Los quebrados
Comienza un juicio por delitos de lesa humanidad que tiene como víctimas a cuatro personas sindicadas por otros sobrevivientes como colaboradores de la represión. Militantes y genocidas, traiciones y tormentos.
Este lunes 28 de marzo está previsto que comience en los Tribunales Federales de Rosario un infrecuente juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. A diferencia de todos los anteriores, este no contará con el apoyo a las víctimas de los organismos defensores de los derechos humanos y de las otras organizaciones civiles que habitualmente convocan a acompañar a los sobrevivientes del terrorismo de Estado. Es que los casos que analizará el Tribunal Oral Federal N°2 (TOF2), integrado por los jueces Jorge Sebastián Gallino, Mateo José Basaniche y Cinthia Graciela Gómez, son los de Ricardo Miguel Cady Chomicki y su ex esposa Nilda Virginia Folch, la Polaca; y los de la pareja que conformaron José Pollo Baravalle –quien se suicidó en Italia en 2008– y Graciela Porta, la Porota. Los cuatro fueron militantes montoneros secuestrados durante el régimen de facto y son considerados “traidores” y colaboradores de la patota de Feced, el grupo operativo que estuvo a cargo del mayor centro concentracionario de la provincia de Santa Fe, el que funcionó en los sótanos de Servicio de Informaciones (SI) de la Policía rosarina, en la esquina de Dorrego y San Lorenzo. Chomicki, incluso, fue llevado a juicio entre 2010 y 2012 como autor de los mismos crímenes que se les achacó a los miembros del grupo de tareas que resultaron condenados en el proceso conocido como “Díaz Bessone” o “Feced I”, aunque resultó absuelto. Ubicado por los sobrevivientes a ambos lados de la picana, el ex militante de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) llega ahora a un proceso oral como víctima de los delitos por los que hace una década fue juzgado y exculpado.
Si bien es posible que el juicio no tenga mayor trascendencia pública, es útil para exponer las complejidades que impiden abordar el terrorismo de Estado como un proceso simple y lineal, y revisitar las consecuencias y efectos que produce en la subjetividad la aplicación de tormentos –sobre lo que existe amplia bibliografía–, la herramienta aprendida por los represores argentinos de la escuela francesa.
Juicio incómodo
El que comienza el lunes –si es que comienza, porque existe una pericia en proceso que podría postergarlo– es, sin dudas, un juicio que incomoda.
Existe una amplia coincidencia entre los organismo defensores de los Derechos Humanos en cuanto al valor del juzgamiento y condena de los perpetradores del genocidio.
Lo que oficia de parteaguas en este caso son las víctimas, consideradas traidoras a las organizaciones revolucionarias en las que desarrollaron sus militancias y entusiastas colaboradoras del terrorismo estatal.
Cuando Chomicki fue juzgado en 2012 como presunto autor de 19 casos de secuestros de militantes políticos enfrentados a la dictadura, cinco casos de aplicación de tormentos y como miembro de la asociación ilícita que conformó el grupo de tareas del SI – por lo que resultó absuelto–, HIJOS Rosario decidió no acusarlo, mientras que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación desistió de la acción penal que sí había impulsado en la instrucción.
Expresado –muy– básicamente, el planteo que esgrimieron consistió en que Chomicki ingresó a las mazmorras del poder concentracionario como víctima.
La Fiscalía, por su parte, entendió que había cometido delitos pero “bajo estado de necesidad” y no lo acusó, ciñéndose a una recomendación del entonces procurador, Esteban Righi, que procuraba no homologar a los militantes secuestrados y “quebrados” en la tortura que actuaron como colaboradores, con los represores cuyas conductas estuvieron motivadas en su voluntad y decisión propias.
El asunto, que no es novedoso, admite distintas miradas y el objetivo de esta nota no consiste en inclinarse por alguna de ellas, sino exponerlas a los lectores.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Rosario, sí mantuvo la acusación contra Chomicki en el juicio Feced I, cuyas abogadas habían llevado el caso por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, organismo que finalmente decidió no acusarlo, por lo que ellas se desligaron.
La titular de la APDH, Norma Ríos, dijo a El Eslabón que consideran que Chomicki no era un militante quebrado en la tortura sino “un infiltrado” en las organizaciones revolucionarias.
“En ese momento y a raíz de las declaraciones de víctimas entendimos que Chomicki, que era al que se juzgaba, era un infiltrado en la organización y no un compañero, como sostenían otros. En definitiva, todos los infiltrados aparecían como compañeros”, dijo.
Ríos señaló que “teníamos varios testimonios que señalaban que lo habían visto antes de estar en el SI buscando gente”, lo que refuerza la idea del infiltrado.
Además, recordó que cuando se produjo aquél debate “nos querían poner en el lugar de que juzgábamos haber hablado bajo la tortura. Eso no es así, nunca va a ser así, jamás plantearíamos algo de ese nivel”.
Otras fuentes consultadas para esta nota indicaron que “no se acreditó” esa condición en las investigaciones judiciales. Que no existe prueba de que el Cady fuera un topo de los servicios en la UES o en la Juventud Peronista.
Lo mismo sostuvieron algunos sobrevivientes quienes, de todos modos, le endilgan a los cuatro “quebrados” de este juicio no haber aportado datos sobre el destino de los desaparecidos una vez concluida la dictadura, como sí ocurrió con otros detenidos señalados como “colaboradores”. Lo que equivale a achacarle a Chomicki & Cía una cooperación voluntaria con los genocidas, allende los efectos de la tortura y de las amenazas de las que podrían haber sido objeto.
Esa es la cuestión central del debate, que no busca saldarse acá: si existió voluntad de los militantes de colaborar con sus captores, una suerte de libre albedrío, o sus acciones obedecieron al contexto del cautiverio y las consecuencias de la tortura. Si, en cambio, como plantea Ríos, eran infiltrados, no existe discusión. Vale aclarar que la APDH sólo fijó esa posición para el caso de Chomicki.
Los representantes de organismos de Derechos Humanos consultados para esta nota coincidieron, también, en que ninguno es querellante ni impulsó la acción penal del caso que llega a debate oral. Fue una decisión del propio TOF2 cuando dictó la sentencia de Feced I.
Libre u oprimido
La cuestión de la delación y/o la traición de las personas caídas en los campos del poder totalitario fueron abordadas incluso por las organizaciones políticas una vez ocurrido el golpe. Cuando se advirtió que la moral revolucionaria y la fortaleza ideológica no eran antídoto –al menos no en todos los casos– a las posibles “cantadas”, la conducción de Montoneros ordenó que sus militantes llevasen consigo una pastilla de cianuro para no caer con vida y quebrarse en la tortura.
De todos modos, el asunto continúa siendo materia de debate tanto en términos académicos como entre los propios sobrevivientes de las dictaduras del cono sur.
En su apelación a la sentencia de Feced I, la querella de la APDH planteó que al absolver a Chomicki los jueces “omiten analizar las testimoniales que dan cuenta de la percepción que las víctimas tuvieron de Chomicki respecto de su rol como un represor más. En nuestro alegato pudimos probar el grado de libertad con el que Chomicki se manejaba dentro del SI, e incluso, el grado de autodeterminación con que él mismo realizaba las conductas criminales que se le achacan y el grado de discrecionalidad que él mismo tenía”.
Añadió que “en cuanto al argumento que brinda el Tribunal respecto a que las víctimas lo mencionaron como «preso» o «detenido» colaborador, podemos afirmar que sin lugar a dudas que esto tiene una sencilla explicación: quienes conocían a Chomicki como militante de la Unión de Estudiantes Secundarios, al verlo dentro del Servicio de Informaciones suponían que era un preso que estaba colaborando. Pero no hay un solo testimonio, uno solo, que acredite ni su detención, ni sus alegados tormentos”.
Sin embargo, para el TOF2, del juicio surgió que “fue privado de su libertad a fines de noviembre de 1976, en condición de desaparecido hasta el 15 de febrero de 1977 y luego puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional hasta el 12 o 13 de junio de 1977”, y que estuvo en el SI, “donde fue sometido a todo tipo torturas y tormentos que duraron aproximadamente 15 días”, según su propia declaración.
Para los jueces, es “innegable también la condición en que se encontraba actuando el implicado, esto es, sujeto al control total y discrecional de sus secuestradores”.
Además, “no se ha probado en autos la participación de Chomicki como integrante del aparato estatal que ejerció una autoridad dictatorial durante la época en que se sucedieron los hechos aquí investigados, y por el contrario sí se ha probado que todas las acciones de los opresores y captores generaron en los sobrevivientes de los centros clandestinos de detención una existencia servil propia de una relación de sometimientos, sumisión y humillación, en la que, ciertamente, de dicho sometimiento, sumisión y servilismos dependía su propia vida”.
En su libro Los hundidos y los salvados, el sobreviviente de los campos de concentración del nazismo, Primo Levi, desarrolla la categoría de “zona gris” para analizar la cuestión de la “traición” y la “colaboración”.
Dice que “hay que afirmar que ante casos humanos como éstos es imprudente precipitarse a emitir un juicio moral. Debe quedar claro que la culpa máxima recae sobre el sistema, sobre la estructura del Estado totalitario (…) Es un juicio que querríamos confiar sólo a quien se haya encontrado en condiciones similares y haya tenido ocasión de experimentar por sí mismo lo que significa vivir en una situación apremiante (…) La condición de ultrajado no excluye la de culpable y, muchas veces, la culpa es objetivamente grave, pero no sé de ningún tribunal humano en el cual se pueda delegar su valoración”.
Absolución biológica
Como sea, el Ministerio Público Fiscal no participa de los debates éticos o políticos de las militancias, por lo que está obligado a impulsar la acción penal de las que considera víctimas del terrorismo de Estado.
En este juicio, los imputados que originalmente eran cuatro finalmente serán dos: los policías que operaron en el SI, Julio Héctor Fermoselle y el Cura Mario Alfredo Marcote, el violador del centro clandestino. También estaban procesados José Rubén El Ciego Lo Fiego y Carlos Caramelo Altamirano, alcanzados por la absolución biológica que les confirió la muerte durante el proceso.
Los delitos que se analizarán son privación ilegítima de la libertad agravada y tormentos, mientras que Fermoselle también está acusado de violación.
La causa que ahora llega a juicio se inició a raíz de una orden del TOF2 cuando el 26 de marzo de 2012 dictó la sentencia que condenó a prisión perpetua al ex jefe del II Cuerpo de Ejército, Ramón Díaz Bessone, y al ex comisario Lo Fiego, mientras que los ex policías Mario Marcote, Ramón Vergara y Carlos Scorteccini fueron sentenciados a 25, 12 y 10 años de prisión.
En aquel juicio Chomicki resultó absuelto y los miembros del tribunal, que lo consideraron víctima del terrorismo de Estado, indicaron que debía instruirse el caso. Su ex pareja, Folch, también estuvo implicada en aquel caso, pero no pudo ser juzgada porque estaba prófuga.
Las otras dos víctimas son el fallecido militante peronista José Pollo Baravalle, privado de la libertad el 28 de junio de 1976 por personal policial y alojado en dependencias del SI. Varios sobrevivientes lo señalaron como cómplice de los represores, al igual que a su pareja, Graciela Porta, secuestrada el 23 de febrero de 1977.
Fuente:RedaccionRosario
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