Por tercera vez en 8 años, la Ley de
Humedales está por perder estado
parlamentario
Por Gustavo Sarmiento, Resumen Latinoamericano, 29 de noviembre de 2021.
Más de 380 organizaciones ambientales advirtieron que, si la Cámara de Diputados no le da media sanción, vuelve todo el proceso a cero, otra vez.
Más de 380 organizaciones ambientales, grupos y movimientos de todo el país alertaron por una situación tan urgente como repetitiva: la Ley de Humedales está por perder estado parlamentario. Eso significa que, en caso de no tratarse antes de fin de año, deberá volver a iniciar el proceso legislativo desde cero.
Lo que se necesita es que actúe la Cámara de Diputados de la Nación para que vote la media sanción. Sin embargo, el lobby y la presión de varias provincias atenta contra ese objetivo ambiental, que ya lleva más de 10 años sin poder concretarse.
Las organizaciones enfatizan que los humedales tienen un enorme valor biológico, social, cultural y económico, pero se pierden y degradan cada día. La Convención sobre los Humedales (Ramsar), un tratado intergubernamental que sirve de marco para la acción nacional y la cooperación internacional, define el uso racional de los humedales como “su utilización sostenible en beneficio de la humanidad, de manera compatible con el mantenimiento de las propiedades naturales del ecosistema”.
La Convención Ramsar estima que en los últimos 300 años desapareció el 87% de la superficie de humedales a nivel global y se profundizó en las últimos cinco décadas, con pérdidas del 35% desde 1970. En nuestro país, los humedales ocupan el 21,5% del territorio y tienen la función primordial de ser reservorios de agua. Esponjas que, por su capacidad absorbente, mitigan las inundaciones durante las crecientes, algo vital frente al cambio climático, que genera eventos adversos con cada vez mayor potencia, en períodos más cortos de tiempo. Sin embargo, en lo que va del año, solamente en el Delta del Paraná se perdieron 153.000 hectáreas por quemas intencionales.
“Por un lado, la proliferación de construcciones en la zona del Delta redujo el hábitat de especies como el carpincho, forzando su desplazamiento en busca de refugio y alimento. Por otra parte, en 2020 los focos de calor provocaron la pérdida de aproximadamente 300.000 hectáreas. Y este año ya se registraron 9.376 focos”, alertaron desde Greenpeace Argentina.
“Por eso, es urgente la sanción de una Ley de Humedales que incluya un inventario a nivel nacional, una moratoria para impedir que se sigan destruyendo y que agregue la figura del delito penal, con multas significativas para quienes cometan este crimen ambiental”, acotaron en referencia con el tratamiento y sanción del Proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos para la Conservación, Gestión y Uso Sustentable y Racional de los Humedales.
“Argentina necesita una Ley de Humedales que establezca presupuestos mínimos de protección ambiental, para estos ecosistemas que siguen siendo vistos por algunos sectores de la sociedad y por la dirigencia política como tierras de descarte, que tienen que modificarse y rellenarse para diversos usos productivos”, advirtió Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales (FARN), y enumeró las razones por las que los humedales son esenciales para la vida: “Constituyen la principal fuente de agua dulce, permiten la estabilización de costas y protección contra tormentas. Ayudan a mitigar y adaptarse al cambio climático, depuran y filtran las aguas, son grandes reservorios de biodiversidad, permiten la recreación y el turismo, y sostienen medios y modos de vida de comunidades enteras”
El proyecto de Ley ya fue presentado dos veces con dos gobiernos nacionales diferentes, en 2013 y en 2016. En ambos casos, no prosperó en la Cámara de Diputados. “Las dos veces que se paró fue por falta de interés en el tema y como consecuencia del lobby minero, agropecuario y de desarrollo inmobiliario, que se oponen a una Ley de Humedales. Es hora de que el Congreso Nacional se haga eco de este reclamo ciudadano que data ya de hace una década y que se impulsen y construyan los consensos políticos necesarios entre bloques parlamentarios, para proteger el bien común y sancionar una Ley de Humedales ya”, finalizó Pangracio.
Precisamente, en la tarde del miércoles las organizaciones harán un “tuitazo” con ese hashtag que alerta y exige algo que parece no verse en la vida diaria de las personas ni en los grandes medios ni en las plataformas políticas, pero que es urgente: #LeyDeHumedalesYa.
Fuente: Tiempo Argentino
Enrique Martínez: “Lo que se está
negociando con el FMI es la forma
de rendición”
Resumen Latinoamericano, 29 de noviembre de 2021.
El ex titular del INTI y coordinador del Instituto para la Producción Popular criticó la actitud política del Gobierno nacional con respecto al tema de la deuda y propuso una solución soberana.
Martínez dialogó con Punto de Partida, programa que se emite en Una Radio Muchas Voces y señaló que “se ha asociado la calma financiera argentina con un acuerdo con el Fondo, cuando en realidad la calma financiera vendrá cuando tengamos un programa productivo que tenga el flanco externo absolutamente cubierto”
En un artículo que publicó en Infonativa, el ex titular del INTI planteó que hay que “retomar la premisa de Néstor Kirchner en 2005” y sacarse al FMI de encima, pero optando por otros caminos. “Se parte de la base de admitir que para Argentina los 45 mil millones de dólares que se le deben al Fondo, en la forma que se tomaron y sobre todo en la forma en que se reclama su devolución, es una suma monstruosa. Pero, se lo compara con algunas otras sumas. Por ejemplo, las importaciones chinas. Ahí la cuestión cambia totalmente de naturaleza”, desarrolló.
Y continuó: “China importa por año 2 billones de dólares, respecto de los cuales las compras que le hace a la Argentina, que son 7 mil millones de dólares por año, son absolutamente irrelevantes. De manera que plantear la posibilidad de negociar con China, que le pague al Fondo Monetario Internacional al contado y que a China le paguemos con incremento de nuestras exportaciones, con productos, parece una cosa aventurada, pero da una idea de la dimensión de un posible acuerdo que nos empuje hacia el desarrollo y que nos saque de encima al Fondo Monetario”.
Además, el coordinador del Instituto para la Producción Popular consideró que “hay que tener una actitud política distinta” a la actual y opinó que lo que se está haciendo es “cambiar las sábanas para que el Fondo Monetario Internacional pueda dormir más cómodo”.
Fuente: CDM noticias
Ley de envases: peligra su
tratamiento
Por Karina Micheletto, Resumen Latinoamericano, 29 noviembre 2021.
El proyecto plantea la «responsabilidad social extendida» del productor, y es pionero en incluir a la economía social en la solución al problema mundial de la basura. Todo indica que el martes no habría sesión para tratarlo.
Impulsado desde el Poder Ejecutivo y presentado con la firma del Presidente, elaborado por el Ministerio de Ambiente junto a una gran cantidad de organizaciones sociales, vinculadas tanto a la defensa cartonera como del medio ambiente, el proyecto de Ley de Envases con Inclusión entró al Congreso con gran apoyo institucional y social, y la «marcha cartonera más grande del mundo» bancando también en la calle. Pasó un mes y el trabajo parlamentario avanzó rápido, el proyecto superó dos comisiones, la de Recursos Naturales y la de Presupuesto, consiguió dictamen. Pero en el medio el lobby multinacional metió la cola, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) se hizo visible con un comunicado que calificaba a la propuesta de «anacrónica», y Juntos por el Cambio montó una «audiencia no oficial» para denunciar un «impuesto disfrazado». Con números y ejemplos de otros países (donde las mismas empresas que reclaman aquí asumen una tasa como la que prevé la ley), los impulsores del proyecto responden que la Ley de Envases no impactaría en el precio de los productos, y en cambio crearía miles de puestos de trabajo de la economía social. Al cierre de esta nota, la ley tenía casi nulas chances de tratarse finalmente en el Congreso, antes de que cambie su composición.
Por qué molesta la Ley de Envases
Lo que básicamente plantea este proyecto de ley es que el productor que pone un envase en el circuito de consumo tiene una responsabilidad social extendida sobre eso que está lanzando al mercado. Porque siempre hay un costo, no menor, una vez que ese envase es desechado por el consumidor. La basura es al mismo tiempo un «gran negocio» para algunas pocas empresas subsidiarias del Estado, y un costo alto para ese Estado que también tiene que gestionar todo eso que «sobra». Reciclarlo, o terminar tirándolo en un basural a cielo abierto, con todas las posibilidades que hay en el medio. Todas salen plata, y mucha. Los recicladores suelen decir que hacen gratis una parte o toda del trabajo: concientizar al consumidor, juntar, separar, organizar o vender luego cada material para que siga su circuito, reciclar, volver a insertar luego ese producto en el mercado apostando a la economía circular.
«Hoy el costo lo están pagando los cartoneros y cartoneras con su trabajo gratis, los ciudadanos con sus impuestos municipales y las generaciones futuras con la contaminación ambiental», resumen desde la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), una de las organizaciones que impulsó la iniciativa.
Entendiendo entonces la responsabilidad extendida de los productores sobre ese costo que hoy trasladan, el proyecto establece que paguen una tasa de hasta el 3 por ciento del valor del producto, de acuerdo a diversas variables, entre ellas cuán reciclable es el envase: cuanto más «amigable con el ambiente» es, menor es la tasa que se le aplica.
La recaudación se destinaría a fortalecer las cooperativas de cartoneros, crear más plantas de reciclaje y tratamiento de residuos, abaratar la logística y comercialización, sacar a más cartoneros de la informalidad. Para administrarlo se plantea la creación de un fideicomiso, con participación del Ministerio de Ambiente y representantes de los distintos actores (productores, cooperativas cartoneras).
También se caracteriza como “servicios públicos esenciales” a todos los sistemas de gestión de envases.
El grito empresarial y opositor apunta ahora a un supuesto «efecto inflacionario» de la inciativa. «No compartimos que la forma de implementarlo consista en la aplicación de un impuesto que se suma a la ya insostenible carga tributaria que tenemos”, sumaron desde Bodegas de Argentina, la cámara del sector del vino. «No votaremos la creación de un impuesto disfrazado que afectará a los consumidores», concluyó Mario Negri en uno de sus últimos discursos (fuera del recinto) como presidente del interbloque de Juntos por el Cambio.
Fuente: Federación de Cartoneros.
«La Tasa Ambiental es un costo insignificante para las grandes empresas multinacionales que año a año aumentan sus ganancias y nunca se responsabilizaron por los daños ambientales que generan», responden desde la Federación de Cartoneros. Y ponen algunos ejemplos sobre el ínfimo impacto que significaría: Si se obtiene una buena calificación por material reciclado contenido y ecodiseño, la tasa de un envase de una gaseosa de litro y medio sería de un 0,55 % de su precio. Para un paquete de yerba de medio kilo, sería el 0,026 % del precio. Y en una lata de cerveza tendría un impacto del 0,063 % del precio. En una caja de zapatillas, sería de sólo el 0,002 %.
Qué pasa en el mundo
En Uruguay y Chile, también en varios países de Europa, hay sistemas similares al que plantea este proyectos de ley, pero diferentes en un punto central. Todos aplican una tasa ambiental, pero allí los mismos productores que tributan son los que manejan luego los fondos recaudados.
«Queda claro que la disputa es por la matriz de distribución de esos recursos», sintetiza Ramiro Martínez, presidente de la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (Conarcoop) y uno de los creadores de la cooperativa Creando Conciencia, en la que ex cartoneros trabajan fabricando bancos, pérgolas, útiles escolares, a partir del reciclado.
El sistema llega al absurdo, describe Martínez, en modelos como el uruguayo: con lo que se recauda de la tasa ambiental las cámaras empresarias compran las maquinarias, manejan las plantas de reciclado, convenian con los trabajadores de las cooperativas de cartoneros. Imponen los valores a pagar por el material que reciben y las reglas, al punto de limitar la cantidad de trabajadores que pueden sumarse. El sistema transforma así al reciclado en una fuente de ganancia más para el empresariado, sujeta al mismo modelo de producción.
«Son modelos basados únicamente en el cuidado ambiental, que no tienen en cuenta la organización del trabajo de la economía popular, la visión social de la inclusión y la generación de trabajo genuino. De hecho nuestros compañeros cooperativistas de Uruguay, con quienes también estamos en red, nos están pidiendo asesoramiento para reformar la ley que tienen allá», cuenta Martínez.
«En España está Ecoembes desde hace quince años, es un sistema interesante, eficaz, ambientalmente sustentable, pero no tiene nada que ver con nuestra pertenencia y el trabajo que venimos haciendo desde la economía social. Es otra realidad que no nos incluye. La concepción de la ley argentina es pionera, por eso también es tan fuerte el lobby», concluye.
Lucha cartonera
«Los cartoneros y cartoneras sabemos luchar, nunca nada fue fácil para nosotros», marca Natalia Zaracho, la primera cartonera que ocupará una banca desde el 10 de diciembre. «La gente tiene que saber que nuetro trabajo es muy importante para el cuidado del medio ambiente. Cada cartonero y cartonera recicla unos 100 kilos de material por día, evita que esos residuos vayan a basurales a cielo abierto o a entierro. Eso contamina mucho. Y trabajamos trabajamos en las peores condiciones. Sin derechos. Esta ley va a mejorar mucho las condiciones de trabajo de quienes hacemos reciclado y recuperación de material. Queremos dignidad para los nuestros y un ambiente sano», pide.
«Es tiempo y es ahora», dice sobre el momento en que debería sancionarse esta ley. «No podemos seguir esperando porque el planeta que tenemos es uno y lo estamos destrozando. No podemos seguir dejando que las empresas contaminantes hagan lo que quieran y se llenen de plata. Tampoco podemos dejar que los de abajo trabajen en tan malas condiciones. Esta ley tiene que salir ya. Antes de fin de año».
Envio:RL
Empieza este martes en Brasil, por la denuncia por violación agravada de Thelma Fardin
Las diez claves del juicio a Juan Darthés
Por qué el juicio se hace en Brasil, cómo serán las audiencias, los peritajes que se hicieron sobre la denunciante y el denunciado.
1 ¿Por qué se juzga a Juan Darthés en Brasil?
El caso se inició en Nicaragua. Por el principio de territorialidad –que es el principio rector en casi todos los países– los delitos se investigan donde ocurrieron. En ese país centroamericano, la unidad especializada y el juzgado que intervinieron entendieron que había elementos suficientes para elevar el caso a juicio y cuando lo citaron a Darthés para que se presente en la justicia no lo hizo. De hecho, viajó y se refugió en Brasil. La justicia de Nicaragua pidió su extradición pero Brasil, a diferencia de casi todos los países, no tiene el principio de territorialidad, sino de nacionalidad, que quiere decir que asume la competencia para todos los delitos cometidos por sus nacionales y Darthés tiene nacionalidad brasileña. Entonces, lo que hizo Brasil, en lugar de seguir el trámite de extradición fue iniciar un caso nuevo, dando por sentada su competencia. Con la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) de la Procuración General de la Nación, desde Argentina se le giró la prueba preliminar ya producida y la fiscalía en Brasil entendió que había entidad suficiente para acusar: acusó, presentó el caso ante un juzgado federal y este convocó a juicio. El juez que va a coordinar toda la audiencia es brasileño.
2. ¿De qué delito se lo acusa a Darthés?
El delito por el cual llega a juicio es estupro que en Brasil está definido como acceso carnal a una mujer mediante violencia o amenaza grave, es decir, lo que en Argentina se define como una violación agravada. Tiene una pena prevista de 6 a 10 años de prisión. Como explicó Luciana Peker en Infobae, según la redacción que estaba vigente en el momento de los hechos, si la violencia genera lesiones graves la pena puede aumentar de 8 a 12 de cárcel. La fiscalía considera que el rol que ocupaba Darthés como el único actor adulto (de 45 años) en un contingente de adolescentes, durante la gira de “Patito Feo”, en Nicaragua, cuando Thelma Fardin tenía 16 años –y habrían ocurridos los hechos denunciados– constituye un agravante por su relación jerárquica y la asimetría de poder. El artículo 226 del Código Penal brasileño estipula que si se trata de un padrastro, tío, compañero, tutor, preceptor, empleador o cualquier otro título con autoridad sobre la víctima el delito se agrava. Y, en ese caso, la pena máxima puede llegar a los 18 años de prisión.
3 ¿Qué evaluó la fiscalía brasileña?
Consideró que Thelma Fardin sufrió lesiones, incapacidad para sus ocupaciones habituales y peligro por la dimensión de los traumas de lo vivido en mayo del 2009, en un hotel en Managua, en aquella gira.
4 ¿Cuánto puede durar el juicio oral?
En principio dos audiencias, desde este martes a las 14 al miércoles 1 de diciembre –también desde la misma hora–, salvo que se extiendan demasiado las declaraciones de lxs testigos y sea necesario convocar otra audiencia.
5 ¿Cuándo se va a conocer la sentencia?
No se sabe aún. En principio, se esperaba que se dictara al finalizar las dos jornadas de audiencias. Pero el juez brasileño autorizó que la defensa sumara una asesora técnica en materia psicológica con el objetivo de analizar y seguramente cuestionar los testimonios de los peritos psicólogos y psiquiatras que peritaron a Thelma que van a declarar en el juicio. La fiscalía en Brasil pidió expresamente que esa asistencia técnica no interrogara a Thelma ni a las otras testigos que han contado haber sido víctimas también de conductas abusivas de parte de Darthés, como las actrices Calu Rivero y Anita Co. El juez no solo autorizó la intervención de esa asistencia técnica de la defensa sino que le dio un plazo de 30 días para presentar un informe. Con lo cual el veredicto se va a dilatar: se anunciaría luego de que se presente ese dictamen. Esta figura –de asesoramiento pericial para la defensa– no está prevista en la Argentina, donde toda la prueba se produce durante el juicio. En realidad, se va a terminar transformando en una suerte de supervisión de los especialistas que ya realizaron peritajes sobre Thelma Fardin.
6 ¿Se podrá seguir el juicio por alguna trasmisión virtual?
No, no es un juicio público porque en Brasil los casos de abuso sexual se tramitan “bajo sigilo”. Es una excepción a la regla de publicidad de los juicios. Thelma pretendía que pudiera ser difundido públicamente por la trascendencia del caso, pero como la defensa la acusó de querer buscar fama con esta denuncia, no insistiría con pedir su publicidad. Si lo llega a plantear, podría definirse si se permite en la primera audiencia.
7 ¿Cuántas veces fue sometida la denunciante a peritajes de algún tipo?
En Nicaragua le hicieron peritajes psicológico, psiquiátrico y físico. Después Thelma hizo peritajes con una psicóloga y un psiquiatra en Argentina que ella contrató. Además, recientemente, a pedido de la justicia de Brasil, la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (Dovic) de la Procuración General de la Nación, elaboró otro informe que ya fue remitido al juez de San Pablo.
8 ¿Cuántos peritajes psicológicos le hicieron a Darthés?
Darthés solo fue sometido a un peritaje de parte, es decir, que la pagó él.
9 ¿Cuántas personas van a declarar en el juicio?
La primera en declarar será Thelma y luego alrededor de una decena de testigos: son personas que estuvieron en el lugar cuando ocurrieron los hechos denunciados, la psicóloga que atendió a Thelma desde sus 19 años hasta el año pasado, el psiquiatra que le hizo un peritaje de parte, y otras personas, entre ellas varias mujeres que no quieren que se revele su identidad. Todos lxs testigos declararán de manera virtual. Después del último, se espera que sea el miércoles, el juez le preguntará a Darthés si quiere hablar. Puede negarse.
10 ¿Qué rol tiene la UFEM en este juicio?
La UFEM cumple un rol exclusivamente de colaboración con la justicia brasileña. Por medio de los acuerdos entre ministerios públicos, Brasil mandó un exhorto internacional a la Argentina para que asistiera a recibir la declaración de lxs testigos que son todos residentes en este país. Entonces, se va a armar una especie de sala de audiencias en la UFEM desde donde se va a trasmitir virtualmente al tribunal de Brasil las declaraciones de casi todos, salvo dos que declaran desde otros lugares. Va a haber también presencia de autoridades judiciales del juzgado de rogatorias que resultó designado cuando hicieron el pedido de colaboración y de la Dirección de Cooperación Internacional del Ministerio Público. En la UFEM se va a constatar la identidad de lxs testigos y cumplir con los requisitos para estos casos, por ejemplo, que no tengan contacto entre sí.
"La mejor Argentina es la Argentina que dio derechos"
Alberto Fernández reivindicó el modelo gremial argentino en un acto en Parque Norte
En su discurso, el jefe de Estado realizó una defensa abierta del modelo gremial argentino y de los derechos conseguidos gracias al trabajo de una fuerte presencia de los sindicatos. "La mejor Argentina es la Argentina que dio derechos", sostuvo y consideró que históricamente el país se "diferenció" porque se "dieron derechos que otros (países) no dieron".
En ese sentido, analizó que "cuando uno se acostumbra a vivir con ciertas cosas, cree que son habituales y normales en el mundo, pero eso no es así. Esto que vivimos, ciertos derechos que se han vuelto moneda corriente, como tener aguinaldo, vacaciones pagas, aportes jubilatorios, poder sindicalizarse, tener centrales obreras fuertes y unificadas, son todos derechos que no están en todo el mundo, están en Argentina". Agregó: "Fuimos un gran país gracias esos derechos y por esos derechos vamos a seguir trabajando todos juntos".
También señaló que la unidad de las centrales sindicales y del trabajo gremial le han permitido al país "forjar un sistema de salud único en el mundo" a través de las obras sociales.
En ese contexto, cuestionó a quienes "dicen que hay que terminar con los costos laborales, que suprimamos las indemnizaciones y que bajemos los aportes", al juzgar que "todo eso" implica "menos derechos para los trabajadores".
De ese modo, aludió a varios dirigentes de Juntos por el Cambio que proponen modificar aspectos de la legislación vigente en materia de empleo, como el reemplazo de las indemnizaciones por despido por un Fondo Nacional de Cese Laboral, eje de un proyecto que el senador Martín Lousteau ya presentó en la Cámara alta.
“Cuando nos dicen que para ser una Argentina ideal tenemos que terminar con los derechos de los trabajadores, conmigo no cuenten", remarcó.
Aunque la actividad desarrollada en Parque Norte tuvo como motivo central la asunción de las nuevas autoridades del Sindicato del Seguro, el encuentro se sumó a otros que se generaron en las últimas semanas entre la dirigencia sindical y la Presidencia.
La saga de reuniones reforzó la interpretación política que señala a la CGT como un aliado central del Ejecutivo con un protagonismo que tuvo su expresión más fuerte en la concentración por el Día de la Militancia.
En el acto de este lunes Fernández recordó también su paso como superintendente de Seguros durante el año 1989, una "época signada por un país dislocado, que tenía el problema de la deuda y un problema inflacionario infinitamente mayor al actual".
En el escenario principal, además del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, también estuvieron el secretario general del sindicato del Seguro, Jorge Sola, y su adjunta, Mirta Keppes. Bajo el escenario principal, la delegación política estuvo compuesta por la ministra de Salud, Carla Vizzotti; el ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello.
En el acto se hicieron presentes varios dirigentes gremiales, entre ellos los cosecretarios de la CGT Héctor Daer (Fatsa) y Pablo Moyano (Camioneros), más los dirigentes gremiales José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Armando Cavalieri (Comercio), Carlos Pérez (Osecac), Mario Manrique (Smata), Gerardo Martínez (Uocra) y Andrés Rodríguez (UPCN).
El ministro Eduardo Wado de Pedro recorre las provincias
En busca de acuerdos nacionales
Mientras en Casa Rosada el presidente Alberto Fernández se reunía con su mesa política y territorial, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, se encontraba recorriendo la provincia de Neuquén. El titular de la cartera retomó la actividad como si estuviera en campaña y en la provincia patagónica pidió "alcanzar grandes acuerdos nacionales con iniciativas y consensos para seguir potenciando la región". Allí, de Pedro participó de la reunión del Parlamento Patagónico junto a vicegobernadores y más de 60 legisladores de las seis provincias que componen la región. “Los países del mundo que se desarrollaron bien y en serio tienen divididos sus países en regiones", puntualizó.
El titular de la cartera de Interior estuvo acompañado por el ministro de Justicia, el rionegrino Martín Soria y por el secretario de Energía, Darío Martínez también de Río Negro. De Pedro sostuvo que “muchos miembros del Gabinete nacional empezamos a diseñar un Plan de Infraestructura para el Desarrollo Federal y delineamos un método para comenzar a escuchar y analizar las políticas nacionales en función de las necesidades de cada una de las provincias, y después pensar en las necesidades regionales”.
La idea del ministro, según comentaron a este diario desde su entorno, es ordenar un esquema federal, complementado con obras para el desarrollo productivo: "articular las regiones para potenciarlas", añadieron. También expresaron que esa tarea, de Pedro comenzó a realizarla en el norte grande --mientras Santiago Cafiero aún era jefe de ministros-- y ahora continúa por la Patagonia. "Trabajar para el desarrollo federal, complementado con el diálogo con empresarios", describieron desde su entorno sobre las prioridades del ministro en las últimas semanas.
El gobierno lo efectivizará el próximo 20 de diciembre
Un bono de 8 mil pesos para los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo
El próximo 20 de diciembre el gobierno de Alberto Fernández, a través del Ministerio de Desarrollo Social, pagará un bono a los trabajadores que están inscriptos en el programa Potenciar Trabajo. Se tratará de una suma total de ocho mil pesos, es decir, la mitad del dinero que perciben los beneficiarios de ese programa de forma mensual –monto que a su vez representa medio Salario Mínimo Vital y Móvil–. El mismo día que se efectivizará el pago, se cumplirán 20 años de las manifestaciones del 19 y 20 de diciembre de 2001 que terminaron con el gobierno de Fernando de la Rúa.
Más allá del aniversario, el Gobierno espera un fin de año tranquilo. “Seguramente el 20 y 21 de diciembre habrá movilizaciones y actos en conmemoración a esa fecha tan terrible, pero no pasará de eso. El escenario es muy diferente y el clima es todo lo contrario a uno de violencia y desestabilización, como lo fue el de aquel momento”, puntualizaron en la Casa Rosada. Además, agregaron que desde sectores de la oposición “se está agitando ese fantasma, pero no pasará nada, como tampoco pasó nada cuando se cumplieron 10 años del 2001 en 2011”.
Más de un millón de personas recibirán el bono que llega justo antes de las fiestas de fin de año. “El Ejecutivo analiza siempre mejorar, asistir y estar al lado de los argentinos que la están pasando mal”, expresó el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta poco después de mantener un encuentro con el jefe de Gabinete, Juan Manzur.
Más trabajo por planes sociales
Por otra parte, Zabaleta aseguró que el bono que se efectiviza en diciembre es parte un un conjunto de decisiones que el Gobierno va a anunciar de manera progresiva. El funcionario también recordó que continúa el trabajo conjunto con el Ministerio de Trabajo, que conduce Claudio Moroni, para el diseño de puestos de trabajo que reemplacen a los planes sociales y, con ese objetivo, ya se firmaron convenios en el área de la construcción y los gastronómicos.
Sobre la conversión de planes sociales en empleo –uno de los ejes centrales de la campaña del oficialismo– desde el Gobierno expresan que el objetivo es lograr transformar en el corto plazo aproximadamente unos 100 mil. Además, añadieron que esperan que, durante la temporada de verano que se aproxima, la conversión “funcione bien” y se trabaje de forma articulada con las cámaras hoteleras. Enumeran que los planes que se convirtieron en trabajo dentro del sector rural “vienen bien”, y adelantaron que están trabajando para sumar en esa línea a la Cámara de Transporte. En las oficinas de Casa Rosada confían que los números que de a poco van mejorando en la macroeconomía, comiencen a notarse en la vida cotidiana de las personas y estiman que, con la reactivación que hay en marcha, cada vez se generarán más puestos de trabajo.
La implementación del bono es una buena noticia pero entre los movimientos sociales continúa el reclamo de que se implemente un salario universal. En esa línea, el referente de Patria Grande, Juan Grabois había afirmado en declaraciones televisivas que “frente a un plan plurianual de garantías para el FMI, tiene que haber un plan plurianual de garantías para el pueblo pobre de la Argentina en el que debe incluirse un salario básico universal para los 9 millones de argentinos que no tienen ingresos regulares para sostener una vida”. Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo esa posibilidad está distante de ser una realidad al señalar que “no se podrá discutir este año el salario universal”, y añaden que tampoco tienen en claro cuál sería el universo al que estaría dirigida una medida de ese tipo.
Así como la reconversión de los planes en trabajo genuino es uno de los principales eje de gobierno, la negociación con el Fondo Monetario Internacional es otro. En ese sentido y buscando más respaldo a la negociación, este miércoles el ministro Martín Guzmán, que según colaboradores del Presidente “no pierde de vista lo que sucede a nivel social”, se reunirá con los triunviros de la CGT, Pablo Moyano, Héctor Daer y Carlos Acuña. La presencia de Guzmán está en línea con la construcción del presidente Fernández del denominado “peronismo territoria” con el que busca afianzar el respaldo político a la segunda parte de su gobierno y con vista a la reelección en 2023. En ese sentido, la CGT se convirtió para Fernández en una de las patas de ese armado que integran los gobernadores y los intendentes del conurbano.
Sobre la base del principio de "justicia universal"
La Cámara Federal porteña ordenó investigar crímenes de lesa humanidad cometidos en Myanmar
Sobre la base del principio de "justicia universal", la Cámara Federal porteña ordenó reabrir y profundizar una investigación desde Argentina por violaciones a los derechos humanos contra la población civil de la comunidad Rohingya en el país asiático de Myanmar.
La decisión fue tomada por la sala I del Tribunal de Apelaciones, firmada por los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, quienes revocaron una decisión previa de la jueza María Servini. La magistrada había desestimado y archivado el caso por "imposibilidad de proceder". Ahora los camaristas le ordenaron reanudar la investigación y "profundizarla".
"Se debe recordar que nuestro país se encuentra habilitado para proseguir con la pesquisa, aunque los hechos acaecieran en Myanmar, en virtud de la recepción del principio de jurisdicción universal que ha sido consagrado constitucionalmente", concluyeron los camaristas.
Además, la Cámara aceptó como querellantes a un denunciante y a seis mujeres, quienes en una audiencia previa, ante estos tres jueces, de manera remota, ratificaron haber sido víctimas de violaciones, tormentos y contaron cómo fueron asesinados sus familiares.
La denuncia fue presentada a finales de 2019 en los Tribunales Federales de Retiro por Maung Tun Khin, presidente de la Burmese Rohingya Organization UK (Brouk), radicado en Londres. Tanto él como seis mujeres que escaparon a Bangladesh fueron aceptados como querellantes en el caso, y los representó el abogado Tomás Ojea Quintana.
"Los recurrentes sostuvieron que desde el inicio de estas actuaciones los delitos que denunciaron fueron cometidos íntegramente en Myanmar, en la provincia de Rakhine, lugar en el que se llevara a cabo un ataque generalizado y sistemático contra la población civil de la comunidad Rohingya", reseñó la sala I de la Cámara.
El tribunal encomendó además a Servini decidir si acepta como "amicus curiae" (amigos del tribunal) en el caso al abogado argentino Roberto Durrieu y al Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy.
"No se ignoran las circunstancias señaladas por la jueza de grado en torno a las dificultades que acarrearía la pesquisa y el juzgamiento de sucesos acaecidos en un país geográficamente lejano, con un idioma y una cultura distinta. Pero, a la vez, no puede dejar de ponderarse la existencia de dispositivos de colaboración para la recolección de pruebas los que, en principio, facilitarían la compleja tarea", evaluaron los magistrados.
En ese sentido, recordaron que "el Mecanismo Independiente de Investigación para Myanmar se ha dirigido expresamente al juzgado de origen y ha indicado que se encontraba a disposición para compartir información, documentación y pruebas relevantes".
"La nota remitida ha expresado que la asistencia y cooperación se brindará en un marco de confidencialidad y seguridad de las fuentes, criterios que con independencia de la valoración que la juzgadora podría realizar, implican un medio con miras a facilitar su labor", agregó el fallo.
Fuente:Pagina12
Vizzotti: “La información difundida sobre el crucero Hamburg es falsa”
La ministra desmintió lo que publicó una web de noticias respecto de que funcionarias de Migraciones, por error, no habían cumplido el protocolo con el barco proveniente de Cabo Verde, Africa.
29/11/2021
La ministra de Salud, Carla Vizzotti, negó que haya sido admitido por error el ingreso de un crucero proveniente de Cabo Verde y consignó que, por el contrario, “el buque dio aviso de un caso positivo”, y se diagramó entonces un operativo en el que “se realizaron más de 300 PCR en 24 horas” que en todos los casos fueron negativos, incluyendo la del caso, que “continúa aislado junto a sus contactos estrechos”.
“La información difundida sobre el crucero Hamburg es falsa. El buque dio aviso de un caso positivo, se programó un operativo y se realizaron más de 300 PCR en 24 horas. Todas fueron negativas incluyendo la del caso, quien continúa aislado junto a sus contactos estrechos”, afirmó esta tarde la funcionaria en una serie de mensajes que publicó en la red social Twitter.
Allí, lamentó que desde el portal de noticias Infobae, que publicó la nota sobre ese ingreso producto de un supuesto error nadie hubiese consultado al Ministerio de Salud para evitar la difusión de “información incorrecta”.
“Nadie nos consultó antes de la publicación de la nota, lo cual hubiese evitado que se difundiera información incorrecta. No nos vamos a cansar de recomendar que chequeen con fuentes oficiales y confiables, y, de esta forma, aportar calma en esta situación tan particular”, aseveró Vizzotti.
Antes, en declaraciones a la señal de cable C5N, la directora Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras, Claudia Madies, había confirmado la presencia de un caso positivo de coronavirus en el crucero procedente de Cabo Verde, buque que -según indicó- las autoridades sanitarias nacionales venían “siguiendo desde altamar” porque tenían “el reporte de ese caso” y se “venía siendo monitoreado”.
La funcionaria desmintió versiones periodísticas que indicaban que el barco ingresó el viernes al puerto metropolitano por error. “No hubo ninguna confusión; no entramos en discusión; esa versión no es correcta”, dijo Madies, y agregó que el crucero “anticipó su llegada a Buenos Aires, que estaba prevista para el día siguiente”.
“Veníamos siguiendo a este buque desde altamar porque teníamos el reporte de un caso positivo, venía siendo monitoreado. El buque fue sometido a un testo de antígenos dentro de las 24 horas de su arribo. El día viernes a la noche se hizo una evaluación de la documentación completa, de los pasajeros y tripulantes sobre su vacunación, y se hizo toma de temperatura de todos los que estaban abordo más de 300 personas”, enumeró las medidas que se tomaron.
Madies agregó que “se evaluó el resultado del test de antígenos de todos, a excepción del señor que teníamos aislado, que era caso positivo”.
La funcionaria de Sanidad recalcó que el buque llegó “con un caso positivo que nosotros teníamos registrado, teníamos conocimiento y estábamos monitoreando”.
“El resultado de los antígenos hechos a la llegada del buque y el PCR hecho al día sábado a la llegada del buque ha dado negativo para todos, incluso para el caso positivo”, informó Madies.
La funcionaria destacó que la empresa “actuó en forma muy responsable”, y sostuvo que, “cuando se enteró, lo comunicó con tiempo al próximo puerto, que era el nuestro”.
Con los resultados de los controles, agregó, “se llevó a la conclusión que no existía una situación de riesgo que ameritara impedir el descenso”, mientras el caso positivo y sus contactos estrechos continúan aislados.
Fuente:TiempoArgentino
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