La CGT repudió a través de un comunicado las «expresiones misóginas» de los diputados Fernando Iglesias y Waldo Wolff
El texto señala a ambos diputados nacionales opositores, calificando sus dichos como «expresiones misóginas cargadas de violencia de género».
La Confederación General del Trabajo (CGT) difundió este miércoles un comunicado expresando “su más profundo repudio por las expresiones misóginas y cargadas de violencia de género vertidas por los diputados nacionales Fernando Iglesias y Waldo Wolff”.
Luego de que se hiciera público un listado de personas que visitaron la Quinta de Olivos durante los últimos meses, causó un particular revuelo la presencia en la lista de la actriz Florencia Peña. A partir de entonces, los diputados nacionales de la oposición compartieron en sus cuentas de Twitter “ironías” sexualizando el carácter de la visita.
Asimismo, la carta asegura que tales dichos son “inaceptables ya que estigmatizan y constituyen un ataque para el género femenino” y agrega que el agravante está en que “estas dos personas fueron elegidas para representar al pueblo en el Congreso Nacional, con toda la responsabilidad institucional que esto implica”.
Por último, el texto hace un llamado a que “desde la política se condene con firmeza estas actitudes y se tomen las medidas que sean necesarias”.
Al día de hoy, distintos sectores de la sociedad y la política han presentado pedidos de renuncia para ambos diputados, inclusive 15 diputadas se unieron en una denuncia.
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Fuerte repudio sindical a Fernando Iglesias por sus dichos sobre Florencia Peña
La Red Intersindical compuesta por dirigentes de CGT, CTA y CTA Autónoma exigen al diputado nacional una “disculpa pública”.
La Red Intersindical contra la Violencia Laboral le salió al cruce al diputado nacional de Juntos Por el Cambio, Fernando Iglesias, por sus recientes dichos violentos sobre la reconocida actriz, Florencia Peña.
“Repudiamos enérgicamente la violencia de género, simbólica, política e institucional que recibió la actriz y conductora a raíz de su reunión con el presidente de la Nación”, remarcaron a través de un comunicado.
Es que el funcionario nacional Iglesias se había referido al encuentro que la actriz y otros personajes de la política y el espectáculo habían mantenido en diversos momentos con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos mientras en todo el país regía un período de rígida cuarentena.
Todo se desencadenó luego de que Iglesias publicara un twit en el que afirmaba que “para mí, la señorita iba a ayudarlo a encontrar la perilla que enciende la economía para poner a la Argentina de pie”.
Ante esto, la organización compuesta por dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT), la CTA Autónoma y la CTA de los trabajadores, precisó en un documento su pedido para que el diputado “se retracte mediante una disculpa pública por sus dichos sobre una mujer trabajadora de los medios”.
“Lejos de protegerla debido a su labor como funcionario público, se sumó a las violentas y misóginas declaraciones manifestadas”, detalló la red.
Por su parte, la actriz le respondió al funcionario repudiando el violento ataque: “Fernando Iglesias dijo que entré a las 11 y salí a la 1 am y eso es mentira; hasta dijo que era un escándalo sexual”.
“Fui a reunirme con el presidente porque los actores y actrices estábamos muertos y decidimos poner el cuerpo para ayudar a otros”, subrayó.
Por último, desde la organización sindical remarcaron que “una sociedad que busca igualdad entre los géneros y lucha por ella, no puede ni debe ser indiferente ante este tipo de situaciones que son violatorias de los derechos humanos”.
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Paro y jornada de lucha de investigadores e investigadoras autoconvocadas del CONICET
Foto: Infogremiales
Trabajadores investigadores e investigadoras autoconvocadas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) anunciaron que realizarán este miércoles 4 desde las 11 un paro y movilización al Polo Científico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a todos los Centros Científico-Tecnológicos del país. La medida de lucha, en vísperas de la convocatoria a una paritaria del sector de ciencia y técnica prevista en la paritaria de la administración pública nacional, es en reclamo de una recomposición de los salarios «que llevan una década de deterioro y se ubican por debajo o apenas por encima de la línea de pobreza», según denuncian. «En los últimos años los salarios perdieron más del 50% de su poder adquisitivo y se encuentra en el peor nivel de los últimos 20 años, al borde de la crisis de 2001», sostienen. Además, señalan la falta de un convenio colectivo de trabajo para discutir sus salarios y condiciones laborales: «nos seguimos rigiendo por un estatuto dictado por el gobierno de Onganía». Por ANRed.
La jornada de lucha es con paro y movilización al Polo Científico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Godoy Cruz 2320) desde las 11, con réplicas de movilizaciones en todos los Centros Científico-Tecnológicos del país, según anunciaron en un comunicado.
«Una vez más las y los trabajadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) volvemos a exigir que nuestros reclamos sean atendidos por las autoridades del organismo y del gobierno nacional. En esta oportunidad, lo hacemos en vísperas de la convocatoria a una paritaria del sector de ciencia y técnica prevista en la paritaria de la administración pública nacional. Según anunció la Secretaría de Gestión y Empleo Público, el objetivo de esta instancia sería el ‘fortalecer los recursos humanos’. Consideramos que, para lograrlo, es necesario recomponer los salarios que llevan una década de deterioro y que se ubican por debajo o apenas por encima de la línea de pobreza. Debido a esta situación, muchos trabajadores han renunciado al organismo, provocando una fuga no solo de investigadores valiosos sino de personal en todas las áreas, lo que entorpece el funcionamiento cotidiano del organismo», denuncian.
En la misma línea, agregan: «en los últimos años los salarios perdieron más del 50% de su poder adquisitivo y se encuentra en el peor nivel de los últimos 20 años, al borde de la crisis de 2001. La paritaria firmada en 2020 colocó la evolución salarial muy por debajo de la inflación y la de 2021, que se reabriría en agosto para llevar el aumento a un 45%, tampoco será suficiente para igualar una inflación que ya se proyecta cercana al 50%. Gracias a la lucha que emprendimos el año pasado, obtuvimos algunos aumentos adicionales al escaso porcentaje otorgado a los empleados estatales nacionales. Estos incrementos, lejos de recomponer nuestro salario, apenas sirvieron para detener la pérdida del poder adquisitivo. Estamos, entonces, en la misma situación que al comienzo de nuestro reclamo. Necesitamos una urgente recomposición salarial», demandan.
Finalmente, las y los investigadores del CONICET remarcan que esta situación sucede porque «a diferencia de otros organismos de ciencia y técnica nacionales, no contamos con un convenio colectivo propio, por lo que nuestra paritaria depende exclusivamente de lo que se negocia en la paritaria general de la administración pública nacional». Por lo cual reclaman poder discutir la firma de un convenio colectivo propio: «esta es una deuda pendiente del organismo, donde por la falta de un convenio de trabajo, nos seguimos rigiendo por un estatuto dictado por el gobierno de Onganía. Las y los trabajadores exigimos tener un convenio colectivo para discutir nuestros salarios y nuestras condiciones de trabajo que incluya al conjunto de las y los trabajadores del organismo», finaliza el comunicado.
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“Nos llaman esenciales, nos tratan como descartables”
Un policía pide silencio a una enfermera durante el operativo represivo contra la protesta de trabajadoras de la salud el pasado 18 de junio en el Puente Pueyrredón.
Cuando llegó el Covid-19 al país el sistema sanitario venía de décadas de crisis con una infraestructura y salarios cada vez más deteriorados. Ante el miedo de la pandemia la sociedad salió a aplaudir a los “héroes de la primera línea”. El gobierno y los medios montaron una gesta épica. Pero los y las trabajadoras de la Salud salieron a decir que los trataban como “descartables”. Las condiciones laborales no habían cambiado y se había sumado la catástrofe que terminó con la vida de al menos 600 trabajadores del sector: “nos contagiamos todos, vimos morir a nuestras compañeras, y después contagiar a nuestra familia. Creímos que era una oportunidad para que todo cambie pero no fue así”. Desde ANRed hablamos con los «descartables de la primera línea». (Audio-visual).
Cuando estalló la pandemia y el virus se expandió por el mundo reveló el andamiaje precario sobre el que se había montado todo el sistema sanitario. A pesar de los deslumbrantes avances tecnológicos que mostraban las grandes corporaciones, los Estados salieron a una lucha desesperada por poner en pie lo mínimo y necesario para contener la amenaza de una pandemia. Un ejemplo trágico fueron los escasos respiradores disponibles para tratar a las víctimas mientras en Europa el virus dejaba un tendal. La demora en la producción de un simple artefacto como un respirador dejó en ridículo al “mercado” y a los postulados que buscaban terminar con lo que quedaba del Estado de Bienestar.
Cuando el Covid-19 estaba próximo, la sociedad salió a aplaudir a las y los trabajadores de la salud. El miedo cundió en la población y el gobierno recalculo el trato hacia el sector salud ante una inminente desborde epidémico. Anuncios, promesas y una carrera para disponer de un número mayor de camas y personal para suplir tantos años de abandono. De repente, la salud siempre postergada pasaba a estar en la agenda prioritaria. A pesar de ello, los gremios denunciaron que el presupuesto destinado para 2020 y 2021 para el sector continuaba con la caída histórica. Los índices de inflación que en el 2019 llegaron al 53,8% pulverizaban los aumentos que anunciaba el Gobierno. Cicop señalaba que a pesar de pandemia mediante, el Gobierno se decidía a destinar más fondos a seguridad que a salud.
Lejos de una situación armónica, el devenir de la pandemia estuvo cruzado por conflictos heredados de una crisis sanitaria que se remonta a décadas. Entre las y los más de 700 mil trabajadores en el área salud que cuenta el país se creó la imagen de “héroes de la primera línea”. El periodismo hegemónico los montó en una gesta épica. Sin embargo, continuaron los sueldos por debajo de la línea de la pobreza, el pluriempleo y precariedad laboral, faltante de personal y sobrecarga de tareas. Infraestructuras paupérrimas y escasa protección ante el nuevo virus que a 18 meses ya había arrojado más de 600 fallecidos aunque todavía no se han cerrado números oficiales. Asediadas por la exigencia desde el Estado y los aplausos de la sociedad, los trabajadores de la salud padecieron la carga de una verdadera catástrofe sanitaria. Y a pesar de esta carga salieron a batallar contra todo.
Los últimos registros oficiales apenas dan cuenta de 470 trabajadores de la salud fallecidos a causa del Covid-19 y la cifra escala a casi 80 mil el personal que contrajo el virus en la “primera línea”, es decir 15 de cada 100. Pero organizaciones sociales y gremios han alertado de un subregistro de los números oficiales sobre los contagiados y fallecidos por Covid. Al menos unas 600 personas es la cifra que se acuerda entre las y los trabajadores. Desde la Red de Médicos Integrados (REDIMA) han explicado que ya en diciembre los números no coincidían con sus propios registros: “La mortalidad informada está por debajo de lo que nosotros pudimos constatar hacia principios de diciembre, cuando teníamos confirmados 488 fallecidos”.
Quizá un caso emblemático fue el de María Esther Ledesma, enfermera del Hospital Gandulfo en Lomas de Zamora, a la cual se le rechazaron seis pedidos de licencia por ser persona de riesgo y termino falleciendo por Covid. Esther tenía 59 años y era diabética. Pero una resolución del gobierno provincial (90/2020 art. 5) obligó a todo personal menor de 60 años a seguir trabajando a pesar de tener enfermedades pre-existentes. «Nos mataron una compañera» , decían las trabajadoras en Lomas de Zamora. Cuentan que Esther, desde que empezó la pandemia y ante la falta de instrumental de seguridad, comenzó a fabricar elementos de protección para sus compañeros con bolsas de residuo. También confeccionaba barbijos con frizelina y botas reciclando plástico.
Los aplausos no callaron a la protesta
Hubo movilizaciones, acampes, caravanas y campañas en redes sociales, a pesar de las restricciones que afectaban el derecho a la protesta: “tuvimos que salir en un momento, la situación era desesperante y no teníamos respuesta. Muchos protocolos de seguridad y resguardo los impulsamos desde los trabajadores. Mientras fallecían nuestros compañeros”, explica una enfermera movilizada del Hospital Meléndez.
informada está por debajo de lo que nosotros pudimos constatar hacia principios de diciembre, cuando teníamos confirmados 448 fallecidos”.
Neuquén fue el epicentro de las protestas, el conflicto estalló y miles de trabajadoras desbordaron los sindicatos (ATE y UPCN) cuando ya habían arreglado un aumento del 15% al básico y un bono de 7500 pesos. La rebelión tuvo como protagonista a un fenómeno que luego se replicará en otros conflictos del país: “autoconvocadxs”, organizados por fuera de las estructuras sindicales que en la provincia mantuvieron el conflicto por aumento salarial y mejoras laborales por más de 60 días con cortes de ruta en la zona petrolera por 21 días que frena la producción del crudo con fuertes pérdidas millonarias para las empresas. La medida tensionó pero logró un triunfo con un aumento escalonado de un 53% a pesar del actual procesamiento de referentes de aquella lucha.
Hoy se mantienen conflictos en varios puntos del país. En Mendoza se destacan las grandes movilizaciones invisibilizadas por los medios hegemónicos, mientras continúan las medidas de lucha en reclamo por aumento salarial al gobierno de Rodolfo Suárez. En los últimos días, se movilizaron masivamente el jueves 29, y desde el sector de residentes realizaron un paro por 48hs a partir del viernes 30 que incluyó acampe y olla popular.
En el Hospital Garrahan, en CABA, se viene realizando un plan de lucha con paros y cortes de calle. Los motivos son los mismos: las pésimas condiciones laborales. “Queremos extender la huelga a otros hospitales y centros de salud», sostienen.
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Panorama Sindical: ¿Contrato en pausa?
Foto: RONCORONI / EFE
“Vamos a elegir diputados para ayudar a nuestro presidente a ratificar un contrato que firmamos en 2019 con la ciudadanía, pero que la pandemia puso en pausa”. Así lo aseguró Sergio Massa en la presentación de los candidatos del Frente de Todos. Todo el panorama por los principales conflictos de las y los trabajadores. Por Mario Hernandez
El año pasado concluyó con 4.548.000 personas activas con problemas de empleo ya sea porque estaban desocupadas, buscando trabajo sin conseguirlo (1.900.000) o eran subocupados (2.648.000) en trabajos de pocas horas, changas, la mayoría en la informalidad. Son 1.453.000 personas más que tres años atrás, según datos oficiales a partir de la actualización de las proyecciones de población de todo el país urbano.
Además se estima que casi un millón de trabajadores dependientes o independientes perdieron el trabajo y jóvenes que debieron incorporarse al mercado laboral no lo hicieron y no buscaron empleo por el llamado “factor desaliento”, esto es por falta de demanda laboral a causa de la recesión y el cierre de negocios y empresas, agravado desde marzo de 2020 por la pandemia y restricciones de circulación, elevando el “desempleo real” al 20%. Así, en apenas tres años, la cantidad de gente con problemas de empleo aumentó casi un 50%.
Los números son del ministerio de Economía que calculó para toda la población urbana del país (40.679.000 habitantes, sin las regiones rurales) las cifras de empleo y desempleo de los 31 Aglomerados que releva trimestralmente el INDEC.
De esos datos surge que entre 2018 y 2020 ocurrieron estos fenómenos:
+ A pesar del aumento de la población urbana (897.000), el número de ocupados se redujo en 587.000 personas. Y si se excluye el incremento de los subocupados (812.000), los ocupados formales e informales, en relación de dependencia o por “cuenta propia” que trabajan más de 35 horas semanales, disminuyeron en 1.399.000.
+ Por cesantías, “retiros voluntarios” y jubilaciones, entre los ocupados disminuyó en 1.250.000 trabajadores el número de asalariados, lo que explica, en buena parte, el incremento del desempleo y la subocupación.
+ En esos 3 años, el número de desocupados aumentó en 641.000 personas. En 2018 y 2019 creció en 356.000 y en 2020 en otros 285.000. En tanto, la suba de subocupados fue de 628.000 en los dos últimos dos años del gobierno de Macri y de 184.000 en el primer año del gobierno de Fernández.
+ El total de asalariados formales con aportes a la Seguridad Social del sector privado se redujo de 6.296.864 en diciembre de 2017 a 6.020.703 en igual mes de 2019 para volver a caer en 5.822.914 en diciembre 2020. En total 473.950 asalariados formales privados menos.
¿Qué pasó con los sueldos?
+ La pérdida salarial de los últimos tres años fue del 21,3%. Una quinta parte del poder de compra del salario.
+ En 2018, el índice salarial del INDEC registró un alza del 29,7% y la inflación interanual fue del 47,6%. Una pérdida del 12,1%.
+ En 2019, la suba salarial fue del 40,9% y la inflación del 53,8%. Una pérdida del 8,3%.
+ En 2020, los salarios subieron 33% y los precios 36,1%. Un retroceso del 2,3%.
Esta caída del salario real lleva que 3 de cada 10 trabajadores sea pobre, y que este aumento de la pobreza fue mayor entre los trabajadores formales.
Empleo público
Pese a que el gasto cae por efecto de la inflación, cada vez se suma más personal a la nómina. En el gasto a nivel nacional, los gastos del Estado bajaron 30,6% entre 2015 y 2020. Y 16,7% para las provincias entre 2017 y 2020.
Desde que empezó la crisis financiera en marzo de 2018, hasta la actualidad, existen 103.063 empleados públicos más en todo el país. Y 420.872 trabajadores privados menos. Cerraron unas 50.000 empresas desde entonces.
Empleo en la industria manufacturera
Un trabajo del Centro de Estudios de la Producción (CEP) muestra que entre febrero del año pasado y el mismo mes de este año, en la industria manufacturera el trabajo formalizado creció 1,7%.
Esto implica que se crearon casi 20.000 puestos de trabajo. Así, el empleo registrado en el sector incluye a 1.155.261 personas.
De los 24 rubros que se incluyen en el relevamiento, 17 tuvieron resultados positivos y 2 neutro. Donde más creció el empleo fue en el rubro caucho y plástico que generó 4.170 nuevos puestos. Solo hay cinco sectores en rojo: elaborados de metal, reparación de maquinaria y equipo, imprentas, calzado e indumentaria.
En este último caso, la baja del empleo formal golpeó a 4.048 personas, lo que implicó una caída del 9,9%.
Así este año el personal registrado en el sector indumentaria suma 36.825 trabajadores. En calzado y cuero la destrucción es de 1.393 puestos, una baja del 5,1%.
Además de ser el sector que más mano de obra expulsó, el textil es el que más subió los precios en el último año. Según el relevamiento del INDEC, a abril pasado el alza de precios del sector fue de 79,1 contra un alza del Indice de Precios al Consumidor (IPC) del 46,3% en el mismo período.
En toda la cadena textil hay 15.000 empresas formales. En el rubro textil, el sector informal explica el 80% del mercado, detalla Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria.
«Te sumo»
El último miércoles, ministros del gobierno de Alberto Fernández anunciaron con bombos y platillos un incentivo a las empresas para sumar a jóvenes de entre 18 y 24 años. Este plan está destinado a pymes y aporta un proporcional del salario de los trabajadores según el tamaño de la empresa. 18.000$ mensuales a empresas micro, 14.000$ a empresas pequeñas y de 11.000$ en empresas medianas. De esta forma, gobierno subsidia entre el 70 o 90 % del salario.
El pago de la deuda ordena la gestión del gobierno
En medio de una fuerte crisis social y económica, pagó U$S 345 millones al FMI en concepto de intereses por el acuerdo Stand By que firmó Macri. La semana pasada se pagaron U$S 226 millones al Club de París.
Este nuevo pago llegó el día en que el organismo debatió sobre un nuevo desembolso de U$S 4.350 millones para Argentina que llegarían a fines de agosto y que Cristina ya avisó que no irán para gasto social como tenían como objetivo esos giros, sino que se destinarán a seguir pagando deuda.
El 30 de septiembre se produce un vencimiento de intereses con el organismo por U$S 1.800 millones y el segundo por otros U$S 1.800 millones más. La cuenta no termina aquí porque en noviembre, el Gobierno tiene que pagar otra cuota de intereses al Fondo Monetario Internacional (FMI) por U$S 390 millones. En total restan entonces unos U$S 4.000 millones de vencimientos en lo que resta del año.
Ya suman U$S 3.791 millones los pagos totales sólo por intereses del préstamo stand by por U$S 44.000 millones contraído durante la administración macrista. De ese total, US$ 1.480 millones fueron desembolsados durante el Gobierno de Mauricio Macri y US$ 2.311 millones por Alberto Fernández.
El plazo máximo que el gobierno fijó por decreto para sellar un acuerdo es el 31 de marzo de 2022. No obstante, ya en ese mismo mes hay otro vencimiento por unos u$s 4.030 millones, además de los pagos comprometidos con el Club de París por U$S 230 millones en febrero.
Por otra parte, al momento del último desembolso (julio 2019), la deuda con el FMI era de U$S 44.220 millones y este lunes ascendía a U$S 45.400 millones, según los registros del organismo financiero internacional porque el valor de los DEG (derechos especiales de giro) se revalorizó frente al dólar. Así la Argentina sigue debiendo la misma cantidad de DEG pero en dólares son unos U$S 1.200 millones más.
Jornada de lucha contra la estafa de la deuda externa y el FMI
El miércoles 28 de julio desde la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda -integrada por un amplio arco de organizaciones sociales, políticas, de Derechos Humanos y otras- realizaron una jornada de lucha contra las imposiciones y el sometimiento que impone “la estafa de la deuda externa y el Fondo Monetario Internacional”.
El acto central se realizó en la Plaza de Mayo, después de una multitudinaria marcha desde el Obelisco.
Compartimos a continuación el documento leído en el acto:
¡Fuera el FMI! La Deuda es con el Pueblo y la Naturaleza
Hoy nos convocamos para rechazar las imposiciones y el sometimiento que nos impone la estafa de la deuda externa y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Decimos presente desde la Plaza de Mayo y otras ciudades de nuestro país, ya que esa pesada carga recae sobre las vidas del pueblo trabajador desde Ushuaia hasta La Quiaca.
Aún sin un nuevo acuerdo con el FMI firmado, los pagos continúan. Sin avances en ninguna de las causas judiciales que investigan el fraude, los pagos continúan. Los 345 millones de dólares que se van a pagar en pocos días son recursos que hacen falta para atender la miseria popular creciente, para salir de la crisis económica que nos atraviesa hace años, para enfrentar la pandemia y cuidar la salud, para vivienda, educación, infraestructura, políticas contra la violencia machista y mucho más. Sin embargo, ese es tan sólo un pago; este año van a pagar al FMI 1.350 millones de dólares solo en intereses, el equivalente a dos Ingresos Familiares de Emergencia o los recursos para subir las jubilaciones 6.000 pesos hasta fin de año.
Por si fuera poco, eso es apenas un tercio de los primeros pagos del capital tomado por Macri y avalado por Estados Unidos, para financiar la fuga de capitales en el 2018 y su campaña en el 2019. Sin cumplir ni siquiera con los mínimos procedimientos formales. En septiembre y diciembre sendas salidas por 1.880 millones de dólares cada una completarán las principales sangrías de la deuda, en momentos en que los recursos escasean. La agenda de la entrega de estos valiosos recursos, debe ser la agenda de las actividades y movilizaciones para que podamos expresar en la calle nuestro rechazo.
Es gravísimo… y es el año menos grave de los cuatro que vienen.
El anuncio de que un futuro acuerdo será votado en el Congreso nos llama a redoblar los esfuerzos políticos y sociales para que la movilización obrera y popular logre frenar en esa instancia la connivencia de las y los legisladores nacionales con una política de entrega, saqueo y miseria.
Los funcionarios hablan con palabras suaves, dicen como si fuera algo bueno que hay una “trayectoria de disminución del déficit primario”, muestran por todos lados que cada vez se gasta menos, que la ayuda social disminuye. Y para comparar usan los datos del peor momento del ajuste macrista. Sin embargo, la brutalidad de esa política sobrepasa las palabras de los tecnócratas de pasillo. Hoy la pobreza alcanza el 58% de las personas menores de 14 años.
Resistimos movilizando porque no es una cuestión de números. Estas negociaciones, estos acuerdos y la política de ceder más y más concesiones, condicionan la economía nacional. Condenan a nuestro pueblo a la continuidad del ajuste en curso, más pobreza y miseria, menos salud y educación, y a la profundización del modelo extractivista y depredador de la naturaleza.
Ahora mismo, vemos cómo la soberanía sobre nuestros ríos y puertos está supeditada a nuevos acuerdos de pago al FMI y al Club de París. El derecho al agua queda sacrificado en el altar de las divisas para el pago de la deuda, ofrendado a mineras contaminantes, petroleras y otros proyectos dañinos para la naturaleza y la salud humana. Las resistencias a esa depredación son también resistencia a las políticas del FMI.
Esas políticas no terminan sólo en el ajuste en el gasto. Además, es sabido que la negociación de los préstamos a 10 años (los llamados “Acuerdos de Facilidades Extendidas”) exigen compromisos de lo que se conoce como reformas estructurales, reformas antiobreras y antipopulares: reformas en los sistemas previsionales (para jubilaciones más tardías, más bajas, menos inclusivas), reformas flexibilizadoras y precarizadoras en la legislación laboral, reformas impositivas para beneficiar las ganancias empresarias, y otras barbaridades.
Comprometerán la vida y los derechos del pueblo durante muchos años más.
Hay contradicciones en la política del Gobierno nacional. Por un lado, denuncia por fraude a los funcionarios del Gobierno de Cambiemos, y pide que se investiguen las responsabilidades legales por la deuda con el Fondo. Pero más allá de estos dichos, en la negociación con el FMI y el Club de París acuerda pagar sin analizar el origen y usos de esas supuestas deudas. Más allá de los dichos, los recursos que el Fondo Monetario distribuirá a nuestro país -como parte del plan global para enfrentar la pandemia- se irá… en pagos de deuda al propio FMI.
La práctica del Gobierno resuelve esta contradicción a favor de los reclamos de los usureros internacionales.
En medio de una grave crisis económica y social, agravada por la pandemia y la crisis sanitaria, es fundamental poner la prioridad en los intereses del pueblo trabajador, no del capital financiero. Es la lucha la que puede conseguirlo y por eso proponemos seguir en las próximas semanas con nuevas jornadas de difusión, de debate y de movilización
Por ello exigimos no solamente la sanción efectiva de los responsables políticos, sino la suspensión de los pagos y la investigación del origen y destino de esos fondos, pues se trata de una operación ilegítima y fraudulenta. Por ello estamos aquí y gritamos:
¡FUERA EL FMI!
La deuda es con los pueblos y la naturaleza, no con el FMI, el Club de París o los especuladores
-Argentina, 28 de julio de 2021
Ganadores de la pandemia El banco HSBC ganó $ 32 millones por día en 2020. Esta entidad fue contratada por Guzmán para la reestructuración de deuda en moneda extranjera, también es conocida por organizar la evasión de impuestos y fuga de capitales de los más ricos del país a Suiza. Los bancos fueron uno de los sectores que ganaron a pesar de la crisis.
Los privados para el mes de abril ganaron $ 141.945 millones en los últimos doce meses, según el último informe del Banco Central. Solo en 2020 la banca privada ganó $ 203.180 millones en 2020. La mayor parte del margen bruto de los bancos privados provino de la especulación con títulos valores (principalmente Leliqs). Intereses que representan un jugoso negocio para los bancos y que no se dejaron de pagar como prometió Fernández.
HSBC Bank Argentina S.A. es uno de los principales bancos de Argentina, es el quinto banco privado en dicho rubro, según publica el Banco Central y como señala la entidad tiene 108 sucursales distribuidas a lo largo del país, en 20 provincias y hay 3.535 trabajadores. Tiene más de un millón de clientes.
En 2020 obtuvo ganancias netas por $ 11.796 millones, es decir un 6,4 % más que en 2019 (expresado en moneda constante, es decir, ajustado por inflación). Esto significa que el HSBC ganó por día $ 32 millones el año pasado. Mientras, el 60 % de los trabajadores ganaba menos de $ 36.000 en el último trimestre del 2020, según el Indec.
HSBC, a través de su ex CEO, Gabriel Martino, fue uno de los principales socios en los negociados de la deuda durante la era Macri. Fue el mismo que promovió el vínculo entre el fondo Templeton y el ex presidente cuando en septiembre de 2016 Michael Hasenstab, entonces administrador del fondo, fue a la quinta de Olivos.
Entre 2016 y 2018 el ranking de comisiones cobradas por bancos por la emisión y distribución de bonos la lideró el HSBC con U$S 11,8 millones, según respondió el ex jefe de Gabinete, Marcos Peña, en un informe escrito de una presentación en el Congreso.
Pero el negocio de la deuda para el HSBC no se terminó con Macri. Martín Guzmán, ministro de Economía, contrató al mismo banco para la reestructuración de la deuda bajo legislación extranjera. Negociación que reconoció el endeudamiento del gobierno anterior, sin realizar ninguna investigación, y en la cual los lobos de Wall Street lograron arrancarle al ministro U$S 17.000 adicionales entre la primera oferta que hizo en abril y la última de agosto, con la cual acordó la reestructuración de la deuda.
En los estados contables del HSBC se detalla qué segmento le dejó mayores ganancias. El 65 % de lo que ganó en 2020, es decir $ 7.714 millones, se debe al segmento Banca Global y Mercados, donde se incluye clientes tales como gobiernos y se ofrece, entre otros, el servicio de estructuración de deuda local e internacional.
La revelación de Herve Falciani, un ex empleado del banco que hizo público las miles de cuentas abiertas en Suiza, entre ellas había 4.040 cuentas bancarias de argentinos ocultas en Suiza por un total de U$S 3.500 millones. Entre los millonarios estaba Amalia Lacroze de Fortabat, empresas del Grupo Clarín como Cablevisión, Multicanal, Central Puerto, Telecom Argentina, entre otras. Así, el banco organizó la evasión de impuestos y fuga de capitales de los más ricos.
Unos años antes, el Congreso realizó una investigación sobre la fuga de capitales de 2001 y concluyó que el 75 % de los montos fugados se canalizaron a través de varios bancos, entre ellos el HSBC. Mientras los dólares se fugaban, los pequeños ahorristas quedaron atrapados en el “corralito”.
En el historial del HSBC también se puede mencionar otro hecho de fuga. Un informe del Banco Central reveló que durante el Gobierno de Macri la fuga de capitales alcanzó los U$S 86.000 millones. Gran parte del endeudamiento macrista financió la fuga. Toda la salida de capitales durante el gobierno anterior la hicieron 100 agentes sobre los cuales el BCRA no da detalles. El periodista Horacio Verbitsky en su portal El Cohete a la luna difundió quiénes fugaron y entre ellos se encuentran varias empresas, como el HSBC Argentina Holdings SA, que fugó U$S 107 millones (se trata del grupo que controla el banco HSBC Bank Argentina S.A.).
Los precios de los alimentos
Por efecto de la suba de precios de las empresas alimenticias, en julio, más argentinos entraron a la pobreza. Así lo registró el INDEC, en su informe de la semana pasada donde constató que los precios de la canasta básica alimentaria subieron 3,1%.
Así, las alimenticias volvieron a verse en el ojo de la tormenta por aumentar precios y provocar el aumento de los índices de pobreza. Esto con la anuencia de la Coordinadora de Empresas Alimenticias (COPAL) que busca, encima, que las gigantes del sector aumenten más.
El informe fue elaborado en base a una canasta básica que incluye 21 productos, todos ellos de impacto directo sobre la canasta básica de alimentos, y elaborados por las gigantes del sector de Alimentos y Bebidas.
El dato de julio surge luego de que, en la jornada previa, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) anunciara que el Índice de Precios al Consumidor (IPC-Costo de Vida) subió 3,2% durante junio, en un proceso de desaceleración que se evidencia desde abril.
El aumento en el rubro «Alimentos y bebidas no alcohólicas», con el 3,2%, resultó la de mayor incidencia en todas las regiones, con aceleración general de todos los rubros de la división, parcialmente compensada por las caídas de Frutas y Verduras.
De esta manera, el primer semestre del año acumuló una inflación minorista del 25,3% y del 50,2% en los últimos 12 meses, informó el organismo. El sector que lidera las subas es el de las Alimenticias.
Son empresas como Arcor, Molinos, Mondelez y Mastellone, que a lo largo de los últimos años, y a pesar de la pandemia, no dejaron de cerrar balances con ganancias millonarias. Ello mientras el resto de la población y los trabajadores padecen sus aumentos.
El salario mínimo, vital y móvil no cubre la canasta básica de alimentos
El costo de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) para el hogar de referencia llegó a los $26.386,92 el mes pasado, mientras que el Salario Mínimo, Vital y Móvil determinado por el Consejo del Salario fue de $25.572, indicó el Instituto de Estadísticas de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba (INEDEP).
Entonces, el costo de la Canasta Básica Alimentaria representó un 103.19% del SMVM, se necesitó más de un salario para cubrirla.
Comparativamente, en junio 2016 la CBA costaba el 69,37% del SMVM. En el mismo mes de 2020, ese valor porcentual ascendió al 98,83%. Así, la pérdida de poder adquisitivo va en aumento conforme pasan los años. Lo mismo sucede con la Canasta Básica Total (CBT), que comprende bienes y servicios no alimentarios esenciales. En junio de este año, costó el 242,49% del SMVM: más de dos salarios para cubrirla.
Siguiendo el informe mencionado, se puede afirmar que entre junio de 2016 y el mismo mes de 2021 tanto la CBA como la CBT aumentaron en mayor proporción que el SMVM. “La CBA varió positivamente un 458,57%; la CBT un 479,38%, y el SMVM tuvo una variación positiva menor de 275,51%”, explica el estudio. Esto quiere decir que con los ingresos disponibles no se puede equiparar el aumento proporcional de los alimentos y otros gastos familiares.
“En conclusión, en el mes de junio de 2021, con este nivel de ingreso ($25.572), un hogar conformado por cuatro integrantes está por debajo de la línea de indigencia ($26.386,92) y de pobreza ($62.009,27). Se precisan más de dos (2,42) SMVM para cubrir los costos totales del hogar tomado como referencia”. INEDEP-2021.
Una de cada cuatro personas que viven en CABA es pobre
Y 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes menores de 17 años viven en hogares pobres. Son datos de la Dirección de Estadísticas y Censos de CABA del primer trimestre del año que arrojan que la Ciudad tiene 114.000 pobres más que un año atrás, sumando un total de 817.000 personas. Es el 26,5% de los 3.078.000 que viven en CABA que no logra cubrir el costo de una canasta básica de bienes y servicios, versus un 22,9% de un año atrás, antes de la irrupción de la pandemia y las restricciones a la actividad.
De los 817.000 pobres, 290.000 son indigentes -el 9,4% de la población porteña- 50.000 más que un año atrás, que no cubren el costo de una canasta básica solo de alimentos.
Son los números más altos desde 2015 cuando la Dirección de Estadísticas y Censos porteña empezó a medir las condiciones de vida en CABA.
De estas cifras se desprende que en 4 años, en CABA se agregaron 361.000 pobres, de los cuales 167.000 son nuevos indigentes.
“El gobierno de la Ciudad incumplió los acuerdos y avanza en un censo de población en situación de calle sin las organizaciones e instituciones”, denunciaron en un documento conjunto la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Proyecto 7, MTE y Nuestramérica MP, y expresaron su rechazo a la realización de un nuevo censo “que subregistra a la población, evita recolectar datos cualitativos de minorías específicas y no atiende las recomendaciones realizadas, incumpliendo el acuerdo logrado en diciembre”.
Ante este panorama, las organizaciones ratificaron que volverán a realizar el censo popular por fuera del larretista, por tercera vez desde 2017. En el último, de 2019, el cálculo oficial fue de 1.147 personas, mientras que el censo popular relevó a 7.251, de las cuales 871 eran niñas y niños.
Si el Ejecutivo porteño contabiliza seis veces menos población a atender, luego presupuesta el área acorde a lo censado. Con la llegada del frío y la derogación del decreto que frena desalojos, la situación de desamparo se agudiza. A eso se suma la invisibilización de estas personas de riesgo en el plan de vacunación contra el Covid-19.
Claudia Enrich, de Ciudad Sin Techo, subraya que “se duplicó la población respecto a las más de 7.000 que eran en 2019, con los desalojos y las familias nuevas que hay en la calle”.
Larreta elimina el distanciamiento en las escuelas
Reproducimos el comunicado de Ademys
En el día de hoy los sindicatos docentes fuimos citados a una reunión en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires en la que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció la implementación de nuevas medidas: la vuelta escalonada de los niveles inicial, primario y secundario a la presencialidad total. En momentos en que se encienden las alarmas en todo el país por la circulación comunitaria de la #varianteDelta, el gobierno porteño define esta vuelta como si la pandemia hubiera mágicamente desaparecido y el riesgo de contagios y muerte hubiera terminado.Sin presentar ninguna evidencia ni datos científicos que lo avalen, sin ningún argumento médico o sanitario que lo fundamente y a contramano de todas las políticas de cuidado que se desarrollan en el resto de las jurisdicciones del país -excepto #Mendoza– y los demás países del mundo, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, Soledad Acuña y Fernán Quirós han definido la vuelta a las aulas del total de estudiantes. Esto significa romper totalmente con los protocolos y pautas vigentes de cuidado a nivel mundial: significa juntar en un aula a 30 o 40 estudiantes durante al menos 4 horas diarias, eliminando la restricción de 1,5 metros de distanciamiento físico dentro del aula.A su vez, en el borrador de protocolo que presentaron y que se firmará mañana, se establece la apertura de los comedores escolares, donde sí se mantendrá el distanciamiento, porque como es obvio, deben sacarse lxs estudiantes el barbijo para comer. Paradójicamente, en las clases de educación física sí se mantendrán los protocolos en relación con el distanciamiento.Si bien la casi totalidad de docentes tenemos una primera dosis de la vacuna, -insuficiente para lograr la inmunización en general y ante las nuevas variantes-; la realidad es que lxs estudiantes no están vacunadxs, estando obviamente expuestos al contagio. En este sentido, es gravísimo que el protocolo no sólo incluya la eliminación de las dispensas para lxs trabajadorxs de riesgo con una dosis de la vacuna, sino también para lxs estudiantes que convivan con familiares de riesgo que hayan recibido también una dosis.Desde #Ademys expresamos una vez más nuestro total desacuerdo con estas medidas, manifestando que no hay condiciones para la presencialidad. Como hemos sostenido reiteradas veces, los protocolos han sido inaplicables durante el primer cuatrimestre del año: termómetros que no funcionan, problemas de infraestructura, falta de agua, falta de insumos, falta de elementos y personal de limpieza. Es completamente imposible cumplir con ese protocolo con el total de la matrícula en la escuela. Además, en el escenario de que en la burbuja -ahora el grado o curso completo- haya un caso sospechoso o confirmado positivo, deberá aislarse a la totalidad de lxs estudiantes.
¿Cuánto se tardará en que la mitad o más de las escuelas estén nuevamente vacías por estas situaciones?. Pero además, desde Ademys expresamos que el gobierno plantea un escenario pre pandemia que es absolutamente irreal y no responde a ninguna evidencia científica.Con 700 casos diarios en la Ciudad, estamos muy por encima de los niveles establecidos por las instituciones y organizaciones de salud como aceptables para la reapertura de escuelas. En este sentido, la propaganda oficial, que responde más a una propaganda electoral que a una realidad, pone en riesgo real al conjunto de la población y es completamente irresponsable.¿En qué país del mundo se volvió a las escuelas levantando el distanciamiento y concentrando 40 estudiantes en un aula?. Si se observa lo que está ocurriendo en Inglaterra, donde a pesar de que el 70% de la población tiene las dos dosis de la vacuna, la política de apertura total del gobierno llevó a una situación de escalada de contagios que generó supermercados semivacíos, más de medio millón de trabajadores en aislamiento, la mitad de estudiantes secundarios confinados en sus hogares, ese pretendido retorno a la normalidad se mostró completamente impracticable y ha generado graves consecuencias, que no se miden sólo en el número de fallecimientos, lo que no tenemos que naturalizar.
En este marco, reiteramos nuestro total rechazo a estas medidas, nuestra convocatoria al paro del 2 de agosto y la asamblea abierta ese mismo día para definir las acciones a seguir.
Mendoza
Las trabajadoras de la salud de la provincia de Mendoza continúan las medidas de lucha en reclamo por aumento salarial al gobierno de Rodolfo Suárez. En los últimos días, se movilizaron masivamente el jueves 29, y desde el sector de residentes realizaron un paro por 48 horas a partir del viernes 30 que incluyó acampe y olla popular.
La propuesta del gobierno de llevar a un 29% el aumento del 20% decretado en diciembre pasado (junto con el pago de bonos no remunerativos) es rechazada ampliamente. La razón principal es que a lo largo del 2020 no hubo aumentos, el gobierno provincial dio de baja la cláusula gatillo que indexó salarios entre 2016 y 2019, y el atraso salarial ante la inflación es muy marcado.
El conflicto se encuentra en un momento clave. El Gobierno intentó dividir a les trabajadores firmando un acuerdo también con las direcciones provinciales de ATE y UPCN, y también amedrentar a les residentes con amenazas de sanciones disciplinarias y descuentos. Sin embargo, las movilizaciones y paros continúan, endureciéndose las actividades en pos de lograr los reclamos.
Les trabajadores estatales cuentan con un frente gremial que no fue desbaratado al firmar ATE la paupérrima paritaria. Las respuestas combativas se sostienen desde un conglomerado de gremios donde se cuentan el SUTE (docentes), Judiciales, APOC (organismos de control), SITEA (estatales autoconvocades), SIPES (salud-CTA-A), FADIUNC (docentes universitaries), APROCEM (profesionales de ciencia económica) y AMPROS (salud).
Rosario
El sábado 24 de julio la Multisectorial de Trabajadores del Arte y la Cultura, de la ciudad de Rosario, realizó una jornada cultural en las escalinatas del parque España, para reclamar por la emergencia cultural y reconocimientos de derechos como trabajadores. Denunciaron la falta de respuestas por parte del gobierno municipal de Pablo Javkin y el provincial de Omar Perotti frente a la crisis que está viviendo el sector, agudizada por la pandemia mundial de Covid-19 y la prohibición de uso de espacios públicos y privados con protocolo.
Desde los comienzos de la pandemia, vienen reclamando subsidio universal igual a la canasta básica, caja de alimentos a los más afectados, habilitación de espacios públicos y privados con protocolos y el cese de la precarización y la represión. Hasta el momento, las mesas de diálogo con el gobierno municipal y provincial no han concluido en compromisos concretos.
Neuquén
Miles de docentes se movilizaron el 29 de julio en la capital neuquina y realizaron una marcha y un posterior acto en las puertas de la Casa de Gobierno de la provincia, en el marco de un paro provincial al cumplirse un mes de la explosión en una escuela del paraje Aguada San Roque, a 60 kilómetros de la localidad de Añelo, que provocó la muerte de los operarios Nicolás Francés y Mariano Spinedi, y de la maestra Mónica Jara.
El secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN), Marcelo Guagliardo, saludó «a los maestros de la Argentina que en esta jornada de lucha plantean justicia para Mónica, Mariano y Nicolás en cada rincón de nuestro país» y agradeció a los familiares de Jara, quienes estuvieron presente en la marcha, por «la lección que dan de dignidad, de fortaleza y de saber que la búsqueda de Justicia es una búsqueda colectiva».
Cuestionó que ya haya pasado un mes del hecho y que todavía «no hay ningún funcionario de los que estaban vinculados con esta obra removidos de su cargo» y, por ende, tampoco hubo «un solo gesto de reconocer que fue una negligencia».
«El primer responsable político es el subsecretario de Obras Públicas de la provincia (Ricardo Deza) y la otra responsable política es la ministra (de Educación Cristina) Storioni», denunció el secretario general.
Jujuy
Mientras crece la disputa entre el gobierno nacional y el provincial por las partidas destinadas al subsidio del transporte urbano, los colectiveros siguen sin cobrar sus sueldos de junio y julio, y el aguinaldo. Mientras tanto el ministerio de Trabajo prorrogó la conciliación obligatoria por cinco días más. La UTA Jujuy analiza tomar nuevas medidas de fuerza.
Serán $8.000 millones los subsidios anuales que la Nación desembolsará para los colectivos provinciales y municipales. La medida incrementaría en un 40% los subsidios para esas líneas urbanas. Con este dinero el gobierno nacional cerró un acuerdo paritario con Roberto Fernández de la UTA nacional y las empresas nucleadas en la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP).
En ese sentido los choferes del interior deberían recibir un incremento salarial del 37,8% y una suma fija no remunerativa de $30.000 correspondiente al primer cuatrimestre del año.
Para este acuerdo el gobierno nacional pone como condición para las partidas de subsidios, que todas las provincias pongan la cifra equivalente a lo puesto por Nación. Este acuerdo lo habrían firmado quince provincias ya, pero en Jujuy está pendiente la firma del gobernador Gerardo Morales.
Sin embargo, la situación de los choferes que vienen de un paro de ocho días por sus salarios sigue siendo crítica.
Se les debe los salarios de junio, julio, el aguinaldo y deudas del 2020. Por su parte la UTA Jujuy convocó a los delegados de las empresas para determinar los pasos a seguir ante esta situación.
La conciliación obligatoria dictada por el ministerio de Trabajo de la provincia, finalizaba el miércoles 28 de julio, pero a último momento la prorrogó por cinco días más. Una verdadera burla para los cientos de choferes que siguen sin cobrar sus haberes, trabajando de manera gratuita para los empresarios a los cuales no se les dictaminó ninguna acción por incumplir con sus trabajadores de manera sistemática, negándoles el derecho a manifestarse.
Trabajadores de la salud
La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) realizó el miércoles 28 de julio un nuevo paro de 24 horas «por un salario que cubra la canasta familiar». La medida se repetió el sábado 31 de julio.
Compartimos comunicado:»Desde APyT repudiamos la amenaza de descuentos de los días de paro y sanciones del Consejo de Administración del hospital hacia las y los trabajadores, y consideramos que esta actitud de parte de las autoridades es un ataque al legítimo reclamo del equipo de salud, que afrontó 500 días de pandemia con salarios depreciados y muy afectadas sus condiciones de trabajo», expresó al respecto la licenciada Norma Lezana, secretaria general del sindicato.
En esa línea, agregó que «un Consejo de Administración que goza de salarios de privilegio no puede cerrar sus puertas, debe atender a los legítimos reclamos y no efectuar descuentos a trabajadores y trabajadoras que no llegan con su sueldo a fin de mes, y por eso deben hacer 56 a 86 horas módulo en pandemia».
«Fueron dos años muy difíciles para todo el equipo de salud. El 50 % de aumento en una cuota es el reclamo generalizado de todo el equipo de salud. Un profesional de este hospital requiere 10 años para alcanzar su formación, es una decisión política importante retenerlo en el hospital para garantizar la calidad de atención de alta complejidad en pediatría en el sistema público», prosiguió Lezana, mediante un comunicado.
«Apelamos al apoyo de la comunidad como de los sindicatos de salud pública y privada, para luchar juntos por salario y condiciones de trabajo. El paro fue votado en asamblea por las y los trabajadores, y el plan de lucha incluye además otro paro próximo sábado 31 de julio de 7:00 a 14:00 horas», detalló Lezana. El actual reclamo sindical ya terminó en medidas de fuerza los días 1, 4, 6, 7, 15, 17 y 21 de julio pasados.
La secretaria general de la APyT también explicó que «lo único que anunció el Consejo de Administración del hospital es adelantar un 5 por ciento de aumento de la cuota de octubre, pero no hubo una instancia de diálogo, solo un anuncio, por lo cual exigimos ser recibidos y recibidas por las autoridades del Garrahan, y por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni».
«El salario inicial debe llegar a 103 mil pesos y debemos tener una recomposición salarial del 50 por ciento del acumulado durante el anterior gobierno y también en 2020, cuando empezamos a combatir la pandemia», finalizó Lezana.
(*Macri durante su presidencia pasó del 50 al 80% la responsabilidad de la Nación en el Garrahan y bajó los aportes de CABA del 50 al 20%).
Trabajadores de la salud de Córdoba siguen reclamando el aumento al básico de un 45% y quieren terminar con los pagos en negro que hacen los gobiernos nacional y provincial a través del pago con bonos. El de nación aún no fue depositado.
En la asamblea que se realizó en el hospital Tránsito Cáceres el martes 27 de julio, las y los trabajadores decidieron participar de la asamblea abierta que tuvo lugar el jueves 29 en la Maternidad Provincial. Quieren coordinar la lucha de todos los trabajadores de la salud para que el hartazgo y descontento que sienten los esenciales de la primera línea por las políticas de ajuste de Schairetti y del gobierno nacional se haga sentir con fuerza en un próximo paro.
Días atrás la asamblea de trabajadores del Tránsito Caceres invitó a los vecinos del barrio a que se hagan eco de esta lucha porque consideran que los usuarios son parte fundamental del sistema de salud.
Además debatieron acerca de la importancia de seguir organizados en asambleas democráticas donde los propios trabajadores decidan cómo seguir peleando. Contrario a lo que, según expresaron, viene haciendo la multisectorial que decide una acción de lucha sin consulta previa a las asambleas de trabajadores de los hospitales que ya existen hace tiempo.
Por su parte, trabajadores del hospital Misericordia siguen organizándose en asamblea y decidieron un corte el miércoles 28 en plaza Las Américas a las 10:30 por aumento salarial.
Personal de salud del sur mendocino se manifestó por las calles céntricas del departamento General Alvear, en el marco de la lucha que se desarrolla hace semanas en toda la provincia contra el ajuste salarial de Suárez que impone un aumento por decreto del 9%
Una vez más cientos de trabajadores y trabajadoras de la salud del Hospital Enfermeros Argentinos, de OSEP y de los centros de salud privados salieron a las calles y cortaron todo el centro haciendo paradas en distintos puntos con un gran bocinazo que expresó la bronca y dijo ¡basta de ajuste por decreto, paritarias libres y aumento acorde a la inflación!
Al finalizar la acción, lxs trabajadores expresaron que continuarán teniendo asambleas e intercambios para definir las siguientes medidas de lucha, van a pelear hasta conseguir lo que exigen: un aumento del 45%.
Trabajadores y trabajadoras de salud de La Rioja, nucleados en APROSLAR FeSProSa, iniciaron el lunes 26 de julio un paro por tiempo indefinido con acciones de visibilización durante la semana en diferentes puntos de la provincia, en reclamo por aumentos salariales prometidos sin cumplir y por las repetidas reuniones canceladas con la gobernación a última hora.
En tanto, el miércoles 28, trabajadores y trabajadoras de Chaco, nucleados en APSTASCH-FeSProSa, encabezaron un paro de 48 horas, que comenzó con una asamblea en el Hospital Pediátrico para exigir el fin de la precarización laboral.
La Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) decidió convocar a una jornada de lucha para el próximo 12 de agosto con paros y movilizaciones en todo el país, para exigir una recomposición salarial para el sector, el fin del trabajo precario y la convocatoria a una paritaria nacional de salud.
La medida se acordó en el Encuentro Nacional de Salud que se realizó el pasado viernes y contó con la presencia de delegados de 19 provincias. María Fernanda Boriotti, presidenta de Fesprosa, manifestó su satisfacción por el resultado del encuentro y señaló que el llamado a converger en una jornada unitaria había encontrado eco en numerosas organizaciones. “Esto nos asegura que la Jornada del 12 será masiva y abarcará la mayor parte del territorio argentino”, planteó.
Luego agregó: “En un reciente informe, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero expuso que Salud es el sector con los salarios medios más bajos de la administración pública con $70.000 en bruto, unos$ 50.000 de bolsillo, muy por debajo de la línea de pobreza que marca el INDEC”. Y remarcó: “Estas cifras duras desmienten los aplausos y homenajes de manera contundente. Somos esenciales a la hora de trabajar y no a la hora de cobrar nuestros salarios”.
La dirigenta también señaló: “Con respecto a la precarización laboral, pretendemos que el Ministerio de Salud de la Nación y el COFESA se pongan al frente de un proceso de regularización del trabajo en negro. Más del 30% de los trabajadores tiene contratos precarios. El Ministerio de Salud de la Nación debería dar el ejemplo ya que de los 3.700 profesionales que revistan en sus establecimientos el 84% está precarizado y solo el 16% está en planta”.
Boriotti también reclamó por el cumplimiento de la Ley Silvio: “Hace tres meses que el COE no se reúne y cuatro que no se publican datos sobre el impacto del Covid-19 en los trabajadores de salud. Reclamamos la derogación de la Resolución 04/2021 de los ministerios de Salud y Trabajo que permite convocar a los trabajadores de salud con comorbilidades que están con licencias”.
Otros conflictos
En las puertas del edificio que comparten las empresas de call center Next y Acc Group, se manifestaron los trabajadores acompañados por el Sindicato de Empleados de Comercio de Capital.
Ambas firmas, que prestan tareas en forma tercerizada para las primarias Ecogas, Telecentro, Santander Río, Claro y La Caja, entre otras, fueron denunciadas por una serie de incumplimientos que incluyen el congelamiento salarial.
Delegados y trabajadores reclaman a las patronales que reconozcan y paguen la última paritaria que firmó Armando Cavalieri para los mercantiles y que es extensiva para la rama call center.
Denuncian que, además de tener los sueldos congelados, ambas empresas presididas por el empresario Rodolfo Fernández Floriani, se caracterizan por las prácticas antisindicales, ocultan casos de Covid positivo e incumplen la normativa para el otorgamiento de vacaciones y otras licencias.
La Agrupación Ricardo Ham anticipó que en caso de no obtener respuestas avanzará contra las responsables primarias, una acción que ya tomó anteriormente con exitosos resultados,
Las trabajadoras y trabajadores de prensa de Crónica TV, junto a su Comisión Interna y la UTPBAdesarrollaron dos paros de 24 horas en una semana como respuesta a la insuficiente propuesta paritaria presentada por la empresa.
“Ambas medidas, la del 22 y 27 de julio, en defensa del poder adquisitivo de los salarios tuvieron alto acatamiento”, informa el comunicado de las y los trabajadores del canal. Tras las medidas, una próxima asamblea analizará los pasos a seguir.
Trabajadores metalúrgicos de Tenaris SIAT de Techint se movilizaron el jueves pasado a Plaza de Mayo luego que la empresa de Paolo Rocca decidiera eliminar el premio a la producción.
Entregaron una carta dirigida al Presidente Alberto Fernández y a la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner mostrando la preocupación ante el avance de la empresa sobre sus derechos laborales.
La carta al presidente además de mostrar la preocupación de los trabajadores y trabajadoras de Tenaris SIAT Techint, destaca que la empresa de Paolo Rocca busca la flexibilización y la sumisión de los trabajadores.
Desde la UOM denuncian además que quieren sacarle el transporte por Covid, a pesar que durante la pandemia tuvieron que sufrir la pérdida de dos trabajadores de la planta que fallecieron por Covid y con el peligro de una nueva ola a causa de la variante Delta.
Trabajadores tercerizados de EMA Servicios, que presta tareas para Edesur, se organizaron para exigir mejoras laborales, el pase a planta permanente y denunciar los despidos que la empresa realizó en medio de la pandemia.
Mediante un comunicado explicaron «los trabajadores tercerizados despedidos de Edesur venimos denunciando que la empresa lleva años sin hacer inversiones en infraestructura, tercerizando a sus empleados que cobran un tercio de lo que cobra un empleado de planta. Dando un servicio eléctrico pésimo a los usuarios aun cuando recibe subsidios del Estado por más de la mitad de sus ingresos. Mientras Edesur y el gobierno nos siguen mintiendo, como en el caso del acuerdo firmado por Mayra Mendoza la semana pasada por supuestas obras, los usuarios y los trabajadores seguimos sufriendo por los cortes y los tarifazos que impulsa la empresa, que además despide a los empleados que deberían estar prestando el servicio de mantenimiento y reduce el personal».
Finalmente agregaron «le decimos a los vecinos que vamos a seguir llevando adelante esta lucha sin dar el brazo a torcer hasta que seamos reincorporados con el pase a planta permanente y que la empresa y el Estado asuman la responsabilidad de realizar la inversión necesaria en el servicio eléctrico».
Paritarias
El rubro de la construcción es uno de los sectores con mayor cantidad de puestos de trabajo no registrados, casi el 70% de sus trabajadores se encuentran en la informalidad laboral. Para el 30% restante, bajo el convenio colectivo de la UOCRA, este lunes se acordó un aumento del 12%, sobre el 35,8% pactado en abril.
Esta última actualización, se dará a los trabajadores en cuotas: un 5% en septiembre, otro 5% en enero del 2022 y 2% en marzo. La negociación, como es costumbre en el sector, se dio de manera directa entre las patronales y la dirección del gremio, sin participación del ministerio de Trabajo y, por supuesto, a espaldas de los trabajadores. El martes sería homologado.
Este lunes, representantes gremiales mercantiles y de las Cámaras empresarias se reunieron en la sede de Trabajo. Recordemos que hubo un fracaso en las negociaciones de la semana pasada. Tal como hicieron los empresarios de salud en las últimas semanas, dijeron que “no hay plata para aumentos”.
Se trata de la negociación colectiva más importante del país, ya que alcanza de forma directa a casi 1,2 millones de trabajadoras y trabajadores registrados.
El sindicato encabezado por Armando Cavalieri buscará sumar un 10% remunerativo con una nueva cuota en lo que queda de 2021. Además, pidió que se mantenga la cláusula de revisión prevista para enero de 2022.
Según distintos medios, algunas de las Cámaras podrían acceder al pago de porcentajes no remunerativos, algo que el sindicato ya ha pactado en diversas oportunidades.
Desde enero del año pasado los docentes de Chubut no tienen paritarias. El paro de 48 horas anunciado por ATECH generó efectos en el gobierno de Mariano Arcioni quien convocó para el viernes 30 a una negociación en el ministerio de Educación.
Otra Vicentineada
Final del formulario
“Nos dirigimos a usted a fin de comunicarle que conforme a lo establecido por la Resolución N° 2125/2021- APN-MS, publicada en el Boletín Oficial el día 30 de julio de 2021, el Ministerio de Salud de la Nación dispuso un aumento para todas las empresas inscriptas en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (R.N.E.M.P.) del 9% a partir de agosto 2021, 9% a partir de septiembre de 2021, 9% a partir de octubre 2021 y del 9% a partir de enero 2022. El importe retroactivo al mes de agosto 2021 será incluido junto con la cuota del mes de septiembre 2021.
Este incremento obedece a la necesidad de hacer frente a las variaciones en la estructura de costos prestacionales debido al impacto en la atención de la pandemia, los aumentos salariales, los precios de los medicamentos y prácticas médicas”, reza la comunicación a los afiliados a las empresas de medicina prepaga.
El Gobierno les regaló a Claudio Belocopitt y sus amigos la mejor paritaria del año. El chantaje del dueño de Swiss Medical y sus colegas logró que el ministerio de Salud de Carla Vizotti autorizara un aumento de 36 % que se suma al 14 % que ya habían conseguido en lo que va del año.
Durante algunas semanas el Gobierno intentó mostrarse “duro”. Llegó a hablar de «reforma de salud» y «centralización del sistema».
Pero el conflicto de Sanidad fue aprovechado para poner en marcha un chantaje: si no nos aumentan las cuotas y aranceles, no hay aumento. Fue la respuesta patronal.
Y lo lograron. A través de la Resolución 2125/2021, publicada este viernes en el Boletín Oficial, el ministerio de Salud dio el visto bueno a todas las empresas de salud privada inscriptas en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP) para que dispongan de “aumentos generales, complementarios y acumulativos de aquel que ha sido aprobado para el mes de mayo de 2021″.
Como con Vicentín, donde la inminente expropiación y la soberanía alimentaria quedó en la nada, el gobierno criticó a los empresarios de la salud, habló de “centralizar el sistema”, pero terminó cediendo a la voracidad de un puñado de corporaciones. Hoy el 90% del negocio está en manos de 10 empresas. La facturación del sistema es de 800.000 millones de pesos.
Daer levantó el paro del 4 de agosto y firmó un acuerdo con las clínicas privadas y el ministerio de Trabajo.
Antes de haber arribado al acuerdo Héctor Daer y West Ocampo ya habían confirmado que quedaba levantada la medida de fuerza que habían llamado para el jueves 29 de julio. El paro nacional de 24 horas con movilización, no se realizó por acatar la conciliación obligatoria.
Sanidad era uno de los pocos sindicatos que todavía no había podido cerrar la discusión paritaria por la intransigencia de las Cámaras empresarias de la salud con Belocopitt a la cabeza, quienes reclamaban poder aumentar los aranceles de las prepagas para trasladar el costo a los usuarios. La FAPS presentó una manifestación empresaria en la que se dejó por escrito que “… los incrementos de los aranceles a favor del sector prestador por parte de los financiadores, constituye una condición necesaria y excluyente para la aplicación de los acuerdos paritarios alcanzados”. Finalmente, los empresarios de la salud lograron su cometido.
Fuentes: Clarín, Tiempo Argentino, Anred, Red Eco Alternativo, Resumen Latinoamericano, APU, La Izquierda Diario, argentina.indymedia
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Docentes denuncian a Larreta por la «decisión criminal» de no respetar el distanciamiento en las aulas
Este miércoles desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), el principal gremio docente de la Ciudad de Buenos Aires, se alertó sobre los riesgos derivados del “incumplimiento del protocolo sanitario” en las escuelas, después de que el Jefe de Gobienro Porteño Horacio Rodríguez Larreta habilitara la presencialidad en las aulas sin respetar el distanciamiento establecido por el Consejo Federal de Educación, definiendo a la decisión como “criminal”.
Angélica Graciano, titular de UTE CTERA, responsabilizó desde su cuenta de Twitter no sólo a Larreta sino también a su ministra de Educación Soledad Acuña: “La presencialidad de Larreta y Acuña no cuida la salud de la comunidad educativa”. Y agregó: “Aunque Larreta lo quiera decretar, la pandemia no terminó”.
En el mismo sentido, la dirigente gremial enfatizó: “Frente al negacionismo del Gobierno porteño, la comunidad educativa refuerza los cuidados”. Graciano acompañó sus dichos con un comunicado de UTE que alerta respecto de esta “política criminal” de la administración de Rodríguez Larreta.
Desde el gremio se exigió que “se respete el distanciamiento social de 1,5m”, que se garanticen “espacios con ventilación cruzada” en las aulas y se provean todos los “elementos de protección e higiene”. También se remarcó la importancia del “respeto a los aforos según metros cuadrados”, siguiendo los protocolos establecidos por el Consejo Federal de Educación
Desde otro de los gremios docentes de la Ciudad, Ademys, ya se anunció un paro para el próximo lunes, denunciando el “intento de Horacio Rodríguez Larreta de implementar una presencialidad total eliminando la restricción de 1,5 metros de distanciamiento físico dentro del aula, reactivamos el plan de lucha”. En el marco de la preparación de la medida de fuerza, durante toda esta semana se irán realizando “semaforazos” y “asambleas por escuelas y distritos y junto a las familias, pronunciamientos colectivos y envío de cartas a las autoridades”.
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Despidos y amenazas en Telefónica: “Andate bien, vos tenés pibes, pensá en ellos porque te la van a meter en la rodilla”
Trabajadores de empresas tercerizadas de Telefónica de Argentina denuncian persecución sindical contra afiliados y delegados de UETTel. Les dijo un gerente: “Me dan la llave para despedir al que no se quiera subir a mi caballo”. El audio.
Redacción Canal Abierto | Cristian Juan Medina trabaja en Tecnologías y Cableados, una empresa tercerizada de Telefónica de Argentina, desde hace años haciendo instalaciones domiciliarias de televisión, internet y teléfono.
Cristian conoció a la Unión de Empleados y Trabajadores y Técnicos de las Telecomunicaciones (UETTel, en la CTA Autónoma) en 2015 durante los conflictos por despidos masivos y las luchas que dio el sindicato en ese momento, montando incluso un acampe por más de un mes en las puertas de las oficinas que Telefónica tiene en el microcentro porteño. Recientemente comenzó a participar más activamente, asesorando y afiliando compañeros. Fue ahí cuando empezó la persecución.
“Me despidieron por avisarle a mis compañeros que yo conocía el gremio, por afiliarlos y como represalia empecé a recibir amenazas con entrar en la lista negra de Telefónica, de que me podían llegar a lastimar en la pierna si me cruzaban en la calle.”, contó Medina, que es padre de una beba de 4 meses.
La situación se volvió cada vez más complicada: “Encontraron cualquier motivo para desvincularme, pero todo el problema empezó dos o tres días después de estar afiliando compañeros. Nos persiguen por defender nuestros derechos”, dijo Cristian y contó que una situación similar vivió su compañero Leonardo Escobar.
Jorge Castro, secretario General de UETTel, mantuvo una reunión ayer con los trabajadores en la sede nacional de la CTA-A (foto). “Ya hicimos las denuncias correspondientes ante el Ministerio de Trabajo, para convocar tanto a Telefónica de Argentina como a la empresa tercerizada TyC, porque hay un DNU de prohibición de despidos, pero también por las amenazas y las listas negras”, explicó.
“Desde UETTel hace años que venimos denunciando que la tercerización es el fraude laboral que avala a Telefónica para que pueda realizar sus negociados, por eso es responsable”, explicó Castro, y afirmó: “Este conflicto es muy particular porque tenemos el gerente Pablo Echapresto que amenaza a trabajadores, incluso tenemos audios donde directamente dicen que “podía llegar a terminar con las rodillas lastimadas”, y esto va a requerir una denuncia penal, porque el compañero no puede vivir amedrentado”.
En relación a la persecución sindical que sufren los afiliados y delegados, Castro denunció: “La empresa quiere romper nuestra organización desde hace años porque donde hay trabajadores organizados hay derechos, y venimos conquistando derechos desde que nos conformamos como sindicato”.
Además destacó la importancia de que los trabajadores de las empresas contratistas sean reconocidos por el convenio colectivo de telefónicos: “queremos que tengan los mismos derechos que cualquier trabajador de planta permanente, porque hay muchos compañeros que pierden la vida por culpa de la tercerización”.
“Vamos a seguir denunciando y avanzando en acciones directas contra Telefónica de Argentina, y pedimos que se aclaren las denuncias y amenazas que recibió el compañero, y que vuelva a su lugar de trabajo en las condiciones que le corresponden”, concluyó Castro.
El audio del gerente Pablo Echapresto
“No hay más conversación, esto es fácil, si querés retirarte de buena manera para que yo te pueda recomendar trae todas tus cosas y te hago una carta de recomendación, porque cuando Diego se entere que yo te despedí por esto que hiciste, no laburas nunca más en Telefónica”.
“Hace las cosas bien, conmigo no se jode pero si yo tengo que ayudar a alguien lo voy a hacer, pone buena voluntad y podes seguir trabajando en Telefónica en cualquiera de las contratistas”.
“Termina bien las cosas, llevate la guita que te corresponde, no me importa pagar lo que tenga que pagar para despedir a alguien, fue la condición que yo puse para trabajar en esta empresa, dije: `a mí me dan la llave para despedir al que no se quiera subir a mi caballo, y me dijeron que sí´”
“Andate bien, es mi recomendación, vos tenés pibes, pensá en ellos y seguí trabajando en este laburo, porque donde te crucen te la van a meter en la rodilla y no vas a laburar nunca más en Telefónica”.
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Santiago del Estero: esclavitud a la vieja usanza
Vivían en carpas de nylon, sin baño ni cocina y dormían en el piso. Les pagaban 200 pesos por día y les descontaban la comida. 23 peones rurales y un menor fueron rescatados por la Procuraduría de Trata de Personas en un campo del empresario Fabián Cataldo que quedó imputado y bajo arresto domiciliario.
Readacción Canal Abierto | Si bien los métodos de explotación se han refinado -teletrabajo, auto-explotación, tercerización y otras tantas variables con las que el capital extrae plusvalor del sudor de la clase obrera-, estas sofisticaciones parecen no haber llegado a algunos sectores de la industria agropecuaria, tan afecta a la explotación a la vieja usanza: la esclavitud. Nada de reformismos, revoluciones francesas o innovaciones librecambistas, la explotación hecha y derecha.
Es el caso del empresario agrícola Fabián Cataldo, ingeniero agrónomo, y su empleado Carlos Ernesto Mansilla, de Quimilí, Santiago del Estero, imputados por someter a la esclavitud a 24 víctimas -entre ellos cuatro menores- delito penado en el Artículo 145 bis y 145 ter del Código Penal, que establece:
“Será reprimido con prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, el que ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países, aunque mediare el consentimiento de la víctima.”
Los hechos
El 27 de noviembre de 2020 la Gendarmería Nacional transmitió a la Fiscalía Federal la denuncia realizada por Silvia Camiletti, empleada de la Delegación Santiago del Estero del Ministerio de Trabajo de la Nación, a través de la Línea 145 del Programa Nacional de Rescate, por una posible situación de explotación laboral.
Camiletti narra haber recibido una denuncia en la delegación tras lo cual realizaron una inspección junto al RENATRE (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores) en un campo cercano a la ciudad de Colonia Dora. En el predio denominado “El Canuto”, ubicado sobre la ruta provincial N° 92, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Añatuya, encontraron a 32 personas en situación de explotación laboral, en precarias condiciones, todas oriundas de distintas localidades de la provincia. Según los testimonios levantados una de las personas tenía 15 años y el resto entre 20 y 30 años.
“Estaban divididos en grupos de 4 a 6 personas, en carpas hechas con bolsas plásticas, sin acceso a agua potable, ni baños y duermen y cocinan en el piso”, narró la delegada de la cartera laboral, quien sostuvo que ninguno estaba registrado formalmente como trabajador.
La tarea que desarrollaban estas personas es conocida como “destroncado”, la cual se realiza manualmente y consiste en sacar troncos y raíces de suelos cuyos árboles fueron talados. Es la etapa final del desmonte para luego utilizar el terreno para pastoreo o cultivo.
Los peones narraron que habían llegado al campo llevados por “contratistas”. Cada grupo se queda entre 15 o 20 días trabajando y el propio contratista les vende los alimentos abusando de los precios. La jornada laboral arranca a las 6 de la mañana hasta las 11 horas –cuando cortan para descansar y debido a las elevadas temperaturas que al mediodía superan los 45° C– y continúa por la tarde de 16 a 19 horas, de lunes a lunes. El pago acordado por la actividad, para el grupo, era en algunos casos de $ 800 por día y en otros de $ 2000 por hectárea.
A la denuncia de la funcionaria se suman los informes remitidos por la Procuraduría de Trata de Personas, enviados a la misma por Pablo Teti, jefe de Operativos de Fiscalización del RENATRE, quien presentó un acta de constatación de indicios de explotación laboral rural y dos actas de relevamiento confeccionadas en el operativo mencionado previamente del día 26 de noviembre, en el campo denunciado.
El rescate
En base a estas pruebas la Procuraduría de Trata de Personas –PROTEX– solicitó la autorización para efectuar un allanamiento y el rescate con la intervención del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata.
El procedimiento –en el que intervinieron personal del RENATRE, del UATRE y de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia con apoyo de Gendarmería– se realizó cuando caía la tarde del 29 de noviembre en medio de un violento temporal de lluvia y viento. En la finca encontraron 24 personas que fueron rescatadas y trasladadas a la localidad de Vilelas. Allí se les tomó declaración y del escrito judicial Canal Abierto reproduce algunos testimonios:
Juan Manuel Chazarreta indicó que el dueño de la finca les descontaba la comida de su sueldo, que vivían dentro de la finca en un toldo con bolsa de nylon, tirados en el piso, y que “había muchas víboras, sapos que pasaban por arriba de mis compañeros, tenía una ducha de nylon y las necesidades las hacía en el campo”. Agregó que “nunca tenían luz y los días de lluvia nos mojábamos todos, si nos lastimábamos nos teníamos que curar solos”.
Sergio Leonel Villalva indicó que el Sr. Carlos Mansilla lo llevó a la finca “El Canuto”, que les pagaban dos mil pesos por hectárea al grupo, en su caso de 5 personas. El horario era “de sol a sol”. Volvíamos para almorzar, cocinábamos y volvíamos a trabajar. Nosotros nos pagábamos todo. Vivíamos dentro de la finca en carpas viejas de nylon sostenida por troncos de quebracho, con colchones viejos tirados en el piso, sin baño y hacíamos las necesidades en el campo”.
De los relatos se desprende que Cataldo, el patrón, no aportaba siquiera las herramientas de trabajo y que tanto la comida, el agua y demás mercaderías, les eran descontadas del “sueldo” con sobreprecios.
El escrito del Juzgado Federal Nº 2 de Santiago del Estero establece: “ha quedado demostrado que las condiciones en que estos trabajadores realizaban sus tareas y de alojamiento en el lugar, eran por demás precarias, violando no solo las condiciones laborales sino, fundamentalmente, la dignidad y condición de personas de las víctimas. En efecto, al llegar al lugar debieron ellos mismos construir con nylon y palos de madera las carpas donde habitarían, que, por las constancias fotográficas de las dimensiones de las carpas, se infiere en condiciones de hacinamiento”. En otro punto se establece que los peones –no registrados debidamente– cobraban un salario inferior al mínimo establecido la por Comisión Nacional de Trabajo Agrario, establecido en ese momento en $35.246 mensuales.
Por último, el Juzgado establece como acreditado el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, por parte de Fabián Eduardo Cataldo y Carlos Ernesto Mansilla, estableciendo el procesamiento de los imputados, su prisión preventiva domiciliaria y un embargo de un millón quinientos mil pesos a cada uno.
Un modus operandi
La historia muestra que todo lo narrado no es más que una costumbre patronal en el campo argentino. El propio Cataldo, quien posee formación profesional y empresarial en sus declaraciones a la Justicia dice que la contratación se había hecho “de la forma en que se realiza en el interior, de palabra”.
El mencionado RENATRE es una de las herramientas que desde las políticas públicas intenta paliar esta situación. En su página web informa, en el breve período que va de noviembre 2020 a julio 2021, de diez casos de inspecciones en los que se hallaron indicios de explotación laboral en la provincia.
Este mismo registro, publicó un informe elaborado en base a datos de un relevamiento de 15 mil casos realizado en 2019; según éste el 83% de los trabajadores rurales de las distintas economías regionales del país está en la informalidad. En el mismo censo detectaron 18 presuntos casos de trata y 34 de trabajo infantil.
Los patrones, como lo estableció la Justicia en este caso, abusan de su posición de dominio y de las necesidades de la gente. Cuando llegan, las políticas públicas tanto de control como de asistencia empiezan a inclinar la cancha, a emparejar mínimamente el partido.
Hace unas semanas, en el portal Cadena 3 se podía leer este título: “Perdió $50 millones porque no consiguió trabajadores rurales”, rematado con la bajada: “Sucedió en Misiones y asegura que perdió miles de kilos de naranjas y limones porque los obreros prefieren cobrar planes sociales antes que trabajar en blanco”. La evidente conclusión es que por salarios de miseria o en condiciones de explotación nadie quiere ni debe trabajar. La esclavitud debe ser tratada mediática y judicialmente como un delito, y nunca como prerrogativa de la clase empresaria.
“Continuamos detectando estos abusos que son muy dolorosos, pero nuestro objetivo es colaborar en la lucha contra la explotación laboral y el trabajo infantil”, indicó el Delegado del RENATRE en Santiago del Estero, Walter Palumbo.
DenunciasAnte cualquier denuncia por malas condiciones de trabajo, trabajo infantil y/o explotación laboral, el RENATRE cuenta con la página www.renatre.org.ar o la línea gratuita 0800-777-7366, donde las denuncias son atendidas en forma anónima por profesionales capacitados en la materia.
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Paro de trabajadores en el cementerio de la Chacarita suspende ingresos y traslados de personas fallecidas
Trabajadores del sector operativo del cementerio de La Chacarita realizarán mañana un paro de actividades, lo que provocará que no haya servicio de ingreso o traslado de personas fallecidas. Reclaman aumento salarial, pase a planta permanente, insumos y asistencia psicológica tras mantener su servicio mientras Argentina superó las 100 mil muertes por la pandemia.
De esa manera, aquellas familias que hayan sufrido la pérdida de un ser querido que tenga como destino el cementerio de la Chacarita deberán dejar sus restos en la morgue del hospital donde murió -si es que el deceso se produjo allí- o en su defecto, en la cámara de preservación de la cochería a cargo del servicio fúnebre.
La medida de fuerza se llevará adelante en reclamo de aumento salarial, pase a planta permanente de los empleados y la compra de insumos para llevar a cabo sus tareas, entre otros puntos.
Los trabajadores presentaron semanas atrás un petitorio con una serie de medidas a la Dirección General de Cementerios, pero ante la falta de respuestas -según esgrimieron- decidieron efectuar una huelga, que podría prolongarse por 48 o 72 horas si no son escuchados.
En declaraciones a NA, los empleados también señalaron: «Encima de todo, jamás recibimos asistencia psicológica por el trabajo que hacemos. Nosotros también somos padres, tíos, hermanos. Y eso nos afecta».
Este reclamo se produce cuando la Argentina superó semanas atrás los 100 mil muertos por coronavirus y en un momento en el que se incrementó la cantidad de fallecidos en el país a raíz de la pandemia de Covid-19.
Este paro, que en principio es por 24 horas, provocará serias complicaciones para lo que es el servicio fúnebre, ya que no habrá ingreso de personas fallecidas ni tareas de inhumación, entre otras cosas.
La situación podría complicarse aún más si los trabajadores no reciben respuestas y deciden prolongar por más tiempo la medida de fuerza, ya que los restos de los fallecidos deberán preservarse por más días, a la espera de que se normalice la tarea de los empleados en ese cementerio.
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La Utep ya tiene personería social y es representante de los trabajadores de la Economía Popular
El Ministerio de Trabajo encabezado por Claudio Moroni resolvió otorgar la personería social y designar como representante de las y los trabajadores de la Economía Popular a la UTEP. Su formalización puede ser un paso adelante para su histórico reclamo de ingreso a la CGT.
Este miércoles la cartera laboral bajo la resolución 449/2021 otorgó la personería social a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular.
Para poder cumplir con esta determinación primero hubo que crear un registro especial, el «Registro de Asociaciones de Trabajadores de la Economía Popular y de Subsistencia Básica», que se hizo a través de la resolución 118/2021 en marzo pasado. La misma indica que las personas que se desempeñan en el ámbito de la economía popular y de «subsistencia básica», podrán constituir asociaciones una vez obtenida la pertinente inscripción.
Para el Poder Ejecutivo, se considera trabajadores de la economía popular y de subsistencia básica a los sujetos que se desempeñan de manera individual o colectiva, para generar un ingreso personal y familiar, ya sean trabajadores autónomos, prestadores de tareas eventuales, ocasionales o changas, vendedores ambulantes y ocupantes de puestos callejeros.
También, personas dedicadas a la recuperación de residuos o a trabajos de cuidado en espacios comunitarios, como jardines, merenderos y comedores, venta en pequeñas ferias, agricultura familiar, venta de artesanías, cuidado de automóviles, lustrado de zapatos, cooperativas de trabajo y pequeños emprendimientos promovidos por programas sociales.
Trabajo aclaró que dentro de esta categoría entran, además, «todos aquellos que, bajo tipologías análogas y sin que exista una relación que permita tipificar el vínculo como contrato de trabajo en los términos de la Ley N° 20.744, participen del proceso de producción de bienes y servicios con relaciones asimétricas, con la finalidad de subsistir».
Esta modificación en los criterios que se adaptó a los cambios que a su vez sufrió el mercado laboral podría ser un paso más que le permita a la UTEP lograr su anhelo de ingresar a la CGT.
En marzo, el Ministerio de Trabajo explicaba que «las formas que asume la denominada economía popular de subsistencia, no previstas en el concepto de relación de dependencia típica, imponen la necesidad de dar un marco jurídico a nuevos sujetos que actúen como interlocutores que ejerzan su representación colectiva y que permitan canalizar en un ámbito de legalidad, las peticiones y las iniciativas para el desarrollo».
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Fábrica de Pampero abrió en La Rioja funcionó 44 días, despidió un operario y decidió cerrar porque le hicieron un paro
La empresa Teknor, que produce calzado de seguridad para varias marcas entre ellas Pampero, decidió finalizar su proyecto productivo la localidad de Sanagasta apenas un mes y medio después de abrir. La determinación la tomó luego de una huelga.
Luego de estar en funcionamiento apenas 44 días, la semana pasada cerró una planta que fabricaba calzado para la marca Pampero en la localidad de Sanagasta, en la provincia de La Rioja. La firma se lo atribuyó a un conflicto gremial.
La empresa Teknor, que también produce calzado de seguridad para las marcas Gauchos y Firestone, decidió finalizar en forma definitiva su proyecto productivo y despedir al resto de los 27 empleados.
“La planta cerró definitivamente. Esta semana los trabajadores, que venían de una cooperativa, van a estar cobrando sus indemnizaciones y la empresa retirará sus máquinas. El conflicto comenzó por el despido de un empleado y lamentablemente la empresa decidió rescindir el contrato y cerrar”, explicó Saúl Carrizo, secretario del sindicado del calzad oen La Rioja al portal Infobae.
El conflicto se desató hace unas semanas. La empresa había tomado la decisión de despedir a uno de sus operarios, lo que generó que el resto de los trabajadores iniciaran un paro total de actividades.
Según información del diario Nueva Rioja, el argumento de la empresa para el cierre fue que “los trabajadores hicieron paro”, mientras que los ex operarios manifestaron haber sufrido “maltrato laboral”.
Frente a esta situación, el intendente de Sanagasta, Federico Sbíroli se comprometió a buscar un nuevo inversor para poner nuevamente en funcionamiento a la fábrica.
“Los empleados hablaron de maltrato laboral. Hubo una persona que despidieron y los trabajadores hicieron un paro. Hubo reclamos por el tema del sueldos, las quincenas y que habían prometido un porcentaje y no se cumplió”, dijo Luis Flores, secretario de Gobierno de Sanagasta a medios locales
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Sindicato de meretrices hará una reunión abierta frente a Legislatura porteña para pedir fin de la criminalización del trabajo sexual
Dirigentes del Sindicato de Trabajadorxs Sexuales de Argentina Ammar junto a la diputada Victoria Montenegro realizarán este miércoles una reunión abierta frente a Legislatura porteña para promover la derogación del artículo contravencional que criminaliza la oferta de sexo en la vía pública y debatir sobre la violencia policial a la que están expuestas por la vigencia de esta normativa.
“En el contexto de pandemia esta problemática se agudizó y en el barrio de Constitución, una de las principales zonas de trabajo sexual callejero de la Ciudad, las contravenciones hacia trabajadorxs sexuales casi se triplicaron”, dijeron de Ammar en un comunicado.
El sindicato citó además datos del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad según los cuales “en el 2019 hubo 175 contravenciones por supuesta infracción al artículo 96 y en el 2020 la cifra ascendió a 458”.
La población más afectada “es el colectivo travesti trans migrante” que en reiteradas ocasiones es víctima de “detenciones arbitrarias, cacheos y violencia por identidad de género”, agregaron.
Montenegro es autora de un proyecto de ley presentado en marzo pasado que busca derogar el artículo 96 (ex 86) del Código Contravencional de CABA, que sanciona “con uno (1) a cinco (5) días de trabajo de utilidad pública o multa de doscientos ($ 200) a cuatrocientos ($ 400) pesos” a quien “ofrece o demanda en forma ostensible servicios de carácter sexual en los espacios públicos no autorizados o fuera de las condiciones en que fuera autorizada la actividad”.
“El 5 de julio, Georgina Orellano, Secretaria General de AMMAR, también sufrió violencia física, verbal y fue detenida de manera arbitraria por la policía mientras defendía a un grupo de trabajadorxs sexuales trans que estaban siendo hostigadas en el barrio de Constitución. Horas más tarde la liberaron gracias a la articulación entre trabajadorxs sexuales y aliades de AMMAR”, dijeron.
La actividad se llevará a cabo a partir de las 11 frente a la Legislatura Porteña y también participarán “representantes de distintos organismos defensores de derechos”.
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El Gobierno descarta subir el Salario Mínimo por decreto y apuesta a que salga por consenso en el Consejo del Salario
4 agosto, 2021
Por Jorge Duarte @ludistas Desde el Ejecutivo descartaron un hipotético aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil por Decreto. Buscarán que el incremento salga por consenso con gremios y empleadores en el marco del Consejo del Salario. La convocatoria saldría en septiembre.
En el contexto de reapertura de paritarias, el Gobierno negó un hipotético aumento por Decreto de Necesidad y Urgencia del Salario Mínimo Vital y Móvil. La versión había corrido en las últimas horas, pero fue descartada de plano por altas fuentes oficiales.
La idea, según le explicaron a InfoGremiales, es volver a convocar al Consejo del Salario para que el incremento del haber mínimo pueda salir por consenso. «Hasta ahora es una herramienta que está funcionando. No hay por qué cambiarla», explicaron.
De hecho, los últimos dos aumentos del Salario Mínimo tuvieron el voto favorable de 31 de los 32 miembros que componen el Consejo del Salario. En 2020 apenas cosechó un voto negativo y en 2021 sólo una abstención.
Además, recordaron que en el entendimiento de mayo «fue la primera vez qué se incorporó a la negociación del Salario Mínimo la cláusula de revisión».
En abril pasado, el salario mínimo tuvo un incremento del 35% en 7 cuotas.
Más tarde, y ante la disparada inflacionaria, a través de la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 6/2021, el Ministerio de Trabajo adelantó los tramos y consiguió que el 35% de aumento pactado inicialmente llegará en septiembre y no en febrero de 2022, como figuraba en la resolución firmada en mayo.
La idea es que en la próxima instancia, el Salario Mínimo se acomode en la nueva pauta salarial del mercado laboral, por estas horas más cerca de los 45 puntos que de los 35 de aquel momento.
Envio:RL
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