Junto a Rusia rechazan injerencia a
países latinoamericanos
Resumen Latinoamericano, 22 de octubre de 2021.
Cancilleres de ambas naciones se reúnen en Moscú. Exigen además el cese de la guerra económica de EE.UU. contra Cuba. El encuentro entre Mayta y Lavrov contribuye al fortalecimiento de las relaciones bilaterales. | Foto: EFE
Los cancilleres de Bolivia y Rusia, Rogelio Mayta y Serguei Lavrov, respectivamente, reclamaron este viernes en la ciudad de Moscú el cese inmediato de la injerencia de Estados Unidos (EE.UU.) y naciones afines en los asuntos internos de los países latinoamericanos, incluidos Cuba y Venezuela, así como la supresión de las medidas restrictivas unilaterales que se aplican contra ellos.
Durante una conferencia de prensa al término de un encuentro en la capital rusa, ambos diplomáticos declararon inadmisibles las acciones del Gobierno de EE.UU. contra esas naciones soberanas.
Enfatizaron que con ellas se busca socavar sus sistemas políticos, la gobernabilidad y las estrategias de desarrollo.
Asimismo, exigieron se ponga fin al bloqueo económico, comercial y financiero de la Casa Blanca contra Cuba.
De acuerdo con los medios, durante su reunión los representantes diplomáticos de Bolivia y Rusia trataron temas de interés mutuo como el energético, el apoyo en tecnología y salud, y otros que pueden reforzar las relaciones bilaterales.
Al respecto, Lavrov dijo a la prensa que Rusia considera a Bolivia uno de sus socios prioritarios en la región de América Latina y el Caribe.
La visita de Mayta a Moscú prevé depositar una ofrenda floral ante el fuego eterno de la Tumba del Soldado Desconocido y la impartición de una conferencia en la Universidad Rusa de Amistad con los Pueblos.
Además, se reunirá con representantes del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), a cargo de la comercialización de la vacuna Sputnik V, que es empleada en la campaña de inmunización contra la Covid-19 en la nación suramericana.
La agenda incluye un encuentro con las autoridades de la Corporación Estatal de Energía Atómica (Rosatom), que ejecuta las obras del reactor nuclear del Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Nuclear (Cidtn) de Bolivia.
Fuente: Telesurtv.
Ratifican que legisladores de
oposición aprobaron la Ley 1386
Resumen Latinoamericano, 22 de octubre de 2021.
El exdiputado de Unidad Demócrata (UD), Amilcar Barral, ratifico este viernes que algunos legisladores de oposición aprobaron la Ley 1386 de “Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo”, norma que ahora la observan.
“Que quieran venir ahora a querer desmentir, que nosotros falsificamos documentos y demás, les reitero, aquí están firmas originales de los dos diputados aprobando la Ley 1386, le reitero una vez más, pónganse las pilas a los opositores, justifiquen los 22.000 bolivianos que ganan”, manifestó.
Barral, con documentación en mano, corroboró que los diputados de Comunidad Ciudadana (CC), Pablo Arízaga y Krupskaya Oña, aprobaron con su firma el proyecto de ley, que ahora es observado por la misma oposición.
“No lleven a la confrontación de los bolivianos, como ahora está habiendo problemas por la irresponsabilidad de ellos”, cuestionó.
Solicitó una aclaración respecto al comportamiento de los legisladores de oposición, quienes no estarían realizando su trabajo.
“Estamos pidiendo que aclaren, sino tienen una línea partidaria (…) por qué no lo han hecho saber en su momento, que la 1386 se estaba aprobando y se estaba promulgando, eso lo hemos tenido que descubrir los de afuera, la gente que estamos afuera”, señaló.
Reveló además que los legisladores de CC ni siquiera asistieron a la sesión en la que se aprobó el ya retirado proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.
“Si dicen que ellos se han peleado, que no estaban de acuerdo, le estoy mostrando, ellos han firmado esos proyectos de ley, y lo peor que cuando se ha hecho la 218, no han estado ni presentes en la sesión, ¿de qué están ganando su sueldo?”, indicó.
Fuente: www.abi.bo
Embajador Diego Pary asegura que
todos los elementos observados de
las elecciones de 2019 fueron
clarificados
Resumen Latinoamericano, 22 de octubre de 2021.
El embajador de Bolivia en la Organización de Naciones Unidas (ONU), Diego Pary, indicó este viernes que todas las observaciones que se hicieron a las elecciones presidenciales de 2019 fueron clarificadas a un año de la recuperación de la democracia.
“Al día de hoy, todos los elementos están demostrados; al día de hoy, se han clarificado absolutamente todos los aspectos que han sido observados y, obviamente, es un momento donde toca aprender de aquellos momentos difíciles para ahora hacer que el país se proyecte hacia el futuro”, dijo en entrevista con Bolivia TV.
Según los resultados finales publicados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el 2019, el Movimiento Al Socialismo (MAS), que tenía como candidato presidencial a su líder político Evo Morales, logró 2.889.359 votos, número que representó el 47,08% de los sufragios válidos emitidos. El segundo lugar fue ocupado por la agrupación Comunidad Ciudadana (CC) que postulaba a Carlos Mesa, quien recibió 2.240.920 sufragios a favor, es decir, 36,51%.
En aquella oportunidad, sectores opositores desconocieron los resultados e impulsaron la versión del fraude con respaldo de la Organización de Estados Americanos (OEA). Pero, el TSE presentó el 25 de octubre de 2019 los resultados al 100% y confirmó la victoria del MAS. Pese a los datos oficiales, la oposición desconoció el camino de la democracia y convocó a la convulsión social que concluyó un golpe de Estado.
Un año después, el 18 de octubre de 2020, el MAS, que tuvo como candidato a Luis Arce, logró un respaldo nacional de 3.394.052 votos (55,11%) en comparación al 1.775.953 (28,83%) de Carlos Mesa, quien ocupó el segundo lugar como candidato de la alianza de oposición CC.
“Una clara demostración de que no hubo ningún fraude, que los datos que reflejó el Tribunal Supremo Electoral fueron los correctos y que no hubo ninguna planificación u organización para manipular y distorsionar los datos”, aseveró Pary.
El mandatario fue posesionado el domingo 8 de noviembre de 2020 en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Desde entonces, el Gobierno nacional aplicó medidas para contrarrestar las crisis económica, política y de salud en busca de la reconstrucción de Bolivia y su estabilidad tras la ruptura institucional.
“Lo ocurrido en octubre de 2020 es una reconfirmación de aquello que había sucedido en octubre de 2019. El 18 de octubre de 2020 fue la expresión del pueblo, la decisión del pueblo, que permitió recuperar la democracia. Nos permitió reafirmar que Bolivia quiere vivir en democracia, que Bolivia rechaza cualquier golpe de Estado”, dijo el embajador.
Actualmente, seis publicaciones internacionales descartan la existencia de fraude durante los comicios presidenciales de 2019. Las investigaciones corresponden al Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), la Universidad de Salamanca de España, la Fundación Carolina, Center for Economic and Policy Research (CEPR), una investigación realizada por expertos del Instituto de Tecnología de Massachusetts y The New York Times, que tuvo acceso a un trabajo de expertos independientes.
Fuente: www.abi.bo
Gremios anuncian que no acatarán
llamado a paro
Resumen Latinoamericano, 21 de octubre de 2021.
A juicio de dirigentes gremiales el paro convocado por la derecha boliviana tiene fines políticos y desestabilizadores.
Sectores gremiales y transportistas bolivianos decidieron el miércoles no acatar el llamado a paro convocado para este 21 de octubre por sectores de oposición al presidente Luis Arce.
A juicio de dirigentes gremiales, la medida de fuerza tiene fines políticos y desestabilizadores.
Reunidos en la ciudad de Santa Cruz, los representantes gremiales aseguraron que la ley 1386 no afecta sus intereses ya que la normatica esta destinada a combatir negocios ilícitos vinculados al narcotráfico y a la trata de personas.
“La Ley 1386 no afecta a los gremiales, la Ley 1386 no afecta a los transportistas”, indicó el dirigente gremial de Santa Cruz, Édgar Álvarez, que representa a siete organizaciones gremiales y unas 500 asociaciones de comerciantes.
En la misma línea, Juan Carlos García, ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia descartó sumarse al paro y anunció que mantendrán sus actividades dentro de la normalidad en los nueve departamentos del país.
‘Nosotros queremos comunicar al pueblo boliviano que como gremiales no vamos a cerrar ningún puesto de venta, no vamos a marchar, no vamos a bloquear, más al contrario, vamos a abrir los mercados con normalidad’, declaró García.
La Ley 1386 denominada Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo ha sido atacada por los sectores de derecha y legisladores para derogar esta normativa.
Fuente: TeleSUR
Rafael Bautista convoca a la Cumbre
del Lago Titicaca como sujeto de
derechos
Resumen Latinoamericano, 21 de octubre de 2021.
Rumbo a la Cumbre de la Qutama. Extracto de la charla para Pratec-Perú sobre la declaratoria del Lago Titicaca como sujeto de derechos
Piden a Brasil extradición de ministro
golpista
Resumen Latinoamericano, 21 de octubre de 2021.
Foto: Encabezado por la gobernante de facto, Jeanine Áñez, buena parte de su gabinete enfrenta cargos por corrupción y por el hecho mismo del Golpe de Estado.
Se trata del ministro de Defensa del Gobierno de facto, Luis Fernando López, sospechoso en el intento de magnicidio de Luis Arce.
El Gobierno de Bolivia anunció este jueves que pedirá a Brasil la extradición de Luis Fernando López, quien fuera ministro de Defensa bajo el Gobierno de facto de Jeanine Áñez, por su posible responsabilidad en el intento de magnicidio del presidente, Luis Arce.
La petición de Bolivia llega tras la publicación de unas grabaciones por parte de la revista de investigación «The Intercept», las cuales permiten determinar que López sería el autor intelectual del intento de magnicidio del entonces candidato.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que con estas revelaciones van a pedir la extradición de López desde Brasil para que pueda rendir cuentas.
El exministro de facto abandonó el país suramericano antes de que Arce asumiera la Presidencia en 2020.
Castillo ha manifestado que Luis Fernando López concretó contactos constantes con grupos irregulares y paramilitares, mediante empresas con experiencia en combate en países como Irak y Afganistán, para el intento de magnicidio.
Por su parte, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, resaltó que el intento de atentar contra el ahora presidente de Bolivia no se llegó a producir porque, entre otras cosas, las autoridades tomaron las medidas necesarias, al tiempo que Arce, quien conocía estas intenciones, fue muy cauto al no participar en todos los eventos al aire libre.
De acuerdo al Gobierno boliviano, el plan de magnicidio en Bolivia tiene relación con lo acontecido en Haití, donde los 21 aprehendidos por el asesinato del presidente Jovenel Moïse fueron reclutados por Arcángel Pretel Ortiz.
Este individuo es enlace de la denominada empresa de seguridad CTU (Counter Terrorist Unit Federal Academy), con sede en Miami (Estados Unidos) y dirigida por Antonio Emanuel Intriago Valera, la cual envió a estas personas a territorio boliviano para intentar asesinar al ahora presidente de Bolivia.
Celebran Encuentro internacional
sobre retos y desafíos en la construcción
de Estados Plurinacionales
Resumen Latinoamericano, 21 de octubre de 2021.
VI ENCUENTRO INTERNACIONAL: RETOS Y DESAFIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESTADOS PLURINACIONALES
El evento se lleva a cabo desde el 19 al 22 de octubre del 2021 en la Ciudad de La Paz. Participan Las Organizaciones del Pacto de Unidad de las Organizaciones Indígenas Originarias Campesinas, #CSUTCB, CNMCIOB-BS, CSCIOB, CONAMAQ y CIDOB junto a Autoridades Nacionales del Estado Plurinacional de Bolivia, con delegados de los diferentes regiones del país, representantes de Organizaciones Internacionales de Guatemala, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y del país Vasco, se llevó adelante el 6° Encuentro Internacional Retos y Desafíos en la Construcción de Estados Plurinacionales.“Hemos socializado la Ley 1398 que establece la creación del Registro de Comercio en Bolivia bajo la tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, entidad que reemplazará a lo que era Fundempresa y permitirá que los pueblos originarios podamos crear nuestras empresas comunitarias a partir de nuestra vocación productiva comunitaria orgánica, ecológica”.
En dicho Encuentro participaron varixs disertantes, entre ellos nuestro colaborador en Bolivia, Antonio Abal
“La democracia no la entendemos como lo entienden los estados coloniales, la democracia directa de los pueblos originarios se ejerce en las estructuras comunitarias de las mismas, donde se debate todo, no se lo aísla de la vida, mas bien tiene relación directa con ella”. (Antonio Abal Oña. Analista Político y Periodista)
“Nos dicen que los pueblos indígenas tenemos grandes extensiones de tierra y no lo sabemos trabajar, mas no es así, nosotros necesitamos el territorio intacto, para relacionarnos con la naturaleza, no necesitamos explotarla pues nuestra naturaleza intacta nos da para vivir, rotamos en el territorio y vivimos de la caza y la pesca, esa es nuestra lógica” (Justo Molina. Presidente de #CIDOB)
“Las políticas deben nacer desde nuestras comunidades, ayllus y markas, para reactivar la economía hemos llevado a cabo las Cumbres de Reactivación Económica, hemos planteado como queremos impulsar el aparato económico del Estado, conocemos las necesidades de nuestros pueblos, sabemos cómo se vive en el campo y como podemos aportar a superar la crisis económica en la que nos ha dejado el golpe de estado y en eso estamos trabajando” (Martin Chacolla. Jiliri Apu Mallku de #CONAMAQ)
“Desde #SantaCruz, la gobernación nuevamente quiere imponer como bandera el tema territorial para confrontarnos, sin embargo, no debemos caer en esas provocaciones, sabemos que la mayor concentración de tierras sigue en manos empresariales patronales, tienen mas de 6 millones de hectáreas de las cuales solo 3 millones lo trabajan, hay que seguir luchando por recuperar las tierras y distribuirlas equitativamente, pues las mujeres somos el brazo político, económico y social del Estado Plurinacional de #Bolivia” (Felipa Montenegro. Ejecutiva Departamental Federación #BartolinaSisa Santa Cruz)
“Así como ocurre con nuestra vestimenta originaria, en nuestro territorio las nuevas generaciones no aceptan nuestros alimentos tradicionales como el haba, pero tenemos claro que debemos revalorarlos y encontrar las formas de que nuestros niños y jóvenes lo vuelvan a consumir, un camino es la transformación de los alimentos en formas actuales como las galletas, los yogures, mazamorras y otros, en eso estamos trabajando en Tinguipaya, Potosí, impulsando nuestra empresa comunitaria entre 5 comunidades originarias”. (Lourdes Vilacama. ASOPRUFTH. Tinguipaya. Potosí)
PANEL 9: Situación y retos políticos actuales, pueblos indígenas y movimientos sociales hacia la construcción de Estados Plurinacionales.
Organizaciones internacionales
denuncian ante la ONU agresiones
a medios y periodistas durante el
golpe de 2019
Resumen Latinoamericano, 21 de octubre de 2021.
Tres organizaciones internacionales denunciaron ante la Relatoría de Libertad de Expresión de ONU, los hechos de violencia contra trabajadores de la prensa y medios comunitarios en noviembre de 2019 cuando Jeanine Áñez, apoyada por grupos cívicos, civiles y algunos uniformados, tomó el poder por la fuerza.
Las denuncias identifican a grupos civiles que operaron junto a los policías y militares para cometer graves hechos de violencia y agresiones racistas contra indígenas y contra autoridades.
Las acusaciones fueron presentadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), con sede en Buenos Aires, Argentina; el Sindicato de Prensa de la ciudad de Buenos Aires (SiPreBA), con sede en Buenos Aires, Argentina y Andean Information Network (AIN).
La denuncia indica que integrantes de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) “se transportan mayoritariamente en motocicletas son llamados comúnmente ‘los motoqueros’. Este grupo se definió como ‘un ente fiscalizador y de control’ preparado para responder a ‘las amenazas y el vandalismo’. Vecinos que vieron cómo se conformaba este grupo afirmaron ‘de repente en las calles aparecieron grupos paramilitares que parecían salidos de un guion cinematográfico hollywoodense: andaban armados con garrotes y púas. Usaban también bates y portaban chalecos. Para las fuerzas de seguridad era necesario matar y herir, ellos parecían cumplir una segunda función, el amedrentamiento’. La Red Andina de Información encontró ‘denuncias repetidas y grabaciones de la policía y los motoqueros trabajando en conjunto en una alianza para atacar, golpear, y detener la gente indígena y pro-MAS’”.
El documento también replica el informe de la Defensoría del Pueblo respecto a las agresiones a medios de difusión estatales y periodistas por parte de grupos civiles organizados. “Nadia Cruz, la defensora del pueblo de Bolivia tomó conocimiento de 26 casos de trabajadores de la prensa agredidos en los conflictos entre el 23 de octubre de 2019 y el 8 de noviembre de 20196 . Los ataques identificados se dieron por parte de civiles. A partir del 9 de noviembre, con el recrudecimiento de los conflictos en el país, la situación empeoró para trabajadores y medios de prensa en general. Grupos de civiles restringieron la libertad de trabajadores de prensa. Un ejemplo es el canal Televisión Boliviana BTC (BTV) y la Radio Patria Nueva que por ser, según quienes participaron de estas acciones, afines al MAS fueron cercados hasta lograr que cancelen su emisión o solamente transmitan música. En ese tiempo se daban ataques por parte de particulares a medios de comunicación provocando su cierre temporal o afectando su continuidad. Según la defensora del pueblo ‘los ataques más notorios en contra de periodistas y medios de comunicación, se dieron en el periodo de tiempo entre el 9 y 12 de noviembre, tiempo en el que no existía presencia policial o ya con el retorno a sus funciones, se vieron sobrepasados por la población aspecto que permitió un mayor nivel de violencia en contra de los trabajadores de la prensa y algunos medios’ . Destaca también que en ese momento ‘no existían garantías mínimas por parte de la Policía a favor de los periodistas’”.
Respecto a las agresiones a Radio Kawsachun Coca, la quema de sus instalaciones y las agresiones a las radios comunitarias, el reporte internacional indica que “(…) los bomberos logran calmar el incendio, no obstante, uno de los camiones hidrantes no se retiró. Aproximadamente a las 2.00 de la madrugada, con la escalera del camión que permanecía en la zona, los jóvenes lograron ingresar a las plantas superiores del edificio y lo queman en su totalidad. Algunas personas que estaban participando ingresaron también a retirar equipos y computadoras del interior del edificio para llevarlos al exterior y prenderlos fuego en la calle. Se quemaron totalmente los equipos de dos emisoras comunitarias del sector cocalero que se encontraban dentro del edificio: las repetidoras de Kawsachun Coca y Radio Soberanía (radio hermana con la que incluso comparten corresponsales y que desde fines de 1990 sufre los mismos ataques de los que ahora es víctima la radio Kawsachun Coca). Después del incendio, el amedrentamiento no cesó. Durante las siguientes dos semanas ningún trabajador de la radio pudo ingresar al edificio porque había un grupo de civiles vigilando la zona esperando que alguien se acercara”.
Otro de los casos denunciados es del periodista argentino Sebastián Moro, quien residía desde 2017 en Bolivia, trabajaba como jefe editor del semanario Prensa Rural y como conductor de diversos programas de Radio Comunidad, ambos medios de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).
Moro, fue encontrado golpeado y agonizando luego de denunciar en los medios sindicales el rol de Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho y tras titular: “Un golpe de estado en marcha en Bolivia”, exponiendo “la realidad de lo que estaba sucediendo mientras otros medios esquivaban definir de esa forma la situación”, indica el informe internacional.
Los médicos indicaron a sus familiares “que podría haber sido agredido, que no podían determinar el origen de los politraumatismos y que son lesiones propias de agresión y tortura”. Agregan que Moro tenía “un pulmón colapsado como consecuencia de un golpe” y “muerte cerebral”, además de que pasó de coma nivel 3 al 4. El 16 de noviembre, falleció debido a un infarto, indica la denuncia internacional.
“Tras su fallecimiento (la clínica) le ofreció a la familia de inmediato el servicio de cremación a pesar de que al tratarse de un posible homicidio el personal de salud tenía la obligación de practicar una autopsia”.
“En diciembre de 2020 se accede al testimonio de José Aramayo que indica que Sebastián fue agredido con golpes de un objeto contundente en la cabeza y que todos los periodistas de Radio Comunidad estaban identificados previamente por los agresores con fotografías que tenían en sus teléfonos, entre los periodistas identificados se encontraban Moro y Aramayo. Dijo también que Sebastián Moro se dedicaba a cubrir notas sobre situaciones políticas. Agregó que el 9 de noviembre de 2019 había grupos patrullando Miraflores buscando supuestos terroristas”, manifiesta el informe.
El reporte añade que José Aramayo, entonces jefe de medios de la CSUTCB, fue atacado en noviembre de 2019 en medio de una conferencia de prensa organizada para aclarar la posición política de los campesinos afines al MAS. Durante el acto ingresaron personas armadas que agredieron a los campesinos acusándolos de masistas. A Aramayo lo llevaron al exterior y lo ataron a un árbol durante varias horas mientras lo insultaban y amenazaban con darle ‘un castigo ejemplificador’”.
La denuncia de las organizaciones internacionales, concluye que “En todos los casos señalados se evidencia cómo en Bolivia, a partir del contexto de las elecciones presidenciales de 2019 y en los meses que se siguieron, en particular entre los días 9 a 12 de noviembre de 2019, grupos de civiles actuaron de manera organizada para atacar las instalaciones de medios de comunicación considerados afines al Movimiento al Socialismo (MAS) y amenazar y agredir a periodistas, violando también los derechos a la vida e integridad personal de José Aramayo y Sebastián Moro. Estos hechos contaron con la omisión o complicidad de personal policial y luego de más de un año y medio de sucedidos, siguen sin investigarse. El gobierno de facto de Jeanine Áñez no solo no tomó ninguna medida para contrarrestar estos ataques, sino que realizaba constantes declaraciones estigmatizadoras de la oposición y los medios. En este sentido y ante este escenario, el GIEI recomendó reforzar ‘las garantías institucionales, administrativas y judiciales para proteger la libertad de prensa y el ejercicio libre y seguro de la actividad periodística, para prevenir atentados contra la libertad de prensa sobre las personas o sobre los bienes y edificaciones de los medios, y, en caso de concretarse violaciones y daños, para garantizar la investigación y el juzgamiento de los responsables, y la reparación de las víctimas’”.
“El incendio del edificio de las Seis Federaciones en el que se encontraban la radio Kawsachun Coca nunca fue investigado. En el caso de las torturas a José Aramayo, incluyendo la complicidad y omisión del personal policial presente en el local de los hechos, hasta la fecha no se abrió una investigación, a pesar de que la víctima hizo la denuncia correspondiente. La muerte de Sebastián Moro fue objeto de un proceso por homicidio que empezó tardíamente por iniciativa de la Defensoría del Pueblo, pero avanza de manera excesivamente lenta y presenta serios indicios de falta de compromiso con la búsqueda de la verdad e identificación de los responsables”, añade.
Por todo lo denunciado, solicitaron a la Relatora de la ONU “declare la responsabilidad del Estado Plurinacional de Bolivia por la violación al derecho a la libertad de opinión y expresión, en función del incumplimiento de su deber de prevenir e investigar estos ataques. Los hechos sucedieron durante un momento de grave crisis democrática; algunos de ellos se dieron en el marco del amotinamiento de las fuerzas de seguridad y horas antes de la renuncia forzada del presidente Evo Morales; otros, durante los días en que hubo un vacío de poder formal en el país; y otros, bajo la autoridad del gobierno de facto de Jeanine Áñez. En cualquiera de los casos, el Estado boliviano debe avanzar en la determinación de la verdad sobre estos hechos y que las víctimas obtengan justicia por estos crímenes. Este es un derecho de toda la sociedad”.
“Pedimos que se lleven a cabo de manera urgente y efectiva los procedimientos adecuados para investigar los hechos del incendio de la radio comunitaria Kawsachun Coca, el ataque a la CSUTCB y la muerte de Sebastián Moro. En cuanto a este último caso, es importante que se mantenga informada a la familia de Sebastián de los trámites realizados, si necesario con el apoyo de la Embajada argentina en Bolivia”, menciina la denuncia.
“Luego de la recuperación democrática en el país, asegurar que los episodios de violencia e intimidación no queden impunes es imprescindible para garantizar que los hechos no se repitan”, indica el documento firmado por representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), con sede en Buenos Aires, Argentina; el Sindicato de Prensa de la ciudad de Buenos Aires (SiPreBA), con sede en Buenos Aires, Argentina y Andean Information Network (AIN).
El documento completo esta disponible en el sitio web https://www.cels.org.ar/web/wp-content/uploads/2021/10/RE-libertad-de-expresion.pdf
Fuente: www.abi.bo
Víctimas de golpe de Estado boliviano
llegan a Patacamaya
Resumen Latinoamericano, 21 de octubre de 2021.
Los manifestantes marchan por la carretera Oruro-La Paz y tienen previsto recorrer 190 kilómetros. | Foto: Agencia Boliviana de Información
Familiares y víctimas de las masacres de Bolivia exigen justicia para 37 asesinados, más de 500 heridos y 1.800 detenidos y torturados durante el régimen de facto.
Una de las representantes de las víctimas de Senkata durante el golpe de Estado en Bolivia de 2019, Marisol Rodríguez, informó este jueves a medios locales que los familiares y víctimas de las masacres de Senkata, Pedregal y Sacaba lograron llegar hasta el municipio de Patacamaya, donde descansarán hasta el viernes para continuar su movilización hacia La Paz en búsqueda de justicia.
“Tenemos cansancio muscular, pero estamos aún firmes, no vamos a rendirnos, vamos a llegar a la ciudad de El Alto y a la ciudad de La Paz. Esta marcha es por justicia, es para las víctimas, ya que en esta marcha las víctimas, los heridos, familiares de los fallecidos, los perseguidos estamos luchando por justicia y vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, expresó Marisol Rodríguez.
¡Senkata, Sacaba nunca de rodillas! ¡Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza compañeros que la lucha es dura, pero venceremos! son algunas de las consignas que los manifestantes clamaban en Patacamaya.
Los familiares y víctimas de las masacres de Bolivia en 2019 exigen justicia para 37 asesinados, más de 500 heridos y 1.800 detenidos y torturados durante el Gobierno de facto de Jeanine Añez.
Los manifestantes marchan por la carretera Oruro-La Paz, tienen previsto recorrer 190 kilómetros (km), y piden acelerar el proceso de penal contra los militares y ministros que en su momento estaban en dicho Ejecutivo.
Este jueves se cumple el tercer día de marcha de los movilizados desde que partieron de Caracollo (Oruro) en búsqueda de justicia por los decesos provocados durante el régimen de facto de Áñez.
Fuente: Telesurtv.
Envio:RL
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