Lagna reunió a los presidentes de Newell's y Central
"Esto no es un asunto de barras"
Se asignó custodia permanente en varias direcciones vinculadas a ambos clubes, luego de los atentados. La amenaza mafiosa.
Las autoridades de Seguridad y de los clubes se vieron las caras ayer.. Imagen: Andres MaceraEl Gobierno ratificó su hipótesis de que hay un objetivo de intimidación pública y desgaste político por parte del crimen organizado detrás de las balaceras de los últimos días, y de los ataques vandálicos contra objetivos de Newell's Old Boys y Rosario Central. "Creo que no es un asunto de barrabravas. Son violentos que usan a Central y a Newells para amedrentarnos, para la intimidación pública, y parte de su plan es difundir lo que hacen, viralizarlo. Quieren torcerle la mano al gobierno y no lo van a lograr", diagnosticó ayer el ministro de Seguridad, Jorge Lagna, al reunirse en sede de Gobernación con los titulares de ambos clubes, Ignacio Astore y Rodolfo Di Pollina. Lo dijo sobre el video del ataque incendiario a la sede canalla de Mitre a 800, que desde ayer circula en redes sociales, y antes por la divulgación de la foto de dos hombres con ropa de Central en pose provocadora con la cabeza del busto del fundador de Newell's, destruido el domingo de madrugada. "Es por reglas que rompimos con nuestras acciones contra el delito", atribuyó, en línea con lo que Omar Perotti había dicho en la víspera. Desde entonces, asignó custodia policial permanente a distintas instalaciones y domicilios relacionados con ambos clubes, en acuerdo con sus dos presidentes.
Lagna abonó la teoría de que los atentados son planificados y ordenados por intereses en generar zozobra social y hacerle pagar costo político a la Casa Gris. "Se está generando un clima que no es común y tiene intereses detrás. En las (balaceras a) estaciones de servicio no hay ninguna ligazón de asaltos o extorsiones. Es otra cosa. En los celulares del detenido hay puntas del ovillo para ver quién está detrás de esto", dijo.
Se refirió a Nicolás Martínez, el hombre detenido anteayer en un departamento de Sánchez de Thompson 39 (barrio Las Heras), que antes de ser aprehendido rompió un teléfono móvil, y luego la policía le encontró otro oculto en el tanque de agua del baño. Martínez tenía pedido de captura por tres fiscales en investigaciones de sendos homicidios. Los pesquisas lo relacionan con el entorno de René Ungaro, uno de los condenados por el crimen de Roberto Pimpi Caminos en 2010 y con base en los mismos fonavis de Parque del Mercado.
La policía y el propio ministro presentaron esta detención como la del probable pistolero que el martes 9 a la noche baleó la estación de servicios de San Martín y Saavedra. Luego, hubo 4 balaceras más, y en el medio, otras dos contra escuelas el mismo domingo de elecciones.
De la reunión con los presidentes de NOB y RC se acordó aplicar custodia policial a algunos edificios y domicilios vinculados a cada club. En la mesa también hubo representación municipal para decidir profundizar los controles callejeros a motociclistas. "Son los vehículos más utilizados para cometer los delitos más violentos", justificó Lagna.
"La avanzada de violencia es de extrema gravedad, el contexto es de intimidación pública, con violentos que utilizan a Central y a Newells. Los clubes no tienen nada que ver en esta locura. Lo enmarco en ese clima, creo que no es un asunto de barrabravas. Empezamos por quién fue responsable de lo del busto" de Isaac Newell, en el parque Independencia. Luego siguieron bombas molotov contra objetivos de Central: la sede Cruce Alberdi y la oficina de Mitre al 800.
El ministro declaró su "confianza ciega" en la investigación a cargo del fiscal Matías Edery, y exhortó a los clubes a "no perder el norte de paz que debe reinar en el fútbol por culpa de unos vándalos que deben estar presos". Para explicarse el origen de estos atentados consideró la teoría de "un tarado que se le ocurrió esa broma de mal gusto y que terminó en una escalada de violencia". Pero también ratificó la otra, más compleja: "La investigación macro sobre la ola de intimidaciones con estaciones de servicio y otros objetivos para la intimidación pública. Que además, agrega la difusión de lo que se hace, viralizarlo –remarcó Lagna–. Esto va en la línea de intranquilidad pública, de reglas que rompimos con nuestras acciones contra el delito desde el Servicio Penitenciario, desde la calle, desde Gendarmería, desde los fiscales comprometidos. Los malos no nos pueden derrotar aunque han generado una situación de intranquilidad en la ciudad", asumió el ministro.
Por lo pronto, se dispuso reforzar el operativo de seguridad para el partido que Central disputará el sábado en el Gigante de Arroyito. De paso, lamentó Lagna que mientras tanto la policía ya tiene 40 patrulleros asignados a custodiar objetivos y domicilios del Poder Judicial y de personas involucradas en causas graves.
A su lado, Astore y Di Pollina asintieron el diagnóstico ministerial. "La reunión fue positiva. Este vandalismo a veces viene de los clubes y otras veces no. Hacemos el pedido concreto para minimizar riesgos y dar tranquilidad a los socios y socias. Esto perjudica a los clubes de la ciudad, cuando ocurre esto la gente tiene miedo", asumió el presidente de Newell's. Su par de Central, calificó el atentado incendiario contra la sede del microcentro –en la que el sereno resultó herido– como "un golpe muy duro". "Hay daños materiales importantes, pero lo más es lo simbólico, porque se daña el tejido social. Está bien reunirnos y armar agenda común para brindar confianza y un mensaje de paz. Hay que está más allá de la rivalidad deportiva", concluyó.
Antiperonista
Armando Traferri denunció a los fiscales porque lo "espiaron"
Denunciado que se convierte en denunciador
Asegura que requirieron de manera "ilegal" datos de su celular. El fiscal Edery afirmó que eso es falso y dijo que el senador peronista "desprecia la justicia".
El senador del Nuevo Espacio Santafesino (NES) Armando Traferri presentó ayer una denuncia ante la Comisión de Acuerdos de la Legislatura contra los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) por realizar "espionaje clandestino" en la causa de juego clandestino donde está siendo investigado. Según el senador, los fiscales requirieron de manera "ilegal" los datos de tráfico, en un período de al menos dos años, de una línea de telefonía celular que el Senado le asignó al legislador. En la misma jornada su abogado defensor Oscar Romera se refirió a si Traferri comparecerá ante la justicia el proximo lunes: “Mientras estén estos fiscales que no garantizan objetividad en el tratamiento de la cuestión, él no se va a presentar. Si apartan a estos fiscales, le digo a Traferri que renuncie a sus fueros y se presente mañana”. La mejor defensa parece, sigue siendo un buen ataque. Los fiscales no demoraron en responderle a Traferri: "Desprecia la justicia", dijo Edery calificaron de "falacia" a la denuncia presentada en su contra.
"(Traferri) Es una persona que sabe que está muy complicada en cuanto a su situación procesal y que le queda poco tiempo para que tenga que rendir cuentas ante la justicia por todos los delitos de los cuales se lo investiga, que son todos delitos de corrupción”, dijo Edery en declaraciones a RosarioPlus.
Traferri denunció que los fiscales accedieron a información ilegal desde antes de solicitar el desafuero, que fue rechazada por el Senado ante la falta de pruebas, e incluso después, cuando las actuaciones deberían haberse cerrado. “Antes, durante y después del fallido pedido de desafuero realizaron directamente pesquisas indiscriminadas sobre datos de tráfico de mi celular”, planteó. Y subrayó: “No solamente no lo tenían permitido hacer en razón de mis fueros, lo cual no es poca cosa; sino que ese tipo de información recolectada –con fuero o sin él, por sus características y extensión, requiere necesariamente de la orden de un juez, de la cual carecieron absolutamente. Eso es ilegal sin vueltas”.
A lo largo de las 40 carillas de la denuncia Traferri intenta mostrar evidencias de que las acusaciones en su contra son parte de una "operación política", y destacó que su enfrentamiento con el gobernador Omar Perotti lo convirtió en “una persona molesta para algunos”. En ese marco, el senador aseguró que la declaración del ex fiscal Ponce Asahad fue direccionada con este objetivo. Al respecto transcribió partes de los dichos del ex funcionario del MPA donde mencionaba a otras personas que los fiscales obviaron investigar. “Si el señor Ponce Asahad es creíble, los fiscales no pueden ser selectivos ante la gravedad de situaciones y personas que involucra. Si no lo es –lo cual parece ser lo más lógico, nada de lo dicho por este sujeto es relevante”, argumentó.
El senador reafirmó que el ideólogo de esta operación es el ya destituido titular de la Oficina de Investigaciones del MPA, Marcelo Sain, quien también está envuelto en un escándalo por el manejo ilegal de escuchas en el que también está implicada la jefa de Inteligencia de la zona sur, Débora Coticchini, quien respondía al ex ministro.
Traferri fue citado para el próximo lunes, pero su defensa ni siquiera tiene claro si se presentará. "La lectura de este tema está más en el terreno político, no en lo jurídico”, sostuvo su abogado.
La ley 13.013, que creó el MPA, explicita en su artículo 52 que se sancionará “actuar con negligencia en la búsqueda de las pruebas que fueren necesarias para la presentación de una acusación o para su fundamentación ante los tribunales”, “hacer peticiones, presentaciones o dictámenes que tengan como base hechos manifiestamente erróneos, o que invoquen fundamentos legales manifiesta e indudablemente improcedentes” y “causar un grave daño a la persecución penal con motivo de no haber cumplido debidamente las actuaciones procesales bajo su responsabilidad”.
Traferri aseguró en su denuncia que las acciones de los cuestionados Edery y Schiappa Pietra “responden ya a una matriz de ilegalidad funcional en el desempeño de un sector del MPA que, incluso desborda al control de su jerarquía natural y su organismo de vigilancia de gestión y auditoría”. Y agregó que hay un “MPA corporativamente militante, con relación a los supuestos hechos delictivos que se me pretenden adjudicar” y que “es el organismo fiscal en su conjunto, el que está condicionado en su objetividad para atender en esta denuncia, cuyo avocamiento solicito”.
El legislador concluyó su denuncia señalando que la de los fiscales es “una ilegal forma de investigar, propia de recursos de espionaje clandestino”. Y finalizó: “Al mismo tiempo, forma parte de una investigación sesgada y dirigida malintencionadamente hacia mi persona, como lo puso de manifiesto el insólito procedimiento abreviado, que benefició a un coimero confeso, con el acceso a una libertad condicional y unas rupias en el bolsillo”.
Perotti envió el proyecto sobre uso de armas ilegales
Encarcelar para lograr la paz
El Ejecutivo quiere cambiar el Código Procesal Penal provincial para que dejar presos a quienes tengan armas no registradas.
Desde Santa Fe
Omar Perotti envió ayer a la Legislatura otra de sus propuestas de “paz y orden” para que la portación y el uso ilegal de armas de fuego, cualquiera sea su calibre, no sea un delito excarcelable. Es una reforma de dos artículos del Código Procesal Penal de la provincia, que el gobernador mandó a la Cámara de Diputados, donde ya se escucharon algunas opiniones favorables entre los bloques de la oposición. El secretario de Justicia Gabriel Somaglia explicó que el proyecto de ley estaba listo antes de las elecciones, pero Perotti decidió enviarlo después para evitar que se lo interprete como la búsqueda de un rédito electoral. El mandatario ya dijo que quienes utilizan armas de fuego ilegales tienen que estar presos. Ayer, Somaglia ratificó que la iniciativa apunta a “pacificar la vida, que está jaqueada por episodios de inseguridad” y lo fundamentó en datos concretos: en 2021, el 90% de los homicidios en Rosario fueron cometidos con armas ilegales y en el caso de Santa Fe, el 80%. La escalada comenzó en 2012, cuando el 70% de los crímenes se cometían con armas de fuego sin registrar y desde entonces, ese número aumentó un 20% en Rosario.
Al anunciar la iniciativa, Somaglia dijo que desalentar la tenencia y el uso ilegal de armas de fuego “es responsabilidad de los tres poderes del Estado, en su conjunto”. “Nadie puede sustraerse de la necesidad de brindar herramientas que colaboren en la pacificación de la vida, que viene siendo jaqueada por episodios de inseguridad”.
Somaglia dijo que en la Casa Gris, hay “expectativas” de que el proyecto se discuta en la Legislatura en lo que resta del período ordinario, pero si eso no ocurre “puede ser uno de los temas que se habiliten en extraordinarias”. Con lo cual hizo un segundo anuncio: Perotti convocará a sesiones extraordinarias y en la agenda puede estar la reforma del Código Procesal Penal para que la portación y el uso ilegal de armas de fuego no sea excarcelable en Santa Fe.
“Lo que debemos tener claro es que la inseguridad es un tema neurálgico” en la provincia, dijo el secretario de Justicia. “El gobernador ha tomado decisiones” y resolvió mandar este proyecto a la Legislatura. “Lo podría haber enviado semanas atrás, pero estábamos en un proceso electoral” y se podía interpretar como “un aprovechamiento de esa circunstancia”. “Por eso esperó hasta hoy” (por ayer), para que tome estado parlamentario.
El secretario de Justicia explicó cuestiones técnicas. “Lo que se incorpora” en el Código Procesal Penal –dijo- es que los jueces tengan la facultad de dictar “como medida cautelar una prisión preventiva cuando un sujeto porta o tiene un arma ilegal” en su poder. “Este proyecto puede ser una medida desalentadora” del uso de armas truchas. “En 2021, el 90% de los homicidios cometidos en Rosario se realizaron con armas de fuego ilegales, que no están registradas. Y en el caso de Santa Fe, ese porcentaje es del 80%”, sorprendió Somaglia. La escalada comenzó en 2012, cuando el 70% de los homicidios se cometían con “armas de fuego ilegales”. “El aumento ha sido progresivo” hasta llegar ahora al 90% en Rosario y el 80% en Santa Fe.
-¿La detención de la persona puede ser un control policial de rutina? –le preguntaron.
-En cualquier procedimiento.
-¿Tiene que haber cometido un delito concreto con esa arma?
-Tener un arma de fuego sin registrar, cualquiera sea el calibre, eso ya constituye un delito. Es una conducta reprimida por el Código Penal de la Nación y la provincia tiene la posibilidad de enjuiciarlo. En ese juicio, de acuerdo a otras circunstancias que describe el Código, que son los antecedentes o un hecho delictivo, se va a autorizar a un juez a que pueda dictarle la prisión preventiva mientras se sustancia el proceso penal –explicó Somaglia.
El proyecto se realizó en el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Justicia. “El objetivo es brindar una herramienta a los jueces para que puedan dictar prisión preventiva” por la portación o el uso ilegal de un arma de fuego, cualquiera sea su calibre, “que queden autorizados para dictar una prisión preventiva”, concluyó.
La Cámara en lo Laboral le volvió a dar la razón a Marcelo Sain
La vía judicial sigue abierta
El 4 de noviembre la Legislatura lo sacó de su cargo al frente del Organismo de Investigaciones del MPA en una "vendetta" política y más allá de lo jurídico.
La Cámara en lo Laboral de Rosario (Sala III) le dio la razón a Marcelo Sain, por segunda vez en quince días. El 3 de noviembre, anuló el fallo del juez Fabián Vega que había rechazado “in límine” –con un decreto de doce líneas- la acción de amparo del ex director del Organismo de Investigaciones del MPA en defensa de sus derechos. Y ayer, revocó el segundo fallo contra Sain, de la jueza Silvia Albertti –que igual que Vega- desestimó el recurso por “inadmisible”. La Cámara aceptó el planteo del amparista, ordenó darle trámite al recurso y dispuso que la causa pase al magistrado que sigue en la subrogancia, que será el cuarto que intervendrá en la causa. La primera fue la jueza Paula Calace Vigo, quien rechazó el expediente porque -a su juicio- no tenía “conexidad” con otro amparo que resolvió a favor de Sain, el 30 de junio. Siguió entonces Vega, luego Albertti y ahora le tocará el turno al juez en lo Laboral Nº 4.
Sain mantiene abierta la vía judicial. El 19 de octubre, pidió el amparo para evitar que la legislatura le aplicara la ley 14.016 anti Sain –hecha a su medida- y lo sacara de su cargo de director del Organismo de Investigaciones del MPA, lo que ocurrió el 4 de noviembre, en una sesión conjunta del Senado y la Cámara de Diputados, en la que los legisladores denunciantes ni siquiera tuvieron el decoro de abstenerse en la votación. Ahora, ante el hecho consumado, la pretensión es que lo restituyan en el cargo.
Apenas trascendió el amparo de Sain, el senador Lisandro Enrico –denunciante, acusador y uno de los que votó la remoción- escribió un tuit que después borró: “Si otra vez la misma jueza impide la investigación del funcionario y la aplicabilidad de la ley, luego de que fuera ratificada su constitucionalidad, vamos a solicitar que se aboque el Tribunal de Enjuiciamiento por notoria parcialidad”. Quedó claro que se refería a la jueza Calace Vigo, quien admitió el otro amparo de Sain, el 30 de junio, y frenó el primer intento para destituirlo. El Colegio de Magistrados Zona Sur denunció que la “intimidación” de Enrico, no sólo apuntaba Calace Vigo, sino a todos sus colegas del fuero laboral de Rosario, en una “causa de trascendencia pública”.
Los hechos que siguieron son conocidos. Calace Vigo se excusó de intervenir. El 22 de octubre, el juez Vega rechazó “in límine” el amparo de Sain con un decreto de sólo doce líneas. El 3 de noviembre, la Cámara anuló el fallo de Vega y pasó la causa a la jueza Albertti. Y al día siguiente, se produce lo que el propio Sain anunció como un “final cantado”: la legislatura lo removió del cargo.
Albertti dictaminó tres días después del hecho, el 7 de noviembre desestimó el amparo por “inadmisible”. Ayer, la Cámara revocó esa sentencia, ordenó que “se le otorgue trámite” al recurso y pasó la causa a un nuevo juez, que será el cuarto después de Calace Vigo, Vega y Albertti. La resolución salió por mayoría: los camaristas Félix Angelides y Lucía Aseff admitieron el amparo de Sain, mientras que su colega Eduardo Pastorino, que propuso el rechazo quedó en minoría.
Uno de los agravios que planteó la defensa de Sain es la “privación de justicia”. “Las especiales circunstancias de este caso nos indican que vamos camino a una evidente y efectiva privación de justicia, consecuencia del temor que infunden a los jueces amenazas de jury o juicio político a aquellos que admitieren cualquier amparo a favor del doctor Sain, tal como oportunamente lo hiciere público algún senador”, dice el escrito. No menciona nombres, pero es obvio que el senador es Enrico. Y los jueces, los tres que intervinieron en la causa: Calace Vigo, Vega y Albertti. “Esta sentencia (la de Albertti que revocó la Cámara), con toda obviedad, no escapa a tales intimidaciones y, si se confirma, vamos directamente a la senda de la privación de justicia”, advirtió
“Esta sentencia (la de Albertti) es un claro caso de privación de justicia. Ya van tres jueces que, por un motivo u otro, eluden su función: y esto es un amparo. No puede, ni debe, obviarse que con la reforma constitucional, el amparo adquirió el rango de ‘derecho constitucional expreso’, apuntó la defensa.
“Es inevitable destacar que éste no es sólo el 'caso Sain'", alertó su defensa. "Es un Poder (Legislativo) actuando sobre otro Poder (Judicial). Son legisladores incomodados que pretenden 'cargarse' al director del Organismo de Investigaciones del MPA" como lo hicieron. "Son operaciones políticas montadas sobre leyes dictadas vergonzosamente a medida (ley 14.016, conocida como ley anti Sain). Son actos elusivos y protectorios de algún legislador sospechado que avisa a los fiscales cual será su futuro si concretan esas sospechas”. “Son los mismos senadores que ahora destituyen a Sain y antes protegieron ignominiosamente a un par invocando ‘fueros’. Justo un legislador investigado por Fiscales (con mayúsculas) que actuaron con la asistencia del Organismo de Investigaciones dirigido por nuestro representado”, concluyó .
La provincia lanzó una nueva maratón audiovisual
El eje puesto en Malvinas
Autoridades de Cultura de la provincia y de la UNR.En un encuentro realizado en el Gran Salón de Plataforma Lavardén, el titular de Cultura, junto al rector de la UNR, Franco Bartolacci, y el director de Unicanal, Héctor Molina, entre otros, lanzaron la convocatoria a la edición 2022 del Maratón Audiovisual, destinada a todas aquellas personas que residen en la provincia de Santa Fe. A diez años de la primera edición, el eje temático estará centrado en Malvinas, a cuarenta años del conflicto bélico del Atlántico Sur, y se grabarán seis capítulos de alrededor de 30 minutos.
Durante el acto, que contó con la participación de Julio Más, del Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas y Ever Arnoldo, de Generación Malvinas, el ministro Llonch indicó que “nunca hay que dejar de generar conciencia ciudadana sobre todo lo que fue la guerra de Malvinas”.
Llonch agregó: “El año próximo se cumplen 40 años de la guerra, pero como dicen los ex combatientes, la causa es de todos y no debe olvidarse. Está propuesta es un granito de arena, nuestro aporte desde el Ministerio y desde el gobierno de Santa Fe para mantener viva la causa”.
El funcionario provincial indicó que “esto es un hecho político, pero a la vez cultural, que esperamos llegue a todos los santafesinos y santafesinas”, y adelantó que desde el Ministerio se está diseñando “un museo de Malvinas, no bélico, sino donde esté toda la cultura generada por la guerra de Malvinas, que por ejemplo escribió canciones, pintó cuadros, hizo películas y obras de teatro. Queremos rescatar todo ese patrimonio para armar este museo en el que también estén involucrados los ex combatientes”. Y concluyó expresando: “Para que nadie se pueda olvidar lo que fue esa gesta”.
Por su parte, el rector de la UNR señaló: “Para nosotros es muy importante y necesario recuperar en forma permanente la causa Malvinas; la Universidad tiene que estar muy asociada a la recuperación de la memoria y en especial a la gesta de Malvinas”.
Y sobre la primera experiencia llevada a cabo hace una década atrás, recordó que “la primera edición del maratón fue una experiencia fantástica que queremos reeditar y más con este tema que es muy importante para ellos, los ex combatientes, y también para toda la sociedad”.
Mientras, el director de Unicanal indicó que “seguramente habrá muchas historias, algunas amorosas y otras tristes para contar. La convocatoria está abierta para realizadores y realizadoras de toda la provincia”.
Sobre la realización de cada uno de los seis capítulos, Molina sostuvo: “Aspiramos a estar rodando en febrero, con la idea de estrenar, ojalá, en abril”.
Maratón Audiovisual
El Maratón Audiovisual 2022 constará de una serie de seis capítulos, de entre 24 y 26 minutos de duración cada uno. La iniciativa apunta a encontrar más y nuevas formas de narrar el hecho histórico de Malvinas en una obra de género ficción, que se registrará en una sola locación, en un único día de grabación, con un equipo técnico reducido y un elenco de hasta cuatro personas.
La propuesta apunta también a armar una serie que aporte a poner nuevamente en valor la actitud heroica de quienes debieron viajar a las islas, de quienes dejaron su vida allí y de quienes cuya vida nunca volvió a ser la misma.
El eje temático central de la serie es Malvinas. El próximo año es el aniversario 40º del conflicto bélico entre Argentina y el Reino Unido desatado en 1982, cundo la Argentina recuperó la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, ubicadas en el Atlántico Sur.
La guerra duró 72 días, comenzó el 2 de abril y finalizó el 14 de junio, cuando el general Mario Benjamín Menéndez firmó la rendición de las tropas nacionales. El conflicto dejó 632 muertos, más las duras consecuencias de la posguerra con un alto número de soldados que se quitaron la vida.
La inscripción estará abierta hasta el 6 de diciembre, a través de la web www.industriascreativas.gob.ar, donde se detallan las bases y condiciones de participación.
Primera edición
En noviembre de 2011, “La tabla de los sueños” fue un ciclo de ficciones realizado en el marco de la primera parte de la Maratón de Producción Audiovisual que se llevó a cabo en el estudio de TV de la Facultad de Ciencia Política de la UNR.
Para ese primer maratón se propuso el desafío de montar y grabar 13 piezas audiovisuales de ficción para televisión en una semana; reunió más de 250 realizadores y casi 50 actores que se encontraron por primera vez para producir en conjunto. Los capítulos se estrenaron en la pantalla de Canal 3 de Rosario.
Fue organizado por la Universidad Nacional de Rosario (UNR) junto al Centro Audiovisual Rosario perteneciente a la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario, la Escuela Provincial de Cine y TV de Rosario (EPCTV), la carrera de Producción y Realización Audiovisual de la Universidad Abierta Interamericana (UAI), y contó con el apoyo del Sindicato de Prensa de Rosario (SPR), el Sindicato Argentino de Televisión (SAT) y la Asociación Argentina de Actores (AAA).
Fuente:Rosario12
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