Todos los indicadores en ascenso salvo la internación
La tercera ola toma envión con el nuevo año
Hay largas colas para testearse. La positividad ya es del 28% y las autoridades insisten en que la clave es aislarse y sólo hacerse la prueba por indicación médica.
Los primeros días de 2022 comenzaron con un panorama preocupante en lo que a la pandemia respecta, con un acelerado ascenso del número de contagios como consecuencia de la gran cantidad de encuentros y eventos realizados durante las fiestas. A su vez esto se traduce en el incremento de varios indicadores. Un reflejo de esta situación se pudo ver ayer en el Galpón 17 donde hubo casi 10 cuadras de cola de personas que fueron a testearse desde el amanecer. Ante esto, desde la cartera de salud provincial insistieron en que lo más importante es el aislamiento y que solo deben ir a hacerse la prueba los que tengan una indicación médica. Un dato alentador es que si bien se registra un leve ascenso en relación a las internaciones, el nivel de ocupación de camas se mantiene bajo gracias al gran porcentaje de vacunados con dos dosis. Mientras tanto se avanza con la aplicación de terceras dosis en aquellos que hayan recibido la segunda hace 5 meses o más y en mayores de 60 que se la aplicaron hace 4 meses.
El coletazo de los encuentros sociales, reuniones, festejos y eventos masivos por las fiestas ya se comienza a reflejar en todos los indicadores que son monitoreados día a día por las áreas de salud de la provincia y el municipio. El primer número que marca el alerta es el de los contagios: en tan solo una semana Rosario pasó de 1.282 casos activos a 5.680. Además, en la ciudad se pasó de 52 positivos el domingo 26 de diciembre a 354 en el día de ayer, una nueva jornada en la que no se registraron fallecidos en Rosario. Igual, el número se estima que es bajo por tratarse de un fin de semana.
De acuerdo a lo que detallaron a Rosario/12 desde el Ministerio de Salud de la provincia, durante esta última semana se estuvieron realizando aproximadamente 10.000 testeos por día en el Galpón 17 e incluso hubo jornadas en que se llegó a 12.000. Además, alertaron que el nivel de positividad de los mismos está en el 28% y ascendiendo. Por eso, ante la saturación del trabajo de quienes testean día a día, consideraron importante resaltar que aquellas personas que tengan síntomas y/o sean contacto estrecho de un caso confirmado deben aislarse y no ir a testearse “por las dudas”. En ese sentido, mencionaron que las pruebas deben limitarse a quienes tengan una indicación médica de hacérsela. Por su parte, desde la provincia y el municipio confirmaron que actualmente coexisten las variantes Delta y Omicron, con un fuerte avance de la segunda de acuerdo a los estudios de secuenciación.
En el mismo sentido se refirió el secretario de Salud Pública municipal, Leonardo Caruana, quien explicó que en esta última semana ven un claro ascenso en el número de contagios y de todas las variables que antes eran de bajo riesgo y hoy han aumentado, como la Razón de casos, la Incidencia y el RT, que es el número de reproducción diario. “La positividad de los test está en el 28% y hace tres semanas era del 3 o 4%. Eso se ve en un leve incremento de las consultas a los centros de salud y en las guardias tanto de los sistemas público como privado”, explicó a este medio. Por otro lado, detalló que la franja etaria en la que se registran más contagios va desde los 15 y 18 años hasta los 59 años.
Un dato positivo entre tantos alarmantes es que si bien hubo un leve ascenso en relación a las internaciones, lo que no cambió demasiado es la ocupación de camas críticas y camas generales por patología Covid. “Hay un leve incremento pero es mínimo con respecto a otros momentos donde con 1.200 casos teníamos un 50% por ciento de ocupación de camas en el sector público mientras que hoy ese porcentaje no llega al 2%”, destacó el funcionario municipal. A nivel provincial, el nivel de ocupación de camas UTI es del 66%, correspondiendo solo un 5 o 6% a pacientes que transitan el Covid.
La explicación de esto se puede encontrar en el gran porcentaje de personas vacunadas con dos dosis que en la provincia es del 81% y en Rosario del 88%. “De todas formas, hay que seguir trabajando para lograr la máxima cobertura y el mayor porcentaje de terceras dosis”, consideró Caruana. En ese sentido, desde la cartera de salud provincial destacaron que ya tiene tercera dosis el 80% del personal de salud, el 60% de los docentes y ya se completó al grupo de los mayores de 60 con 5 meses desde la segunda dosis. Actualmente se sigue avanzando con la población general que haya recibido la segunda dosis hace 5 meses o más y mayores de 60 con 4 meses desde la segunda dosis.
Con respecto a los cambios de protocolo de aislamiento que se definieron esta última semana en el Consejo Federal de Salud (Cofesa), Caruana destacó que los están poniendo en marcha y mencionó que se ha intensificado el trabajo de los llamadores en el seguimiento de los casos para buscar la trazabilidad “en un escenario de mucha mayor complejidad ante tantos eventos y cuando la movilidad social, las migraciones y la conectividad es tan grande”. De todos modos, consideró que el trabajo de los llamadores es muy importante en este momento “porque intenta asesorar y acompañar a las personas que se enferman pero sobre todo limitar la cadena de contagios”.
Aclaración sobre restricciones
Ante algunas dudas que surgieron luego de que el gobierno provincial diera a conocer a las nuevas restricciones que rigen en el territorio santafesino, la Municipalidad de Rosario emitió un comunicado que busca echar luz sobre las medidas definitivas que serán revisadas después de 12 días corridos en base a la evolución de casos e internaciones por covid-19.
En ese sentido, el municipio detalló que están habilitados todos los eventos hasta 500 personas, mientras que para aquellos que superen las 500 personas y hasta 1.000, se analizarán según la condiciones de cada uno. En este último caso, solo podrán realizarse al aire libre, sin exceder el 70% del factor ocupacional. Por su parte, la atención en las dependencias municipales continúa de la misma forma que hasta ahora
Messi
Crítica de la UCR al gobierno provincial por el Presupuesto 2022
"Intenta victimizarse"
El interbloque de legisladores provinciales de la UCR, a través de un comunicado publicado ayer, manifestó la “profunda preocupación por la línea comunicacional del gobierno provincial, expresada a través de funcionarios de primera línea, intentando culpar a la oposición por la falta de sanción de ley de Presupuesto 2022 antes del 1° de enero". Los bloques que lideran el diputado Maximiliano Pullaro y el senador Felipe Michlig acusaron a la Casa Gris de usar "argumentos falaces desconociendo la necesidad de consolidar el diálogo político a través de ambos poderes y los representantes democráticos elegidos por el pueblo para tal fin, tratando además de imponer criterios unilaterales y discrecionales que atentan contra los intereses del conjunto de los santafesinos”.
Se sostiene que “no hubo rechazo al proyecto de ley de Presupuesto provincial 2022. Dicho mensaje del PE tiene media sanción de la Cámara de Senadores y sigue en trámite legislativo a través de un exhaustivo análisis e intercambio de opiniones en la Cámara de Diputados, en procura de lograr los consensos políticos necesarios, que permitan sancionar una ley equilibrada y transparente, lo cual merece necesariamente un prudencial tiempo de análisis por la importancia que amerita la cuestión”.
“Pese a que el gobierno intenta victimizarse con falsas argumentaciones, tiene los instrumentos presupuestarios para gestionar sin mayores problemas por más que aún no cuente con el presupuesto 2022 aprobado”, indican los bloques de la UCR santafesina.
Sobre las dificultades para la aprobación en la Cámara baja, explican que "durante los dos últimos años los gobiernos locales tuvieron que afrontar distintas situaciones críticas y muchas veces no recibieron el acompañamiento esperado de la provincia, sobre todo en lo que refiere a la distribución de programas y recursos para afrontar erogaciones extraordinarias por la pandemia que no llegaron para todos por igual”.
“Entendemos que la línea de análisis del gobierno provincial no tiene otro objetivo que el de tapar la falta de capacidad para gobernar y gestionar, con improvisación, con falta de diálogo con propios y extraños, lentitud y discriminación hacia los municipios y comunas que no se someten a la voluntad e intereses partidarios del PE provincial, cuando en verdad tienen las herramientas necesarias para gobernar reconduciendo el presupuesto anterior”, continúan. E insisten: “Es nuestra responsabilidad resguardar a través de la Ley de Presupuesto para 2022 al conjunto de los santafesinos y particularmente a los municipios y comunas, para que sean tratados con equidad y dignidad”.
El documento aclara que “la Ley de Administración Eficiencia y Control 12.510 le asigna al Poder Ejecutivo herramientas de flexibilización del presupuesto para adecuarlo a las necesidades que surjan en el devenir del año. Dichas herramientas son aplicables igualmente para los presupuestos reconducidos. Incluso, dichas facultades le permiten incorporar al presupuesto programas u obras que no estaban previstas en el presupuesto”.
“Además, la Ley de Presupuesto 2021 –que se reconducirá transitoriamente para 2022- establece facultades para el Poder Ejecutivo, adicionales a las que prevé la Ley de Administración Eficiencia y Control. De esta forma queda claro que gestionar transitoriamente con un presupuesto reconducido no implica la paralización del Estado, ni que algunas áreas se queden sin financiamiento, ni que servicios públicos dejen de tener los recursos necesarios, ni que las obras en ejecución deban detenerse, ni que se paralice la adjudicación de obras nuevas, aunque no hayan estado previstas en la ley de presupuesto 2021”.
“Los años 2009 y 2013 son perfectos ejemplos de circunstancias similares a las que ahora el Gobierno Provincial pretende definir como trágicas e inéditas. En esos años, los gobiernos del Frente Progresista comenzaron el año sin ley de presupuesto aprobado y recondujeron el presupuesto del año anterior”, finaliza el documento de diputados y senadores de la UCR provincial.
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Debate sobre la ley de relevamiento territorial indígena
La vieja deuda que pasa el tiempo y no se salda
La UNR publicó Salir de la emergencia, sobre la vulneración de derechos de los pueblos originarios a partir de la negación de una normativa que afectaría intereses económicos.
La cuarta prórroga a la Ley de Emergencia de la Propiedad Comunitaria reavivó el debate sobre una vieja deuda que el Estado nacional mantiene con los habitantes originales de este suelo, los pueblos originarios. Y en ese marco, la Universidad Nacional de Rosario editó un libro que pone de relieve estos asuntos nunca resueltos y que en lo cotidiano se traducen en la violación de los derechos humanos de esa parte de la población. Una problemática que involucra a la provincia de Santa Fe, y a Rosario en particular, donde las comunidades indígenas reanudaron este año la movilización en reclamo de legislación definitiva que las legitime en la ocupación y uso de sus tierras ancestrales ya como dueños titulares. En esta ciudad no hay tierras comunitarias, y la población qom y mocoví –también hay wichi, pilagá y mapuche, pero muy poca– que empezó a radicarse desde hace 35 años enfrenta un problema nada sencillo con sus viviendas, ocupadas a modo individual y no con sentido comunitario, como indican sus culturas. Se precisa una ley que reconozca la forma de propiedad comunitaria.
El reclamo histórico de las comunidades originarias no tiene cabida entre las prioridades de las agendas parlamentarias, ni nacional ni provinciales. Data de 2006 la ley 26160, de emergencia de la propiedad comunitaria, y que obliga al Estado –esto es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)– a realizar un relevamiento territorial de cada comunidad en coordinación con los gobiernos locales. Pero esta ley es solo la antesala de lo que debería ser una legislación definitiva que consolide a los pueblos originarios en sus tierras, a salvo de los intereses económicos que los mismos estados dan calce, al autorizar desmontes, expropiaciones, explotaciones agrícolas y ganaderas.
Desde entonces esa ley se viene prorrogando. El Presidente Alberto Fernández tuvo que hacerlo el 18 de noviembre a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia. Carlos Salamanca es investigador del Conicet y director del Programa Espacios, Políticas, Sociedades (Centro de Estudios Interdisciplinarios, Universidad Nacional de Rosario). En su prólogo del libro Salir de la emergencia (CEI - UNR) puso de relieve que 15 años después de sancionada la ley, todavía falta relevar más de la mitad del total de comunidades indígenas. Y mientras tanto, "sobre muchos territorios se ciernen amenazas de desalojos y expulsiones", bajo la presión de un modelo extractivista que prioriza el agronegocio y el monocultivo.
El libro recopila una serie de conversatorios que se desarrollaron en la víspera del DNU presidencial de prórroga de la ley, entre setiembre y noviembre pasado, con personas involucradas como líderes indígenas, ambientalistas, abogados y antropólogos. Como caso testigo está el relevamiento que el INAI realizó en la comunidad Mbya Guaraní de Alecrín, en Misiones. Una experiencia que se hizo desde el Estado, y desde el Estado mismo a su vez se autorizó continuar con la deforestación en la zona. "Eso ocurre paradojalmente, el Estado hace una cosa con una mano y lo opuesto con la otra", señaló Salamanca a Rosario/12.
Desde la sanción de la Ley en 2006 se ha relevado sólo el 42% de las comunidades. Es pertinente considerar además que cuando se sancionó la legislación había menos de mil comunidades registradas y que hoy son 1.756, de las cuales 703 ya han sido relevadas, con resolución administrativa. Santa Fe es una de las pocas provincias junto con Salta, Chaco, Misiones y Jujuy, que mantiene un convenio con el INAI para avanzar en el relevamiento de comunidades.
El debate apunta superar esta ley 26160 que impide los desalojos y reconoce la posesión originaria de tierras, pero falta otra legislación con la que el Estado reconozca de manera definitiva los territorios comunitarios para esta población, esto es, la necesidad de una Ley de Propiedad Comunitaria Indígena que garantice la propiedad y titularidad, no solo la posesión.
"Se desconoce que, como consecuencia de una práctica estructural y culturalmente arraigada de despojo, muchos indígenas en el país habitan hoy en pequeñas porciones de tierra de lo que fueron sus territorios tradicionales. Permanece una impronta etnocéntrica que invierte la carga de la prueba en la misma ley. Las comunidades indígenas, aun con la injusticia socioespacial que viven, deben demostrar que la posesión que ejercen de sus tierras es legítima", observó Salamanca en el prólogo del libro del que participaron académicos, activistas , indígenas y no indígenas de distintas organizaciones.
La Constitución de 1994 incluyó el reconocimiento de la propiedad comunitaria indígena, estatuto clave para revertir la relación traumática que campeó siempre entre Estado y pueblos originarios. A pesar del reconocimiento normativo, y a pesar del tiempo transcurrido, el goce efectivo de los derechos territoriales sigue siendo una utopía para este sector de la población.
El caso Rosario
En Rosario, la Dirección de Pueblos Originarios municipal realizó un censo en 2014, y luego le hizo algunas actualizaciones. En ese entonces, contaron 6.521 personas que se declararon pertenecientes a pueblos originarios. La titular de esa repartición, Marcela Valdata, estima que esa población creció quizás un tercio y hoy contenga a unos 8500 miembros, sin contar la comunidad de paraguayos guaraníes, fuera de este registro.
Aquí la lucha no es por tierras comunitarias porque no las hay como tales. Pero aunque la relación socio espacial es diferente, el sentido de comunidad persiste como identidad. Esta población sí se debe un reconocimiento del Estado al carácter comunitario de las viviendas que les han ido asignando desde que empezaron a migrar masivamente, a mediados de los '80, y que en muchos casos han terminado de pagar. "Esas tierras no están planificadas como comunitarias porque tienen viviendas de uso individual", explicó Valdata.
Al poseer viviendas individuales no comunitarias hubo quienes las vendieron –muchas veces, de palabra nomás– a personas ajenas a la comunidad indígena, y allí la situación se complejiza y depara una puerta de ingreso del narcomenudeo u otras economías delictivas al barrio.
El incremento poblacional superó las previsiones. Las dificultades llegan a extremos como el de la violencia institucional. Dentro de una veintena de casos de represión estatal contra el reclamo indígena en diversas provincias, se cuenta el desalojo violento que la policía hizo el 12 de junio de 2020 sobre un grupo de familias Qom y Moqoit (tobas y mocovíes) en un predio de Rouillón y Aborígenes Argentinos que pretendían ocupar para erigir allí sus viviendas y aliviar el hacinamiento que predomina en el barrio.
La misma saturación registra el asentamiento de Travesía y Sorrento, al norte del emplazamiento de Juan José Paso y Sabin, el ex proyecto Sueños Compartidos. Quedaron 37 viviendas sin construir, y el terreno hoy está ocupado por un centenar de familias. "Durante el gobierno de Macri no hubo ningún acercamiento de Nación para solucionar el problema allí. Hicieron promesas nunca concretadas, y persisten las comunidades que hace casi 40 años que están en la ciudad y que nunca tuvieron inserción en planes habitacionales", señaló Valdata.
Los asentamientos urbanos y periurbanos indígenas como los barrios de Travesía y Sorrento, o Los Pumitas, o de Rouillón y Maradona, registran hoy un alto grado de hacinamiento porque las familias de origen se han multiplicado, y la inmigración desde el norte continúa. Entonces, destaca "el déficit en infraestructura y saneamiento, y la ausencia de una política clara que baje para contribuir al ejercicio de los derechos territoriales", señala el documento publicado por CEI-UNR.
A nivel local, la problemática se discute en la comisión de Tierra y Vivienda del Concejo, con la presencia del Ejecutivo y doce comunidades originarias. Mientras tanto esperan desde agosto que el INAI atienda su llamado.
Las familias originarias se han ido dispersando, y ya no habitan solamente los tres barrios mencionados. También residen en Industrial, Bella Vista Oeste, Villa Banana, Villa Pororó, Tío Rolo y Fontanarrosa (Zona Cero). Desde el censo de 2014, hay barrios que duplicaron su población originaria en estos siete años. "Es preciso tener certeza mayor, y saber los núcleos parentales que conforman la comunidad de Rosario", señaló la titular del área municipal.
"La consecuencia de que Rosario no tenga tierras comunitarias es el desarrollo de esta población en la marginalidad, asentamiento poco urbanizados, con problemas de acceso a servicios públicos porque se han ido extendiendo en lugares donde no es posible aún una vida digna ni saludable. Y como no hay un trabajo que apunte a considerar esas propiedades como comunitarias, es que se necesita una planificación, una ley, para que las viviendas pertenezcan para siempre a la comunidad, que sean intransferibles. No hay planificación en sentido comunitario. No hay regulación para que eso sea de la comunidad y no individual", reclamó Valdata, antropóloga de profesión.
Llamado a la unidad
Las 62 organizaciones reafirman sus valores democráticos y llaman a todas las fuerzas a unirse para derrotar a los sectores antidemócraticos de nuestra sociedad.
Las organizaciones gremiales son parte de la base de la democracia, como lo son la salud pública y la educación pública. A modo de ejemplo recordemos los ataques a la salud con el cierre del Ministerio y a la educación publica con expresiones tales como "los pobres no llegan a la universidad". Socavar las bases que sostienen a las sociedades democráticas es lo que una y otra vez se encargaron de hacer los dirigentes del PRO.
Una vez más quedó demostrado con las denuncias públicas y judiciales la creación de mesas político-judiciales que buscaban generar el disciplinamiento a un régimen antipopular y antidemocrático en sus prácticas por medio de la persecución de los opositores y de las organizaciones gremiales.
Las 62 Organizaciones Peronistas le piden a la justicia que actué con aquellos integrantes del Poder Judicial que hayan sido parte de esta mesas político-judicial, a las autoridades políticas que hagan lo propio con los integrantes de los organismos del Estado que fueron parte de estos grupos paraestatales creados contra la democracia. Por último aquellos demócratas que integran el frente Juntos por el Cambio, que hagan lo mismo contra los que atentan contra la paz y la vida en sociedad de nuestra patria.
62 Organizaciones Peronistas de Rosario
Fuente:Rosario12
Solicitud al municipio
La comunidad de pescadores de Rosario planteó la creación de un puerto propio en las orillas del Arroyo Ludueña, para desarrollar la economía regional y el turismo. “Esta obra será un beneficio para toda la ciudadanía”, indicaron.
La Asociación Civil Carlos Bocacha Orellano, junto a otros espacios de pescadores locales, pidió “la pronta aprobación” del proyecto Puerto de Pescadores, que la ahora ex concejala Alejandra Gómez Sáenz presentó en el Concejo Municipal, y que recibió el respaldo de la Cámara de Senadores de Santa Fe, que declaró la iniciativa de interés provincial.
En un comunicado, las comunidades de pescadores aseguraron que el proyecto –que estaría emplazado en la desembocadura del Arroyo Ludueña, donde además se propone un paseo y puerto de pescadores– tiene “aprobado su factibilidad técnica y ahora espera la aprobación de la Municipalidad de Rosario”.
“Esta propuesta fue acercada por grupos de trabajadores pescadores organizados y no organizados, en torno a la necesidad de articular políticas públicas en la zona de la desembocadura del Arroyo Ludueña y tendientes a resignificar tal oficio y a poner en valor a la pesca en cuanto proveedora de productos al servicio de la economía regional, el bienestar general y el turismo”, indicaron.
Desde la entidad que presiden Edgardo Orellano, padre del joven víctima de desaparición forzada seguida de muerte, aseguró que esta iniciativa “es un viejo anhelo de la comunidad”, ya que “su concreción sería un espacio ganado para la ciudadanía en general, que contaría con un espacio de recreación, puerto fiscalizador, centro cultural, polo turístico y en el que las comunidades de pescadores ofrecerán sus productos con valor agregado para degustar. Y también se agregaría un circuito de la economía regional, comercio justo y productos locales”.
“La comunidad de pescadores unida solicita esta obra que será un beneficio para todos y todas cuando se concrete. Para que esto suceda solicitamos al Ejecutivo municipal la pronta aprobación del proyecto”, concluye el escrito.
Fuente:RedaccionRosario
Casi mil contagios en la provincia, de los cuales 350 son de Rosario
El reporte incluyó una víctima fatal, un paciente de 32 años en Pueblo Esther. La positividad ya aparece en tres de cada 10 personas que se realizan el test.
Durante el fin de semana del nuevo año no se detuvo demasiado la marcha de los contagios mayormente de la contagiosa ómicron. En rigor, el Ministerio de Salud de Santa Fe reportó el domingo 954 nuevos casos de coronavirus en la provincia, 354 de los cuales fueron registrados en Rosario.
Además, en la localidad de Pueblo Esther falleció un paciente de 32 años y el total de personas fallecidas por la covid-19 desde el inicio de la pandemia asciende a 8.649. De esa cifra, 3.899 fueron de Rosario.
Con los datos aportados por la cartera sanitaria, la provincia ya suma 489.664 positivos, con 13.921 activos a la fecha.
Las autoridades sanitarias señalaron este fin de semana que el índice de positividad ya aparece en 3 de cada 10 personas que se someten a hisopado. En Rosario hay unas 18.000 personas aisladas por diagnóstico positivo y por contacto estrecho. Las personas que cursan la enfermedad por estas horas ya son 5.500, una cifra cercana a lo peor de la pandemia, el año pasado.
Fuente:RosarioPlus
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