La dictadura y sus cuerpos de choque
siguen asesinando: otro joven de Cali y
más de 40 heridos // Empiezan a
localizarse cadáveres de desaparecidos:
el campo de exterminio del Supermercado
Éxito
Resumen Latinoamericano, 23 de mayo de 2021.
Una ONG denunció el asesinato del joven Jhon Erik Larrahondo, en Cali, cometido presuntamente por la fuerza pública.
Episodios de represión por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional de Colombia, registrados la noche del sábado, dejaron más de 40 jóvenes heridos en Bogotá, la capital, en el marco del día 25 del Paro Nacional contra el Gobierno del presidente Iván Duque.
Asimismo, las acciones de la fuerza pública contra manifestantes en la ciudad de Cali, capital del suroccidental departamento de Valle del Cauca, provocaron la muerte de un joven y heridas a varias personas más.
La Comisión de Justicia y Paz informó en su cuenta de Twitter que la misión médica autónoma ubicada en el puesto del Portal Américas, rebautizado como Portal Resistencia, en Bogotá, confirmó 41 jóvenes y algunos niños heridos. De ellos, al menos tres fueron reportados con lesiones oculares.
“Se exige personal médico y ambulancias urgentemente”, escribió el organismo humanitario en su tuit.
Agregó que los elementos del Esmad utilizaron armas aturdidoras y balines contra jóvenes que se manifestaban en el Portal Resistencia.
La Comisión de Justicia y Paz señaló que en Cali, los agentes del Esmad atacaron con gases lacrimógenos y arrestaron a unas 35 personas, de las cuales 17 aún se encontraban detenidas alrededor de la 1:30 hora local de este domingo.
La organización no gubernamental (ONG) denunció el asesinato del joven Jhon Erik Larrahondo, en el sector de Puerto Madero, en Cali, cometido presuntamente por la fuerza pública la noche del sábado.
La concejal de Bogotá, Susana Muhamad, expresó en su cuenta de Twitter su preocupación “por 10 jóvenes que más de 24 horas después de ser detenidos por la Policía de Colombia en la localidad de Usme no se ha podido verificar su condición. Y un joven menor de edad que sacaron de la ciudad a Villavicencio”.
El organismo Temblores publicó un balance el viernes pasado en el cual documentó que desde el inicio del Paro Nacional contra las políticas neoliberales impulsadas por Duque, el 28 de abril pasado, al 21 de mayo, se registraron al menos 2.905 denuncias de abuso policial.
De ese total, se identificaron 855 víctimas de violencia física; 43 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública; 1.264 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes y 575 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas.
Asimismo, 39 víctimas de agresiones oculares; 153 casos de disparos de armas de fuego; 21 víctimas de violencia sexual, y seis víctimas de violencia basada en género.
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El campo de exterminio del Supermercado Éxito
El “Exito” es una gran cadena de Supermercados: sus instalaciones fueron utilizadas como centro de torturas y desaparición por parte de la policía colombiana. Cuando por fin pudieron entrar organismos derechos humanos a hacer veeduría, encontraron charcos de sangre en los parqueaderos subterráneos, sangre hasta en electrodomésticos en el almacén, un olor nauseabundo. Y se les impidió totalmente la visita a uno de los pisos del parqueadero.
Durante dos días a este centro comercial fueron ingresados manifestantes vivos, las familias y comunidad denunciaron angustiadas, se escucharon gritos, circulaban sin cesar fuerzas represivas y camiones de basura. Desde el inicio del Paro el Estado colombiano ha secuestrado y desaparecido a más de 600 personas. Algunas de ellas han aparecido flotando en el río Cauca, otras enterradas. En los últimos días la policía ha estado incrementado la práctica de la desaparición forzada, llevándose a los manifestantes que luego no aparecen. S.O.S.
El artista colombiano Cizañero, hizo este dibujo a raíz de la aparición, en una bolsa, de la cabeza cortada de un joven que había sido desaparecido por la policía colombiana en días pasados. Varios cuerpos de manifestantes que han sido detenidos-desaparecidos por la policía colombiana, han empezado a aparecer flotando en los ríos de Colombia y en fosas clandestinas.
🔴 Colombia padece una brutal represión estatal. La policía está perpetrando centenares de capturas para intentar sofocar la protesta social. Las fuerzas represivas capturan a los manifestantes e incluso van a las casas a secuestrar a los jóvenes: o para judicializarlos bajo los reiterados montajes judiciales que emplea el Estado colombiano para reprimir la protesta (ya hay varios casos de burdos montajes judiciales), o para desaparecerlos.
Es muy importante que las personas detenidas intenten gritar sus nombres y apellidos y que la vecindad pueda filmar el hecho, para intentar evitar que los secuestrados por la policía sean víctimas del crimen de Estado de la desaparición forzada. Ya hay más de 600 personas desaparecidas por la policía en tres semanas de Paro Productivo Nacional. De algunas de esas personas secuestradas y desaparecidas por la policía, han aparecido los cuerpos sin vida. Los cuerpos de dos estudiantes secuestrados por la policía el 28A aparecieron el 5M flotando en el río Cauca, hace tres días apareció el cuerpo sin vida de un líder campesino y el cuerpo con signos de tortura de la maestra y sindicalista Beatriz Moreno Mosquera. También han aparecido otros cuerpos de personas torturadas flotando en los ríos, como se puede apreciar en los vídeos y fotografías, que horrorizada graba la población.
La desaparición forzada es una práctica del Terrorismo de Estado que las fuerzas represivas del Estado colombiano han empleado intensivamente contra la población, con particular saña durante este Paro productivo: esta práctica inyecta terror y devasta a familias y comunidades.
Exigimos que el Estado colombiano devuelva a los centenares de desaparecidos: a los que todavía tenga vivos en comisarías, batallones militares, almacenes o casas clandestinas de la policía, que los devuelva, y que cese la barbarie policial de la desaparición forzada.
Las personas que la policía haya enterrado en fosas comunes y lanzado a ríos, seguirán siendo buscadas y reclamadas incansablemente por sus familias, sus comunidades, y por todo un país que no va a permitir “la desaparición de los desaparecidos”. Nos los arrancaron por ser personas dignas que lucharon por todas y todos, no permitiremos que sus nombres se olviden, ni mucho menos que su lucha se apague. El Terrorismo de Estado no logrará callar la lucha social de un pueblo harto de explotación, de precariedad y saqueo capitalista. Colombia llora, Colombia sufre, pero no se rinde.
LOS DESAPARECIDOS DONDE ESTÁN?
Van 23 días de Paro en Colombia y siguen aumentando las cifras de personas desaparecidas en el marco de las protestas. Solo en Cali y cercanías, los reportes alcanzan los 206 casos, de los cuáles han aparecido 96 personas y aún se encuentran 110 en proceso de búsqueda, muchxs de ellxs sin tener la información completa para emprender la búsqueda efectiva.Continuamos el llamado a la comunidad a hacer parte de la búsqueda incesante de quienes salieron a defender la vida. Entre todxs podemos hacer mucho para lograr hallarles, merecen volver con vida a casa.
La desaparición forzada es una práctica
del Terrorismo de Estado: centenares de
personas han sido desaparecidas
por la policía colombiana en tres
semanas
Por Cecilia Zamudio, Resumen Latinoamericano, 23 de mayo de 2021.
El artista colombiano Cizañero, hizo este dibujo a raíz de la aparición, en una bolsa, de la cabeza cortada de un joven que había sido desaparecido por la policía colombiana en días pasados. Varios cuerpos de manifestantes que han sido detenidos-desaparecidos por la policía colombiana, han empezado a aparecer flotando en los ríos de Colombia y en fosas clandestinas. Colombia padece una brutal represión estatal. El pueblo colombiano lleva 26 días de Paro productivo a nivel nacional, en protesta contra la explotación y el saqueo capitalista. Un paro productivo que la clase burguesa y el capitalismo transnacional pretenden extinguir mediante la represión ejercida por el Estado colombiano. La policía está perpetrando miles de capturas para intentar sofocar la protesta social. Las fuerzas represivas capturan a los manifestantes e incluso van a las casas a secuestrar a los jóvenes: o para judicializarlos bajo los reiterados montajes judiciales que emplea el Estado colombiano para reprimir la protesta, o para desaparecerlos.
Los organismos defensores de derechos humanos expresan que es muy importante que las personas detenidas intenten gritar sus nombres y apellidos y que la vecindad procure filmar el hecho, para intentar evitar que los secuestrados por la policía sean víctimas del crimen de Estado de la desaparición forzada. Las personas desaparecidas por la policía en tres semanas de Paro Productivo Nacional se reportan por centenares (Defensoría reportaba 548 personas desaparecidas a nivel nacional a 7 de mayo, La Unidad de Búsqueda reportaba 379 personas desaparecidas para el período comprendido entre el 28 de abril y el 7 de mayo. Tan solo en Cali, organismos defensores de derechos humanos reportan 206 personas desaparecidas entre el 28 de abril y el 20 de mayo). De algunas de esas personas secuestradas y desaparecidas por la policía, han aparecido los cuerpos sin vida. Los cuerpos de dos jóvenes secuestrados por la policía el 28 de abril aparecieron a inicios de mayo flotando en el río Cauca, en mayo también apareció el cuerpo sin vida de un líder campesino y el cuerpo con signos de tortura de la maestra y sindicalista Beatriz Moreno Mosquera. También han aparecido otros cuerpos de manifestantes torturados, flotando en los ríos, algunos en fosas y otros desmembrados en bolsas, como se puede apreciar en los vídeos y fotografías que, horrorizada, graba la población.
La desaparición forzada es una práctica del Terrorismo de Estado que las fuerzas represivas del Estado colombiano han empleado intensivamente contra la población desde hace décadas, y que están empleando con particular saña durante este Paro productivo: esta práctica inyecta terror y devasta a familias y comunidades.
El pueblo colombiano exige que el Estado colombiano devuelva a los centenares de desaparecidos: a los que todavía tenga vivos en comisarías, batallones militares, almacenes o casas clandestinas de la policía, que los devuelva, y que cese la barbarie policial de la desaparición forzada. Las personas que la policía haya enterrado en fosas comunes y lanzado a ríos, seguirán siendo buscadas y reclamadas incansablemente por sus familias, sus comunidades, y por todo un país que no va a permitir “la desaparición de los desaparecidos”. Nos los arrancaron por ser personas dignas que lucharon por todas y todos, no permitiremos que sus nombres se olviden, ni mucho menos que su lucha se apague. El Terrorismo de Estado no logrará callar la lucha social de un pueblo harto de explotación, de precariedad y saqueo capitalista. Colombia llora, Colombia sufre, pero no se rinde.
Las fuerzas represivas del Estado colombiano, desatadas para sofocar la protesta social a sangre y exterminio, van sin placas, disparándole a la población con 9 milímetros y fusiles de guerra, disparando lacrimógenas caducadas (lo que las convierte en un veneno letal) incluso directamente contra las casitas de los barrios obreros, hiriendo y asesinando. La policía sigue cada día y cada noche llevándose muchachos para desaparecerlos. Ha llegado al extremo de convertir un centro comercial, en Calipso, en un centro policial de torturas (el almacén Éxito, propiedad del grupo capitalista francés Casino y de la burguesía colombiana). El Terrorismo de Estado en Colombia está asesinando a la población por protestar contra la violencia estructural que cercena millones de vidas, arrojándolas al empobrecimiento más cruel, para que un puñado de multinacionales y explotadores locales incrementen sus fortunas. El oro que se come la burguesía transnacional y colombiana en sus platos “exquisitos”, lleva incrustado el dolor y la sangre de todo un pueblo.
Pese a la brutal represión desatada por el Estado colombiano a través de sus herramientas policiales, militares, parapoliciales y paramilitares, a día 26 de Paro Productivo a nivel nacional en Colombia, siguen masivas las movilizaciones. La clase trabajadora, harta de explotación, rechaza el paquete privatizador del gobierno de Duque, que pretende incrementar la privatización de las pensiones, de la educación, de la salud, rechaza igualmente una «reforma laboral» que va a significar un mayor recorte de los derechos laborales, rechaza una «reforma tributaria» que pretende incrementarle los impuestos a la clase trabajadora a la par que le brinda exenciones de impuestos a multinacionales y burguesía. El pueblo exige que cese la precarización de sus condiciones de vida, que cese la persecución política por parte del Estado, que cesen las aspersiones con Glifosato, el Fracking, las concesiones a multinacionales mineras que devastan montañas y ríos, etc. Las razones para la movilización son muy profundas y contundentes: eso es lo que explica la duración del Paro productivo y la resistencia popular pese a la represión descomunal.
El régimen colombiano quiere callar al pueblo asesinándolo y desapareciéndolo, calumniándolo y disparando mentiras en ráfaga a través de los grandes medios de desinformación masiva; cuenta con el silencio cómplice y el trabajo manipulador de los medios propiedad de la burguesía local y transnacional. Hasta las redes dificultan la publicación y censuran los vídeos que más evidencian la represión genocida y las razones profundas del Paro, y además el Estado colombiano tumba la señal de internet reiteradamente.
El gigantesco doble rasero de los organismos internacionales solamente se ha pronunciado de boca pequeña con relación a la represión homicida del Estado colombiano: porque es un Estado amigo del imperialismo estadounidense y europeo, y viabiliza el mayor saqueo de los recursos de Colombia, precisamente mediante el Exterminio. Pretenden sofocar el clamor de un pueblo. Pero no lo logran: el régimen genocida, funcional al mayor saqueo capitalista de Colombia, no puede con el pueblo unido. No logra sofocar el Paro ni con Terrorismo de Estado ni con el martilleo de mentiras.
El pueblo colombiano está a punto de cumplir un mes de Paro Productivo Nacional, con mucha solidaridad entre la clase trabajadora, con mucha organización y valentía. Con bloqueos de carreteras como la Panamericana, bloqueos de grandes puertos como el puerto de Buenaventura, bloqueos de vías extractivas por las cuales las multinacionales encaminan las inmensas riquezas de Colombia hacia sus buques de saqueo (como en la mayor mina de carbón a cielo abierto del mundo, El Cerrejón), paro de camioneros, manifestaciones multitudinarias, creaciones y talleres artísticos, talleres productivos populares, mercados campesinos solidarios, encuentros, asambleas, Minga indígena, afro y campesina, Ollas comunitarias, Mamás Capucha, lucha callejera para defender el derecho a manifestarse de las arremetidas de la policía, brigadas médicas, brigadas pedagógicas, primera, segunda y tercera línea, etc. El Paro sigue porque la clase trabajadora exige condiciones de vida dignas.
Cifras que arroja la brutal represión desatada por el Estado colombiano contra el pueblo en Paro Productivo:
Más de 60 manifestantes asesinados por la policía, ESMAD, militares y paramilitarismo en coordinación con la policía. 52 manifestantes asesinados por el accionar de la policía entre el 28 de abril y el 20 de mayo, según la organización Defender la Libertad. Y varias personas asesinadas por el accionar encubierto de policías operando sin uniforme, o de policías uniformados operando en conjunto con paramilitarismo.
Centenares de personas víctimas de desaparición forzada, un crimen de Estado de Lesa Humanidad. Las personas desaparecidas por la policía en tres semanas de Paro Productivo Nacional se reportan por centenares. Defensoría reportaba 548 personas desaparecidas a nivel nacional a 7 de mayo. La Unidad de Búsqueda, tras atender las denuncias y recopilaciones de 26 organizaciones sociales, entregó sus estadísticas para el período comprendido entre el 28 de abril y el 7 de mayo: 379 serían los manifestantes desaparecidos hasta esa fecha. Tan solo en Cali, organismos defensores de derechos humanos como Buscarles Hasta Encontrarles, reportan 206 personas desaparecidas entre el 28 de abril y el 20 de mayo.
Miles de personas heridas por el accionar de la policía y demás fuerzas represivas. Decenas de personas mutiladas de sus ojos por la policía (Temblores reportó 39 personas víctimas de lesión ocular a 20 de mayo). Decenas de defensores de DDHH agredidos.
Al menos 21 mujeres víctimas de violencia sexual a manos de la policía. Se conocen los casos de las que han podido denunciarlo (reporte de la organización de derechos humanos Temblores, a 20 de mayo).
Miles de personas detenidas, gran parte de ellas por medio de procedimientos arbitrarios, siendo sometidas a tortura y tratos crueles e inhumanos.
2905 casos de violencia policial entre el 28 de abril y el 20 de mayo (Temblores).
Asimismo, el continuado Exterminio que perpetran las fuerzas represivas (oficiales y para-oficiales) contra las organizaciones sociales, ha seguido produciéndose durante el Paro: entre el 28 de abril y el 18 de mayo fueron asesinados 9 líderes sociales y dos ex-guerrilleros de las Farc que se habían acogido al «Acuerdo de Paz».
23 de Mayo 2021: crónica de un histórico paro productivo y de la represión desatada en su contra por un régimen que viabiliza el mayor saqueo capitalista de Colombia, precisamente mediante el Exterminio.
VIDEOS: algunas de las terribles imágenes de las personas desaparecidas, torturadas y asesinadas por la policía colombiana: para ver y descargar videos para su difusión, al final del artículo. Se agradece que las páginas de medios alternativos descarguen los vídeos y los suban a sus páginas, para intentar romper la censura que encubre un exterminio.
Alto comisionado para la Paz
renuncia a su cargo
Resumen Latinoamericano, 23 de mayo de 2021.
El alto comisionado para la Paz de Colombia, Miguel Ceballos, confirmó este sábado que el próximo 26 de mayo renunciará a su cargo, decisión que le había comunicado al presidente Iván Duque desde el año 2020. La renuncia de Ceballos se da en medio de masivas movilizaciones contra las políticas de Iván Duque.
«Yo le comenté al presidente de la República que iba a dejar el Gobierno desde el año pasado, concretamente el 22 de diciembre, y le reiteré esa voluntad el día 3 de mayo de este año, fecha en la cual formalicé esa decisión de irme a partir del 26 de mayo», indicó Ceballos en entrevista a un medio colombiano.
Ceballos manifestó que su decisión es por cuestiones personales, aunque se estima que miembros del partido gobernante, los ultraderechistas del Centro Democrático, incidieron en la decisión del funcionario, «sigo los llamados de mi conciencia y en cumplimiento de las responsabilidades que mi alma ha elegido, renuncio irrevocablemente a mi cargo», añadió.
Ahora se espera que el presidente Duque anuncie al reemplazo de Ceballos y tome las directrices de diálogo con el Comité Nacional de Paro, pues el saliente funcionario representaba al Gobierno en la mesa de negociación con los líderes del paro nacional.
Ceballos fue fuertemente criticado por su gestión como alto comisionado, pues lideró el rompimiento del diálogo con la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en La Habana y fue uno de los primeros en estigmatizar las masivas movilizaciones que se suscitan en el país desde el pasado 28 de abril.
Tras la confirmación de su renuncia al cargo, el senador Gustavo Bolívar enfatizó que durante su administración, Ceballos no avanzó en la pacificación del país ni tampoco en la implementación de los Acuerdos de Paz entre el Estado y las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP).
«Miguel Ceballos era el Alto Comisionado para la Guerra. Nunca trabajó por la Paz. Si hubo alguien en este gobierno que siguió al pie de la letra la tarea de hacer trizas la paz fue este triste personaje. Bien ido. Los territorios celebran», aseveró el senador Bolívar.
Foto: Colprensa
Fuente: TeleSUR
¿A dónde vamos?
Por Martha Palacio. Resumen Latinoamericano, 23 de mayo de 2021.
El presidente del Gobierno colombiano, al caracterizar la protesta como “terrorismo urbano”, pone en marcha un nuevo marco para continuar la guerra: la doctrina del enemigo interno dirigida a perseguir a la ciudadanía.
El derecho a la protesta es condición de una vida en democracia. La Constitución colombiana de 1991 así lo consagra junto al carácter pluriétnico y multicultural de la nación. Resulta inadmisible que el ciudadano Iván Duque Márquez, hoy presidente, niegue a los ciudadanos este recurso democrático. Al militarizar las ciudades y no recriminar la brutalidad policial, que ha dejado cerca de 42 muertos en cerca de 20 días, da muestra de un profundo desprecio a la democracia, un desconocimiento deliberado de que la soberanía reside en el pueblo y que la función presidencial tiene que ver con la escucha atenta a las alternativas que la misma sociedad civil le está ofreciendo.
El presidente del gobierno colombiano caracteriza la protesta como “terrorismo urbano”. Pone en marcha un nuevo marco para continuar la guerra: la doctrina del enemigo interno dirigida a perseguir a la ciudadanía como muestran las aterradoras cifras de desaparecidos, muertes y violencia sexual que han tenido lugar estos días de paro. El uso desproporcionado de la fuerza pública ahonda así en los problemas de legitimidad del gobierno, pone en evidencia su estrategia de horadar el equilibrio de poderes ―garante del sistema constitucional democrático―, debilita la confianza de sus ciudadanos en las instituciones que deben garantizar el respeto a la vida, los derechos civiles y sociales. El discurso oficialista que informa al mundo de que Colombia sigue siendo una democracia lo desmienten los hechos recientes.
El hartazgo de la pandemia ha jugado un papel clave en esta movilización masiva cuyo catalizador fue la reforma tributaria. Sin embargo, las demandas vienen de lejos
La ciudadanía colombiana está hablando claro. Sus demandas son básicas: 1) proteger y cuidar el acuerdo de paz, no ponerle trabas a su implementación. 2) Replantear la estructura de la fuerza pública y eliminar al Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD). 3) Implementar políticas sociales que atiendan a la crisis económica que afecta a los sectores campesinos, a pequeños productores agrícolas y transportadores, y a la que ahora se suma la crisis sanitaria y el desempleo, y una temida reforma del sistema de pensiones y otra del sistema de salud que socavará las ya menguadas posibilidades de sacar una vida adelante para la mayoría de la población. A estas tres reivindicaciones se suma hoy la indignación por la violencia policial y la exigencia de que los crímenes cometidos por la fuerza pública no queden impunes.
El hartazgo de la pandemia ha jugado un papel clave en esta movilización masiva cuyo catalizador fue la reforma tributaria. Sin embargo, las demandas vienen de lejos. El 21 de noviembre de 2019, la ciudadanía tomó las calles en una jornada multitudinaria que sorprendió a los propios colombianos. El presidente y su gobierno acordaron dialogar con los diferentes sectores del paro, pero la pandemia dejó congelado el asunto. En septiembre de 2020, en pleno confinamiento, la Minga indígena(1) proveniente del Cauca marchó hasta Bogotá para demandar el cumplimiento de acuerdos sobre su territorio y la protección de la vida de sus miembros. El presidente no les atendió. Pero muchos otros ciudadanos se solidarizaron con su causa y aprendimos qué significaba un cuerpo de paz dentro de nuestras ciudades. Hoy, la Minga indígena se une a los estudiantes, los escudos azules, los campesinos, camioneros, los desempleados, los habitantes de la calle, las madres de los falsos positivos (6.402 según la Justicia Especial para la Paz -JEP) y a todas las que “se niegan a seguir pariendo hijos para la guerra”. A los jóvenes condenados a una vida sin futuro que encuentran en este paro la oportunidad de que por fin se les escuche. Al punto que prefieren morir en este frente a seguir pateando la calle sin horizonte o a que les obliguen a luchar en una guerra que no han elegido.
En las calles se escucha “Hay que parar para avanzar” y ahí se señala un lenguaje político diferente, un modo de construcción de lo común y lo social
En las calles se escucha “Hay que parar para avanzar” y ahí se señala un lenguaje político diferente, un modo de construcción de lo común y lo social que asume que no hay posibilidad de cambio si no se estudian los problemas, se discuten y piensan colectivamente las alternativas. El paro no va a solucionarse con un diálogo por sectores sociales como espera el presidente. La salida la tienen las bases del paro y su reconocimiento como agentes políticos, como ciudadanos. Estas dos semanas de manifestaciones la ciudadanía ha tomado las calles haciendo ruedas de baile, cantando en duelo a los muertos, trovadores y raperos hacen rimas sobre el abandono del Estado, hay performances, se mezclan expresiones culturales que articulan discursos políticos. Ante las amenazas de gases lacrimógenos, y a pesar de las detenciones, se está cantando a la vida. Esto es algo fundamental y muestra que la ciudadanía está harta de la guerra civil encubierta, de que asesinen día sí y otro también a pesar del confinamiento, del hambre que ha aumentado con la pandemia y quiere recuperar el espacio público que, por años, le ha robado el conflicto armado, no teme; esta generación nueva ha perdido el miedo y eso hay que celebrarlo. La primera línea y la guardia indígena son garantes de paz en las manifestaciones, la gente no quiere más violencia. La gente quiere vivir. Acaso eso ¿es mucho pedir?
NOTA
- Martha Peralta Epiayú (@marthaperaltae), presidenta nacional del Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS, explica que “Minga proviene de la palabra quechua minka y alude al trabajo comunitario para alcanzar un bien común. Es el encuentro donde circula la palabra, se piensa y se construye el Buen vivir”.
Fuente: El Salto
De parte de Victoria, sobre el paro
nacional
Por Víctor de Currea-Lugo | Resumen Latinoamericano, 23 de mayo de 2021
Victoria es una amiga con la que nos llamamos tocayos y que cada vez que me habla de su situación usa la expresión “de parte de Victoria”. Ahora, hablando del paro nacional recuerdo su frase más usada y decido contarles a ustedes el “parte de Víctor”.
Lo primero que hay que decir es que este paro nacional es per se una victoria porque le dijeron a la gente que era más grande el riesgo de contagio en espacios abiertos que en un sitio de trabajo cerrado o el transporte público, porque le dijeron a la gente que marchar no sirve para nada, porque algún precandidato tibio decía que no es momento para grandes marchas. Y a pesar de todas esas advertencias, la gente salió a las calles y se mantiene en ellas.
Tal vez la culpa la tengan esos jóvenes que en 2011 tumbaron una reforma a la educación y, entonces, 10 años después vuelven las marchas, vuelve la muchachada y vuelve el arte de tumbar políticas injustas.
Hasta ahora, el solo hecho de que la gente hubiera salido a las calles a protestar el 28 de abril, el 12 y 19 de mayo es un gran triunfo y no es cualquier cosa en un país de miedos, de paramilitarismo, de abusos policiales, de asesinatos en las marchas, de bombas lacrimógenas lanzadas en la cara, de ojos extraídos, de violencia sexual y desapariciones. Es decir, el hecho de mantenerse en la calle ya es un logro y, para el Gobierno, la realidad contundente de no haber sido capaz de controlar la protesta es un fracaso, así no quiera aceptarlo.
Aparte de eso hay otro hecho importante y es la movilización plural. No solamente protestan unos estudiantes organizados, unos sindicatos con un pliego o unos indígenas con una histórica capacidad movilizadora. No, son sectores populares: es el barrio, es el desempleado, es el reciclador, son los viejos y las viejas que están en las calles y eso también es un logro.
En términos de formación política, tal vez el principal logro es que la gente ha ido identificando cada vez más la relación entre el desempleo y las políticas neoliberales. Ya no se trata más de que un hijo o el sobrino no quiere trabajar, que es un problema de voluntad o que el pobre es pobre porque quiere.
Mucha gente ahora entiende que el desempleo obedece a una forma de entender la política y de administrar el país. Lo mismo ocurre con los precios, las dinámicas sociales y la atención de la salud.
El paro nacional y sus logros tangibles
Si se trata de hacer un balance sobre cosas más concretas, esas que son más tangibles, empecemos por decir que finalmente el Gobierno tuvo una gran derrota con la principal bandera del paro nacional: el retiro de la reforma tributaria.
Además, también se dio la salida del ministro de Hacienda, pocos días después renunció la ministra de Relaciones Exteriores (quien trató de presentar el paro como un asunto de terrorismo internacional) y, de una forma poco clara, también renunció el director general de la Policía de Cali.
El 19 de mayo, mientras estábamos en las calles celebrando estos triunfos, llegó el resultado de las votaciones en el Congreso que archivaron la reforma a la salud, la cual ahondaba en la privatización.
Como le decía a mis colegas médicos, algunos de ellos realmente escépticos frente al paro nacional y que afirman que protestar no sirve para nada: ahora con esa caída de esa nueva reforma a la salud no vamos a conseguir mejores condiciones laborales (no se trataba de eso), pero sí se logró impedir que la precarización en el sector aumentara y que el derecho a la salud se embolatara aún más. Eso no es poca cosa.
La segunda reforma retirada representa una buena noticia. Es posible que eso no lo entiendan del todo los pacientes que esperan para ser atendidos ahora mismo en una EPS o que están en una cama de un hospital, pero los que salieron a luchar contra ella no lo hicieron por un interés propio, sino por justica.
Quienes marchan hoy aquí lo hacen por la misma razón que lo hicieron los obreros hace varias décadas para conseguir ocho horas como jornada laboral: pensando en el futuro, no solo en el presente. Por supuesto, ahí vale recordar que algunos durante el paro nacional han pensando no en la próxima generación sino en las próximas elecciones.
Lo aprendido: balance a 26 días del paro nacional
La gente se dio cuenta de que es posible tumbar reformas, de que es posible sacar ministros. Eso no es cualquier cosa, y es tal vez el balance más importante. Ahora, quienes protestan sienten el desgaste del paso de los días, pero no hacen mella en las formas creativas de manifestación. Los muchachos de manera espontánea se concentran en diferentes ciudades y permanecen en las tarde hablando de política o arte.
Para un país que lleva más de 32 masacres en lo que va de año, más de 50 muertos y más de 2.500 casos de abuso policial en medio de las protesta, ha sido un precio muy alto, pero no ha sido en vano.
El paro nacional también nos permitió descubrir a los tibios y a los timoratos, ubicó a los cobardes, arrinconó a los dudosos, envalentonó a los soñadores, abrió espacio a los creativos y puso en su sitio a los teóricos.
Conseguimos una solidaridad mundial sin precedentes, con marchas de compatriotas en calles de nombres impronunciables, logramos que políticos influyentes de Estados Unidos pidieran suspender la ayuda de esa nación a la policía, pudimos confrontar las teorías neoliberales con las realidades cotidianas, conseguimos desnudar en público una creciente fractura entre las élites, volvimos a mirar a esa unidad social que es el barrio popular.
Aprendimos que no se necesita una ruta oficial para marchar sino que la gente espontáneamente puede organizar su propia ruta, aprendimos que hay muchas formas de protestar, que no todo el que se posiciona en primera línea es un vándalo, aprendimos de las madres saliendo a ocupar los puestos de sus hijos en las marchas, aprendimos a correr, a gritar consigas que desconocíamos, a escuchar personas que nos han compartido muchas experiencias en las tardes de paro y a quienes en otro contexto no hubiéramos puesto tanta atención; aprendimos incluso a desenmascarar la terrible represión policial a través de los medios de comunicación; aprendimos a volver las redes una herramienta de solidaridad y de información, y no de odio.
Aprendimos que el neoliberalismo tiene cuerpo propio, que no es solamente una teoría de los libros, sino una realidad de nuestras familias y que la represión policial no es un invento de la izquierdas sino una realidad que han sufrido los jóvenes.
Creo que eso es bastante, no lo es todo; ya lo sé. No se explica todo con el paro nacional, pero eso pesa y mucho. Es posible que mañana el desgaste nos mande a casa, es posible que la represión haga lo suyo, también es posible que el movimiento crezca o nos dividamos.
Independientemente de cualquier destino, hoy los jóvenes volvieron realidad aquella profecía que parecía un círculo vicioso y que dice: Los pueblos solo se levantan el día en que son conscientes de su fuerza, pero solamente son conscientes de su fuerza el día en que se levantan. Pues, ese día ha llegado.
PD: El Gobierno, como una fiera herida ante esas derrotas, solo opta por desatar la violencia contra la gente en Pasto, Buenaventura, Medellín y Popayán. En Bucaramanga han atacado especialmente a los estudiantes, en Bogotá han ido contra las madres de los muchachos de la primera línea. Ojalá cada reforma tumbada y cada ministro caído no se siga cobrando con una masacre en las calles. Fin del parte de Víctor.
La policía de Cali asesinó a Angie
Johanna Valencia
Por Luis Alfonso Mena S. Resumen Latinoamericano, 23 de mayo de 2021.
La policía del régimen de Iván Duque perpetró en la noche del miércoles 19 de mayo de 2021 otro asesinato vil contra una ciudadana de Cali, en desarrollo de la violenta ofensiva desatada contra la población en los plantones del Paro Nacional.
La nueva víctima de las balas oficiales es Angie Johanna Valencia Ordóñez, quien se dirigía con un familiar a su lugar de residencia, en el sector de Calipso, en el oriente de Cali, y quien recibió tres impactos de arma de fuego.
Familiares de la víctima entrevistados por PERIODISMO LIBRE denunciaron que el homicidio ocurrió hacia las 10:30 de la noche cuando numerosos policías incursionaron en el sector de la Autopista Sur Oriental, cerca al Almacén Éxito, disparando a diestra y siniestra.
Los familiares de Angie Johanna revelaron que la joven recibió un disparo en la cabeza, que los policías no dejaron que fuera auxiliada y que, por el contrario, fue rematada con otro tiro en el pecho y uno más en la cabeza.
Angie Johanna Valencia Ordóñez era madre de una niña de cinco años de edad, vivía con su señora madre y con su hermana y se encontraba desempleada debido al confinamiento por la pandemia de la covid-19.
En el sector de Calipso, donde se lleva a cabo un gran plantón de resistencia a la agresión del régimen de Duque en desarrollo del Paro Nacional, hay dolor y rabia por este nuevo vil y execrable crimen estatal.
Los familiares de la víctima, personas trabajadoras y solidarias con la lucha obrera, reclaman que este asesinato no quede en la impunidad y que los responsables del mismo sean sancionados penalmente.
Solo en Cali, el número de personas asesinadas en el marco de la brutal represión de la policía contra el Paro Nacional supera las 30.
En Yumbo, municipio al norte de Cali, fueron asesinadas el lunes 17 de mayo tres personas más, en otra noche de terror policial.
Mientras esto ocurre, el régimen se niega a reconocer las justas demandas de la población, de manera especial las de la juventud desempleada, desplazada y excluida, que se levanta firme y valerosa en los barrios populares contra el neoliberalismo y la violencia de las clases oligárquicas.
Congreso de los Pueblos: «El régimen
no quiere perder nada y está dispuesto
a masacrar al pueblo colombiano para
defender sus intereses»
Por Carlos Aznárez, Resumen Latinoamericano, 24 de mayo de 2021.
Continúa el paro nacional que comenzara el 28 de abril, el pueblo sigue saliendo a la calle, hay marchas y protestas, también mucha represión y el diálogo famoso anunciado por el gobierno no se hace ver por ningún lado. Más allá de fuegos artificiales que Iván Duque anuncia para demostrar que quiere arreglar lo que el régimen desarregló, la realidad es muy otra: persecución a la militancia, cientos de detenidos, cientos de desaparecidos y medio centenar de asesinados. Para hablar de todo esto, convocamos a Jimmy Moreno, vocero del Congreso de los Pueblos de Colombia.
-Nos podrías hacer un balance de cómo están las cosas en cuanto a la movilización y también a la represión.
-Ya estamos arribando a casi un mes de paro nacional, sostener esta medida hasta este momento demuestra un poco la fuerza y la unidad de las comunidades que se viene desarrollando en estas dinámicas de movilización que se expresa en todo el país. A la vez, está demostrando la situación tan compleja y precaria que tenían las comunidades, y que venían expresadas desde tiempo atrás, y ahora se muestran en el marco de lo que la gente viene proponiendo en el paro nacional. Creemos que es un balance bastante positivo todo lo hecho. Esta fuerza de movilización está centrada especialmente en los jóvenes, en las mujeres, en los sectores organizados indígenas, campesinos, afro, movimiento sindical y los estudiantes.
-Hubo además importantes logros.
-Evidentemente, este paro nos muestra que con la dinámica de esta fuerza se han logrado triunfos importantes. La primera fue la caída de la reforma tributaria, luego la renuncia del ministro Carrasquilla, posteriormente tuvo que renunciar la canciller. También, en el marco de la movilización, por la presión les tocó también archivar el proyecto que iba a reformar y terminar de privatizar la salud en Colombia. Este es un logro importante que se da en el marco del paro nacional y demuestra que las mesas de negociación no son tan efectivas y más en este tipo de gobiernos que no cumplen y no brindan ningún tipo de garantías. Es la fuerza del paro nacional la que le ha enviado un mensaje a los gobernadores colombianos de eliminar esa agenda y ese paquete neoliberal que iba a seguir profundizando la crisis en el país.
-¿Ustedes como Congreso de los Pueblos participan de la idea de diálogo con el gobierno de Duque?
-Está el tema de derechos humanos que es bastante preocupante. Nosotros como Congreso de los Pueblos no estamos participando del proceso de negociación, porque pensamos que sentarnos a dialogar con un gobierno que tiene las manos manchadas de sangre y no asume responsabilidades, eso no es coherente con lo que la gente está expresando en las calles. En ese sentido, ni siquiera hay espacios de debate para quienes se han sentado, no se ha podido avanzar en garantías. El mensaje que está dando el gobierno es reforzar la estrategia militar para seguir dando este tratamiento a la protesta nacional. Es una militarización total del territorio nacional y esas balas que están matando al pueblo que está sosteniendo la movilización, es mediante la actuación paramilitar que tiene el ejército y la policía nacional. Es preocupante porque está mostrando el carácter autoritario de este gobierno que está en manos de las fuerzas militares. El régimen no quiere perder nada y está dispuesto a masacrar al pueblo colombiano para defender sus intereses. El miércoles pasado fue un día importante en la convocatoria que se hizo de movilización nacional. Vimos una represión fuerte sobre todo en el paro minero que se está desarrollando en Caucasia, los corrieron a balas y a gases lacrimógenos de manera desproporcionada, donde había mujeres y niños, gasearon hasta las escuelas. En Bucaramanga la movilización fue atacada por la policía, por el ESMAD, hasta alta horas de la madrugada, en la Universidad de Santander se dieron enfrentamientos fuertes con la policía, con unos 30 heridos, seis de ellos alcanzados por balas. Es una manera sistemática de este gobiernos tratar la protesta social. En Pasto, Popayán, Medellín y Bogotá, tenemos la misma circunstancia, en el sentido de la forma violenta con la que el estado respondió a la movilización, con amenazas permanente y no con cumplir con lo que la gente le está expresando en las calles. Internacionalmente es un imperativo exigir al estado que pare la guerra al paro y que el gobierno se responsabilice de esta situación de masacre que se está dando en el marco de la protesta. Estamos exigiendo la renuncia de los responsables de esta masacre, de esos asesinatos. Este martes habrá una moción de censura al ministro de defensa por sus actuaciones y responsabilidades y esperamos que el Congreso de la República dentro del marco del estado de derecho se le de la moción de censura y se destituya a ese ministro de defensa que le ha declarado la guerra al pueblo colombiano
-Las exigencias de las que estás hablando están escritas en un emplazamiento que están haciendo con más de 900 firmas de organizaciones sociales, políticas y también muchas personalidades. Lo hemos publicando en Resumen Latinoamericano. Si el gobierno no cumple y no acepta dicho emplazamiento, ¿cómo seguirá este paro y esta presión que hacen en las calles?
-Digamos que le radicamos al gobierno nacional un emplazamiento público que tiene alcance nacional e internacional, respaldado como tú dices por muchas firmas de organizaciones nacionales e internacionales. El emplazamiento es un mandato que se viene dando alrededor de la movilización social, es una manera directa de decirle al gobierno colombiano que pare el genocidio y que detenga estas medidas neoliberales que están profundizando la crisis social en nuestro país. Ese emplazamiento tiene dos puntos gruesos. Uno, es que se le exige al gobierno para que pare la guerra y en ese marco reclamamos verdad, justicia y castigo para los responsables de estos crímenes que se dieron el marco del paro nacional. Exigimos la renuncia del ministro de defensa, del comandante de la policía nacional y del comandante de las fuerzas militares que son los responsables directos por estar al mando de las tropas que están asesinando a las comunidades en paro. Por otro lado, estamos diciendo que evidentemente, no creemos en los espacios de negociación, tenemos muchas experiencias y sabemos que el gobierno hace un proceso de dilatación para no cumplir con los acuerdos y que en ese sentido, lo que el gobierno tiene que hacer si muestra voluntad política es cumplir con lo que la gente está expresando en las calles y es el retiro de esa agenda neoliberal y que se deroguen las leyes que oprimen al pueblo históricamente, y evidentemente nosotros tener la posibilidad de crear un nuevo gobierno y vision de país. El gobierno no va a cumplir, es lo más posible, por la actitud que tiene en este momento, el mensaje es que vamos a seguir en las calles, vamos a seguir en las carreteras y se va a seguir levantando la consigna de “fuera mal gobierno” como expresión de rechazo a este régimen, a esta oligarquía que gobierna para los ricos y no para los pobres. Además, se está llevando a cabo un genocidio hacia el pueblo colombiano y la oposición política. Estamos haciendo un llamado a la comunidad internacional no solo para que hagan ejercicio de unidad, sino para que en las instancias internacionales de carácter jurídico, se enjuicie al presidente de la república por estas acciones. Duque es el responsable directo, quien ha dado las órdenes de militarizar y levantar el paro por la fuerza militar. En ese sentido estamos diciendo que se lo debe juzgar internacionalmente por más de 50 muertes, más de 300 desaparecidos ya que no sabemos dónde están esas personas, las violaciones a las mujeres que se han venido haciendo por parte de la policía nacional, más de 30 personas con lesiones en los ojos y las detenciones arbitrarias y el actuar paramilitar del estado colombiano. Este emplazamiento es en respuesta a ese ejercicio de negociación, que como Congreso de los Pueblos y muchas comunidades rechazamos porque el carácter no es el de cambio y de transformaciones profundas sino de querer desmovilizar el paro nacional. Seguiremos en las calles, así como ha caído la reforma seguiremos tumbando las leyes opresoras, pudiendo construir una posibilidad de un país para la vida digna.
-Gracias por la entrevista, te dejo el cierre para que expreses lo que desees.
-Gracias a ustedes de Resumen Latinoamericano, desde Colombia un mensaje de mucha lucha, mucha resistencia y un mensaje de solidaridad a esos procesos de resistencia que se vienen dando en Nuestramérica con Brasil, Chile y también nuestra solidaridad con el pueblo palestino que también resiste ante la agresión imperialista. Somos los pueblos los que evidentemente venimos en esa lucha y esa resistencia por nuestra dignidad, nuestra soberanía y nuestra autonomía. Desde esta lucha que damos en Colombia, está este sentimiento de hermandad ante otros pueblos y nuestra visión de internacionalismo popular. Agradecemos el espacio y seguiremos ahí conociendo también esta dinámica de nuestro continente, del mundo y alimentándonos para fortalecer nuestras luchas.
Transcripción: Julia Mottura
Represión en Cajamarca, Tolima,
deja un joven herido de bala
Resumen Latinoamericano, 24 de mayo de 2021.
Medio centenar de personas muertas a manos de la Policía es esl saldo, hasta ahora de la represión por parte de la fuerza pública, según fuentes independientes. |
Este lunes, un disparo de la policía dejó a un joven herido en su ojo derecho con hemorragia interna.
Organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos colombianas denunciaron a los cuerpos de seguridad pública de reprimir con exceso de fuerza a los manifestantes en el municipio de Cajamarca, departamento de Tolima, que este lunes dejó un joven herido en su ojo derecho con hemorragia interna tras recibir un disparo de bala
En Cajamarca, más temprano, unas ocho resultaron personas capturadas por la policía en una movilización de camioneros y el incidente desató una discusión entre los manifestantes y los agentes policiales, el cual derivó en la represión por parte de las fuerzas del orden y un joven resultó herido en los ojos y habría ingresado en el hospital con heridas de bala.
Esta sería el más reciente de las víctimas que deja la represión de la fuerza pública, un recuento que según la ONG Temblores contabilizaba hasta la víspera unas 39 víctimas de agresiones oculares; 153 casos de disparos de armas de fuego; 21 víctimas de violencia sexual y seis víctimas de violencia de género.
En total, la organización registraría unos 2.905 casos de violencia por parte de la Fuerza Pública visibles en la plataforma GRITA desde el 28 de abril al viernes 21 de mayo.
De acuerdo con la entidad se conocen 855 víctimas de violencia física; 43 homicidios cometidos por miembros de la Fuerza Pública; 1.264 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes y 575 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas.
La información llega el día que se cumple un mes del inicio de las protestas, aunque el diálogo entre el gobierno del presidente Iván Duque y representes del paro continuarán este lunes en horas de la mañana, en medio de la represión y la acusación del gobierno por bloqueos de vías, los cuales atribuye a los manifestantes.
Además, tras conocerse sobre la renuncia del comisionado de Paz, Miguel Ceballos, quien saldría del cargo a partir del 26 de mayo, desde el Comité del Paro aseguraron que es una noticia que toman por sorpresa; sin embargo, esperan que esta no afecte directamente el desarrollo de las negociaciones.
La violencia sistemática del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), grupo especial de la policía, acusada de cometer múltiples excesos durante la represión ejercida contra los manifestantes en numerosas localidades colombianas, ha generado un rechazo general en la población.
Represión en Cajamarca, Colombia, deja un joven herido de bala
Medio centenar de personas muertas a manos de la Policía es esl saldo, hasta ahora de la represión por parte de la fuerza pública, según fuentes independientes. | Foto: EFE
Este lunes, un disparo de la policía dejó a un joven herido en su ojo derecho con hemorragia interna.
Organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos colombianas denunciaron a los cuerpos de seguridad pública de reprimir con exceso de fuerza a los manifestantes en el municipio de Cajamarca, departamento de Tolima, que este lunes dejó un joven herido en su ojo derecho con hemorragia interna tras recibir un disparo de bala
En Cajamarca, más temprano, unas ocho resultaron personas capturadas por la policía en una movilización de camioneros y el incidente desató una discusión entre los manifestantes y los agentes policiales, el cual derivó en la represión por parte de las fuerzas del orden y un joven resultó herido en los ojos y habría ingresado en el hospital con heridas de bala.
Esta sería el más reciente de las víctimas que deja la represión de la fuerza pública, un recuento que según la ONG Temblores contabilizaba hasta la víspera unas 39 víctimas de agresiones oculares; 153 casos de disparos de armas de fuego; 21 víctimas de violencia sexual y seis víctimas de violencia de género.
En total, la organización registraría unos 2.905 casos de violencia por parte de la Fuerza Pública visibles en la plataforma GRITA desde el 28 de abril al viernes 21 de mayo.
De acuerdo con la entidad se conocen 855 víctimas de violencia física; 43 homicidios cometidos por miembros de la Fuerza Pública; 1.264 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes y 575 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas.
La información llega el día que se cumple un mes del inicio de las protestas, aunque el diálogo entre el gobierno del presidente Iván Duque y representes del paro continuarán este lunes en horas de la mañana, en medio de la represión y la acusación del gobierno por bloqueos de vías, los cuales atribuye a los manifestantes.
Además, tras conocerse sobre la renuncia del comisionado de Paz, Miguel Ceballos, quien saldría del cargo a partir del 26 de mayo, desde el Comité del Paro aseguraron que es una noticia que toman por sorpresa; sin embargo, esperan que esta no afecte directamente el desarrollo de las negociaciones.
La violencia sistemática del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), grupo especial de la policía, acusada de cometer múltiples excesos durante la represión ejercida contra los manifestantes en numerosas localidades colombianas, ha generado un rechazo general en la población.
En Siloé la Resistencia cultural
montó un cacerolazo sinfónico
Resumen Latinoamericano /Medios Libres Cali/ 24 de mayo de 2021.
Este paro no es sólo la marejada de noticias y leyes genocidas, que sin verdad en ellas, siempre colocan en el imaginario colectivo, al pueblo como enemigo culpable y al estado como héroe piadoso.Este paro no es sólo la muerte que ya no pueden esconder, ni el deseo de guerra que el gobierno uribista no puede disimular.
Este paro es también el soplar de vientos nuevos, vientos que traen esperanza y justicia. Es la decisión colectiva más importante en nuestra historia reciente, este paro se trata fundamentalmente de despertar.De construir, sin pedirle permiso a ningún gobierno asesino, el vivir que nos merecemos, y en este mundo mejor el arte y las culturas, las de acá, son los ríos por donde corren estas aguas de libertad. Hoy en siloé, se vivió una cali posible, bonita, justa y digna, gracias a la gente bella, a la gente sencilla, a la gente propia que trae el arte como bandera.
Exigen reforma del Código de la
Policía ante la represión
Resumen Latinoamericano, 24 de mayo de 2021.
La Organización No Gubernamental (ONG) Temblores reveló este domingo los resultados de una urna aplicada a ciudadanos en la capital colombiana de Bogotá, donde piden una reforma al Código de Policía ante los hechos de represión suscitados desde el inicio de las masivas manifestaciones el pasado 28 de abril. Entre las solicitudes de los colombianos está el cambio de doctrina policial y militar.
Entre las solicitudes de los colombianos está el cambio de doctrina policial y militar, la cual se encamine en la protección de los Derechos Humanos y en la garantía al derecho Constitucional de la libre expresión y protesta pacífica.
Frente a las constantes denuncias de disparos y agresiones verbales y sexuales perpetrados por agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), los ciudadanos piden el desmonte de este grupo creado por el entonces presidente Andrés Pastrana en 1999 y fortalecido durante la gestión de Álvaro Uribe Vélez.
«Se debe desmontar varias de las armas utilizadas por parte de la Policía en las protestas (…) es importante incorporar un modelo multidimensional de educación superior a la institución diferente al adoctrinamiento actual», aseveran los resultados de la urna de Temblores.
Los resultados del estudio llega después de que sectores estudiantiles y sindicales de Cali denunciaran que en la noche del pasado sábado, las instalaciones del almacén Éxito fueron utilizadas como centro de tortura y asesinatos.
Desde las 03H00 horas del sábado 22 de mayo, el barrio Julio Rincón fue rodeado por un importante número de efectivos policiales, quienes acordonaron todas las cuadras y obligaron a qué toda la población tuviera que encerrarse en sus casas.
A través de redes sociales, las organizaciones denunciaron que miembros de la Policía impidieron que delegados de las comisiones de Derechos Humanos ingresaran al almacén a corroborar y socorrer a las personas heridas-
La actuación policial generó una fuerte confrontación con los jóvenes de la llamada «primera línea», quienes con escudos se defendieron de los ataques del ESMAD que utilizaron armas de fuego, bombas aturdidoras y gases lacrimógenos.
Represión contra manifestantes
Temblores publicó el pasado viernes un informe sobre los actos de represióin perpetrados contra los colombianos, quienes ya completan 26 días movilizados en todas la regiones exigiendo un cambio de modelo sociopolítico, el cual contribuya a cesar la violencia y disminuir la profunda desigualdad social.
La ONG reveló que 2.905 casos de violencia por parte de la Fuerza Pública (sin incluir desapariciones) se han registrado desde el 28 de abril hasta el 21 de mayo.
Dentro de estos casos se identificaron: 855 víctimas de violencia física; 43 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública; 1.264 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes y 575 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas.
Asimismo, 39 víctimas de agresiones oculares; 153 casos de disparos de armas de fuego; 21 víctimas de violencia sexual, y seis víctimas de violencia basada en género.
Foto: Colprensa
Fuente: TeleSUR
Paro Nacional: un laberinto para
el uribismo
Por María Fernanda Barreto, Resumen Latinoamericano, 24 de mayo de 2021.
Veinte años de uribismo en el poder
«La noche de terror despertamos en medio de las balas y del helicóptero…»: así comienza uno de los muchos terribles relatos de las personas que habitaban en la Comuna 13 de Medellín el 16 de octubre de 2002, cuando inició la tristemente célebre Operación Orión, la más grande operación militar conjunta de la Fuerza Pública y los grupos paramilitares en un territorio urbano de Colombia, con la que el exgobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, inauguró su primera presidencia en Colombia.
Del número total de víctimas de la Operación Orión no existen aún cifras exactas, solo se sabe que son cientos y tal vez miles porque con ella los grupos paramilitares tomaron el control territorial e impusieron su régimen los años siguientes. Dispararon desde helicópteros artillados sobre la población, la cercaron con vehículos blindados, allanaron las viviendas con órdenes falsas apoyándose en la Fiscalía y en el entonces cuerpo de inteligencia DAS, y desaparecieron más de cien personas solo en la primera semana.
En palabras del propio ex comandante paramilitar conocido como Don Berna, el Bloque Cacique Nutibara, que él comandaba, llegó ahí por solicitud de los generales de la Fuerza Pública: Mario Montoya, del Ejército; y Leonardo Gallego, de la Policía. Hicieron inteligencia previa torturando a la población con sus métodos habituales: descargas eléctricas, ahogamientos y abusos sexuales.
Operación Orión, operativo (para)militar llevado a cabo entre el 16 y el 17 de octubre de 2002 en la Comuna 13 (San Javier), de Medellín (Foto: Jesús Abad Colorado)
Con esta sangrienta operación, que llenó de cadáveres el sector conocido como La Escombrera, también se estrenó la Ministra de Defensa que Uribe designó desde su toma de posesión presidencial ocurrida tan solo dos meses antes: Marta Lucía Ramírez.
Con Uribe Vélez llegaron al poder cientos de hombres y mujeres de la llamada «parapolítica» y el narcotráfico adquirió nuevas fuerzas dentro del Estado colombiano. Con él también llegaron los más vergonzosos acuerdos militares que terminaron por entregar la poca soberanía que tenía el país a los Estados Unidos, cediendo hasta los cuerpos de las niñas violadas por las tropas estadounidenses que nunca podrán ser juzgadas en Colombia.
Coherentemente, con Uribe también llegó un nuevo tiempo de afianzamiento en las relaciones entre Colombia e Israel. Así, se fue agudizando aún más el conflicto social y armado en Colombia.
Luego de su elección en el año 2002, logró con probadas artimañas obtener su reelección para el período 2006-2010, y para las siguientes elecciones, postuló a su más reciente Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.
Luego llevó a la presidencia a un desconocido de la política colombiana llamado Iván Duque, con lo que durante dos décadas la Casa de Nariño solo la han ocupado Uribe y sus designados.
El genocidio y la masacre como política
«Los mataron porque entraron a comer caña», fueron las palabras del propio fiscal uribista al referirse a la masacre de cinco adolescentes caleños que entraron a comer caña de azúcar en un cañaduzal privado frente a su barrio ubicado en Cali. A las pocas horas aparecieron muertos y con señales de tortura en agosto del año pasado.
Esta matanza conocida como la Masacre de Llano Verde es solo una de las 91 masacres registradas que se ejecutaron en Colombia durante 2020. Año en el que también fueron asesinados 310 líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de Derechos Humanos, incluidas 12 personas por ser sus familiares, y 64 firmantes del Acuerdo de Paz de 2016.
Estos asesinatos constituyen un genocidio por su sistematicidad, por las similares características de las víctimas (todas contrarias a los intereses políticos y económicos del capitalismo en Colombia), mismos modus operandi y victimarios afines: Fuerza Pública, organizaciones y sicarios paramilitares y parapoliciales.
En el marco de ese genocidio hay que detallar también la ejecución de un etnocidio contra las comunidades indígenas y negras, por su arraigo a los territorios que las transnacionales, incluyendo el narcotráfico, quieren poseer para explotar, y por el racismo estructural de la sociedad colombiana.
Racismo que esta semana se expresaba en representantes del partido de gobierno y medios que hablaban de enfrentamientos «entre indígenas y ciudadanos» para referir el ataque de civiles armados a la Minga indígena en Cali el pasado 9 de mayo, que dejó como saldo nueve hombres y mujeres indígenas con heridas graves por armas de fuego, negando la condición de ciudadanos y ciudadanas a los pueblos indígenas y del propio Iván Duque, quien ese mismo día instó a los indígenas a volver a sus resguardos como si se tratara de ganado estabulado, y estigmatizaba al Consejo Indígena Regional del Cauca (CRIC) al culparlo de la violencia de la que en realidad fue víctima.
Las mismas características tienen las masacres, los asesinatos y las desapariciones forzadas que se están ejecutando en el contexto de la represión a este Paro Nacional, y hay elementos para señalar que forman parte de la misma estrategia.
En primer lugar, como ya es habitual, el discurso del gobierno y las corporaciones mediáticas acusan de nuevo al presidente Nicolás Maduro, al Ejército de Liberación Nacional (ELN), a la Segunda Marquetalia o a las llamadas disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y al propio Gustavo Petro de manipular y movilizar a las organizaciones populares y promover las acciones de resistencia, pero curiosamente no acusan de ello al Clan del Golfo, a Los Rastrojos o a las Águilas Negras, a pesar de que reiteradamente dicen que también son sus enemigos.
La razón por la que no acusan a esos grupos es porque claramente asumen que estas organizaciones narcoparamilitares no riñen con sus intereses, y más aún, que actúan de su lado en la represión violenta a ésta y todas las protestas populares.
Un segundo elemento es que, en el transcurso del paro y comparado con el período inmediato anterior, los asesinatos políticos selectivos han disminuido. Mientras desde el 28/4/21 al 21/5/21 han sido asesinados 9 líderes y lideresas sociales y 2 firmantes del Acuerdo de Paz de 2016, del 20/3/21 al 26/4/21 fueron asesinados 4 firmantes del Acuerdo de Paz y 22 líderes y lideresas sociales, es decir, que esos crímenes se han reducido a menos de la mitad desde el inicio de las protestas, lo que permite establecer una relación que a nuestro juicio tiene que ver con la identidad de los victimarios materiales e intelectuales.
También debemos mencionar que han disminuido los hostigamientos militares y paramilitares a Venezuela en el mismo lapso de tiempo.
Si a pesar de esto quedara alguna duda sobre la legitimación que hace el régimen colombiano de los genocidios, basta ver que, en medio de estas masacres, Uribe y su partido Centro Democrático se manifestaron públicamente en solidaridad con el Estado sionista de Israel, luego de sus ataques a Palestina esta semana.
Finalmente, la reacción tardía y tibia de los organismos multilaterales ante las masacres, violaciones sexuales, mutilaciones oculares y demás violaciones de derechos humanos que se están ejecutando en este momento es vergonzosa y evidencia su subordinación a intereses hegemónicos que avalan las violaciones masivas de derechos humanos que están ocurriendo en Colombia, las históricas y las de estos últimos días, en que a pesar de todo, incluida la masividad de las redes sociales en las ciudades, ha logrado romper la tradicional invisibilización de la guerra en Colombia.
El Paro Nacional del 28 de abril de 2021
Las causas históricas de esta situación están en 200 años de la oligarquía más violenta y excluyente del continente en el poder y en su decisión de hipotecar la soberanía tan pronto se logró la independencia.
Pero si bien hay antecedentes de grandes paros como el de 1977, en los últimos tres años las protestas populares se han venido haciendo cada vez más masivas y consecutivas, lo que evidencia que hay un cúmulo creciente de reclamos contra el sistema que ha convertido a Colombia en uno de los países más desiguales del mundo y el de mayor inequidad territorial del continente.
El Paro Cívico de Buenaventura de 2017, el Paro Estudiantil de 2018, el Paro Nacional de 2019 y las protestas contra la violencia policial en septiembre de 2020, son antecedentes inmediatos que se unen en la naturaleza justa de sus reclamos y la masividad de la participación popular, pero el Paro Nacional actual tiene un nivel de participación inédita que se ha proyectado a los barrios de las principales ciudades del país y en las carreteras interurbanas.
El protagonismo de la Guardia Indígena y la legitimidad que ésta ha venido alcanzando ante quienes protestan, es la expresión del sentido histórico y no coyuntural de las exigencias del pueblo colombiano.
Pero todos los paros anteriores, y éste en particular, han recibido una sola respuesta de parte del Estado: la represión cada vez más brutal y ejecutada por la Fuerza Pública. Se está dando tratamiento de guerra a la protesta popular, lo que incluye acciones paramilitares; ambas fuerzas han generado y están generando en este momento masacres y desapariciones forzadas en todos los puntos del país.
El historiador colombiano Renán Vega Cantor califica este Paro Nacional que inició el 28A como la más extraordinaria movilización popular en los últimos 45 años en Colombia que «ha desnudado con toda su crudeza ante el mundo entero lo que es la ‘democracia colombiana’, con su cara de muerte y horror», un régimen «siempre encubierto, protegido y tutelado por los poderes imperialistas», y tal como el profesor lo señala, «se ha evidenciado que el Estado colombiano es contrainsurgente, anticomunista y terrorista, porque en nuestro territorio en sentido estricto la lógica de la guerra fría nunca ha terminado».
Uribe y su golpe de Estado molecular
Los argumentos pseudointelectuales del asesor neonazi de Uribe, el chileno Alexis López, que con muy escasa capacidad intelectual trata de explicar la teoría de la Revolución Molecular del francés Felix Guattari para diseñar un panfleto neopinochetista, podrían más bien haberle sembrado la idea al uribismo de un «golpe de Estado molecular».
Un golpe de Estado a la colombiana, lleno de eufemismos y «de a poquito». Militarizando el país, sustituyendo poderes ejecutivos locales por mandos militares como sucede en Cali, desatando el terrorismo de Estado, garantizando la impunidad, activando las operaciones paramilitares y parapoliciales para el control territorial definitivo y, por supuesto, legitimándose gracias al discurso de las corporaciones mediáticas a su favor.
Ese golpe que parece estar tratando de concretar el uribismo en todo el suroccidente, comenzó también a avanzar hacia Medellín con el nombramiento de un «alcalde ad hoc« y podría expandirse hacia su concreción nacional por la vía de la militarización y la paramilitarización, o a través de la declaración de un estado de conmoción interior u otra emergencia que terminara con la destitución de Iván Duque y delegara a Marta Lucía Ramírez la presidencia del país.
Todo parece posible para Uribe Vélez y sus acólitos, menos que su partido logre ganar limpiamente las elecciones contempladas para 2022.
Por supuesto, en Colombia nada pasa sin la orientación y el apoyo de los Estados Unidos, que además de su injerencia política, entrena, financia y dota de armamento a la Fuerza Pública colombiana, y no dejó de hacerlo durante estas jornadas de violencia estatal contra la población.
Pero además, mientras el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) masacraba a la juventud en Cali, la empresa de origen alemán Bayer anunciaba orgullosa una inversión de 1 millón de euros para su planta del Departamento del Valle del Cauca, cuya capital es precisamente Cali. En la misma ciudad, la tienda de la cadena de supermercados Éxito del Grupo Casino de Francia está siendo acusada por la población de prestar sus instalaciones para centros ilegales de detención, tortura y desaparición forzada de las personas que protestan en la zona con complicidad de su seguridad privada. Mientras las empresas Anglo American, BHP Billiton y Glencore continúan violando los derechos de sus trabajadores, que se han sumado activamente al paro en la mina del Cerrejón, ubicada en la Guajira colombiana.
Por todo esto, la comunidad internacional debe romper el silencio. Las transnacionales de origen europeo, norteamericano e israelíes tienen mucha responsabilidad en la situación económica de Colombia, en la definición de las políticas neoliberales del uribismo y hasta en el financiamiento a esa Fuerza Pública genocida, a Corporaciones Militares y de Seguridad Privadas y a paramilitares.
El laberinto del que creyeron que saldrían con facilidad
La deslegitimación de Uribe en la juventud colombiana se evidencia en la consigna más reiterada en los puntos de resistencia: «Uribe, paraco, el pueblo está berraco», en la que se expresa que esta generación está harta de un Estado que basa su poder en el miedo, la muerte y la tortura.
La pacificación del pueblo no ha resultado una tarea fácil y han comenzado a sufrir importantes derrotas. La violencia desatada por el Estado ha sido un detonante para la indignación y ha multiplicado la resistencia.
«Colombia llora pero no se rinde» (Foto: Archivo)
Uribe, que ha expresado públicamente su temor a la lucha de clases, la ha profundizado en sus 20 años de mandato directo e indirecto, y ahora descubre que ésta encuentra nuevas expresiones en una generación que nació expropiada de todo, que está atrapada en un presente invivible y que al presentirse también sin futuro siente que no tiene nada que perder y, por el contrario, mucho por conquistar en la lucha colectiva con sus iguales.
La extrema violencia económica, militar y policial han acabado por reunir al pueblo en barricadas llamadas Puntos de Resistencia, donde se realizan ollas comunitarias en las que mucha gente obtiene al fin algo de comida mientras participa, teje lazos y descubre que logra hacer escuchar su voz si forma parte del colectivo en Paro.
También, la extrema exclusión, racismo, clasismo y sobreexplotación del sistema tiene su expresión en las miles de personas que viven en situación de calle. Colombia es junto a Brasil el país de la región con más población en esta terrible situación, y aunque los grandes análisis políticos suelen invisibilizarles, ahí están, se ven ahora en la primera línea de combate de muchas ciudades, se escuchan al fin sus voces en un país que vergonzosamente se acostumbró a llamarles «desechables».
La descolonización también avanza simbólicamente de mano de las comunidades indígenas Misak, que abrieron el paro en la madrugada del 28 de abril derribando la estatua del genocida español Sebastián de Belalcázar, acción que se ha venido replicando en el país y que avanza hasta derribar la estatua del propio Francisco de Paula Santander.
La Minga Indígena que tanto subestiman y estigmatizan se ha consolidado como reserva moral del pueblo que protesta. Cada vez que en medio de las protestas de los últimos años la Minga se ha trasladado a las grandes ciudades, es recibida por miles de personas en las calles y el himno de la Guardia Indígena es, hoy, himno de la resistencia nacional.
Toda una pesadilla para quienes se autodenominan «gente de bien» y se jactan de sus estratos 5 y 6. Porque esa estratificación que comenzaron a usar en los noventa ha contribuido a esa polarización del país que el uribismo ha logrado como ninguna otra corriente política lo había logrado en los últimos 70 años.
Para complejizarle más el panorama, muchas organizaciones de izquierda que se habían dispersado en los años de esa década del desencanto que fue 1990 se están reconvocando a la luz de esa esperanza que se renueva.
El dilema consiste en hacia dónde encontrará la oligarquía colombiana la salida, y todo parece apuntar a que seguirá apostando a la violencia, porque a pesar de todo lo dicho, la comunidad internacional ha comenzado a manifestarse. Va creciendo la solidaridad y las denuncias a través de las redes sociales han inundado ya los medios tradicionales, obligando a algunas personalidades mundiales e incluso instituciones a pronunciarse contra la masividad de las violaciones de derechos humanos en Colombia.
Aunque hasta el momento solo los gobiernos de países no alineados a Estados Unidos se han atrevido a posicionarse, los pueblos de los países subordinados, y particularmente los del Norte Global, pueden acabar por presionarlos para romper el silencio cómplice y con él algunos de los negocios que sostienen a la oligarquía colombiana.
El propio Departamento de Estado norteamericano tuvo que pronunciarse contra los excesos policiales luego de casi dos semanas de iniciado el Paro Nacional, mientras la Embajada rusa se vio obligada a manifestarse tras las inapropiadas acusaciones de Iván Duque que sigue buscando culpables externos.
Luego de la casi nula gestión de Claudia Blum al frente de la Cancillería colombiana, cuya acción más famosa fue la reunión con Francisco Santos en la que éste le explicaba que su principal tarea sería continuar atacando al gobierno venezolano, Duque ha optado por colocar en su lugar a la propia vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.
Al asumir el Ministerio de Relaciones Exteriores queda claro que ya no será la candidata del uribismo para las próximas elecciones, aun cuando era la única candidatura uribista con alguna posibilidad según las encuestas.
La más ardua tarea del gobierno colombiano en el ámbito internacional en este momento consiste en tratar de justificar la masacre que está cometiendo contra el pueblo y que al fin comienza a generarle algún tipo de presiones internacionales.
Lo más probable es que, a pesar del costo político que pueda generarles, intentarán evitar llegar a las elecciones de 2022 y ello solo se logrará con ese «golpe de Estado molecular», aún no tan disipado.
Los éxitos del Paro Nacional abren camino a la Paz
No cabe duda de que lo que hoy sucede en Colombia es, en términos gramscianos, una crisis orgánica en la que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, y que dejará profundas huellas en su historia.
Se evidencia aquí la disputa entre un Estado subordinado a los intereses de los Estados Unidos y dirigido por la oligarquía más violenta del continente que pretende dar la estocada final para la «pacificación» del país y el pueblo que se ha mantenido valientemente luchando por la Paz, esa que los primeros aborrecen porque implica la pérdida de su control y privilegios en aras de la construcción de una justicia social que no ha existido en Colombia al menos en los últimos cinco siglos.
Hoy, a más de tres semanas de iniciado el Paro Nacional, la fuerza demostrada por la resistencia popular ha logrado el retiro de las infames Reforma Tributaria y Reforma Sanitaria, así como la renuncia del Ministro de Hacienda y su gabinete. Uno de los primeros anuncios de su sucesor en la cartera es la cancelación de la compra de 40 aviones de guerra anunciado en marzo que costaría cerca de 14 billones de pesos, y que fue uno de los argumentos para justificar la anunciada reforma.
Como si esto fuera poco, las principales navieras asiáticas ya anunciaron la suspensión de envíos al Puerto de Buenaventura debido a que las protestas han impedido el desembarco y traslado de mercancías, las embarcaciones que ya se encontraban navegando el Pacífico se dirigirán a los puertos del Caribe colombiano, es decir que deberán atravesar el Canal de Panamá, aumentando tiempo y costos y, finalmente, la Conmebol anunció la suspensión de Colombia como sede de la Copa América 2021, con la que pretendían aumentar sus ganancias y seguir ocultando la terrible realidad del país puertas afuera.
La oligarquía más violenta del continente se ha acostumbrado durante dos siglos a responder con balas a los justos reclamos del pueblo, y solo se ha sentado a dialogar con poco éxito con las organizaciones armadas, dejando claro que no está dispuesto a reconocer la beligerancia de las organizaciones populares no armadas, garantizando así la continuidad de la guerra.
A estas alturas está claro que no hay solución militar posible, y la apuesta para encontrar la Paz se encuentra en una salida política y negociada al conflicto social y armado.
Si además de esas victorias ya mencionadas, que aunque parezcan pequeñas golpean fuertemente los intereses económicos que definen la política del país, el pueblo colombiano logra que por primera vez el Estado se siente a dialogar con él para negociar, la salida a la terrible realidad con todos los sectores populares que han sostenido esta fuerte resistencia en las calles y carreteras, estaremos hablando entonces de la mayor victoria popular de los últimos dos siglos y, al fin, un verdadero avance hacia la Paz de Colombia, que es la de Venezuela y de toda la región.
Esto no será sencillo porque ahora, además de retomar los diálogos con el ELN, el Estado debe abrir espacios para negociar con todos los sectores populares que participan de este Paro Nacional que continúa activo.
El Comité Nacional de Paro, a su vez, ha sido superado por la inmensa cantidad de expresiones populares locales que se han convertido en protagonistas de la resistencia y que también deben ser escuchadas. Abarcar esa diversidad exige un proceso de diálogo nacional que requiere de mucha voluntad política de todas las partes y que abriría paso a cambios estructurales que la clase política colombiana siempre se ha negado a negociar.
Lo que ya puede afirmarse sin dudas es que, pase lo que pase, estos hechos marcarán un antes y un después en la historia de Colombia, y su acumulado histórico se expresará inevitablemente en las luchas por venir.
Entrevista al “buen opositor” Alejandro
Gaviria, posible candidato presidencial
Por Oto Higuita. Resumen Latinoamericano, 24 de mayo de 2021.
En esta entrevista, Alejandro Gaviria, ex ministro de salud del gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), académico, economista y actual rector de la Universidad de los Andes, presenta su visión del paro, la crisis y la posible solución. Su lenguaje es sencillo, al estilo del “buen” burgués ilustrado, pero lleno de significados políticos dobles, códigos que apuntan en una dirección política.
Origen y contexto: Alejandro Gaviria es hijo de Juan Felipe Gaviria, ex ministro, académico, ex rector de la Universidad Eafit, humanista al buen estilo del gran burgués, quien también fue gerente de EPM y conoció e impulsó la privatización de la misma de espaldas a la gente y los verdaderos dueños de EPM, aliado y vocero del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) en la gran empresa pública que ha sido EPM. Así que no estamos hablando de cualquier personaje de la vida política, académica, histórica de Antioquia y de Colombia.
Alejandro Gaviria es considerado por algunos sectores económicos poderosos, la gran burguesía colombiana, como un posible candidato presidencial que «lideraría» la salida a la gran encrucijada histórica, «de los últimos cien años», como el mismo lo dice en la entrevista.
La entrevista empieza con un vocablo bastante común, muy usado a propósito del Paro Nacional indefinido, que hoy se ha convertido en un estallido social: el odio que arrastra a Colombia al abismo.
Por supuesto, el pequeño burgués ilustrado Gaviria, no va a corregir al entrevistador y reconocer que lo que se está dando en Colombia es una lucha de clases abierta y descarnada en las calles y en todos los ámbitos de lucha por el poder, la cultura, los símbolos, la política, la economía, las redes sociales; y el papel que están cumpliendo los medios de comunicación alternativos, sobre los que entrevistado y entrevistador no disimulan su postura.
El rector de la Universidad de los Andes interpreta muy bien el pensamiento de un sector de clase, la gran burguesía ligada al capital industrial, comercial, financiero y transnacional, que hoy ve en un aliado histórico suyo – la vieja oligarquía tradicional, liberal-conservadora que se alió los últimos treinta años con el narcotráfico para gobernar a sangre y fuego al país – un peligro para la continuidad como clase en el poder.
El “odio es una falla de nuestra democracia», afirma Gaviria. Es fácil entender que, la gente de abajo, los marginados, los más pobres, los odia como clase porque la democracia que ellos administraron fue más de papel que real, más retórica que de derechos para todos; y no solo falló sino que está agonizando, eso es una verdad de perogrullo hace décadas.
La gente, las nuevas ciudadanías, la clase media desengañada y millones de jóvenes de estratos sociales uno, dos y tres, salieron masivamente a las calles a protestar el 28 de abril, porque no aguanta más ni la pobreza, el desempleo masivo, la corrupción, la represión, el exterminio sistemático de líderes sociales, la traición al acuerdo de paz con las FARC y el acumulado de injusticias que les toca padecer.
La paciencia de millones se acabó y estalló, se rebosó la copa, porque hay un acumulado histórico de injusticias tan grande, de varias generaciones, que hizo estallar el volcán. Y es tan profunda la digna rabia que lleva por dentro, que sigue botando fuego de sus entrañas y no hay quien lo apague ya, ni Gustavo Petro, y ese es otro error de lectura del ex ministro de salud.
Ya esto lo advertía hace un tiempo en vida Carlos Gaviria Díaz, constitucionalista, ex-magistrado y ex-miembro del Polo Democrático Alternativo. Tiene que haber un cambio radical en Colombia, de raíz, y como no lo hubo, pues la gente lo está imponiendo con furia pero con todo el derecho que le asiste, en las calles y plazas.
Habla además, el entrevistado, de la «razón política», en lugar de la Razón de Estado para explicar el estallido social en Colombia. Es probable que haya confundido el concepto clásico de las ciencias políticas, que se refiere a la Razón de Estado como el argumento político y el nivel de máxima decisión de quienes ejercen el poder y dominio de clase, a la hora de darle respuesta a los problemas que desafíen su monopolio del poder, acudiendo a figura política tan vieja como los imperios, monarquías, democracias, naciones y dictaduras. Lo usó tanto Napoleón, como Hitler, lo esgrime tanto Erdogán como Biden, lo usa cualquier jefe de Estado a la hora de hacer valer el tipo de Estado que conducen.
Hubo un monarca, Luis XIV (1654) de Francia, que incluso afirmó, el «Estado soy yo», ciento cincuenta años antes de que la Revolución Francesa y la Guillotina le corrigieran y entregaran el poder del Estado en manos de la monarquía despótica, a la burguesía revolucionaria en 1789.
Llama Gaviria en la entrevista bien preparada como para un futuro candidato presidencial como él el “buen” opositor, al fin de los bloqueos, invocando la falsa dicotomía de que es la protesta y manifestación ciudadana, hastiada de los malos gobiernos y las injusticias acumuladas durante décadas de gobiernos oligárquicos, la que debe ceder ante el régimen que comanda Iván Duque.
No cita cifras, el connotado economista, de los desaparecidos, heridos, torturados, violadas y asesinadas por las armas de la nación, usadas contra sus ciudadanos en una clara violación de la constitución, no, eso no lo registra su brillante pero selectiva mente.
Le incomoda, como al entrevistador, el papel de los medios de comunicación alternativos y el uso de las redes sociales, canales de comunicación inmediata y en sitio que tiene la gente, para enfrentar la represión, brutalidad policial y el discurso hegemónico de la clase dominante y sus medios prepagos.
Les arde que la gente use el celular/móvil para registrar lo que están viviendo y sufriendo en directo, civiles armados al servicio de un régimen criminal, que no solo detiene injustamente, golpea, gasea casas de familias con niños, saca ojos y dispara contra los que se manifiestan sino que desaparecen jóvenes en todas las ciudades que después aparecen en los ríos de Colombia, torturados y desmembrados.
Propone, en materia de seguridad social, la renta básica o ingreso mínimo vital como una medida urgente de un gobierno nuevo que gane las elecciones, para evitar un escenario de confrontación peor al que hoy existe; reconociendo que la debe recibir aquel segmento más pobre de la población (el quintal más pobre, esto si lo citó).
Habla, igualmente, de cobrar un impuesto al patrimonio, algo que cualquiera con sentido común entendería, se necesita una reforma tributaria que genere inmensos recursos a la caja del Estado. Y que lo reconozca el posible candidato del centro y un sector de la burguesía a la presidencia, es meritorio y muestra lo grave de la situación, pués a Alejandro Gaviria hay que leerlo como la voz de quienes se sienten acorralados por el precariado masivamente en las calles, ejerciendo poder soberano como constituyente primario, quien al tiempo que destituye lo viejo, constituye lo nuevo, un nuevo país, una nueva manera de entender la política, la relación con la naturaleza, la economía, los derechos y la vida digna.
A la oposición, sobre todo la que encabeza Gustavo Petro en la Colombia Humana, la llama una mala oposición y la compara con el pésimo gobierno de Iván Duque, diciendo que son dos caras de la misma moneda. «El mal gobierno y la mala oposición son dos caras de la misma moneda», afirma orondo.
Es decir, no se trata de una lucha de clases, sino de una lucha de buenos y malos que, idealmente, resolvería una tendencia de «buenos» opositores como por ejemplo el llamado centro o los tibios, (Fajardo-Alejandro Gaviria, Verdes y Coalición de la Esperanza), los bien hablados, profesores universitarios, académicos, cuidadosos de no incurrir en lenguajes cargados de sentidos que refieran a la guerra de clases, ellos son los llamados a salvar la vieja y caduca narcoligarquía que da coletazos violentos y agoniza, ellos, el centro, serán el gobierno que va a sacar al país de la peor crisis de los últimos cien años.
Tampoco nos dice porqué no es comparable esta crisis a la del año 1948, tras el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán, tal vez, la ruptura más grande que ha provocado la oligarquía tradicional liberal-conservadora, que lanzó al país a una guerra civil no declarada, a partir del advenimiento al poder del conservadurismo de Laureano Gómez y Mariano Ospina Pérez, que dieron inicio a la política de la muerte y al exterminio que la restauración conservadora del Uribato intensificó desde hace tres décadas.
Al finalizar la entrevista, nos habla del nuevo «Contrato social» que Colombia necesita, reconoce que se deben redefinir las reglas que han guiado el gasto público hasta hoy, que ha priorizado, eso no lo dice, una economía aperturista, basada en el modelo neoliberal que ha otorgado los máximos beneficios al gran capital, la banca, la industria y la inversión extranjera.
Nos cuenta, además, que hay muchos liderazgos jóvenes hoy que están en las calles (sic), y que serán los que ayuden a hacer el tránsito de este estado de cosas, a un nuevo escenario de gobernabilidad. Dentro de estos nuevos liderazgos, por supuesto, está el suyo que no sabe disimular ante la insistencia del inocente periodista de Caracol Radio, el lorito, Juan Robero Vargas.
Como conclusión, la entrevista nos acerca ante un verdadero debate ideológico, donde el entrevistado encubre hábilmente en un lenguaje muy medido, académico, de profesor, convincente pero ambiguo; evitando incurrir en el «crispamiento y odio» que ha asaltado las calles y como un volcán lleno de un magma de digna rabia, acumulada en décadas de opresión de clase, estalló y sigue ardiendo.
Falta mucho por ver si Alejandro Gaviria llega a ser la voz que apague las bocanadas de fuego de un estallido social que ya no se contenta con la ganado hasta ahora, sino que grita furioso Que se vayan todos.
Fuente: TeleSUR
El misterio Santrich
Por Marcos Salgado. Resumen Latinoamericano, 24 de mayo de 2021.
Ya hace casi una semana desde que se difundió en Colombia, en medios cercanos al gobierno, que el jefe guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, Jesús Santrich había sido asesinado en territorio venezolano. Pero ni los gobiernos, ni la prensa, ni la misma guerrilla confirmó fehacientemente el hecho. Jesús Santrich había sido un importante gestor del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno de Colombia, que se firmó en setiembre de 2016.
Lo que siguió fue un accidentado desarrollo, donde una parte de la conducción de las FARC avanzó por el camino de la constitución de un partido político, a pesar de las deficiencias en el avance en la implementación de la desmovilización, y de la creciente «vendetta» de la derecha política colombiana contra guerrilleros desmovilizados, que se agudizó en el gobierno de Iván Duque. Desde el acuerdo hasta ahora, son más de 250, al menos 264, los guerrilleros asesinados.
Pero antes de llegar hasta este punto ya un sector de las FARC había vuelto a las armas, encabezados precisamente por Santrich y otro jefe guerrillero de los diálogos de paz, Iván Marquez. En el medio hubo una movida judicial para extraditar a Santrich a los Estados Unidos, y hasta una banca en el Congreso colombiano, que asumió por apenas unos días, antes de la retoma de las armas, en agosto de 2019.
No se supo mucho más de él, hasta ahora, casi dos años después, cuando se lo anunció muerto.
Nadie confirma nada
Inmediatamente después de la noticia inicial el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, aseguró que estaban verificando la información, pero a pesar de lo provisorio de la versión, no se privó de advertir que, si se confirmaba, era una prueba de la vinculación del gobierno de Venezuela con este sector de las FARC.
El mismo día se conoció un comunicado de las FARC, cuya autenticidad no se confirmó fehacientemente, que decía que efectivamente Santrich había sido asesinado, por un grupo comando de las Fuerzas Armadas de Colombia, que ingresó a territorio venezolano, para atacar al jefe guerrillero, en una zona de difícil acceso cerca de la línea fronteriza, en las serranías del Perijá.
Si se hubiera confirmado esta versión, sería un cuadro grave: se trataría de una irrupción de fuerzas colombianas en Venezuela, en el peor momento de la relación entre los dos países.
Jesús Santrich tras anunciar el acuerdo
Pero a casi una semana no hay más información. Nada oficial. Ni en Venezuela, ni en Colombia y tampoco algún otro tipo de información verificable sobre la muerte de Santrich. No hay cuerpo, no hay fotos, no hay testigos, no hay nada. Solo silencio en la Casa de Nariño en Bogotá y en el Palacio de Miraflores en Caracas, y un mar de especulaciones y versiones que no pueden ser dadas por válidas, porque los medios que las difunden representan a sectores interesados en el conflicto. Igual, estas versiones se diluyen a medida que pasan los días.
Lo cierto es que a Iván Duque le vendría muy bien azuzar el fantasma Santrich protegido en Venezuela, como cortina de humo justo en el peor momento de su gobierno, cercado por una protesta social sin precedentes que no cede, a pesar de la extendida y desmadrada represión policial y militar. Pero por alguna razón, no lo hace.
Para Nicolás Maduro, el cálculo es más complejo, porque el gobierno de Venezuela está reclamando a otro sector de la FARC en armas, enfrentado al de Santrich y Márquez, para que libere a 8 militares venezolanos que capturaron y mantienen prisioneros, en otro sector de la frontera, en Apure, donde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sostiene una operación de inédita envergadura enfrentando a irregulares colombianos, en territorio venezolano.
Un escenario muy complejo, porque desde Colombia se vienen orquestando desde hace varios años operaciones directas e indirectas contra el gobierno de Venezuela, que una y otra vez llevan a los mismos nombres: el presidente Duque y su mentor, Álvaro Uribe.
En el medio, Seuxis Pausias Hernández Solarte, Jesús Santrich, cuya muerte nadie desmiente, pero nadie confirma.
*Periodista argentino del equipo fundacional de Telesur. Editor de questiondigital.com. Corresponsal de HispanTv en Venezuela. Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
Alertan sobre posibles sitios de
tortura y de fosas comunes en Cali
Resumen Latinoamericano, 24 de mayo de 2021.
El Equipo Jurídico y Humanitario 21 N, la Corporación Justicia y Dignidad, y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, publicaron este domingo un informe donde revelan denuncias de sitios utilizados por paramilitares y policía para detención, tortura y hasta desapariciones de manifestantes en la ciudad colombiana de Cali, situada en el departamento del Valle del Cauca. El documento especifica que algunos jóvenes de Cali reportados como desaparecidos fueron ajusticiados en los municipios de Guacarí y Buga.
«Desde el pasado 13 de mayo de 2021 nuestras organizaciones han recibido relatos absolutamente escabrosos y delicados que hieren la conciencia de la humanidad por el comportamiento y las prácticas policiales», alerta el informe.
Las organizaciones defensoras de Derechos Humanos (DD.HH.) aseveran que desde el pasado 2 de mayo se tienen denuncias de que el Centro Administrativo Municipal (CAM) de Cali es utilizado presuntamente como centro encubierto de operaciones por parte de la fuerza pública.
Fuente : https://t.co/iowGH4nApZ
— Guerra Universitaria
(@Gu2Hail) May 23, 2021
«Algunos jóvenes fueron llevados a unos sótanos (del CAM), horas más tarde eran sacados en camionetas polarizadas (…) fuentes posteriores informaron de la movilidad de camiones que, al parecer, hacen parte de medios usados por la Policía para su movilidad. En algunos de estos se habrían llevado jóvenes en horas de la noche al sector conocido como Mulaló, corregimiento de Yumbo, ubicado a 30 minutos de Cali. Allí, en un paraje previamente preparado estarían descargando cuerpos de jóvenes de los barrios populares que participan en las movilizaciones y que se dan por desaparecidos», explica el documento.
Asimismo, el informe revela que desde el pasado 14 de mayo se conocieron denuncias de posibles fosas comunes en zonas rurales de los municipios de Buga y Yumbo, sectores aledaños a Cali, «en esos sitios, aparentemente se estarían llevando los cuerpos de muchos jóvenes caleños», agregan.
El documento especifica que algunos jóvenes de Cali reportados como desaparecidos fueron ajusticiados en los municipios de Guacarí y Buga (ubicados a menos de 40 minutos de Cali), «algunos de los sobrevivientes de los ajusticiamientos fueron encontrados con heridas por arma de fuego en centros asistenciales y hoy se encuentran aterrorizados y escondidos», acotan.
Aparición de las casas de pique en Cali
Las organizaciones revelan en su informe que en Ciudad Jardín, barrio situado en Cali y donde personas vestidas de blanco atacaron a la minga indígena a tiros, se habrían instaurado las casa de pique, lugares usados para descuartizar a la gente.
«Hoy 23 de mayo, se conoció una versión más delicada de las operaciones de los grupos de civiles armados protegidos por policiales. Se habrían instalado una Casa de Pique en el exclusivo lugar de Ciudad Jardín», expresa el informe.
El documento asegura que los ciudadanos tienen temor de denunciar los hechos escalofriantes que se han perpetrado tanto por la Policía como de un grupo de civiles armados apoyados por la fuerza pública, «ante el temor fundado que asiste a eventuales testigos de ser victimizados en su vida, integridad y libertad, se requiere la adopción de medidas técnicas propias de la investigación judicial», añaden.
«Algunos familiares nos han compartido con nuestra organización algunos nombres de los jóvenes que son detenidos, luego llevados a una instalación policial en Meléndez y días después se desconoce de su paradero», puntualiza el pronunciamiento de las organizaciones.
El informe pide al Estado colombiano garantizar los procesos de investigación con expertos del Instituto de Medicina Legal y la Unidad de Búsqueda de Personas desaparecidas, así como de la compañía de organizaciones humanitarias tanto nacionales como internacionales.
Fuente: TeleSUR
Amnistía Internacional pide que EE.UU
deje de vender armas al dictador Iván
Duque
Resumen Latinoamericano, 24 de mayo de 2021.
Amnistía Internacional pide a Estados Unidos. que deje de vender armas a Colombia que luego se usan para reprimir y matar a manifestantes
Amnistía Internacional pide al Gobierno de Biden que deje de vender armas y otros equipos fabricados en Estados Unidos a Colombia, donde la policía de ese país ha reprimido violentamente las manifestaciones populares.
A principios de este mes, un organismo de supervisión de los derechos humanos de Colombia señaló que al menos 42 personas han muerto durante las manifestaciones en ese país, que exigen el fin de la desigualdad, la violencia y la militarización de la policía, así como también que el Gobierno de derecha del presidente Iván Duque promulgue una serie de reformas sociales. Estas fueron las palabras expresadas por la líder indígena Ati Quigua durante una manifestación en Bogotá.
Ati Quigua: “Queremos invitar a que el Gobierno nacional pare ya los asesinatos a los líderes sociales. Cada tres días en Colombia están asesinando a un líder indígena. Y queremos también el respeto a nuestros territorios, que no se sigan concesionando para actividades extractivas”.
Envio:RL
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