Cómo operaba la patota comandada por “Pepín” Rodríguez Simón para pegarle a la gente en situación de calle
La otra historia del principal operador judicial macrista
La escena tiene más de diez años, pero no por eso resulta menos pintoresca. A principios de junio de 2010, el por entonces cardenal Bergoglio organizó un encuentro político que a la luz de los hechos de esta semana resulta de una amplitud insólita. Para el lanzamiento de una marca de producción textil “libre de trabajo esclavo”, bautizada No Chains, el Papa juntó para el acto a la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, al referente del MTE, Juan Grabois, al titular de La Alameda, Gustavo Vera, y al asesor judicial de Mauricio Macri, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón. Del cónclave participaron también legisladores de la izquierda y el peronismo, miembros del Poder Judicial de la Ciudad y representantes de distintas religiones. El evento tuvo carácter internacional y, como presentadora, a la periodista Mercedes Ninci.
¿Qué hacía el operador macrista, hoy prófugo y con captura internacional, mezclado entre aquél variopinto de organismos de derechos humanos, referentes de ONGs contra la trata y cooperativistas de cartoneros? Una primera respuesta, obvia, está en la capacidad histórica de Bergoglio para aglutinar ideologías de las más disímiles. Otra posible hay que buscarla en su CV: mucho antes de todo, mucho antes del poder, antes de ocupar un cargo en el directorio de YPF o una banca en el Parlasur o una silla frente a Macri en la Rosada, “Pepín” fue funcionario del Ministerio de Espacio Público de la Ciudad, durante el primer período del Pro en la jefatura de gobierno. Parte de su trabajo consistía en establecer vínculos con todo lo que se mueve en la calle: trabajadores informales, recicladores urbanos y organizaciones que luchaban por entonces contra los talleres clandestinos, que los había –de a decenas– en el territorio que él debía controlar. De hecho, de esa época data su relación amistosa con el propio Grabois, reconocida por ambos.
La anécdota viene a cuenta de un detalle escabroso: según las crónicas de aquél acto “Pepín” encontró una silla vacía y se sentó al lado del asesor tutelar porteño Gustavo Moreno, quien un año antes, y junto al juez en lo Contencioso Administrativo Andrés Gallardo, habían mandado a allanar una de las sedes del ministerio donde trabajaba Simón. Tanto Moreno como Gallardo forman parte del sector dentro de la justicia de la Ciudad que incluso hoy, una década después, el macrismo hace todo lo posible por sacarse de encima y ponerles un bozal, molesto con sus fallos y resoluciones. Gallardo ostenta el récord de más de 700 recusaciones; a Moreno buscan hace años restringirle sus funciones: la última intentona partió del despacho del Procurador porteño Juan Bautista Mahíques, ex representante de Cambiemos ante el Consejo de la Magistratura e hijo de Carlos Mahiques, ex ministro de justicia de María Eugenia Vidal en la Provincia.
Moreno y Gallardo habían mandado a allanar una de las oficinas del emblemático Edificio Del Plata (hoy propiedad del Grupo IRSA, del banquero Eduardo Elsztain), en Carlos Pellegrini 291. De allí recabaron buena parte de la prueba que más tarde derivaría en el procesamiento de “Pepín” en 2015 como director de una patota paraestatal que desalojaba a los golpes y a pura violencia a las personas en situación de calle de la Ciudad y que provocó la indignación de buena parte de la opinión pública porteña y hasta le implicó al propio Macri tener que presentarse más de una vez a declarar como imputado.
Como se ve, “Pepín” ya se arremangaba para hacer el trabajo sucio de sus jefes políticos mucho antes de haber acaparado de la atención pública esta semana, cuando pidió asilo político desde Uruguay, donde está refugiado.
PEPÍN Y LA UCEP
Aquella patota fue creada por un decreto de Mauricio Macri, entonces Jefe de Gobierno porteño, en 2008, y se llamaba Unidad de Control del Espacio Público, y se la conocía (y se le temía) en las calles como UCEP.
Aquél decreto, el 1232/08, establecía que el rol del comando sería el de “controlar y ejecutar el retiro de infraestructura instalada en el espacio público no ajustada a la normativa vigente” y “colaborar operativamente en el decomiso y secuestro de elementos, materiales y mercaderías acopiados ilegalmente en el espacio público” y designaba a Pepín como “Administrador del Organismo Fuera de Nivel con carácter ad honorem”.
Ese mismo decreto también nombrada a Matías Lanusse como “coordinador” del organismo. Lanusse fue desde subsecretario de Aguas hasta titular del Instituto de Lotería y Casinos durante la gobernación de María Eugenia Vidal en la Provincia. Desde diciembre de 2019 se desempeña como titular de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) en la administración de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad. Tanto Lanusse como Simón, como se ve, lejos de ser castigados por haber coordinado la patota, fueron más que premiados.
En la causa que cursó en el juzgado del juez Facundo Cubas hay unos 17 casos de violencia institucional denunciados por personas en situación de calle víctimas de la UCEP. En algunos de los testimonios todavía resuenan los golpes y las patadas:
- “El 10 de octubre de 2009, siendo aproximadamente la 1:10 horas, alrededor de veinte integrantes de la repartición se presentaron en la calle Pasco al 1300, bajo el puente de la autopista 25 de Mayo, de esta ciudad, circulando en cuatro camionetas blancas y el camión compactador. Allí procedieron a despertar bruscamente, a los golpes, a C. y R.P., quienes se encontraban durmiendo en el lugar. Uno de los agentes tomó fuertemente del brazo izquierdo a C. y le dio un golpe de puño en su bajo vientre, mientras otro la intimaba a tomar sus cosas y retirarse del lugar”.
- “El 29 de julio de 2008, alrededor de las 2 horas, entre ocho y diez miembros de la U.C.E.P. se constituyeron en la plaza Malabia sita en Av. Santa Fe y República Árabe Siria de esta ciudad, e increparon a J. C. T. y F. A. D., quienes se encontraban durmiendo, diciéndoles levantate y tomátelas de acá, acá no se puede dormir, al tiempo que los insultaban y propinaban patadas en las piernas y costillas, y golpes de puño. Además, les sustrajeron los elementos que poseían (colchones, frazadas, una garrafa y una olla en la cual cocinaban)”.
Un informe firmado en 2009 por el CELS y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, que aglutinó las principales denuncias, describe el accionar de la UCEP “en todos los casos, en una franja horaria que va desde las 23.00 horas hasta las 3 de la mañana”, con el objetivo de “desplazar a las personas de sus lugares de reposo”, en “grupos de diez personas o más, que amenazan, coaccionan y, en algunos casos, lesionan a las víctimas para lograr su objetivo”.
“En ningún caso –dice el informe– existen decisiones administrativas, mucho menos judiciales, que justifiquen la necesidad de liberar los espacios públicos donde pernoctan las personas que resultan víctimas de estos procedimientos”. A los “ranchadas”, la patota llegaba “en vehículos de diversas marcas, sin inscripción alguna que permita identificarlos como pertenecientes a dicha unidad, acompañados por camiones de recolección”.
El caso de una mujer embarazada, desalojada violentamente de la calle Pasco y Autopista, quien perdió su embarazo por los golpes, desató finalmente las denuncias penales, que recayeron también sobre el propio Macri y su ministro de Espacio Público de entonces, Juan Manuel Piccardo, reciclado más tarde como director de SBASE, la empresa estatal que regula el servicio del subte.
Ambos, Macri y Piccardo, zafaron del procesamiento, que sí alcanzó a Pepín y a Lanusse. Ambos presentaron su renuncia en marzo de 2009 al organismo, pero ya era tarde: llevaba seis meses operando y seguiría al menos otros seis meses más, con toda la estructura en funcionamiento. De hecho, otros seis miembros de la patota también fueron procesados por “lesiones leves” y “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”. La causa está hoy archivada.
Una de las denuncias de las víctimas es al menos llamativa, porque sitúa al propio Pepín actuando él mismo como parte de la patota. Dice:
- “El 27 de febrero de 2009, alrededor de las 4 horas, personal de la Unidad de Control del Espacio Público intervino en el desalojo administrativo del inmueble sito en Av. Paseo Colón de esta ciudad. En dicho contexto, y encontrándose presente F. J. R. S., personal de la Unidad forcejeó, tomó de los brazos y de los pelos a los ocupantes de la vivienda, que oponían resistencia, logrando despejar el acceso al predio y colaborando en la detención de éstos; encargándose del desalojo a las trompadas”.
El descargo de Macri, que debió declarar en 2011 (presentó un escrito) fue esperable: como jefe de gobierno no puede controlar todos los organismos que de él depende; ése fue el argumento para su absolución. Pero en el escrito dejó una perlita, respecto del término “usurpador” de la vía pública (osea, las personas sin techo). Sostuvo que el término, que figura en el decreto, “alude a quien ocupa ilegítimamente el dominio público, sin el permiso o concesión de la Administración, y que el Estado tiene el deber de velar por su conservación”.
Fuente:Diagonales
Negocios turbios en las ventas a China, desregulación macrista e ingresos de la población
Por qué aumenta el precio de la carne y qué hacer para frenarlo
Los despachos a China provocaron un desorden de magnitud en el mercado ganadero. Las opciones de intervención son suspender exportaciones, registros de autorización de operaciones, cupos, precios de referencia y alza de retenciones. Tensión por la inflación de alimentos, mercado externo versus consumo doméstico y necesidad de dólares comerciales.
El conflicto de la carne expone con claridad la manta corta de la economía argentina. Está tejida con la urgencia de dólares por exportaciones, con el objetivo de relajar la restricción externa, y también con la necesidad de garantizar el acceso por precio y cantidad de alimentos esenciales a la población, con la misión de atender la delicada cuestión socioeconómica.
El problema tiene su origen en que la canasta de consumo de alimentos de los hogares coincide con los principales productos de exportación, característica que no tiene la misma intensidad en otros países similares.
En el caso específico de la carne vacuna, pese a que el consumo per cápita por año se derrumbó a 44 kilos, la Argentina sigue siendo el país líder en el ranking mundial de ese indicador, según el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). Esta cifra es una de las más bajas de la historia. En 2015 era casi 59 kilos, y en 2009 había alcanzado un pico de 69. Por caso, en Brasil es de 26,4 kilos per cápita por año.
Para quienes tienen fascinación por confundir, ya sea en forma deliberada o por desconocimiento, diciendo que en ningún otro país se repite lo que está sucediendo en Argentina, la situación de Brasil es bastante parecida: derrumbe del consumo por caída del poder adquisitivo de la mayoría de la población, suba de precios por incremento de exportaciones a China y aumento de los alimentos por encima del promedio general.
Es cierto que la nominalidad es más baja pero el impacto relativo es equivalente en la calidad de vida de grupos vulnerados.
El Folha de S. Paulo publicó el último viernes que ahora cada brasileño consume 26,4 kilos de carne vacuna al año, una caída de casi el 14 por ciento en comparación con 2019, cuando todavía no había pandemia. "Este es el nivel más bajo desde 1996, inicio de la serie histórica de la Conab (Companhia Nacional de Abastecimento)", indica, para agregar que según el Ibge (instituto de estadísticas oficial), el precio de la carne en general subió 35 por ciento en 12 meses hasta abril, más de cinco veces el índice de precios general en ese mismo período.
El cuadro es más inquietante en el caso argentino en comparación con el brasileño y con otros países puesto que la carne influye de manera determinante en el poder adquisitivo de las familias y en la evolución de la tasa de inflación general.
En ese sentido, dos datos contundentes:
1. La carne representa el 20 por ciento del gasto promedio de alimento de los hogares.
2. La participación de las carnes en el Índice de Precios al Consumidor –promedio país- es de 8 por ciento. Esto significa que si la carne sube 10 por ciento, el IPC lo hace 0,8 por ciento.
Intervención
Más allá de los cambios en los hábitos alimentarios que implican una reducción en el consumo de carnes, ese retroceso se reconoce fundamentalmente en factores regresivos que merecen la intervención oficial.
La suspensión por apenas 30 días de las exportaciones de carne es la carta puesta en la mesa de negociación por parte del Gobierno para frenar la dinámica de un mercado que, ya sea por la elevada informalidad o por diversos fraudes de evasión y subfacturación detectados, requiere de un ordenamiento urgente.
La forma de resolver el dilema de más dólares o protección del presupuesto de las familias, en especial el de los más vulnerables, constituye la fuente de varias crisis económicas y políticas.
La disputa de actores que participan en el mercado de ventas al exterior con consumidores del mercado interno no es novedad. Viene de décadas porque irrumpió a partir de la transformación de la estructura productiva y, por lo tanto, social, a mediados del siglo pasado, con la ampliación de derechos políticos y económicos a un amplio sector de la población que estaba marginado. Desde entonces, esa pelea de base quedó consolidada y es motivo de reiteradas batallas entre esos actores políticos y económicos.
En otras palabras, con más trabajadores (industriales y de servicios formalizados) y además con más derechos laborales junto a una clase media en expansión, en lo que se conoció como una estructura de movilidad social ascendente, las familias incorporaron la carne (proteínas) como un alimento básico de la dieta diaria.
Pese al retroceso relativo en los tres ciclos neoliberales de las últimas cuatro décadas esa estructura -y memoria colectiva- se mantiene. No hay muchos países periféricos que hayan transitado igual recorrido y, por lo tanto, enfrentado este tipo de conflicto.
Herencia
Sobre esa tensión histórica, en el caso específico de la carne se montó una situación coyuntural que, aunque el dispositivo político, económico y mediático de derecha busca ocultar, refiere a una herencia de la gestión del gobierno de Mauricio Macri: la desregulación y liberalización del mercado interno y externo de la carne vacuna.
Esto provocó un desorden de magnitud en la actividad ganadera, que se agudizó por la irrupción de China como un comprador externo fuerte.
Los precios de la carne entonces se desmadraron por los siguientes factores:
1. La competencia por la producción entre los mercados de exportación y de consumo doméstico.
2. La apertura sin control del macrismo.
3. La presencia de China como potente demandante.
4. El boom del mercado internacional de granos, en especial el de maíz, que duplicó su precio y es insumo (para engorde) de, por lo menos, un cuarto del stock de cabezas vacunas.
En el último año, la carne registró incrementos de precios muy por encima de la inflación nivel general y del resto de los alimentos. En los primeros cuatro meses de 2021 subió 22,0 por ciento y ya acumula 64,7 por ciento en los últimos doce meses, deteriorando el poder adquisitivo de los consumidores. El rubro Alimentos y Bebidas avanzó 43,2 por ciento, mientras el IPC general, 44,2 por ciento en ese mismo período.
El Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) relevó que los aumentos acumulados son de casi 100 por ciento desde enero 2020.
Diagnóstico
La actividad ganadera hoy tiene alrededor de 54,5 millones de cabezas, casi la misma cantidad de hace 48 años (1973), mientras que se faenan las mismas toneladas de 1977, con una población superior ahora.
El aumento de precios tiene entonces varios elementos que se interrelacionan, fundamentalmente vinculados al comercio exterior, y que impactan a lo largo de toda la cadena:
* Relativa rigidez de oferta: desde hace más de 15 años que la producción para el mercado interno no crece. La competencia por la tierra con la producción agraria generó estancamiento y desplazamiento de la actividad ganadera. Entre 2015 y 2020 el consumo interno cayó cerca de 20 por ciento. Ese porcentaje de la producción se canalizó a exportaciones, las cuales cuadruplicaron su volumen y cuyo destino fue China.
* Reorientación de las ventas: la participación de las exportaciones en la producción pasó de 7,7 a 29,1 por ciento.
* Brecha cambiaria y subfacturación de exportaciones: firmas fantasmas y otras ocasionales se involucraron en el negocio de la exportación a China en operaciones fraudulentas por subfacturación, triangulación fijando precios ridículamente bajos para evadir y hasta sin liquidar los dólares de las ventas al exterior.
* Poca transparencia en la comercialización del ganado en pie: la mayor presencia de exportadores en el Mercado de Liniers llevó a un recalentamiento de las operaciones, pagándose precios elevados para el ganado de exportación y subiendo el nivel de precios para la carne destinada al mercado doméstico.
* Costos primarios: la suba del precio del maíz impactó especialmente en el segmento de feedlots, que representa alrededor de un cuarto de la hacienda.
Regulación
Con los mencionados impactos en el presupuesto del hogar y en el IPC general, un objetivo básico de política económica y social debería ser mantener abastecido el mercado interno a precios razonables. Y es el punto que está disputando con el poder económico ganadero el gobierno de Alberto Fernández.
Las retenciones hoy en el 9 por ciento, con posibilidad de elevarla al 15 por ciento, permiten el desacople del precio internacional del local. Esta medida incentiva el abastecimiento del mercado interno al equilibrar las rentabilidades relativas entre los mercados domésticos y de exportaciones.
La administración del comercio exterior de carnes para evitar desajustes entre la demanda y la oferta en el mercado interno se puede realizar con Registro de Operaciones de Exportación (ROE) y cupos de exportación. En el actual conflicto, es fundamental ordenar las operaciones a China con fiscalización de precios y con cupos.
En un contexto de tensiones inflacionaria resulta necesaria la reducción de la volatilidad cambiaria para evitar impactos fuertes de la cotización del dólar en los precios internos. Además, el control de los mercados comercializadores, especialmente el de Liniers, es clave para contener presiones de costos del ganando en pie en los precios en mostrador, que incluye monitoreo de los principales actores del mercado para evitar maniobras especulativas.
El gobierno de Macri desarticuló cada una de esas herramientas de intervención pública con la promesa de aumentar el stock ganadero, incrementar el peso de faena (más kilos por animal), bajar los precios por la mayor producción (faena) e impulsar las exportaciones.
Pese a la campaña de desinformación de los actores del mundo ganadero, el resultado no fue ese: el stock ganadero apenas subió 4,9 por ciento (2,5 millones de cabezas), la cantidad de cabezas faenadas aumentó 14,5 por ciento porque en 2019 se aceleró con la megadevaluación macrista (en realidad, el promedio 2016-2019 fue de sólo 6,0 por ciento en relación a 2015), el precio promedio de faena casi no tuvo variación (+0,4 por ciento), y el precio promedio de venta al público de un corte clásico (el asado) subió 276 por ciento.
O sea, con la más amplia desregulación y liberación del mercado no se produjo un boom de la ganadería, y sí, en cambio, una disparada de precios al consumidor y un desorden en su funcionamiento.
China
Las exportaciones de carne tienen plazas tradicionales: Unión Europea, Israel y otros países que consumen cortes de alto valor (por ejemplo, Cuota Hilton). Del monto total de ventas al exterior, el 15 por ciento tiene ese destino. En los últimos años se incorporó China, que desde 2015 fue aumentando las compras hasta representar el 75 por ciento del total exportado. Desde entonces, esos despachos subieron casi 1200 por ciento y se trata de cortes de bajo valor.
La pérdida de consumo de las familias (la caída per cápita anual) es casi igual al volumen de exportaciones a China. Como se mencionó, entre 2015 y 2021 las exportaciones pasaron del 7,7 por ciento de la producción al 29,1 por ciento. En ese período sumaron 7400 millones de dólares, apenas el 3 por ciento del total de las exportaciones.
Analistas ganaderos explican que por cada 100 mil toneladas de carne exportada se pierde 2,18 kilos de consumo per cápita en el mercado doméstico. Calculan que para recuperar el consumo de 2015 se tiene que volcar al mercado interno el 70 por ciento del volumen exportado en 2020, porcentaje similar a los despachos hacia China.
Tradicionalmente a China se despachaban rezagos de carne congelada que no afectaban el consumo local. Ahora se vende el eslabón más bajo de la cadena ganadera (vaca vieja o dura). La hacienda tiene distintas categorías: las de mayor consumo interno son novillo, novillito y vaquillona; las de exportación a Europa son novillos especiales y mejorados; y por último se ubican las vacas con carne de menor calidad, que son las que principalmente se están exportando a China.
Los precios de cada categoría se encuentran correlacionados. El funcionamiento básico del mercado indica que el aumento en el nivel más bajo arrastra a todos los demás y las vacas (exportadas a China) es el piso de esa cadena de valor. El aumento de la demanda de esa categoría entones empuja para arriba el resto.
Medidas
En el Ministerio de Desarrollo Productivo y específicamente en la Secretaría de Comercio Interior tienen un diagnóstico certero del mercado ganadero y una estrategia definida para ordenar la actividad.
Se fortaleció el Acuerdo de Carne, vigente desde el 12 de mayo hasta fin de año, garantizando el acceso al consumidor a precios accesibles en los principales supermercados del país, en carnicerías y en el Mercado Federal Ambulante. El objetivo es ampliar todavía más ese acuerdo para garantizar abastecimiento y precios en descenso.
Para frenar la subfacturación de exportaciones la Aduana avanzó en la publicación de los valores referenciales de exportaciones y en la identificación de casos irregulares.
En ese frente están probadas maniobras ilegales de firmas informales y las evidencias obtenidas por los funcionarios lo corroboran: mientras la misma categoría de carne (vaca) en Brasil es vendida a China a 4,7 dólares por kilo, el registro de los despachos desde Argentina hacia ese mismo destino es 3,3 dólares por kilo.
Según informes del Indec, ese mismo valor era 4,9 dólares en 2019. Con aumento de costos y suba internacional de las materias primas no es posible que esos sean precios de mercado, lo que indica probable subfacturación de exportaciones. Se creó una comisión mixta (Ministerio de Agricultura, Ministerio de Desarrollo Productivo y organismos de control) para actualizar los valores de referencia de la exportación.
Se impulsó el régimen de cuarteo, que es un nuevo esquema de comercialización para reducir las distorsiones de precios que implica el sistema de distribución por media res y que entrará en vigencia a partir del año próximo.
El consorcio de exportadores (ABC) propone limitar las firmas “sin fábrica” (operadores informales que subfacturan exportaciones, ingresan dólares sin declarar y obtienen así rentabilidades extraordinarias) y promete que, de ese modo, se recuperaría para el mercado interno el 35 por ciento de las exportaciones a China.
Mientras tanto, hasta ordenar el funcionamiento de la actividad, el cupo de exportación hacia China es una medida provisoria que facilitaría su normalización.
Ingresos
El precio de la carne está en niveles muy elevados en relación con los ingresos de la mayoría de la población. Lo mismo pasa con el resto de los alimentos.
Son necesarias medidas específicas para frenar los aumentos, además de combatir maniobras fiscales y cambiarias fraudulentas. Pero una cuestión básica de la actual dinámica inflacionaria reside en que los ingresos no han podido comenzar un sendero consistente de recuperación en términos reales.
Como ilustró Claudio Scaletta en un reciente artículo en El Dipló, "el problema no es que la carne esté cara, cualquier sea la razón, sino que los salarios son muy bajos, y que la pandemia abortó su recuperación apenas había comenzado".
Es obvio que en pandemia no es posible recomponer la pérdida acumulada en los cuatros años del macrismo y en el primer año de la crisis del coronavirus. Sin embargo, la clave en este proceso es orientar la tendencia para esa recuperación que llevará varios años, como sucedió en la última gran crisis del estallido de la convertibilidad. Como antecedente, recién a mediados de 2007 el salario promedio formal alcanzó el nivel de agosto de 1998, cuando comenzó una larga recesión con estallido económico, político y social en 2001/2002.
El shock de precios de alimentos debe ser atendido entonces también con un shock en los ingresos de gran parte de la población.
El Presidente defendió el confinamiento para bajar la tasa de contagios de coronavirus en todo el país
Alberto Fernández: "Siento que muchos no me escucharon"
El mandatario aseguró que las restricciones estrictas durarán solo nueve días y sentenció que en este contexto no puede haber aumento de tarifas.
"Son nueve días. Este golpe en la experiencia europea lo llaman 'el martillazo', que lo que hace es permitirte barajar y dar de nuevo. Te permite ganar tiempo, bajar el numero de contagios, y ganar tiempo en la administración de la salud y la atención de los contagios", aseguró el presidente Alberto Fernández respecto al confinamiento estricto que empezó a regir este sábado. En su primera aparición pública desde que anunció las nuevas restricciones, el presidente se refirió a la situación sanitaria, a las diferencias con el gobierno porteño, al aumento en los precios de la carne y a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. "Con este nivel inflacionario no puedo exigirle a la gente que pague un nuevo aumento tarifario", afirmó y adelantó que, de ser necesario, el gobierno analizaría implementar nuevas ayudas económicas como el IFE.
"Siento que muchos no me escucharon. Hice un llamado a la reflexión en marzo, advertí que se nos iba a venir lo que sucedía en Europa con la segunda ola. Dicté medidas para el AMBA, avisé que se iba a extender por todo el país, no me hicieron caso y se terminó extendiendo por todo el país", declaró Alberto Fernández respecto al crítico contexto sanitario al comienzo de una entrevista con Ernesto Tenembaum y María O'Donnell para la CNN. El presidente cuestionó la decisión del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de desoír los anteriores DNU presidenciales - "no solo no me acompañaron, sino que hicieron gala de hacer lo contrario" - y apuntó contra la especulación política de algunos sectores de Juntos por el Cambio con la pandemia: "Quisiera que la oposición entendiera la crisis en la que estamos y que no se puede hacer política con eso, porque se están muriendo muchas personas. Hay momento en los que tenemos que estar unidos para trabajar juntos".
En otro momento de la entrevista, Fernández se refirió también a la decisión de suspender la exportación de carne por 30 días y se mostró confiado en que el gobierno llegaría a un acuerdo con la Mesa de Enlace: "Vamos a conversar y encontrar un acuerdo que respete a los argentinos porque antes no lo estaban haciendo". En esta misma línea, el presidente negó que existiese la posibilidad de un nuevo aumento tarifario, buscando dar por cerrada la interna que se había producido entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo: "Nosotros no previmos que iba a haber esta escalada inflacionaria, lo que nos hizo repensar el tema. Con este nivel inflacionario no puedo exigirle a la gente que pague un nuevo aumento tarifario. Es un tema terminado", aseguró.
Por último, el presidente se refirió a las negociaciones con el FMI para aplazar los pagos de la deuda que firmó el gobierno macrista - "Por lo que hablé con Kristalina no estamos lejos de lograrlo" - y aseguró que los Derechos Especiales de Giro que el organismo tiene planeado enviarle al país no estarán destinados al pago de vencimientos de deuda, pero sólo si se llegaba antes a un acuerdo con el Fondo. "Si yo tengo un acuerdo con el Fondo no tengo que pagarle en lo inmediato, por lo tanto las DEGs pueden ser utilizadas para lo que la Argentina necesite. Pero si no hay acuerdo con el Fondo ahí tendré que ver, porque si no le pago caeríamos en default y yo no quiero caer en default", indicó.
Las distintas apuestas en un marco de desigualdad global
Qué hizo, qué hace y qué hará el Gobierno para conseguir vacunas
Ensayos clínicos, compras, participación en la cadena productiva y fabricación propia. Lo que salió mal, lo que salió bien y lo que ya comienza a rendir sus frutos.
“Estamos abiertos a cualquiera que nos pueda aportar la solución. Lo que queremos es que los argentinos puedan inmunizarse cuanto antes frente al riesgo de contagio. El que primero traiga la vacuna será muy bienvenido”, señalaba Alberto Fernández en agosto de 2020, en ocasión del acuerdo con AstraZeneca para producir la sustancia activa en el país. En el presente, el panorama epidemiológico es mucho más grave: se confirmaron 32.171 contagios y 297 muertes. Y el Gobierno redobla los esfuerzos para comprar las dosis necesarias, según se advierte en la cantidad de negociaciones que entabló y aún entabla con los diferentes laboratorios y gobiernos.
Las vacunas contra la covid-19 constituyen un bien tan estratégico como escaso. Algunos de los países que con mayor velocidad han desarrollado su proceso de inmunización masiva (Israel, Reino Unido, Estados Unidos) a partir de la aplicación de opciones vacunales de seguridad y eficacia comprobada son, precisamente, naciones centrales que se destacan en el campo científico-tecnológico. Mientras algunos ya comienzan a despedir la pandemia (Israel permitió dejar de utilizar el barbijo en espacios públicos, Reino Unido levantó sus restricciones y EE.UU. se prepara para declarar el 4 de julio como el “El día de la independencia de la covid”), a la mayoría de los Estados les cuesta mucho más hacerse de las dosis necesarias. Pensar la geopolítica, en este sentido, es pensar la desigualdad. El gobierno argentino, desde el comienzo, decidió embarcarse en una estrategia a varias puntas: los ensayos en el país se solaparon con la adquisición de dosis provenientes de diferentes latitudes, con la participación en la producción doméstica de fórmulas foráneas, así como también con la fabricación local de opciones autóctonas.
2020
Al comienzo el énfasis estuvo en la realización de ensayos clínicos. En agosto, Pfizer y BioNTech iniciaron con miles de voluntarios argentinos las pruebas de su fórmula en el Hospital Militar de CABA. Coordinadas por el doctor Fernando Polack (Fundación Infant), las ansias por inmunizarse eran tantas que en apenas dos días se inscribieron más de 15 mil postulantes. ¿El propósito? El Gobierno esperaba obtener algunas ventajas en los procesos de compra y distribución. Con el tiempo, la alternativa desarrollada por las empresas estadounidense y alemana comenzó a aplicarse en países centrales, aunque ofrecieron muy pocas facilidades a aquellos que, como Argentina, habían aportado sus instalaciones, sus profesionales y sus habitantes para los estudios. Además, ambas compañías solicitaban demasiadas concesiones para adquirir su tecnología, por lo que las negociaciones no prosperaron.
En paralelo, hacia mediados de agosto, el gobierno anunció la participación local en la producción de la vacuna de AstraZeneca/Universidad de Oxford. De esta manera, el laboratorio mAbxience (del empresario local Hugo Sigman) fabricaría la sustancia activa y el resto del ciclo (enfrascado y distribución) se completaría en Liomont (México). En aquella ocasión el país firmó un acuerdo para la adquisición de 22,4 millones de dosis, pero los primeros lotes llegarán de Estados Unidos durante los próximos días. Entre mediados de agosto y mediados del mes siguiente, Argentina puso a punto los ensayos de fase 3 de la vacuna de Sinopharm, elaborada en colaboración con el Instituto de productos Biológicos de Beijing, el principal fabricante de vacunas de China. A nivel doméstico, las pruebas con miles de postulantes fueron lideradas por la Fundación Huésped, de Pedro Cahn, y los centros Vacunar desperdigados por el territorio nacional.
En paralelo, Argentina se convirtió en una de las primeras naciones en unirse a la plataforma Covax, mecanismo establecido por la OMS para el reparto equitativo de dosis. A principios de noviembre, el gobierno cerró más acuerdos con Rusia. En retrospectiva, este paso constituyó uno de los principales aciertos de la gestión. ¿Por qué? A pesar de las reticencias al comienzo y de la campaña de desprestigio que llegó después, la Sputnik V demostró una eficacia cercana al 92% y hasta el momento ya fue aprobada en 66 naciones. Aunque la promesa inicial de recibir las 25 millones de dosis se demoró más de la cuenta, lo cierto es que todos los laboratorios del mundo presentaron obstáculos equivalentes en la producción. La fabricación a escala parece estar regularizándose en el presente, tal como aseguró el propio Vladimir Putin esta semana.
El 20 de noviembre se puso en marcha el comité de vacunación, conformado por expertos y expertas de cuatro ministerios (Salud, Interior, Defensa y Seguridad). Aproximadamente se desplegaron 150 mil hombres y mujeres que desempeñan sus tareas en las fuerzas armadas y de seguridad, en articulación con las diferentes gobernaciones. A inicios del mes siguiente, potencias como Rusia, Reino Unido y Estados Unidos comenzaron la vacunación masiva de su población. El 24 de ese mes, junto con la víspera de la Navidad, llegaron las primeras 300 mil dosis de Sputnik destinadas al personal de salud.
2021
A mediados de enero de este año, el laboratorio mAbxience cumplió con su parte del trato y envió el primer lote de sustancia activa de Oxford/AstraZeneca --que equivale a 6 o 7 millones de dosis-- a México para que el laboratorio Liomont culmine con el proceso productivo de empaquetado, etiquetado y distribución por toda la región. A la fecha, la planta radicada en Garín ya mandó los insumos necesarios para fabricar 50 millones.
En febrero, Argentina firmó el acuerdo para la llegada de cuatro millones de dosis de Sinopharm. En marzo, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires anunció la coordinación del ensayo clínico de la vacuna Curevac-004 (Bayer). Entre otros, Argentina aportó, aporta y aportará voluntarios para los ensayos de fase 3 de Pfizer, CanSino (China), Sinopharm, Janssen (de Johnson & Johnson en EE.UU.), Medicago (Canadá) y BriLife (Israel).
En abril, el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) anunció que Laboratorios Richmond produjo el primer lote de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V en Argentina y fue enviado al Centro Gamaleya de Rusia para el control de calidad. La producción a escala de V.I.D.A. (así se bautizó a la opción local) podría comenzar en junio. Al mismo tiempo, el gobierno acelera las negociaciones con Sinopharm, con el objetivo de que la empresa local Sinergium Biotech (cuyas plantas también se sitúan en Garín) pueda recibir el primer embarque de antígenos para concretar la producción final de un millón de dosis por semana. En estos dos casos, a diferencia de lo que sucede con la elaboración de AstraZeneca, los equipos científicos argentinos se encargarán de la fase final de producción y no de las etapas iniciales.
Además de la Sputnik y de la Sinopharm, hay negociaciones avanzadas para que el país pueda producir por su cuenta las opciones de Cuba (Soberana 02) y de Israel (BriLife). También se retomaron las negociaciones con Pfizer: habiendo inoculado a más del 50% de su población y teniendo en cuenta que aproximadamente un 30% rechaza la posibilidad de inmunizarse, Estados Unidos inicia su juego diplomático. Será cuestión de tiempo observar cómo avanzan las negociaciones con el gigante de Norteamérica, ahora con Joe Biden en la presidencia. En lo inmediato, la Casa Blanca podría liberar 60 millones de dosis de Oxford-AstraZeneca que están allí y que no fueron autorizadas por la FDA (ente regulatorio equivalente a Anmat) porque el laboratorio británico no presentó la documentación.
A la fecha llegaron 12.698.250 vacunas (entre las Sputnik V, las Sinopharm, las AstraZeneca y las Covishield) y, antes de que culmine el mes, según lo pactado, podrían arribar seis millones más (dosis de AstraZeneca producidas en Argentina provenientes de EE.UU., las que arribarán a través de Covax y las Sputnik V). Aproximadamente, el 19% de la población del país y el 80% de las personas mayores de 60 años recibieron una dosis; un paso importante si se considera que el primer hito es alcanzar los 14 millones de personas inmunizadas, entre los miembros del personal de salud, los adultos mayores, los menores con comorbilidades, docentes y fuerzas de seguridad.
2022
“Sabemos que el 31 de diciembre no desaparecerá la pandemia, el mundo está en medio de una situación que permanecerá”, expresó Carla Vizzotti a Página/12 en una nota reciente. Por tanto, más allá de la adquisición de dosis y de la producción de algún eslabón de la cadena, avanzan otras vacunas desarrolladas totalmente en el país. ¿Qué sentido tiene fabricar vacunas cuando otras naciones ya lo hicieron primero y hay tantos ensayos clínicos en fase 3 que seguro llegarán al objetivo antes que los equipos argentinos? Parte de la respuesta radica en que la mirada está colocada en 2022.
En este marco, por un lado, se destaca la “ARVAC Cecilia Grierson”, desarrollada por un grupo del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad de San Martín y de Conicet, que lidera Juliana Cassataro. A fin de 2020 culminó con los ensayos de laboratorio y desde entonces llevan adelante negociaciones con una empresa nacional para empezar con las fases posteriores. Por otra parte, se halla el proyecto coordinado por dos equipos de investigación de la UNLP y el Conicet. La referencia es para miembros del Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos y del Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas. La estrategia, en este caso, es liderada por los científicos Guillermo Docena y Omar Azzaroni, y también se encuentra en fases preliminares, aunque con excelentes perspectivas.
La premisa del Gobierno: resolver la coyuntura no debe impedir el ejercicio prospectivo que implica mirar más allá del presente, sobre todo, frente a una problemática que promete extenderse en el futuro cercano. Por eso, subsidió con financiamiento la realización de estos proyectos --y muchos más-- a través de la puesta en marcha de la Unidad Covid-19, integrada por el MinCyT, el Conicet y la Agencia I+D+i. Será cuestión, entonces, de continuar en la senda del apoyo a los equipos científicos del país si el propósito es contar con una vacuna ciento por ciento hecha en Argentina.
El juicio por el Memorándum con Irán, un absurdo jurídico
La causa contra Cristina Kirchner y Timerman a punto de estrellarse
Todos los acusados pidieron el sobreseimiento por inexistencia de delito, o directamente la nulidad. Pueden concedérsela o ir a juicio, con el peligro que se transforme en una denuncia pública del pacto oposición-jueces en Comodoro Py. La opción es dejar discretamente que el tema muera, o pasar un papelón político.
La causa por el Memorándum de Entendimiento con Irán transita moribunda por el edificio de Comodoro Py. El Tribunal Oral Federal 8 (TOF 8) recibió los durísimos pedidos de nulidad y de inexistencia de delito de todos los acusados, entre ellos Cristina Fernández de Kirchner, Oscar Parrilli, Andrés Larroque y Juan Martín Mena. A esta altura se busca una forma de salir del atolladero porque es un secreto a voces que el expediente no tiene pies ni cabeza: se trató de un tratado internacional, votado por el Congreso, que nunca entró en vigencia y que no cambió en nada la situación de los sospechosos iraníes, sobre los que rigen hasta hoy las órdenes de captura con alertas rojas. Pero una cosa sería dictar la nulidad de la causa, como pide CFK, por la actuación de los camaristas de Casación visitadores de Olivos Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, y otra cosa muy distinta es cerrar el expediente por inexistencia de delito. La tercer alternativa es continuar con el proceso hacia un juicio que, todos coinciden, terminará con la absolución de los acusados.
Los jueces del TOF 8, Gabriela López Iñiguez, José Michilini y Daniel Obligado resolvieron acumular los pedidos de los abogados de los imputados y le darán vista al fiscal Marcelo Colombo y a los querellantes, la DAIA y dos familiares de las víctimas del atentado contra la AMIA. Después, los magistrados deberán decidir si terminan con el caso -como ocurrió con el expediente conocido como dólar-futuro- o si avanzan hacia un juicio oral que, en todo caso, se haría recién en 2022.
El planteo de CFK, a través de su abogado Carlos Beraldi, fue demoledor. La causa del Memorándum es “uno de los mayores escándalos de la jurisprudencia”, sostiene el escrito que se basa en la actuación de Hornos y Borinsky. CFK-Beraldi dijeron que los dos integrantes de la Casación intervinieron pese a haberse excusado de cualquier expediente relacionado con AMIA, permitieron que se armara una causa melliza, fueron decisivos para que la instrucción recayera en Claudio Bonadio y, mientras tanto visitaban a Mauricio Macri en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos, ocultando esas visitas.Es decir, la causa es nula por la falta de imparcialidad de los dos camaristas que intervinieron en forma decisiva. A esto se suman todas las maniobras que se hicieron para impedir que declare el exsecretario general de Interpol Ronald Noble, quien ha dicho una y otra vez que ni el fallecido canciller Héctor Timerman ni ningún otro funcionario argentino hicieron nunca gestiones para favorecer a los iraníes, justamente la principal acusación del caso. El escrito de CFK-Beraldi pide un audiencia pública, similar a la que hubo en el caso dólar-futuro, donde seguramente la vicepresidenta se va a expedir en forma dura y detallada ante las cámaras de televisión.
Los otros imputados adhirieron a lo señalado por CFK y Beraldi, pero introdujeron otro elemento de importancia: pidieron el sobreseimiento por inexistencia de delito. Aníbal Ibarra, abogado de Parrilli, señaló que hay un elemento nuevo en el expediente, introducido en septiembre de 2020, y que es una declaración de Interpol advirtiendo a los jueces que ningún funcionario argentino tenía facultad alguna para pedir el levantamiento de las órdenes de captura de los sospechosos iraníes, algo que sólo podía hacer el juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral. Ese documento -señalan Parrilli e Ibarra- deja establecido que no existió el delito de encubrimiento de los sospechosos iraníes porque ese delito era imposible de cometer.
Dados esos planteos y los de Lucila Larrandart como abogada de Andrés Larroque, Marcos Andazábal, defensor del actual viceministro de Justicia Juan Martín Mena, y los escritos de todos los demás imputados, los magistrados López Iñiguez, Michilini y Obligado decidieron reunir todos los cuestionamientos, le dieron vista a las querellas -la DAIA en realidad no tenía el poder especial que se requería para querellar- y el pronunciamiento final será del fiscal Marcelo Colombo. Después de eso, los jueces tienen que resolver.
Parece difícil que los magistrados acepten los pedidos de nulidad dado que desnudarían lo que fue el aparato de Comodoro Py en todos estos años. Significaría reconocer el papel irregular que jugaron Hornos y Borinsky en esta causa, pero tácitamente también en otras, convalidarían la falta de imparcialidad que surge de las visitas a Macri y, en verdad, le darían razón a todo lo que se ha dicho y escrito sobre lawfare. Es cierto que la Corte Suprema de Brasil acaba de hacer algo similar, pero parece improbable que lo hagan tres jueces de Comodoro Py.
La alternativa de terminar con el caso por inexistencia de delito tiene menos costo para el edificio de Retiro. Es la postura que tuvo de entrada el juez Daniel Rafecas en un fallo muy detallado que fue la primer respuesta a la denuncia original, de Alberto Nisman. Y uno de los ejemplos más nítidos lo puso Larrandart: “esto podría llevarnos al absurdo jurídico de sostener que las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida sancionadas por el Congreso de la Nación y promulgadas por el entonces Presidente Raúl Alfonsín, al ser declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia -como ocurrió con el Memorándum-, convierten al citado Presidente Alfonsín, como así también a todos los Senadores y Diputados de la República que votaron favorablemente, en encubridores del delito de lesa humanidad y hasta podría imputárseles erróneamente algún nivel de participación criminal en las graves violaciones a los derechos humanos durante el período de la dictadura militar, porque con dichas normas se habría favorecido que los responsables no fueran enjuiciados, investigados, ni sancionados. Esto constituiría un verdadero dislate jurídico y no resistiría ningún análisis, que es lo que sucede en este caso”.
A este razonamiento se agrega lo señalado por Parrilli e Ibarra: la propia Interpol dijo que era imposible que un funcionario argentino favorezca a los iraníes sospechados porque el levantamiento de las alertas rojas sólo era facultad del juez. Ese texto de Interpol -explican- juega el mismo papel que la pericia realizada en la causa dólar-futuro y en la que se estableció que no hubo perjuicio para el estado. Es decir, que la pericia demostró la inexistencia de delito. Incluso más, se podrían sumar los dichos de Noble en Página/12 y The Wall Street Journal que también ratificaron que no hubo gestión alguna a favor de los imputados iraníes.
La tercera alternativa de los jueces consiste en rechazar el sobreseimiento pedido por los imputados y seguir adelante hacia un juicio que, indefectiblemente terminará siendo un juicio sobre Comodoro Py, la coalición judicial-política-mediática alineada con Juntos por el Cambio, las visitas a Olivos y Casa Rosada, Bonadio, Nisman, la muerte de Timerman, la acusación por traición a la patria y otros hechos siniestros de esta historia. Si los magistrados toman esa decisión, habrá recursos ante la Casación, que fue lo que ocurrió en dólar futuro: el TOF no sobreseyó y lo hizo después la Casación.
Según dicen en Comodoro Py las definiciones empezarán a producirse durante junio. Todas las variantes parecen abiertas pero el expediente es un gigantesco paquete que más tarde o más temprano producirá estruendo.
La Cámara Nacional Electoral define los protocolos sanitarios
¿Cómo se votará en medio de la pandemia?: las alternativas en estudio para las elecciones 2021
Mientras el proyecto del oficialismo que posterga las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) ya cuenta con media sanción del Senado y se encamina a convertirse en ley, en la Cámara Nacional Electoral (CNE) se estudian diversas medidas “reducir los contagios y la exposición de la ciudadanía” durante los comicios. Horarios distribuidos según grupos etáreos, incorporación de establecimientos de votación y vacunación para ciudadanas y ciudadanos designados como autoridades de mesa son algunas de las posibilidades que ponen sobre la mesa hoy, según confirmaron a Página|12.
El invierno se aproxima, la curva epidemiológica crece y, mientras en todo el país se imponen nuevas restricciones, el detrás de escena de las elecciones sigue en marcha. Si bien es muy probable que las PASO sean postergadas por un mes, para realizarse el 12 de septiembre en lugar del 8 de agosto, y atrasen así también las elecciones generales al 14 de noviembre; hasta que no se apruebe la ley correspondiente y la decisión sea oficializada, la CNE continúa trabajando en función del calendario electoral original para asegurar el normal desarrollo de las elecciones legislativas incluso en un contexto que dista de serlo.
En ese marco, las autoridades evalúan ciertas medidas para proteger a la ciudadanía durante el proceso electoral. Si bien todavía no hay nada oficial, todas las acciones que están en estudio tienen como objetivo evitar las aglomeraciones en los centros de votación y cumplir estrictamente los protocolos sanitarios para exponer lo menos posible tanto al personal afectado a la logística, como a todas aquellas personas que acudan a cumplir con su deber cívico.
Una de las opciones que se contemplan, tal y como explicaron fuentes de la CNE a este diario, es el establecimiento de un cronograma en el que las personas de grupos de riesgo, a sea por edad o por padecer enfermedades previas, se acerquen a votar antes que el resto del electorado. “Así, mayores de 65 años irían entre las 8 y las 10 de la mañana, por ejemplo, para que no se crucen con gente más joven que pueda tener mayor carga viral”, expresaron desde la Cámara.
Otra medida es incrementar los establecimientos de votación en un 30 por ciento, es decir, de aproximadamente 15 mil espacios a 20 mil, con respecto de la última elección. Para esto, se utilizarían escuelas, clubes de barrio y otros tipos de dependencias municipales. Junto con esta iniciativa, que busca disminuir la cantidad de personas que asistan al mismo lugar, “la idea es que haya dos puertas, mínimo: una para ingresar y otra para salir, para evitar los cruces de gente; y que dentro del establecimiento haya también un recorrido donde la circulación sea ágil y uno entre, vote y salga inmediatamente”.
También se evalúa la posibilidad de que no sea necesario entregar el DNI, sino solo mostrarlo, “para evitar la manipulación del documento, una situación que puede llegar a generar algún tipo de contagio”, explicaron de la CNE. Asimismo, todos los establecimientos contarán con los elementos sanitizantes necesarios para la jornada electoral; y se agregarán más mesas que, a su vez, serán más amplias de lo habitual, para mantener el distanciamiento entre las autoridades de las mismas.
Para el cumplimento efectivo de todas las medidas y protocolos, se estudia que, además del delegado electoral habitual, en cada establecimiento haya también un “delegado sanitario”, una figura que se encargue de la fiscalización de las acciones de bioseguridad y que colabore con lo que sea necesario en relación con estos aspectos.
La cuestión de las autoridades de mesa es el punto más delicado, por la mayor exposición de estas personas. Frente a esto, la CNE viene elevando varios oficios a los ministerios de Salud y del Interior, pidiendo que “se incluya al cronograma de vacunación como personal estratégico esencial a los aproximadamente 200 mil ciudadanos y ciudadanas que serán convocados”.
La alternativa que proponen es que se les “remita la nómina de personas que se encuentren vacunadas, para priorizar entre ellas la modalidad de designación” de las autoridades de mesa. También se evalúa la posibilidad de convocar mayoritariamente docentes --vacunados-- y que, en caso de que las y los convocados convivan o pertenezcan a grupos de riesgo, puedan excusarse presentando los certificados correspondientes que acrediten la situación.
Sobre la posibilidad de implementar una boleta única para reducir la manipulación del papel por varias personas, la CNE no tiene facultades para realizar esa modificación sobre el reglamento electoral. “Es algo que tiene que resolver la política, pero nosotros nos manifestamos desde hace años en favor de este método electoral por todas las ventajas que tiene”, expresaron de la CNE, al respecto.
Informe: Sofía Moure
Fuente:Pagina12
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