¿Dónde está Tehuel? Retrato de
una sociedad transodiante
Resumen Latinoamericano, 5 de abril de 2021.
La violencia cis sexista que arremete contra las identidades y existencias trans no cesa. Hoy, Tehuel sigue desaparecido desde el 11 de marzo. Iba rumbo a trabajar de mozo, una changa, en tiempos de precariedad laboral e ilusiones de inclusión laboral trans.
¿Te imaginás salir de tu casa, con la ilusión de hacerte una moneda en un laburo, y no volver? ¿Posta, te lo imaginás? Hay escenarios que no se quieren ver, no solo porque se invisibilizan, sino también por hipocresía, por los gestos cotidianos y estructurales de transodio, por falta de empatía. Sí, y el dolor por la ausencia de Tehuel nos pone de frente a la complejidad de lo que nos está pasando como sociedad.
El 31 de marzo fue el día internacional de la visibilidad de las personas trans, no binarias y de género no conforme. Poner una fecha se vuelve necesario para insistir y volver sobre reflexiones necesarias, para reivindicar las existencias trans, las expresiones diversas del género, las corporalidades y la demanda de derechos. Esta conmemoración surgió en 2009 en Estados Unidos por la activista Rachel Crandall, centrada en la celebración de la vida, para desanclar la vida trans de las noticias por sus muertes. Este año, el día estuvo teñido del dolor porque falta Tehuel. En distintos puntos del país, hubo convocatorias por su aparición y para denunciar las violencias que viven cotidianamente las personas trans.
Tehuel De la Torre salió el 11 de marzo de su casa de San Vicente hacia el barrio La Esperanza, en Alejandro Korn, Buenos Aires. El joven de 22 años se dirigía a la casa de Luis Alberto Ramos, quien le había convocado para un trabajo, según la denuncia que realizó su pareja.
Días después, en un operativo en la casa de Ramos, la policía encontró el teléfono de Tehuel incendiado y prendas que le pertenecían, reconocidas por su familia. El acusado -condenado en 2009 por una causa por homicidio y denunciado por abuso sexual en 2020- fue detenido. A través del análisis de la antena de rastreo, se ubicó el celular de Tehuel en la zona de la casa de Ramos, el mismo 11 de marzo, entre las 19:30 y las 00:30 horas. Desde el 28 de marzo, también está detenido Oscar Montes, amigo de Ramos, quien se negó a declarar y está acusado de “encubrimiento en concurso real con falso testimonio”. Su detención se desprende de haber encontrado, en el celular de Ramos, una foto en la que aparecen los dos hombres y el joven trans en la casa de Montes. Verónica, la hermana de Tehuel, contó en varios medios que era un chico muy familiero, que se encargaba de los mandados y algunas tareas de la casa, y que se encontraba en la búsqueda de trabajo. “Cuando yo llegaba, le pedía que me haga algún mandado, tomábamos mates, compartíamos muchas cosas, es muy divertido”, agregó. A Tehuel le falta un año para terminar la escuela secundaria. Abandonó para poder “agarrar más changas”, tales como cortar el pasto o vender cosas de panadería. “Vivían el día a día, era necesario su aporte en la casa”, dijo su hermana.
Derecho al Travajo
En septiembre del año pasado, por Decreto presidencial, el Cupo Laboral para personas travestis, transexuales y transgénero en el sector público nacional se convirtió en normativa, para garantizar un mínimo del 1% de la totalidad de cargos y contratos para elles. Si bien varias provincias, municipios y universidades adhirieron e implementaron medidas en respuesta a la demanda histórica de los activismos disidentes, hay una dificultad en avanzar en la real implementación de la normativa. Córdoba es un caso donde no hay un régimen jurídico, estatal ni privado que obligue a cumplir con los cupos laborales y sí proyectos legislativos pendientes de tratamiento.
Ivanna Aguilera, primera mujer trans que ocupa un cargo dentro de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), referente del Área Trans – Travesti y Género No Binario de la Facultad de Filosofía y Humanidades, afirmó a La tinta: “La política de inclusión trans travesti de Córdoba es solo discursos y una escenografía. Hacen uso y abuso de las necesidades de las compañeras y sostienen solamente una escenografía. No hay políticas para la verdadera inclusión trans. Siguen poniéndonos planes sociales que mantienen un círculo de precariedad. Nos incluyeron en los servidores urbanos que es muy poca plata”.
En tiempos de precariedad laboral y uberización de los trabajos a los que acceden las juventudes, el empleo digno es una urgencia y, para el colectivo travesti trans, una deuda de la democracia. Está claro que el cupo no resuelve el problema, pero “no adherir a la ley de cupo laboral significa seguir estando por fuera del derecho; en la marginalidad; en las esquinas prostituyéndonos, con lo que eso conlleva; que se agrave la problemática de las personas trans y travestis”, expresó Aguilera a La tinta.
Un informe de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA), y la Fundación Huésped, realizado en el año 2014 -la falta de datos oficiales también habla de la invisibilización del colectivo trans y travesti-, da cuenta de la escasa terminalidad educativa. Aunque la mayoría ingresó al sistema de educación formal, es muy frecuente la deserción: entre los mayores de 18 años, 6 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres trans abandonaron el secundario, y la gran mayoría de mujeres trans dicen haber sido discriminadas en las escuelas: 7 de cada 10, por sus compañeros de clase y 4 de cada 10, por sus directores y profesores. El estudio revela que, después de la Ley de Identidad de Género, sancionada en el 2012, 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 hombres trans retornaron al sistema educativo. La experiencia del Bachillerato Popular Trans Mocha Celis en la Ciudad de Buenos Aires, una de las únicas secundarias públicas y gratuitas para personas trans y travestis del mundo, debe ser un faro para pensar y multiplicar formas educativas con acreditación, pero creadas desde la perspectiva de géneros y diversidades.
Los silencios mediáticos y la expresión mediática de la discriminación
La Ley 26.743 de Derecho a la Identidad de género -sancionada en mayo del 2012- es clara: toda persona tiene derecho a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo-género con los que allí es registrada.
En relación a los medios, la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual -sancionada en octubre del 2009-, y que regula los servicios privados y estatales de comunicación en la Argentina, establece entre sus objetivos: “Promover la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres, y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda discriminación por género u orientación sexual”.
La batería de normativas que ampliaron derechos en estos últimos años son muchas y de las más avanzadas en la región. Sin embargo -y no vamos a decir ninguna novedad-, los medios de comunicación en Argentina siguen sin cumplir y siguen reforzando discriminaciones, estereotipos transodiantes y legitimando prácticas de odio.
El abordaje de la desaparición de Tehuel demuestra, una vez más, que no alcanza lo que tenemos. En numerosos medios de comunicación (y no sólo los clásicos del periodismo anti derechos y medievales, esos a los que nosotres les decimos que #nosoncolegas), hubo muchas dificultades para nombrar a Tehuel, confusiones sobre su identidad de género. Su familia se mostró “ofuscada” por algo tan básico como su derecho a la identidad de género como varón trans.
Según los últimos datos recolectados por el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGTB -coordinado por ATTTA, la Federación Argentina LGTB y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires-, en nuestro país, la expectativa de vida promedio para personas trans travestis es de 35 a 40 años. Nos duele repetir estos datos: las causas son los transfemicidios -crímenes de odio- o por enfermedades prevenibles que se agravan por falta de tratamiento médico y la integralidad de la salud que se ve afectada por la marginalidad de quedar fuera de sus familias, escuela, trabajo, afectos.
La visibilidad es un camino de reivindicación de las existencias trans, de lucha y de resistencia, pero que hoy también asume riesgos, en una región de avance de los conservadurismos y las violencias transodiantes presentes en distintos niveles: en lo más familiar y cercano, y en lo macro del Estado, la policía, el poder judicial, el sistema sanitario, las escuelas, etc.
Hoy, nos falta Tehuel. Y vos: ¿qué vas hacer para que este tiempo sea un poco más justo y amable para las vidas trans? ¿Hasta cuándo vamos a soportar esto?
Fuente: La Tinta
La tenencia de la tierra sin mitos:
una demanda que quiere ser ley
Resumen Latinoamericano, 5 de abril de 2021.
La tenencia de la tierra ha sido, históricamente, un tema de conflicto en nuestro país. ¿Cómo debe repartirse este recurso finito y central para el desarrollo productivo? ¿Es la inversión privada la que debe decidir cuándo y dónde producir alimentos? ¿Debe el Estado intervenir y planificar?
En los 3694 kilómetros de extensión que tiene Argentina de norte a sur, hay recursos para producir casi cualquier cosa (suelo fértil, agua de calidad, diversidad climática) y también para alojar a productores de todo tipo: agricultores familiares, quinteros hortícolas, empresarios capitalizados, pooles de siembra o fincas frutícolas. Mercado interno y exportación.
Si bien hay algo de mito en el concepto de la “Argentina de los terratenientes”, es cierto que desde 1970 a esta parte se activó paulatinamente un proceso de concentración de la tierra que, junto con el avance de la frontera urbana, afectó la diversidad de la actividad agrícola. En la región pampeana, entre 1850 y 1940, se produjo una expansión y creación de colonias agrícolas que efectivamente dieron lugar a la formación de una clase media agropecuaria propietaria de la tierra, que aún persiste -sobre todo en la zona núcleo-. De hecho, el Censo Nacional Agropecuario 2018 marca que de las 250.881 explotaciones agropecuarias (EAP) con 480.191 parcelas censadas, la mayor cantidad está en la franja de las 100 a 500 hectáreas. Pero al comparar con las cifras de 2002 se observa una reducción de un 25,7% en la cantidad de explotaciones agropecuarias en solo 16 años.
Otro dato: el tamaño promedio pasó de 520 hectáreas a 627 hectáreas. Apenas el 1% de las 250.000 explotaciones registradas manejan casi el 40% de las tierras productivas del país. Del relevamiento también surge que hay un gran universo de productores que trabaja o realiza actividades en menos de 100 hectáreas. En total, se trata de unas 124.000 explotaciones que representan el 54% del total, pero que manejan apenas 3,5 millones de hectáreas, es decir, el 2% de la superficie productiva. (Ver cuadro 2.2 del censo). Respecto al régimen de tenencia de la tierra, los resultados preliminares del CNA 2018 explicitaron que efectivamente el 69% de la superficie de las parcelas corresponde a propiedad y le sigue la modalidad de arrendamiento con el 19%.
Sin embargo, bajo el modelo actual -aún en las mejores zonas productivas del país- estas hectáreas ya no le representan a una familia lo que significaban a principios del siglo XX en términos de rentabilidad, pero tampoco de posibilidades de trabajo. ¿Qué cambió?
Con la instalación de la “Revolución Verde” y fundamentalmente desde la década del noventa en adelante, la fuerte tecnificación del agro exportador, con paquetes que incluían maquinaria agrícola e insumos de última generación (sumado a un contexto económico favorable para el sector agropecuario en época del uno a uno) propició un crecimiento de la productividad que trajo consigo cambios estructurales en el uso y la tenencia de la tierra. Se consolidaron los productores medianos y grandes, capitalizados, con fuerte inversión tecnológica, deslocalizados; mientras que el sector de los productores familiares tendió a disminuir y desarrollarse como una actividad de subsistencia.
“Es el mecanismo que permitió la transformación y el pasaje de un modelo de agricultura familiar (con fuertes diferencias en el conjunto del país) a un modelo de agricultura empresarial, de escala, de alta productividad, con un esquema de gestión que utiliza el espacio rural como plataforma productiva y no como un territorio rural vivo y dinámico”, explican en el estudio La problemática de la tierra en Argentina los investigadores Marcelo Sili y Luciana Soumoulou.
Esto generó la expansión de la frontera agrícola para la implantación de cultivos commodities (como soja, maíz o trigo) promovidos por los Estados provinciales, dada su gran rentabilidad. En este contexto se producen, según Sili y Soumoulou, “ventas de tierras fiscales a precios irrisorios” que a su vez consolidan la modalidad de pooles de siembra como metodología de trabajo.
Los autores señalan que durante estos años surgen problemáticas estructurales en la regulación de la tenencia de la tierra: competencia desleal frente a inversores extranjeros, desalojos violentos, usos no sostenibles de los recursos y, por supuesto, cambios drásticos en el uso del suelo -el surgimiento del monocultivo como práctica a gran escala- que dañaron la biodiversidad. Estas prácticas desnudaron la deficiencia -o la connivencia- del Estado para la fiscalización en el reparto y explotación de la tierra. Procesos irregulares y falta de políticas para la gestión del territorio marcaron el clima de época.
Por supuesto, cada región tuvo sus particularidades en este proceso histórico. La intención de este artículo es dar cuenta de una tendencia histórica general del agro argentino, atravesado por una política nacional de liberación de las barreras comerciales, dólar barato y fuerte estímulo a los modelos de producción empresarial, inserto además en un contexto internacional como el desarrollo pleno del capitalismo luego de la caída del muro de Berlín.
Desde comienzos de los 2000 esta tendencia no hizo más que acelerarse y crecer, traccionada principalmente por el precio internacional de la soja, el famoso “viento de cola” que permitió a Néstor Kirchner, en parte, sacar a la Argentina de una fuerte depresión económica, primero a través de políticas sociales y luego mediante un proceso paulatino de re-industrialización post menemismo. Para entonces, y mucho antes de que la Ley 125 marcara un quiebre en la relación del gobierno kirchnerista con el campo, el modelo agrario era un resurgir de la Argentina como “granero del mundo”.
En este contexto, la agricultura familiar y las actividades de las Economías Regionales -como la fruticultura y la horticultura- quedaron relegadas de la centralidad de la agenda productiva, destinadas a un rol secundario. Los gobiernos mostraron escaso o nulo interés en planificar la distribución de tierras y las políticas productivas asociadas a éstas, guiados estrictamente por el desarrollo privado.
Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de falta de planificación? A la ausencia de instrumentos y normativas que definan qué sí y qué no se puede realizar en las distintas regiones del territorio, bajo qué condiciones y en función del ambiente, del perfil productivo de la zona y de las condiciones sociales. “Promoviendo de esta manera un uso diversificado, sostenible y equilibrado de las tierras y, por extensión, del territorio”, según expresan los autores citados anteriormente.
Los procesos de concentración de la tierra se dieron en detrimento de los productores más pequeños; muchos de ellos agricultores campesinos y familiares. Antes vimos que desde el 2002 al 2018 disminuyeron las EAP un 25%. Pero si miramos más atrás, la caída en las últimas tres décadas es aún peor: en ese período desapareció el 41% de las explotaciones agropecuarias, un total de 156.000 establecimientos respecto al CNA de 1988.
“En los últimos 30 años, la superficie implantada se mantuvo en unas 33 millones de hectáreas, pero la proporción de esa superficie dedicada a cultivos anuales como la soja, el trigo y el maíz aumentó de 7,67 a casi 23 millones de hectáreas, en detrimento de otras producciones como las pasturas y las producciones regionales”, dijo Javier Moreira, docente e investigador de la cátedra de Extensión y Sociología Rurales de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA), en esta nota del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE) que analiza los resultados del CNA.
Y agregó: “Quiere decir que es un proceso de concentración, con explotaciones más chicas que se anexan a otras más grandes. El problema es que tenemos más hectáreas en producción y explotaciones de mayor escala, pero menos establecimientos. La tierra no salió de la producción, sino que hay menos gente produciendo”.
En los últimos años nos acostumbramos a leer titulares que vaticinan la debacle en el negocio de los pequeños y medianos productores. Sucede con la banana en Formosa, con la pera y la manzana en el Valle, con la horticultura en casi todos los cinturones verdes del país. El fenómeno es multicausal y no se explica únicamente por el crecimiento de la soja o la existencia de los pooles de siembra. Por el contrario, para discutir qué sucede con las Economías Regionales argentinas es necesario comprender la dinámica de cada provincia, cada actividad, cada mercado. Factores como la sucesión y el cambio intergeneracional han afectado también al uso de la tierra y las nuevas formas de producir.
Sin embargo, la falta de atención de los gobiernos a estas actividades es representativa del lugar que ocupan en el agro argentino. Cuando hablan del “campo”, los funcionarios refieren a las dos o tres entidades más representativas de la Mesa de Enlace. Con ellas discuten sobre retenciones, el abastecimiento interno, el dólar más apropiado para la rentabilidad de las empresas. En segundo plano esperan el resto de las actividades que, sin embargo, también generan (incluso más) trabajo, producen alimentos frescos y exportan valor agregado.
Queda claro que en Argentina falta una política que discuta el reparto y el uso de la tierra. Sobre todo, es indispensable mirar y revisar quienes efectivamente producen los alimentos que abastecen a las grandes ciudades en un país que expulsó de la ruralidad a cientos de miles de personas, las cuales buscaron en las grandes urbes un futuro. El resultado está a la vista: altos niveles de pobreza y precariedad, nulas posibilidades de crecimiento y una oferta laboral limitada, con salarios o changas de subsistencia.
De políticas y medidas
Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner hubo un primer esfuerzo para abordar la propiedad de la tierra. Se trató de la Ley de Protección al Dominio Nacional sobre las Tierras Rurales, sancionada en 2011, con la que se buscó evitar la “extranjerización” del territorio. El texto fijó como límite de tenencia un 15% para la titularidad de tierras rurales de extranjeros, entre otras restricciones que la normativa imponía para el acceso de ciudadanos no-argentinos a territorio nacional, provincial, y municipal.
El por aquel entonces ministro de Agricultura, Julián Domínguez, había expresado que uno de los objetivos de su sanción era “garantizar la producción de alimentos argentinos”. Pero lejos estaba de mejorar algo en este aspecto: la ley no regulaba el uso de la tierra (es decir la actividad de explotación) ni tampoco lo que se hacía con los alimentos que se producían en ella. Solo fiscalizaba la cuestión de la propiedad y restringía el acceso ilimitado a los recursos argentinos.
De cualquier manera, en 2016 Mauricio Macri dio marcha atrás con estas medidas y amplió del 15% al 51% la participación de extranjeros en las sociedades autorizadas a comprar tierras en el país. Lo hizo a través de un decreto, el cual también quitó restricciones para aquellas tierras que se encontraran en “Zona Industrial”, “Área Industrial” o “Parque Industrial”, con el objetivo de que dicha superficie no sea computada a en los límites fijados por la Ley de Tierras Rurales. El argumento para estos cambios era facilitar la llegada de inversiones productivas de capital extranjero.
Si la famosa lluvia de inversiones llegó o no al país será materia a juzgar por el lector o lectora de esta nota. Lo que nos interesa destacar es que, durante la gestión de Cambiemos, la discusión por una mejor distribución de la tierra no encontró suelo fértil. Pero no solo eso, sino que Macri construyó en “el campo” (léase: el agro exportador) un fuerte aliado de su gestión política y, mientras que durante sus primeros meses bajaba las retenciones a cultivos como la soja o el maíz, por otro lado reducía presupuestariamente a instituciones claves para la agricultura familiar y campesina (como el caso de INTA, de fuerte trabajo territorial). Incluso, como explicamos en esta nota, eliminó algunos beneficios elementales para los pequeños productores, como el Monotributo Social Agropecuario.
En aquellos años la fuerte devaluación de la moneda local puso a muchos horticultores y fruticultores en la cuerda floja. Los costos por encima del precio de la mercadería -con insumos en dólares, comercializada en pesos- y un fuerte conflicto con el paradigma político que representaba la gestión de Cambiemos fueron el caldo de cultivo para que muchas organizaciones de territorio, como la Unión de los Trabajadores de la Tierra (UTT), tomaran visibilidad en la agenda mediática.
La organización realizó Verdurazos frente a Casa Rosada y en Plaza de Mayo para visibilizar “al campo que alimenta”. En un contexto de crisis económica y un acelerado proceso inflacionario, la gente llegaba de a montones a estas entregas o ventas a precios populares en espacios públicos. Luego aparecieron las cámaras de televisión y las notas en portales digitales. Lo que comenzó como una manifestación de “los inadaptados de siempre” terminó con representantes de este sector sentados, años después, en la mesa del presidente Alberto Fernández, exigiendo mejoras en las condiciones de vida de los trabajadores rurales. El reclamo por un mejor acceso a la tierra ganaba peso en el debate público.
Luego aparecieron proyectos de Ley para que los pequeños agricultores, arrendatarios, puedan acceder a créditos blandos otorgados por el Estado para comprar su porción de campo y producir allí alimentos de cercanía. Este aspecto es clave, porque cuando hablamos de las dificultades de acceso a la tierra también nos referimos a los productores que cultivan verduras desde hace años pero que, sin embargo, no pueden ser dueños de sus hectáreas por la especulación de las inmobiliarias en el avance de la frontera urbana o los precios restrictivos de los terrenos.
Se estima que en Argentina sólo el 13% de la tierra está en manos de pequeños productores, mientras que el 1% de las empresas agrarias controlan el 36% de la tierra cultivada
La UTT presentó, el pasado 22 de octubre, un proyecto de ley que busca crear un Fondo Fiduciario Público para facilitar la compra de inmuebles rurales y la construcción de viviendas para la Agricultura Familiar. Se solicitarían los recursos al Tesoro nacional y a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) los inmuebles necesarios -terrenos ociosos- para el arraigo de las familias. Una especie de Procrear Rural.
“¿Qué pedimos? En vez de pagar alquileres abusivos, pagar un crédito que nos lleve a la tierra propia y nos de seguridad para producir alimentos”, explicaron desde la organización. “Alquilamos el lote donde producimos y vivimos (o sobrevivimos) junto a nuestra familia. Los dueños de las tierras no nos permiten construir viviendas dignas, vivimos en casillas de nylon y madera”.
El proyecto ya había sido presentado en 2016, pero no se trató y perdió estado parlamentario. En 2018 tampoco fue discutido. Pero en esta oportunidad, el clima político parece ofrecer vientos favorables para el sector. Cabe recordar que en noviembre del 2020 el presidente Alberto Fernández declaró que su voluntad era avanzar en políticas de distribución de la tierra. “Este es un debate postergado históricamente y cada vez que lo hablamos siempre aparece alguien que dice ‘está hablando de reforma agraria’. Yo no le quiero sacar el campo a nadie, quiero que las tierras improductivas del Estado vayan a manos que las produzcan. Eso es todo lo que quiero”, expresó.
Pero la UTT no es la única organización que trabaja en este aspecto. La rama rural del Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE) hizo lo suyo el año pasado a través de un proyecto de ley presentado por el diputado Federico Fagioli (Frente de Todos) junto con la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). La propuesta incluye un sistema de Presupuestos Mínimos que busca proteger los espacios donde se producen alimentos frescos. Además, propone la gestión sostenible del ambiente, la preservación de la diversidad biológica y el cuidado de la salud de los trabajadores de la tierra.
Entre sus líneas de trabajo se incluye el ordenamiento territorial (la definición de espacios de producción intensiva y la prohibición de cambio del uso del suelo) así como también la protección en los contratos de arrendamiento y las líneas de apoyo técnico-financieras. Según pudo averiguar InterNos, dicho proyecto está siendo abordado en comisiones de la cámara de Diputados, donde se trabaja para aunarlo con iniciativas similares, como la de UTT.
“Los cinturones verdes son muy importantes pero están abandonados. Los productores sobreviven como pueden, se las arreglan con el mercado inmobiliario rural mano a mano. No hay una política pública en relación al alquiler, no hay crédito para el acceso a la tierra rural, no se regula la precariedad de los contratos. Si la sociedad reconoce que necesita que estos productores sigan alimentando al país, tiene que preocuparse por lo que sucede con ellos”, señaló sobre este punto Beatriz Giobellina, técnica del INTA Córdoba que participó en la elaboración del proyecto presentado por el MTE Rural/UTEP.
Mientras tanto, el gobierno mostró algunos signos positivos para con el sector en lo que va de su gestión: la creación de un Gabinete de Tierras para analizar el estado de las tierras rurales argentinas y fomentar el desarrollo; algunas líneas de crédito otorgadas por el Banco Nación y la creación del Programa de Asistencia Crítica y Directa para la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, que asistió a productores del sector afectados por eventos climáticos, sociales o particulares extremos durante la pandemia. El anuncio más significativo y concreto quizás haya sido la creación de un Plan de Inversiones, con un presupuesto inicial de 12.780 millones de pesos para el fortalecimiento de la Agricultura Familiar.
Pero la pregunta está lejos de despejarse. ¿Cuál es el proyecto productivo de este país? ¿Cuál es el plan para la fruticultura, cuál para la producción hortícola? La agroecología, que no fue nombrada en el transcurso de esta nota, ¿será parte del nuevo paradigma? Pero lo más importante, en función de todos estos interrogantes: ¿Cómo se diagramará el uso de las tierras rurales? ¿Es posible pensar en un Estado que intervenga para recuperar una ruralidad perdida, sin que eso signifique perjudicar a un sector productivo igualmente importante para el desarrollo nacional, como lo es el agroexportador?
Al respecto reflexionábamos en una nota publicada tiempo atrás, en relación a la “grieta” productiva que estanca el debate e impide pensar la convivencia de ambas actividades de manera armoniosa:
“Es necesario abrir el juego para abandonar la lógica mediante la cual todo productor de soja es un ‘empresario sojero’ con rentas extraordinarias y donde cada pequeño agricultor es ‘alguien que hace política mantenido por el Estado’. (…) Eso implica reconocer la complejidad de cada cadena para enriquecer el debate y profundizar políticas públicas que favorezcan a quienes arriesgan e invierten en la actividad productiva, sea cual sea la misma”.
Fuente: La Tinta
Los libros arden bien
Santiago Rey / Resumen Latinoamericano, 5 de abril de 2021
Más de dos mil libros de la editorial Espacio Hudson, del poeta Cristian Aliaga, se quemaron durante el incendio en Chubut. 85 años atrás, una pira de libros marcaba el inicio del franquismo en España. Un hilo posible.
Un quemar perezoso, húmedo, destructor pero ajeno a la magnificencia de las llamas, un arder que solo la insistencia de los uniformados pudo después de varias horas provocar en los libros la secuencia marrón, papiro, ceniza que terminó por desaparecerlos. Quemados y a la vez humedecidos por la brisa del mar, dejaron de ser.
Es agosto de 1936 y un grupo de soldados -la soldadesca provinciana que goza tanto la sangre ritual de los toros como la sangre caliente brotada de cuerpos republicanos- trabajosamente enciende una hoguera salada, bañada por la humedad marítima de A Coruña.
Los libros arden mal. La república de Platón exuda y levanta una estela gris; La conquista del pan ensaya una última rebeldía; en su afán de no arder, las enciclopedias esperan que una postrera brisa del Atlántico bravío se transforme en lluvia.
Mal pero arden, lentos, consumiéndose sin llamas, ante la mirada y el brazo en alto de los fascistas que en la dársena de cemento cumplen el ritual cíclico de la pira de libros.
Sin brisa marina, sin humedad atlántica, los bosques patagónicos cordilleranos desaparecen bajo el fuego, que convierte en negro y gris lo que fue verde, verde profundo. Un quemar ardiente de llamas de altura. Una hoguera inhumana.
Es marzo de 2021 y el noroeste de la patagónica provincia de Chubut se rinde ante el peor incendio del que se tenga memoria, por la cantidad de hectáreas afectadas y por el impacto en la población.
Rastros del desastre (foto Euge Neme)
Cientos de casas se queman por completo. Miles de árboles, arbustos, plantas. Todo se quema. Decenas de autos, camiones, bicicletas. Miles de medias, remeras, camisas, vestidos, pantalones. Miles de platos, tazas, vasos. Cientos de televisores, heladeras, lavarropas, sillones, camas. Todo se quema. También una editorial.
Las piras de libros no forma parte de la memoria de la ciudad. Está sucediendo ahora. Así que esto, el arder de los libros, no sucede en un pasado remoto ni a a escondidas. Tampoco es una pesadilla de ficción imaginada por un apocalíptico. No es una novela. Por eso el fuego va lento, porque tiene que vencer las resistencias, la impericia de los incendiarios, la falta de costumbre de que ardan los libros. La incredulidad de los ausentes. Bien se ve que la ciudad no tiene memoria de ese humo perezoso y reticente que se mueve en la extrañeza del aire. Incluso tienen que arder lo que no está escrito. (Los libros arden mal, Manuel Rivas, 2006)
No es una novela, dice Manuel Rivas al contar la hoguera de libros que un mes después del inicio del golpe de Estado fascista en España (antesala de la revolución española, los tres años de guerra civil y los 36 años de franquismo) humea la costa de A Coruña, Galicia. No es novela.
Novela, cuento y sobre todo poesía ardieron durante el incendio en el noroeste de Chubut. El fuego quemó el depósito de la Editorial Hudson, donde unos dos mil libros esperaban ser repartidos. También se quemó parte de la biblioteca personal de Cristian Aliaga, creador y director de la editorial.
Además poeta -gran poeta-, Aliaga prescinde de metáforas o imágenes sutiles para describir lo que sucedió: “Se quemó todo, fue tremendo”, dice. La casa de su hijo, un auto, buena parte del terreno que contenía esas viviendas y a la editorial en Cerro Radales, fueron también quemados. La vivienda particular de Cristian se salvó de las llamas. “Inexplicable”, arriesga como explicación.
Cristian Aliaga lee a Bustriazo Ortiz, delante del desastre
El calor seco de los últimos meses, la ausencia de lluvia, el viento con ráfagas de casi 100 kilómetros por hora, nutren las aclaraciones del porqué del fuego. ¿El fuego tiene un por qué?
En A Coruña No se ve la lengua del fuego, es un fuego que roe, con colmillos. (…) El humo no levanta el vuelo. Es pegajoso. Huele a carne humana.
En Lago Puelo el fuego ilumina, se ve, es llamarada. Un incendio ecuménico, que se ensaña con juguetes y poesías, con roperos y cuentos, con macetas y novelas. Todo arde por igual.
Pasadas las 16 del martes 9 de marzo de 2021, Cristian Aliaga sale con un mate a ver el humo del incendio que consume la ladera del cerro Piltriquitrón. Ve que empieza a bajar, calcula dónde están las casas de sus amigos en Las Golondrinas o El Hoyo, piensa en el miedo.
Una hora después corre al interior de su vivienda, agarra los dni de la familia, grita y escucha gritos de su mujer y su hijo, y decide irse. Otro foco del incendio viene de abajo, inesperado, arrasa todo, se une al primero. “Entre que vi el humo y que los árboles estaban prendiéndose a cinco metros de casa fueron 10 minutos”, dice Cristian. Ve cómo ardía lo suyo, como crecía la hornalla hosca / en aquel pueblo de hornos pérfidos, según el poema de Bustriazo Ortiz.
Se va del lugar. Vuelve a las dos y media o tres de la madrugada, cuando la lluvia tan deseada como inesperada aplaca las llamas. Qué pocas lluvias te quieren / como para acariciar tus flancos ríspidos / darles molicie de hombro a tus taludes, dice el poema de Ramón Minieri, que también arde.
Cristian no puede acercarse más que a 400 metros. Mira de lejos. Ve que el depósito de libros de 120 metros cuadrados ya no está.
Bajo las llamas falangistas y fascistas arden La República, de Platón. ¡Ya era hora! ¿Y éste? ¡La enciclopedia de la carne! ¡Puaf! Es un grueso volumen que levanta pavesas y estelas humeantes.
¡Otra Conquista del pan! ¿Cuántos llevamos de Conquista del pan?
¿Cuántos libros quedaron bajo las llamas patagónicas?, ¿cuántas pequeñas bibliotecas familiares?, ¿cuántos tomos en las mesas de luz?, ¿cuántas enciclopedias bajo las patas de las mesas?.
Bajo el fuego cordillerano se quema poesía. En el depósito de Hudson se quema Bustriazo Ortiz, clásicos como Arturo Carrera, Diana Bellessi, y sobre todo patagónicos, Minieri, y también Graciela Cros, Gerardo Burton, y Carolyn Riquelme, Raúl Mansilla, Eliana Navarro, y Raúl Artola, Liliana Campazzo, Andrés Cursaro, entre otres, se queman sus libros, sus poesías. ¿Cuántos?
“Unos dos mil, había unos dos mil libros”, calcula Cristian. Sus preguntas son otras, ¿cómo empezar de nuevo?, ¿dónde empezar de nuevo?, ¿por qué hacerlo? Tal vez porque haya un designio, una atadura inmaterial, una historia. Tal vez porque “hay un sino trágico que se asocia con quemazones de la dictadura, no se puede evitar esa asociación”, dice Cristian. Y contra la dictaduras o el fascismo que quema libros, como contra el fuego, se pelea, se resiste y se pelea. Y se escribe. Eso también es arder.
Para colaborar, se realiza la campaña “Comprá libros de Espacio Hudson Ediciones para ayudar a la reconstrucción». Buscalo en www.espaciohudson.com y en las redes sociales de la editorial.
(*) Aportes poéticos: Carolina Biscayart
FUENTE: En estos días
Asamblea piquetera convoca
jornada de lucha este jueves 8 de
abril
Resumen Latinoamericano, 5 de abril de 2021.
Diversas organizaciones sociales que integran la Asamblea Piquetera (la misma que recientemente reunió alrededor de 60 mil personas) se concentraron este lunes en el Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires, para lanzar un plan de lucha a nivel nacional contra el ajuste “que baja desde el FMI y que el Gobierno Nacional aplica y que incluyen áreas sensibles como Desarrollo Social a cargo de Daniel Arroyo en el marco de una pobreza récord de 20 millones de personas”. Reclamarán trabajo genuino y aumento salarial ya.
Reproducimos convocatoria:
¡Nos encontramos en estado de alerta y movilización permanente!
En medio de un contexto de recrudecimiento de la pobreza, la desocupación y el hambre, el gobierno da marcha atrás el ingreso de miles de compañerxs al programa Potenciar Trabajo, con el agravante de que atravesamos una Segunda Ola de contagios por COVID 19 que seguramente también impactará con mayor virulencia sobre lxs más humildes. Es inadmisible que jueguen con la necesidad de los sectores que menos tienen y que desde hace meses vienen luchando por conseguir un puesto de trabajo.
Esta decisión del gobierno deja en evidencia que su principal objetivo es el pago de la deuda ilegal y fraudulenta con el FMI sin importar los costos y consecuencias que esto acarrea para el pueblo trabajador. Queda claro que la principal variable de ajuste serán lxs trabajadorxs y que continuarán exigiendo que los sacrificios los hagan lxs de abajo con tal de no tocarles el bolsillo a las empresas multinacionales, al agronegocio, los bancos y las mineras.
Durante el año pasado, fuimos quienes le pusimos el cuerpo a enfrentar la pandemia en los barrios, para que nadie se quedara sin su plato de comida y también estuvimos acompañando en la primera línea a las familias aisladas por covid, hoy somos lxs que pagamos los platos rotos. Somos también lxs últimos en la lista de vacunación, mientras tenemos que soportar que lxs amigos del gobierno,las vacunas VIP, desfilen a nuestras espaldas para inmunizarse.
A esto se le suma que el costo de vida aumenta mes a mes y nuestros salarios permanecen iguales y por debajo del nivel de indigencia. Con 10 mil pesos no se puede vivir, por eso hace tiempo que venimos reclamando un aumento salarial equivalente a la Canasta Básica que hoy en día está en 56 mil pesos para una familia de cuatro integrantes, pero hasta el momento el gobierno ha hecho oídos sordos a nuestro justo reclamo.
La precarización de la vida golpea con mayor fuerza a mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales y personas no binarias. La feminización de la pobreza no es solo una frase, sino que lo vemos cotidianamente en las dificultades que tenemos para acceder a una vivienda o a un trabajo con todos los derechos. Los bajos ingresos que percibimos nos obligan a tener que convivir con nuestros agresores, y a esto se le suma que no existen políticas públicas reales para combatir la violencia de género ni tampoco un presupuesto acorde. Por otro lado, recaen sobre nuestras espaldas todas las tareas de cuidado, y al empeorar nuestras condiciones de vida el resultado es más trabajo para nosotrxs que tenemos que recorrer toda la ciudad y las distintas provincias y hacer malabares para encontrar precios accesibles que nos permitan sostener la olla.
Por todo esto, volvemos a las calles por salarios y trabajo genuino, para que a ninguna familia le falte el pan en la mesa. No vamos a permitir que el pueblo trabajador sea la variable de ajuste, mientras el gobierno se desvive por pagar una deuda ilegitima con los usureros del FMI.
¡Exigimos la apertura de los programas de empleo y aumento salarial ya!
¡Ningún salario por debajo de la Canasta Básica!
POLO OBRERO -MTR HISTÓRICO – MTR VOTAMOS LUCHAR – C.U.Ba.☆M.T.R./MIDO – MAR – M29 – BLOQUE PIQUETERO NACIONAL(T.Or.Re- AGRUPACION ARMANDO CONCIENCIA-RUP- O.T.L.)- MTR 12 DE ABRIL – FDU – BUEL – A TRABAJAR – ORGANIZACIÓN 17 DE NOVIEMBRE (M.D.L – LA WILLIAM COOKE- MUJERES EN LUCHA) – MTL REBELDE – M.B.T – FRENTE DE LA RESISTENCIA.
BARRIOS DE PIE – MST TERESA VIVE.
FOL (FRENTE DE ORGANIZACIONES EN LUCHA) -MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS (FRENTE POPULAR DARÍO SANTILLÁN CORRIENTE PLURINACIONAL; IZQUIERDA LATINOAMERICANA SOCIALISTA; MULCS MOVIMIENTO POR LA UNIDAD LATINOAMERICANA Y EL CAMBIO SOCIAL; MOVIMIENTO 8 DE ABRIL; IGUALDAD SOCIAL) – FAR Y COPA EN MARABUNTA – FOB AUTÓNOMA (FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DE BASE, AUTÓNOMA) – OLP RESISTIR Y LUCHAR
Repudian la visita de Patricia Bullrich
a Bariloche
Resumen Latinoamericano, 5 de abril de 2021.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Bariloche repudió la visita a esa ciudad rionegrina de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. La ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri participará de un “Congreso por la Paz, la Justicia y el fin de la violencia extrema en la Patagonia”, donde se convocan supuestos damnificados por los reclamos de pueblos originarios.
El organismo de derechos humanos consideró que el viaje de Bullrich busca «profundizar la violencia como la persecución del Pueblo Mapuche, del mismo modo en que lo hiciera durante su gobierno creando la figura del RAM como enemigo interno para justificar la represión y, entre otros, el asesinato de Rafael Nahuel por la fuerzas del Estado a su cargo».
Para la APDH, la prédica de Bullrich «en contra de la vacunación o de la política del actual gobierno nacional, defensor de la salud de la población como derecho humano esencial manteniendo las fuentes de trabajo y la ayuda a los sectores de la producción, demuestran su intención de continuar con la política que endeudó como nunca al país frente al FMI, favoreció la bicicleta financiera con una inflación galopante incrementando el nivel de pobreza e indigencia, que hoy como consecuencia de ese legado y de la pandemia es necesario revertir».
La declaración de la APDH señala que «el supuesto Primer Congreso por la Paz, la Justicia y el fin de la violencia extrema en la Patagonia es una falacia y reivindicará como siempre la ideología genocida de la Conquista del Desierto».
Músicxs, poetas y el teatro se sumaron
al grito unánime de «No al bloqueo
contra Cuba» / Videos con todo el
concierto solidario realizado en
Buenos Aires
Resumen Latinoamericano 5 de abril de 2021
foto de portada: Trovador cubano Juan Despaigne.
Parte 1: Actividad cultural por Cuba y contra el bloqueo. “Abajo el bloqueo” y “Viva Cuba” fueron las frases que más se repitieron en la actividad político-cultural que este domingo se realizó en Parque Centenario, en la ciudad de Buenos Aires. Parte I: Presentaciones de Carlos Aznarez y Eli Wassemann, actúan Shirlene Olivera y Héctor Celano.
Parte 2: En Parque Centenario actividad cultural contra el bloqueo a Cuba. Actuan: el trovador cubano, Juan Despaigne, Norman Briski, Paula Ferré y Adrián Odriozola.
Parte 3: Actividad en el Parque Centenario de Buenos Aires en solidaridad con Cuba y exigiendo el fin del bloqueo genocida. Actuan: Vicente Zito Lema, Eliana Wassermann, Eli Monteagudo con Pablo Spiller y Esteban Samela, y el cantante mapuche Mapu.
Nueva y multitudinaria movilización
a la embajada paraguaya condenando
al gobierno genocida de Abdo //
Exigieron aparición con vida de
Lichita Oviedo Villalba
Resumen Latinoamericano, 5 de abril de 2021.
Como todos los principios de mes desde que se produjera el secuestro, tortura y asesinato de las niñas Lilian Mariana y María Cármen Villalba, y posteriormente la desaparición forzosa de la niña Carmen Elisabeth «Lichita» Oviedo Villalba, varias organizaciones sociales se movilizaron este lunes a la embajada de Paraguay en Buenos Aires. Organizó la actividad la Campaña Internacional «Eran Niñas».
En el acto posterior, frente a una embajada vallada y con numeros policías desplegados en el frente del edificio y por las inmediaciones, pudo escucharse la voz firme pero llena de dolor y emoción de la abuela de las niñas, Mariana de Jesús Villalba, quien con 76 años sigue poniendo el cuerpo no solo para luchar ahora por su nieta Lichita sino para denunciar el infanticidio cometido por el ejército fascista paraguayo.
También se leyó un texto de las feministas de Abya Yala, se escuchó el canto sentido y nacido de las entrañas de «La Vasquita» y se leyó un documento elaborado por los convocantes.
FOTOS: RESUMEN LATINOAMERICANO
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