17 de abril de 2021
Los mandatarios se reunieron durante dos horas en la Quinta de Olivos
Fernández y Larreta sin acuerdo por las clases
Hubo foto pero no hubo acuerdo. El encuentro que se llevó adelante ayer por la mañana en la Quinta de Olivos entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta no sirvió para aliviar la tensión política que rodea a la relación entre la Ciudad y la Nación desde la llegada de la segunda ola de la pandemia desatada por el coronavirus. El día en que la Argentina volvió a superar su propio el récord de contagios, con 29.472 nuevos casos y 160 fallecidos, tanto el Presidente como el jefe de Gobierno porteño ratificaron sus diferentes posturas para atacar la suba exponencial de casos en el AMBA. El jefe de Gobierno se mantuvo inflexible pese a que los datos publicados ayer por el ministerio de Salud detallaron que fueron 3313 los casos positivos registrados en la Ciudad, la marca más alta desde el comienzo de la pandemia. En ese marco, la procuradora adjunta Laura Monti dictaminó de manera exprés a favor de la competencia de la Corte Suprema de Justicia para resolver el planteo efectuado por el gobierno porteño para que se garanticen las clases presenciales, una resolución esperable teniendo en cuenta que la Procuración General sigue en manos de Eduardo Casal pero que, como en todos los casos, no es vinculante. Por otra parte, la jueza porteña Romina Tesone, que también sorprendió por su velocidad, rechazó el amparo presentado por un grupo de madres y padres para dejar sin efecto en la suspensión de las clases presenciales y también señaló que el conflicto deber ser resuelto por el máximo tribunal nacional.
Cerca del mediodía, al finalizar la reunión Fernández disparó sin miramiento contra el jefe de Gobierno. “Fue injusto e ingrato y se equivocó", sentenció el Presidente y dejó en claro tanto el tenor en el que se desarrolló la reunión como su posición respecto de las declaraciones vertidas el jueves por Rodríguez Larreta, que lo había acusado de romper el trabajo conjunto que desarrollaban las dos jurisdicciones con la decisión "inconsulta" de suspender por 15 días las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Larreta, por su parte, no se movió un centímetro de lo expresado en su anterior conferencia de prensa y volvió a cargar contra el Poder Ejecutivo “por no haber cumplido con las vacunas que prometió”.
El marco en que se había planteado la reunión -con el DNU de las nuevas restricciones dictado por el Ejecutivo ya vigente y con la presentación de la Ciudad ante la Corte Suprema ya realizada- reducía las chances de alcanzar algún tipo de acuerdo a su mínima expresión. Por eso ni el resultado de la charla en Olivos ni las declaraciones posteriores causaron sorpresa.
Desde que Larreta ingresó a la Quinta de Olivos hasta que se retiró pasaron dos horas. La charla fue mano a mano, respetuosa pero áspera en algunos tramos. Según pudo reconstruir Página/12 el principal eje del intercambio pasó por las clases presenciales. Ambos mandatarios cruzaron argumentos. Alberto Fernández explicó que las nuevas restricciones estaban sostenidas sobre base científica e insistió con que era necesario frenar la circulación masiva que producen las clases presenciales. El propio Presidente contó que ante la preocupación expresada por Larreta sobre la modificación de la modalidad en que se impartirán las clases durante los próximos 15 días le respondió con datos precisos acompañados de gráficos que reflejaban que "desde que volvieron las clases la curva había ascendido precipitadamente".
En el contacto que mantuvo con los periodistas en el mediodía de ayer el Presidente aclaró que “los datos científicos dan cuenta que el problema no ocurre en los colegios sino que detrás de la presencialidad de alumnos se genera todo un movimiento social que incrementa mucho la circulación ciudadana”. En ese marco reiteró que lo que lo que busca el Gobierno es que haya menos gente en la calle para que bajen los contagios. “El plan nuestro es reducir durante 15 días drásticamente la circulación”, sintetizó.
Por su parte, el alcalde porteño minimizó los efectos que pueda tener sobre la población en general el movimiento que genera el desarrollo del ciclo lectivo tal cual está planteado en la Ciudad. Larreta sostuvo que el comportamiento de los miembros de la comunidad educativa no es igual en el conurbano que en la Ciudad y que también se debería diferenciar el nivel primario del secundario a la hora de evaluar las medidas. Más allá del intercambio, ninguno de los mandatarios modificó su posición. Fernández tan sólo se comprometió a volver a revisar los datos dentro de 15 días. Ambos mandatarios acordaron mantener los canales de diálogo abiertos ante un escenario que vuelve a ser incierto respecto de las posibilidades de controlar el crecimiento de la suba de contagios.
El jefe de Gobierno porteño también brindó una conferencia de prensa en la cual dio su versión de la reunión y en la que le solicitó al mandatario nacional "rever su posición" respecto a las clases. En su presentación, la máxima autoridad de la Ciudad de Buenos Aires resaltó que hará "todo lo posible para que los chicos puedan estar en las aulas el lunes próximo", aunque rescató el diálogo con el presidente Alberto Fernández, al que calificó como "positivo" ya que en estos momentos "tienen la responsabilidad de coordinar esfuerzos en un momento de angustia e incertidumbre".
"Lo último que hay que cerrar son las escuelas. Yo sostengo esta convicción. El aula más peligrosa es la que está vacía", reiteró, en un mensaje confuso que intenta instalar la idea de que no habrá clases, cuando el objetivo es pasar de la presencialidad a la virtualidad.
Luego del encuentro que mantuvo con el Presidente, detalló que le llevó "todos los fundamentos de por qué es tan importante que continúen las clases presenciales" y reveló que en las próximas horas le alcanzará nuevos informes.
Niño, toma ese jarabe
Segunda ola y oposición: encuestas y cálculo político
Como en la primera ola de contagios, la región del AMBA, y fundamentalmente la CABA, es el centro de una onda expansiva. La ciudad de Buenos Aires es la que más contagios tiene en relación con sus habitantes, incluso más que el conurbano. Si se repite el mecanismo de la ola anterior, rápidamente se expandirá a los distritos vecinos y después a las provincias.
El gobierno plantea un cierre razonable entre las 20 horas y las seis de la mañana por 15 días. No es cuarentena absoluta, a pesar de que esta segunda vuelta de la epidemia es más virulenta que la anterior. Son medidas antipáticas igual que cuando hay que tomar el jarabe con gusto a remedio. Y el pataleo de Rodríguez Larreta asemejaría al de un nene que rechaza el remedio porque no le gusta, si no fuera que el país entró en un año electoral. El macrismo está decidido a que Alberto Fernández y el Frente de Todos paguen el costo de obligar a tomar el remedio a una sociedad en gran parte infantilizada.
Primero se mostraron contrarios a las restricciones. Cuando vieron el aumento exponencial de contagios, los gobiernos de Mendoza y de CABA dijeron que el gobierno nacional tenía que tomar decisiones y que no debía dejarlas al criterio de los gobernadores. Y cuando el gobierno nacional tomó las decisiones las criticaron salvajemente.
Como el adulto que le da el jarabe al nene, en los temas de salud no valen encuestas ni cálculos políticos. Si se puede circunscribir el virus al AMBA, será más fácil combatir la enfermedad y evitará sufrimientos a las provincias.
Suprimir por 15 días la presencialidad en las escuelas no es un problema tan grave. Muy pocos docentes están vacunados y muchos de ellos ya debieron pasar por uno o dos períodos de aislamiento, sin contar a los que han contraído la enfermedad o muerto por su causa. Clarín insiste en proclamar el fracaso de la campaña de vacunación.
El monitor público de vacunación señala que hay más de seis millones de personas vacunadas. En los próximos días llegará un millón y medio más de Astra Zeneca y Sputnik V. Son estándares que ubican a la Argentina entre los 16 países que más avanzaron con la vacunación, según Our World in Data. Más del 12 por ciento está vacunado.
“Las autoridades han confirmado cerca de 30 mil casos y 300 muertos por coronavirus en un día, en medio de un aumento de los contagios en las últimas semanas”. El vicecanciller de Alemania, Olaf Schiolz anunció el miércoles la restricción de salida de las regiones que tengan más de cien infectados por cien mil habitantes en una semana, así como el cierre de comercios, restaurantes e instalaciones de ocio. “No me quedaré de brazos cruzados cuando estamos en el peor momento de la pandemia”, desafió Angela Merkel. Alemania, Francia, Italia son países que han suspendido las clases presenciales. 27 países de Europa han aplicado restricciones y 21 tienen toque de queda. Las medidas para prevenir la pandemia no son invento del populismo o de Alberto Fernández. No da para que la gente de Patricia Bullrich vaya a la quinta de Olivos a escupir a los agentes de guardia para contagiarlos.
La irresponsabilidad que se ve en la calle muestra que alguna gente tiene la sensación de que la pandemia no es peligrosa. Es la que busca captar el referente de la supuesta ala blanda de Juntos por el Cambio, el jefe de gobierno de la CABA, Horacio Rodríguez Larreta.
La Nación publicó una larga nota sobre la adquisición de cien millones de vacunas Pfizer por Brasil donde ya hay más muertes que nacimientos a causa de la epidemia. Fue una forma de poner en evidencia lo que ellos denuncian como incapacidad del gobierno argentino para negociar con el laboratorio trasnacional.
El contrato fue firmado en marzo y esperan que los primeros lotes lleguen este mes. Brasil adelantó 200 millones de dólares de los mil millones del total. Pero en el contrato, la empresa no se compromete a cumplir los plazos de entrega. Al mismo tiempo, el parlamento debió aprobar una ley por la que pierde inmunidad soberana. Cualquier organismo del Estado, incluyendo su Banco Central podrá ser embargado por el laboratorio. Además la empresa no podrá ser procesada por ninguna falla o consecuencia desfavorable que produzca la vacuna. Y por último, cualquier litigio tendrá jurisdicción en Nueva York. El gobierno de Brasil ni siquiera tiene derecho a abrir una vacuna para probar su estado.
Por supuesto, el acuerdo tiene una cláusula de confidencialidad estricta. Pero como Brasil también tiene una ley de transparencia que exige dar a publicidad todos los contratos del Estado, hubo una confusión y el documento fue publicado en la página del Ministerio de Salud. Cuando se dieron cuenta lo sacaron rápidamente, pero ya circulaba por las redes.
La visita de Juan González, director para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo Nacional de Seguridad del gobierno de Joe Biden dejó una resonancia ambigua en el país. Reconoció que la actitud del FMI en pandemia no debe ser igual que en épocas normales. Adelantó que entiende la posición argentina, pero advirtió que los límites lo pondrán los negociadores.
El funcionario norteamericano afirmó que Washington será un líder global en la lucha contra la epidemia, “pero no queremos replicar el mercantilismo de Rusia y China”. Aclaró que “el mercantilismo de las vacunas de Rusia y China es para ellos una iniciativa para avanzar con su influencia. Pero es muy poco, porque no están organizando una respuesta global en la lucha contra la pandemia".
Resulta extraño que lo diga el representante de un país cuya primera decisión fue monopolizar la adquisición de vacunas y prohibir que las vacunas o cualquier insumo médico producido en su territorio se distribuya en el mundo, gracias a lo cual tiene cinco veces más vacunas que población, mientras hay países que no tienen o, como Argentina, deben esforzarse para conseguirla.
Estados Unidos embargó la exportación a México de insumos para el fraccionamiento de la sustancia activa para 12 millones de vacunas fabricada en Argentina y que debía ser procesada en ese país. Ahora Joe Biden levantó esa prohibición y se supone que comenzarán a llegar. Lo insólito es que la vacuna de Astra Zeneca, desarrollada por laboratorios británicos y suecos y fabricada en Argentina y que debía ser envasada en México, no está aprobada en Estados Unidos, por lo que en ese país había una planta desocupada. El producto argentino fue a parar a esa planta y después Estados Unidos no lo quería liberar. Ahora anuncia como si fuera un gran gesto solidario, que cederá vacunas que en realidad les pertenecen a México y Argentina.
El virus está descontrolado en Chile y en Uruguay. Quiere decir que están al límite de camas de terapia. Brasil tiene una tasa vegetativa negativa, algo que sólo ocurre en las grandes catástrofes de la humanidad. La gente se muere, pero el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se niega a suprimir las clases por 15 días porque sabe que es una medida antipática y especula con las elecciones de medio término.
"No sería prudente dejar que el virus circule en los niños", indicó un estudio
Para The Lancet, la presencialidad escolar acelera la pandemia de coronavirus
Imagen: Leandro Teysseire
La revista científica británica The Lancet publicó en los primeros días de marzo pasado un estudio en el que sostienen que la reapertura de las clases presenciales, sin la compañía de una robusta campaña de mitigación del coronavirus exitosa, puede llevar a “una aceleración de la pandemia del coronavirus”, que se traduciría en más contagios y decesos.
El artículo encabezado por la epidemióloga Deepti Gurdasani de la Queen Mary University of London y su equipo llegó a la conclusión de que los cierres de escuelas primarias y secundarias en el Reino Unido se asociaron con “reducciones sustanciales a lo largo del tiempo en el número de reproducción efectiva” del Covid-19.
“Aunque es poco probable que el COVID-19 cause una enfermedad grave en los niños, las estimaciones de la prevalencia de los síntomas prolongados del COVID basadas en la Encuesta de Infección de la OMS sugieren que el 13% de los niños de 2 a 10 años y el 15% de los de 12 a 16 años tienen al menos al menos un síntoma persistente 5 semanas después de dar positivo”, precisaron los especialistas.
En esta línea, los expertos reflexionaron que “no sería prudente dejar que el virus circule en los niños, con el consiguiente riesgo para sus familias”, debido a la “incertidumbre” sobre los efectos a largo plazo en la salud por la infección por SARS-CoV-2.
“Con la reapertura plena en un entorno de alta transmisión comunitaria, sin las salvaguardas adecuadas, se corre el riesgo de privar a muchos niños de la educación y la interacción social nuevamente, agravando las desigualdades existentes, pero, al contribuir a una alta transmisión comunitaria, también se proporciona un terreno fértil para la evolución del virus y nuevas variantes”, concluyeron.
El resumen que hizo The Lancet de la investigación
"El 22 de febrero de 2021, el gobierno del Reino Unido anunció que las escuelas en Inglaterra reabrirían por completo el 8 de marzo. Si bien regresar a la escuela lo antes posible es imperativo para la educación, el desarrollo social y el bienestar mental y físico de los niños, no es suficiente lo que se ha hecho para que las escuelas sean más seguras para los estudiantes y el personal.
Sin mitigaciones adicionales, es probable que aumente la transmisión, esta vez con variantes más infecciosas y posiblemente más virulentas, lo que resultará en más bloqueos, cierres de escuelas y ausentismo. Incluso cuando se suponía que las escuelas debían estar completamente abiertas, en los puntos de alta transmisión comunitaria, el 22% de los niños de la escuela secundaria no asistían debido al autoaislamiento.En algunas áreas, la asistencia fue tan baja como 61%.
Los argumentos de que las escuelas no contribuyen a la transmisión comunitaria y que el riesgo general para los niños de COVID-19 es muy pequeño han significado que las mitigaciones en las escuelas hayan recibido poca prioridad. Sin embargo, la evidencia citada para estos argumentos tiene serias limitaciones.
Los cierres de escuelas primarias y secundarias se han asociado con reducciones sustanciales a lo largo del tiempo en el número de reproducción efectiva (Rt) en muchos países (incluida Inglaterra) y períodos de tiempo.
Aunque es poco probable que la COVID-19 cause una enfermedad grave en los niños, las estimaciones de la prevalencia de los síntomas prolongados del COVID basadas en la Encuesta de Infección de la ONS sugieren que el 13% de los niños de 2 a 10 años y el 15% de los de 12 a 16 años tienen al menos al menos un síntoma persistente 5 semanas después de dar positivo. Dada la incertidumbre sobre los efectos a largo plazo en la salud de la infección por SARS-CoV-2, no sería prudente dejar que el virus circule en los niños, con el consiguiente riesgo para sus familias.
Reabrir plenamente en un entorno de alta transmisión comunitaria sin las salvaguardas adecuadas corre el riesgo de privar a muchos niños de la educación y la interacción social nuevamente, agravando las desigualdades existentes. Al contribuir a una alta transmisión comunitaria, también proporciona un terreno fértil para la evolución del virus y nuevas variantes.
Las mitigaciones de varios niveles pueden reducir sustancialmente el riesgo de transmisión dentro de las escuelas y los hogares. En el panel resumimos un conjunto de recomendaciones que están en línea con las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU . Y se practican en muchos países para reducir el riesgo de transmisión en las escuelas y mitigar el impacto de la COVID-19 en los niños. y familias. En el apéndice se proporciona un conjunto detallado de recomendaciones y una infografía . Hacer que las escuelas sean más seguras va de la mano con la reducción de la transmisión en la comunidad y es esencial para permitir que las escuelas vuelvan a abrir de manera segura y permanezcan abiertas."
La suspensión de las clases presenciales por la segunda ola de coronavirus
¿Qué puede pasar en la Corte Suprema con la demanda de Horacio Rodríguez Larreta?
Imagen: NA
Antes de reunirse con Alberto Fernández, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentó ante la Corte Suprema un pedido para que dicte una medida cautelar que deje sin efecto la suspensión de clases presenciales y para que declare inconstitucional el DNU del Poder Ejecutivo que la dispuso. El tribunal le pidió a la Procuración que opine si es competente y, aunque no le puso plazo para responder, la respuesta llegó en tiempo récord: el organismo interinamente a cargo de Eduardo Casal dictaminó que la Corte es competente. De todos modos, en el mundo judicial pocos/as le ven futuro a una presentación que tiene mucho más de gesto político y distractivo que de preocupación por la legalidad de una medida sanitaria y por la educación. Si a los Supremxs les agarrara un ataque de celeridad, un trámite de estas características podría durar mucho más que los 15 días de clases remotas establecidos frente a la segunda ola de coronavirus.
El gobierno porteño dice que esa es una decisión arbitraria, que viola su autonomía y el principio de igualdad. Desde el sentido común y por los precedentes, parece poco probable que la Corte pueda lanzarse a atacar el decreto y menos en forma inmediata. Pausar la presencialidad en las escuelas es una medida tomada en muchos países. Es difícil pensar que algún cortesano/a quiera aparecer como posible co-responsable de un aumento de contagios y muertes. Varios expertos señalan que no es una "cuestión judiciable", habrá que ver.
La semana próxima, el 21 de abril, la Corte espera a los representantes legales de la Ciudad de Buenos Aires y a los de la Nación para una audiencia de conciliación. Es por la demanda que inició Rodríguez Larreta a raíz del cambio del índice de coparticipación que Mauricio Macri le había elevado de 1,4 por ciento a 3,5 con la excusa del traspaso de la Policía Federal y que el presidente Fernández modificó para derivar un punto a la provincia de Buenos Aires. El máximo tribunal había recibido el primer reclamo de CABA en septiembre del año pasado y desde allí surgieron las maldiciones habituales por la judicialización de la política. Tampoco es que lo rechazó de plano. Se tomó su tiempo y ahora asume su preciado lugar de árbitro, festejado en este caso por Larreta, que salió a copar la escena otra vez, con un cuestionamiento a las restricciones que dice no querer acatar.
Al procurador, la Corte no le puso plazo para dictaminar como sí lo hizo cuando se discutían los traslados de jueces. Sin embargo, la respuesta fue rápida. En otros casos, como cuando se debatió el incremento de tarifas en 2016, el tribunal pidió un informe al Poder Ejecutivo para que fundamentara, entonces, el aumento del gas. Bien podría pedir ahora explicaciones sobre las suspensión de las clases presenciales, y también sus argumentos a Larreta. También podría llamar a una conciliación como con la coparticipación.
Una primera pregunta que deberá responder la Corte es si está de acuerdo con la Procuración respecto de su "competencia originaria", lo que implicaría tratar a CABA como una provincia. Hay un precedente de 2019 que hace suponer que dirá que es competente. Es un pleito donde la Ciudad le reclamaba a Córdoba el pago de atención médica a beneficiarios de esa provincia y es el antecedente que tomó en cuenta el dictamen de la Procuración, firmado por la fiscal Laura Monti. La única que votó en disidencia en aquel caso fue Elena Highton, lo que lleva a pensar que tal vez no participe de esta nueva discusión.
La segunda pregunta que se planteará es si se trata de un asunto que debe resolver "la política", por tratarse de una medida de ese tenor, o si es judiciable. El constitucionalista Raúl Gustavo Ferreyra sostiene que "el 'derecho federal' se impone cuando las políticas públicas en materia de salud y educación se dirigen a proteger y desarrollar el 'bienestar general' de todo el pueblo argentino" y que la acción declarativa presentada por Larreta "no debería prosperar: porque se trata de una política pública del Presidente exenta, en principio, del control judicial de constitucionalidad; una política pública, además, que se dicta en plena consonancia con la protección de la salud y la educación que debe realizar el Presidente de la República; y que de ninguna manera supone una intervención federal en la Ciudad, en la inteligencia de que el objeto de la medida se encuentra en las atribuciones del Presidente y las obligaciones del jefe de Gobierno de la Ciudad".
El ex juez de la Corte Raúl Zaffaroni le dijo a Página/12 que la demanda "carece de fundamento constitucional y sólo responde a una cuestión electoralista incomprensible desde el punto de vista ético, porque el gobernador de la Ciudad de Buenos Aires ni ningún otro, por meras especulaciones electorales, puede permitirse estar jugando con la vida de sus habitantes". Zaffaroni dice que "si bien la Constitución dispone que las provincias deben garantizar la educación primaria, no dice ni podría decir que debe hacerlo a costa del riesgo de vida de sus habitantes, según lo dicen todos los expertos infectólogos del país, en un momento en que se expande la infección en forma inusitada y la concurrencia a clases presenciales pone en riesgo de contagio a los niños y a sus familias, alcanzando incluso a población de riesgo, cuando están en su máxima ocupación las camas de terapia intensiva". En alusión el planteo de Larreta sobre la autonomía porteña, el jurista señala: "Este gobernador (le reconozco el título porque insistí en que así se lo consignase en la Constitución de la CABA en 1996) se vale del malestar que genera en muchos hogares la cuarentena con los niños, para hacer demagogia electoralista, olvidando que toda provincia es autónoma pero no independiente y, cuando un problema afecta a varias provincias, es el gobierno federal el que debe tomar las medidas, igual que en un terremoto o cualquier otra catástrofe".
A favor de Rodríguez Larreta, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez dijo que "no es proporcional la suspensión total de las clases presenciales en virtud de la verificación de premisas normativas fuertes, como el interés superior del niño, y que no existen premisas fácticas que la avalen". No sería, para el experto, que "que los colegios estén cerrados pero estén abiertos comercios". También señaló que "si a las provincias se les otorga la capacidad de adherir o no a la normativa que se dicte, la misma facultad en igualdad de condiciones titulariza la CABA". Aun así, le dijo a este diario que la presentación del jefe de gobierno "tiene pocas posibilidades de ser tratada por la Corte, que sigue ciertos pasos en estos conflictos: lo manda al procurador y la práctica es que llame a una audiencia de conciliación y recién después analice la demanda".
Para Federico Thea, que además de secretario general del gobierno bonaerense es titular de la única cátedra de Análisis de Jurisprudencia de la Corte, en la Universisad de José C. Paz, la demanda de la CABA ignora que "necesariamente el Estado Federal debe intervenir y, es más, tiene la obligación de hacerlo para proteger derechos fundamentales de la población. Desconoce además los hechos básicos de esta epidemia, que no conoce de fronteras 'políticas', y la velocidad del aumento de la curva, que justifica la adopción del DNU, no sólo por la letra del texto constitucional sino incluso según la interpretación hecha por la propia jurisprudencia de la Corte sobre en qué supuestos se puede recurrir a la figura del DNU". Thea cuestiona que "los mismos que invocaron necesidad y urgencia para derogar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y esquivaron el Congreso para designar en comisión jueces de la Corte, ahora dicen que no hay una situación de necesidad y urgencia, cuando los casos de covid aumentan minuto a minuto. Es puro marketing y golpe de efecto. Sin contenido jurídico y mucho menos datos epidemiológicos que pongan en duda la razonabilidad, proporcionalidad y necesidad de las medidas que tomó el Presidente".
Para buscar pistas sobre caminos que podría adoptar la Corte en este caso puntual, Gustavo Arballo, profesor de derecho en la Universidad de La Pampa, sugiere revisar el fallo del año pasado donde lxs supremxs le indicaban a Formosa que debía garantizar el regreso de sus ciudadanos varados fuera. Allí, el tribunal se guardaba un margen para adaptar su posición según el devenir de la realidad epidemiológica y política. Un párrafo de la resolución decía: "los tribunales deben examinar con creciente rigor las intervenciones en los derechos individuales, a medida que estas se tornan más intensas y prolongadas, para establecer no solo si está justificada la validez general de la medida, sino también su alcance". Para Arballo, "esa afirmación le da margen tanto al Gobierno para medidas restrictivas en contextos de urgencia, como a la Corte para reservarse la posibilidad de intervenir pero sin agotar esa opción rápidamente, sino ir viendo como cambia la realidad".
Zaffaroni advierte, apuntando al jefe de gobierno y de rebote a la Corte: "No estamos para bromas pseudoconstitucionales ni para triquiñuelas politiqueras. Se está muriendo gente, no hay camas, el número de contagios aumenta. ¿Qué le pasa? ¿Está en su sano juicio? ¿No ve que estas medidas se están tomando en todo el mundo? ¿La CABA no forma parte del mundo? ¡Por favor! La lucha política democrática impone límites éticos y jurídicos elementalísimos. Que respete el derecho a la vida de los habitantes de la CABA, que es el primer derecho que garantiza la Constitución que hicimos en 1996".
El juez Ercolini archivó la causa por "imposibilidad de proceder"
La resurrección de los cuadernos ya no será investigada por la Justicia
El juez federal Julián Ercolini archivó por "imposibilidad de proceder" una denuncia por presunto encubrimiento a raíz de la aparición de seis supuestos cuadernos originales escritos por el chofer Oscar Centeno, los mismos que supuestamente habían sido destruidos. El magistrado resolvió archivar "por imposibilidad de proceder, hasta tanto se logren obtener nuevos elementos que permitan esclarecer los hechos investigados" la denuncia que presentó uno de los empresarios procesados en la causa Cuadernos, Néstor Otero.
"Luego de agotadas las medidas de prueba propuestas por las partes, sin haberse individualizado al responsable del hecho denunciado, corresponde disponer el archivo de la causa, por imposibilidad de proceder", concluyó el juez sobre la investigación que había quedado radicada en el Juzgado Federal 11. El titular de este juzgado era el fallecido juez Claudio Bonadio y actualmente es subrogado por Ercolini.
Otero presentó una denuncia por supuesto encubrimiento y pidió identificar a la o las personas que, según el relato del periodista del diario La Nación Diego Cabot, le entregaron los seis cuadernos en la localidad bonaerense de Vicente López, el 22 de octubre de 2019, a días de las elecciones. Esos cuadernos serían "prueba que según el denunciante se ocultara por parte de persona o personas hasta el momento no individualizadas" y que no podían "desconocer cuan trascendentales eran", pese a lo cual las ocultó "del accionar de la Justicia por un plazo mayor a un año".
En su fallo, Ercolini se refirió a la prueba ordenada en la causa y explicó que, al declarar como testigo, Cabot se amparó en su derecho constitucional a preservar sus fuentes de información.
El Municipio de Vicente López, gobernado por Jorge Macri, no sólo no aportó las filmaciones requeridas del lugar donde se cree se concretó la entrega de los cuadernos, sino que informó al juez que habían sido borradas. Argumentó que "la capacidad de almacenamiento de las cámaras de video vigilancia era de aproximadamente 25 días, por lo que se veía imposibilitado de acceder a las filmaciones del 22/10/2019".
Los seis cuadernos fueron remitidos al Tribunal Oral Federal 7 que prepara el juicio oral contra los procesados en el caso, luego de que un actuario certificara que "se corresponderían con las fotocopias oportunamente presentadas", sobre las que se basó la causa. "Frente al cuadro de situación descripto, sólo puede disponerse el archivo de las actuaciones", concluyó el juez.
El juicio no tiene fecha de inicio aún y la Corte Suprema tiene pendientes de resolución planteos de inconstitucionalidad y nulidad de las declaraciones de los arrepentidos en el caso, entre ellas la de Centeno, quien está procesado y enviado a juicio. Entre los procesados por supuesta asociación ilícita y cohecho están la vicepresidenta Cristina Kirchner, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsecretario de Coordinación de esa cartera Roberto Baratta y exsecretario de Obra Pública José López. También fueron enviados a juicio empresarios vinculados a la obra pública y acusados de cohecho.
Apoyo para negociar con el FMI y fabricación local de la Sputnik V
Misión doble de Guzmán en Moscú
Imagen: Ministerio de Economía
Fue sorpresa para casi todos menos para su entorno, dado que se venía negociando el asunto desde el mes de febrero. El ministro de Economía, Martín Guzmán, confirmó oficialmente que extenderá la gira europea para cosechar apoyos en el marco de la negociación de la deuda con el Fondo Monetario (FMI), con el agregado de un bonus track de peso. Culminada su visita a Francia, viajará a Rusia para una doble misión: seguir construyendo consenso político internacional para acuerdos sustentables de deuda; y hablar además de la posibilidad de que Argentina fabrique a nivel local la vacuna Sputnik V.
Fuentes cercanas al ministro contaron a Página I12 que en Moscú Guzmán se encontrará con Cecilia Nicolini, asesora presidencial en temas sanitarios que ya ha estado en viajes a Rusia para traer vacunas. "La idea es profundizar la relación de cooperación estratégica", aseguraron. La agenda de encuentros tendrá reuniones para trabajar en conjunto en la prooducción de la Sputnik V en territorio argentino. Para lo cual buscarán concretar inversiones para nuevos proyectos.
Desde el Gobierno explicaron que la parte científico técnica del acuerdo está bajo el ala de Nicolini y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, que ya vienen en una relación en el marco del plan de vacunas. Naturalmente, desde Presidencia se bajó linea de sinergia con Guzmán con el objetivo de conseguir la mayor cantidad de dósis posibles y de mayor procedencia.
En paralelo, el ministro mantendrá en territorio ruso un encuentro con su par de Finanzas, Anton Siluanov, y con representantes de la Cancillería. Allí dialogará sobre las negociaciones con el FMI y sobre la necesidad de avanzar en reglas para que haya un aumento en la liquidez global del cual se beneficien los países de ingresos medios.
Tiempo de "soluciones creativas"
La visita de Guzmán a Europa llegó a París con resultados positivos, al igual que el balance de todo el periplo, que inició en Berlín. La parada francesa es importante dado que el ministro se reunió con el titular del Club de París, Emmanuel Moulin, organismo con el que Argentina tiene una deuda de 2400 millones de dólares que tiene un vencimiento en mayo. Charló también con su par de Finanzas, Bruno Le Maire
Fuentes de la negociación contaron a este diario que se logró consenso tanto con París como con el resto de los países para buscar alternativas que eviten el default. "No le conviene a nadie", admitieron los europeos en las charlas con el Gobierno. El vencimiento con París es el 31 de mayo y es casi una fija que será pospuesto.
¿Qué se espera con el Fondo? En la gira europea se charló de soluciones creativas. Se especula con que el acuerdo de Facilidades Extendidas cuente con un asterisco de extensión de plazos de pago. Así, se utilizarían los 4 o 5 años previos al primer desembolso para discutir un mayor plazo, que superaría el tope de 10 años del Facilidades. Ni el FMI ni el Club de París lo verían con malos ojos, según contaron fuentes de la negociación.
En el encuentro con los franceses, se habló también sobre las relaciones entre la Argentina y Francia, y el trabajo en el G20 para afianzar reglas que conduzcan a una mayor estabilidad y sustentabilidad global. Asimismo, Guzmán y Le Maire coincidieron en la importancia de avanzar en políticas tributarias internacionales que resuelvan el problema de la elusión impositiva que se padece con las actuales reglas de la globalización.
"Siempre es muy valioso el diálogo con mi par de Francia con quien seguimos edificando consensos sobre las relaciones de Argentina con el FMI y el Club de París, uniendo esfuerzos por un multilateralismo más sano para el mundo", afirmó Guzmán. En ese marco, también compartieron la necesidad de una negociación sustentable de la deuda.
Al inicio de la gira, Guzmán se había reunido con funcionarios de peso en Alemania, con empresarios y gobierno de Italia, y con el Papa Francisco. La parada en el Vaticano es relevante por el intento oficial de recrear un escenario de apoyos globales que permita a la Argentina tener una negociación de deuda parecida a la que derivó en un arreglo con los acreedores privados. El contacto papal es fundamental si se tiene en cuenta el vínculo cercano del Sumo Pontífice con la alemana Ángela Merkel, silla pesada en los organismos, y con la propia jefa del FMI, Kristalina Georgieva.
El magistrado de Lomas de Zamora rechazó el planteo de un ex funcionario de la AFI
Espionaje: El juez Juan Pablo Augé resiste los embates macristas para apartarlo
Luciana Bertoia
Juan Sebastián De Stefano fue durante la gestión de Gustavo Arribas el titular de la Dirección Administrativa de Asuntos Jurídicos (DAAJ), una de las áreas de mayor influencia de la AFI. En febrero, fue procesado por Augé tanto por las escuchas a los presos kirchneristas en el penal de Ezeiza como por haber participado del andamiaje legal con el que se buscó dar apariencia de legalidad al espionaje sobre Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria y en su departamento de Juncal y Uruguay. Ahora De Stefano --que estrena defensor-- buscó apartar al juez Augé, pero fracasó en el intento.
El argumento de De Stefano para buscar el apartamiento de Augé fue por no haber remitido la causa de espionaje después de que la Sala IV de la Casación Federal --con los votos de Mariano Borinsky y Javier Carbajo-- rechazara el pedido de CFK para llevar la pelea por la competencia a la Corte Suprema. Esos dos mismos camaristas --con la disidencia de la jueza Ángela Ledesma-- habían resuelto en febrero que la investigación debía mudarse a Comodoro Py, en sintonía con un pedido del secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto.
Augé le contestó a De Stefano que no la remitió porque estaba cumpliendo con la orden del superior. “Si bien la cuestión de la competencia ya fue resuelta por la Cámara Federal de Casación Penal, tal tribunal oportunamente resolvió suspender la ejecución de ese fallo hasta que éste adquiera firmeza y posteriormente, al declarar inadmisibles los recursos extraordinarios interpuestos, dispuso que la sentencia debía cumplirse 'una vez firme'”, escribió Augé.
El juez de Lomas, al denegar el planteo del exjefe de Jurídicos de la AFI, sostuvo que no aportó razones legítimas para hacer sospechar mínimamente cómo su imparcialidad podía verse afectada. “En el proceso penal necesariamente se disponen medidas que afectan a los involucrados y la recusación no puede constituir el modo de cuestionar dichos actos. De lo contrario, los jueces deberían excusarse permanentemente y sería muy fácil desplazar al magistrado cuyo comportamiento no le gusta a cada parte para lograr uno que se adapte mejor a sus intereses”, concluyó Augé.
Los planteos de De Stefano fueron hechos por un nuevo abogado que está actuando en la causa, Diego García Austt, que se incorporó a la defensa en los últimos días después de que el exjefe de Jurídicos revocara los permisos a los abogados que antes lo representaban. El tema de la representación de De Stefano fue eje de uno de los escándalos que en las últimas semanas sacuden a la Casación Federal.
El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), que es querellante por los letrados que también fueron escuchados cuando se comunicaban con sus clientes presos, pidió el apartamiento del camarista Borinsky por estar vinculado a uno de los abogados que representaban a De Stefano, Darío Rubinska. Darío es el hermano de Ramiro Rubinska, que es el concuñado del juez.
Borinsky rechazó ese planteo in limine (sin darle trámite) esta semana al igual que había hecho anteriormente con una presentación de los querellantes Rafael Resnick Brenner y Jorge Chueco, que habían marcado que el juez podía tener relación con Nieto, con quien aparecía compartiendo reuniones en la quinta de Olivos junto con Macri y estaba mencionado en un memo que el secretario habría escrito en su teléfono para consultarle por una denuncia.
Borinsky presidió la comisión para reformar el Código Penal durante el gobierno de Macri. El Colegio Público de Abogados, en su presentación, apuntó que evidentemente la relación fue más que institucional si Nieto se agendaba hacerle consultas al juez. Cuando se discutió si el juez debía apartarse del trámite, la tercera integrante de la Sala IV, Ledesma, sostuvo que debió haber hecho un informe y haberlo dejado para que sus colegas lo resolvieran y no él convertirse en su propio juez.
La intervención de la Sala IV en el caso de Lomas fue criticada tanto por Ledesma como por la camarista Ana Figueroa, quien siempre reclamó el expediente para la Sala I, donde había estado radicado inicialmente. Sin embargo, sus colegas Diego Barroetaveña y Daniel Petrone decidieron enviarlo a la Sala IV, que promueve el paso de la causa a los tribunales de Comodoro Py.
Denuncia y pedido de diálogo ante la crisis de la provincia patagónica
Duro reclamo social de la iglesia de Neuquén
Fernando M. Croxatto, obispo católico de Neuquén, emitió una carta abierta dirigida a los diferentes equipos pastorales de su diócesis en la que hace una serie de observaciones y críticas sobre la salud pública, la desocupación, el aumento del costo de vida y el cuidado del medio ambiente, entre otros temas, y reclama al gobierno provincial “que abra todos los espacios de diálogo necesarios para que la solución de los conflictos pueda ser encontrada en forma consensuada, pacífica, razonable, justa y duradera”.
El documento, emitido con motivo de cumplirse 60 años de la creación de esa diócesis católica cuyo primer obispo fue Jaime de Nevares reconocido luchador en defensa de los derechos humanos, señala que “la conflictividad social actual impone un malestar cada vez más inquietante que, luego de un año de pandemia, nos habla de una realidad provincial y nacional muy preocupante y nos llama a involucrarnos, señalando las situaciones injustas que nos reclaman a todos” marcando que el propósito es “compartir la necesidad de una mirada actual que permita reconocernos en nuestra historia con memoria agradecida y propicie a su vez los acercamientos necesarios para abordar este tiempo que estamos viviendo”.
Respecto al personal que trabaja en la salud pública el texto episcopal advierte que se trata de “un sector que ha sido sometido a esfuerzos sobrehumanos en el contexto de pandemia vivido y que se vive aún, con escasez de recursos materiales y salarios injustos que imponen la migración del recurso humano hacia el sector privado con el consiguiente resentimiento del servicio de salud al que busca acceder la ciudadanía en general y en especial los sectores más vulnerables, atento al carácter gratuito que detenta”. Denuncia también que “hoy vemos al personal de salud autoconvocados en las calles, reclamando un diálogo que no encuentra eco en quienes tienen el deber de dialogar para construir una solución”.
En una enumeración de los problemas que afronta la provincia Croxatto agrega que frente a la crisis habitacional “cada vez son más las que padecen la miseria de no tener un techo y se posicionan por condiciones más dignas de vida”, mientras los trabajadores de Cerámica Neuquén sostienen su pedido de intervención del Estado “ante el inminente remate judicial de lo que hoy es fuente de trabajo y sostén de familias”. Respecto de la situación educativa el obispo asegura que en los edificios escolares “falta de personal e insumos para cumplir con los protocolos” mientras “los miles de chicos y chicas que nunca llegaron a escolarizarse durante la pandemia y hoy requieren de aprendizajes mejores que recuperen los conocimientos perdidos” subrayando también que “la falta de conectividad en el interior y el no funcionamiento adecuado de los albergues rurales” empeora la condiciones.
El titular de la diócesis de Neuquén denuncia además que aumenta la desocupación y la incertidumbre crece en las distintas áreas de trabajo “producto de la crisis económica sostenida que atraviesa todo el arco productivo y que repercute directamente en el entramado social”. A ello se agrega, dice, “el aumento del costo de vida; la alarmante suba del precio de los alquileres, sumado al costo de los precios de la canasta básica, complican la situación de cada vez más familias y provocan la toma de tierras”. Señalando además que la crisis se agravó por “el aumento de los combustibles, teniendo presente el interior de la provincia, las grandes distancias, la migración interna por la falta de trabajo en las zonas rurales hacia la capital, con la consiguiente separación de las familias”.
El texto eclesiástico también expresa preocupación por el medio ambiente indicando que “la falta de acciones concretas por parte del Estado” en la materia muestra “un manifiesto desinterés por el cuidado de la casa común”. Y agrega que “la degradación del monte neuquino por la falta de controles en la actividad petrolera, la presión y el avance del mercado inmobiliario sobre los ecosistemas ribereños y, últimamente, la exclusión de la sociedad civil del comité de alerta hídrico ambiental son una muestra de la falta de comunión con nuestra tierra".
El documento incluye además una enumeración de situaciones de conflicto social, “manifestada en cortes de puentes y rutas que nadie desconoce”, y ante esto señala que “todos somos Estado y Nación, sin embargo, los responsables primeros y últimos de garantizar el cumplimiento de todos los derechos son quienes gobiernan”.
En directa alusión a las autoridades que gobiernan la provincia del Neuquén, el obispo Croxatto sostiene también que “observamos con preocupación en muchos conflictos, la dilación de promesas realizadas en los distintos ámbitos y, más grave aún, el incumplimiento de acuerdos que con mucho esfuerzo han sido promovidos y acompañados con distintos actores de la sociedad civil” y se pregunta si esta “¿será esta una estrategia de gobierno?”
Finalmente el obispo señala que “nuestra mayor preocupación” son “las carencias y necesidades que viven miles de neuquinos y neuquinas de todas las edades, sin que exista una respuesta de las autoridades que esté a la altura de esta dramática coyuntura que exige ser atendida, en busca de la dignidad de toda persona humana y donde parece primar ‘el poder’ detrás de las posturas y no el bien común del pueblo y de los más necesitados”
Pese a las nuevas restricciones y con 1.300 obras en marcha
Garantizan la continuidad de la obra pública
A la luz de las nuevas restricciones y con 1.300 obras en marcha, el ministro de Obras Públicas de la Nación Gabriel Katopodis, se encargó de garantizar la continuidad de la obra pública en todo el país. Lo hizo durante un encuentro con las principales cámaras empresariales, gremios y sindicatos del sector; el Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat Jorge Ferraresi; y la presidenta de AySA, Malena Galmarini.
Katopodis señaló: “En el comienzo de la pandemia generamos acuerdos entre el sector empresarial, los sindicatos y el gobierno que nos permitieron reactivar la obra pública con un porcentaje bajo de contagios. Hoy tenemos casi 1.300 obras en ejecución, con mejoras en los indicadores y el empleo” y agregó: “Junto a trabajadores, empresas y sindicatos avanzamos en el fortalecimiento de los protocolos, como lo hicimos desde el principio de la pandemia hace un año”.
El encuentro forma parte de las distintas reuniones que Katopodis mantiene desde el 2020 con los distintos sectores de la construcción y que permitieron la creación de un Protocolo de Seguridad e Higiene, para el cuidado y bienestar de todos los trabajadores en los diferentes ámbitos laborales de la obra pública.
Estos acuerdos disminuyeron las posibilidades de contagio, permitieron que la Argentina cuente hoy con 1.300 obras en ejecución y un crecimiento sostenido en los indicadores del sector. En efecto, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) registró un aumento consecutivo del sector en los últimos seis meses y una suba del 22,7 por ciento en febrero con respecto al año anterior.
El titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, aseguró: "Invertir en obra pública e infraestructura, es clave para el desarrollo estratégico de la Argentina. Por su capacidad multiplicadora de actividad económica y empleo genuino, es una de las llaves maestras para el crecimiento económico del país. Así lo entiende el gobierno nacional y compartimos su impulso a estas políticas".
El protocolo vigente incluye como medidas la higiene de manos, el uso de barbijos de manera continua, limpieza de herramientas, máquinas de uso diario, espacios en común, entre otras. Además, el empleador es el encargado del traslado de los trabajadores y de proveer todos los insumos y elementos de limpieza y seguridad en la obra, como cascos, guantes, y todos aquellos que sean fundamentales para el desarrollo de las tareas y de la complejidad de la obra.
Al respecto, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Iván Szczech, destacó: "Tenemos que seguir trabajando en conjunto como lo venimos haciendo para cuidarnos y consolidar el crecimiento de la actividad de la construcción que se empieza a ver también en el empleo. Los protocolos están funcionando correctamente, las obras no han sido foco de contagio sino por el contrario de detección de casos y aislamiento. La construcción es uno de los pilares de la recuperación económica, la revitalización de la obra pública y privada, que ya lleva unos meses, nos permitirán proyectar un futuro mejor para todos los argentinos”
“Tenemos la responsabilidad de invertir en obras, pero también de sostener y garantizar el servicio que existe. Necesitamos reforzar los protocolos y la responsabilidad colectiva para bajar al mínimo el riesgo de los trabajadores y trabajadoras esenciales como lo venimos haciendo”, concluyó Galmarini.
De Pedro se reunió con el resto de los bloques opositores en Diputados
Avanzan las negociaciones para postergar el calendario electoral por la segunda ola de coronavirus
El ministro de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, volvió a reunirse con el jefe de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el bloque del Frente de Todos y las distintas bancadas legislativas del resto del arco opositor (como ya lo había hecho con Juntos por el Cambio), donde se analizó la postergación por un mes de las elecciones primarias y generales de este año ante la situación epidemiológica que genera la segunda ola de la covid-19. Todos los que participaron del encuentro virtual mostraron su preocupación por el avance de la pandemia y su predisposición para alcanzar un acuerdo frente a la situación sanitaria. La semana próxima habrá una nueva reunión con todas las bancadas en busca de consensos para definir un proyecto que establezca un nuevo cronograma electoral y que el Congreso debe aprobar antes que venzan los plazos de la Justicia Electoral.
La reunión comenzó con algún retraso y el ministro se conectó junto a la secretaria de Asuntos Políticos, Patricia García Blanco, y a las autoridades del bloque oficialista que preside Máximo Kirchner, su vice Cecilia Moreau y la secretaria parlamentaria Cristina Alvarez Rodríguez.
De Pedro explicó que el objetivo del Gobierno era correr el calendario electoral para que las PASO no se realicen en agosto, en invierno y en un pico de enfermedades estacionales en medio de la pandemia. Por supuesto que eso obliga a correr la elección general para noviembre, ya que la Cámara Nacional Electoral ratificó la diferencia de 60 días entre ambas elecciones.
“Creemos que la posibilidad de realizar las elecciones primarias en septiembre y las generales en noviembre, les va a permitir a los argentinos y argentinas ir a votar en meses con menos saturación de los servicios de salud, ya que en el invierno es habitual que esté más exigido producto de enfermedades estacionales. Además, un corrimiento de las fechas va a dar más tiempo para continuar con el plan de vacunación. Nuestra principal preocupación sigue siendo la salud y así lo expusimos en el borrador enviado al Congreso”, planteó De Pedro.
Del otro lado escuchaban los diputados Carlos Gutiérrez, Miguel Zottos, Luis Contigiani y Enrique Estévez, por el interbloque Federal; y Ricardo Wellbach, José Ramón, y Luis Di Giácomo (desde su internación por covid), por el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo. Además de Felipe Álvarez (bloque Acción Federal), Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista) y Nicolás del Caño (del PTS – Frente de Izquierda).
Desde las bancadas opositoras mostraron su preocupación por la situación sanitaria, aunque dividieron opiniones a la hora de sostener sus propuestas. Dentro del interbloque Federal, los diputados cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti insistieron en realizar las PASO con la implementación de la boleta única y tomaron como ejemplo la reciente elección en la ciudad de Río Cuarto.
En tanto, desde el interbloque Federal para el Desarrollo, expusieron su proyecto de “suspensión” de las primarias previo informe del Ministerio de Salud sobre la marcha de la pandemia. Contigiani se pronunció a favor de la prórroga, el socialista santafesino Estévez también propuso la utilización de la boleta única y desde el FIT se pronunciaron por la “eliminación” de las PASO.
La respuesta estuvo a cargo García Blanco. La funcionaria reiteró la disposición oficial a, una vez concluida la pandemia, generar un ámbito de debate para evaluar reformas estructurales que mejoren el sistema electoral argentino y remarcó que el Congreso el único ámbito habilitado por la Constitución para innovar en materia electoral.
Al igual que en el encuentro con los diputados de JpC que se realizó la semana pasada, el ministro transmitió la propuesta del presidente Alberto Fernández para que las diferentes fuerzas políticas se incorporen a una comisión de seguimiento de la situación sanitaria y que analice el desarrollo de la pandemia a través de indicadores objetivos. Un propuesta que también comenzaría a discutirse, para definir si su alcance sería solo parlamentario o si se abriría a otros actores de la sociedad civil.
En el encuentro acordaron en volver a reunirse la semana próxima con todos los bloques de la Cámara baja con la idea de definir un proyecto común que postergue por un mes y por “única vez” el calendario electoral, para realizarla en mejores condiciones climáticas al tiempo que avance la inmunización de la población con la llegada de mas vacunas. Una propuesta que hasta ahora solo cosecha rechazo en el ala dura del interbloque macrista.
Fuente:Pagina12
No hay comentarios:
Publicar un comentario