Cuidados que solo quedan en los papeles oficiales
Clases presenciales: alarmante porcentaje de fallas en los protocolos de las escuelas porteñas
Un relevamiento de la Defensoría del Pueblo mostró los problemas cotidianos: amontonamientos, falta de lugares abiertos y burbujas que se mezclan, entre otros.
La bandera de la presencialidad que defiende el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta debería flamear a media asta. Los seis docentes fallecidos en CABA parece que no alcanzaron como evidencia suficiente. Los últimos fueron la maestra de nivel inicial Mónica Suárez y el profesor de Taller Sergio Vicino. Un informe de la Defensoría del Pueblo de la ciudad sobre 257 escuelas públicas sostiene que en el 54% de ellas se producen amontonamientos en sus ingresos y en el 30% no se cumple el distanciamiento social. También explica que en el 23% de los colegios no hay los mínimos y adecuados espacios al aire libre. Alejandro Amor, el defensor del organismo de control, opina que “deben tomarse medidas duras para impedir que continúe el proceso de potenciales contagios”. La secretaria general de UTE-Ctera, Angélica Graciano, declara que “se defiende algo que no existe y que ronda el 10 por ciento”. Vanesa Gagliardi, profesora de la escuela Niní Marshall de Mataderos e integrante del consejo directivo de Ademys dice que “mis alumnos vienen de lejos, toman dos colectivos y pueden tener una hora y media de viaje desde el Gran Buenos Aires”. Las certezas se acumulan, pero las clases que habían comenzado el 17 de febrero continúan a la espera de un fallo de la Corte Suprema que se demora.
La Defensoría del Pueblo publicó un trabajo que relevó la aplicación del protocolo sanitario en casi un tercio de los 750 inmuebles del sistema educativo y público en la ciudad. El organismo comprobó que en uno de cada tres establecimientos “tuvieron que aislar al menos un aula (burbuja) por un caso sospechoso o confirmado de covid-19”. También constató “cómo semana a semana fue subiendo la proporción de escuelas con burbujas aisladas, llegando en el último tramo del relevamiento al 50% de los casos”.
Hay comunidades educativas que le dieron visibilidad a sus problemas de una manera artesanal y colorida. Sobre cartulinas escritas con fibras en el ingreso a una escuela detallaron lo que iba sucediendo: “Burbujas aisladas 30, casos docentes 15, casos Niños 40, casos familiares 90, días de clase 47, días sin alcohol 20, días sin barbijo 35, vacunados 7, días sin clases promedio por grado 0,25, días con todos los docentes 6, ausentismo alumnos 40 %, familias que piden virtualidad 105”.
Graciano denunció penalmente a Rodríguez Larreta en representación de UTE por desobedecer a la Justicia Federal. Dice que lo hizo “por poner en peligro la vida y la salud de miles de alumnos, alumnas, docentes y familias de la ciudad de Buenos Aires”. Exdirectora y supervisora de escuelas, le cuenta a Página/12 cómo se incumplen los protocolos: “Acá se quiere hacer saltar por los aires el dispositivo sanitario. Esta tragedia se construyó desde fines del año pasado. Tuvimos que hacer denuncias en 2020 por las canastas de comida, presentamos un amparo por la falta de alcohol en gel, pasaron meses sin que se recibiera lavandina en las escuelas”.
Ahora el Juzgado criminal y correccional N° 9 deberá resolver la denuncia de Graciano contra el jefe de Gobierno para que, entre otros hechos, “se sirva hacer cesar los actos de hostigamiento y amedrentamiento llevados a cabo por las autoridades de diferentes escuelas sobre los/as trabajadores/as docentes y auxiliares de la educación” porque recibieron “amenazas de sanciones para que se presenten a trabajar aquellos/as que son contacto estrecho y se encuentran pendientes de conocer su resultado del examen de covid-19”.
Gagliardi explica que “los protocolos son incumplibles. Los pasillos donde nos cruzamos en la escuela no tienen un metro y medio de distancia como indica el distanciamiento obligatorio. No hay patios grandes. Cuando llueve hay que mantener las ventanas abiertas y los alumnos se mojan. Es insostenible seguir en la presencialidad. En la escuela Niní Marshall, la única con orientación en teatro de la ciudad, menos del 10 por ciento de los docentes están vacunados y vacunadas”.
El informe de la Defensoría del Pueblo arroja datos que el gobierno porteño no toma en cuenta. “La mayor proporción de aulas aisladas se produjo en el nivel primario, dado que en el 42% de las escuelas relevadas de este nivel tuvieron que aislar al menos una burbuja”. Es en la escuela primaria junto al nivel inicial, los jardines maternales y la educación especial, donde Rodríguez Larreta decidió mantener la presencialidad (no así en la secundaria). Lo hizo pese a que el organismo que conduce el abogado Amor comprobó que “el 24% de los establecimientos cuentan con aulas en las que no se respeta el distanciamiento social y que casi en el 20% de los casos se encuentran habilitados espacios de dictado de clases donde no están aseguradas condiciones de ventilación adecuadas”.
“Nosotros visitamos 21 escuelas por día, hicimos este trabajo que fue avalado por el Ministerio de Educación de la Ciudad y nos encontramos con situaciones muy complejas. En los jardines maternales hubo directoras que nos dijeron que no podían cumplir el protocolo. Otro problema que comprobamos fue la falta de distanciamiento en las entradas y salidas de los colegios. Pedimos por más controles en los micros porque se mezclaban en los viajes alumnos de dos burbujas diferentes. En CABA existe un número muy importante de familias que llevan a sus hijos en el transporte público. Hay que bancársela si se deben tomar decisiones que signifiquen perder elecciones. Tenemos que defender la presencialidad siempre que no esté en riesgo la salud de las personas”, dice el defensor del Pueblo.
Un dato adicional al informe que aporta Amor es que las dificultades de infraestructura más serias están en los colegios que construyó el brigadier Osvaldo Cacciatore durante la última dictadura cívico-militar. Su Plan 60 escuelas lanzado en 1979 --de las que solo levantó 24-- construyó edificios con ladrillo a la vista y hormigón que tienen problemas de mantenimiento. En sus accesos, como en el de otros institutos educativos públicos y privados “es claro que el ingreso escalonado de los/as estudiantes no ha sido suficiente para evitar este tipo de situaciones (por el incumplimiento del distanciamiento social)”, señala el relevamiento de la Defensoría que además constató cómo “el 64% de las escuelas no tienen cuarto de aislamiento o bien el mismo no reúne condiciones adecuadas (falta de ventilación y/o baño exclusivo)”.
La imposibilidad de mantener la distancia en los accesos también se percibe hacia el interior de las aulas. El informe dice que “el espacio no es suficiente para albergar ni siquiera a la mitad del alumnado habitual con una distancia de 1,5 metros entre los mismos”.
Rodríguez Larreta y la ministra de Educación Soledad Acuña niegan los datos de la Defensoría. La funcionaria sostiene que en las escuelas de la Ciudad “hay 45 mil burbujas y que sólo cerraron menos del 2%”. El gobierno porteño ratificó la presencialidad atendiendo a la base de su electorado que envía mayoritariamente a sus hijos al sistema privado. Según Graciano, “se ha utilizado el tema de la educación para partidizarlo y los paros, sumados a los testimonios de pediatras de cuatro hospitales de niños en CABA, llevaron a un cambio en la percepción de la gente sobre la presencialidad. A eso el gobierno de la Ciudad respondió con acciones de disciplinamiento, con descuentos a los salarios de los docentes y el envío de grupos de personal contratado que supervisan si estamos o no en las escuelas y si las familias mandan o no mandan a sus hijos”.
Según el testimonio del 90 % de las autoridades docentes entrevistadas en las escuelas para el informe de la Defensoría, “uno de los mayores inconvenientes es la provisión de equipamiento y de insumos necesarios para la prevención. En particular, se destaca la falta dispenser de alcohol en gel y/o jabón líquido, toallas descartables, máscaras faciales, artículos para la limpieza y espacios de guardado para elementos personal, entre otros”.
En estos días de presencialidad a cualquier precio, una cartulina recordaba sobre el enrejado de un colegio: “El guardapolvo no inmuniza. Ante el virus somos todos iguales”. En el gobierno de CABA todavía no tomaron nota del reclamo.
Lo confirmaron a PáginaI12 fuentes del ministerio de Economía
Martín Guzmán no piensa renunciar por el conflicto con el subsecretario de Energía
El conflicto de fondo es que el ministro quiere aplicar un aumento segmentado de tarifas que Federico Basualdo no avala. La salida del funcionario sería cuestión de tiempo, pero de momento sigue en funciones. Las posturas del Presidente y Cristina Kirchner.
Desde el Ministerio de Economía, en diálogo con Página12, fueron muy determinantes: el ministro Martín Guzmán en ningún momento planteó, ni evaluó dejar su cargo por lo sucedido el viernes con el pedido de renuncia y la posterior permanencia en su cargo del subsecretario de Energía, Federico Basualdo. "Lo que importa al Ministro es resolver un problema macroeconómico. Nunca dijo una cosa así ni en privado, ni en público y no está dentro de su forma de ser porque jamás habla así, ni es como se maneja", detallaron desde la cartera. Tras las idas y vueltas, el Presidente Alberto Fernández ya definió que Basualdo dejará su puesto, pero no de forma inmediata. Desde el Ministerio aseguran que aún no les llegó esa información, pero subrayan que el problema real es qué sucederá con las tarifas: Guzmán quiere segmentar aumentos para que los subsidios no generen inflación, Basualdo está en contra de seguir golpeando el bolsillo de "la gente".
Lo que está en el fondo de la discusión es cómo avanzará el Gobierno en materia macroeconómica. La postura de Basualdo, que cuenta con el respaldo de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, apunta a no impulsar aumentos en las tarifas que alcancen los dos dígitos, para que no sea tan duro el impacto sobre los bolsillos de los argentinos. Guzmán tiene la misma preocupación, pero considera que la estrategia es otra: aumentar las tarifas de forma escalonada con el objetivo de reducir la emisión monetaria y lograr bajar la inflación --que en el primer trimestre acumuló un 13 por ciento interanual--, pero realizando una segmentación y que, de ese modo, el aumento no recaiga en los sectores populares, sino en las clases media/alta y altas que pueden pagarlo. Esto se da en un marco en el que existen riesgos en el corto plazo de que haya problemas económicos graves si no se controla la inflación.
En diciembre de 2019 Guzmán le encomendó a Basualdo la tarea de realizar la segmentación, para poder aumentar las tarifas a quienes pudieran pagarlo. Pero a 18 meses de haber asumido, Basualdo no cumplió con la tarea de segmentarlas, de modo que Guzmán, luego de haberlo hablado con el Presidente, decidió pedirle la renuncia de forma inmediata a través del secretario de Energía, Darío Martínez.
Algunos sectores del Gobierno consideraron que la definición fue apresurada y Basualdo hoy sigue en el cargo, aunque su salida del Gobierno será cuestión de días. Lo que no es cierto es que esto tenga que ver con un planteo de Guzmán en el que haya puesto sobre la mesa su renuncia en caso de que el subsecretario no deje su cargo. La diferencia no es personal, ni política, sino que tiene que ver con la forma de pensar el futuro de la economía. No se trata de nombres, sino del rumbo que debe definir el Gobierno en el delicado equilibrio que existe entre el precio de los servicios y la inflación.
En paralelo, desde el Ministerio anunciaron el mismo viernes una suba del nueve por ciento de las tarifas que todos los usuarios deberán pagar por igual, dado que la segmentación aún no está hecha. Este, según informan desde Economía, será el primero de dos aumentos que habrá en 2021 y que llegarán a un total aproximado del 15 por ciento. Además, como tercer anuncio, desde el ministerio comunicaron que se iniciará urgentemente el proceso de segmentación.
La visión del Ministro es que el precio de congelar las tarifas con subsidio estatal, es que seguiría subiendo la inflación por la emisión monetaria, que es uno de los factores que contribuyen al aumento de los precios generalizados. De modo que lo que se le ahorraría a la sociedad en las tarifas con un congelamiento de las mismas, terminaría volviendo como inflación y perjudicando a los sectores vulnerables. Sumado a esto, desde Economía consideran que es mejor usar los recursos estatales en ayuda social, en especial durante un contexto de pandemia, y no subsidiando a sectores que pueden pagar un aumento de servicios.
El tema de las tarifas, más allá de las diferentes posturas que pueden haber en torno a cómo abordarlas en conjunto con políticas antiinflacionarias, es un gran desafío que debe afrontar el Gobierno. Lo cierto es que, si se hubiera seguido el esquema que adoptó Cambiemos desde 2016, con quita total de subsidios, a febrero de 2021 los usuarios habrían tenido que afrontar un 168 por ciento de aumento.
El 80 por ciento del universo potencial de contribuyentes cumplió con la obligación
El aporte de las grandes fortunas sumó 223.000 millones
Los datos preliminares muestran que 10.000 individuos con patrimonios superiores a los 200 millones pagaron el impuesto. Solo unos 200 contribuyentes presentaron amparos.
AFIP informó este domingo que recaudó 223.000 millones de pesos por el pago del Aporte Solidario Extraordinario de las Grandes Fortunas. Los datos preliminares muestran que 10.000 individuos con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos cumplieron con las obligaciones previstas en la ley votada en diciembre para paliar los efectos de la epidemia de la covid-19. “La mayoría de los contribuyentes alcanzados por el Aporte solidario y extraordinario cumplieron con su obligación. Los recursos generados serán fundamentales para hacer frente a las urgencias sanitarias y económicas que nos impone la pandemia”, aseguró la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, a través de un comunicado.
El aporte fue de 2 por ciento de los patrimonios de las personas físicas que habían declarado hasta la fecha de la promulgación de la ley una fortuna de más de 200 millones de pesos. Esa tasa se elevó al 2,25 por ciento en casos bienes por entre 300 y 400 millones de pesos, al 2,50 por ciento entre 400 y 600 millones y al 2,75 por ciento cuando es de 600 a 800 millones. La tasa sube al 3 por ciento cuando los patrimonios oscilen entre 800 millones y 1.500 millones; al 3,25 por ciento para el rango de 1.500 a 3.000 millones de pesos, y a partir de esa cifra es del 3,5 por ciento.
La gran mayoría pagó
En el debate que se llevó adelante en el Congreso a fines del año pasado el gobierno informó que preveía recaudar 307.000 millones de pesos. Fuentes de la AFIP se mostraron muy conformes con los resultados porque, pese a la resistencia de algunos sectores, hasta ahora embolsaron el 73 por ciento del monto proyectado y afirman que el 80 por ciento del universo potencial de contribuyentes cumplió con sus obligaciones.
En el organismo estiman que el 20 por ciento que no cumplió equivale a unas 3000 personas, de los cuales solo unas 200 presentaron una demanda en la justicia para no pagar el aporte. El listado incluye a los accionistas del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, José Aranda y Lucio Pagliaro; a Alejandro Julio Saguier, de la familia propietaria de La Nación; Constancio Vigil, heredero del ex dueño de editorial Atlántida; a Inés Bengolea, familiar de la fallecida Amalia Fortabat; a Milagros, Sebastián, Matías, Marcos, Fátima, y María Candelaria, parientes de Nicolás “Nicky” Caputo, amigo íntimo del expresidente Mauricio Macri; a Mario Rovella, de la constructora Rovella Carranza, que figura en la causa Cuadernos; a los empresarios Artín Kalpakian y Eduardo Kalpakian; y al futbolista de Boca Juniors, Carlos Tévez; entre otros.
Después están los que simplemente decidieron no pagar, pero no judicializaron, tal vez porque tienen la expectativa de que no serán alcanzadso por el radar del organismo recaudador. En respuesta a esos ciudadanos, la AFIP informó que “ya inició un número relevante de fiscalizaciones integrales a contribuyentes millonarios que omitieron completar las declaraciones juradas e ingresar los pagos correspondientes”. “Los procedimientos abiertos a través de la DGI permiten analizar el patrimonio de quienes no cumplieron con sus obligaciones durante un plazo aproximado de 150 días donde el organismo está habilitado a solicitar información detallada”, agregaron.
¿A dónde va el dinero?
Desde la administración tributaria remarcaron que, de acuerdo a lo establecido por la ley, los recursos generados por el Aporte solidario y extraordinario serán destinados directamente a financiar los siguientes rubros:
1) Alrededor de 45 mil millones de pesos, equivalente a un 20 por ciento del total recaudado, será destinado a la compra y/o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria.
2) Una suma similar, otro 20 por ciento de los ingresos preliminares del aporte, irán a subsidios para las micro, pequeñas y medianas empresas, con el principal objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores.
3) A las becas Progresar les corresponderá una inyección adicional de recursos equivalente al 20 por ciento del total que será recaudado. Los fondos permitirán reforzar este programa que acompaña a los estudiantes con un incentivo económico y un importante estímulo personal en todos los niveles de formación durante su trayectoria educativa y/o académica.
4) Más de 33 mil millones de pesos, o un 15 por ciento de la recaudación observada hasta el momento, será destinado a la mejora de la salud y de las condiciones habitacionales de los habitantes de los barrios populares a través del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).
5) Cerca de 55 mil millones de pesos, el 25 por ciento de los fondos, financiarán programas y proyectos de exploración, desarrollo y producción de gas natural a través de la compañía estatal IEASA (ex Enarsa).
La ley 27.605, aprobada en diciembre del año pasado, estableció que el Poder Ejecutivo deberá realizar una aplicación federal de los fondos recaudados.
El organismo que conduce Marcó del Pont aclaró que “las estimaciones sobre el destino de los fondos son preliminares ya que la AFIP continuará con los procesos de fiscalización iniciados sobre quienes no presentaron sus declaraciones juradas”. “Asimismo, se espera que a lo largo de las próximas semanas avancen en los juzgados las causas iniciadas por distintos contribuyentes millonarios para no pagar el aporte”, concluyó.
En busca de apoyo a la negociación con el FMI
Otro gesto de apoyo: Alberto Fernández y Martín Guzman viajan juntos a Europa
El presidente Alberto Fernández, si la pandemia lo permite, emprenderá el lunes que viene una gira por Europa que durará cinco días y que tendrá como objetivo principal buscar apoyos para la negociación con el Fondo Monetario Internacional. En él, en lo que ahora se interpreta como un claro gesto de respaldo, está previsto que el ministro de Economía, Martín Guzmán, sea uno de los protagonistas de la comitiva presidencial. Desde la cartera de Economía dijeron a Página12 que "está previsto que ese viaje lo hagan juntos", y que "eso no ha cambiado en nada", luego de lo sucedido con el pedido de renuncia, y la posterior aclaración de que "será en los próximos días", del subsecretario de Energía, Federico Basualdo.
Hay un proceso que comúnmente se da cuando un Gobierno negocia con el FMI que consiste en realizar viajes encabezados por el Presidente de la Nación para explicar a los distintos líderes del mundo la posición de Argentina. Se busca de ese modo, que eso se transforme en apoyos y que, ante una posible consulta, los líderes den su visto bueno en el FMI, donde varios de ellos tienen voto y una banca en el directorio.
Antes de este viaje que tiene planificado Fernández para dentro de unos días, en el que visitará España, Francia, Portugal e Italia, Guzmán realizó una gira, también por Europa, donde se reunió con los ministros de Economía de los distintos países. Ahora, volverán a hacer juntos ese mismo viaje, con el objetivo central de darle aún más volumen político a la posición argentina.
"Como al Ministro le fue muy bien en su gira, ahora irá a el Presidente a reunirse con los distintos mandatarios. Es todo parte de este proceso de negociación que viene siendo positivo", aseguraron desde la cartera de Economía en diálogo con este diario.
Macri le abrió pasó a los ilícitos en las exportaciones que empiezan a revelarse
La fiesta del descontrol y la evasión en la carne
Subfacturación y exportadoras "fantasma". Ventas ficticias a Uruguay que en realidad tienen por destino a China. La "simplificación de trámites" de Macri que fue un vía libre a la evasión. Las nuevas medidas de control y su impacto en el mostrador.
Cuando Mauricio Macri anunciaba, en marzo de 2018, la eliminación de "más de veinte trámites" que tenían que cumplir los exportadores de granos y carnes, los concurrentes a Expoagro de ese año, propietarios de importantes extensiones en la pampa húmeda y agroexportadores, lo aplaudían eufóricos. "El Estado le va a sacar la pata de encima a los que trabajan", se ufanaba el entonces presidente, de jean con cinturón de cuero y camisa celeste lisa, que lo asimilaba en aspecto a los ricos dueños de explotaciones agrícolas que lo agasajaban. La eliminación de los controles, la desregulación, la "desburocratización" se exhibía como otra batalla ganada por esos pulcros dirigentes. Como si el país del que hablaban no fuera el mismo que ese mismo año estaba entrando en una debacle económica con escasos precedentes, que 60 días después de ese evento se entregaría en los brazos del FMI en busca de "salvataje" y que hoy, apenas tres años después, empieza a descubrir que aquella "desburocratización" se tradujo en una monumental estafa al Estado: una importante cantidad de exportaciones de carne realizada por "empresas fantasma", es decir sin existencia real, subfacturaciones y triangulación de operaciones para burlar el pago de impuestos (evasión) y la obligación de liquidar las divisas percibidas en el mercado local (defraudación cambiaria).
Y por si fuera poco, estas maniobras terminaron impactando en los precios internos de la carne por la presión de la demanda de hacienda en el mercado concentrador, obviamente con destino a operaciones ilícitas con tasas de ganancias espectaculares. Al perjuicio al fisco se sumaba el perjuicio directo a los bolsillos de la población, castigándolo en uno de sus bienes de consumo más preciado.
Recuperar el control
En las últimas semanas, el gobierno adoptó una serie de medidas buscando recuperar cierto nivel de ordenamiento en el sector de las carnes, especialmente en lo referente al comercio exterior. La Afip repuso los precios de referencia, es decir valores de exportación por debajo de los cuales se estima que una operación debe ser investigada para verificar que el valor declarado de venta coincida con el pagado efectivamente por el comprador del exterior.
Por otra parte, se restablecieron obligaciones de inscripción en el Registro Unico de la Cadena Agroalimentaria, que Macri prácticamente había vaciado. Después del blanqueo del 2018, se consideró suficiente requisito estar inscripto en la AFIP. Es decir, que una empresa, unipersonal incluso, que se hubiera inscripto bajo la modalidad de la sociedad anónima simplificada (SAS) --otra creación "desregulatoria" del macrismo-- podía exportar sin que nadie le exigiera, ni siquiera, un capital mínimo o poseer instalaciones para dedicarse a la actividad. Mucho menos, libros de la sociedad o el origen de la mercadería exportada.
Adicionalmente, se dispuso la obligación de presentar una declaración jurada de exportación de carnes, especificando destino, producto y precio de la exportación. Todo ello en el marco de cambios de funcionarios en el área de control del comercio de alimentos dentro del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Baldíos importadores
No tuvieron que pasar muchas semanas desde la puesta en marcha de las nuevas medidas para que aparecieran las irregularidades. Hubo casos de fuertes diferencias entre los precios de exportación y los de referencia que detectó la AFIP. Además, la oficina de control comercial de la cadena agroalimentaria empezó a detectar numerosas operaciones a nombre de firmas sin antecedentes y no inscriptas ni siquiera en el RUCA. El entrecruzamiento de datos con Senasa y el Banco Central, además, daba por resultado que en muchos casos las irregularidades se repetían en cuanto a la ausencia de inscripción en los registros sanitarios, y hasta de liquidación de las divisas en el mercado único libre de cambios (MULC).
Si bien los casos irregulares exhiben múltiples facetas, hay un perfil que se repite: exportaciones a nombre de una SAS, con destino a Uruguay a un comprador con domicilio irreal y a precios con diferencias significativas con los valores de referencia del mercado.
"Había empresas operando en exportación desde hace dos o tres años como SAS, sin domicilio ni instalaciones propias", relató uno de los investigadores de estas maniobras. "Parece evidente que aprovechaban la falta absoluta de controles para usar el nombre de estas empresas fantasma ofreciéndosela a frigoríficos que evadían así las obligaciones fiscales y cambiarias", agregando que "el destino de la exportación también era ficticio; nos encontramos con direcciones de Maldonado, Uruguay, a veces pertenecientes a un country en Punta del Este, o a un baldío".
Las súper ganancias
El seguimiento de las operaciones revela que hubo casos de triangulación para subfacturar pero también operaciones "fantasma". La primera se refiere a la venta a un destino irreal (Uruguay, con destino final en China), para exportar por un valor menor al que pagará el importador, y refacturar a través de un tercero, que recibe el valor verdadero. La diferencia que no se declaró en Argentina, evade todos los impuestos pero además no se liquida por el dólar comercial, sino que entra, por el dólar MEP o contado con liqui. En vez de cambiarse a 90 pesos, se obtiene 140 o 150 pesos por dólar. "Esta diferencia convierte a la operación en extraordinariamente rentable, y como China tiene muy pocas exigencias hacia el exportador que le vende, el auge de las operaciones a ese país potenció el uso de este mecanismo de evasión", explicó el experto consultado.
El otro caso, el de las operaciones "fantasma", es las que directamente se hacen con toda la documentación falsa y el exportador desaparece después de la operación sin liquidar ni una parte de las divisas.
Las más frecuentes son las operaciones de triangulación, que además se observó que tuvieron impacto en los precios del mercado interno. Si bien el tipo de producto demandado por China no coincide con el más demandado por el mercado interno, el precio de la vaca "vieja" o de descarte funciona como un piso para todos los valores del mercado. Si sube su precio, los productores que venden terneros, novillos o vaquillonas van a pretenden un precio más alto que guarde la proporción histórica con el producto de menor calidad. Es lo que estuvo pasando durante todo el año pasado, indican los especialistas, con la mayor demanda china de hacienda barata y la consecuencia sobre los precios del resto de la hacienda, a pesar de la caída de la demanda interna.
En el mostrador
"Cuando empezamos a controlar las operaciones de triangulación, inmediatamente cayó el precio de las vacas de descarte en el mercado de Liniers", sostienen. No es toda la explicación para el aumento de la carne en los mostradores, pero es parte de la explicación.
¿Qué tipo de empresas son las que abusaron de la falta de controles para hacer estas prácticas ilícitas? ¿Frigoríficos semiclandestinos o exportadores habituales? Los investigadores señalan que hay casos de medianas empresas que suelen trabajar "en negro" para el mercado local, pero "también hay delincuentes de guantes blancos, tenemos algunos casos de frigoríficos grandes, habitualmente exportadores, que encontraron en estas prácticas la oportunidad para hacerse un negocio súper rentable, al margen de sus operaciones lícitas".
Lo que queda comprobado es que la supuesta "desburocratización" de Macri le abrió una ancha avenida a la evasión, fuga de divisas y a la expansión de la ilegalidad en el mercado de las carnes. Y desmanteló un Estado que aún está en la tarea de reconstruirse para poder cumplir sus funciones. La cadena de producción y comercialización de alimentos, y no sólo de las carnes, empieza a dejar en evidencia las consecuencias de esa política de descontrol.
Fuente:Pagina12
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