Covid 19: amigo de los ricos y
enemigo de los pobres
Por Juan Guahán, Resumen Latinoamericano, 22 de enero de 2022.
El Covid19 ha favorecido a los más ricos, dejando un tendal de pobreza, es por eso que tiene ganadores… y perdedores. Economía Argentina 2022: Perspectivas y búsqueda de quién paga los platos rotos.
El COVID19 no es solo un problema sanitario, es mucho más que eso. Es un gigantesco tema económico-social con raíces culturales, que tiene sustento en otras manifestaciones de esta pandemia a las que –hasta ahora– no se le ha prestado suficiente atención. Aquí se hablará de eso. Se hará a partir de un Informe de Oxfam, una confederación de organizaciones no gubernamentales que –desde 1942- realiza actividades humanitarias que hoy se despliegan por varios países y cuyo lema es “trabajar con otros para combatir la pobreza y el sufrimiento”. El Informe al que se hace referencia fue producido por su organización española -Oxfam Intermón- que naciera en 1956 y que tuviera, en su origen, vínculos con los jesuitas.
La información proporcionada da cuenta que ¡El Covid tiene ganadores…! y también perdedores, que incrementa notoriamente la desigualdad social y que la ¡desigualdad –en materia de salud- mata!
Este Informe fue originalmente pensado para hacerlo público coincidentemente con la anual Reunión de Davos, Suiza. Finalmente, este evento, se realizará -después de varias prórrogas- entre el 22 y 26 de mayo del corriente año.
El eje del mencionado Informe es que la distancia entre el núcleo de los más ricos respecto al resto de la sociedad creció, de un modo inmoral desde el inicio de la pandemia.
Si tomamos el dato de las 10 personas más ricas, en estos 2 años, su riqueza se duplicó. El volumen total de su capital alcanzaba, al inicio de la pandemia, 700 mil millones de dólares. Hoy ese capital es de 1,5 billones. Es decir que durante el Covid, ese capital, creció unos 800 mil millones. Algo más de mil millones de dólares diarios. Es decir que durante el tiempo que a cada lector le llevó leer estas reflexiones cada una de las 10 personas más ricas del mundo se enriqueció en un millón de dólares, como promedio.
Si la bronca le permite seguir leyendo se va a enterar acerca de algunas razones y consecuencias de tal hecho.
En el otro extremo de la escala social empeoró el ingreso del 99% de la población mundial y 160 millones de personas pasaron a formar parte de la legión de pobres. Según el mismo Informe, la desigualdad económica es responsable de la muerte de unas 21 mil personas diarias.
Si hablamos de las mil personas más ricas, las cifras no dejan de ser espeluznantes. Esas personas acumularon -en estos 2 años- un total de 5 billones de dólares, una cifra superior a todo lo que se habían enriquecido en los 14 años anteriores.
Estos datos indican el más alto y rápido nivel de enriquecimiento desde que el mundo es mundo.
Allí está todo lo que esta pandemia ha puesto en evidencia, lo que le falta a la humanidad está ahí: Las vacunas que –todavía- no han llegado a muchos lugares; un servicio de salud al nivel que la ciencia y técnicas actuales permitirían reducir la señalada cantidad de muertes diarias; trabajo digno para las grandes mayorías; una protección social que llegue a todos; una mayor sustentabilidad del planeta.
Pero ¿cómo se pudo producir semejante y tan rápida acumulación? La pandemia los favoreció a través de caminos complementarios.
Para los laboratorios es una fuente inagotable de ganancias, que seguirán creciendo en los próximos años, con las vacunas que la pandemia, transformada en endemia, seguirá reclamando. Los sectores de mayor tecnología ganaron con las modificaciones en los sistemas comunicacional y de trabajo, que el aislamiento demandó. Pero el aspecto más importante fueron los recursos que los bancos centrales volcaron para “salvar la economía”. Esos recursos, con más o menos vueltas, recalaron mayoritariamente en los bolsillos de quienes ya estaban en la cúspide de la pirámide económica.
Nuestro país es un pequeño ejemplo de esa modalidad del sistema dominante. Está comprobado que los mayores recursos afectados a la compra de alimentos durante la pandemia, para paliar el hambre de los más pobres, terminó en los sectores más concentrados: las contadas cadenas de supermercados y los productores monopólicos. Esta es la paradoja de un sistema que, independientemente de quien gobierne, termina al servicio de los poderosos. Para cambiar esta perspectiva se exige algo más que buenos discursos. Hace falta poner en marcha nuevos modelos económicos y de acumulación, de lo contrario este fenómeno se continuará reproduciendo.
Esta pandemia está dejando varias evidencias, más allá de su origen y beneficiarios económicos: Que ella existe y es mortífera; que las vacunas amortiguan sus efectos; que ha venido para quedarse, aunque sea bajo la forma endémica. Su continuidad y los datos proporcionados nos dan una idea que si la humanidad no cambia las reglas de juego de la vida económica, el futuro para las grandes mayorías es poco alentador.
Sepamos que ni la pobreza, ni la riqueza están en la naturaleza de la cosas, sino en las estructuras económicas que las provocan y que están hechas a la medida de los poderosos. Esas estructuras fueron creadas, a lo largo de la historia, por personas y son éstas las que también pueden cambiarlas.
Es por eso que la obscenidad de las riquezas expuestas y de sus causas no debe ser motivo de orgullo sino de vergüenza.
Recordemos el nombre, apellido y empresas de algunos de estos personajes que están en lo más alto de esa acumulación y que son quienes están construyendo las condiciones de la sociedad futura. Ellos son, según la revista Forbes: Elon Musk, (Tesla), Jeff Bezos (Amazon), Bernard Arnaud (LVMH), Bill Gates (Microsoft), Mark Zuckerberg (Meta/Facebook), Waren Buffett (Berkshire Hathaway), Larry Ellison (Oracle).
En el otro extremo están –principalmente- las mujeres, las niñas, las minorías étnicas, los pueblos indígenas, los migrantes y todos los que se encuentran en situación de exclusión: los “descartables” de este sistema.
LA ECONOMÍA 2022 Y ¿QUIÉN PAGA LOS PLATOS ROTOS?
Dos grandes temas ocupan la agenda de la economía del año que estamos iniciando. Ellos son los datos estrictamente económicos y las derivaciones de la cuestión de la deuda. Ambos aspectos están vinculados y de la evolución de los mismos dependen, en gran medida, las condiciones de vida dentro de las cuales tendremos que desenvolvernos durante este año.
El 2021 terminó con 2 datos positivos que alientan grandes expectativas en el gobierno. La economía creció un 10%, un poco más que el 9,9% de caída del año anterior; esta semana se supo que la industria creció un 15%. Estos aspectos positivos tienen que ver con dos cuestiones: El rebote respecto al 2020, cuando país y economía estuvieron encerrados. A eso se le puede agregar el mayor uso de la alta capacidad instalada ociosa que permitió crecer con pocas inversiones. Bajo las actuales condiciones económicas las previsiones de crecimiento para este año oscilan, para los más optimistas, entre el 2 y 4%.
Frente a este detalle, medianamente positivo, se alzan otras apreciaciones menos alentadoras. En materia de inflación se espera que ella nuevamente supere el 50%, esta es una modalidad del ajuste que estamos transitando y que afecta fundamentalmente a salarios, jubilaciones y al incierto futuro de las tarifas de los servicios públicos.
Con estos datos no hay expectativa para que la pobreza baje del 40% y también entra en escena la situación del Banco Central, sus reservas y el tema central del debate con el FMI.
Más allá de las reservas brutas, que incluyen –entre otras cuestiones- a los fondos depositados en diferentes bancos, nuestras reservas líquidas están en una cifra crítica. Para algunos consultores (Financiera Morgan Stanley) ellas no pasan de los 400 millones de dólares, para otros están en cero y no faltan quienes dicen que ya estamos en rojo. En cualquier caso estamos al límite y no tenemos suficientes reservas para las importaciones, pagar deudas u otras demandas de divisas. De allí la profundización de las restricciones para acceder a los dólares necesarios para mantener viva la economía. En este marco no solo no podemos pagar deudas, sino que estamos llegando a las dificultades para garantizar el funcionamiento diario. Esa difícil situación se extiende -por lo menos- hasta mediados de marzo cuando empiecen a ingresar los dólares de la próxima cosecha de soja y maíz.
¿Cómo repercute esta situación en las negociaciones en marcha con el FMI? Tiene que ver con el hecho que el centro del debate, no gira solo sobre el monto de la deuda y su forma de pago, sino –y fundamentalmente- sobre quién y por cuánto tiempo va a tener que cubrir el déficit fiscal de nuestra economía (la diferencia entre el dinero que entra y lo que sale).
Desde la perspectiva de seguir pagando, la pregunta clave es: ¿Quién paga los platos rotos? EEUU y el FMI vienen demandando que se profundice el ajuste para achicar ese déficit y que el plazo no pase del 2024, Argentina lo quiere llevar mucho más lejos en el tiempo y evitar que la profundización del ajuste agrave los riesgos de la resistencia que suponen los conflictos sociales ya existentes. En la cartera de los sueños de los funcionarios argentinos está que FMI, EEUU, China o Rusia nos den los recursos para cubrir estos años de déficits.
Para demostrar su “buena voluntad” (¡hacia el FMI!) el gobierno publicó en el Boletín Oficial, la Decisión Administrativa 04/2022 (Presupuesto) por la cual se procede a redistribuir partidas presupuestarias. Según tales medidas algunos recursos (225 mil millones de pesos) afectados a salud, educación y otras partidas sociales (del Presupuesto 2021), han sido redistribuidas en otros destinos.
Al gobierno se le agota el tiempo de negociación y al Banco Central las reservas.
Ésta es la realidad cotidiana que parece imponerse para los próximos 60 días. Aunque siempre pueden darse maniobras o arreglos para extender, por algún tiempito, esa fecha.
Como la plata no existe, las disyuntivas son complejas y difíciles de asumir, dentro de las actuales reglas de juego.
Para el caso que el futuro sea el default, los funcionarios se miran unos a otros y se preguntan: ¿Quién ordenó pagar los vencimientos de estos meses, si llegado el caso no vamos a pagar?
Si vamos a pagar la plata puede venir de dos lugares distintos. Nuevos préstamos o darle a la maquinita. Con los riesgos inflacionarios que esto último supone.
Cuando aquí se habla de pagar, se está hablando de los vencimientos por las viejas deudas, pero también por la plata para seguir cubriendo el déficit cotidiano para que la economía siga funcionando.
Es sabido que la plata grande, la que manda el campo, llegará en poco menos de 2 meses, mientras tanto habrá que sobrevivir con las divisas que entren por otros conceptos.
Secretaría de Agricultura Familiar:
cuando la política pública no llega a
los campesinos
Por Lucía Guadagno, Resumen Latinoamericano, 22 de enero de 2022.
El gobierno nacional cuenta con un área dedicada específicamente a los sectores populares del campo, pero la asistencia casi no llega a las familias rurales. Tras el desmantelamiento hecho por el macrismo, los trabajadores continúan precarizados y no cuentan con recursos básicos para sus tareas. La Secretaría está en manos del Movimiento Evita.
No tienen agua ni para tomar. Son 115 familias en el norte de Santiago del Estero que se abastecen con la lluvia que colectan en tachos. Pero no llueve. Y el río Salado hace una semana que sólo trae peces muertos. Señalan a la empresa Austin Powder, que fabrica explosivos para la megaminería y cuya planta está ubicada aguas arriba, en la provincia de Salta, como una de las contaminadoras.
“El tema del agua es urgente”, dice Cintia Pereyra, una de las pobladoras del El Churqui, en el departamento Alberdi, que forma parte de la Unión de Pequeños Productores del Salado Norte. Se dedican a la cría de animales y otros trabajos en el campo. “Hace dos años presentamos un proyecto para construir cisternas. Lo aprobaron, pero desde el Ministerio (de Agricultura) no hacen los desembolsos. Nadie nos da respuestas”, se queja. La comunidad tampoco tiene energía eléctrica y los caminos de acceso son de tierra. Si llueve, se quedan aislados. “No tenemos ripio, sufrimos cuando llueve. Si estamos enfermos pasamos malos momentos porque no podemos salir.”
En ese contexto, Cintia insiste en que hoy la urgencia es el agua. Y que las cisternas serían una solución porque les permitirían acopiar agua de lluvia –o de otra fuente, como aljibes o camiones cisterna– en mayor cantidad, en mejores condiciones y por más tiempo. El proyecto para construirlas fue aprobado por el Ministerio de Agricultura de la Nación dentro del Programa de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales (Pisear). Pero no se concreta porque hace dos años que la cartera que ahora dirige Julián Domínguez no envía el dinero. El presupuesto para 114 cisternas es de 252.777 pesos.
Lo que pasa en El Churqui no es un caso aislado. Las políticas del Ministerio en beneficio de pequeños productores y familias campesinas comenzaron a debilitarse pasado el 2010 y sufrieron un golpe de gracia con el gobierno de Mauricio Macri, que prácticamente desmanteló la Secretaría de Agricultura Familiar. Desde la asunción de Alberto Fernández, pese a las declaraciones públicas de apoyo al sector, la realidad sigue siendo de emergencia.
Como resultado de la acción gremial, en 2020 el Gobierno volvió a contratar a cerca de 400 ingenieros agrónomos, veterinarios, trabajadores sociales y antropólogos (entre otros profesionales) de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Safci) que habían sido despedidos durante el macrismo. Aún quedan decenas por reincorporar. Sin embargo, poco pueden hacer estos equipos técnicos debido a la precaria situación en la que se encuentran.
Una política de Estado: desfinanciar la agricultura familiar
En la mayoría de los casos, las y los técnicos no tienen oficinas, trabajan desde sus casas o en espacios prestados por las comunas o por el INTA. Tampoco tienen vehículos: muy difícil ante una una tarea que se realiza en radios de más de 150 kilómetros en áreas rurales. Y si logran sortear esos obstáculos, cuando presentan proyectos para promover y mejorar la vida de las familias en el campo, se los rechazan o –como en el caso de la cisternas–, demoran años en concretarse.
En el norte santiagueño, uno de los técnicos es Francisco Orellana, quien fue despedido y luego recontratado. En diálogo con Tierra Viva, Orellana –quien a su vez es militante de Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase Santiago del Estero)– contó que empezó a trabajar en la Secretaría de Agricultura Familiar en 2002. “En 2015 éramos quince técnicos para la zona norte, que incluye los departamentos Copo, Alberdi y Pellegrini. Ahora somos unos diez, pero la mayoría hace trabajo remoto porque no hay vehículos para trasladarnos”, explica. “Seguimos sin recursos. Perdimos la oficina, donde teníamos computadoras, internet y podíamos imprimir.”
Sobre los proyectos para los campesinos, explica que en los casos en que el Gobierno los aprueba, el dinero no llega. “Hemos hecho varios informes que enviamos a (el Secretario de Agricultura Familiar, Miguel Ángel) Gómez, pero no hemos tenido respuesta”, señala.
Similar es la situación en el norte de Santa Fe, en el departamento 9 de Julio, una de las zonas con mayor índice de pobreza de la provincia. Oscar Nagel es veterinario y forma parte de la Secretaría desde 1988. Lo despidieron en 2018, pero lo reincorporaron a los tres meses. En la actualidad trabaja desde su casa en Gato Colorado, casi en el límite con Chaco, o en oficinas que le presta la comuna de esa localidad o la de El Nochero, a 50 kilómetros. Sus tres compañeros trabajan desde Tostado, la ciudad cabecera. La única camioneta que tienen la comparten con el equipo del departamento San Cristóbal.
Asisten a unos 300 pequeños productores de la zona, que se dedican en su mayor parte a la ganadería. Cuenta que hacen de todo, desde asesoramiento en cuestiones productivas o de acceso a la tierra hasta trámites en la Anses. “En la pandemia, por ejemplo, nos la pasamos haciendo trámites de IFE (Ingreso Familiar de Emergencia).”
También combaten incendios, que se dan con regularidad en la zona debido a la sequía y a las quemas intencionales para expandir las áreas de cultivo de algodón transgénico y ganadería.
La burocracia gubernamental y el desarraigo en el campo
Nagel se molesta porque los trámites para acceder a los fondos del Ministerio de Agricultura son cada vez más burocráticos. Y, al igual que en Santiago del Estero, el dinero no llega o llega tarde. “Nos aprueban fondos para hacer sorgo pero el desembolso llega cuando ya se pasó la época para sembrar”, grafica. Ante eso, tratan de recurrir a otras fuentes de financiamiento: fondos de la Ley de Bosques, convenios con comunas o programas provinciales, entre otros.
Una novedad de los últimos meses fue la reimplementación del Monotributo Social Agropecuario, que se había eliminado en 2018. Se trata de un régimen impositivo subsidiado, dirigido al sector campesino, indígena y de pequeños productores. Sin embargo, al reimplementarse se quitó un beneficio elemental: mientras que antes toda la familia podía sumarse como adherente a la obra social, ahora sólo puede acceder a ese beneficio el titular.
Ante las consultas de Tierra Viva sobre estas situaciones, el Ministerio de Agricultura no dio respuestas.
Foto: Productor familiar de Gato Colorado, en el norte de Santa Fe.
Un deterioro progresivo y falta de decisión política
“El desmantelamiento viene desde hace unos ocho años. La peor fue la época del macrismo”, señala Gabriela González, técnica del Safci en Eldorado, Misiones, y delegada gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). “En nuestro territorio (que abarca los departamentos Eldorado, Iguazú y parte de Montecarlo) hace ocho años éramos 17 técnicos y había tres vehículos. Y había proyectos para casi todas las organizaciones, recursos genuinos del ministerio.”
Con el tiempo –relata González–, los recursos estatales empezaron a escasear. Empezaron a recurrir, entonces, a ONGs o a fondos de Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Luego, durante el macrismo, además de los despidos masivos y el desmantelamiento de oficinas, se sumó otra complicación: las mesas técnicas provinciales que evaluaban los proyectos perdieron protagonismo y las decisiones comenzaron a centralizarse en Buenos Aires. Así creció la distribución discrecional de los fondos. “Si plantabas maíz transgénico, había fondos. Si el proyecto era para trabajar con pueblos originarios, quedabas marginado”, ejemplifica.
Desde 2019, con el gobierno de Alberto Fernández, cobraron mayor relevancia organizaciones sociales como el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que conduce Juan Grabois; el Movimiento Evita, al que pertenece Miguel Gómez, titular de la Safci; y la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), cuyo coordinador nacional, Nahuel Levaggi, es el director del Mercado Central de Buenos Aires. González señala que en el último tiempo muchos proyectos se distribuyen a través de esas organizaciones, pero aclara que es siempre a cuentagotas. «Nunca se llega a lo que el sector necesita y se merece. Hablamos de la parte más vulnerable del campo donde hay necesidades estructurales que tranquilamente la Safci, si tuviera una planificación y decisión política, podría resolver”, advierte.
Por un modelo de campo con agricultores y sin extractivismo
En Río Negro, los equipos de Agricultura Familiar trabajan con crianceros de chivas, ovejas y vacunos, con granjeros porcinos y avícolas, con familias productoras de miel, horticultoras, fruticultoras. También con pescadores artesanales de lago, río y mar. María Virginia Galara, una de las técnicas, reconoce que a partir de 2019 comenzaron a abrirse líneas de financiamiento del Ministerio pero advierte que son insuficientes y muy burocráticas. “Veníamos con las manos vacías y muy desesperanzados”, dice. “Ahora se aprobaron proyectos pero aún no se han podido ejecutar.”
Desde Andalgalá, en Catamarca, Melina Zocchi, también trabajadora de la Secretaría e integrante de la mesa coordinación de ATE-Safci a nivel nacional, advierte sobre la gravedad de llegar a destiempo a las necesidades urgentes de los pequeños productores. “Los jóvenes se van del campo”, advierte. “Nuestro trabajo apunta a un modelo del campo con agricultores, contra el modelo extractivista. Estamos al lado de las familias y sus organizaciones en las luchas contra los desmontes, la minería y todas las actividades que los expulsan”, señala.
Secretaría de Agricultura familiar: exigen estabilidad laboral y planificación a largo plazo
Los trabajadores de Agricultura Familiar de todo el país, a pesar de en algunos casos tener más de 20 años de antigüedad, están bajo una relación laboral de contratados. “Nuestra lucha es por el pase a planta permanente”, remarca Nagel, desde el norte santafesino. Eso les permitiría mayor estabilidad y les evitaría estar expuestos a nuevos despidos masivos.
Además, sumado a los reclamos por recursos básicos para trabajar, exigen espacios de debate y planificación a largo plazo. “Los proyectos tienen que ser pensados como procesos socioproductivos”, sostiene Gabriela González. “Infraestructura básica para luego poder dar valor agregado. Agua, energías renovables, caminos, viviendas”, enumera. “Ya no tenemos espacios de debate y planificación, nos han simplificado la realidad del campo que es bastante compleja.”
fuente: Tierra Viva
El Gobierno negocia un pacto de
sumisión con el FMI con la excusa
de la “pandemia macrista”
Por Mónica Arancibia, Resumen Latinoamericano, 22 de enero de 2022.
El oficialismo sigue la negociación con el Fondo para cerrar un acuerdo, y busca el respaldo político del socio mayor, Estados Unidos. A fines de enero vencen casi U$S 1.100 millones, un pago que debilitará las arcas del Central. Cristina Fernández justificó el pago millonario al Fondo, pero hay otra alternativa: rechazar el acuerdo.
La negociación con el FMI se empantanó, así lo reconoció el ministro de Economía, Martín Guzmán, en la presentación que realizó ante los gobernadores hace unas semanas. El organismo internacional, que otorgó el préstamo más grande en la historia del FMI al macrismo, ahora no quiere ceder y ya rechazó los pedidos del Gobierno como la eliminación de la tasa de sobrecargo, o conceder un plazo mayor a diez años para devolver el acuerdo.
Mientras persisten las diferencias con el Fondo, el Gobierno busca desesperadamente el respaldo político de Estados Unidos, el socio mayoritario del FMI. Así, esta semana el canciller Santiago Cafiero viajó a Washington para reunirse con su par Antony Blinken. Desde Argentina publicaron un comunicado entusiasta sobre el encuentro que mencionó que el país del norte “apoya firmemente las negociaciones con el FMI y aspira a una pronta resolución positiva” mientras que el comunicado de Estados Unidos (más escueto) mencionó la negociación de Argentina con el FMI y sugirió “presentar un marco de política económica sólido que devuelva el crecimiento al país”. ¿Es una manera de patear otra vez la negociación hacia el sector económico del gobierno estadounidense? ¿Alcanza la declaración política de Estados Unidos para cerrar un acuerdo con el Fondo o el visto bueno deberá darlo el Tesoro? Allí tiene peso David Lipton, quien representa al ala dura y fue el número dos en el FMI cuando se otorgó el préstamo a Macri por pedido de Trump. Esperar y ver.
En tanto, Argentina enfrenta nuevos vencimientos con el FMI. El 28 de enero hay un vencimiento por U$S 717 millones de capital y el primero de febrero otro por U$S 368 millones en concepto de intereses. Es decir, las debilitadas reservas del Banco Central perderían casi U$S 1.100 millones cuando se concrete el pago. En marzo habrá un vencimiento fuerte. La incertidumbre sobre el acuerdo y las bajas reservas impulsaron esta semana el aumento del dólar blue y los financieros en torno a 5 %. Por eso el Gobierno negocia a contrarreloj y bajo presión de los «mercados».
Además, el contexto internacional es adverso. La Reserva Federal anticipó una suba de las tasas que impactará en Argentina como en otros países atrasados y dependientes. El propio FMI advirtió en un artículo de Stephan Danninger, Kenneth Kang y Hélène Poirson, que “las economías emergentes deberían prepararse para posibles episodios de turbulencia económicas» y recomendó “dejar que las monedas se deprecien y elevar las tasas de interés de referencia”. La titular del Fondo, Kristalina Georgieva, en sintonía con el documento, disertó en el Foro económico de Davos y sugirió a los países con elevados niveles de deuda en dólares, que “si tienen que extender vencimientos, por favor háganlo, si tienen que hacer correcciones cambiarias, es el momento para hacerlo”. Otra vez la receta es devaluar, una medida que aceleraría la inflación y provocaría una caída del poder de compra de los salarios.
Monitorear de cerca el ajuste
Guzmán reconoció que el FMI exige un mayor ajuste fiscal que el ofrecido. Sin embargo, eso no sería el impedimento para cerrar el acuerdo, el ministro estaría dispuesto a aceptar una reducción del déficit del 1 % del PBI anual en lugar del 0,7 %. No sorprende la disposición de Guzmán a recortar, el 2021 cerró con un déficit fiscal primario del 3 %, según difundió el Ministerio de Economía, es un porcentaje por debajo de lo proyectado en el Presupuesto.
Para el 2022 el Gobierno también sigue por el sendero del ajuste. En el presupuesto prorrogado para este año se observan recortes en relación al presupuesto 2021 en salud (-8 %), servicios sociales (-2 %), y educación y cultura (-8 %), según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Esta es la baja nominal de partidas, es decir que si se considera la inflación, que se proyecta mayor al 50 % para este año, la poda de partidas será más alta.
El obstáculo en la negociación, que implicaría otro costo político para el oficialismo, es la exigencia del mecanismo de «enforcement» (aplicación) de las condiciones que se pactarán en el acuerdo con el FMI, según reveló el periodista Alejandro Bercovich en Bae Negocios. De esta manera, las revisiones trimestrales que haga el organismo internacional, en caso de cerrarse un acuerdo, serán técnicas y vinculantes, lo que significa que cada desembolso para pagar la cuota de la deuda estará condicionado a que se cumpla la meta del trimestre anterior. No habría salvaguarda política ni intercedería el Directorio, será el staff del FMI el que monitorearía que se cumplan las metas. El país estaría en manos del Fondo.
Cristina abre el paraguas ante la catástrofe que nos amenaza
La vicepresidenta Cristina Fernández publicó una nueva carta esta semana reconociendo que se destinaron más recursos para pagar la deuda con el FMI que para atender las necesidades de la pandemia. Durante 2021 se destinó el 1,1 % del PBI a pagarle al Fondo y solo un 0,9 % a los gastos de pandemia.
Es posible que la carta de Cristina sea una respuesta a lo que pide el Fondo de monitorear la economía y que sus recetas se cumplan. Si el Gobierno lo acepta, la expresidenta se anticipa a responsabilizar al gobierno anterior por la entrega del Frente de Todos.
También la vicepresidenta afirmó que “nunca se va acabar” lo que sucede por “la pandemia macrista”, cuando volvió el FMI en 2018. La confesión de Cristina Fernández es que la deuda se perpetúa en el tiempo, y así es si se está dispuesto a honrar la deuda. Esto es lo que sucede bajo estos gobiernos, ya que los gobiernos patronales pagan todo lo que pueden apelando al ajuste, y cuando eso ya no es suficiente, otra vez se reestructura la deuda para seguir con los pagos. Honrar la deuda externa en beneficio de los especuladores y del FMI ya nos llevó a catástrofes económicas y sociales permanentes.
Pero este no es el único camino posible como lo quiere mostrar la expresidenta. El acuerdo con el Fondo incumplió hasta su propio estatuto, como lo reconoce el Frente de Todos, ¿por qué hay que reconocer el acuerdo? Hay que rechazar el acuerdo y movilizarse por el desconocimiento soberano de la deuda, que es una medida esencial para terminar con la decadencia a la que somete la clase capitalista a las mayorías populares, junto a otras medidas de soberanía nacional y en defensa de los recursos tales como la nacionalización de la banca y el comercio exterior.
El ministro Guzmán habló de “etapa
crítica” en la negociación con el FMI,
pero reconoció que seguirá el ajuste
Resumen Latinoamericano, 22 de enero de 2022.
El ministro de Economía dio una entrevista al diario francés Le Figaro. Allí aseguró que la negociación estaba en una “etapa crítica” porque Argentina no puede cumplir con el vencimiento previsto para marzo y la fecha se acerca cada vez más. Sin embargo, reconoció que la diferencia principal con el organismo en este momento pasa por la “velocidad” del ajuste.
Argentina enfrenta un nuevo vencimiento con el Fondo Monetario. El 28 de enero hay un vencimiento por U$S 717 millones de capital y el 1 de febrero otro por U$S 368 millones en concepto de intereses. Sin embargo, las miradas están puestas en marzo, donde habrá un vencimiento de alrededor de 2800 millones de dólares que será muy difícil de cancelar.
Es por ese motivo que el ministro de Economía, Martín Guzmán, calificó que la negociación está en una “etapa cítica”. Así la definió en una entrevista con el medio francés Le Figaro, en una entrevista este viernes.
En esa entrevista dio algunos detalles alrededor del planteo que el Gobierno viene realizando ante el organismo de crédito, y reconoció que la diferencia principal pasa por la “velocidad de la consolidación fiscal y las combinaciones entre gastos e ingresos”. Un eufemismo para referirse a la velocidad con la que ejecutar el ajuste que exige el Fondo Monetario.
“Redujimos fuertemente nuestro déficit primario (excluyendo los pagos de intereses de la deuda), del 6,4% del PIB en 2020 al 3% del PIB en 2021″, destacó Guzmán y remarcó: “La Argentina necesita continuar por este camino, que está sucediendo ahora, en un proceso de consolidación fiscal virtuosa porque eso fortalecerá nuestro crédito y nuestra moneda”. Sin embargo, aseguró que “si continuáramos en la trayectoria pronosticada por el FMI, se socavaría el crecimiento y el éxito del programa de apoyo”.
Eso que Guzmán llama “consolidación fiscal” y que parece algo difícil de entender en realidad es algo muy concreto. Para no perderse en definiciones técnicas y hablar de datos concretos, solo basta ver el último informe publicado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). El documento arroja que el ajuste previsto por el Gobierno para el año 2022 en partidas sociales, Salud y Educación está alrededor de los $ 225.000 millones. Datos, no opinión.
El Gobierno intenta en estos días llegar a un acuerdo con los funcionarios del Fondo Monetario para conseguir un plazo mayor para pagar los US$44.000 millones de la gran estafa que dejó el macrismo. Pero mientras debate sobre la “velocidad” con la que el Gobierno debe seguir ajustando sus cuentas, las consecuencias están a la vista de todos, con una pobreza que supera el 40% y que llega a la escalofriante cifra del 63% cuando hablamos de cómo afecta a niños, niñas y adolescentes.
Por eso es urgente plantear el desconocimiento soberano de esa deuda odiosa, y destinar los recursos necesarios para atender las enormes necesidades de millones de personas, no para seguir engordando los bolsillos de los ganadores de siempre.
Envio:RL
Las tareas de la AFI en los barrios populares
"Gestapo" macrista: Un ejército de espías para controlar el territorio
Para los operativos se destinaron 87 agentes, quince autos y más de diez millones de pesos. El principal foco de la exSIDE estuvo centrado en lo que pasaba con los comedores o merenderos. El rol de Macri y Vidal. Las claves del proyecto AMBA.
En el preciso momento en que en la sede porteña del Banco Provincia se reunían funcionarios de María Eugenia Vidal, empresarios y espías para coordinar el armado de causas contra líderes gremiales, 87 agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) estaban desplegados a lo largo y ancho del territorio bonaerense en lo que se entiende que fue el capítulo más extenso del espionaje durante el gobierno de Cambiemos. El ejército de espías que la AFI plantó en Buenos Aires tuvo un objetivo principal: hacer inteligencia sobre organizaciones políticas pero, sobre todo, en comedores populares y merenderos. Los agentes atesoraban fotos de niñes comiendo o celebrando el día de la infancia. Para esa misión que difícilmente pueda catalogarse de alto riesgo, la AFI destinó más de diez millones de pesos, según las estimaciones judiciales. “El caso más voluminoso y profuso del espionaje fue el que se dio en el AMBA. Fue el espionaje más extendido y brutal”, dice a Página/12 Leopoldo Moreau, presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, que está trabajando en un informe sobre las tareas de inteligencia ilegal en la provincia durante el gobierno de Vidal a partir de la revelación del escándalo de la “Gestapo” antisindical. “Nuestra idea es llegar cuanto antes para que el Parlamento argentino tenga un dictamen sobre lo sucedido. La trascendencia del tema nos obliga a actuar sin dilaciones”, añadió el diputado.
Poco después de que Mauricio Macri asumió, la AFI triplicó la presencia que históricamente tuvo en la provincia de Buenos Aires. La exSIDE, desde los años ‘70, contó con tres delegaciones: una en La Plata, otra en Mar del Plata –que saltó a la fama por el espionaje a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan– y una tercera en Bahía Blanca. Pero, para abril de 2016, Gustavo Arribas autorizó la creación de otras cinco bases: en Ezeiza, en Quilmes, en San Martín, en Morón y en Pilar. Después se sumó una sexta, la de La Matanza, un bastión del kirchnerismo que al macrismo le interesaba controlar. Ese expansionismo de los servicios macristas se conoció como “Proyecto AMBA”.
Fue la propia Vidal quien dijo en qué localidades debían instalarse las bases de la AFI, según informaron Gustavo Arribas y Silvia Majdalani en 2019 a la Comisión Bicameral cuando fueron citados después de que estallara el escándalo que tenía a Marcelo Sebastián D’Alessio como protagonista. “En realidad, cuando se creó el AMBA fue una idea que surgió en conjunto con la provincia de Buenos Aires para hacer un mapa de delitos complejos”, dijo la entonces subdirectora. Y añadió: “La gobernadora pidió la localización”. Arribas ratificó lo que dijo su número dos y acotó sobre Vidal: “Participó”. Según lo dicho por las entonces autoridades máximas de la AFI macrista, Vidal no era ajena a la implantación de espías en la provincia que se dedicaban al espionaje político, pese a las explicaciones que ensayó la actual diputada en los últimos días después de que se conociera el video de la reunión en el Banco Provincia.
El Proyecto AMBA, que duró entre 2016 y 2017, estuvo al mando de un abogado de nombre Pablo Pinamonti. Ingresado a la AFI en 2016 y viejo conocido del fiscal Carlos Stornelli, Pinamonti tenía en ese inframundo una terminal clara: respondía al entonces director administrativo de Asuntos Jurídicos Juan Sebastián de Stefano, uno de los tres asistentes a la reunión de la “Gestapo” antisindical y a quien Horacio Rodríguez Larreta sostiene en Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE).
Controlar el territorio
Los 87 espías se repartieron en las nueve bases que pasó a tener la AFI en la provincia de Buenos Aires. Tuvieron, al menos, quince autos para movilizarse y todo tipo de instrumentos necesarios para llevar adelante la tarea de vigilancia e infiltración. Contaron con cámaras espías, micrófonos, grabadores, celulares y computadoras. Se encontraron incluso documentos con pedidos de los agentes para comprar gorras o anteojos espías o drones.
Espiaron cuanto pudieron. Los gremios estuvieron bajo su atenta mirada. Se hallaron al menos 45 informes sobre los sindicatos docentes que en 2017 cerraron la paritaria docente en el segundo semestre. Espiaron organizaciones políticas. Siguieron los actos de Cristina Fernández de Kirchner en la provincia mientras competía para el Senado. Vigilaron a organizaciones de derechos humanos como HIJOS e incluso registraron actividades del Premio Nóbel Adolfo Pérez Esquivel o la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Se interesaron por las marchas por la desaparición de Santiago Maldonado o protestas por pibes asesinados por la Bonaerense.
Pero el principal foco de la exSIDE estuvo centrado en lo que pasaba con los comedores o merenderos. Los espías hicieron listas con los lugares en los que adultes y niñes iban a comer, identificaron a sus responsables, consignaron sus teléfonos y sacaron fotos en las que se ve a pibes y pibas comiendo o jugando. Una de las jefas de las bases intentó justificar ese espionaje diciendo que investigaban denuncias sobre malversación de alimentos. Con ese mismo argumento, un espía de la delegación Morón se infiltró en la organización Barrios de Pie con tanta mala suerte que, cuando estaba instalando cámaras y micrófonos para registrar una reunión (lo que se ve era una práctica extendida en la AFI), se cayó del techo, se fracturó la pelvis y terminó internado. Las movilizaciones por la emergencia alimentaria también fueron espiadas, dejando en claro que a las autoridades cambiemitas les preocupaba todo lo que giraba alrededor de la activación de los sectores populares frente al hambre.
“El objetivo final de la instalación del AMBA fue intervenir activamente en la escena política a partir de la inteligencia”, explica a este diario Federico Schmeigel, director del programa Control de Corrupción e Inteligencia Ilegal de la CPM. “Buscaban controlar la calle, el territorio de la provincia de Buenos Aires, no a través de la política, sino de la inteligencia”. añadió.
Para los dos jueces que investigaron lo sucedido en provincia de Buenos Aires en el marco del Proyecto AMBA, Alejo Ramos Padilla y Martín Bava, el control de la AFI durante el macrismo fue tan capilar que recuperó la tradición de la temible Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, un engranaje clave en la dictadura que aún en democracia siguió vigilando organizaciones sociales, de derechos humanos y familiares de las víctimas de su propia fuerza. De hecho, los jefes de las seis bases creadas durante el macrismo provenían de la Bonaerense y algunos habían entrado en los años ‘70.
La restauración neoliberal
El Proyecto AMBA fue ilegal desde su creación porque habilitaba a la AFI a reunir información por razones políticas, algo vedado por la ley de inteligencia –vigente desde 2001 y reformada en 2015–. Por estos hechos, en Dolores se procesaron a 27 personas. Es una investigación todavía abierta, pero que podría ser arrastrada en las próximas semanas a Comodoro Py.
“Evidentemente, la provincia de Buenos Aires es un importante territorio de militancia, de construcción y de disputa política y, por eso, la AFI destinó recursos a ese distrito. Sin embargo, el despliegue bonaerense no se diferenciaba demasiado del despliegue a nivel federal. La mesa judicial era una sola y asumía formas y composiciones distintas según iban necesitando”, dijo la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, a este diario.
“Detrás de la persecución política encarnada en el lawfare estaba la restauración neoliberal”, insiste Caamaño. “Fue una estrategia general que adoptó distintas formas en distintas jurisdicciones. Persiguieron a familiares de víctimas de submarinistas, a comedores populares, a militantes y a dirigentes políticos, sindicales y sociales, a pueblos originarios”, concluyó.
Lo que dicen los expertos, el gobierno nacional y el debate en el Congreso
Vacuna obligatoria contra la Covid-19: razones a favor y razones en contra
Algunos especialistas plantean que la vacuna contra el coronavirus sea obligatoria para adultos. Otros incluyen a los menores. En la Rosada destacan la gran adhesión y prefieren esperar. El proyecto de ley que ya se presentó.
El debate mete cuña, incluso, al interior del mismo oficialismo, ya que el Ministerio de Salud de la Nación advierte que aún no es el momento para avanzar hacia una vacunación obligatoria. En la Provincia de Buenos Aires, mientras tanto, el ministro Nicolás Kreplak, considera que están dadas las condiciones para avanzar con su obligatoriedad, aunque considera que la discusión debe darse en el ámbito del Congreso.
Más allá de las discrepancias, todes les referentes consultados por Página/12 coincidieron en destacar la seguridad y eficacia de las vacunas que, en todo el país, ya han inoculado al 75 por ciento de la población con el esquema completo. La discusión sobre la obligatoriedad, en último instancia, apunta al porcentaje que aún se resiste.
Reclamos por la obligatoriedad
El proyecto de ley presentado por les diputades del Frente de Todos, Juan Carlos Alderete y Verónica Caliva, desató el debate. "Incorpórase al Calendario Nacional de Vacunación, con carácter gratuito y obligatorio, el esquema completo de vacunación contra el SARS CoV-2 para todas las personas mayores de 18 años que habitan la República Argentina de acuerdo a las prioridades y programas fijados por el Ministerio de Salud de la Nación", sostiene en su primer artículo la iniciativa que, si bien es respaldada por otres legisladores del oficialismo, no cuenta ni con el apoyo de todo el bloque ni con el de Casa Rosada.
"La obligatoriedad de las vacunas no forma parte de la agenda del Ejecutivo como tampoco de la del bloque oficialista en el Congreso", aclaró, tajante, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti. El proyecto, sin embargo, "es un aporte que hacemos para sumar a la discusión que hay en torno a la gestión de la pandemia, una respuesta a los sectores antivacunas que se opusieron sistemáticamente a cada una de las medidas del gobierno", según explicó Caliva a este diario. "Nuestro único objetivo es sumar al debate", insistió la diputada nacional.
"Creo que desde el punto de vista bioético y sanitario están dadas las condiciones para su obligatoriedad. Pero dado el nivel de trascendencia social que estas decisiones tienen en el contexto de la pandemia, me parece que la discusión debe darse en un ámbito de debate democrático. No alcanza con que un comité de expertos del Ministerio defina qué hacer, el debate tiene que darse en el Congreso de la Nación", sostuvo el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, a Página/12. El ministro aseguró que no tenía dudas sobre el beneficio de la vacuna - "el que se vacuna tiene 36 chances menos de morir que uno no vacunado" -, pero recelaba de la posibilidad de que la "sobrerepresentación beligerante contra las vacunas de las redes y los medios de comunicación" generara cierto reflujo violento contra la vacunación. O que la decisión gubernamental terminara "metiéndose en la grieta".
La vacuna y la "grieta"
"La decisión podría ser utilizado por algunos medios o sectores políticos para generar más violencia o temor. Hay un porcentaje de la población que puede angustiarse y creo que, en el proceso del debate público, escuchando las explicaciones de los expertos, las personas que pueden tener dudas pueden irse convenciendo. Y así logramos que se vacune más gente, que es lo que queremos hacer", explicó Kreplak, haciendo un pequeño paralelismo con lo que fue el debate parlamentario por la legalización del aborto.
"Acá hay un asunto conceptual que, con la evidencia que tenemos que nos muestra que vacunarse te protege 10 o 20 veces más de tener una infección severa o la muerte, nos muestra que la vacuna debería incorporarse al calendario de vacunación. Pero, por otro lado, está el debate de si, incorporándola en el calendario, vamos a lograr que ese 10-12 por ciento de la población adulta que no vacunó lo haga. Bueno, la conclusión con el pase sanitario fue que sí, que sirvió", analizó el bioquímico y inmunólogo del Conicet, Jorge Geffner. "La vacunación tiene que se obligatoria, al menos para la población adulta. Ya vemos como se empieza a dar el debate en Europa, se está discutiendo en el parlamento alemán; Italia y Austria ya lo tienen. Hay que plantear la discusión, en todos lados lo están haciendo", reflexionó.
"Somos varios los que hemos planteado el tema de la obligatoriedad en el comité asesor del Ministerio de Salud bonaerense. Es imperioso que los niños antes del comienzo de clase estén todos vacunados", sumó, a su vez, el referente científico y biólogo molecular, Alberto Kornblihtt. Según datos del Ministerio de Salud, el 47 por ciento de les niñes entre 3 y 11 años completaron su esquema de vacunación, mientras el 68 por ciento de les adolescentes entre 12 y 17 tiene las dos dosis. "Todo esto tiene que ver con la responsabilidad social de la vacunación. Algunos hablan de libertades individuales como si el hecho de no vacunarse afectara solo a uno y no perjudicara al resto. La única manera de ganarle al virus es vacunándose", insistió.
La postura del Ministerio de Salud
En el Ministerio de Salud de la Nación, mientras tanto, echan mano a los números del plan de vacunación para justificar que, de momento, la estrategia que se viene aplicando es efectiva. En efecto, el 86 por ciento de les mayores de 18 años están vacunades con el esquema completo (más del 95 por ciento, por otro lado, ya tiene al menos una dosis).
"El momento no lo pide. Tenemos una adhesión enorme, desde principio de año que hemos logrado iniciar más de un millón de esquemas de vacunación para mayores de 18 años", indicó una fuente cercana a la ministra Carla Vizzotti, que destacó también el impacto que tuvieron medidas como el pase sanitario. "Todavía no está clara la situación epidemiológica ni la duración de la inmunidad y la necesidad de los refuerzos como para definir, ni qué variante va a ser la que va a quedar como estacional o endémica como para decidir cuáles son los grupos a vacunar y si hace falta incorporarlos al calendario con obligatoriedad", agregó.
"La incorporación al calendario de vacunación es algo que va a suceder en algún momento, pero no creo que el momento sea ahora. La gente que se quiere vacunar ya se está vacunando y los que no se quieren vacunar porque son recalcitrantes anti vacunas no lo van a hacer porque esté incluida en el Calendario de Vacunación. Más que ponerlo como obligatorio, lo que tenemos que hacer es ir a convencer a los que están en el medio, que por fiaca o desinformación no están del todo seguros", puntualizó el infectólogo y fundador de Fundación Huésped, Pedro Cahn.
En una línea similar a la que sostiene el gobierno nacional, Pedro Cahn cuestionó el efecto práctico de implementar su obligatoriedad, aunque también hizo hincapié en otro punto: el hecho que la vacuna está todavía en etapa de aprobación de emergencia. "Yo no tengo ninguna duda de su efectividad, pero hay que esperar a que pasen la etapa de autorización de uso de emergencia y que sea aprobadas por la autoridad regulatoria", sostuvo. El infectólogo no fue el único en destacar este punto, sino que es algo que incluso desde Juntos Por el Cambio se está resaltando. "Si bien estas vacunas han mostrado ser seguras y eficaces, tienen aprobación de emergencia en el contexto de la pandemia, no aún para su uso habitual. Para incluirla en el calendario, se necesita evidencia de más largo plazo", indicó a este diario el ex secretario de Salud, Adolfo Rubinstein.
El documento de los 1300 científicos
Casi en simultáneo a la presentación del proyecto de ley que buscaba incluir la vacuna contra el Covid en el Calendario Nacional de Vacunación, empezó a circular un documento firmado por más de 1300 profesionales de la Ciencia y la Salud que exigía lo mismo al gobierno nacional. "Con el fin de salvaguardar las vidas de todas las personas habitantes de nuestra querida Argentina, es que nos manifestamos en favor de la incorporación al Calendario Nacional de Vacunación, con carácter gratuito y obligatorio, el esquema completo de vacunación contra el SARS-CoV-2", sostiene el documento firmado por figuras como el intensivista Arnaldo Dubin, el infectólogo Tomás Orduna, el médico Jorge Rachid, entre muches otres.
"Nos encontramos frente a un brutal aumento de contagios que se encuentra atravesado por dos argumentos falaces que sostienen que la Ómicron produce una enfermedad leve y que estamos entrando en una fase endémica de la enfermedad. Bueno, la Ómicron puede producir una enfermedad grave y mortal y nos encontramos en una pandemia", indicó a este diario Arnaldo Dubin, argumentando que, en este contexto, resulta urgente mejorar la tasa de vacunación. "De la misma forma que otras vacunas son obligatorias, lo mismo debe ocurrir con la de Covid. Este es un tema muy importante para el cual va a tener que haber un debate amplio y consensuado", finalizó.
Negociación con el FMI, pandemia, agenda 2022: El verano difícil que puede ser bisagra
Asesinato de Cabezas. Cómo cambió la historia. Tratativas con el FMI, definiciones contra reloj. El encuentro entre Blinken y Cafiero, un pasito adelante. El verano que proyecta el Gobierno: cierre con el Fondo, agenda de gestión, apertura de sesiones. Medidas educativas versus polémicas con Acuña: mejor que comentar es realizar.
“Podemos conocer el pasado pero el presente nos está vedado, el presente lo conocerán los historiadores o los novelistas o los novelistas que se llaman a sí mismos historiadores. Pero qué es lo que realmente está sucediendo hoy… bueno, eso es algo que forma parte del misterio general del universo”.
Jorge Luis Borges, citado en “Borges, el misterio esencial” de Willis Barnstone.
“El cazador que quiere acertarle al ciervo no dispara directamente sino que apunta un poquito más adelante. Lo mismo ocurre con la vida humana: tenemos que apuntar al momento siguiente para retratarla”.
Jonas Mekas, citado por Juan Forn en “Yo recordaré por ustedes”.
El verano de 1997 arrancó perezoso, envuelto en el transitorio sopor de la Convertibilidad. El 25 de enero, asesinaron al fotógrafo José Luis Cabezas. El crimen puso en vilo a la sociedad civil, provocó una reacción conjunta inédita de medios y periodistas (jamás repetida en años ulteriores). Repasado en perspectiva el crimen anticipó un año bisagra, crucial. Se radicalizó la interna entre el presidente Carlos Menem y el gobernador bonaerense Eduardo Duhalde. La Alianza (inexistente en enero) vencería en las elecciones de medio término. Correría más sangre, la del suicidio de Alfredo Yabrán.
En enero de 1997 “nadie” conocía el devenir que releído ahora tiene lógica. No como único posible pero sí como factible, consecuencia de la economía neoconservadora, la política, la interna del peronismo, los límites del poder de Menem. Ni los protagonistas comprendían, corrían detrás de los sucedidos. Comprendían, claro, la gravedad del homicidio, lo que develaba, las acechanzas para Menem. El riojano movió cielo, tierra (y sus mejores ministros) para condicionar a un ignoto juez de Dolores a quien “le cayó” un expediente muy superior a sus fuerzas y experticia. Duhalde captó una oportunidad aunque erró varios vizcachazos de entrada. Por un rato pensó que el asesinato era tout court, un mensaje mafioso para él: “Cabezas”, el apellido de la víctima para amenazar al gobernador “Cabezón”… No hay sarcasmo ni ninguneo en el relato. El presente es escurridizo como una anguila. O enceguecedor, de tan deslumbrante. A menudo nos encandilan minucias, charlas de quincho, payadas tuiteras, o simples huevadas. Los jardines que se bifurcan suman cantidades, imposible saber cuáles serán clave para descifrar el presente.
Claro, lectores, que queremos hablar del verano 2022, de las incertezas que aquejan a los argentinos, de las tres o cuatro variables que cifrarán este año, que serán evidentes en diciembre, que se recordarán dentro de un bienio o de un lustro… De la deuda externa, de la pandemia, de la economía real en la que sobreviven a los tumbos millones de argentinos, de la sostenibilidad del sistema político.
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El vecindario, la pandemia, este verano: El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, anuncia su gabinete que hace lindo juego con su campaña y su triunfazo electoral. Gratifica a sus votantes y a quienes, como este cronista, lo observan con ilusión a través de la cordillera. Las transiciones post victoria histórica saben ser trances dichosas, promisorias, el horizonte parece luminoso.
El expresidente brasileño Lula da Silva construye con destreza las condiciones para su regreso al poder, una hazaña reivindicatoria que luce accesible aunque ningún partido está ganado antes de la pitada final. La ofensiva de Lula, su fuerza, su coherencia, promueven una atmósfera gratificante, aire fresco, esperanzas.
Boric atraviesa un trance iniciático, Lula ensaya Luna Cautiva: “de nuevo estoy de vuelta”. El presidente argentino Alberto Fernández transita la áspera segunda parte de su mandato. Para revalidarse en 2023 necesitará cambiar, romper inercias, conducir a su coalición y al país. “Momento bisagra”, “relanzamiento” se exigen en su torno.
La pandemia cambió al mundo, acentuó desigualdades preexistentes. Las restricciones a libertades, incluso las imprescindibles, resienten la vida cotidiana de la gente común, agobian. La incertidumbre y el miedo se palpan cotidianamente.
El Gobierno venció en la polémica con los antivacunas a los que Juntos por el Cambio (JpC) acompañó o lideró un largo trecho. Fueron logros la distribución de las vacunas, el encastre con los sistemas provinciales de Salud. Los cambiemitas y la prensa dominante le siguen restando méritos al oficialismo nacional. Carecen de sensatez y de argumentos.
La temporada de vacaciones es exitosa. El revival se nota asimismo en pueblos y ciudades no turísticas de todo el país, en los centros comerciales de localidades conurbanas.
En simultáneo impresiona la cantidad de contagios, notables a ojo con mirada costumbrista. La gente no parece estar dispuesta a recluirse de nuevo. Sí a testearse, a aislarse por pocos días… un nuevo éxito de la concientización. Con buena labor, en la Rosada y en Salud, confían en que los contagios toquen techo y bajen. Ojalá que esto pronto suceda, cantaría Litto Nebbia.
En La Rosada, en Olivos, en Economía proyectan-diseñan o fantasean (con el tiempo se discernirá) una agenda de gestión intensa en este trimestre, con resultados tangibles. El optimismo de la voluntad espera que el acuerdo con el Fondo (alguno que contenga años sin pagos) se concrete antes de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Que cada vez son más ordinarias, en cualquier acepción de la palabra…
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Bueno dentro de lo posible: El encuentro entre Anthony Blinken y Santiago Cafiero fue, comentó el Canciller argentino a su presidente, todo lo positivo que podía ser. “Se destrabó la política. No hay animosidad. No nos quieren perjudicar”, sintetizó. En la Quinta presidencial, con Alberto vestido de sport, quizá usó una expresión más coloquial que “perjudicar”.
Saldo valioso dentro de lo real disponible: el Departamento de Estado no da órdenes a “la silla en el FMI”. Esa potestad habita extramuros, en el Departamento del Tesoro y en el establishment económico que con asiduidad son lo mismo.
El presidente Joe Biden lidera una coalición tan plural como el Frente de Todos (FdT) o quizá más: un ramillete de minorías, de posiciones ideológicas. Los republicanos constituyen un conjunto más homogéneo: supremacistas blancos en la base social; poder económico en los apoyos. Biden tuvo que “garpar” a sectores misceláneos, a menudo divergentes, su gabinete es también un mosaico. El Tesoro sigue, fiel a su esencia, como bastión de la derecha.
El día anterior al encuentro con Cafiero, Blinken se reunió con su par español. El día después viajó a Ginebra para negociar o descomprimir la hasta hoy hipotética segunda Guerra Fría. España es aliado estratégico, Rusia la potencia militar más amenazante para los yanquis. Es sencillo ranquear dichas prioridades comparadas con la Argentina. Conocer la propia imagen corporal, he ahí un sabio requisito para sentarse con el grandote del planeta.
El temario recorrió el “soft power” argentino que AF tabula como capital positivo. La presencia en la ONU en materia de derechos humanos, las posturas referidas al desarme y a la no proliferación nuclear.
Cuando llegaron “al hueso”, el FMI, Cafiero retomó la versión oficial argentina. “Ofrecemos el programa que podemos cumplir”. Desgranó los indicadores positivos de 2021 que comprueban que ese es el sendero. Solicitó help. “El acuerdo con Macri contó con el apoyo de Estados Unidos, fue una decisión política. La salida ahora debe serlo también”
“En 2018 nosotros no estábamos”, historió Blinken, comentan los negociadores argentinos.
“Nosotros tampoco estábamos”, redondeó de volea Cafiero.
“Apoyamos la negociación argentina con el FMI”, pronunció Blinken durante el palique, lo que fue recogido en el lacónico comunicado del Departamento de Estado. Esas piezas no son enciclopédicas, ni discursos: extreman la síntesis, cultivan baja o nula efusividad. Los portavoces de la derecha argentina lo leen como un revés, interpretan lo que les conviene para desacreditar al Gobierno, promover oleadas en la City, favorecer movidas especulativas. Minga de intérpretes intelectuales en estas lides: todos defienden intereses, ideologías, guita.
Cafiero regresó con todo lo que podía cosechar, no tanto. En encuentros “más políticos” añadió un argumento rotundo subestimado en la Argentina: si vacila la gobernabilidad acá, es factible el “contagio” en Brasil. Un frente que Biden casi no mira porque tiene demasiados desafíos en su primer año pero que podría sumarle un dolor de cabeza. Con más de 100.000 soldados rusos en la frontera con Ucrania, se hace peliagudo que lo obsesione un riesgo lejano en el espacio y virtual en el tiempo.
Promediando esa tenida con los contactos cotidianos entre el ministro de Economía Martín Guzmán y “la línea” del Fondo, en el oficialismo prevalecen los que piensan que el acuerdo está cerca, que se evitará el default, que no se suprimirán las sobretasas pero que habrá años sin pagos. Oxígeno imprescindible cuando avanza la cuenta regresiva a marzo, fecha de una cuota impagable.
Para ahorrar repeticiones, remitimos a la columna del domingo pasado que repasa escenarios imaginables con acuerdo, sinmigo, con retraso en el pago de la cuota… hasta eventualmente con default.
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Mejor que comentar es realizar: El cronista intercambia informalmente con varios integrantes del Gabinete. Concuerdan en lo esencial: el Presidente tiene que encarnar y encabezar una nueva agenda, que impacte en el bienestar de la gente común. Que, añade quien les habla, vive en el corto plazo, abrumada por necesidades insatisfechas, laburando demasiado por floja paga, castigada por la inflación.
Retomemos una frase del epígrafe: para embocarle al ciervo o para captar el presente debe observarse un paso adelante. Un caso de esta semana puede valer como ejemplo. El Ministerio de Educación lanza dos medidas imprescindibles, reparadoras, inteligentes. El Programa para que pibes y pibas recobren vínculos perdidos con la escuela, en particular la secundaria. Y el Conectar Igualdad, discontinuado irresponsablemente por el macrismo para bajar el gasto público. Las secuelas, pésimas en germen, se potenciaron con la pandemia y la educación a distancia.
Frente a esas dos realizaciones, la ministra de Educación porteña Soledad Acuña cambia el eje, intenta distraer: formula declaraciones que la autorretratan como facha, taimada, duranbarbista. Un tropel de cuadros oficialistas le replica… gambeteamos este domingo la tentación de discurrir sobre la comunicación oficial. Vamos a otro punto. En el verano próximo se podrá saber cuántos chiques se revincularon, cuántas netbooks llegaron a hogares humildes. Si son cientos de miles, las provocaciones de Acuña quedarán relegadas como malos recuerdos, gases en una canasta. Cientos de miles o millones de argentinos vivirán mejor, lo que haría bingo si se mantiene la reactivación, se modera el alza de precios, se controla la pandemia. Progresos materiales y espirituales para la sociedad, redistribución de recursos, tiros para el lado de la equidad. En ese cuadro, sería factible que mejorara la valoración colectiva del Gobierno que jamás se mide por cómo analiza a la oposición sino por cómo incide en la vida de los compatriotas.
Los desenlaces sobre las tratativas con el FMI, las peripecias de la economía real se irán aclarando en semanas o meses.
Numerosas variables dependen de poderes ajenos, distantes, no muy sensibles ni pro argentinos.
La peste depende de imponderables que se enfrentan con laburo, tenacidad y buena praxis.
Aunque avaro para hacer profecías, el cronista supone que en el verano se demarcarán los hitos del futuro subordinados en gran medida a la capacidad del gobierno de construir una bisagra en la historia. El retorno a las promesas de la campaña del 2019, la lucha contra la concentración de riquezas, poderes, prestigios y hasta expectativas. Una agenda superadora trasciende lo económico sin negarle primacía. Educación, queda dicho, obra pública atendiendo más a infraestructura para el desarrollo, algunos de los proyectos de ley ligados a la producción y el desarrollo económico que se enviaron a sesiones extraordinarias. Y, a la cabeza, mejor y mayor asignación del gasto social.
En la causa por la obra pública
Aunque no está obligado, Alberto Fernández declarará en persona a favor de Cristina Kirchner
El cara a cara con el juez será a principios de febrero. Lo mismo harán el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y el exsecretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini.
El presidente Alberto Fernández irá a declarar personalmente al juicio por la obra publica de Santa Cruz, a principios de febrero. Lo mismo harán el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa y el ministro de Seguridad Aníbal Fernández. Todos tienen la chance de declarar por escrito, pero Página/12 constató que irán a Comodoro Py para ser testigos en el juicio que tiene como principal imputada a Cristina Fernández de Kirchner, aunque en los casi tres años de audiencias a la exmandataria se la nombró poco y nada.
Las declaraciones empiezan el 1 de febrero con el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, que también irá personalmente. Ese mismo día prestará testimonio Carlos Zannini, exsecretario de Legal y Técnica, que igualmente lo hará de forma presencial. Y una semana más tarde están citados el Presidente y el titular de Diputados, que le pidieron al tribunal cambiar la fecha porque el primero estará en China y el segundo en Panamá.
Los ejes de la declaración de Alberto, Massa, Aníbal y Zannini
El arranque del año judicial tendrá esos fuertes impactos, en un juicio que empezó en mayo de 2019 y seguramente no terminará en 2022. La presencia de Alberto Fernández, Massa, Aníbal Fernández, Abal Medina, Jorge Capitanich -no recibió la notificación todavía- y Zannini significa un fuerte respaldo a Cristina Kirchner porque lo que todos van a explicar es algo bastante sencillo:
- La obra pública se vota en el Congreso Nacional, en la Ley de Presupuesto, de manera que un presidente no tiene el poder de asignar una ruta por sí mismo, sino que pasa por Diputados y Senadores.
- Ante esa realidad, la acusación trata de virar la sospecha hacia la reasignación de partidas que es responsabilidad de los jefes de Gabinete. Por eso, la defensa de CFK, a cargo de Carlos Beraldi, convocó a todos los que ocuparon ese cargo. Seguramente explicarán cómo se hicieron las reasignaciones de partidas que suelen ser generales, no específicas para tal obra o tal otra, especialmente cuando -como en el caso del juicio- las licitó, adjudicó y controló la propia provincia.
- Pero hay un dato adicional, terminado cada año, las reasignaciones y todo el manejo concreto del presupuesto requieren de aprobación. En primer lugar, del propio Congreso a través de la votación que se denomina Cuenta de Inversión. Hay un segundo control de la Auditoría General de la Nación, que también tiene que aprobar la gestión del presupuesto y las reasignaciones. En todos los casos, la Cuenta de Inversión se aprobó y la AGN no objetó nada.
En el proceso de reasignación de partidas intervienen numerosos protagonistas en los ministerios nacionales y sobre todo en los provinciales, donde se ejecutaron las obras, de manera que un jefe de Gabinete termina rubricando gruesos expedientes que vienen con muchas firmas. Pero aún así, no tiene intervención en nada que tenga que ver con supuestos sobreprecios ni quién hace las obras, que es de lo que se trata el juicio.
Cómo el macrismo armó la causa
Las imágenes de la reunión de la Gestapo en el salón del Bapro hacen pensar que algo similar se tejió para poner en marcha el expediente de la obra pública de Santa Cruz. Mauricio Macri tomó posesión el 10 de diciembre de 2015. Recién designó un interventor en Vialidad Nacional el 15 de enero. Pero al día siguiente, el 16 de enero, el nuevo interventor -el ultramacrista Javier Iguacel- emitió su resolución número 1: puso en marcha una auditoría. Pero no sobre todas o algunas de las provincias, sino sobre una sola: Santa Cruz. Esa auditoría concluyó en que no se pagaron obras que no se hicieron, que las rutas estaban bien hechas y que los atrasos eran los habituales en las obras de todo el país.
Después de tantear con otras acusaciones, la denuncia se centró en que empresas de Lázaro Báez ganaron 51 de las 81 licitaciones, algo bastante habitual: las empresas locales se imponen porque tienen el personal y la maquinaria en el lugar, algo todavía más importante en el caso de Santa Cruz, distante 1800 kilómetros del área metropolitana y con un clima inhóspito. Además, no hubo objeciones a las licitaciones. Aún así, Iguacel presentó la denuncia, porque seguramente así se decidió en una reunión parecida a la del Bapro, donde también es muy posible que hayan dicho: "vamos para adelante, la cuestión judicial está asegurada".
Los acuerdos comerciales y de inversión en carpeta
El camino hacia China y Rusia
Argentina retoma la negociación por proyectos estratégicos (energía, transporte y otras áreas) con el viaje que hará Alberto Fernández.
En un momento álgido de las negociaciones para reestructurar la deuda de más de 40 mil millones de dólares que Argentina mantiene con el FMI, Alberto Fernández abre su agenda internacional 2022 con dos destinos poco ingenuos. En una visita a China con escala en Rusia, el presidente repasará el camino iniciado hace décadas en materia de financiamiento e inversiones productivas al tiempo que (se) demostrará que hay vida más allá de occidente. PáginaI12 habló con analistas expertos en la relación Argentina -China y Argentina- Rusia para desglosar qué puede conseguir el país, además de una foto que demuestre al FMI que no es su única alternativa.
El aspecto político más importante del viaje previsto para los próximos 3 y 4 de febrero está vinculado a la adhesión a la "Iniciativa de la Franja y la Ruta", popularmente conocido como Ruta de la Seda, el proyecto estratégico de desarrollo que, principalmente a través de inversiones en infraestructura, impulsa China a escala mundial.
"Más allá de que varios países latinoamericanos ya adhirieron, Argentina sería la primera de las cuatro grandes economías latinoamericanas - México, Brasil y Colombia son las tres restantes- que estaría haciéndolo", destaca el economista y autor de los libros "¿Cómo lo hicieron los chinos?" y "Un Mundo Made in China" Gustavo Girado, que resalta la importancia de esta adhesión en tanto habilita a Argentina a ser sede de proyectos estratégicos para mejorar la infraestructura del país.
Negocios
China
La visita a Asia podría destrabar muchos proyectos iniciados tras los acuerdos de asociación estratégica que firmaron ambos países durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. "Este viaje permitirá destrabar inversiones frenadas y proyectar inversiones en obra pública, represas, energía nuclear, renovables y defensa", explica Gabriel Merino, co-coordinador del grupo de trabajo China y el Mapa del poder mundial en Clacso.
A fines de diciembre se hizo público un documento enviado a China en el que la Secretaría de Asuntos Estratégicos de Gustavo Béliz y el canciller Santiago Cafiero alistaron 17 proyectos de infraestructura que el país busca financiar. El más importante es la cuarta central nuclear, un proyecto de reactor con tecnología de uranio enriquecido y agua liviana que costará 7.900 millones de dólares, un 85 por ciento del presupuesto total del proyecto. Fue pautado en 2014 y estaba previsto para que se inicie en 2016 durante la gestión de Juan José Aranguren como ministro de Energía, que primero lo dilató para rever condiciones del contrato para finalmente congelarlo en 2018 por la crisis económica.
Otro proyecto incluido en el listado es el de las represas “Presidente Néstor Carlos Kirchner" y "Gobernador Jorge Cepernic” sobre el Río Santa Cruz, que fueron adjudicadas en 2013. Al año siguiente un grupo de bancos chinos se comprometió a aportar 4.714 millones de dólares para financiar la obra con cinco años y medio de gracia para el capital, el plazo que se preveía para finalizar la construcción. Pasado el plazo de gracia, China reclama el repago de un proyecto que, por las demoras que sufrió, aún no está finalizado. El Gobierno debe sellar un acuerdo de refinanciamiento para estirar los plazos de devolución y seguir recibiendo el fondeo.
Un grupo importante de obras que el gobierno argentino prioriza tiene que ver con los ferrocarriles: la rehabilitación del sistema de Ferrocarriles línea San Martín, Roca y Belgrano Cargas y un plan de modernización de redes ferroviarias que incluya la compra de material rodante. También de energías renovables como la ampliación del parque fotovoltaico Cauchari 4 y 5 que se inauguró en 2019 y el Parque eólico Cerro Arauco. El listado incluye además obras en el sistema de gasoductos, plantas de tratamiento de agua potable y acueductos, los puentes Chaco-Corrientes y Santa Fe-Paraná, programas de conectividad y fibra óptica, de vivienda y hábitat, corredores viales y mejoramientos, obras de transmisión y distribución eléctrica.
"China tiene una oferta excedente en aspectos que Argentina tiene demanda excedente: ofrece infraestructura, tecnología y financiamiento. A su vez la canasta exportadora clásica que tiene Argentina de soja y petróleo complementa la demanda de China", asegura Girado.
Detalle no menor, además del financiamiento productivo Argentina negoció un swap con China en 2014 que se mantuvo durante los sucesivos gobiernos. Se trata de un intercambio de monedas que pasan a integrar las reservas sin generar ningún costo hasta ser usados, y que Alberto Fernández extendió en principio hasta 2023.
Rusia
La agenda de potenciales inversiones rusas no es oficial, aunque hay algunos hechos concretos que pueden ayudar a armarla. La inversión concreta más reciente fue en materia ferroviaria, cuando el pasado 29 de diciembre el gobierno adjudicó la licitación de 70 trenes eléctricos a la empresa privada rusa TMH por 864,2 millones de dólares. Lo segundo que está en proceso de negociación es la inversión en hidrocarburos. La empresa rusa Lukoil tiene interés en Vaca Muerta y en desarrollos conjuntos con YPF. Podría brindar capitales tanto para la explotación inshore como offshore.
En la tarea por interpretar posibles líneas de financiamiento ruso, el vicedecano de la Facultad de Defensa Nacional (Fadena), Gonzalo Cáceres, destaca tres de los memorándum de cooperación que firmaron ambos países. El de energía atómica, en el marco del cual la empresa pública rusa Rosatom proyecta participar en el desarrollo de central nuclear en Argentina e incluso desarrollar investigación con fines pacíficos. Otro de los memorándum es el de exploración minera y el de cooperación en términos financieros entre el Banco de Inversión y Comercio Exterior y el Banco Ruso de Desarrollo de Regionales.
Los perfiles de ambos países son similares, aunque con asimetrías de capital y de historial: "Es más difícil para los rusos porque heredan una relación geopolítica con la región. Rusia debe reposicionarse tras la debacle de la Unión Soviética, en cambio China ya entra con una economía de mercado dirigida estatalmente. China cuenta con muchos capitales y un proyecto estratégico muy importante - la Iniciativa de la Franja y la Ruta- con un despliegue en términos de infraestructura y geopolítico significativamente mayor que Rusia", reflexiona Cáceres.
En materia de defensa ambos países tienen para aportar: "Por los acuerdos de Madrid la Argentina se encuentra imposibilitada de comprar tecnología militar que tenga componentes británicos. Como en general la tecnología noratlántica tiene un componente británico, para que Argentina pueda acceder a determinada tecnología militar debe mirar a Rusia y China. Por eso el ministro Taiana evalúa la compra de aviones militares de estos países", continúa Cáceres.
Falsa grieta
El bullicio que causa este viaje sobre todo en la opinión pública en el marco de las negociaciones con el FMI es subestimado por los analistas. "Estados Unidos y China viven una guerra tecno comercial de transición hegemónica y la realidad es que Argentina no juega en esa liga. Comprarnos estar de un lado o del otro es la peor posición, por eso siempre hay que apuntar al multilateralismo", reflexiona María José Haro Sly, magister en la Escuela de la ruta de la seda en la universidad de Renmin (China).
"Tenemos una política exterior autónoma e independiente que reconoce que hay un mundo multipolar y Argentina debe tener relaciones con todos los polos de poder que hoy están en el mundo", complementa en diálogo con PáginaI12 el embajador argentino en Rusia Eduardo Zain. "La política exterior debe estar desideologizada, si hubiéramos seguido con el fanatismo ideológico de Cambiemos, Argentina no hubiera tenido vacunas en diciembre de 2020", agrega.
Cáceres complejiza esta discusión: "Las relaciones comerciales no comienzan con este viaje, los acuerdos datan de los 2000 y son hijos de una época en la que la región miraba para un mismo lugar. Ese camino no se desanduvo completamente ya que por lo menos con Rusia, aunque a un distinto ritmo, Macri les dio continuidad. Ahora la posibilidad de default con el Fondo puede hacer que ese acuerdo se potencie pero la relación ya está iniciada".
Alertas
Existe una narrativa armada cada vez que se anuncia una inversión china en el país: que vienen con su tecnología, que no genera mano de obra, que las condiciones que imponen. Los analistas consultados por PáginaI12 vinculan estos dichos más a prejuicios que realidades, entendiendo que se analizan con distinta vara las inversiones de oriente y occidente. "Son países que van a defender sus intereses. Alerta tenemos que estar siempre, pero en la cultura dominante parece no haber alerta cuando la referencia es a empresas europeas", asegura Jorge Kreynes, secretario de relaciones internacionales del Partido Comunista de la Argentina.
Por el contrario, China no sigue "el formato occidental imperialista, no impone por la fuerza una relación económica como puede ser asegurarse el control de hidrocarburos en medio oriente vía una guerra, o sus intereses económicos financiando dictaduras. China puede generar dependencia económica sin ser acompañado de una imposición político militar", asegura Merino. Lo importante, más allá del país, son los acuerdos: "Si Argentina firma acuerdos similares a los que firmó con occidente de primarización sin desarrollo de tecnología, esta relación no será más que una nueva dependencia", opina Merino.
"Argentina tiene que plantear una relación mucho mas estratégica con China para que al mismo tiempo que podamos exportar commodities podamos agregar valor a la producción", coincide Haro Sly que agrega que, hasta ahora, "los acuerdos con China en términos de tecnología y uso de mano de obra fueron en general más a favor de Argentina. En China hay espacio para la negociación, no hay un paquete cerrado como tienen la mayoría de los organismos internacionales. Pero hay que tener estrategia y buenos negociadores".
Fuente:Pagina12
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