Repudios y pedido de justicia por el asesinato de Lucas González.

 Pidieron la detención de los tres policías acusados de haber asesinado a Lucas González

Quedaron acusados del delito de "homicidio agravado por haber sido perpetrado por miembros de las fuerzas policiales abusando de sus funciones", el cual prevé la pena de prisión perpetua en un futuro juicio oral.

20-11-2021

"Tergiversaron los hechos al momento de informarlos a la autoridad judicial para mejorar su situación procesal".

Los fiscales que investigan el crimen de Lucas González solicitaron la detención de los tres efectivos de la Policía de la Ciudad que participaron del operativo en el que fue asesinado el adolescente el miércoles último en el barrio de Barracas, informaron fuentes judiciales.

Se trata del inspector Gabriel Isassi, el oficial mayor Fabián López y el oficial José Nievas, quienes se desempeñaban en la brigada de Sumarios e Investigaciones de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad.

Los tres quedaron acusados del delito de "homicidio agravado por haber sido perpetrado por miembros de las fuerzas policiales abusando de sus funciones", el cual prevé la pena de prisión perpetua en un futuro juicio oral.

El pedido fue firmado anoche por los fiscales Leonel Gómez Barbella, a cargo de la fiscalía nacional en lo Criminal y Correccional 32, y el fiscal Andrés Heim, a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin).

El juez Martín Carlos Del Viso había delegado en ellos la instrucción de la causa.

"En solo cinco horas se solicitó una batería de medidas y se pidió la detención de los tres policías", dijo a Télam una fuente judicial, que confió que ahora el juez Del Viso debe avalar lo solicitado por el fiscal.

Además, los fiscales pidieron que se dicte el secreto de sumario y rechazaron las eximiciones de prisión que habían solicitado los tres policías involucrados a través de su abogado, Alfredo Oliván.

Para rechazar ese planteo, el fiscal Gómez Barbella y el fiscal Heim consideraron que los imputados "tergiversaron los hechos al momento de informarlos a la autoridad judicial para mejorar su situación procesal, circunstancia que daría cuenta no solo de su voluntad de sustraerse del proceso penal que se le sigue, sino también entorpecer la investigación".

También, entendieron que, estando en libertad, los policías pueden "amedrentar y hostigar a testigos y familiares, mas aún conociendo los pormenores de un proceso penal por la función propia".

"Vamos a seguir peleando hasta el final porque han destruido a una familia, mi hijo no se merecía eso", expresó el papá de Lucas.

"Cabe destacar que este riesgo se torna especialmente grave en investigaciones vinculadas a delitos como los que nos convocan, en los cuales no pueden descartarse que, por su entidad, haya causado repercusiones psíquicas en las víctimas, que impacten negativamente sobre su voluntad de colaborar y testimoniar en el marco de la investigación, en caso de que la libertad de los imputados no sea restringida de momento", señalaron.

En tanto, el fiscal Gómez Barbella se comunicó con Cintia, la madre de Lucas, para darle su apoyo y comunicarle todas las novedades de la causa.

Además, puso a disposición de las familias a los profesionales de la Dirección de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) del Ministerio Público Fiscal.

Tras conocerse el pedido de detención de los policías, Mario, padre del adolescente, dijo a Télam que espera que "se cumpla eso", ya que la única forma que su hijo "descanse en paz va a ser cuando estén presos y condenados", por lo que continuará "la lucha el lunes con la marcha a Tribunales y el reclamo de cárcel para los asesinos".

La familia esperaba esta mañana que el cuerpo de Lucas sea entregado para asistir al velatorio a realizarse en una sala de ese partido de la zona sur del conurbano.

"Vamos a seguir peleando hasta el final porque han destruido a una familia, mi hijo no se merecía eso", expresó "Peka" y añadió: "Estamos muy agradecidos por toda la ayuda de los medios de comunicación y del pueblo de (Florencio) Varela y de todos los lugares por el apoyo que nos dan".

Al igual que Mario, su esposa Cintia también se mostró "agradecida de todo corazón con todos los medios de comunicación".

"Ojalá me puedan seguir apoyando y seguir estando, el lunes vamos a ir la marcha porque esto recién empieza y yo no voy a parar hasta que todas las personas, inclusive los que encubrieron, paguen por lo que le hicieron a mi hijo", afirmó a Télam la mujer.

La familia esperaba esta mañana que el cuerpo de Lucas sea entregado para asistir al velatorio a realizarse en una sala de ese partido de la zona sur del conurbano.

"Esperamos que entreguen el cuerpo de mi sobrino para darle una buena despedida como se merece", dijo a Télam Sebastián Santilla, un tío del joven, quien aseguró que "ya no pueden tapar más a los policías asesinos".

Fuente:Telam

Pietragalla: "El gatillo fácil es una de las deudas que acarreamos de la dictadura"

Viernes 19 de Noviembre de 2021 

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, criticó los discursos de odio que estuvieron presentes durante la reciente campaña electoral, donde "esto se transforma en una selva y se pone en riesgo la vida de todos".

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, marcó este viernes que los casos de gatillo fácil son "una de las deudas que todavía se acarrean" desde la última dictadura cívico-militar en la Argentina y criticó los discursos de odio que estuvieron presentes durante la reciente campaña electoral, donde "esto se transforma en una selva y se pone en riesgo la vida de todos".

"Cuando hablamos de violencia institucional y gatillo fácil, entendemos que es una de las deudas que acarreamos todavía de la dictadura, por prácticas similares que uno ve en detalles de lo que fue este asesinato: autos de civiles, agentes de civil, arbitrariamente, los medios dando información errónea", destacó Pietragalla Corti en diálogo con C5N.

El secretario de Derechos Humanos apuntó: "Si avalamos y aplaudimos los discursos de odio que escuchamos en los últimos tiempos, esto se transforma en una selva, con la ley del más fuerte, y pone en riesgo la vida de todos".

En este sentido, recordó que hay un proyecto de ley en el Congreso de la Nación para erradicar la violencia institucional, "que pronto se va a debatir y es importante que todos los bloques acompañen".

"A partir de nuestra gestión y desde la Secretaría de Derechos Humanos tenemos un área de Violencia Institucional donde conocemos cada vez mas madres que van perdiendo a sus hijos en manos de las fuerzas de seguridad", detalló el funcionario.

En este marco, comentó que a principios del año pasado tuvo una reunión con el exvicejefe de Gobierno Diego Santilli en la que llevó "una cantidad de denuncias sobre la Policía de la Ciudad y las prácticas que está tomando, porque nos preocupa".

"Estamos trabajando para erradicar esta problemática que tiene una complejidad muy grande. Lo primero que tiene que haber es una voluntad política para poder erradicar de la fuerza institucional la ilegalidad y la violencia. El tema es que hay prácticas que son abaladas por las autoridades políticas. Hay que tratar de no meter esto en partidismo político, es un tema de la democracia", dijo Pietragalla Corti.

Fuente:LaVozdeSanJusto

La declaración de los organismos de derechos humanos

Repudios y pedido de justicia por el asesinato de Lucas González

Amplio pronunciamiento para condenar el asesinato, reclamar justicia y exigir al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que asuma la responsabilidad en el hecho y modifique la política de seguridad. 

Por Washinghton Uranga

Imagen: Télam

El asesinato de Lucas González generó numerosas manifestaciones de repudio y pedidos de justicia por parte de organismos defensores de derechos humanos, organizaciones vinculadas a la niñez, referentes sociales, políticos y religiosos. En una declaración conjunta, los organismos afirmaron sumarse "al repudio popular por el asesinato”, responsabilizaron por el hecho a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y exigieron “una rápida y eficaz investigación que determine las responsabilidades de quienes lo ejecutaron y a los responsables jerárquicos y políticos del accionar criminal de sus agentes”. En el mismo documento reclamaron “la inmediata detención de los responsables de este fusilamiento, que aún continúan en libertad”.

Quienes suscriben la declaración afirman que “el asesinato de Lucas González se inscribe en prácticas de extrema violencia de la policía porteña, que en su corta historia acumula episodios de abuso de la fuerza y represión en el espacio público”. Y recuerdan que “distintos dirigentes políticos han incentivado el uso de la violencia, pidiendo mano dura, avalando y felicitando el abuso, la desmesura y la desproporción en el uso del poder letal”, señalando además que “estas políticas hartamente probadas siempre han fracasado en relación con los objetivos que declaman”.

El texto lleva la firma de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, H.I.J.O.S. Capital, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Centro de Estudios Legales y Sociales, Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Asamblea Permanente por los derechos Humanos La Matanza, Movimiento Ecuménico por los derechos humanos y Asociación Buena Memoria.

Asimismo, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, publicó una carta en la que reclamó salir a las calles para "exigir la condena" de los responsables del crimen y criticó que "el pueblo no se moviliza" cuando las víctimas provienen de sectores vulerables. "¿Cuándo despertarán algunos argentinos y saldremos a la calle para exigir la condena rápida de los asesinos de nuestros hijos que, como bestias hambrientas, están en las comisarías de nuestro país?", preguntó. "Los asesinos no se equivocan jamás y nunca asesinan a uno de Barrio Norte", agregó. Tras recordar casos como el de Rafael Nahuel, Facundo Ferreira en Tucumán, o el de Lautaro Rosé en Corrientes, Bonafini indicó que "como son pobres y algunos son indígenas de piel oscura, el pueblo no se moviliza". Por último, remarcó que "no alcanza con el Presidente le haga llegar condolencia a la familia".

En otra declaración la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos se expresó en términos similares subrayando que “policías sin uniforme, identificación ni placa, pero con armas letales disparan a mansalva y matan a un joven, cuyo único delito era su origen humilde y su deseo de jugar a la pelota. Y por si fuera poco –dice-, el intento una vez más, de acusar a las víctimas, ‘plantando’ un arma para tratar de justificar la injustificable”. Luego de criticar a los dirigentes políticos que “nos quieren hacer creer que la inseguridad se combate con más muerte” y “a una sarta de malos periodistas que alientan e insuflan odio” la Asamblea señala que “el estado de la Ciudad de Buenos Aires, que ha albergado, instruido y dado las armas a estos homicidas, debería ser el primero en reaccionar y aplicar todo el rigor de la ley”. Y agrega que “quienes tienen la conducción política del mismo deben asumir la parte que les toca en este horrendo e injustificable asesinato, cometido por agentes bajo su mando”.

Por otra parte un conjunto organizaciones y personas referentes de entidades abocadas al cuidado de los derechos de las niñeces y defensoras de los derechos humanos se manifestaron también para denunciar que “que en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires las políticas estatales para las adolescencias llegan siempre igual: como gatillo fácil, hostigamiento policial, negación de justicia, privaciones, discriminación y vidas perdidas en ‘enfrentamientos’ de zonas liberadas por las propias fuerzas de seguridad”. Y junto al reclamo de justicia agregan que “El Estado es responsable porque en los barrios populares se sobrevigila para reprimir adolescentes por ‘portación de rostro’ o por cómo visten, se les sub protege frente a los problemas que les aquejan y se ‘liberan zonas’ para dejarles en la más absoluta desprotección. Como si eso no bastara, el Estado está ausente para proteger sus derechos”, agregan.

En este documento, que entre otros firman Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Nora Aspen, organizaciones dedicadas a las niñeces, entidades sociales y académicas, se exhorta “al Gobierno Nacional a afianzar, en todas las jurisdicciones, el cumplimiento de un acuerdo de seguridad democrático, con especial mención a la protección de derechos de infancias y adolescencias” y a “los medios de comunicación a no ser cómplices de la muerte de adolescentes de los barrios populares, difundiendo y dando micrófono a versiones criminalizantes y discursos de odio que no hacen otra cosa que envalentonar asesinos cobardes que salen de cacería con armas reglamentarias”.

Al repudio también se sumaron los sacerdotes católicos que trabajan en villas y barrios populares de la ciudad de Buenos Aires y Provincia, quienes pidieron que “el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires replantee sustancialmente los criterios de formación de la policía a su cargo”. Porque “si no se cambia, seguirá habiendo abusos de autoridad y violencia en el accionar de estas fuerzas de seguridad”, dicen.

Fuente:Pagina12