Restricciones en la causa Chartier
La memoria no debe sufrir los recortes
Por la pandemia, el TOF de Santa Fe quiere reducir testigos, acotar las presencias y los tiempos en el juicio por delitos de lesa humanidad. La decisión provocó rechazo en la querella.
Desde Santa Fe
El Tribunal Oral de Santa Fe tiene el problema de que la sala de audiencias es muy chica para cumplir el protocolo sanitario en pandemia. El 20 de mayo, cuando el Poder Ejecutivo decretó el confinamiento en el país, suspendió el juicio por la persecución al último jefe del PRT en Santa Fe Catalino Páez (a su familia y a nueve compañeros de militancia) hasta el 3 de junio. La causa es conocida como Chartier por el apellido de uno de los imputados. Y el jueves, decidió pasar el debate al “modo semipresencial” con restricciones que sorprendieron a la querella, a los organismos de derechos humanos y al Programa de Protección a Testigos. La acordada “dejó sin efecto” la inspección judicial al D2, donde operaba el grupo de tareas –y vivía en la planta alta el jefe de Policía de la provincia-, que iba a ser la primera al sitio, en 14 juicios de lesa humanidad que se realizaron en Santa Fe desde 2009 hasta ahora. Ordenó a las partes limitar la cantidad de testigos “a los estrictamente necesarios” bajo “apercibimiento” de que si no cumplen la reducirá “de oficio”. Y dispuso que a partir de ahora, a la sala sólo asistirán los jueces, víctimas y testigos: los abogados deberán participar “en modo virtual o remoto”. El plan “es reducir al mínimo el riesgo de contagio” por covid, argumentó el Tribunal.
Las restricciones escandalizaron a sobrevivientes del terrorismo de estado. "Detrás de esto –dijo uno de ellos a Rosario/12- lo que se pretende, aunque no lo digan, es achicar la lista de testigos, que no hablen más de 40 minutos, que es lo que tampoco dicen y que lo hagan sin los abogados que los patrocinan. Yo lo interpreto como una estocada al proceso de memoria, verdad y justicia”. Otro de sus compañeros –que participó como querellante en otros juicios- lo consideró como “un ataque al derecho de justicia de las víctimas. Estuvieron 40 años sin habla y ahora las apuran. Además pretenden que los testimonios no tengan más de 40 minutos y esto es lo que no se atrevieron a escribir”.
En las primeras dos audiencias por la persecución a los militantes del PRT en marzo y abril de 1980 –que no eran más que activistas gremiales y políticos-, el juicio reveló el secuestro y la persecución a 16 niños y niñas desde 15 años a 18 meses. Uno de ellos, Mario Páez, hijo de Catalino, que tenía 14, estuvo secuestrado en el D2 casi dos meses. Y sus cuatro primos: una adolescente de 15 años y sus hermanitos: Miguel, de 8, Santiago de 5 y Rodolfo, que era más chico fueron rehenes más de un mes en la Guardia de Infantería Reforzada. Los cuatro eran sobrinos de Catalino y recién pudieron declarar en este juicio. “Yo tenía 15 años”, les dijo Graciela a los jueces. “Yo tenía 8”, les contó Miguel.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Rosario –que es querellante- coincidió que “la situación sanitaria es grave”, pero “eso nunca puede ir en desmedro de los procesos de memoria, verdad y justicia. Hace más de cuatro décadas que las victimas esperan este momento tan importante de reparación histórica”. El Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe adhirió al reclamo y consideró que las restricciones que impuso el Tribunal “son una vulneración al derecho de las víctimas y una fuerte afectación al juicio en su conjunto”.
La APDH le solicitó al Tribunal –integrado por los jueces José María Escobar Cello, Luciano Lauría y María Ivón Vella- que “mantenga la inspección judicial en el D2” (en San Martín y Obispo Gelabert), que operaba como un centro clandestino de la patota, porque “la medida se puede hacer sin violentar la normativa sanitaria” y “en horarios no laborales”. "Las inspecciones judiciales -planteó el Programa de Protección a Testigos- son parte esencial de la tramitación de los efectos de la tortura, dado que la oportunidad que representa para las víctimas regresar al lugar donde fueron perpetrados sus padecimientos, ahora en posición de testigos y ante la Justicia, significa para las mismos un acto de reparación del que no se las puede privar”. Por supuesto que avalaron "que se realicen en el marco de la pandemia y con todos los cuidados y condiciones necesarios”.
En cuanto a la cantidad de testigos, la APDH ya desistió de tres de ellos que son “testigos de concepto”, pero requirió al Tribunal que mantengan los “testigos directos, familiares y dos que explicarán el contexto en el que operaba el terrorismo de estado en Santa Fe”, sobre todo la persecución a trabajadores y militantes sindicales.
Cuando los sobrevivientes se enteraron que debían testificar “en soledad” y sin sus abogados cerca porque ellos lo harían “de modo virtual”, eso originó “muchas sensaciones negativas y de angustia”, dijo la APDH.
El Programa de Protección a Testigos adhirió al pedido de la APDH, para que los abogados estén presentes en los testimonios. El acompañamiento es importante porque ellos "reviven la sensación de extrema soledad" y las "escenas traumáticas que atravesaron cuando el Poder Judicial era parte del aparato criminal".
“Todo testimonio que en su momento fue ofrecido y se aceptara, es necesario”, dijo el coordinador del Programa, Oscar Pellegrini. “No puede primar aquí la premisa del discurso jurídico que contemplara como suficiente lo escuchado hasta la fecha”.
“Tampoco se puede banalizar el acto de testimoniar aduciendo que alguien que ha sido vulnerado en su vida por hechos de semejante magnitud se tenga que referir acotadamente en su relato sólo a lo que se investiga y se ajuste a hablar sólo de ello. Se piensa lo relatado como un fragmento, con suerte a veces como un rompecabezas que “entre todos” se va completando. Entonces, en determinado momento pareciera ser “más de lo mismo”. En realidad, la condición particular de estos testimonios hace que cada detalle relatado por quien toma la palabra en condición de testigo, sea como un holograma, es decir: en cada parte está el todo”, concluyó.
Fuente:Rosario12
La APDH de Rosario cuestionó medidas tomadas por el Tribunal a cargo del juicio de causa Chartier
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Rosario cuestionó esta semana las medidas tomadas por parte del Tribunal Oral Número 1 de Santa Fe, que dejó "sin efecto las inspecciones oculares realizadas a los centros clandestinos de detención de D2 y Guardia de Infantería Reforzada, en el marco del proceso oral y público de la causa de lesa humanidad "Chartier".
Las resoluciones fueron adoptadas por los magistrados José María Escobar Cello, Luciano Lauria y María Ivon Vella, en la acordada 11/2021 del juicio “Chartier”, que además de suprimir las inspecciones, instaron a las partes a reducir la cantidad de testigos.
Esas medidas fueron resueltas "con la advertencia que de no hacerlo lo hará el tribunal de oficio; la reducción de asistencia en la sala de juicio, con la excepción de jueces y de las víctimas-testigos", señaló la APDH en un comunicado
"Si bien entendemos y compartimos la gravedad de la situación sanitaria, eso nunca puede ir en desmedro de los procesos de Memoria, Verdad y Justicia. Hace más de cuatro décadas que las víctimas están esperando este momento tan importante de reparación histórica, y por lo tanto, hemos solicitado al tribunal que solo se reduzca a tres testigos los desistimientos (siendo testigos de concepto) manteniendo a los testigos directos, familiares y dos testigos de conceptos que darán el contexto del terrorismo de Estado de la región Santa Fe", remarcó el texto elaborado por este organismo de derechos humanos querellante en esta causa.
En ese sentido, la APDH solicitó que "se mantenga la inspección judicial en el ex Centro Clandestino de Detención tortura y exterminio 'D2', entendiendo que puede ser llevada adelante la medida sin violentar la normativa sanitaria".
"Distinta es la situación de la ex 'Guardia de infantería reforzada' (GIR), donde actualmente existen personas privadas de su libertad, y resultaría dificultoso realizar esa medida judicial con la actual situación sanitaria", admitieron.
Desde la APDH afirmaron "estar convencidos de que el tribunal hará lugar a lo solicitado por esta querella, de lo contrario podría configurar un hecho de gravedad institucional".
"Estos juicios son el ejercicio de la memoria, la búsqueda de la verdad y la justicia sobre hechos mundialmente entendidos como delitos de lesa humanidad, son educativos y formadores de conciencia de nuestras instituciones", puntualizaron.
El juicio de la causa "Chartier" se analizan las detenciones ilegales y tormentos sufridos por once víctimas entre febrero y abril de 1980.
Las víctimas trabajaban en el "Frigorífico Nelson y conformaron la agrupación sindical "La Lucha", reconocida como una ramificación del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y fueron alojadas en varios centros clandestinos de detención ilegal de la ciudad de Santa Fe, y luego trasladados a varias cárceles del país.
Están sentados en el banquillo de los acusados los ex policías provinciales Fernando Sebastián Mendoza, Eduardo Enrique Riuli, Rubén Oscar Insaurralde, Antonio Rubén González, Omar Epifanio Molina y Germán Raúl Chartier.
Fuente:GrupoLaProvincia.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario