HONDURAS.

 

Mantienen medidas cautelares a favor 

de familiares de Berta Cáceres y el 

Copinh

Resumen Latinoamericano, 19 de noviembre de 2021.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió esta semana la Resolución de Seguimiento No. 88/2021 mediante la cual decidió mantener las medidas cautelares a favor del núcleo familiar de Berta Cáceres e integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).

La resolución también incluye a miembros del equipo legal, entre ellos el abogado Víctor Fernández, Arnold Guifarro, Carlo Jiménez, el señor A y las señoras B y C, quienes dan «acompañamiento legal a la familia de Berta Cáceres en todos los procesos relacionados con la investigación de su asesinato».

El pronunciamiento compartido por la CIDH, establece que «otorgó medidas cautelares a favor de las personas beneficiarias en las Resolución 8/2016 del 5 de marzo de 2016, y Resolución 16/2016 del 23 de marzo de 2018, al considerar que se encontraban en situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos».

Planteado esto, dejó claro que «requiere al Estado de Honduras continuar adoptando las medidas necesarias para garantizar efectivamente su vida e integridad personal en los términos de las solicitudes» previamente mencionadas.

En su publicación en redes sociales sobre la resolución de seguimiento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos replicó el párrafo anterior expresando: «El Estado de Honduras debe garantizar la vida e integridad personal de familiares de Berta Cáceres y de las y los integrantes del COPINH».

En el comunicado publicado solicitaron «a las partes remitir información concreta, detallada y actualizada sobre la situación de las personas beneficiarias con miras a continuar evaluando su situación en los términos del artículo 25 del Reglamento».

De igual forma, manifestaron la disposición de la CIDH de visitar Honduras, «previa anuencia del Estado, a fin de verificar la situación de las personas beneficiarias de las presentes medidas cautelares, lo que podría incluir, entre otros, una reunión de trabajo con las partes, y reuniones con las personas beneficiarias, y con las autoridades internas directamente responsables de la implementación de las presentes medidas cautelares».

En el caso del asesinato de la lideresa indígena Lenca, Berta Cáceres, el Ministerio Público reporta a la fecha la condena de ocho personas implicadas en el asesinato de la ambientalista. El último de los cuales fue el gerente de Desarrollo Energéticos SA, Roberto David Castillo Mejía, encontrado culpable a título de coautor del asesinato de la ambientalista, sin embargo, hasta la fecha no se le ha dictado sentencia.

La red que participó en la concesión del proyecto hidroeléctrico «Agua Zarca» y el posterior crimen contra la lideresa Berta Cáceres continúa siendo desenredada a tropezones por el sistema de justicia de Honduras. Esta semana, el Poder Judicial decretó la apertura del juicio «Fraude Sobre el Gualcarque» con solo 6 de los 16 funcionarios implicados en la concesión del proyecto hidroeléctrico «Agua Zarca».

Mientras que la Corte de Apelaciones revocó el sobreseimiento definitivo dictado a favor del agente de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Juan Carlos Cruz, y el expolicía, Miguel Arcángel Rosales Izcano. Ambos acusados por los delitos de inutilización de registros y falsificación de documentos públicos destinados a servir como medios de prueba en la investigación del asesinato de la ambientalista y líder indígena, Berta Cáceres.

Fuente: Criterio

Nuevas reformas al Código Penal 

son la consagración de la impunidad 

empresarial

Resumen Latinoamericano, 18 de noviembre de 2021.

El consultor español que trabajó en la elaboración del nuevo Código Penal de Honduras, Francisco Javier Álvarez García, manifestó que las últimas reformas realizadas a dicho texto legal son «la consagración de la impunidad de los empresarios» y que «no, no lo han reformado, lo han suprimido».

El también Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid, dijo que fueron varias las modificaciones que le impactaron y las mismas abarcan desde temas de lavado de activos, trata de personas, usura, el delito de usurpación y las modificaciones que se efectuaron a las medidas provisionales.

«Pero me parece tremenda, la última reforma me parece tremenda», dijo al referirse a una modificación realizada a las medidas provisionales a favor de los campesinos con relación al delito de usurpación, para que estos no enfrentarán prisión hasta que se resolviera el tema mediante sentencia.

Es importante recordar que durante la última reforma realizada al Código Penal, el pasado jueves 7 de octubre durante el feriado Morazánico, la definición de lo que representa el delito de usurpación fue ampliado para incluir espacios públicos como calles, carreteras, parques, áreas verdes o «cualquier otro bien del Estado, o de las municipalidades o bienes inmuebles considerados como Patrimonio Cultural o Reserva Natural» o «cuando debido a la usurpación se obstaculice la realización de proyectos autorizados por el Estado».

Antes de la referida reforma el delito de usurpación estaba consignado en el artículo 378 del Código Penal que inicialmente estipulaba una pena de prisión de dos a cuatro años, sin embargo, ahora la pena pasó de cuatro a seis años y con la adición del artículo 378-A, que establece como agravante cualquier acción de protesta ejercida por dos o más personas, incrementa la pena de prisión de seis a diez años e inhabilitación absoluta.

Sobre el hecho que las reformas se realizarán de cara al proceso electoral del domingo 28 de noviembre, el profesional del derecho penal indicó que no le sorprende, «estamos acostumbrados que cuando un proceso electoral es inminente pues los que están en el poder pues pagan los favores que deben antes de abandonar el poder».

Sin embargo, lo que sí le sorprendió fue «la tremenda desvergüenza que supone quitar una responsabilidad como las referidas a las empresas» pues da «campo libre [a los empresarios] para hacer lo que quieran» y justamente de eso se trata dicha modificación, afirmó Álvarez García.

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IMPLICACIONES DE LA DEROGACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Previamente, en un artículo de opinión titulado: «Legislación penal y dictadura», publicado por Criterio.hn, Álvarez García dejó claro que cuando se «derogan los preceptos referidos a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, es lo mismo que decir que para disminuir las muertes violentas se derogan los delitos de homicidio y asesinato».

Asimismo, establece que «en realidad, lo que se ha efectuado con la reforma del Código Penal es, además de pagar favores, consagrar la absoluta impunidad en materia fiscal, de lavado, y un largo etcétera, de las empresas y organizaciones en general que actúan en el círculo delictivo».

Sobre este tema, el profesional del derecho ahondó que la reforma «se dirige a la consagración de la impunidad de los empresarios», ya que al introducir la responsabilidad de las personas jurídicas en el Código Penal se buscaba romper «lo que ha sido el juego tradicional en Honduras».

Este juego consiste en que cuando se sorprende a una empresa en lavado de dinero o en fraudes fiscales, está usaba a un «hombre de paja», que es quien cargaba las responsabilidades; «pero la empresa es quien se había beneficiado y los grupos que había detrás de ella pues quedaban impunes». Con esto se buscaba romper el sistema de impunidad de las empresas que actúan en el ámbito de la delincuencia, narró Álvarez García.

Para conocer más ingrese a: Reformas a la Ley de Lavado de Activos: estocada final a la lucha contra la corrupción en Honduras
Ante estas «reformas», el catedrático de Derecho Penal afirmó: «yo me desvinculo absolutamente», lo cual lamentó pues señaló que «la elaboración del código fue muy trabajosa» pues requirió de mucho tiempo y negociaciones y ahora se encuentran «con que se malogra buena parte del trabajo que se ejecutó».

Y no se refiere únicamente al trabajo que realizó como consultor internacional junto a su equipo, sino también al trabajo de dos años de muchos hondureños y hondureñas, que incluyeron fiscales, jueces, policía, sociedad civil y otros especialistas para «poner en pie un texto que supusiera un avance respecto del texto que había vigente» y que ahora «se está tirando por la ventana el trabajo»

Con relación a sus honorarios como consultor y el de su equipo conformado entre ocho y diez personas, Álvarez García pormenorizó que el mismo fue poco y que inicialmente fue cubierto por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que «directa o indirectamente, pagó todo» hasta mayo de 2017. Esto incluyó además de los honorarios, alquiler de hoteles, para estadía y reuniones, comidas, viajes de avión.

Posteriormente, los gastos fueron pagados directamente por el Congreso Nacional y que «cada día que yo estaba en Honduras me daban una dieta, para que usted se haga idea, como de 350 dólares». Esta cantidad solo cubría las visitas a Honduras, explicó. Mientras que «el trabajo que nosotros hacíamos para ir a Honduras y llevar ahí textos y propuestas, ese trabajo no se pagó en ningún momento. Lo único que se pagó fue: ya le digo los viajes y la estancia naturalmente».

ANTECEDENTES

En la historia de la legislación reciente de Honduras, el consultor español y catedrático universitario, Francisco Javier Álvarez García no es el primero en desvincularse de las torcidas reformas realizadas al interior del Congreso Nacional con el visto bueno del Poder Ejecutivo.

Previamente, en 2015, Paul Romer, autor intelectual y promotor de las ciudades modelo, criticó el autoritarismo de la reducida élite que controla Honduras y afirmó: «No sé si estoy observando una farsa o una tragedia» en referencia a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) en Honduras, previamente conocidas como Regiones Especiales para el Desarrollo (RED) y que fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia.

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Es importante resaltar que mucho antes de que iniciarán las reformas al nuevo Código Penal había un fuerte rechazo a la nueva legislación. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) exigió una declaratoria de inconstitucionalidad del mismo, diputados de la oposición del Congreso Nacional intentaron abrogarlo, pues a juicio de analistas su aplicación generaba beneficios para políticos y funcionarios acusados de corrupción.

En junio de 2017, miembros de la Articulación 611 -integrada por organizaciones defensoras de los derechos humanos, feministas, colectivos LGTBI, niñez, movimientos campesinos y otras- denunciaron «un muro de opacidad, falta de transparencia y autoritarismo» en relación con el contenido del entonces Proyecto del Código Penal de Honduras.

Además, la Articulación 611, integrada por profesionales del derecho y defensores de derechos humanos, previno que el nuevo Código Penal no debía entrar en vigor por ser lesivo para Honduras, que atentaba contra la libertad de expresión y reducía las penas a corruptos y condenó la aprobación de «Ley Terrorista» en el artículo 590, por considerar que su contenido es profundamente antidemocrático y podía ser utilizado para reprimir la protesta social y perseguir a la disidencia política en Honduras.

En noviembre de 2018, el abogado Edy Tabora -entonces director del Comité por la Libre Expresión (C-Libre)- advirtió que la nueva legislación fue diseñado para proteger el poder económico y político, porque criminalizaba la protesta social para favorecer el supuesto desarrollo. Mientras que, en agosto de 2019, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edilson Lanza, advirtió sobre una serie de violaciones a los derechos fundamentales contenidas en el nuevo Código Penal.

Fuente: Criterio

Entre el continuismo y la democracia 

participativa

Resumen Latinoamericano, 18 de noviembre de 2021. 

Los candidatos a la presidencia de Honduras, en sustitución del actual mandatario y representante del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, presentan hoy propuestas vinculadas al desarrollo económico y sostenible, seguridad, justicia, defensa y protección a grupos vulnerables.

Si bien 14 personas aspiran a la máxima dirección del país centroamericano, Xiomara Castro, por el izquierdista Partido Libertad y Refundación (Libre), lidera ampliamente las encuestas con 38 por ciento, seguida del postulante oficialista, Nasry Asfura, con el 21 por ciento.

El ingeniero en agricultura Mario Mora aseguró a Prensa Latina que, a excepción de Castro con un plan soberanista, patriótico y alternativo al capitalismo neoliberal, el resto de los candidatos enarbola propuestas muy similares y en consonancia con la égida de los Estados Unidos y las naciones de la Unión Europea.

«Estamos hasta la saciedad de gobiernos que agudizan la crisis económica y social, tras la privatización de compañías estatales como la de telecomunicaciones, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, puertos, aeropuertos y el programa de mecanización agrícola», reconoció el profesional hondureño.

La lista aportada por Mora comprende también lo que él denomina como «desnacionalización silenciosa de los hospitales públicos» y un deterioro y abandono progresivo de las escuelas; sumado a cifras alarmantes de deserción de decenas de miles de escolares en los niveles de prebásica, primaria y secundaria.

«El capitalismo neoliberal es un modelo económico fracasado en los países dependientes de la producción de materias primas como el nuestro, de ahí que los índices de pobreza rebasen el 74 por ciento y los de pobreza extrema el 43 por ciento, luego de tres periodos en el poder del Partido Nacional», argumentó. Para Gilberto Ríos, postulante a diputado por el departamento hondureño de Francisco Morazán, la contienda real por la presidencia comprende sólo tres fuerzas: el tradicional bipartidismo, representado durante más de un siglo por el Partido Nacional y el Partido Liberal, y Libre.

«Las dos primeras organizaciones partidistas están agotadas, por eso Xiomara llena un vacío muy grande de liderazgo político. Además, el equipo que la acompaña reúne a excelentes profesionales, líderes obreros y estudiantiles y luchadores por los derechos humanos», aseguró el dirigente político a Prensa Latina.

XIOMARA CASTRO, FAVORITA A LA PRESIDENCIA

El origen de la situación actual es el golpe de estado del 28 de junio de 2009, el primero de su tipo considerado como exitoso en el siglo XXI, contra el entonces presidente Manuel Zelaya, esposo de Xiomara, y en consonancia con los intereses de una élite conservadora.

«Honduras es hoy una nación en descrédito y con una deuda que aumentó en 400 por ciento durante la última década. También un narco-estado con los niveles más altos de miseria en su historia. De ahí, la emigración masiva de la población hacia países del norte en la búsqueda de otras oportunidades», indicó Mora.

El ingeniero hondureño refirió cómo el partido gobernante aparece involucrado en el saqueo de recursos, narcotráfico y lavado de activos de procedencia ilegal, con juicios pendientes por el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, si bien resultan amparados por las Zonas Especiales de Desarrollo (Zedes).

Los tradicionales partidos Nacional y Liberal representan, de acuerdo con Ríos, la profundización o continuidad del modelo neoliberal, las privatizaciones, la lógica extractivista y el comprometimiento de la soberanía, frente a Libre con una visión de rescate de la institucionalidad e impulso de un estado popular.

Libre apuesta por la derogación de, al menos, 13 leyes que consideran el sustento de la

dictatura, entre ellas, la Fundamental de Educación, Zonas Especiales de Desarrollo, Coalianza, Reserva de información de Mi Ambiente, para el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y de Empleo Temporal.

RETOS DEL NUEVO GOBIERNO

Una deuda externa superior a los 10 mil millones de dólares, la existencia de bombas fiscales, escándalos de corrupción, saqueo de las arcas públicas y malos resultados de las empresas públicas constituyen algunos de los desafíos para el nuevo ejecutivo, con capacidad de gestión desde el venidero 27 de enero de 2022.

Mora señaló como retos del nuevo gobierno: la disminución de la tasa de desempleo, la creación de un plan masivo de puestos laborales, la implementación de políticas crediticias a favor de los pequeños y medianos empresarios, y el reemplazo de las importaciones mediante el fomento de la industria nacional.

«La recuperación de todas las empresas nacionales deberá ser la columna vertebral, unido a la desprivatización. Con un estado fuerte podemos dejar atrás la colonización económica y el sometimiento a los capitales financieros, pues las transnacionales controlan casi 90 por ciento de nuestro patrimonio», apuntó.

Si bien persisten posiciones conservadoras, manifestó Ríos, existe un consenso general en la población respecto a la necesidad de que acabe el actual ejecutivo nacionalista y a no dar continuidad con el candidato oficialista Nasry Asfura, actual alcalde de Tegucigalpa.

En esa voluntad organizaciones de izquierda, centroizquierda, socialdemócratas y centroderecha, entre ellas, la Alianza Liberal Opositora manifestaron su adhesión al proyecto de país de Libre, inscrito tiempo después del golpe de estado de 2009, como el séptimo partido político del país centroamericano.

Fuente: Prensa Latina

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