Alcanzan la modalidad de clases y horarios de comercio y circulación
Se amplían las restricciones por la pandemia
El gobernador Omar Perotti anunció ayer la adhesión de Santa Fe al decreto nacional que estableció cuatro zonas de riesgo epidemiológico por coronavirus y las medidas para cada una de ellas, pero informó que se aplicarán solamente a los departamentos de Rosario y San Lorenzo -catalogados dentro de las zonas de alerta epidemiológica y sanitaria- y por una semana (el DNU indica que es hasta el 21 de mayo). Entre las nuevas disposiciones, se encuentra la suspensión de las clases presenciales y mayores restricciones horarias a la circulación y al funcionamiento de los comercios. Para el resto de las localidades de la provincia se mantendrán las mismas medidas que se venían aplicando hasta el momento.
En un breve mensaje que fue grabado previamente y difundido a la prensa mientras se jugaba el clásico de la ciudad, Perotti comunicó la vigencia de las nuevas restricciones desde hoy y por el lapso de una semana ya que es en ese tiempo “que podemos encontrar alguna redeterminación y algún análisis diferente, que debe surgir desde algunos cambios”. Uno de esos cambios es sumar un mayor número de camas: “Es allí donde estamos desplegando nuestro plan de contingencia de incorporación de camas en el sector público y en el sector privado y contamos para ello con el compromiso del presidente de la Nación de acercar a la provincia de Santa Fe más respiradores”.
Por su parte, el gobernador adelantó que le envió una nota al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, “porque entendemos que esos indicadores hay que reanalizarlos en vista de la particularidades de nuestra provincia y de nuestro sistema sanitario”. En ese sentido, consideró que Santa Fe concentra en algunos lugares los centros de internación y es allí dónde están las principales unidades de terapia intensiva por lo cual una medición de camas en un lugar donde todos derivan sin duda que va a dar muy alto en ese lugar aunque los pacientes no le pertenezcan. “Estas cosas queremos reanalizarlas con el Jefe de Gabinete”, insistió.
Una de las notas más salientes de las nuevas medidas es la suspensión de las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y en todas las instituciones de ambos departamentos santafesinos. De esa manera, desde hoy y hasta el 7 de mayo inclusive las escuelas de Rosario y San Lorenzo volverán al dictado a distancia, mientras que los 17 departamentos restantes podrán mantener la alternancia entre clases presenciales y virtuales. Además, el decreto provincial establece que queda exceptuada de la suspensión la escolaridad de estudiantes de la modalidad de educación especial, en acuerdo con sus familias, y, asimismo, se deberán arbitrar los medios para cumplir con los apoyos y el acompañamiento educativo de los y las estudiantes con discapacidad.
Paralelamente, la clasificación de Rosario y San Lorenzo como zonas de alerta epidemiológica y sanitaria implica la suspensión de todas las actividades deportivas, recreativas, sociales, culturales y religiosas que se lleven a cabo en lugares cerrados. En el mismo sentido, se determina la prohibición de la práctica de los deportes grupales y se mantiene el cierre de centros comerciales, shoppings, casinos, bingos, discotecas y salones de fiesta.
En el caso del sector gastronómico, el decreto provincial estableció que durante una semana bares y restaurantes podrán trabajar solo hasta 19, y la limitación al ingreso de personas a los locales para su permanencia regirá a partir de las 18. Después de las 19 podrán continuar trabajando bajo las modalidades de delivery. En el caso de la actividad del comercio mayorista y minorista de venta de mercaderías, con atención al público en los locales, la normativa establece que podrá extenderse todos los días de la semana hasta las 19, y hasta las 20 los que comercialicen productos alimenticios. Esto regirá en todo el territorio provincial y hasta el 21 de mayo inclusive. En términos de circulación vehicular, se mantiene la prohibición en todo el territorio provincial entre las 20 y las 6 de la mañana de cada día, hasta el 21 de mayo.
Vale recordar que el DNU nacional estableció también medidas generales que se aplican en todo el país, sin excepciones. De esa manera, están suspendidos todos los viajes grupales de egresados y egresadas, de Estudio y de Grupos Turísticos, las reuniones sociales de más de 10 personas y la asistencia al trabajo para personas de riesgo.
Vacunas
Paritaria con Fecotel
Telefónicos reclaman
Operativos de la Municipalidad
Control por pandemia
La Municipalidad de Rosario informó la realización de operativos durante el fin de semana "con la finalidad de acompañar a la ciudadanía y controlar el cumplimiento de las restricciones por la pandemia de covid-19". En ese sentido que la Secretaría de Control y Convivencia puso personal en los parques más convocantes, entre los cuales se destacan el de las Colectividades y el Scalabrini Ortiz, además de ordenar el espacio público y generar el distanciamiento entre los concurrentes.
"En cuanto a la circulación en horario nocturno se realizaron múltiples operativos" –se informó– y se efectuaron controles de alcoholemia donde se detectaron 11 positivos. Caben destacar dos intervenciones del sábado por la noche donde en primera instancia se colaboró con personal policial en Olavarría y Pelayo realizando un test que tuvo como resultado 2,14 gr/l de alcohol en un conductor.
Hubo otra intervención después que un auto chocó a otro vehículo estacionado en Balcarce y Jujuy, y luego se dio a la fuga. La misma culminó en 9 de Julio al 1700 donde personal municipal procedió a realizar el control de alcohol que arrojó un positivo de 2,32 gr/l. Además, el viernes por la noche se realizaron dos testeos de narcolemia, ambos con resultados positivos.
Además se realizaron 14 clausuras, entre kioscos y minimercados que no cumplieron con el horario de cierre y seguían abiertos más allá de las 21.30 cuando el límite establecido es a las 20.
Personal de salud
Homenaje de los docentes
Piden bono de $15 mil para trabajadores de la salud
Hasta que termine la emergencia
El diputado Rubén Giustiniani y la diputada Agustina Donnet (Bloque Igualdad) pidieron que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, arbitre las medidas necesarias para garantizar a los trabajadores y trabajadoras de la salud que presten servicios en efectores de salud un “Bono covid-19” mensual de 15 mil pesos por el plazo de duración de la emergencia sanitaria por la pandemia.
Giustiniani sostuvo: "Cuando nos referimos a las y los trabajadores de la salud, nos referimos al grupo poblacional más afectado en términos de exposición al virus, sobrecarga laboral, estrés, agotamiento y Síndrome de Burnout. Nos referimos, también, a un grupo de trabajadores y trabajadoras que recibe salarios bajos por sus imprescindibles labores, los cuales muchas veces no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas.
En el mismo sentido, agregó que "desde el Estado se ha intentado brindar una respuesta a los problemas que atraviesan los trabajadores y trabajadoras de la salud, especialmente en términos económicos. Tanto desde el gobierno nacional como desde el gobierno provincial se otorgaron bonos no contributivos a las y los trabajadores de la salud; sin embargo, estos aportes resultaron insuficientes en relación tanto con los montos dispuestos como con los plazos de vigencia".
Cabe resaltar que la pandemia producida por el coronavirus SARS-CoV-2 y declarada como tal por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020 lleva más de un año con nosotros y nosotras. Los Estados de todos los países han implementado distintas medidas tendientes a combatir la enfermedad producida por este nuevo virus: la covid-19. Más allá de las diferencias de enfoques y políticas, es innegable que el sector de la salud resultó ser el más importante para brindar una respuesta efectiva y paliar los efectos de la pandemia en la población.
Giustiniani finalizó remarcando que "es imprescindible brindar certeza y seguridad económica a este grupo de trabajadores y trabajadoras que resulta esencial y prioritario para aminorar los efectos de la pandemia en la población. Por esto consideramos necesario el otorgamiento de un bono mensual que tenga un monto fijo de 15 mil pesos y un plazo de duración igual al de la emergencia, a los fines de garantizar los derechos básicos de quienes hace más de un año nos cuidan con tanto esfuerzo y compromiso".
Fuente:Rosario12
Cuestión de clase
Se presentan como “Padres por la educación”, “Padres organizados” o “Familias por la
educación”. Se manifiestan principalmente por las redes sociales y en cada aparición
pública piden que se “abran las escuelas” para sus hijos (el género masculino es el que
prevalece en el discurso), porque afirman que en 2020 “estuvieron cerradas”. Y si se
abren las clases presenciales con protocolos, alternando con clases a la distancia, piden
mayor presencialidad. Y si éstas aumentan en alternativas, exigen la presencialidad
total (no importa el momento de la pandemia, el riesgo sanitario ni las personas
muertas). Son pocos, pero hablan en nombre de la mayoría y hasta de la totalidad de l
as familias con chicas y chicos en la escuela; y demandan esa representatividad en la
mesa de decisiones. Tienen gran capacidad de pasilleo, de instalarse en la agenda de
los medios hegemónicos, y por tanto en la agenda política: son recibidos por
representantes del Concejo y la Legislatura, el Intendente, el Gobernador y hasta las
ministras y los ministros de Educación. Se definen como “apolíticos”, se convocan con
banderas argentinas, citan a la libertad, la República y la Constitución. Y siempre tienen
a mano el dato de algún informe de organismos internacionales para argumentar por
“escuelas abiertas” y el resguardo “de la salud emocional”. La amenaza de la
judicialización de sus reclamos es una opción de primer orden. Aseguran defender la
“educación pública y de calidad”, sin “ideología”, y le dicen “no a la política”. Quien no
se acerca a esa prédica, es identificado con la “dictadura”. Rechazan a los sindicatos
docentes, y sobre todo a sus representantes, repudian los “paros” del magisterio y los
contraponen al “ejemplo de los docentes que trabajan por vocación”. Y proclaman que,
para ganar estas metas, debe declararse a “la educación como un servicio esencial”.
Representantes de diferentes organismos y organizaciones educativas analizan quiénes son estos “padres” autoconvocados que irrumpen en la escena de la educación en la pandemia.
Osvaldo Biaggiotti es el director de la Regional VI del Ministerio de Educación de Santa
Fe. Enmarca el surgimiento de estos grupos dentro de “las demandas sectoriales de
toda índole que generó la pandemia”. De hecho, las primeras convocatorias de estos
padres se dieron entre septiembre y noviembre de 2020.
Propone ensayar un análisis sobre la estética y estilo que caracterizan a esta “nueva
derecha”: “Salen a la calle en grupos reducidos, con cartelitos que siempre pasan por
la indignación, con un discurso antisindical y con consignas irreductibles. Primero eran
«Abran las escuelas». Después, con la semipresencialidad cuidada y los protocolos,
redoblaron la apuesta y van por la presencialidad completa”. Lo irreductible de las
consignas pasa por no aceptar las recomendaciones sanitarias oficiales que regulan la
presencialidad posible en las aulas.
Respecto de las “escuelas cerradas” a las que aluden, Biaggiotti desmiente esa
afirmación sobre el funcionamiento del sistema educativo en 2020: “Nos readaptamos
con estrategias de diversos tipos, con asistencia alimentaria, con cuadernillos, con el
puerta a puerta, con el WhatsApp y las radios, con una amplísima variedad de recursos
para sostener el ciclo escolar en la pandemia”.
“No deja de ser llamativa la vinculación que tienen con un sector político partidario
como lo es Juntos por el Cambio”, señala Biaggiotti. “Las manifestaciones de Padres
por la Educación –describe–, como las de Juntos por el Cambio, tienen la misma
estética: las banderas argentinas, cantar el himno para manifestarse más allá de
cualquier postura ideológica, y la judicialización de las decisiones políticas”. Por ejemplo,
“haciéndose eco del fallo de CABA que contradice el DNU del presidente”.
Y agrega que “llama la atención cómo se arrogan una representatividad que de hecho
no tienen, porque no hay aquí una representatividad organizada y democrática, como
sí tienen las cooperadoras escolares”. El funcionario opina que quizás sea el momento
“para pensar y poner en valor los consejos de convivencia escolar”, donde tienen
también lugar las familias, planteados en los diversos proyectos de ley de educación
provincial, una norma pendiente.
Lo que es innegable es cómo se instalan en los medios hegemónicos. “Creo que eso
obedece al estilo de la manifestación de los indignados, que salen a la calle, pero
tienen una presencia muy fuerte en las redes. Y por tanto una resonancia en los
medios masivos también, donde adquieren una relevancia quizás desproporcionada
respecto de su representatividad real. Si uno indaga, encuentra que son muy pocas las
familias que integran este colectivo”.
Biaggiotti también alude a similitudes con otros movimientos, como el de “Con mis
hijos no te metas”. “Primero por esa sospecha primaria por el Estado. Y en este caso,
al no aceptar las resoluciones políticas que tienen una apoyatura en el dato
epidemiológico. Y también por considerar que como padres tienen el privilegio para
decidir de qué manera debiera orientarse la política pública educativa”.
“Llama la
atención cómo estos grupos se arrogan una representatividad que de hecho
no tienen”, opina el director
regional Biaggiotti.
“Llama la atención cómo estos grupos se arrogan una representatividad que de hecho no tienen”, opina el director
regional Biaggiotti.
“Dictadura”
Maria Cecilia Almeida integra la Asamblea de madres y padres por el derecho a la
educación pública, formada por familias de las escuelas secundarias de la Universidad
Nacional de Rosario (UNR). Y desde ese lugar comparte su opinión. Lo primero que
menciona es que en este tiempo de pandemia salieron como colectivo a apoyar las
medidas tomadas en el Politécnico para garantizar las clases presenciales y a la
distancia. “Nos vimos en la necesidad de expresarnos porque los Padres por la
Educación, autoconvocados o Polipadres, están exigiendo mayor presencialidad y no es
el momento, nos parece irrespetuoso y fuera de lugar ante la segunda ola de la
pandemia, con el sistema de salud casi saturado. Y además porque se ha ideado un
protocolo bastante riguroso, por gente que conoce del tema”, dice esta mamá de dos
hijas que cursan en el Politécnico.
También rechazan las expresiones violentas que ejercen estos padres y que se
focalizan en su director, el profesor Juan Farina: “No nos gusta cómo se manifiestan,
son bastantes violentos en cómo reclaman. Un ejemplo es lo que hicieron el pasado
lunes 26, con carteles que decían «Farina dictador». Es un atropello a la institución y a
su director, elegido democráticamente”.
¿Y por qué tanta agresividad? María Cecilia Almeida señala que estos grupos
desconocen que en esta escuela las decisiones se manejan con acuerdos, consensos,
en asambleas, y se mueven con características de cierta educación privada. También
cuestiona que se definan como “apolíticos” cuando –además de no existir lo “apolítico”,
aclara– no lo son. “Creemos que tienen otros intereses”, dice para rechazar una vez
más la referencia a la dictadura expresada en carteles “que remiten a la dictadura
militar, donde muchas personas hemos sufrido pérdidas y muertes”.
Para esta mamá, en esa misma línea de distorsionar los valores que rigen la escuela
pública se inscribe el uso que estos padres autoconvocados hacen del “taburetazo”. “No
estamos para nada de acuerdo, porque eso es patrimonio de los chicos, de un festejo
que hacen una vez al año. No es un reclamo, es un festejo, y lo que hacen estos padres
es ensuciar ese nombre”.
La Asamblea que integra, se creó en tiempos de la presidencia de Mauricio Macri para
resistir las políticas de ajuste a la educación de ese gobierno, expresar sus opiniones y
apoyar a las y los docentes.
Es “irrespetuoso y fuera de lugar” pedir mayor resencialidad, dice Ma. Cecilia Almeida, de la Asamblea
de Madres y Padres (Politécnico).
Para la secretaria general de Ctera y de Amsafé provincial, Sonia Alesso, la discusión
alrededor de la presencialidad que instalan los grupos como los de Padres Organizados
o por la Educación, no puede ganarle al cuidado de la salud colectiva: “No estamos
discutiendo una cuestión pedagógica, sino sanitaria. Y en un momento muy complejo
del país y del mundo. Esta segunda ola muestra un crecimiento muy rápido, también
un nivel de incidencia muy alto”.
Asentado ese principio, Alesso habla de las diferentes posiciones que se dan en torno a
la presencialidad, “algunas más radicalizadas en sus planteos y que sintonizan con las
de (Horacio Rodríguez) Larreta y del PRO a nivel nacional, impulsadas con mucho
poder mediático, desde los medios hegemónicos”. A la vez que hay “una preocupación
creciente por parte de las familias por el aumento de contagios en niñas, niños y
jóvenes”, algo que en la primera ola no se veía. Y agrega que “si se duplicaron los casos
en las personas adultas, en niños y adolescentes se triplicaron en todo el país”.
Por eso alerta que en este momento de la pandemia, con un sistema de salud saturado,
donde se vuelve cada vez más difícil conseguir camas de internación, “plantear una
posición extrema es prácticamente no cuidar la salud de las niñas y los niños, ni de las
y los docentes”.
Alesso también rechaza las distintas presentaciones –por lo general acompañadas por
representantes de Juntos por el Cambio– de querer declarar a “la educación como un
servicio esencial” o “como esencial” a secas. “Confunden las palabras intencionalmente,
lo han hecho en la Legislatura y en el Concejo Municipal de diferentes lugares”, dice, y
recuerda que la “esencialidad en términos legales” significa “no permitir el derecho a
huelga”, algo que además para el sector educativo hasta ha sido rechazado por la
propia Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“Claro que la educación es fundamental para el desarrollo de niñas, niños y
adolescentes. No hay ninguna duda de que es un derecho. Pero hacen un uso del
lenguaje para confundir”, insiste, y advierte que en este contexto de pandemia no se
pueden tener abiertas las escuelas en el ciento por ciento. Para reforzar esa idea,
repasa cómo en diferentes países del mundo las escuelas se han cerrado
temporariamente ante el aumento de contagios de coronavirus. Y una vez más dice
que una posición extrema como la que empujan estos grupos de padres, “lo único que
hace es perjudicar la salud de los chicos”.
Alesso advierte que “las escuelas no pueden ser objeto de presión” para otros intereses,
y en ese sentido se solidariza con el director del Politécnico, Juan Farina, por las
agresiones sufridas en el marco de estos reclamos por la presencialidad que
protagonizan estos grupos de padres.
“Confunden las palabras intencionalmente”, alerta Sonia Alesso (Ctera), sobre el reclamo de la
“educación como servicio esencial”.
Representatividad que no tienen
También el secretario general de Sadop Rosario, Martín Lucero, apunta a reconocer la
aparición de las familias en la escena educativa tras un año de pandemia, y sin clases
presenciales (en 2020). “Lo interesante es que generó un interés en algunas familias
en involucrarse en el tema educativo. Lo negativo es que debió pasar un año para que
algunas organizaciones de padres aparecieran”, marca.
Lucero considera que el debate por la presencialidad “cayó en la grieta y fue
aprovechado por algunos sectores políticos que empujaron a la confrontación, y
terminó siendo un reclamo de los padres contra la docencia en lugar de ser contra el
Estado”, que es quien toma las decisiones. Considera que el hecho no deja de ser
llamativo, que tiene mucha similitud con otras movidas de estos grupos: “En definitiva,
son los mismos padres que después se quejan cuando hay paros”.
El dirigente también coincide con la falta de representatividad que tienen, y cómo aun
así logran instalar sus demandas: “A nosotros nos presentaron una nota en diciembre
de 2020 con la firma de siete padres. Les contestamos a cada uno para reunirnos,
ninguno vino. En realidad son un grupo de WhatsApp de unos 100 o 150 padres,
cuando en Santa Fe hay más de un millón de padres y madres. No son representativos”.
La incidencia en los medios la consiguen porque hay un reclamo genuino, que es el de la presencialidad de parte de la sociedad –dice Lucero–. Un reclamo que la docencia comparte, pero sólo aparecen estas familias como las interesadas. Y además, “se empezaron a reunir con sectores de la representación política, en especial Juntos por el Cambio. Siempre fue políticamente correcto recibir a los padres, a tal punto que (estos grupos) fueron recibidos por el Intendente, referentes del Concejo, el Gobernador y el ministro de Educación nacional”.
Ahora bien –refresca–, “cuando estos Padres por la Educación repudiaron el paro internacional de mujeres (8M) mostraron el problema que genera darles representatividad a quienes no la tienen”. Lucero también cuestiona las expresiones de los padres que critican violentamente al Politécnico y a su director, “una persona de notable trayectoria en la docencia rosarina”. Por eso –insiste–, “hay que ser responsables al decidir a quién se le da el lugar de interlocutor, porque el problema está cuando el poder político o el Estado les da representatividad a sectores que no la tienen”.
El dirigente del Sadop advierte que hay manifestaciones que son funcionales a los sectores más reaccionarios de la política de la derecha argentina. Son los que exaltan a los sectores “más reaccionarios de las Fuerzas Armadas y de Seguridad” y que estigmatizan a “otros sectores como la docencia, a la cual se la agrede sistemáticamente: Chocobar siempre va a ser bueno y Baradel malo. Una forma de pensamiento que exalta a los sectores a favor de la mano dura y va en contra de la docencia”.
“En definitiva, son los mismos padres que después se quejan cuando hay paros docentes”, dice Martín
Lucero (Sadop Rosario).
Negar la política
Gustavo Galli es pedagogo, docente en las universidades Nacional de Hurlingham
(Unahur) y Metropolitana para la Educación y el Trabajo (Umet). También autor –junto a
Gabriel Brener y Marcela Martínez– del libro Judicialización de las relaciones escolares
(Noveduc). Además de haber coordinado el área de Inclusión democrática en las escuelas
en el último gobierno de Cristina Fernández.
“Responden a cierta clase social, ganan lugar en los medios y tienen más voz que otros
sectores. Responden a un sector medio, profesional y de escuela privada”, describe Galli
sobre los grupos de “padres autoconvocados”, al menos más visibles en Ciudad de
Buenos Aires. Un fenómeno que luego, con distintas variantes, se replica en las distintas
jurisdicciones.
Galli remarca esa llamativa presencia en la agenda mediática y política que tienen los
grupos de Padres Organizados, cuando hay “un montón de otras expresiones, de familias
organizadas, sobre todo en CABA, que generan demandas al gobierno de la ciudad y
participan del debate público pero no tienen la misma visibilidad”. Cita la organización de
familias, con trayectoria y organización, que trabaja por el derecho a la educación ante
la cantidad de niños y niñas que se quedan sin vacantes en las escuelas públicas
porteñas.
“No hay que ser demasiado lúcido para pensar que también están traccionados o que
confluyen varios intereses para darles visibilidad a estos grupos”, dice Galli, respecto de
los Padres por la Educación o Padres Organizados. Y que además –señala–, “se presentan
como apolíticos, un rasgo del neoliberalismo que niega la política”.
En ese sentido, apunta que lo que hace Rodríguez Larreta al judicializar el DNU
presidencial “es la negación de la política”. “El propio gobierno de CABA niega su
naturaleza política. No es extraño porque es la manera de presentarse ante la sociedad
que tienen los gobiernos neoliberales”, advierte el educador, y sostiene que “no hay que
subestimar ni minimizar estas agrupaciones porque tienen una fuerte capacidad de lobby
entre ONGs, fundaciones y los distintos credos religiosos”.
También repara sobre la representatividad que se atribuyen: “Una de las demandas de
estos grupos es tener representación en el Consejo Federal de Educación (CFE). Lo que
más me llama la atención no es que quieran participar, sino esto de arrogarse la
representación de las familias. Porque quienes forman parte del CFE son los propios poder
es ejecutivos de las distintas jurisdicciones –a través de los ministerios de Educación–, el
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) o los sindicatos docentes, que sí tienen todos
una representación legítima dada por elecciones democráticas”.
El pedagogo sale aquí en defensa de las cooperadoras escolares como un ámbito genuino
de participación de la comunidad educativa.
Las mayores movidas públicas de estos grupos de padres se dan en los grandes centros
urbanos, en especial en Ciudad de Buenos Aires, amplificadas por los medios “nacionales”
ue muestran lo que pasa en el centro porteño como si se tratara de la realidad del país.
“No hay que dejar de tener en cuenta que en CABA el 50 por ciento de la matrícula
pertenece a la escuela privada. Y que en provincia de Buenos Aires también es alta la
enseñanza privada. Coincidentemente estos grupos de padres pertenecen al ámbito de la
educación de gestión privada. Y esto es absolutamente distinto en el resto del país,
donde no es tan alta la presencia y responde más a escuelas confesionales”, diferencia el
pedagogo sobre otro aspecto del perfil de estos Padres por la Educación o Padres
Organizados.
Y con precisión dice más sobre qué hay detrás de estos grupos: “No lo quiero atribuir a
una cuestión de clase, pero está muy cerca”.
El Palacio Vasallo entra en debate
En el Concejo comenzó a debatirse el paquete de normas que busca
reemplazar al antiguo Código de Faltas, que data de cuatro décadas atrás.
Perspectiva de género y responsabilidad de los menores a cargo de sus padres
, entre los principales ítems.
La Municipalidad puso a consideración del Concejo el nuevo Código de Convivencia en
el marco de un encuentro que deja abierto el trabajo de análisis y consenso que ahora
realizarán los ediles y que llevará varios meses. Las normas actuales tienen cuatro
décadas y no sólo era necesario aggiornarla en forma sino también por el fondo: ahora
la reflexión y el compromiso son los ejes motivadores.
La presentación fue presidida por las autoridades del Cuerpo y los encargados fueron
el secretario de Gobierno, Gustavo Zignago, y la subsecretaria Legal y Técnica, Juliana
Conti. La relevancia de volver a pensar y dar forma a las pautas que harán posible
vivir en sociedad, convierte al encuentro en uno de los más importantes del año
legislativo. La comisión de Gobierno es la depositaria del trabajo pero participarán
todos los ediles. Se estima que recién a fin de año podría ver la luz la nueva norma, y
180 días después, entrar en vigencia.
“El paradigma del Código de Convivencia es diferente al paradigma del actual Código
de Faltas”, enunció Zignago, en diálogo con El Eslabón. La nueva propuesta hace pie
en fijar “pautas y acuerdos sociales para tener una convivencia de mayor calidad y
mejor estándar de vida, mientras que en el vigente, la mirada está puesta en la
persecución de conductas reprochables”. El objetivo es “sistematizar lo que ya lleva
cuarenta años e incorporar nuevas figuras”, indicó Zignago, y enumeró “la protección
del medio ambiente, la multiculturalidad y en contra de la discriminación, así como
formas de sanción que no sólo tienen que ver con penalidad económica sino con
remediar a través de trabajo comunitario”.
“Ahora se pone todo en un solo cuerpo con una mirada integral”, dijo, y explicó que la
participación ciudadana contempla poner en evidencia circunstancias con faltas que se
están cometiendo, por ejemplo, una fotografía que sin ser foto-multa se va a incorporar
al análisis y evaluación del caso. Además, se modificó el sistema de penalidades en el
tema de medidas fijas o penas pecuniarias, y se incorpora, como sanción, la
remediación y el trabajo comunitario.
“Incorporamos también la responsabilidad de los menores a cargo de sus padres pero
con trabajos comunitarios o pedagógicos de remediación, también destinado a ellos”,
señaló. Y anotó entre las novedades el rol de la tecnología en la vida cotidiana que
ahora suma a dos vías, a disposición de registración de conductas y hacia adentro de
la organización administrativa del municipio para resolver más rápidamente aquellas
circunstancias que se den como consecuencia de la aplicación del Código de
Convivencia, que tiene 327 artículos. “Nosotros planteamos como principio fijar pautas
claras que rijan la vida en convivencia, eso es lo que pretendemos. Estamos viviendo
tiempos difíciles con sensibilidades especiales, hay una dicotomía que es necesario
recomponer, de la sociedad entre sí y con el Estado, obviamente para mejorar los
estándares de vida”, enfatizó.
A la hora de identificar las conductas más conflictivas, Zignago ubicó las muertes por
accidentes de tránsito, que marchan primeras en la lista en todo el país. A nivel local,
ruidos molestos, convivencia en espacio público y venta ilegal, ocupan lugares en el
ranking. Y dijo que el Ejecutivo realizó una propuesta para abordar estas problemáticas
“en el juego de la democracia, y el Concejo debe aprobarlo”, aseguró. Y dijo se trata
de un trabajo de toda la ciudad, no sólo del intendente Pablo Javkin. “Recopilamos
trabajos de mucho tiempo e incorporamos los compromisos asumidos con la ciudadanía
, y los sometemos a la discusión y aprobación del Concejo que tiene facultades para
incorporar o modificar”, destacó, y concluyó: Celebramos que nos hayan convocado
para hacer la presentación”.
Generar convivencia
“El Código de Convivencia es lo que históricamente se llamó el Código de Faltas, es
decir, como si fuese el código penal, en cuanto a la legislación de fondo, pero en
términos municipales. Sabemos que al transgredir normativas locales no se está
cometiendo un delito, sino una falta municipal que acarrea distintas sanciones”,
enunció la concejala María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular.
Para la edila, “es interesante no hablar de faltas sino poner en el centro a la
convivencia, porque de qué sirve regular actividades y actitudes que tienen que llevar
adelante los rosarinos y las rosarinas y cuáles son las sanciones, si no tenemos como
mira más importante de acción del municipio, generar la convivencia entre todos los
que habitamos esta ciudad”.
Además, estimó que la tarea que ahora deberá realizar el Legislativo no es menor.
“Nos esperan meses de mucho trabajo, como el de aggiornar las normas a los tiempos
que corren incorporando acciones que en la actualidad cobran relevancia, como la
perspectiva de género”, señaló. Y puso otros botones de muestra, como ya no hablar
de “moral y buenas costumbres, sino de faltas contra la dignidad humana. Entre los
ítems está también lo relacionado a obras particulares que afectan a otros vecinos y
un aspecto muy importante relacionado a la flamante ordenanza de alcohol cero, de
la que ahora falta discutir las sanciones”.
Los temas de incumbencia del Código implican también los derechos de los
consumidores, la seguridad, espectáculos públicos, publicidad, contaminación,
tratamiento de residuos, ruidos, vibraciones, arbolado público y tránsito, entre otras.
“Diría, para resumir, que aplica a toda la vida de la ciudad, que de alguna forma tiene
que estar contenida”, aseguró, y detalló: “Si algo vemos los concejales, es que cada
vez hay más problemas de vecindad, de falta de convivencia”. Y agregó que entre los
aportes que piensa realizar está el ver de qué manera se pueden considerar como faltas
algunas cuestiones ligadas a las nuevas tecnologías, como por ejemplo quien hace un
perfil de Instagram o Facebook y publica la localización de todos los controles
municipales que se están llevando adelante en ese momento. Esos perfiles tienen hasta
15 mil usuarios, que se enteran al momento para poder burlarlos”.
“Las normas son la base de la creación de una comunidad. Se puede organizar a partir
de reglas, es la forma que nos dimos los seres humanos, y por eso es importante esta
nueva concepción”, enfatizó la edila.
Fuente;RedaccionRosario
Una por una: las nuevas restricciones que se aplican
desde este lunes en Rosario
La Provincia adhirió este domingo por la noche al Decreto de Necesidad y Urgencia
(DNU) N° 287/21 del Ejecutivo Nacional y estableció restricciones más duras en en el
territorio santafesino.
Entre las medidas más destacadas se encuentran: la suspensión de las clases
presenciales en los departamentos Rosario y San Lorenzo, la modificación del horario
de cierre para locales gastronómicos y para la circulación vehicular y se prorrogan los
vencimientos de documentaciones.
En Rosarioplus.com hacemos un repaso de los principales puntos de las nuevas
restricciones que se implementan en Santa Fe desde este lunes.
Se establece para todo el territorio provincial la suspensión de las siguientes actividades
:
a) Las reuniones sociales en domicilios particulares, salvo para la asistencia de personas
que requieran especiales cuidados.
b) Las reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de diez (10) personas.
c) La práctica recreativa de deportes en establecimientos cerrados. Las actividades físicas
en espacios públicos al aire libre podrán desarrollarse en tanto involucren hasta diez (10)
personas participando de las mismas, las que nunca podrán significar la práctica
recreativa de deportes grupales de contacto, cualquiera sea el número de participantes.
d) Las competencias deportivas provinciales, zonales o locales de carácter profesional o
amateur no habilitadas expresamente por las autoridades nacionales, mediante Decreto
de Necesidad y Urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo Nacional o Decisión Administrativa
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, incluidas las competencias automovilísticas y
motociclísticas.
No queda alcanzada por la suspensión dispuesta en el presente inciso la actividad
deportiva en modalidad entrenamiento, que realicen entre sí los deportistas de una
entidad en sus instalaciones y sin interactuar con los de otras instituciones; sujeto al
cumplimiento de los protocolos establecidos para las mismas, sin habilitación de
vestuarios e instalaciones anexas, ni la realización de reuniones sociales antes o
después de las prácticas deportivas; y sin excederse del treinta por ciento (30%) de
ocupación de las superficies cerradas.
e) Discotecas y salones de eventos, de fiestas y similares; excepto cuando las
autoridades municipales y comunales hubieren dispuesto su habilitación como bares y
restaurantes.
f) Las actividades de salas de juego en casinos y bingos.
g) El funcionamiento de cines, bares, restaurantes, patios de comidas y espacios de
juegos infantiles ubicados en centros comerciales, paseos comerciales o shoppings y
demás establecimientos comprendidos en el artículo 2° inciso e) apartado 4. de la Ley N°
12069 con asistencia de clientes a los locales; salvo para los bares, restaurantes y
demás locales gastronómicos que tuvieran ingresos y egresos exteriores independientes,
a los que pueda accederse sin transitar por los espacios interiores de circulación donde
se ubican los comercios, sin habilitar corredores internos entre las zonas, a los fines del
control efectivo del coeficiente máximo del treinta por ciento (30%) de ocupación de las
superficies cerradas.
h) Cines, teatros, centros culturales, salas y complejos cinematográficos y otros
establecimientos afines, salvo que funcionen al aire libre.
i) La actividad hípica en hipódromos.
j) La actividad complementaria en forma presencial de artistas en los bares y restaurantes
durante el horario autorizado para su funcionamiento.
k)La actividad artística y artesanal a cielo abierto, en plazas, parques y paseos. No queda
alcanzada por la suspensión dispuesta en el presente inciso la actividad de las ferias
francas de comercialización de productos alimenticios.
l) Asambleas y actos eleccionarios de personas jurídicas públicas y privadas, en forma
presencial. Solo podrán realizarse en forma remota.
LOCALES GASTRONÓMICOS
Hasta el 21 de mayo de 2021 inclusive los locales gastronómicos (comprensivo de bares,
restaurantes, heladerías, y otros autorizados a funcionar como tales, con concurrencia
de comensales), deberán observar las siguientes disposiciones:
a) No podrán extender su actividad más allá de las veintitrés (23) horas en la totalidad del
territorio provincial. No se permitirá el ingreso de personas a los locales para la
permanencia en los mismos, a partir de las veintidós (22) horas.
A excepción hecha de los Departamentos Rosario y San Lorenzo, en los que el límite
serán las diecinueve (19) horas, y la limitación al ingreso de personas a los locales para
su permanencia regirá a partir de las dieciocho (18) horas hasta el 7 de mayo de 2021.
b) Las autoridades municipales y comunales deberán especificar en cada caso la
cantidad de mesas que corresponda, a los fines de cumplir con el coeficiente máximo del
treinta por ciento (30%) de ocupación de las superficies cerradas. Esta determinación
deberá informarse al público en lugar visible en el ingreso, tanto en referencia a las
superficies cerradas, como en relación a las mesas habilitadas al aire libre.
c) La concurrencia simultánea de público asistente en los locales de los salones de eventos autorizados a funcionar como bares y restaurantes, no podrá exceder en ningún caso de cien (100) personas.
d) Durante la vigencia del horario de restricción a la circulación vehicular establecido en
el Artículo 7º del presente decreto, los locales comprendidos en este artículo podrán
funcionar en las modalidades de reparto a domicilio (también conocida como “delivery”) y
de retiro (también denominada “take away”), siempre que esta última se realice en locales
de cercanía de la clientela.
COMERCIO MAYORISTA Y COMERCIO MINORISTA DE VENTA DE MERCADERÍAS
En todo el territorio provincial, hasta el 21 de mayo de 2021 inclusive, la actividad del
comercio mayorista y comercio minorista de venta de mercaderías, con atención al
público en los locales, podrá extenderse todos los días de la semana hasta las
diecinueve (19.00) horas; y hasta las veinte (20) horas, los que comercialicen productos
alimenticios. El factor de ocupación de la superficie cubierta de los locales, destinada a la
atención del público, no podrá exceder del treinta por ciento (30%).
SUSPENSIÓN DE CLASES PARA LOS DEPARTAMENTOS ROSARIO Y SAN
LORENZO
Se suspende desde el 3 al 7 de mayo inclusive, en los Departamentos Rosario y San
Lorenzo, el dictado de clases presenciales en los establecimientos educativos de gestión
oficial y privada de todos los niveles y modalidades de la enseñanza, incluyendo los
dependientes del Ministerio de Cultura.
Queda exceptuada de la suspensión, la escolaridad de estudiantes de la modalidad de
educación especial, en acuerdo con sus familias, y, asimismo, se deberán arbitrar los
medios para cumplir con los apoyos y el acompañamiento educativo de los y las
estudiantes con discapacidad.
CIRCULACIÓN VEHÍCULAR
En todo el territorio provincial, desde el día 3 al 21 de mayo de 2021 inclusive, la totalidad
de las actividades no suspendidas por aplicación del Artículo 2º del presente Decreto que
se mantienen habilitadas, deberán ajustar sus horarios de desarrollo a los fines de
posibilitar el cumplimiento de la restricción a la circulación vehicular en la vía pública a la
estrictamente necesaria para realizar actividades definidas como esenciales, entre las
veinte (20) y las seis (6) horas del día siguiente, todos los días de la semana.
El factor de ocupación de la superficie cubierta de los locales, destinada a la atención del
público, no podrá exceder del treinta por ciento (30%).
Quedan expresamente comprendidos en la autorización para circular dentro de dicha
banda horaria quienes lo hagan en razón de participar en actividades educativas de
carácter presencial, allí donde las mismas no estuvieren suspendidas por aplicación del
Artículo 6º del presente decreto.
En el horario establecido de restricción de la circulación vehicular en la vía pública, la
concurrencia para la realización de actividades habilitadas deberá ser siempre hacia
locales de cercanía y sin la utilización de vehículos.
PRORROGA PARA VENCIMIENTO DE DOCUMENTACIONES
Se prorroga, desde su vencimiento y hasta el 31 de julio de 2021 inclusive, la validez y
vigencia de las habilitaciones, permisos, licencias o autorizaciones que otorga la Provincia
o cualquiera de sus reparticiones dependientes del Poder Ejecutivo, cuyo vencimiento
opere con anterioridad a esa fecha, y cuya renovación deba tramitarse indefectiblemente
de manera presencial en las reparticiones públicas correspondientes.
AUTORIDADES MUNICIPALES Y COMUNALES
Las autoridades municipales y comunales podrán disponer en sus respectivos distritos,
en consulta con el Ministerio de Salud, mayores restricciones que las establecidas en el
presente decreto.
Sin perjuicio de ello, éste Poder Ejecutivo o las autoridades provinciales competentes por
razón de la materia cuando así se las facultase podrán establecer las mismas; como así
también disponer la suspensión temporaria de actividades habilitadas, cuando las
condiciones epidemiológicas así lo exijan para localidades o establecimientos determinado
s o para la totalidad del territorio provincial.
Las autoridades municipales y comunales, en concurrencia con las autoridades
provinciales competentes, coordinarán los procedimientos de fiscalización necesarios
para garantizar el cumplimiento de las medidas dispuestas en el presente Decreto, de los
protocolos vigentes y de las normas dispuestas en virtud de la emergencia sanitaria
Fuente:RosarioPlus
No hay comentarios:
Publicar un comentario