HONDURAS.

 

Guapinol va por sacar a Inversiones 

Los Pinares de su territorio

Resumen Latinoamericano 11 de marzo de 2022. 

Las comunidades y organizaciones que integran el Comité Municipal de Defensa de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colón están decididos a seguir su lucha en defensa de los territorios demandando la salida de la zona de Inversiones Los Pinares, la causante de los múltiples problemas ambientales del sector y del conflicto interno en varias comunidades.

“La tarea que tenemos es dar el siguiente paso: que se suspendan los permisos de explotación de Inversiones Los Pinares en el parque nacional Montaña Botaderos”, dijo en Radio Progreso Reinaldo Domínguez, integrante del Comité de Defensa de los Bienes Públicos de Tocoa, Colón.

Domínguez aseguró que van a demandar que se revisen las licencias de los proyectos de Ekotec que, sin consultar con los pobladores, se ha instalado en la cabecera de las comunidades como Guapinol, Asentamiento Campesino La Lempira, Cayo Campo, nueves colonias y Ceibita aldea, lo que calificó como una situación muy grave.

En días recientes recobraron la libertad ocho defensores que permanecieron privados de libertad en la cárcel de Olanchito, Yoro y de La Ceiba, Atlántida, perseguidos por la empresa minera de Inversiones Los Pinares por defender el agua del río San Pedro Y río Guapinol.

Justicia tardía

Los ocho defensores estuvieron casi 30 meses privados de su libertad. “Ellos y su familia han sido víctimas de una conspiración de parte de Inversiones Los Pinares y de todo el conglomerado corporativo propiedad de Lenir Pérez, de su señora esposa de apellido Facussé e incluso de don Juan Orlando Hernández Alvarado que dicen que es socio de ellos”, dijo en Radio Progreso el abogado Rodolfo Zamora, integrante del cuerpo de abogados de los defensores.

Zamora dijo que la lucha de la población es por el agua, no sólo del río Guapinol sino de más de una docena de afluentes que nacen en la montaña. Sostuvo que los procesos penales han sido un distractor para que la comunidad deje de luchar por el ambiente y por el agua y se involucrara en la lucha judicial por la libertad de sus parientes que estuvieron presos durante casi mil días.

Reinaldo Domínguez sostiene que ahora van a buscar liberar el territorio. “No sólo se trata de que los compañeros salgan libres, no, claro que no, porque el territorio sigue comprometido, sigue en prisión por Lenir Pérez y su grupo, entonces vamos a luchar por una mejor organización en las comunidades hasta que se vaya Inversiones Los Pinares”.

Operadores de la justicia

Fuertes cuestionamiento han recibido los miembros del Ministerio Público y los jueces del Tribunal de Sentencia de Trujillo, quienes pusieron todas las trabas posibles para retener a los ambientalistas a pesar que existían dos sentencias de amparo que los liberaba de la cárcel.

“Ya hemos puesto varias denuncias. Desde el punto de vista civil, corresponde que estas personas sean indemnizadas, que haya resarcimiento de los daños y perjuicios que se han cometido en su contra, y desde el punto de vista penal, efectivamente se amerita una investigación para llevar a los estrados judiciales a los que se han prestado para esta grave injusticia”, dijo el abogado Zamora.

Para Reinaldo Domínguez, tanto los jueces como los miembros del Ministerio Público deberían ser sometidos a un proceso judicial.

“Podríamos llegar a buscar requerimientos o llevarlos por lo menos a audiencia de descargos porque se notó, en al menos dos jueces, que hicieron una presión salvaje para que estos compañeros siguieran en prisión, 14 días después de que la Sala dejara firme dos sentencias, ellos los seguían manteniendo presos, y por la presión se logró que los liberaran”, dijo Domínguez.

Señaló al Ministerio Público de actuar todo el tiempo en favor de Inversiones Los Pinares. Pero el abogado Rodolfo Zamora es claro al señalar que no se debe olvidar que tanto la Corte Suprema de Justicia como el Ministerio Público siguen siendo vestigios del gobierno mafioso del señor Juan Orlando Hernández Alvarado.

Fuente: Prensa Comunitaria

Corrupción y narcotráfico distinguen 

al conservador Partido Nacional 

Resumen Latinoamericano 11 de marzo de 2022.

El narcotráfico y la corrupción se encumbraron en las filas del conservador Partido Nacional, sus principales líderes figuran en las acusaciones y solicitud de extradición hacia los Estados Unidos mientras los fiscales estadounidenses señalan a Honduras como un Narco Estado.

El conservador Partido Nacional de Honduras, fue fundado el 27 de febrero de 1902 por Manuel Bonilla. Históricamente este partido político ha sido parte de la corrupción y tráfico de droga, a través de sus principales figuras, tal y como lo relató el titular de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), historiador y profesor de ciencias sociales, José Carlos Cardona.

Con base al libro “Propiedad y ética en las políticas públicas: el caso de Honduras”, de la historiadora Marielos Chaverri, Cardona expuso que durante la dictadura de Tiburcio Carías Andino (1936-1949) se demostró su involucramiento en el narcotráfico al desclasificarse varios documentos del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Carías con la finalidad de mantener el control territorial de la nación, creó una red de pistas de aterrizaje y fomentó la aviación nacional con ayuda del piloto Lowell Yerex, quien en 1931 había fundado la empresa TACA.

Para esa época, los estadounidenses ya consumían cocaína y morfina, sin embargo, en Latinoamérica no se producía por lo que la United Fruit Company que financiaba al Partido Nacional, contactó a unos proveedores en Italia por lo que usaron las aviones de la empresa pagando traslados con fondos del Estado.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Carías decomisó y expropió los bienes de los empresarios alemanes en el país que finalmente fueron entregados a altos funcionarios del Partido Nacional. Tras la creación de las Fuerzas Armadas y bajo el gobierno de Ramón Villeda Morales se logró depurar la red de narcotráfico que operaba desde las filas del Partido Nacional.

No obstante, en 1963, tras el golpe de Estado contra Villeda Morales se instauraron gobiernos militares que intentaron silenciar y ocultar el legado nacionalista en la narcoactividad y corrupción.

De los últimos diez presidentes del Comité Central del Partido Nacional (CCPN), siete de estos han estado vinculados con la corrupción, otros, en las últimas décadas, en narcotráfico y crimen organizado.

Para el caso, el extinto Rafael Leonardo Callejas figuró también como presidente de Honduras del periodo 1990-1994, tras concluir su periodo fue acusado en siete casos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos recibiendo cartas de libertad en cada uno de los casos.

Sin embargo, en 2015, fue solicitado en extradición por los Estados Unidos a causa de acusaciones en la corte de Nueva York por el escándalo de corrupción en la Federación Internacional de Futbol y Asociados (FIFA) conocido como “FIFA Gate” cuando fungía como presidente de la Federación Nacional de Futbol de Honduras (Fenafuth) al recibir sobornos para la transmisión exclusiva de partidos de la selección.

También, el otrora exdiputado Oswaldo Ramos Soto, durante los años que estuvo como rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) se le denominó el periodo siniestro para algunos estudiantes y empleados que fueron torturados y asesinados cuando se pucho en marcha la “Doctrina de Seguridad Nacional”.

El líder de la Fuerza Universitaria Revolucionaria (FUR), Milton Jiménez Puerto, en 1993, acusó a Ramos Soto de haber sido el autor material de su desaparición temporal en abril de 1982. Cabe señalar que no logró llegar a ser electo presidente de Honduras.

José Celín Discua Elvir, también fue presidente del Partido Nacional y diputado del Congreso Nacional. Acusado por la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) en el caso denominado “Pandora” por el delito de lavado de activos al desviar 282 millones de lempiras de la Secretaría de Ganadería y Agricultura (SAG) y utilizarlo para financiar campañas políticas.

Fue incluido por Estados Unidos en la lista de funcionarios corruptos del Triángulo Norte de Centroamérica conocida como Lista Engel. También se le quitó la visa para ingresar a esa nación.

Gladis Aurora López, la tercera mujer que ha logrado dirigir el Partido Nacional en 2014. Desde 2009 se mantiene como diputada del Congreso Nacional. Según investigaciones de Global Witness, utilizó su poder para adjudicarse contratos con el Estado.

En 2016, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) denunció a López por amenazas y conflictos para construir proyectos hidroeléctricos en el departamento de La Paz. En 2017, la comisionada de la Policía Nacional en condición de retiro, María Luisa Borjas la acusó de ser parte de los autores intelectuales del asesinato contra la ambientalista Berta Cáceres.

Para diciembre de 2018, la MACCIH la acusó en el caso Arca Abierta por desviar más de 21 millones de lempiras de la Asociación Planeta Verde a sus cuentas personales y, en junio de 2021, el Departamento de Estado de Estados Unidos la añadió a la Lista Engel.

Reynaldo Sánchez, fue presidente del Partido Nacional desde mayo de 2017 a mayo de 2021, actualmente es congresista de Honduras. En mayo de 2020, el exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos “el Tigre” Bonilla quien enfrenta un proceso de extradición hacia los Estados Unidos acusado por narcotráfico, lo señaló de proteger a un pariente ligado en la narcoactividad.

El actual presidente de los nacionalistas es David Chávez, quien perdió las elecciones municipales por la capital de Honduras. Fue acusado por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) por malversar más de 21 millones de lempiras cuando fungió como director del Instituto Hondureño de Formación Profesional (Infop).

El equipo de Criterio.hn también ha presentado dos investigaciones  en las que devela la estructura de corrupción que montó Chávez y sus socios y el poderío político que logró en poco tiempo.

PORFIRIO LOBO Y JUAN ORLANDO LOS EMBLEMAS DE LA CORRUPCIÓN Y NARCOTRÁFICO

Porfirio Lobo Sosa, asumió la presidencia de Honduras tras el golpe de Estado de 2009 que defenestró a José Manuel Zelaya Rosales. Su hijo, Fabio Lobo fue condenado en los Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

El poderoso narcotraficante hondureño Devis Leonel Rivera Maradiaga, exlíder del cártel de “los Cachiro” testificó en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York haber financiado la campaña política de Lobo Sosa a cambio de protección y contratos con el Estado.

Aquí figura, el dirigente nacionalista y excandidato presidencial Miguel Pastor, exalcalde de la capital 2006-2010, quien ocupó el cargo durante el periodo de Lobo Sosa como titular de la extinta Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi) quien le otorgó contratos a “los Cachiros” y se encuentra en prisión acusado por la MACCIH en el caso Narco Política.

Lobo Sosa es parte de la lista de funcionarios corruptos, él junto a su familia fue sindicado por corrupción. Su esposa, Rosa Elena Bonilla, enfrenta la repetición del juicio en su contra acusada por la MACCIH en el caso Caja Chica de la Dama por malversar fondos destinados a las niñas y niños de Honduras.

El sucesor de Lobo Sosa fue Juan Orlando Hernández conocido popularmente como “JOH” quien enfrenta un proceso de extradición acusado por narcotráfico en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

En 1993 fue nombrado coordinador departamental del Partido Nacional, para el periodo 1998-2002 logra ser electo diputado siendo reelecto en el cargo para el periodo de 2002-2006. En 2005, Hernández fue jefe de bancada del Partido Nacional, además se inmiscuyó en el narcotráfico que le permitió ir escalando posiciones mediante el financiamiento de sus campañas políticas.

Para 2010-2014 quedó al mando del Congreso Nacional desde donde comenzó a fortalecer una red de corrupción y narcotráfico que le permitió tener el control estatal y utilizarlo para sus actividades delictivas, según testimonios de los Cachiros.

Es en 2016 que el capitán de las Fuerzas Armadas en condición de retiro, expulsado con baja deshonrosa de la institución militar, Santos Rodríguez Orellana, denuncia a Hernández de ser parte de narcotráfico en Honduras.

En el proceso electoral de 2013, JOH se convierte en presidente de Honduras para el periodo 2014-2018. Es en 2016 que el capitán de las Fuerzas Armadas en condición de retiro, expulsado con baja deshonrosa de la institución militar, Santos Rodríguez Orellana, que denuncia a Hernández de ser parte de narcotráfico en Honduras.

En 2017, JOH logra imponer un fraude electoral y reelegirse como presidente de Honduras pese a ser prohibido por la propia Constitución. Su gestión durante el periodo 2018-2022 fue cubierta de señalamientos por sus vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado y defendiéndose en cada arenga que realizaba.

El 27 de enero Hernández concluyó su mandato, ese mismo día mientras era juramentado como diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen) Estados Unidos preparaba su acusación formal.

Once días después, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, informaba que Hernández se le había revocado la visa desde el 1 de julio de 2021, además fue incluido en la Lista Engel.

Posteriormente, la embajada de los Estados Unidos solicitó su detención provisional para tramitar su extradición por tres delitos, el primero por conspirar para el tráfico de drogas y por posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos operaciones que ejecutó desde 2004 hasta 2022.

SUS HERMANOS Y LA EXTENSA LISTA DEL PARTIDO NACIONAL

Hilda Hernández, hermana de JOH, fue sindicada en varios casos de corrupción, entre estos, el caso Hermes y Corrupción Sobre Ruedas cuando ostentó cargos durante el gobierno Ricardo Maduro (2002-2006), Lobo Sosa (2010-2014) y su hermano en 2014-2017. Murió en 2017 en un supuesto accidente aéreo que continúa bajo investigación.

Además, era parte de investigaciones, por parte de Estados Unidos, junto a otros funcionarios como Ebal Díaz, mano derecha de Hernández, por vínculos con el narcotráfico a gran escala y delito de lavado de activos. Cabe señalar que recientemente Díaz fue acusado por el CNA de corrupción en el caso Casa contenedores.

En noviembre de 2018, “Tony” Hernández, hermano de JOH, es capturado en los Estados Unidos y condenado, en marzo de 2021, a cadena perpetua más 30 años de prisión por delitos de narcotráfico, tráfico de armas y brindar falso testimonio.

Durante el juicio en su contra, los fiscales estadounidenses aseguraron que JOH recibió un millón de dólares por parte del poderoso narcotraficante mexicano, Joaquín Guzmán Loera, alias “el Chapo”, siendo “Tony” el intermediario y parte de la estructura protegida por alcaldes, diputados y miembros de las fuerzas armadas y policiales.

También el exnarcotraficante y exalcalde Alexander Ardón conocido como “Doble A”, relató que en 2015 sostuvo reuniones con JOH quien le pidió financiar la campaña política del Partido Nacional a cambio de otorgar protección en el tráfico de drogas.

Asimismo, el exnarcotraficante Víctor Hugo Díaz Morales, conocido bajo el alias “el Rojo”, aseguró que en 2005 pagó 40 mil dólares para financiar la candidatura a diputado de JOH y 100 mil dólares para la campaña presidencial de Lobo Sosa.

En marzo de 2020, fue capturado el narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez socio directo de “Tony” y JOH, durante el juicio en su contra, en 2021.

El fiscal Jacob Gutwillig declaró que Ramírez operó una enorme red de distribución de droga gracias a las conexiones con la clase política hondureña, policías y militares. Además, señaló al exgobernante hondureño de haber convertido a la nación en un “narcoestado”.

En la extensa lista también figuran excongresistas como Óscar Nájera acusado de ser parte de los narco políticos hondureños, el exalcalde Ricardo Álvarez quien está en completa impunidad tras el fallido proyecto de transporte Trans-450, entre otros.

Noticia relacionada https://criterio.hn/aflora-division-entre-cupula-de-poder-del-partido-nacional-y-los-que-se-bajaron-del-barco/

NARCOTRÁFICO Y CORRUPCIÓN PASÓ FACTURA

Tras las elecciones generales de noviembre de 2021, el Partido Nacional sufrió su peor derrota electoral en la historia perdiendo el poder de la nación tras doce años de gobierno, sus principales figuras a cargos de elección popular perdieron las votaciones.

Lo anterior detonó que una facción de nacionalistas responsabilizara a Hernández de llevarlos a la llanura, inclusive Lobo Sosa se convirtió en su mayor adversario, situación que los ha obligado a nombrar una comisión especial para restructurar el ente político

“Se hará una evaluación del Partido Nacional en los últimos años, nosotros reconocemos que a lo largo de los años se han cometido algunos errores y el principal compromiso de esta comisión será hacer un diagnóstico para que no se vuelvan a cometer” aseguró Áfrico Madrid parte de la comisión.

Recurrir a una comisión tendrá como objetivo una “reingeniería” a raíz del resquebrajamiento político y nombrar nuevas autoridades de cara a la Convención Nacional del Partido Nacional.

Durante la lectura de la sentencia contra “Tony”, el juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Kevin Castel, afirmó que los hermanos Hernández convirtieron a Honduras en un narco Estado utilizando la estructura del Partido Nacional.

Cabe indicar que si bien el conservador Partido Nacional encabeza el ente político con más acusados y sindicados por corrupción y narcotráfico no quiere decir que los demás partidos políticos en Honduras no tengan afines ligados a estos flagelos que abaten el país.

Fuente: Criterio

Envio:RL