El Senado salió a defender la inmunidad legislativa
Traferri tiene banca de sobra
El respaldo fue para los fueros del senador de San Lorenzo que está citado por la justicia como supuesto “organizador” de una “organización criminal”.
Desde Santa Fe
El senador Armando Traferri logró otro aguante del Senado a 72 horas de la audiencia imputativa del lunes, a las 14, que los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery solicitaron para imputarlo como supuesto “organizador” de una “organización criminal” –que tiene una pena mínima de 5 años- en la causa en la que ya están presos los ex fiscales Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad, entre otros. El 3 de agosto, Traferri había notificado a la Cámara el llamado a indagatoria, acompañó copia de la cédula y pidió que le indiquen el “temperamento a seguir” porque el privilegio del fuero “le pertenece al cuerpo”, se atajó. Ayer, el Senado le dio la respuesta: aprobó por 12 a 5 un dictamen de la comisión de Asuntos Constitucionales que pregona la inmunidad legislativa, pero el despacho ni siquiera se leyó en el recinto, sus impulsores solo lo mencionaron con el número del expediente: 43.971. Traferri recibió el respaldo de los cinco integrantes de su bloque y los siete radicales que responden a Felipe Michlig. Mientras que los cinco senadores de Lealtad –cercanos al gobernador Omar Perotti- votaron en contra. “El Senado no puede ser parte” en la causa que involucra a Traferri, dijo Ricardo Kaufmann. “El proceso judicial debe continuar sin interferencias de la Cámara”, “hay que respetar las normas constitucionales, la independencia de los jueces y del Poder Judicial” porque lo contrario sobrepasaría “la esfera de la Legislatura y rozará el conflicto de poderes”, advirtió el legislador.
El aguante a Traferrri fue ayer el primer asunto de la agenda. El secretario parlamentario Rafael Gutiérrez –hijo del ministro de la Corte Suprema- le dio ingreso al expediente 43.971 con la “nota oficial del senador Traferri. El presidente provisional Rubén Pirola –que reemplaza a la vicegobernadora de licencia- preguntó: “¿La ponemos a consideración ahora o posteriormente?”. La respuesta se pudo adivinar. “Bueno, la tratamos después”.
Cuando el despacho de Constitucionales llegó al estrado, Gutiérrez volvió a preguntar: “¿Leo el dictamen o lo ingreso por el número? “Por el número”, le contestó Pirola. El presidente de la comisión, Joaquín Gramajo, explicó que lo habían aprobado ayer y tenía siete firmas.
Kaufmann preguntó: ¿Se puede saber qué es?
-Lo que se trató en Labor Parlamentaria –informó Pirola. “El expediente 43.971. Una nota oficial del senador Traferri que comunica a esta Cámara una notificación para que asista a una audiencia oral el 23 de agosto de 2021. Fue remitido a la comisión de Asuntos Constitucionales y volvió con un dictamen”.
-¿Y el dictamen? ¿Es muy largo para leerlo? –volvió a interpelar Kaufmann
-¿Le damos lectura al dictamen? –repreguntó Pirola. “Es el que le dio el senador Alcides Calvo”.
-¿Ustedes piden su aprobación?
-Exactamente. La comisión de Asuntos Constitucionales dirige el dictamen a la Cámara para que le notifiquemos la respuesta al senador Traferri –planteó Pirola.
Kaufmann anunció que entonces que el bloque Lealtad que comparte con sus colegas Calvo, Marcelo Lewandowski, Marcos Castelló y Eduardo Rosconi, lo votarían en contra. “Debemos ser respetuosos de la actuación de otro poder y de la causa judicial”, dijo. “Un juez de Cámara de Rosario (José Luis Mascali) dictó un fallo que permite a los fiscales (Schiappa Pietra y Edery) imputar (a Traferri), pero no detener. Esa sentencia es posterior al pedido de desafuero y a la resolución de la Cámara” que lo rechazó. “Por lo tanto, acá hay un debate judicial en el que sólo pueden intervenir los actores involucrados, pero no el cuerpo en su conjunto. El Senado ya se expidió” y “ahí concluyó su desempeño”, dijo Kaufmann.
“El proceso prosigue en sede judicial, entre los actores involucrados. El Senado no puede ser parte. El proceso debe continuar sin interferencias ante el Poder Judicial. Hay que respetar las normas constitucionales, la independencia de los jueces y de los otros poderes. Lo contrario, sobrepasaría la esfera de la Legislatura y rozará el conflicto de poderes”, agregó.
En esa línea, Kaufmann le aclaró a Traferri –que lo escuchaba en su banca- que “acá no hay ninguna cuestión personal, sólo un deber institucional. No hay prejuzgamiento, prejuicios ni enemistades, sólo nuestro saber y entender. El bloque Lealtad votará el rechazo de la propuesta.
Kaufmann pidió el voto nominal y el resultado fue 12 a 5. Los 12 que apoyaron a Traferri son los cinco integrantes de su bloque (Pirola, Gramajo, Guillermo Cornaglia, José Baucero y Osvaldo Sosa) y los siete radicales (Michlig, Rodrigo Borla, Lisandro Enrico, Orfilio Marcón, Germán Giacomino, Hugo Rasetto y Leonardo Diana). Mientras que sus cinco colegas de Lealtad rechazaron el dictamen que nunca se leyó.
Tras el destape del juego clandestino en la provincia
Cayó un tercer fiscal
Desde Santa Fe
La Asamblea Legislativa destituyó ayer al fiscal de Reconquista Rodrigo González por “mal desempeño en sus funciones”, le prohibió el acceso a las dependencias del Ministerio Público y lo inhabilitó por 10 años para ocupar cualquier otro cargo en la justicia. La decisión fue adoptada por unanimidad: 52 a 0. González es el tercer fiscal que cae en la provincia desde que comenzó el destape del juego clandestino: en agosto de 2020, el fiscal regional de Rosario Patricio Serjal presentó su renuncia -pero el gobernador Omar Perotti lo destituyó- y dos meses después, en octubre de 2020, fue removido su mano derecha Gustavo Ponce Asahad. Los dos siguen detenidos. González está imputado en una causa que investiga el fiscal de Venado Tuerto, Matías Merlo, quien en marzo lo acusó por supuesta “asociación ilícita” y “encubrimiento” de una “organización criminal” dedicada a la explotación de casinos clandestinos que lidera el empresario Leonardo Peiti.
La expulsión de González no demandó más que unos minutos: el tiempo de lectura del dictamen de la comisión de Acuerdos firmado por sus doce integrantes y su aprobación a mano alzada, también por unanimidad. En el pleno participaron 12 senadores y 40 diputados por lo que el resultado fue 52 a 0.
El despacho proponía remover a González por “la causal de mal desempeño de sus funciones”, prohibirle “el ingreso a cualquier dependencia del Ministerio Público” e inhabiliarlo “por 10 años para volver a ocupar otro cargo” en la justicia. Y eso fue lo que se aprobó sin disidencias. La Asamblea notificó de inmediato la resolución al fiscal general Jorge Baclini, a la auditora general del MPA María Cecilia Vranicich y al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Falistocco.
González ya había sido suspendido por la Legislatura el 18 de marzo y una semana después el fiscal Merlo lo imputó por supuesto “partícipe de asociación ilícita como encubridor de la organización criminal dedicada a la explotación de casinos clandetinos” que lidera Peiti.
En el sustento probatorio, Merlo mencionó al menos 40 llamadas telefónicas entre Gonzalez y un colabodor de Peiti, Fernándo Pérez, a cargo de casinos clandestinos de la organización en Reconquista, Avellaneda, Vera y Malabrigo. Esas comunicaciones comunicaciones ocurrieron entre agosto y octubre de 2017, y la hipótesis de la pesquisa asume que el fiscal le brindaba a la organización del juego ilegal alguna cobertura o preaviso en cuanto a investigaciones afines o allanamientos que pudieran afectarla.
Merlo también acusó a González por supuesta “sustracción y ocultamiento” de unos 703 legajos de causas penales que debía investigar. Aquí la acusación se vale del testimonio de una pasante de la Fiscalía, quien a su vez había denunciado a González por amenazas coactivas y violencia laboral. Esta joven declaró en detalle la forma en la que algunos expedientes desaparecían en el despacho fiscal destituido.
Encuesta sobre el cultivo de cannabis para uso medicinal en Santa Fe
Una amplia mayoría por la despenalización
El dato se desprende de un estudio realizado a pedido de la diputada De Ponti en el marco de la implementación del Registro de Personas Autorizadas al Cultivo.
El 87 por ciento de los rosarinos se mostró a favor de la despenalización del cultivo de cannabis para uso medicinal. El dato se desprende de un estudio realizado por la agencia Inmediata a pedido de la diputada provincial Lucila De Ponti en el marco de la implementación del Registro Nacional de Personas Autorizadas al Cultivo controlado con Fines Medicinales y/o Terapéuticos (Reprocann). El trabajo arrojó que el 79 por ciento de los consultados asegura conocer que en Argentina se ha despenalizado el cultivo de cannabis con fines medicinales, mientras que 1 de cada 4 considera todavía no estar informado sobre su reglamentación. "Es importante que podamos naturalizar este tipo de discusiones, especialmente cuando tienen que ver con el acceso a cuestiones de salud”, explicó De Ponti.
Los resultados del informe difundido ayer corresponden al operativo de campo realizado del 2 al 10 de agosto sobre 405 casos efectivos. Según el trabajo encargado por la legisladora De Ponti, el 87 por ciento de las personas encuestadas se mostró de acuerdo con la medida y suministro de cannabis medicinal, y el 45 por ciento de ese universo se manifestó totalmente de acuerdo, mientras que el 4,7 por ciento dijo estar "nada de acuerdo".
Uno de los datos destacados del trabajo refiere que más de la mitad de los consultados conoce a alguien que utiliza cannabis con fines terapéuticos y los mecanismos para proveerse. Dentro de ese universo, el 8 por ciento lo produce el propio consumidor, mientras que el 6% se lo producen directamente para él. La mayoría (28 por ciento) debe recurrir al mercado para comprarlo.
Además, el 13,5% de las personas que participaron de la encuesta considera que está muy informado, tanto de la medida como de su reglamentación. "La información y concientización es clave para erradicar la estigmatización que existe sobre productores y usuarios de una actividad que se encuentra extendida”, aseguró la legisladora provincial del Movimiento Evita.
“Tanto a nivel provincial como nacional se avanzó mucho en la discusión sobre la necesidad de una legislación que le permita al Estado regular esta actividad. Hoy existe un registro que garantiza el acceso a este insumo medicinal y le brinda un marco de protección a quienes cultivan para los demás o realizan autocultivo”, consideró De Ponti. "También avanza la iniciativa de producción de cannabis medicinal a través de nuestro laboratorio estatal con producción en territorio provincial para progresivamente dejar de lado la necesidad de importar la materia prima, reduciendo los costos", agregó.
En efecto, el director del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF), Esteban Robaina, confirmó que el producto tendrá un precio tres veces menor a los productos importados que circulan en el mercado y será destinado exclusivamente para su uso en la salud pública. "Sin dudas son pasos importantes para garantizar el acceso a los tratamientos de salud y evitar la criminalización de quienes lo utilizan”, concluyó la diputada.
Según un relevamiento de la Concejalia Popular en el último semestre
Ocho mil locales comerciales están vacíos
Según un informe de la Concejalía Popular, en el último semestre registraron en Rosario un 32.5% más de locales comerciales ociosos. El trabajo arrojó que desde el 1° de febrero hasta el 1° de agosto de este año, más de 8 mil locales comerciales están vacíos. "La crisis golpea en su gran mayoría a pymes y se observa en todos los barrios de la ciudad, lo que implica una sangría inexorable de pérdidas de puestos de trabajo o reconversión a rubros saturados de servicios y en negro", señalaron desde el Centro de Estudios que preside Nire Roldán. La Concejalía presentará el próximo martes un programa para recuperar locales comerciales y pymes productivas.
Una de las razones principales de este visible problema, indica el informe, es "la destrucción de la matriz productiva generada y agudizada por las políticas nacionales corrosivas del gobierno de Cambiemos en los cuatro años anteriores que venían sosteniendo un 10/15% anual de cierres".
Otro de los puntos que plantean desde la Concejalía Popular para explicar el número de locales ociosos en la ciudad es "la agudización de la crisis económica ante el cambio de las modalidades de comercialización, concentración productiva y comercial, el teletrabajo, el mercado virtual y la obsolecencia o lentitud de medidas de protección del gobierno actual, profundizado por las consecuencias de la pandemia".
También consideran que falta protección de los gobiernos locales del motor principal de la economía de la región: "Las pymes comerciales, industriales y productivas fueron dejadas en el olvido, sin programas innovadores de protección, fomento y articulación productiva que evitará los cierres y las pérdidas de miles de puestos de trabajo".
En el marco de los conflictos generados en los contratos de alquiler, la Concejalía Popular y el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario firmaron el pasado 5 de agosto un convenio para intentar encontrar soluciones concretas antes de toda judicialización o litigiosidad. El programa, denominado Alquileres Mediados Dignos, le permitirá a las partes tener acceso a mediaciones profesionales o bien a mediaciones obligatorias gratuitas previstas en la nueva ley nacional de alquileres.
Además de presentar el informe sobre la cantidad de locales comerciales vacíos que hay en la ciudad, la Concejalía Popular dará a conocer el próximo martes a las 10 en Entre Ríos 343 el Programa Integral de Recuperación de locales comerciales y Pymes productivas.
Fuente:Rosario12
Condiciones de trabajo
Los sindicatos docentes de la provincia van por el aumento salarial. Tras el acuerdo de la paritaria nacional docente, que estableció un incremento del 45,5% en los salarios mínimos de todo el país, tanto Amsafé como Sadop Rosario expresaron la necesidad de que Santa Fe convoque de inmediato a la mesa de negociaciones.
El aumento conseguido a nivel nacional “va a beneficiar el bolsillo de los docentes y va a potenciar las discusiones salariales en cada una de las jurisdicciones”, declaró este jueves la titular de la Ctera y Amsafé, Sonia Alesso, al terminar la paritaria nacional docente.
Alesso recordó a Redacción Rosario que ya a fines de julio, previendo el aumento inflacionario, pidieron a la provincia adelantar las cuotas acordadas. “Esta semana -de agosto- volvimos a pedir a la ministra de Educación y al ministro de Trabajo que convoquen a la paritaria”. En relación al reclamo formal que le hicieron a la titular de la cartera educativa santafesina, Adriana Cantero, y al de Trabajo, Juan Manuel Pusineri.
En ese pedido de paritarias provinciales, Amsafé incluye otros temas como concursos pendientes y que se garantice el Boleto Educativo Gratuito en toda la provincia.
Equiparar aumentos
“La Paritaria Nacional Docente llegó a un aumento anual del 45.5%. Santa Fe debe, al menos, equiparar ese acuerdo de inmediato. Si están tan alineados con el gobierno nacional, ya tendrían que estar convocando a paritarias… ¿no?”, tuiteó esta mañana el secretario general del Sadop Rosario, Martín Lucero.
Este jueves, el Sadop Rosario -a través de un comunicado- destacó que el porcentaje acordado en la paritaria nacional marcaba un horizonte en las discusiones de las provincias.
“El Ministro de Educación de la Nación y los demás gremios nacionales del sector docente, acordaron un aumento para el salario mínimo garantizado del 45,5 por ciento y la reapertura de la negociación en noviembre próximo”, destacaron.
Para Sadop Rosario “el porcentaje de la paritaria federal marca un horizonte a cumplir por todas las jurisdicciones. Por ende, esperemos que rápidamente el gobierno tome nota de esta situación y que en breve convoque a discutir salarios”, sostuvo Lucero, respecto de ese acuerdo y lo que esperan del gobierno de Santa Fe.
También afirmó que “este acuerdo ratifica que los sindicatos docentes santafesinos teníamos razón y que es necesario readecuar la propuesta salarial. El 35% acordado fue en otro contexto económico y con otra previsión. Hoy debemos pensar en un 10 o 12 por ciento por encima de esa cifra”.
Fuente:RedaccionRosario
Maleteros piden que la Municipalidad los incluya en el presupuesto de la Terminal
La cooperativa conformada por estos trabajadores le reclama al municipio se acelere la disposición del presupuesto que se destina para este establecimiento. Quieren que una parte de lo recaudado se destine a obra social, seguros y el pago de sus salarios básicos.
Los maleteros de la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Rosario volvieron a los reclamos. Tras una fallida sindicalización y el pedido de relación de dependencia al municipio en el año 2018, ahora trabajan en una cooperativa de servicios y pretenden cobrar una parte del presupuesto destinado a la estación de colectivos con el objetivo de cubrir sus salarios, leyes sociales y poder contar con un seguro de ART que los proteja.
Por la pandemia la asignación presupuestaria está parada y es por eso que los trabajadores realizaron una protesta pacífica este viernes al mediodía. Quieren que se acelere este trámite ya que la demora es de más de tres meses, sumada esta situación al párate que padecieron por la falta de servicios durante los meses de aislamiento que llevó a muchos de ellos a sobrevivir con changas o depender de los bolsones de comida que repartía el Estado.
Matías Britez, una de las caras visibles del lado de los trabajadores, contó a Rosarioplus.com que la cooperativa ya está conformada de hecho y solo resta que el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) lo formalice. La documentación fue entregada en tiempo y forma cuatro meses atrás en Buenos Aires, sin embargo el trámite viene demorado. Además confió el maletero que cuentan con el aval de las nuevas autoridades de la terminal en la figura de Héctor Peiró para funcionar bajo esa figura legal.
La tajada que pretenden estos trabajadores es una parte del canon que se les cobra a los colectivos cada vez que arriban en las plataformas del establecimiento. La suma es de 230 pesos, y si bien no está todavía definido cuánto es lo que pretenden, sostienen que parte de ese dinero les corresponde por el duro trabajo que hace diariamente ya que el dinero que reciben por parte de los pasajeros funciona como propina y no debería considerarse como salario.
“Nosotros no pretendemos ser parte del Estado, queremos ser prestadores y que por nuestro trabajo nos paguen una suma de dinero que en este caso la recibiría la cooperativa”, marcó Britez que dijo luego que esa suma cubriría los salarios básicos de quienes componen la cooperativa de maleteros.
En cuanto a los meses sin acuerdo ni cobro por la demora de aprobación presupuestaria, Britez señaló que la idea es cobrar desde el momento que se logre rubricar el presupuesto ya que si tuviesen que reclamar eso llevaría a un nuevo conflicto de callejón sin salida.
La buena relación con el actual director tuvo sus frutos. Incluso Britez admitió que Peiró estuvo en todos los detalles en los momentos más álgidos del aislamiento, incluso poniendo su auto para asistir a los maleteros llevándoles alimentos. No así es el recuerdo del funcionario a cargo de la gestión anterior: “(Orlando) Debiasi es un traidor, un sinvergüenza, nos mintió muchas veces, a nosotros nos decía una cosa y después iba a otro lado y nos desmentía. El nuevo director dialoga con nosotros y es un buen intermediario”.
Un conflicto de larga data
Tras una instancia en el mes de octubre de 2018 en el Concejo, donde las partes fueron llamadas a discutir la problemática, la Comisión de Producción y Promoción del Empleo tomó el caso para su evaluación, sin embargo el caso quedó en la nada, simplemente fue una estrategia de dilación.
Debiasi argumentaba no tener ningún tipo de responsabilidad sobre los maleteros, aunque reconoció su existencia, y dijo que la responsabilidad sobre este tema debía recaer en las empresas que es a quienes prestan sus servicios.
“Estamos indignados de que nos mienta para que pueda quedar bien él. En algo le debe afectar que no nos quiere reconocer, pero no vamos a bajar los brazos hasta ser reconocidos como trabajadores”, disparó Matías Britez en aquella oportunidad contra el presidente de la terminal, Orlando Debiasi.
Contrario a lo que plantea hoy, Britez sostuvo en esa instancia que el formato cooperativo ya había sido implementad con un rotundo fracaso y pretendía conformar un sindicato bajo la órbita de S.I.T.M.A.R.A, (Sindicato de Trabajadores Maleteros de la República Argentina) una entidad gremial en formación que nucleará nacionalmente a los maleteros de 18 terminales.
Por ahora, y desde hace mucho tiempo, los maleteros se organizan por su cuenta. Trabajan en tres turnos, soportan condiciones insalubres y hasta juntan “una vaquita” para gastos médicos cada vez que un compañero se lesiona. El pedido de regularización laboral es un reclamo histórico de generaciones de trabajadores maleteros. Durante la pandemia redujeron sus jornadas de trabajo a cuatro horas para amortizar lo poco que hay para repartir.
Fuente:RosarioPlus
680 mil dosis en el país
Distribuirán 54.500 dosis de AstraZeneca en la provincia
de Santa Fe
Las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibirán sus cuotas de dosis. Hasta este jueves se distribuyeron 42.812.314 dosis de vacunas en todo el territorio y se aplicaron 38.145.435
20 de agosto de 2021
Un total de 680.000 dosis de la vacuna AstraZeneca serán distribuidas entre este viernes y el sábado en todo el país, en un nuevo avance del Plan Estratégico de Vacunación contra el coronavirus, informaron este jueves fuentes oficiales.
Luego de realizar el proceso de desaduanaje, recepción, control térmico, conteo, fraccionamiento y acondicionamiento, las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibirán sus cuotas de dosis.
Según el criterio dispuesto por el Ministerio de Salud de la Nación, en base a la cantidad de población de cada distrito, a la provincia de Buenos Aires le corresponden 270.700, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 27.000, a Catamarca 6.400, a Chaco 18.600, a Chubut 9.600, a Córdoba 58.000, a Corrientes 17.300, a Entre Ríos 21.400 y a Formosa 9.300.
A Jujuy le corresponden 11.900, a La Pampa 5.500, a La Rioja 6.100, a Mendoza 30.700, a Misiones 19.500, a Neuquén 10.300, a Río Negro 11.600, a Salta 22.000, a San Juan 12.100, a San Luis 7.900, a Santa Cruz 5.700, a Santa Fe 54.500, a Santiago del Estero 15.000, a Tierra del Fuego 2.700, y a Tucumán 26.200.
De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, hasta este jueves por la tarde se distribuyeron 42.812.314 dosis de vacunas en todo el territorio, al tiempo que se aplicaron 38.145.435. De ese total, hay 26.993.547 personas inoculadas con la primera dosis, y 11.151.888 cuentan con el esquema completo de inmunización.
De este modo, según el informe de avance de vacunación, el 58,5 por ciento de la población recibió al menos una dosis. El 81,5 por ciento de la población mayor de 18 años inició su esquema de vacunación y el 32,1 por ciento de esa franja etaria ya cuenta con las dos dosis.
Fuente:ElCiudadanoylaRegion
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