21 de enero de 2022

OPINION.

 

Sobre los dichos de Soledad Acuña

La deserción de la política

Por Victoria Donda

¿En serio alguien puede pensar que un niño, niña o niñe preferiría trabajar a estar contenido dentro de una escuela? ¿Todavía hay quien cree que el aprendizaje entre pares es una prerrogativa de algunas clases sociales y no de otras? Sí, todavía hay quien piensa estas cosas: la ministra de educación porteña Soledad Acuña.

Sus declaraciones no son inocentes ni improvisadas y por eso constituyen un peligro para el presente y futuro de nuestro país. Y si bien están dichas en medio de una pandemia -lo cual agrava su sentido- también son coherentes con su pasado: Acuña es funcionaria de un gobierno que año tras año reduce el presupuesto destinado a la educación, y que solo entre 2011 y 2020 lo disminuyó en un 14% en términos reales.

Cuando creíamos que pocas cosas superarían el elitismo de los dichos sobre “caer en la educación pública”, de Mauricio Macri, o que los pobres no acceden a la universidad, de María Eugenia Vidal, el macrismo sigue dando de qué hablar.

El problema es que son y fueron funcionarios del Estado y, constituidos en discurso mediático, los dichos de la ministra alimentan prejuicios preexistentes en nuestra sociedad, que desde el INADI trabajamos día a día por desterrar. La asociación directa que hace Acuña entre educación pública, pobreza y criminalidad es discriminatoria por donde se la mire. Y porque los discursos construyen realidades, sus políticas también son clasistas y discriminatorias.

Como titular del Instituto contra Discriminación, la Xenofobia y el Racismo hago un llamado de atención sobre esta cuestión que pone en peligro los principios básicos de la democracia. Además, el INADI cuenta con el programa Escuelas sin Discriminación que busca, precisamente, disminuir los discursos estigmatizantes en el ámbito educativo en todos los niveles. El mismo está disponible para todas las instituciones y distritos que deseen implementarlo incluyendo, por supuesto, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Quienes creemos que es deber del Estado trabajar para mejorar la vida de la ciudadanía entendemos que nuestro rol es el de salir a buscar, integrar y reintegrar, para hacer de la igualdad de oportunidades y del ejercicio del derecho humano a la educación una cuestión de hecho. Las consecuencias que las privaciones en la educación y las políticas elitistas tienen en términos intergeneracionales comprometen el futuro de la Argentina. Culpabilizar a los sectores vulnerabilizados de su situación estructural nunca es la salida.

Y mientras parte de la oposición hace de la educación una cuestión de marketing, el gobierno nacional muestra cómo salir activamente a paliar los efectos de la pandemia en la educación y no se queda esperando, relanzando una de las políticas educativas que representa la visión de presente y futuro que nos caracteriza: Conectar Igualdad, programa que la alianza política de la ministra Acuña se encargó de desmantelar en su gestión nacional.

A su vez, se amplió el programa Progresar para incluir a quienes tienen entre 16 y 17 años y acompañarlos en la finalización de los estudios. La inscripción está aún abierta y hasta el 10 de enero ya eran 260 mil estudiantes anotados. Diez mil retoman sus estudios y vuelven a apostar a la educación.

Ya está dicho que la educación de hoy es la base de nuestro futuro. Pero parece que algunos no quieren verlo o, quizás, no quieren que todes tengamos las mismas oportunidades de futuro. Acaso sea otra oportunidad de demostrar quiénes queremos seguir apostando a procesos de aprendizaje inclusivos y de calidad; libres de discriminación y estigmatizaciones.

Somos muchos, muchas y muches los que creemos que nunca es tarde. Con la esperanza intacta y con políticas educativas que contengan, promovemos que regresen.

* Victoria Donda es titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo.



¿Cambio de clima, de rumbo o de época?

Por Washington Uranga
Imagen: Presidencia

Había una vez –hace ya mucho tiempo- en la que –en términos políticos- se afirmaba que en la Argentina “en enero no pasa nada”. Era la idea de que el país entraba en pausa con motivo de las vacaciones. La presunta certeza cayó en desuso por imperio de los propios acontecimientos. No hace falta enumerar los hechos que han sacudido al país cada comienzo de año en la historia reciente. Casi por el contrario enero ha sido un tiempo de aceleración de hechos de trascendencia política por múltiples motivos no vinculados ciertamente ni al clima ni a las altas temperaturas.

El 2022 no es, en ese sentido, una novedad ni una sorpresa. Pasan cosas. Llama, sin embargo, la atención la sucesión de acontecimientos generados por actores protagónicos del frente gobernante y que, por su significación y alineamiento, mueven a la pregunta acerca de si estamos ante un cambio de clima apenas circunstancial como el de estos días después de atravesar la tórrida semana anterior, o si se trata de una modificación del rumbo de la gestión encabezada por Alberto Fernández.

Cualquier afirmación categórica puede ser temeraria e inducir a conclusiones equivocadas. Por falta de información, por una mala lectura de la existente o por análisis político incorrecto. No obstante –y solo para tenerlos en cuenta como elemento para la reflexión- vale consignar los hechos a los que nos estamos refiriendo.

El 19 de enero, al cumplirse seis años de la prisión ilegal de Milagro Sala, se publicó una solicitada en la que además, de reclamar la libertad de la dirigente política jujeña, se afirma que "con presos y presas políticas no hay democracia plena". Lo llamativo del caso es que ese documento además de llevar la firma de referentes del campo de la defensa de los derechos humanos, también está subscrita por gobernadores, miembros del gabinete nacional y dirigentes políticos de la alianza de gobierno.

En la misma línea debe ubicarse el gesto de la ministra Elizabeth Gómez Alcorta y el ministro Eduardo de Pedro al visitar a la dirigente de la organización barrial Tupac Amaru en su arresto domiciliario de San Salvador. En esa ocasión el ministro del Interior sostuvo la necesidad de “reconstruir una Justicia que no persiga opositores” confrontando directamente con el gobernador Gerardo Morales, un habitual aliado del oficialismo desde filas de la oposición.

Antes y durante el ministro Martín Guzmán se mostró firme ante el desafío de Juntos por el Cambio que, mientras finge amnesia respecto de sus responsabilidades por la criminal deuda externa contraída durante el macrismo, ahora reclama condiciones especiales para sentarse a recibir información sobre las negociaciones en curso. Guzmán se plantó: si quieren saber vengan a Economía, porque no están en situación de exigir condiciones, habría dicho palabra más o menos, en medio del debate casi ridículo sobre el escenario y la oportunidad del encuentro. Hasta ahora al menos, Alberto Fernández banca la parada.

El propio ministro de Economía –que suele hablar con más interlocutores que los que se conocen públicamente- se encontró con Cristina Fernández de Kirchner y  la vicepresidenta escribió una nueva carta en la que afirma que la “pandemia macrista” ha sido más grave que la pandemia covid-19. La titular del Senado apoya su afirmación en datos y usa argumentos que, alguien puede suponer, cotejó también con Guzmán.

Por su parte el ministro de Economía, que ha guardado reserva entendible respecto de las negociaciones sobre la deuda y ha sido cauto al criticar a los prestamistas ahora dio un paso más y advirtió que "el Fondo Monetario Internacional puede perder legitimidad si empuja a Argentina a una situación desestabilizante". Alguien con más libertad que la que puede tener Guzmán en su calidad de ministro y principal negociador de la deuda, podría preguntarse si al FMI todavía le queda algo de legitimidad. Tanto Fernández como Guzmán levantaron el tono como nunca antes para decir que “el FMI intenta imponernos un programa y nosotros no estamos de acuerdo”. Quedó atrás de la idea del “FMI bueno”.

No debería pasarse por alto que mientras el canciller Santiago Cafiero va a Estados Unidos a encontrarse con su par Antony Blinken, en una suerte de jugada a varias bandas el presidente Alberto Fernández anuncia su visita a Rusia para verse con Vladimir Putin y a China donde se propone dialogar con el presidente Xi Jinping, una ofensiva diplomática que podría interpretarse como un mensaje de autonomía de parte del mandatario argentino quien ahora, además, es presidente de la CELAC.

Mientras tanto en el horizonte político interno y mientras avanza la causa derivada del espionaje macrista y la desmesura de la “gestapro” -orquestada por María Eugenia Vidal aunque ella pretenda hacerse la víctima inocente- se está gestando como nuevo hecho político lo que se presume será una masiva manifestación de repudio al poder judicial para el próximo 1 de febrero frente a Tribunales. La novedad radica en que a esa propuesta se suman dirigentes políticos del oficialismo, sindicalistas, movimientos sociales y actores que hasta el momento no se habían pronunciado en la calle sobre este tema.

Seguramente el lector, la lectora, podrá agregar de su propia cosecha otros hechos y acontecimientos de similar tenor que escapan en este momento a la memoria del cronista o que sería largo de enumerar en el espacio del que se dispone. Pero – basado también en la certeza de que en enero ocurren… cosas- la pregunta política central es si todo lo enumerado y lo que se pueda adicionar constituye apenas un coyuntural cambio de clima o, si más allá de ello, las circunstancias políticas, la coyuntura económica y las dificultades derivadas de la negociación de la deuda –entre otros factores- están empujando a Alberto Fernández y su equipo hacia un cambio de rumbo. O, todavía más: que estamos iniciando una nueva etapa política en la Argentina. Nada está dicho por el momento.

Fuente:Pagina12


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