sesión Negri aseguró no haber interrumpido al mandatario y aseguró que por ende no era a él a quien se había dirigido el Presidente en el Congreso. Ante las declaraciones del radical Fernández le dio a Página/12 más detalles del hecho y fue categórico en cuanto al destinatario de sus palabras: "Se la pasó gritando `mentira' cada vez que decía algo. Hasta que le dije lo de los cuarto años".
"Es un día histórico", señaló el presidente de la Cámara Argentina del Cannabis
El Ejecutivo impulsará una ley para producir cannabis con fines medicinales e industriales
El Gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto de ley para promover la producción de cannabis con fines medicinales e industriales en Argentina. Así lo anunció el presidente Alberto Fernández en su discurso de apertura de las sesiones legislativas, y en esos términos lo trabaja desde hace un mes el Ministerio de Desarrollo Productivo en conjunto con distintos referentes de la bancada oficialista de ambas cámaras legislativas. A fines de enero, dos meses después de que el cultivo de cannabis para uso terapéutico fuera legalizado por una nueva reglamentación de la Ley de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, ya se había alcanzado el primer acuerdo público - privado para impulsar la producción nacional entre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la compañía Pampa Hemp.
"El cannabis tiene propiedades de gran utilidad con fines medicinales e industriales. La industria mundial del cannabis medicinal triplicará su volumen de negocios en los próximos cinco años. El proyecto prevé la utilización del cultivo exclusivamente con fines de industrialización para uso medicinal e industrial". Esas fueron las palabras con las que este lunes el presidente anunció que el Ejecutivo enviará un proyecto de ley al Congreso para promover la producción de cannabis con fines industriales y medicinales. El proyecto se enmarca en un paquete de seis leyes que Fernández presentó como "destinadas a dinamizar la estructura de crecimiento que abordan nuevos desafíos tecnológicos y productivos".
"Es un día histórico", calificó en diálogo con Página/12 Pablo Fazio, presidente de la Cámara Argentina del Cannabis (ArgenCann) y director de Pampa Hemp, la empresa que hace poco más de un mes cerró un acuerdo con el INTA para el desarrollo de técnicas de cultivo, variedades genéticas y la creación de un banco de semillas. "No es una sorpresa porque lo veníamos trabajando con el Ministerio, pero es un hecho relevante que en la sesión inaugural el presidente ponga en valor el potencial estratégico de la industria del cannabis", agregó.
A pesar de que, en efecto, la Ley de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis establece que el Estado impulsará la "eventual industrialización" para el "uso exclusivamente medicinal, terapéutico y de investigación", los incipientes actores productivos de la industria del cannabis coinciden en que es necesario un marco regulatorio específico para incentivar la producción, más allá de la investigación y el acceso al cannabis con fines terapéuticos. Por eso, el principal objetivo estará centrado en regular e impulsar la cadena productiva de un sector con gran potencial estratégico.
A principios de febrero, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, ya se había reunido con la senadora Anabel Fernández Sagasti y las diputadas Carolina Gaillard y Mara Brawer para tratar el tema. Gaillard y Brawer presentaron en 2020 dos proyectos tendientes a promover la producción cannábica con fines medicinales y, en el caso de Brawer, para el desarrollo de la industria del cáñamo, en rubros como el textil o el alimenticio. Después de aquella reunión se había anunciado que avanzarían en un proyecto unificado, encabezado por el Ejecutivo, y ahora las dos legisladoras celebraron el anuncio presidencial a través de sus redes sociales.
"Estamos poniendo en marcha una nueva industria en el país. Además del cannabis medicinal, la nueva ley podría agregar desde la fase productiva la posibilidad de la industrialización del cannabis en otros derivados como pueden ser bebidas, alimentos, productos veterinarios, cosmética, fitopreparados, entre otras cosas", dijo en este sentido Fazio, quien detalló que "el procesamiento del cáñamo desde sus semillas, sus tallos, la extracción de sus fibras, abre un abanico de posibilidades productivas que contempla un cambio radical. Va a permitir la creación de una cantidad de proyectos productivos que inclusive pueden modificar la matriz productiva de algunas provincias para diversificar su producción".
Informe: Santiago Brunetto
CFK pidió que la audiencia sea pública
Cristina Kirchner y Axel Kicillof hablarán en la causa dólar futuro
Raúl Kollmann
El abogado de Cristina Fernández de Kirchner presentó este lunes un escrito reclamando que la audiencia del jueves en el expediente conocido como dólar futuro sea presencial y pública. Carlos Alberto Beraldi le dijo a los jueces que su clienta y el gobernador Axel Kicillof quieren ir a Comodoro Py y realizar su propia defensa. Además, reclaman hacerlo de manera pública, o sea que la audiencia sea difundida por los medios de comunicación que así lo quieran. La Sala I de la Cámara de Casación, por ahora, no aceptó ni siquiera los pedidos de acreditación que le hicieron llegar los distintos medios y todo indica que se basarán en razones epidemiológicas para rechazar el pedido de presencialidad. Pero es casi seguro que al final aceptarán la transmisión a través de los medios.
Los jueces Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña deben resolver el pedido presentado por Beraldi. La Sala I envió el viernes pasado un instructivo en el que se adelanta una restricción total: “queda prohibido retransmitir la audiencia por cualquier medio tecnológico, total o parcialmente, así como la difusión de videos, imágenes, capturas de pantalla o audios de dicho acto procesal por cualquier otro medio o dispositivo, simultáneamente o con posterioridad a su ocurrencia”. Se trata de una acordada de mayo de 2020.
Sin embargo, Beraldi le señaló a los magistrados que en el mismo edificio de Comodoro Py se hacen audiencias presenciales, como por ejemplo en la causa conocida como Vialidad u obra pública de Santa Cruz. En las audiencias están presentes los jueces y todos sus colaboradores. Además, el letrado sostiene que la metodología del zoom debe tener la conformidad de las partes y que de no aceptarse que Cristina participe de manera presencial y que la audiencia sea pública, la parte de la vicepresidenta no intervendrá. Tanto Fernández como Kicillof quieren hablar ellos mismos ante los jueces, pero sobre todo que la ciudadanía conozca sus posturas.
La audiencia es de máxima importancia porque en la causa dólar futuro se concretó una pericia, realizada por especialistas de la Corte Suprema, que determinó que no hubo ningun perjuicio para el Estado, que la política de dólar futuro se aplicó en numerosos países, que evitó una corrida cambiaria y que, en cambio, permitió evitar una caida en las reservas del Banco Central. La firma de la pericia fue unánime y sobre esa base los imputados -CFK, Kicillof, los directores y elextitular del Central, Alejandro Vanoli- pidieron que se cierre la causa por inexistencia de delito. El fiscal Diego Velasco insiste en que el juicio debe hacerse igual y ahora los camaristas de Casación tienen la última palabra.
Por los trascendidos, la Sala I mantendrá su postura. Los jueces dirán que se acogen a las acordadas de la Corte Suprema y a resoluciones de la Cámara de Casación. Afirman que hubo otros pedidos de presencialidad pero que eso implica exponer a los jueces, empleados y funcionarios, y a sus familias, ya que ninguno está vacunado.
Tal vez una solución salomónica esté en que la audiencia se realice de forma remota pero que pueda ser transmitida por los medios que lo deseen. Con ello por lo menos se preservará el derecho de la ciudadanía a conocer el contenido de la audiencia. Beraldi señaló en su escrito: “es imperativo que la gente pueda ver de primera mano y sin intermediarios en qué consisten los conflictos que se someten ante los Tribunales, cuáles son los argumentos que presentan las partes y de qué manera tales litigios son resueltos por los jueces”. Es altamente posible que Figueroa, Petrone y Barroetaveña acepten esta alternativa: no presencial, pero sí abierta a los medios.
El Presidente envía un proyecto para “desdolarizar”
Las tarifas, razonables y en pesos
En uno de los dos anuncios relevantes desde lo económico, el presidente Alberto Fernández adelantó que enviará al Congreso un proyecto de ley que busca “desdolarizar definitivamente” las tarifas de servicios públicos, para “adecuarlas a una economía que tiene sus ingresos en pesos", según las palabras del propio mandatario. Y recordó que, de seguir el esquema tarifario vigente durante el Gobierno de Mauricio Macri, el gas hubiese subido 80 por ciento en octubre y 130 por ciento en abril, mientras que la electricidad lo hubiese hecho en un 168 por ciento.
Agregó además Fernández que la idea es que “los costos fijos -los servicios públicos- que representan en las familias repercutan cada vez menos en el bolsillo familiar", siempre bajo la premisa de "preservar la sustentabilidad macroeconómica, prevista en el Presupuesto 2021".
"La pesadilla de tener que decidir entre alimentarse y pagar servicios ha llegado a su fin", afirmó ante la Asamblea Legislativa y recordó la vigencia del "congelamiento de tarifa" dispuesto al inicio de su gestión y señaló que "es momento de regularizar el sistema tarifario" con la consigna de que las tarifas "deben corresponderse con las necesidades y las capacidades de pago de nuestra gente".
En su discurso, Fernández detalló que las tarifas serán “diferenciales” según la situación patrimonial de cada usuario, y anticipó que la "conformación del nuevo cuadro tarifario va a tardar meses". En esta línea, destacó que entre los años 2016 y 2019 "los aumentos de tarifas fueron un martirio para los argentinos" y que en esos años "las empresas productoras, transportadoras y distribuidoras obtuvieron cuantiosas ganancias que en muchos casos acabaron en el bolsillo de los accionistas sin que el Estado les exigiera un plan de inversiones para sostener la calidad de los servicios". Por último, fue al detalle al mencionar que “si siguiéramos con el sistema de revisión vigente el gas debería haber aumentado 80 por ciento en octubre y 130 por ciento en abril, y la electricidad otro 168 por ciento en abril”.
“El Presidente nos está instruyendo a trabajar en un marco legal que genere un mecanismo justo de segmentación tarifaria en función de la capacidad económica y patrimonial de los sectores de usuarios y agentes económicos, que las adecuaciones tarifarias estén en línea con la evolución de los ingresos de los distintos sectores sociales, idea que desarrolló públicamente Cristina, y que los subsidios que otorga el Estado solo amparen a quienes más lo necesitan”, expresó sobre el tema el secretario de Energía, Darío Martínez.
El fomento a los hidrocarburos
El Presidente anunció también el envío al Congreso de una Ley de Promoción de la actividad hidrocarburífera y las inversiones en el sector. Al respecto, el secretario Martínez, aseguró que “el Presidente nos fijó claramente la temática principal para la continuidad de nuestra gestión, privilegiando el impulso a la extracción y transporte de los recursos hidrocarburíferos del yacimiento de Vaca Muerta, la continuidad del Plan Gas que lanzamos en 2020 y la extensión de la red de gas natural en zonas del norte y del sur en las que la dificultad de acceso a este recurso detiene la actividad productival”. Asimismo, adelantó que “trabajaremos este proyecto de ley con todos los actores de la industria: los trabajadores y trabajadoras, las PYMES y empresas regionales, los gobernadores, las empresas productoras y los representantes de la industria nacional y la ciencia y El vuelo AR1063 de Aerolíneas Argentinas, que llegó a las 19.50 al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, transportaba 702.400 unidades del primer componente de la vacuna Sputnik V y 30.100 unidades del segundo.
Se trata del último de los aviones, dos Airbus 330-200 especialmente acondicionados, que partieron el fin de semana hacia la capital de la Federación Rusa. El primer avión regresó al país este domingo con un cargamento de 147.600 unidades del primer componente de la vacuna y 369.900 dosis del complementario. En total, arribaron a Argentina 2.470.540 dosis de Sputnik V: 1.660.540 dosis 1 y 810.000 dosis 2.
A estas vacunas se suman 580 mil dosis de la Covishield, desarrollada por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca, que llegaron el pasado 17 de febrero y fueron producidas por el laboratorio Serum Institute de la India.la técnica; porque ellos serán quienes deban hacer el esfuerzo de inversión, trabajo y producción”.
En esa línea, Pablo González, Presidente de YPF, celebró el anuncio y consideró "fundamental garantizar un fuerte componente federal en esta nueva ley, mediante la creación de un régimen de desarrollo de proveedores locales que permita alcanzar niveles de eficiencia, tecnología y competitividad de clase mundial”. Agregó además que “YPF tiene que cumplir un rol central en promover acuerdos con impacto directo en todas las provincias petroleras, a través de regalías, y el desarrollo de obras de infraestructura fundamentales para generar empleo”.
De este modo, Argentina superó las 4 millones de dosis para la campaña de vacunación
Aterrizó el avión de Aerolíneas con 732 mil vacunas Sputnik
El vuelo AR1063 de Aerolíneas Argentinas, que llegó a las 19.50 al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, transportaba 702.400 unidades del primer componente de la vacuna Sputnik V y 30.100 unidades del segundo.
Se trata del último de los aviones, dos Airbus 330-200 especialmente acondicionados, que partieron el fin de semana hacia la capital de la Federación Rusa. El primer avión regresó al país este domingo con un cargamento de 147.600 unidades del primer componente de la vacuna y 369.900 dosis del complementario. En total, arribaron a Argentina 2.470.540 dosis de Sputnik V: 1.660.540 dosis 1 y 810.000 dosis 2.
A estas vacunas se suman 580 mil dosis de la Covishield, desarrollada por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca, que llegaron el pasado 17 de febrero y fueron producidas por el laboratorio Serum Institute de la India.
Además, ya hay un stock de 1 millón de dosis de la vacuna Sinopharm, que arribaron en dos envíos: el primero, de 904 mil unidades, estuvo a cargo de un vuelo de Aerolíneas Argentinas que aterrizó en Ezeiza desde Beijing, mientras que las restantes 96 mil vacunas fueron recibidas el domingo pasado en un vuelo de línea de Air France KLM.
El enojo con el Poder Judicial: “parece vivir en las márgenes del sistema republicano”
Alberto Fernández apuntó a la Corte Suprema
Irina Hauser
Imagen: Bernardino Avila
El presidente Alberto Fernández habló con enojo del Poder Judicial, advirtió que “parece vivir en las márgenes del sistema republicano”, lo describió en “crisis” y lo cuestionó por sus privilegios. Destacó la enorme injerencia que sus manejos tienen en la política, en sociedad con los grandes medios. Le pidió al Congreso que asuma un papel activo y ejerza un “control cruzado” sobre él. Anunció, además, que enviará un conjunto de proyectos de ley que tienen un denominador y un blanco común: acotar el poder y el campo de decisiones de la Corte Suprema, cuyos integrantes presenciaron la asamblea legislativa juntos, en forma remota, sentados como en una vieja foto de familia. Son propuestas tomadas de las conclusiones del consejo asesor designado en 2020 como complemento de la reforma judicial, hasta ahora fallida.
De ese paquete, la idea que más ruido generó fue la creación de un Tribunal Federal de Garantías, un tribunal intermedio que se asentaría en un territorio donde la Corte suele desplegar su discrecionalidad, que son las discusiones sobre la “arbitrariedad” de las sentencias.
En el largo tramo dedicado a la cuestión judicial, Fernández exhortó a Diputados a que avance en el tratamiento de la reforma judicial, que ya tuvo media sanción en el Senado, pero en la Cámara baja encontró una gran resistencia de la oposición y de algunos sectores del propio kirchnerismo también. La reforma judicial busca diluir la concentración de poder clásica de los tribunales federales y propiciar el avance del sistema acusatorio, oral y con poder en los/las fiscales/as.
Lo mismo pidió Fernández sobre la reforma de la Ley de Ministerio Público, donde está la llave para la designación de un/a nuevo/a titular de la Procuración General de la Nación, que dirige en forma interina Eduardo Casal –desde que el macrismo desplazó en 2017 a Alejandra Gils Carbó--, quien no sólo no ha generado una política criminal que cuestione las prácticas del lawfare, sino que ha dado cobijo a algunos de sus representantes emblemáticos, como el fiscal Carlos Stornelli, y atacado con sumarios a quienes como la fiscala Gabriela Boquin desnudaron tramas insostenibles, como la de la deuda del Correo de la familia Macri, con 19 años de trámite judicial sin que paguen un peso.
A la judicialización de la política y la politización de la justicia, y lo que describió como manipulación de decisiones “en función de intereses económicos y partidarios”, el Presidente les dedicó párrafos con ejemplos bien específicos. Se lamentó por haber creído que desplazando a la Agencia Federal de Inteligencia de los expedientes, algo mejoraría, pero esto no sucedió.
Cuando le pidió al Congreso que asuma un papel activo en el “control cruzado” sobre el sistema judicial, aludía a un gran abanico de decisiones que puedan generar modificaciones: desde el impulso de leyes que le pongan plazos a causas hasta el análisis de pedidos de juicio político a miembros de la Corte Suprema. El concepto de fondo es que el Poder Judicial controla al Legislativo y sus normas pero también es viceversa.
El Consejo Asesor
Los proyectos de ley que Fernández anunció que presentará el Poder Ejecutivo nacieron del informe que elaboró un consejo asesor, bautizado con malicia por los medios opositores como “la comisión Beraldi”, por el nombre de uno de los juristas que lo integraba, Alberto Beraldi, reconocido procesalista y abogado de Cristina Fernández de Kirchner.
La mayoría de las iniciativas, de ser aprobadas, tendrán impacto sobre la Corte y su funcionamiento. Implican en los hechos recortes de poder pero son también viejas demandas supremas del propio tribunal. Todo apunta, dijo el propio Fernández, a que la Corte se dedique exclusivamente a revisar las cuestione de “constitucionalidad de las normas aplicadas en sentencias”, que es lo que lo supremos reclaman hace años para parecerse al máximo tribunal estadounidense.
Las reformas
Fernández se refirió a algunos aspectos técnicos pero que tienen gran incidencia cuando al Corte se pone revisar sentencias con supuestos vicios, fallas o arbitrariedades. Es lo que se conoce como la doctrina de la arbitrariedad. En esencia la aplica cuando quiere y cómo quiere. En el caso de Amado Boudou, por ejemplo, rechazó la arbitrariedad y combinó esa decisión con lo que se conoce como artículo “280” del Código Procesal Civil y Comercial, que es el que les permite no dar fundamentos para, como en ese caso, dejar firme una codena.
En función de esto Fernández prevé tres reformas:
* Un proyecto que promueva un texto legal que defina qué es exactamente lo que abarca el concepto de “arbitrariedad” de una sentencia, “para acabar con la discrecionalidad que hoy se observa”.
* “Con el mismo fin, elevaremos un proyecto de ley que reglamente adecuadamente el artículo 280”, anunció. El consejo asesor había planteado distintos esquemas para que un “280” exija mayor fundamentación.
* El Presidente anunció su intención de promover “la creación de un Tribunal Federal de Garantías que tendrá competencia exclusivamente en cuestiones de arbitrariedad y al que se podrá llegar por vía del recurso extraordinario. “De ese modo –dijo-- la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría circunscribir su competencia a aquella temática que la Constitución Nacional expresamente le ha dado”.
Esta posible reforma, dijo, será conversada con los gobernadores, un aspecto fundamental para garantizar sus posibilidades de avanzar en el Congreso, donde juntar mayorías para estos temas, como está a la vista, no ha sido fácil.
Otras dos reformas muy relevantes en vista son:
* La del Consejo de la Magistratura, el organismo que elige y sanciona a los jueces. El consejo asesor había sugerido un cambio en el número de integrantes (hoy son 13, fueron propuestos más, 20 dijeron algunos juristas) y mejoras reglamentarias para mejorar los procesos de selección y de remoción de jueces/zas. Destacó que es un reclamo de la propia Corte, de hace años. “Debemos despolitizar ese ámbito, para que los mejores y más capaces magistrados lleguen a ocupar sus funciones sin condicionamientos, sin favores a devolver y sin la contaminación con los poderes corporativos o políticos”, sostuvo el Presidente.
* Llevar el juicio por jurados para delitos graves a todo el país. Hoy lo aplican varias provincias pero no todas, pese a que está previsto en la Constitución de 1853. “De lograr avanzar en esa idea, será el pueblo, constituido en jurado popular, quien con todas las garantías constitucionales podrá dictar su veredicto de inocencia o culpabilidad ante las conductas criminales que se sometan a su consideración (…) tendrá en sus manos la inmensa tarea de contribuir a recuperar la credibilidad en una real Justicia”.
Otro de los momentos donde el mandatario aludió a la Corte Suprema fue al hablar de los privilegios, aunque también se refirió otros jueces, fiscales, defensores y funcionarios judiciales en general. Se quejó porque no pagan impuesto a las ganancias (excepto quienes fueron nombrados a partir de 2017, cuando se modificó la ley) mientras tributan “millones de trabajadores y funcionarios del sector público y privado”.
Sobre los supremos en particular cuestionó que “acceder a la declaración jurada de sus bienes es virtualmente imposible” (el único que la hace pública es Horacio Rosatti). Y por los vínculos corporativos muchos permanecen en sus cargos, dijo, más allá del “tope de edad que la Constitución impone”.
Paradójicamente uno de los casos emblemáticos es el de la suprema Elena Highton de Nolasco –que fue intimada por la Anses para decidir si se queda o se jubila–, a quien Fernández promovió como integrante del tribunal en tiempos de la presidencia de Néstor Kirchner. Highton tramitó un amparo para permanecer después de los 75 años en la Corte y lo ganó.
El gran impacto de las reformas en gateras se verá, de todos modos, con la letra chica. Desde los despachos supremos hicieron saber a Página/12 que por ahora no tienen nada que opinar sobre lo anunciado. Pero ya antes amagaban con guardarse la última palabra –por ejemplo– sobre la validez constitucional de un tribunal intermedio e incluso pueden sobre una reforma del Consejo de la Magistratura.
De esto último incluso tienen un expediente latente hace años, donde el expresidente del Colegio de Abogados de Capital Federal, Jorge Rizzo, planteó la inconstitucionalidad de la integración actual (producto de una reforma del año 2006). Lo guardan para cuando les parezca el "mejor" momento.
"Las fuerzas federales son auxiliares del Poder Judicial” y “no son juezas de la sociedad”, advirtió el presidente
"La seguridad es un derecho democrático"
Carlos Rodríguez
“La seguridad es un derecho democrático” y en ese camino “el Estado tiene la obligación de trabajar incansablemente para garantizarlo”. La frase abrió el análisis que el presidente Alberto Fernández hizo ante la Asamblea Legislativa sobre seguridad y lucha contra el crimen organizado. Por otro lado, aseguró que los funcionarios de su gobierno han sido “inflexibles ante los casos de violencia institucional y hemos devuelto a las fuerzas federales al paradigma de derechos que le corresponde a nuestra democracia”.
El primer mandatario sostuvo que le han “devuelto al Estado nacional su función primordial en la investigación criminal como respuesta ante el delito complejo y como política de prevención”. En ese sentido destacó que “las grandes organizaciones criminales terminan resquebrajando el tejido social”. Por eso señaló la necesidad de “perseguir con firmeza al crimen organizado” porque es “la mejor forma de atacar la inseguridad que sufre la población”.
El Presidente dijo que esas políticas “han dado resultados significativos” porque se detectaron y redujeron “delitos que causan daños directos en la economía, a través de su impacto en la alimentación, la producción, la exportación y la importación”.
Sobre la política de drogas, aseguró que se priorizó “la desarticulación de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y no (…) la persecución del consumo” que fue uno de los ejes de las políticas desarrolladas por el ex presidente Mauricio Macri y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Precisó que con ese cambio de paradigma, se ha logrado ahora un incremento “del 40 por ciento en el decomiso de marihuana”, respecto de las cifras alcanzadas en 2019.
Hizo mención al Programa de Fortalecimiento de la Seguridad que sumó Fuerzas Federales en Buenos Aires, además de una inversión de “tres mil millones millones de pesos” “en el trabajo conjunto con la provincia de Santa Fe en la prevención y reducción del delito”.
Advirtió que los planes de seguridad “resultan impracticable bajo las condiciones de abandono y maltrato que recibieron las y los trabajadores de las fuerzas federales”. Por eso “decidí revertir la deuda salarial histórica de esas fuerzas”. A eso se sumó la inversión “material y humana en la reparación y compra de herramientas de trabajo modernas, en la puesta en valor de lo recuperable y en el trabajo para el bienestar y protección de las y los trabajadores de la seguridad”.
En ese punto, sostuvo que fueron “inflexibles ante los casos de violencia institucional” ocurridos durante su gestión, a la vez que “hemos devuelto a las fuerzas federales al paradigma de derechos que le corresponde a nuestra democracia”.
Dijo que silguen trabajando “para una seguridad democrática y moderna” donde “las fuerzas federales tienen funciones muy claras”. En ese sentido, puntualizó que “no serán utilizadas para carreras políticas ni para espectáculos mediáticos”. Subrayó que “las fuerzas federales son auxiliares del Poder Judicial” y “no son juezas de la sociedad”.
Fuente:Pagina12
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