COLOMBIA.

 

Presentarán informe sobre traumas 

oculares durante paro

Resumen Latinoamericano 26 de noviembre de 2021.

La organización no gubernamental Temblores presentará hoy el informe Tiros a la vista, mediante el cual dará detalles sobre los traumas oculares ocasionados por policías a manifestantes en el contexto del paro nacional en Colombia.

El pasado 28 de abril comenzó una ola de movilizaciones contra el gobierno de Iván Duque, considerada el mayor estallido social de los últimos 70 años en este país.

Las manifestaciones, que contemplaban un amplio pliego de demandas entre las cuales sobresalieron cumplimiento del Acuerdo de Paz, matrícula cero para los estudiantes universitarios, retiro de la reforma tributaria propuesta por el gobierno, entre otras, se extendieron durante unos tres meses por todo el país.

Ante tal panorama, la administración de Iván Duque autorizó un fuerte despliegue policial y militar, para contrarrestar las manifestaciones que, por lo general eran reprimidas cada noche por los uniformados, en especial por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

A este cuerpo élite de la policía, se le atribuye buena cantidad de violaciones a los derechos humanos en el contexto del paro, tales como abusos sexuales, torturas, asesinatos, intimidación, traumas oculares, entre otros.

La cifra de personas con mutilaciones oculares se convirtió en uno de los marcadores de la violencia policial en el paro, que a través de la plataforma Grita!, Temblores denunció más de 100 casos, el 50 por ciento de ellos perpetrados en esta capital.

El informe será presentado en conjunto con otras organizaciones defensoras de los derechos humanos como el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social de la Universidad de Los Andes (Paiis).

Este documento, explicó la directora del Paiis, Juliana Bustamante, a una emisora local, revelará un presunto uso deliberado de las armas del Esmad contra los protestantes durante las jornadas del paro nacional.

Este tipo de ataques a los ojos se puede entender como una práctica importada desde Chile, donde en las multitudinarias manifestaciones desarrolladas principalmente entre octubre de 2019 y marzo de 2020, ocurrieron más de 400 casos de mutilación ocular.

Fuente: Prensa Latina

Siguen los desplazamientos masivos 

en Buenaventura

Por Contagio Radio, Resumen Latinoamericano, 26 de noviembre de 2021.

Desplazamientos masivos en Buenaventura. Fotografía cortesía Comisiòn de Justicia y Paz.

La Comisión de Justicia y Paz, sigue denunciando la difícil situación de cientos de familias indígenas y afrocolombianas en Buenaventura. Ayer 24 de noviembre, la organización señaló que la comunidad negra de San Antonio de Guadual, fue desplazada de manera forzada por los enfrentamientos entre ELN y Clan del Golfo.

Este 25 de noviembre también se alertó sobre el desplazamiento masivo de de las familias Wounaan Nonam del Resguardo Humanitario Santa Rosa de Guayacán. Según JYP, sobre las 11:45 a. m. la Armada Nacional ingresó a la quebrada Guadual cerca al caserío del resguardo y en donde se presentaron combates armados el día de ayer.

Ayer, «la población indígena exigió a la guerrilla del ELN el retiro inmediato de su lugar de habitación, logrando que al medio día se retiraran, sin embargo, los integrantes de las AGC se mantuvieron en ese lugar entrando en contacto armado con las Fuerzas Militares», informó la Comisión.

Por ahora, transcurrieron más de tres horas de confrontaciones sin que haya un cese de fuego y por tal razón, 150 Wounaan tomaron sus embarcaciones y unos pocos enseres para abandonar la zona y dirigirse al casco urbano del municipio.

La comisión, que además señala que el Gobierno Nacional ha hecho oídos sordos a la propuesta comunitaria de un Acuerdo Humanitario Global, también lo hizo responsable por lo que pueda acontecer en estos próximos días. «Se asume desde ya la responsabilidad estatal y gubernamental ante su inacción para proteger a la población desde hace más de cuatro meses cuando se incrementaron un operaciones armadas en el territorio afrocolombiano e indígena de San Juan, (Chocó) y Calima (Valle)», afirmó este miércoles en un denuncia la Comisión de JYP.

Comunidad negra de San Antonio de Guadual, desplazada por combates de grupos armados

Comunidad negra de San Antonio de Guadual, Fotografía cortesía de la Comisión de Justicia y Paz.

La Comisión de Justicia y Paz, nuevamente denuncia que comunidades están en medio de combates de grupos armados. Esta vez la organización advirtió que, la comunidad negra de San Antonio de Guadual y la comunidad Wounaan Nonam del resguardo Santa Rosa de Guayacán en Buenaventura, Cauca.

En la zona, la población civil ha venido siendo victima de los enfrentamiento entre la guerrilla del ELN (Ejercito de Liberación Nacional) y el Clan del Golfo, autodenominado AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Según la información de Justicia y Paz, más de 120 personas del resguardo Santa Rosa de Guayacán han quedado en medio del fuego cruzado y se ubican de manera provisional en una escuela y un Salón Comunal.

Este 24 de noviembre, en el quinto aniversario del Acuerdo de Paz, familias negras tuvieron que abandonar sus hogares, pues desde el pasado 22 de noviembre, el Clan del Golfo ha hecho presencia en su caseríos y han obligado a la población desplazarse hacia Buenaventura.

La comunidad indígena, también está contemplando el partir de sus territorios antes el riesgo que implica la presencia de los armados para 150 personas, entre las que se cuentan a varios jóvenes, niños y niñas. «La comunidad Wounaan Nonam del Resguardo Humanitario Santa Rosa de Guayacán en este momento se encuentra rodeada por las AGC que permanecen en la quebrada Guadual muy cerca del caserío indígena y por el ELN. Ante esta situación la comunidad indígena ha exigido el retiro inmediato del alrededor de su caserío a la guerrilla del ELN», manifestó la Comisión de Justicia y Paz.

Hoy con la carta abierta número 36 de la agrupación de comunidades, Somos Génesis, representada por JYP, conmemoró el aniversario de la firma del Acuerdo de Paz en Bogotá y reiteró que es indispensable que se entable un Acuerdo Humanitario Global que garantice la protección de la población inocente y la de los combatientes legales e ilegales. Además, el AHG, lograría que la violencia impartida por grupos armados que se disputan los territorios antes ocupados por las FARC preserve el cumplimiento de los DDHH y el DIH.

La comisión, que además señala que el Gobierno Nacional ha hecho oídos sordos a las propuesta comunitarias, también lo hizo responsable por lo que pueda acontecer en estos próximos días. «Se asume desde ya la responsabilidad estatal y gubernamental ante su inacción para proteger a la población desde hace más de cuatro meses cuando se incrementaron un operaciones armadas en el territorio afrocolombiano e indígena de San Juan, (Chocó) y Calima (Valle)», agregó en su denuncia JYP.

El derecho de las mujeres a decidir 

la maternidad

Por Adriana de León Hernández, Resumen Latinoamericano, 25 de noviembre de 2021.

Parece obvio hablar actualmente de los derechos a la igualdad, la salud, la autonomía reproductiva y la libertad de conciencia de las mujeres y las niñas. Sin embargo, estos han tenido que ser férreamente defendidos por colectivos de mujeres y organizaciones de derechos humanos que buscan que el derecho al aborto deje de ser un delito que criminalice y castigue a las mujeres.

Por Adriana De León*. A partir del 2006, Colombia dejó de tener el modelo más punitivo con una prohibición sin excepciones del aborto, a tener un modelo que contempla unas causales para la Interrupción Voluntaria del Embarazo -IVE-. No obstante, la lucha por este derecho ha estado presente en Colombia desde mucho antes.

Un recorrido de muchos esfuerzos

Diversos proyectos de ley presentados desde la década de los setenta, intentaron modificar la prohibición total del aborto. El senador Iván López Botero en 1975 promovió el proyecto “por el cual se reglamenta la interrupción terapéutica del embarazo”, para mujeres entre 14 y 45 años con el requisito del dictamen médico, y en caso de las mujeres casadas con la autorización del marido. Si eran menores, necitaban la autorización de sus padres o tutores legales.

En 1979, la senadora Consuelo Lleras del partido liberal presentó otro proyecto “para la salud y la vida de las mujeres que habitan en Colombia”, contemplando la interrupción dentro de las 12 semanas en tres causales. Ninguno de los dos fue aprobado.

En los años 80, el senador Eduardo Romo Rosero presentó en 1987 un proyecto para la despenalización en determinados casos. Y en 1989 el senador Emilio Urrea presentó otro para la legalización con un término máximo de 90 días en los casos de serio peligro para la salud física y psíquica de la mujer. Estos tampoco tuvieron éxito.

Después de la Constitución de 1991, la representante Ana García de Pechthalt, radicó un nuevo proyecto orientado a la despenalización del aborto en mujeres mayores de 18 años. Estas podrían realizar la IVE antes de cumplirse 90 días de gestación, en caso de peligro para la salud física y psíquica de la mujer, o cuando sus condiciones socioeconómicas lo justificaran.

En ese mismo, año la senadora Vera Grave de la Alianza Democrática M-19, presentabó una iniciativa encaminada al derecho a decidir el número de hijos y optar por la interrupción del embarazo en determinados casos. Estos proyectos sustentaron por primera vez la libre opción de la maternidad como derecho. Sin embargo, se hundieron antes de ser sometidos a debate.

Para 1997 la senadora Piedad Córdoba, quien había intentado un proyecto de ley en 1995 sobre salud reproductiva, planteó la despenalización del aborto por causas específicas como el acceso carnal violento, la inseminación no consentida o por peligro de la vida de la madrei.

Distintas maneras de enfocar un derecho

Lo significativo de estos intentos es que permiten ver la evolución de la problematización del derecho al aborto: en los años 70 y 80 se hizo de carácter social bajo el marco de la salud pública, mientras la prensa lo trataba como un problema moral. En los años 90 se enmarcó en la libre opción de la maternidad como derecho. Y en estas dos décadas del siglo XXI se ha problematizado a partir de los derechos humanos de las mujeres.

Aunque en la década de los 2000 empiezan a vislumbrarse cambios positivos para las mujeres, como lo fue el nuevo código penalii que contemplaba como causal de atenuación la posibilidad de que el funcionario judicial prescindiera de la pena si el aborto sucedía en condiciones anormales, lo cierto era que seguía imperando el criterio del castigo y de la mujer como criminal.

Con la sentencia C-355 de 2006iii, la Corte Constitucional finalmente despenalizó el aborto en tres causales puntuales: i) cuando el embarazo constituye peligro para la vida o la salud de la mujer; ii) cuando existe grave malformación del feto que haga inviable la vida extrauterina; o iii) cuando el embarazo es resultado de una conducta delictiva, como por ejemplo acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto. Esto se constituyó bajo el argumento de que imponer una pena a las mujeres en esta circunstancia constituía “una injerencia desproporcionada e irrazonable en la libertad y dignidad de la mujer”iv.

El poco éxito de las iniciativas en el Congreso de la República y las discusiones en el plano de la medicina y lo moral, impuso a las mujeres colombianas un deber “familiar” al mismo tiempo que las desconoció como sujetas de derechos. Así, es un hecho que la demanda realizada por iniciativa de organizaciones de mujeres y defensoras de derechos humanos marcó la lucha por la interrupción voluntaria del embarazo a través del llamado litigio de alto impacto, que consolida el debate desde la justicia social y la equidad de género.

¿Qué sucedió después de la sentencia C-355 de 2006?

Al cumplirse más de 10 años de la sentencia, varias investigaciones develaron las principales barreras en el ejercicio fundamental a la IVE, enmarcadas en obstáculos institucionales y culturales que vulneran los derechos de las mujeres y las niñas.

Dichos obstáculos están relacionados con una ausencia de información o tergiversación de la misma por parte de actores involucrados como personal médico, funcionarios de justicia y entidades del Estado (un ejemplo es lo ocurrido durante el periodo de Alejandro Ordóñez como procurador general de la nación); fallas en la prestación del servicio, no solo en la disponibilidad de profesionales sino de infraestructura; y concepciones culturales sobre la IVE que se han mantenido bajo un ejercicio inadecuado de la objeción de conciencia de manera absoluta, institucional y muchas veces fuera de la regulaciónv.

Desconocer los alcances de la sentencia, generar brechas en el acceso a la información, imponer requisitos inexistentes (como juntas médicas), o revictimizar a las mujeres que solicitan el servicio por cuenta de prejuicios personales; sitúa a las mujeres en un lugar de desprotección por parte de la sociedad y el Estado en la garantía de sus derechos.

En busca de la eliminación del delito de aborto

En septiembre 2020 el movimiento Causa Justa, conformado por organizaciones y activistas de todo el país, interpuso una demanda ante la Corte Constitucional para que se declare inconstitucional el Artículo 122 del Código Penal, por violar la Constitución y los tratados internacionales de Derechos Humanos.

Esta nueva demanda refuerza los argumentos que vienen consolidándose sobre la actual ineficiencia del delito y la violación de derechos de las mujeres en varios aspectos. El delito genera estigmatización, impidiendo que las mujeres accedan a la IVE aún en las causales permitidas. Vulnera la igualdad al acentuar las barreras estructurales en las mujeres más vulnerables (mujeres de la ruralidad, de escasos recursos económicos, migrantes, con discapacidad o inmersas en el conflicto armado). El derecho a la salud se ve afectado porque a pesar de las causales las tasas de morbilidad materna asociada al aborto inseguro siguen siendo importantes. Y viola el derecho a la libertad de ejercicio de los profesionales de la salud, al ser susceptibles de una sanción penal si se considera que el procedimiento no obedeció a las tres causales vigentesvi.

Los argumentos permiten evidenciar que el debate constitucional es nuevo, por tanto, el alto tribunal está en plena facultad de debatir y pronunciarse al respecto. Sin embargo, el pasado jueves 18 de noviembre el esperado fallo se suspendió por cuenta de la decisión sobre posible impedimento de uno de los magistrados, y a la fecha no se sabe cuando se agendará de nuevo el debate, Lo que si está claro es que es un momento importante para que la Corte decida a la luz de los derechos fundamentales de las mujeres.

En América Latina, países como Argentina, Uruguay, Cuba y los estados de Ciudad de México y Oxaca en México permiten la interrupción voluntaria del embarazo dentro de unos plazos establecidos. Recientemente en Chile avanzó la despenalización en la Cámara, quedando pendiente la aprobación del Senado. Este panorama permite ver el avance de la llamada “Ola Verde” por los derechos que reclaman las mujeres a decidir libremente sobre la maternidad y acceder de manera justa y digna a los servicios de salud reproductivos. Colombia no es la excepción y se espera una pronta respuesta del alto tribunal.

*Adriana de León Hernández es una feminista colaboradora de Colombia Informa. Abogada con estudios de especialización en Género y Feminismo y Máster en Sociología del Trabajo y el Empleo.

Fuente: Colombia informa

¿Dónde está la paz?

Por Berta Camprubí*, Resumen Latinoamericano, 25 de noviembre de 2021. 

A cinco años de la firma de los acuerdos de paz, líderes sociales y políticos denuncian que no se está implementando.

El 26 de septiembre de 2016 en Cartagena de Indias, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- y el Estado colombiano (en ese momento a cargo del político conservador Juan Manuel Santos) firmaron un acuerdo de paz histórico, anhelado desde todo el continente latinoamericano, que teóricamente ponía fin al conflicto armado más viejo de la región.

Esa guerrilla, todavía activa desde tiempos del Che Guevara, abandonaba las armas y se reincorporaba a la vida civil con un acuerdo que muchas tildaron de ejemplar por incorporar, durante sus negociaciones en La Habana, la voz de víctimas del conflicto, pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres y otros sectores sociales colombianos. Era un acuerdo no solo para excombatientes y Estado.

Sin embargo, en una secuencia de los hechos inusual y contradictoria, una semana después de la firma (el 2 de octubre) se celebró el plebiscito que consultaba a la sociedad colombiana sobre si apoyaba los acuerdos. El 50,2% de las electoras votó que “No”.

A partir de ese inesperado resultado, el sector político que había protagonizado la campaña por la negación de los acuerdos (el Centro Democrático liderado por el expresidente Álvaro Uribe y acompañado de pastores de iglesias evangélicas), exigieron y lograron una renegociación de los acuerdos con el gobierno de Santos y la exguerrilla liderada por Rodrigo Londoño, alias Timochenko.

Así, el 24 de noviembre se firmaba el Acuerdo Final por la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en el teatro Colón de Bogotá. Un año y medio después, en junio de 2018, Iván Duque, candidato escogido por Álvaro Uribe, ganí las elecciones presidenciales con una campaña en la que miembros de su partido habían asegurado “hacer trizas los acuerdos de paz”.

Ha llovido mucho desde entonces. Cinco años después de la firma, líderes sociales, políticos y del mundo de la cultura colombiana dan en este reportaje su impresión de la implementación de los acuerdos de paz y de la grave situación de vulneración de Derechos Humanos que se vive de nuevo en los territorios.

Desde la Guajira, ex combatientes de las FARC denuncian una situación de abandono por parte del Estado. Desde Buenaventura, líderes afrocolombianos exponen el estancamiento total de la reforma rural integral que prometía el acuerdo. Y desde Bogotá, congresistas aseguran que más que avanzar, en términos de defensa de la vida y participación política se ha retrocedido respecto al 2016. Músicos y cineastas proponen formas de imaginar y construir una paz territorial real.

*Berta Campubrí es colaboradora de Colombia Informa desde el Cauca, Colombia.

Fuente: Colombia informa

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