Asesinan a líder social en Nariño
Resumen Latinoamericano, 21 de enero de 2022.
Fundepaz indicó que este es el primer asesinato de un líder social en el departamento de Nariño en lo que va del año 2022.
La Alcaldía de Barbacoas, departamento de Nariño, en el extremo suroeste de Colombia, denunció este jueves el asesinato de Libardo Castillo Ortiz, quien era líder comunitario de la vereda San Miguel de Ñambí. Es el homicidio número nueve de un activista en el país en lo que va de 2022.
La Alcaldía emitió una declaración en la cual lamentó profundamente el fallecimiento de Castillo Ortiz, quien también se desempeñaba como motorista.
La organización Fundepaz indicó que este es el primer asesinato de un líder social en el departamento de Nariño en lo que va del año 2022.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) mencionó por su parte en un mensaje en su cuenta de Twitter que “con Libardo Castillo Ortiz serían 09 los líderes y defensores de derechos humanos asesinados en 2022 y 1.295 desde la firma del acuerdo de paz (en 2016)”.
La organización no gubernamental (ONG) mencionó que el líder fue asesinado en medio de hechos que se encuentran en investigación.
La Defensoría del Pueblo ha apuntado que en los municipios de Barbacoas, Ricaurte y San Andrés de Tumaco, en el departamento de Nariño, las comunidades han hecho resistencia a las prácticas violentas de los actores armados ilegales.
“Las exigencias de respeto a sus vidas y a su territorio, son vistas por los grupos armados como actos de rebeldía, razón por la cual estos han emprendido diversas formas de violencia en su contra”, externó Indepaz.
Nunca se acabó la guerra
Resumen Latinoamericano, 21 de enero de 2022.
El 2022 inició con los asesinatos selectivos de 27 personas solamente en los departamentos de Arauca y Boyacá. Esta violencia corresponde a enfrentamientos entre grupos armados en la zona, que se disputan el control del territorio no solo colombiano sino también venezolano (pues es parte de la frontera entre ambas naciones). La confrontación ha ido aumentado y, como ha declarado el líder del grupo disidente de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ya no solamente buscan “acabar” con los grupos contrarios; sino que ahora les interesa la población organizada. ¿Por qué? Esta es la única manera de imponer su terror.
La noche de este 19 de enero, las personas que hacen parte del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia lanzaron la alerta de que había la amenaza de un carrobomba contra la sede de dicha organización. En ella se encontraban varios de sus líderes y lideresas, en un curso permanente de Derechos Humanos que desarrollan a raíz de la convulsa situación de su territorio. Esa noche no había electricidad en el sector.
Durante la llamada de alerta explotó la bomba. Se oyeron también disparos y parecía como si hubiera un fuerte enfrentamiento en la zona. Eran ráfagas de fusiles.
Por suerte, la gente organizada había dispuesto un cerco en la calle donde se encuentra la sede de los movimientos sociales y ahí los daños solo ocurrieron materiales. Pero la bomba explotó justo frente al Instituto Colombiano de Agricultura -ICA- y el celador (Simeón Delgado) resultó víctima mortal de este atentado terrorista. Ese mismo día, en horas de la tarde, había sido noticia el asesinato de uno de los líderes de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, la cual también radica en el edificio.
Hay guerra en Arauca
De acuerdo al Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz -Indepaz-, en tan solo 17 días del presente año, en Colombia se han asesinado tres líderes sociales y se han perpetrado seis masacres. Pobladores del departamento de Arauca han sido víctimas de confrontaciones armadas, y se han visto forzados a desplazarse del lugar.
Además, en el atentado de anoche también resultaron afectados las sedes de varias organizaciones sociales como la Asociación de Juntas de Acción Comunal, la Asociación de Cabildos y Autoridades Indígenas de Arauca, la empresa de transporte Sugamuxi, varios sindicatos, el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- y la Asociación de Educadores -ASEDAR.
Desde Saravena también se reportó que, al mismo tiempo que estalló el carrobomba la noche de este 19 de enero, dispararon ráfagas de fusil contra la Empresa Comunitaria de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Saravena -Ecaaas-, la cual ya había sufrido otro atentado a inicios de la semana pasada.
Aunque la situación de este territorio es muy preocupante, no es la única en el país. El sur de Bolívar y el Pacífico colombiano también reportan enfrentamientos entre grupos armados, avance del paramilitarismo, ataque de las disidencias de las antiguas FARC contra la población civil, muertes, desplazamientos… en fin, la situación que en Colombia no ha parado a pesar de los bombos y platillos que tuvo el fallido e incumplido Acuerdo de Paz del 2016.
Atacan al pueblo
Alias Antonio Medina, cabecilla de las disidencias al mando de Gentil Duarte (grupo armado y narcoparamilitar que nunca participó en las conversaciones de Paz), ha proferido amenazas contra el movimiento social de Arauca mediante audios que circula por Whatsapp. En ellos afirmó que “la idea es volar esos negocios de los manes, Juntas, Asojuntas, líderes de ellos, toda esa mierda hay que matar”, al mismo tiempo que estigmatiza al pueblo organizado y lo nombra como parte del Ejército de Liberación Nacional.
Cabe resaltar que el carrombomba fue plantado en pleno centro de Saravena, y a unos escazos 200 metros de una estación de policía. Sonia Díaz, directora de la Fundación de DDHH Joel Sierra, asegura que “la organización sufre de estigmatización por las denuncias interpuestas contra las disidencias de las Farc, nos han declarado como zona roja”.
A pesar que la presencia del Gobierno Nacional en la zona, de la visita del Presidente el pasado lunes y de la llegada de 600 militares para “reforzar” el territorio, la guerra continúa contra la población.
En el atentado de anoche, además de las organizaciones nombras, también resultaron víctimas las sedes de dos medios de comunicación popular: Trochando sin fronteras y Sarare Stereo. Colombia Informa se solidariza con las y los compañeros de ambos medios y exige al Estado que garantice realmente el derecho a informar y ser informado que tienen las comunidades organizadas en el país. Estamos de acuerdo con ustedes en que ningún atentado terrorista doblegará la construcción de una Colombia libre y soberana.
La población araucana y las organizaciones sociales de ese territorio hoy exigen presencia de organismos de control y reales garantías de su seguridad. Asimismo, hacen un llamado al Estado para que adelante las gestiones necesarias para salvaguardar la vida de los habitantes, de las y los líderes sociales y defensores de DDHH de la región.
Fuente: Colombia informa
Enfrentamientos entre grupos armados
y ejército ponen en riesgo a la
comunidad
Por Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra – ACVC / Resumen Latinoamericano, 21 de enero de 2022.
| Aproximadamente a las 8:10 pm de la noche del 20 de enero del 2022, se registra el inicio de enfrentamientos entre un grupo armado sin identificar y miembros de la fuerza pública asentada en la base militar ubicada unos 300 metros en línea recta del Espacio Territorial de Reincorporación Juan Carlos Castañeda, donde habitan firmantes de paz y sus familias, y a unos 500 metros del caserío del corregimiento de Carrizal. |
La Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra junto con la Red de DDHH del piloto de Ruta de Protección a Defensoras y Defensores de DDHH del municipio de Remedios, departamento de Antioquia, activamos el mecanismo comunitario de Alerta Temprana frente a los hechos que se presentan en el corregimiento de Carrizal municipio de Remedios en el Nordeste Antioqueño.
Aproximadamente a las 8:10 pm de la noche del 20 de enero del 2022, se registra el inicio de enfrentamientos entre un grupo armado sin identificar y miembros de la fuerza pública asentada en la base militar ubicada unos 300 metros en línea recta del Espacio Territorial de Reincorporación Juan Carlos Castañeda, donde habitan firmantes de paz y sus familias, y a unos 500 metros del caserío del corregimiento de Carrizal.
Manifestamos que estos hechos generan un gran riesgo para la población civil que habita y transita constantemente por esta zona. Resaltamos el pánico sentido especialmente por alrededor de 70 niños y niñas hijas e hijos que viven el en ETCR junto con sus familias al estar en medio de esta situación.
Llamamos con carácter urgente a las autoridades competentes encabezadas por el gobierno nacional a que cumplan con su deber de garantía de los derechos de la población civil. Y a los grupos armados estatales y no estatales a que respeten el artículo 3 común de los protocolos de Ginebra y no infringir el DIH, ya que con sus acciones armadas que no consideran el principio de de distinción poniendo en grave riesgo de vulnerabilidad la vida e integridad del campesinado habitante del nordeste antioqueño.
fuente: Agencia de Prensa Rural
“En Arauca hemos sufrido la guerra
en todas sus formas”
Resumen Latinoamericano /Colombia Informa /21 de enero de 2022.
Este 2 de enero distintas organizaciones del departamento de Arauca, en Colombia, declararon emergencia humanitaria en la región, debido al incremento de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC. Sin embargo, el contexto que abarca la violencia actual en esta región es mucho más amplio.
Arauca, un departamento ubicado al oriente del país, reúne distintos proyectos minero – energéticos y una de las tasas más altas de soldados por cantidad de habitantes. Además, cuenta con un amplio abanico de organizaciones sociales y populares que históricamente han luchado por la permanencia en el territorio.
Durante los últimos días esta región ha sido el escenario de confrontaciones entre el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las FARC, lo cual ha desatado una emergencia humanitaria que tiene un saldo de 27 personas muertas, además de un número indeterminado de retenidas y desplazadas.
La Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra fue la primera organización en alertar sobre esta situación y desde ese momento ha acompañado a las comunidades. Conversamos con Sonia López, representante de la Fundación, acerca del contexto que envuelve al departamento y que trasciende la coyuntura.
Muchos medios de comunicación han atribuido la emergencia humanitaria en Arauca a los enfrentamientos entre ELN y disidencias de las FARC. ¿Qué otros elementos de contexto consideras que son relevantes tener en cuenta para entender lo que está pasando?
Colombia se desenvuelve en una dinámica social, política y económica internacional, determinada por el modo de producción capitalista, quienes han determinado para cada país unas tareas específicas de acuerdo a sus intereses de acumulación; a nuestro país le han designado la tarea de proveedor de materias primas. En ese sentido nuestros territorios se han convertido en objetivo para el saqueo y despojo de los bienes de la naturaleza y para lograr esos objetivos de acumulación capitalista, el Estado colombiano, servil a los imperios, ha desatado una estrategia de agresión contra el pueblo colombiano, sus organizaciones sociales y su proyecto de vida.
Arauca tiene unas características particulares: su riqueza en bienes de la naturaleza (petróleo, agua y biodiversidad), apetecibles para el capital nacional y extranjero, es frontera con la hermana República Bolivariana de Venezuela, por lo que nuestro territorio se convierte en geoestratégico en el marco de la guerra imperialista y sus planes injerencistas e intervencionistas contra el hermano país. El movimiento social y popular en Arauca tiene un histórico tejido social que ha resistido y materializado su Plan de Vida bajo la consigna de defensa de la vida y permanencia en el territorio, hecho por el cual hemos sido estigmatizados, perseguidos y criminalizados, vistos por el Estado colombiano y como “enemigos internos” en el marco de la doctrina de seguridad nacional.
¿Cómo se ha traducido esto en la vida y la permanencia de las comunidades en la región?
Aquí hemos sufrido los rigores de la guerra de todas sus formas: por un lado un histórico abandono estatal en materia de inversión social, al punto de que lo que existe en Arauca en materia de infraestructura en salud, vías, educación, es producto de las jornadas de movilización social que han llevado al Estado a hacer esas inversiones. Hemos sido declarados por el Estado colombiano como laboratorio de guerra y aquí se han implementado las diversas estrategias de una supuesta lucha contrainsurgente, contra el terrorismo y antidrogas entre otras.
Nos han estigmatizado, nos declararon zonas de rehabilitación y consolidación, se quiso consolidar el proyecto paramilitar, nos aplicaron las diversas fases de fumigaciones aéreas y militarización en el marco del plan Colombia; nos han masacrado, han desarrollado el eje de ejecuciones extrajudiciales con más de cien casos documentados y denunciados.
Nos han judicializado y encarcelado masiva y selectivamente; desde el 2002 hasta la fecha contamos por lo menos 353 compañeros judicializados y/o encarcelados, en promedio 18 dirigentes, líderes comunitarios y defensores de DDHH por año. A esto se suma las consecuencias del conflicto armado que durante el 2021 dejó por lo menos 150 asesinatos selectivos, personas retenidas y otras heridas, afectaciones a los bienes civiles, entre otras.
Casi cuarenta años de exploración y explotación petrolera no se ven compensadas en la vida digna para los araucanos, al contrario, tenemos una hecatombe social, humanitaria, económica y ambiental. Las corporaciones petroleras tienen responsabilidad en el financiamiento de esta guerra y en la criminalidad contra el movimiento social.
Hemos denunciado la financiación económica a la fuerza pública y a las estructuras de apoyo de la fiscalía, siendo estos responsables de desarrollar y ejecutar los montajes judiciales contra los líderes, lideresa y defensores de derechos humanos. Además de financiar económicamente mediante convenios de cooperación a la fiscalía, policía y ejército, las petroleras se han declarado como víctimas dentro de los procesos penales seguidos contra los líderes judicializados.
Esta situación tiende a empeorar con la implementación de nuevos proyectos petroleros en Saravena, Arauquita, Tame y Fortul, cuestión que coincide con la implementación de las denominadas zonas estratégicas de intervención integral o zonas futuro, que no son más que la continuidad del plan Colombia y su plan guerrerista, en el que el mayor componente es de carácter militar. Con el poco componente social a través de programas asistencialistas se pretende limpiar la imagen de la fuerza pública, bastante desprestigiada por los más de 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales y las masacres en el marco de las movilizaciones.
¿Qué responsabilidad tiene el Gobierno Nacional en lo que ocurre actualmente en Arauca?
El Estado es el único responsable de garantizar los derechos humanos, por tanto, en la situación del país y de Arauca el Gobierno, como representante del Estado, es responsable por acción y omisión. Por un lado, no garantiza las mínimas condiciones de subsistencia para la mayoría de colombianos, así lo demuestran los altos índices de pobreza, pobreza extrema y desempleo. Por otra parte, ha agenciado y desarrollado estrategias de criminalización con la que han cobrado la vida, libertad, integridad de personas, pueblos y territorios.
Frente al conflicto armado no ha tenido la voluntad para cumplir los mínimos acordados en el marco del acuerdo de paz.
Tampoco ha cumplido los acuerdos pactados con el movimiento social en el marco de las diversas movilizaciones y espacios de interlocución.
¿Cuál es la postura de la Fundación Joel Sierra frente a la militarización del territorio como respuesta a problemáticas sociales?
En Arauca como en el resto del país se libra un conflicto que es social, político y armado, que tiene unas causas estructurales basadas en la desigualdad e inequidad generada por el modo de producción capitalista, que deben superarse y que mientras esas causas persistan la violencia va a estar a la orden del día.
Arauca es un territorio altamente militarizado, hay más de 9 mil militares, además de la policía y la armada. Esa militarización no ha estado al servicio de proteger la vida, integridad, bienes y proyectos de la población araucana, sino al servicio de los intereses del capital nacional y extranjero, principalmente al cuidado de la infraestructura petrolera. Si la militarización fuera la solución a la crisis humanitaria del territorio ya se hubiera solucionado.
¿Cómo se refleja esto en el contexto actual?
Esta situación que se presenta estos últimos días en Arauca viene siendo usada por el Estado para seguir justificando la alta militarización y con ello la agresión contra las comunidades y sus proyectos, y como forma de seguir preparando el terreno a los planes injerencistas e intervencionistas contra Venezuela, para los cuales este territorio es geoestratégico.
Resulta que, a años de abandono estatal en inversión social, de alta violación a los derechos humanos, de saqueo y despojo, el Estado, el Gobierno Nacional y la fuerza pública, se quieren mostrar como protectores de la población civil araucana, pero que su real interés es proteger y garantizar sus objetivos económicos en el territorio, pues no es coincidencia que preciso los dos nuevos batallones llegan a zonas donde se desarrollan nuevos proyectos petroleros.
¿Cómo han respondido históricamente las comunidades y los procesos sociales a este contexto de extractivismo y violación sistemática de los Derechos Humanos?
Las comunidades en el departamento de Arauca a años de abandono estatal en inversión social, de violencia estructural y directa, y pese a las consecuencias del conflicto armado, se han organizado en los diversos sectores y procesos sociales alrededor de un Plan de Vida, que contiene las apuestas políticas, propuestas, programas y proyectos con los cuales han venido haciendo las transformaciones sociales, políticas y económicas para la vida digna y la permanencia en el territorio.
Así, en el día a día se siguen materializando y fortaleciendo los proyectos en defensa de la salud como es la red pública hospitalaria, la medicina ancestral y tradicional, la educación pública y de calidad en los diversos niveles; el fortalecimiento de la producción campesina, por lo que se sigue insistiendo en la agro industrialización, se le apuesta a la terminación de la planta procesadora de plátano, leche, agro insumos, y al fortalecimiento de los Territorios Campesinos Agroalimentarios para la producción agroecológica de alimentos, cuidado del agua y el entorno natural. Además, se apuesta por la prestación de servicios públicos a través de empresas comunitarias como ECAAAS ESP, EMCOAFOR, ECADES, entre otras.
Le seguimos apostando a la Paz entendida como la vigencia plena de los derechos. Por ello, en el día a día el Plan de Vida del movimiento social se convierte en nuestra propuesta de Paz, una paz que se refleje en condiciones reales para la permanencia en el territorio en condiciones de dignidad.
¿Qué acciones se han tomado desde las organizaciones sociales y comunitarias para hacer frente a lo que está pasando?
Frente a los últimos hechos, comprometidos con nuestro legado de defensa de la vida y el territorio, hemos estado visibilizando la situación, llamando a las autoridades municipales y departamental, a los organismos humanitarios y a la comunidad internacional para acompañar las iniciativas que desde las comunidades se han propuestos en razón de proteger la vida y garantizar la permanencia en el territorio.
También, alentando a las comunidades para fortalecer el tejido comunitario y los mecanismos de autocuidado para la protección de la vida y el territorio.
Empate en la Corte Constitucional
sobre la despenalización del aborto:
¿y ahora qué?
Resumen Latinoamericano, 21 de enero de 2022.
La medida obtuvo cuatro votos a favor y cuatro en contra, después de que un juez fuese apartado del debate al ofrecer declaraciones en un medio de comunicación.
La Corte Constitucional de Colombia sometió a votación el jueves la despenalización del aborto en el país suramericano, quedando en un empate, con cuatro votos a favor y cuatro en contra.
A favor de despenalizar el aborto en Colombia votaron los magistrados Alberto Rojas, José Fernando Reyes, Antonio Lizarazo y Diana Fajardo; mientras que en contra dieron su voto Cristina Pardo, Paola Meneses, Jorge Ibáñez y Gloria Ortiz.
Un noveno voto, que hubiera definido el tema, sería el del magistrado Alejandro Linares. Sin embargo, este fue apartado del debate por un impedimento que presentó al referirse al aborto en un medio de comunicación, donde daba a entender que estaba a favor.
Ahora, el desempate quedó en manos de un conjuez, quien tiene la misma responsabilidad y deberes de un magistrado, pero son ajenos a la Sala Plena conformada por nueve integrantes fijos nombrados por el Congreso.
En febrero de 2021, la Sala Plena de la Corte Constitucional eligió a los 18 conjueces que, en caso de empate o falta de quorum necesario, tendrán la responsabilidad de participar de la deliberación y votación de las decisiones para el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2021 y el 28 de febrero de 2022.
La responsabilidad recayó en los conjueces Julio Andrés Ossa y Juan Carlos Henao. Se eligieron a dos, puesto que son dos las demandas de despenalización que debate la Corte.
De momento, se desconoce la fecha del próximo debate o cuando habrá una segunda votación.
Actualmente, en Colombia el aborto solo está permitido en tres causales: cuando existe peligro para la salud física o mental de la mujer, cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida extrauterina y en caso de acceso carnal violento, transferencia de óvulo fecundado o inseminación artificial no consentida.
Fuera de estos casos, el aborto está penado hasta con cuatro años y medio de cárcel.
Fuente: RT
Envio:RL
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