09 de abril de 2021
Todo lo que hay que saber sobre los cambios
Las 10 claves de la reforma de Ganancias
Imagen: NA
La proyecto que impulsó el Gobierno avanza en la concreción de una anhelada reivindicación de los trabajadores. Así la administración de Alberto Fernández se diferencia de la de Mauricio Macri, que había prometido lo mismo, pero no solo no lo hizo sino que amplió el universo de contribuyentes alcanzados por el impuesto. Lo que sigue es un detalle con las claves la reforma y su impacto en el bolsillo de quienes se ven beneficiados.
1. ¿Qué trabajadores quedan exceptuados del pago del Impuesto a las Ganancias?
Con la reforma sancionada por Cámara de Senadores, solo pagarán Ganancias quienes perciban un salario bruto mensual superior a los 150 mil pesos (124.500 pesos de bolsillo). Para calcular si se supera ese techo, se considerarán todos los importes percibidos en un mes, con excepción del aguinaldo. Hasta ahora, quienes pagan el tributo son los empleados en relación de dependencia solteros sin hijos menores con un sueldo promedio neto mensual de 74.810 pesos y los casados con dos hijos menores que cobran a partir de 98.963 pesos.
2. ¿Qué pasa con los jubilados?
El proyecto eleva el mínimo no imponible para el pago de Ganancias de 6 a 8 haberes mínimos. Por lo tanto, solo pagarán el impuesto los que ahora cobran a partir de 164.571 pesos mensuales. Además, ese piso se ajusta automáticamente cada 3 meses por la ley de movilidad jubilatoria.
3. ¿Cuántos son los trabajadores y jubilados que dejan de pagar Ganancias?
El gobierno informó que 1.267.000 trabajadores, jubilados y pensionados dejarán de pagar Ganancias. A su vez, otras 102.741 personas pagarían menos. En el caso de los jubilados y pensionados, solo venían pagando Ganancias unos 160 mil, cerca del 3 por ciento del total, ya que el 70 por ciento de los pasivos cobra la mínima. Ahora, de esos 160 mil, unos 130 mil dejarán de pagar y los 30 mil restantes pagarán una cifra menor.
4. ¿Desde cuándo rigen los cambios?
La ley será retroactiva al 1 de enero de 2021.
5. ¿A los trabajadores y jubilados que queden exceptuados del impuesto les van a devolver lo que les retuvieron este año hasta la sanción de la ley?
Sí, con el cobro de los sueldos y jubilaciones de abril recibirán lo que les retuvieron en enero, febrero y marzo. Se estima que la devolución alcanzaría los 10.000 millones de pesos, unos 7893 pesos por beneficiario en promedio.
6. Si me aumentan el sueldo en los próximos meses y supero el mínimo no imponible, ¿vuelvo a pagar Ganancias?
Las variables del esquema impositivo se actualizan anualmente según la variación registrada por la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte). En el caso de Ganancias, el mínimo no imponible para este año quedaría definido en 150 mil pesos brutos. Por lo tanto, puede ocurrir que un trabajador quede excluido ahora y en los próximos meses reciba un aumento que lo haga superar ese techo y vuelva a pagar Ganancias. No obstante, se acordó facultar al Poder Ejecutivo a incrementar esos topes mínimos durante el ejercicio fiscal 2021.
7. ¿Habrá deducciones especiales para los trabajadores que perciben un salario de entre 150 y 173 mil pesos brutos mensuales?
Se dispuso una deducción especial para que no paguen quienes cobren hasta 150.000 pesos brutos, pero no se modificaron las escalas del impuesto. Por lo tanto, quienes lo sigan pagando deberán tributar las alícuotas más elevadas de la tabla. De ese modo, puede ocurrir, por ejemplo, que quien cobra un salario bruto de 160 mil pesos termine recibiendo en mano un monto menor que quien percibe 150 mil pesos, porque el primero está alcanzado por el impuesto y el segundo dejó de estarlo. Con la intención de afrontar estas distorsiones, el proyecto oficial faculta al Poder Ejecutivo a aplicarle una deducción especial a quienes cobrar entre 150 mil y 173 mil pesos brutos por mes. No obstante, el proyecto no establece cómo serían esas modificaciones sino que habilita a que sea el gobierno quien las defina.
8. ¿Qué deducciones adicionales introdujo el proyecto?
El contribuyente puede deducir actualmente 156.320 pesos anuales del impuesto a las Ganancias por su cónyuge, si este no percibe ingresos. El proyecto amplió esa deducción también a los concubinos, a quienes se define como “integrantes de la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo”. AFIP será la encargada de reglamentar los requisitos necesarios para acceder a ese beneficio. Además, los gastos de guardería para niños de hasta tres años no pagarán Ganancias por un tope anual de 67 mil pesos y se duplica el tope de los gastos que se pueden deducir por hijos con discapacidad pasando de 78.833 a 157.666 pesos. A su vez, se elimina el requisito de que los hijos discapacitados sean menores de 18 años. También se acordó deducir del impuesto la provisión de herramientas educativas para los hijos del trabajador y el otorgamiento o pago documentado de cursos o seminarios de capacitación hasta un límite equivalente al 40 por ciento. Por último, se acordó que no se tributará el impuesto sobre los suplementos que cobra el personal militar en actividad por título terciario, realización de actividades arriesgadas o trabajo en zonas insalubres o penosas y se decidió eximir los bonos por productividad que cobran los trabajadores hasta el 40 por ciento de la ganancia siempre que no supere los 300 mil pesos.
9. ¿Se mantiene la exención del tributo sobre las horas extra para el personal de salud?
El gobierno había decidido otorgar ese beneficio por decreto entre marzo y diciembre del año pasado y la nueva norma lo extiende a raíz de la continuidad de la pandemia. Además, se sumó entre los exceptuados a los recolectores de residuos.
10. ¿Cuál es el costo fiscal de los cambios en Ganancias?
La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que por la suba del mínimo no imponible se dejarían de recaudar unos 47.600 millones de pesos, pero la cifra no contempla el impacto de los últimos cambios que se negociaron este fin de semana en la sesión de Diputados. En el gobierno afirman que ese impacto se verá morigerado por el impulso adicional al consumo que generen estos cambios, la mayor actividad económica y el crecimiento adicional de la recaudación. Además, se decidió incrementar el peso del impuesto a las Ganancias para empresas.
El Senado convirtió en ley el proyecto que eleva el piso del impuesto
Los sueldos menores a $150 mil no pagarán Ganancias
La Cámara de Senadores sancionó le ley de modificación del impuesto a las Ganancias, la iniciativa que eleva el salario mínimo alcanzado por el tributo a los 150 mil pesos brutos, equivalente a unos 124.500 pesos de bolsillo. La medida beneficia a 1,2 millón de trabajadores y jubilados que constituyen la parte más alta de la pirámide de ingresos. Con el cambio, apenas el 7 por ciento de los asalariados pagarán el impuesto a las Ganancias, uno de los pocos de carácter progresivo en el país. La votación logró un apoyo casi unánime para el proyecto presentado por el diputado Sergio Massa, con 66 votos a favor y una abstención en el Senado. El debate y la votación se hizo en forma conjunta al proyecto de reforma del Monotributo (ver aparte), que obtuvo el mismo resultado.
La ley contempla la modificación de las siguientes deducciones: 1) el personal de salud seguirá eximido hasta septiembre de pagar el gravamen por las guardias u horas extras; 2) los gastos de guardería para niños y niñas de hasta tres años serán deducibles de Ganancias hasta un tope anual de 67 mil pesos; 3) se duplica la deducción por hija o hijo discapacitado, que en la actualidad es de 78.833 pesos anuales, y se eliminó el tope de edad; 4) se podrá deducir de Ganancias la compra de herramientas educativas por parte de los trabajadores asalariados; 5) se permitirá la deducción por concubino, cualquiera fuera su sexo; 6) la provisión de ropa, equipamiento del trabajador para uso exclusivo de sus funciones o el otorgamiento de un pago por capacitación, no pagará el impuesto a las Ganancias; 7) se mantiene el incremento del 22 por ciento del plus patagónico en las deducciones en el gravamen para los trabajadores de la región; 8) el personal de las Fuerzas Armadas no pagará Ganancias por los suplementos por título, zona desfavorable o desarraigo.
Del total de empleados en relación de dependencia, el pico de afectados por el impuesto a las Ganancias se verificó en 2013, con el 29,5 por ciento. Luego se redujo aunque el gobierno de Mauricio Macri volvió a elevar esa proporción desde el 12,2 por ciento en 2015 al 25,6 por ciento el año pasado.
¿Pueden usar el transporte público?
Cómo impactan las nuevas restricciones en el personal de casas particulares
Tras el anuncio del Gobierno nacional de nuevas restricciones, que comenzarán a regir a partir del viernes para controlar el aumento de casos de contagios en el país, surgieron dudas acerca de cómo afectaría a las diferentes actividades, entre ellas el trabajo del personal de casas particulares.
El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aclaró que aquel sector del ámbito laboral "está autorizado a usar el transporte público en el AMBA", y agregó que "todos deberán tener un Certificado Único de Circulación, como el año pasado". "Lo pueden sacar por la página oficial o la app Cuidar", precisó.
Según el artículo 16 del Decreto publicado este jueves, en el ámbito del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el servicio público de transporte de pasajeros urbano e interurbano solo podrá ser utilizado por las personas afectadas a las actividades, servicios y situaciones comprendidas en el artículo 11 del decreto N° 125/21.
Además del personal afectado a aquellas actividades consideradas esenciales también podrán usar el transporte público quienes deban concurrir a un un centro de salud o tengan turno de vacunación, con sus acompañantes, si correspondiera. En estos casos, deberán obtener el “Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia Covid-19".
Si bien el trabajo de los empleados y las empleadas domésticas no aparece dentro de las actividades esenciales, el sector cuenta con la habilitación para utilizar el transporte público en la nueva etapa de confinamiento según las disposiciones actualizadas por el Gobierno esta semana.
La autorización rige para los empleados y empleadas de casa particulares de la Ciudad Autónoma de Buenos y Aires y de los siguientes municipios de la provincia de Buenos Aires: Almirante Brown, Avellaneda, Bahía Blanca, Berazategui, Berisso, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Pueyrredón, General Rodríguez, General San Martín y Hurlingham.
También contempla a los municipios Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Nicolás, San Vicente, Tandil, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.
A través del sitio www.argentina.gob.ar del Gobierno, los trabajadores exceptuados tendrán que tramitar la declaración jurada, completar el formulario con los datos personales y laborales requeridos para tramitar el certificado habilitante de circulación y descargarlo o llevarlo en el celular a través de la aplicación Cuidar.
El dictamen denunció la mala fe y las dilaciones del Correo Argentino
Escándalo del Curreo: la Procuración rechazó la oferta del Grupo Macri y pidió que se dicte la quiebra
La familia Macri administró el Correo Argentino entre 1997 y 2003. En aquel momento, el gobierno de Néstor Kirchner rescindió la licitación denunciando que la empresa solo había pagado el canon durante el primer año. En 2011, Correo Argentino S.A. entró en concurso de acreedores y fue proponiendo distintos arreglos, todos rechazados por insuficientes.
Una vez que Mauricio Macri llegó a la Presidencia de la Nación, hubo un intento por aprovechar el acceso a ambos lados del mostrador: en junio de 2016, el Correo propuso y el Estado aceptó un acuerdo de pago que licuaba en un 98,87 por ciento su deuda multimillonaria con las arcas públicas. La maniobra fue advertida por la fiscal Gabriela Boquín, quien en febrero de 2017 denunció un acuerdo abusivo para la administración pública. Mientras ese escándalo es investigado en una causa abierta en los tribunales federales, el proceso judicial de salvataje del Correo --que debió haberse iniciado hacia 2004-- comenzó en diciembre de 2019. Y el mes pasado, la jueza Cirulli dio inició a la cuenta regresiva hacia la posible declaración de quiebra de la empresa, al definir que las acciones del Correo valen cero pesos y que su deuda se debe computar con intereses, tal como venía planteando Boquín.
En ese contexto, el 29 de marzo pasado el Correo Argentino S.A. se presentó ante la jueza a través de un escrito firmado por su titular, Jaime Robirosa. Allí propuso saldar su deuda con el Estado por el canon nunca abonado y sus intereses derivados con el pago, en una sola vez, de 1011 millones de pesos. Si bien el monto implicaba una mejora respecto de la cifra que la firma venía reconociendo como deuda --296 millones de pesos-- continuaba bastante lejos del cálculo oficializado por la fiscal Boquín, de acuerdo con el cual la deuda supera los 5 mil millones de pesos. La oferta del Correo incluyó también la cancelación de sus deudas con el resto de los acreedores, entre los que se encuentran la AFIP y el Banco Nación entre otros, en pagos anuales a realizar durante diez años. Pero además, el Correo le planteó a la jueza que ya cuenta con la conformidad de al menos 35 acreedores, que el Estado es hoy "un acreedor hostil" y, por lo tanto, le solicitó que los representantes de la administración pública sean retirados de las negociaciones, si no aceptan la oferta de pago, para facilitar el acuerdo con el resto.
Ambos planteos fueron rechazados por la Procuración del Tesoro. El procurador argumentó que resolvió intervenir en la causa "en defensa de los intereses estatales" y para "evitar que el silencio (...) pueda ser interpretado como consentimiento" a la oferta del Grupo Macri.
En su dictamen, Zannini detalló que las presentaciones que viene realizando el Correo "son la repetición de cuestiones ya planteadas, tratadas oportunamente por los tribunales y rechazadas en todos sus términos". Para el procurador, "evidentemente, el interés de Correo Argentino no está, ni estuvo nunca, centrado en obtener conformidades (para evitar la quiebra), sino en continuar con su estrategia dilatoria en base a la permanente apertura de nuevos puntos de discusión". Pero, observó, "el salvataje no es una etapa apta para generar controversias y mayor litigiosidad".
El dictamen respondió que "es falso" que el principal responsable por la cesación de pagos sea, como alegó la familia Macri, el propio Estado nacional. También rechazó la calificación de "acreedor hostil" que endilgó la empresa concursada para intentar defenderse. "El Estado Nacional no es acreedor hostil ni abusa de su posición (...) No hay ninguna intencionalidad política, como falazmente afirma la concursada (...) El único objetivo del Estado Nacional es lograr la satisfacción de su postergada acreencia, cada vez más diluida, cada vez más licuada y depreciada a consecuencia de los dilatorios planteos de Correo Argentino", sostuvo el procurador del Tesoro. "¿Cómo podría aceptarse que el Estado es un acreedor hostil cuando es la concursada quien realizó una oferta irrisoria?", preguntó. Para la Procuración, el Correo, "a sabiendas de lo irrirosio de las ofertas, continúa haciéndolas con la única intención de seguir dilatando el trámite".
Para concluir, el procurador le requirió a Cirulli que continúe con el procedimiento previsto por la Ley de Concursos y Quiebras, "teniendo presente que el resultado que se derivaría del fracaso de esta etapa no sería atribuible al Estado nacional, sino a la natural consecuencia que la norma impone al proceder de la concursada". Es decir que, dado que no se alcanzó un acuerdo preventivo, se debe dictar la quiebra. Ahora la decisión final está en manos de la jueza.
Imputaron a las alimenticias Mondelez, Bagley y Pepsico
Góndolas que vienen con trampa
Imagen: Sandra Cartasso
La Secretaría de Comercio Interior imputó a las alimenticias Mondelez, Bagley (que pertenece al grupo Arcor) y Pepsico por comercializar productos practicamente idénticos con diferencias significativas de precio. Desde la cartera que conduce Paula Español indicaron que la metodología utilizada por estas grandes empresas consiste en modificar mínimamente una propiedad y/o el contenido neto de algunos de sus productos, para incrementar sustancialmente sus precios.
Uno de los ejemplos informados por el gobierno fue el de las galletitas Pepitos que ofrece Mondelez: ambos paquetes se comercializan bajo el nombre “Pepitos Original” y con un envoltorio de igual color, diseño y frases. Sin embargo, con diferencias de un gramo en el peso neto (118 gr y 119 gr), el precio sube más de 50 por ciento. En el rótulo del envase de 119 g, se lee la leyenda Con chispas Cadbury: "Independientemente de que esta cualidad exista y sea efectivamente el diferencial entre ambos productos, la misma podría no advertirse frente a la multiplicidad de estímulos que contienen los rótulos", informan desde la Secretaría.
En el caso de Bagley, sucede algo similar con las galletitas Sonrisas. La marca presenta dos versiones prácticamente idénticas con una diferencia de 10 gramos en su contenido neto, y un precio de venta 30 por ciento más alto.
Por último, se encontró una actitud equivalente en la empresa PepsiCo, ya que en las góndolas de los comercios conviven dos versiones de palitos salados (Pehuamar) con una diferencia de 6 gramos en su peso neto y de aproximadamente el 15 por ciento de suba en el precio final.
Las infracciones detectadas por la cartera que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo pueden representar un incumplimiento de los principios básicos de la Ley de Defensa del Consumidor (Nº 24.240). "Por un lado, no se estaría informando de manera cierta, clara, y detallada las diferencias existentes entre bienes de igual categoría, marca y sabor. Por el otro, estas prácticas pueden confundir al consumidor sobre la naturaleza del producto y sus principales características, motivando al error, y promoviendo la adquisición de un bien no deseado", informan.
Mediante estas acciones, la Secretaría pretende modificar prácticas sistemáticas que vulneran los derechos de los consumidores y, asimismo, proteger las relaciones de consumo. Si bien todavía se encuentra en instancia de imputación, en el caso de que efectivamente se acrediten las conductas advertidas, las multas para cada una de las empresas puede ascender a un máximo de 550 millones de pesos.
Tras haber identificado un crecimiento de este tipo de prácticas, la Secretaría creó el Sistema de Fiscalización de Rótulos y Etiquetas (Sifire), una medida estructural que apunta a reducir el error o confusión que muchas veces generan las nuevas presentaciones de productos que difieren nula o mínimamente de otros ya comercializados. Busca evitar que existan múltiples presentaciones de un mismo producto con mínimas diferencias a otros ya comercializados, en rubros y categorías de consumo masivo como alimentos, perfumería, cuidado personal, aseo y limpieza del hogar.
Para obtener la aprobación, las empresas de los rubros involucrados deberán enviar documentación específica de sus productos como gráfico a colores del rótulo y etiqueta para cada una de sus presentaciones; datos del importador/fabricante; marca o modelo, artículo o nombre del producto, país de origen, descripción y composición de los productos fabricados o importados; información completa de sus componentes, materias primas, aditivos, métodos de elaboración y fraccionamiento o envasado; propiedades y prescripciones o indicaciones para consumo.
Al examinar previamente los rótulos y las etiquetas de los productos, se evitan ventajas comerciales, se impide la existencia de vacíos informativos y se previene la inclusión de mensajes con expresiones ambiguas o incompletas que induzcan a una decisión de compra equivocada o inconsciente.
Jueces denunciados por violencia de género y por visitas irregulares a Macri
Crisis en la Cámara de Casación: sin quórum para resolver el conflicto
La crisis de la Cámara Federal de Casación no deja de agudizarse. Este jueves se autoconvocaron tres integrantes del tribunal para discutir qué respuesta institucional dar a los mensajes misóginos de Juan Carlos Gemignani --que envió exactamente hace un mes a sus colegas en el Día de la Mujer-- y si Gustavo Hornos --denunciado por haber visitado a Mauricio Macri en la Casa Rosada-- debía seguir en la presidencia. Los otros diez integrantes decidieron no participar, prolongando la indefinición sobre lo que sucede en el más alto tribunal penal del país.
Casación enfrenta dos graves crisis: las críticas por los vínculos de algunos camaristas con Macri, a quien visitaban en la Casa de Gobierno o en la residencia de Olivos, y una nueva denuncia por violencia de género contra Gemignani, ya sancionado en 2019 por haber encerrado y ordenado detener a una secretaria que se negó a cumplir con una orden suya.
El miércoles, tres camaristas, Ana Figueroa, Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, notificaron a sus pares de una autoconvocatoria a un plenario para tratar dos temas: la presidencia de Hornos y la situación de Gemignani. Para que la autoconvocatoria fuera efectiva y pudieran constituirse en plenario, se necesitaba que otros cuatro jueces los acompañaran para tratar los asuntos que mantienen a Casación Federal en el ojo de la tormenta.
Los otros diez casadores le contestaron al secretario general del tribunal que no estaban disponibles. Incluso así lo hizo saber la camarista Liliana Catucci, que, en general, trabaja desde Comodoro Py. La jueza estaba dedicada a un oficio para pedirle a Hornos que le informara al presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, que había tenido problemas con la obra social. Estaba lejos de las preocupaciones que recorren los rincones del primer piso de los tribunales de Retiro.
Tanto Hornos como Gemignani afrontan denuncias en el Consejo de la Magistratura: Hornos, por sus visitas a Macri, y Gemignani, por el mensaje de “feliz día, especialmente para las delincuentes” que les dedicó a sus tres colegas mujeres el 8 de marzo pasado, minutos antes de que se iniciara un conversatorio virtual que había organizado Figueroa.
Al día siguiente del episodio, Ledesma y Figueroa pidieron a Hornos, que en tanto presidente de la Cámara, certificara los mensajes, para que quedaran como prueba de los dichos discriminatorios del otro juez. Los chats de Gemignani generaron el repudio de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y del presidente Alberto Fernández. El titular del Consejo de la Magistratura, Diego Molea, terminó denunciándolo de oficio ante ese organismo. Gómez Alcorta le consultó formalmente a Hornos si había certificado los mensajes y la respuesta fue negativa. La Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina (AMJA) le reclamó que lo hiciera.
No se tomaron acciones frente a los mensajes de Gemignani. La única respuesta fue que el 16 de marzo el propio Gemignani irrumpió en una reunión que compartía Hornos con los cuatro presidentes de las salas de la Casación a dejar un escrito en el que amenzaba a sus colegas con denuncias penales si se divulgaban los mensajes. Después abandonó el grupo de WhatsApp en el que los casadores discuten las cuestiones del tribunal en tiempos de trabajo remoto.
Hornos se comprometió a convocar un acuerdo para tratar la situación de Gemignani, pero no avanzó con la reunión, probablemente por una conjunción de intereses propios y de una mayoría del tribunal que se resiste a dar una respuesta a la sucesión de escándalos que sus integrantes protagonizan. “Pasaron casi treinta días sin que se haya ordenado ninguna actuación mostrando desinterés e inacción en su función como presidente del gobierno de la Cámara Federal de Casación Penal en el abordaje de la problemática de género, en momentos que la sociedad toda demanda al Poder Judicial que cumpla adecuadamente con sus obligaciones, lo que resulta agraviante, por lo que urge que atienda lo solicitado”, le reclamó el lunes Figueroa.
Ese mismo día, Ledesma y Slokar insistieron con la realización de una reunión de todos los integrantes de Casación. Los dos camaristas vienen exigiendo que Hornos se haga a un costado y deje la presidencia del cuerpo. “Las circunstancias actuales que lo inhabilitan para continuar a cargo (...) fuerzan a que se aparte en forma inmediata para el tratamiento por parte del pleno de una crisis inédita y de creciente magnitud, que merece la debida corrección”, escribieron Slokar --que es el vicepresidente primero de la Casación-- y Ledesma, que antecedió a Hornos en el cargo.
Después de esos oficios, vino la autoconvocatoria que terminó naufragando ante la resistencia de sus colegas a discutir los dos temas. A la crisis por las visitas de Hornos a la Rosada, se sumó la semana pasada la revelación por parte del portal El Destape de que Mariano Borinsky había ingresado en quince oportunidades a la quinta de Olivos. Pero este tema no era parte del temario que habían propuesto Slokar, Ledesma y Figueroa.
De trece integrantes de Casación, cuatro están denunciados en el Consejo de la Magistratura: Hornos, Eduardo Riggi, Gemignani y Borinsky. El proceso más avanzado es el de Hornos, que instruye el consejero Molea. Ante sus pares, Hornos reconoció mantener una relación social con Macri de años y haber discutido sobre política judicial. En el expediente ante el Consejo, Hornos designó abogados e hizo un breve descargo, en el que negó haber cometido actos impropios.
A priori, en el Consejo de la Magistratura no están los votos para llevarlos a juicio político, lo que da cierta confianza a los jueces para esquivar darles explicaciones a sus pares y dejar a la Cámara de Casación en un estado de parálisis. En ese tribunal, algunos creen que quizá el martes próximo vuelvan a verse las caras, aunque no pueden afirmarlo.
Fuente:Pagina12
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