31 de marzo de 2022

ROSARIO - SANTA FE.

 


Un juez decretó "acceso total" a la investigación sobre Sain

Para que terminen los secretos de la causa

Es la causa que le siguen al ex ministro y varios colaboradores por supuesto "espionaje ilegal". Hasta ahora las defensas no accedían a las pruebas.

Por Juan Carlos Tizziani
Sain quedó en medio de esta investigación tras ser desplazado del MPA

Desde Santa Fe

El juez de Cámara Sebastián Creus confirmó ayer el fallo de su colega de primera instancia Jorge Patrizi que el 10 de febrero había levantado el secreto del sumario en la investigación al ex ministro de Seguridad Marcelo Sain y ordenó que las defensas tengan el “acceso total” a la causa, sin restricciones. La orden es para los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez, quienes “en un plazo de cinco días hábiles” deberán digitalizar “todos los documentos”, “constancias del legajo” y “toda la información que hayan reunido” y entregársela a los defensores de Sain y de la abogada de Hijos, Nadia Schujman, entre otros. Apenas salió la sentencia, una fuente confiable de Tribunales comentó a Rosario 12: “Se terminaron las chicanas de los fiscales”. Es que en su resolución de 46 páginas, Creus dictó cátedra. Entre otras cosas, dijo que asociar la pesquisa de Hernández y Jiménez con un supuesto “espionaje ilegal” es una “exageración”. “No hay información brindada” por los fiscales que “permita siquiera afirmar con algo de suficiencia la tipicidad de estas conductas en los términos de la ley 25.520 de Inteligencia Nacional” y si eso fuera así, “se debería poner en cuestión la competencia de la justicia ordinaria” porque la causa debería tramitar en el fuero federal. “En este sentido, aún cuando se comprenda la utilización publicitaria de términos como ‘espionaje’, en el contexto de intereses particulares proselitistas, no cabe duda que resulta una exageración”, sentenció el magistrado.

Creus resolvió los incidentes en debate, en dos capítulos. En el primero, confirmó el fallo del juez Patrizi del 10 de febrero que levantó el secreto del sumario, que Hernández y Jimenez habían apelado. Ahora deberán cumplir la orden. Y en el segundo, confirmó también el fallo de la jueza Rosana Carrara del 3 de febrero, que extendió los plazos procesales. Desde ayer, rige “la duplicidad de plazos para los que se encuentren en curso y etapas no fenecidas”, explicó.

La orden del juez a los fiscales es muy precisa. Tienen “cinco días hábiles" para digitalizar "todos los documentos recabados" en la causa, las "constancias del legajo" y "la totalidad de la información que ya está reunida en forma digital". Deberán ubicarla "en forma sistemática en archivos separados de un modo razonable para su análisis" y entregar copias "a todas las defensas que deberán proveer dispositivos de almacenamiento".

La investigación a Sain comenzó en marzo de 2021, hace un año, con un escrito de diputados radicales que responden a su antecesor, Maximiliano Pullaro, quien hoy es querellante en la causa. La denuncia era por una licitación para la compra de armas para la Policía de Santa Fe, que el gobernador Omar Perotti dejó sin efecto. Después, se agregó, un "anoticiamiento" por la supuesta "destrucción de documentos" que derivó en la requisa al Ministerio de Seguridad, el 26 de noviembre, a cargo de Hernández y Jiménez. "Es una causa que ya lleva un año de desarrollo. El primer tramo, ocho meses (hasta el operativo del 26 de noviembre) y el segundo, cuatro meses", explicó el juez.

Una investigación penal se justifica legalmente frente a 'hechos con apariencia de delito", enseñó Creus. "Esto supone un nivel de verificación mínimo y provisorio en términos objetivos de los hechos en orden a cierta tipicidad. No es probabilidad ni mucho menos certeza, sino que -las conductas en averiguación- tengan los rasgos exteriores de los elementos objetivos de un delito. Es decir, tipicidad objetiva y antijuridicidad”.

En el caso de la licitación para la compra de armas, “afirmar una posible tipicidad en términos del fraude contra el Estado” carece de “sustento mínimo”, reveló el magistrado. Y “esa orfandad, hasta discursiva (puesto que los fiscales no indicaron) sobre qué elementos abonan ese fundamento esencial de tipicidad, impide considerar razonable esta atribución”.

“Lo mismo puede decirse respecto de la atribución de conductas” de los investigados por el “hallazgo de material impreso o digital, con datos e información de personas físicas y jurídicas de la provincia, colectadas o en manos de los funcionarios del Ministerio de Seguridad”, el 26 de noviembre, señaló el juez.

“No hay información brindada” por los fiscales Hernández y Jiménez que “permita siquiera afirmar con algo de suficiencia la tipicidad de éstas conductas en los términos de la ley 25.520 de Inteligencia Nacional” y si eso fuera así, “se debería poner en cuestión la competencia de la justicia ordinaria” porque la causa debería tramitar en el fuero federal. “En este sentido, aún cuando se comprenda la utilización publicitaria de términos como ‘espionaje’, en el contexto de intereses particulares proselitistas, no cabe duda que resulta una exageración”, advirtió el magistrado

*Derechos humanos. Creus dijo que Sain y su equipo deben conocer las “evidencias reunidas en la investigación” por una “razón evidente”. “Si no saben o no conocen cuáles son las futuras o actuales pruebas de cargo, no puede defenderse y eso imposibilita la garantía constitucional de defensa en juicio”.

Los fiscales “deben actuar en resguardo de los derechos humanos (uno de ellos es el de poder refutar una acusación y defenderse). No podrían ocultar los actos de su investigación”. “En consecuencia, el mandato de hacer conocer o comunicar la investigación a la defensa es un imperativo legal y constitucional” para los fiscales. Incluso, si alguno de ellos “oculta información relevante” se podría anular el proceso.

Creus marcó otro hecho. Hernández y Jiménez apelaron la resolución del juez Patrizi del 10 de febrero que levantó el secreto del sumario,  pero el 9 de marzo, abrieron la causa a los defensas (24 horas antes de que Pullaro sea aceptado como querellante). El acceso fue restrictivo. “El Ministerio Público no tiene la facultad legal de limitar, por sí mismo, las evidencias que mostrará”, los corrigió Creus. La ley es muy clara: “todas las evidencias de la investigación deben ser puesta en conocimiento de las defensas” en la audiencia imputativa, y si esta no se convoca, 15 días después de haber sido solicitada por el imputado. Sain y Schujman las solicitaron en diciembre, hace tres meses.

Creus rechazó también el intento de los fiscales de impedir el acceso de las defensas a supuestas pruebas con la excusa de "preservar datos de terceros”. “Justamente, la imputación trata de establecer en qué medida (si típica o no) se ha recogido información sobre individuos. Estos datos personales son el mismo ‘objeto de la investigación’”, dijo el juez. Y se preguntó: “¿Cómo rebatirían las defensas o cómo investigarían que los datos reunidos son públicos y, por tanto, exentos de reserva si no conocen cuáles son esos datos? Si se permite el absurdo, es como si se atribuyera a alguien haber matado a una persona pero no le informan quien es para proteger sus datos personales”, ironizó.


58%

La Federación Argentina de Trabajadores de la Industria Química y Petroquímica -con fuerte presencia en el Gran Rosario- completó la paritaria con un incremento de sueldo del 58 por ciento. En una primera etapa, el gremio había acordado una mejora del 43% y con la revisión de la negociación sumó un 15% adicional sobre la base cálculo de valor-hora de abril 2021. Esta diferencia se abonará en marzo y abril, tras la homologación que se llevó a cabo en el Ministerio de Trabajo. El secretario general de la Federación, Fabián Hermoso, explicó: "Sabemos que las circunstancias actuales son excepcionales y que toda negociación salarial es insuficiente, pero estamos convencidos de haber logrado el máximo posible". De este modo, el sector logra equiparar la inflación del año pasado, que alcanzó el 54,5%. 



Gobernadores en defensa de los recursos federales

La enorme transferencia a CABA

Perotti participó del encuentro con el gobierno donde se informó del litigio en la Corte Suprema entre Nación y Buenos Aires.

Perotti con Manzur, De Pedro y otros gobernadores.

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, participó ayer de la reunión informativa en el marco de la audiencia de conciliación entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La actividad, llevada a cabo en Casa Rosada, fue encabezada por el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Manzur; y contó con la presencia del presidente de la Nación, Alberto Fernández; el ministro del Interior de la Nación, Eduardo de Pedro; y la secretaria de Provincias de la Nación, Silvina Batakis. “Hoy nuestra provincia es una de las que vive situaciones difíciles con respecto a la narcocriminalidad y al narcotráfico. Necesitamos fondos", reclamó Perotti al final del encuentro.

El gobernador santafesino destacó que “aún reconociendo el aporte para cumplir con los gastos que demanda la seguridad en Capital Federal, tenemos que recuperar esos fondos de la Nación porque en la misma materia de seguridad somos muchas provincias las que lo necesitamos”. Y aseguró que “hoy nuestra provincia es una de las que vive situaciones difíciles con respecto a la narcocriminalidad y al narcotráfico, que son delitos federales. Necesitamos fondos para dar allí una batalla con los mejores equipamiento, con la mayor presencia de efectivos y con el crecimiento de la justicia federal en la jurisdicción. Esos recursos tienen que venir de allí”, afirmó el gobernador.

“Es bueno que todos sepan que esta discusión no deja afuera a las provincias, todas las provincias argentinas estamos involucradas en la defensa de los recursos federales. Creemos y deseamos que el camino del federalismo es el que tiene que marcar esta discusión y que se debe acompañar en el respeto de los planteos que se han dado en la legislación nacional, en los acuerdos previos de coparticipación y, fundamentalmente, en las necesidades en los temas de seguridad de cada provincia”, concluyó Perotti.

También estuvieron presentes los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Catamarca, Raúl Jalil; de Chaco, Jorge Capitanich; de Chubut, Mariano Arcioni; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Formosa, Gildo Insfran; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Misiones, Oscar Ahuad; de Neuquén, Omar Gutiérrez; de San Juan, Sergio Uñac; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; y de Tucumán, Osvaldo Jaldo; los vicegobernadores de Río Negro, Alejandro Palmieri; y de Salta, Alejandro Morocco; y el fiscal de Estado de la provincia de San Luis, Eduardo Allende. También estuvieron el vice Jefe de Gabinete, Jorge Neme y, de manera virtual, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y el vicegobernador de Río Negro, Alejandro Palmieri.


La Promoción de los Derechos de las Personas Trans

Colores en el Concejo Municipal

La habitual pintada en la senda peatonal del Concejo.

La senda peatonal del Concejo Municipal se pintó con los colores de la bandera Trans. La jornada se llevó adelante con motivo del Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans, que se conmemora cada 18 de marzo en memoria al fallecimiento de la activista Claudia Pía Baudracco, quien fuera una de las principales referentes de la lucha por los derechos humanos de las personas trans y también en vísperas del Día Internacional de la Visibilidad Transgénero que es una conmemoración anual que tiene lugar el 31 de marzo, dedicada a la sensibilización en contra de la discriminación.

Es así que, este miércoles 30 de marzo se realizó la habitual pintada de la senda peatonal, que cruza desde el Monumento Nacional a la Bandera al Concejo en la intersección de las calles Córdoba y Primero de Mayo. De esta manera, representando los colores del colectivo, se pintaron las franjas de color azul y rosa intercaladas con blanco.

La misma fue impulsada por la Asociación Civil Varones Trans y No Binaries Santa Fe con la presencia de su presidente, Santiago Quizamas y también de representantes de la sede Rosario.

Estuvieron presente en la jornada la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck y las concejalas María Luz Ferradas y Jesica Pellegrini, de Ciudad Futura-FSP; Susana Rueda, de Rosario Progresista; Marina Magnani de Todos Hacemos Rosario; Norma López de Frente de Todos- PJ y Mónica Ferrero del Bloque Socialista.


Rosario, una ciudad muy cara para alquilar departamentos

Los precios están por las nubes

Un departamento de un dormitorio ofertado es de 35 mil pesos y de dos llega a los 45 mil pesos. Creció la oferta de unidades premium.

Este mes ingresó una mayor cantidad de unidades premium en la zona norte.. Imagen: Andres Macera


Mientras continúa el debate para modificar la actual ley de alquileres, al tiempo que se acumulan las quejas de las asociaciones de inquilinos por los incumplimientos, los precios para renovar o pactar un nuevo alquiler de una vivienda en Rosario están por las nubes. Según el informe de marzo que elabora el Centro de Estudios Sociales y Económicos Scalabrini Ortíz (Ceso), el promedio de los departamentos de un dormitorio ofertados es de 35 mil pesos y la medianía del precio de los dos dormitorios llega a los 45 mil pesos. Además de la gran cantidad de unidades que los propietarios retiraron del mercado de alquiler para ponerlas en venta, el trabajo destaca que este mes ingresó una mayor cantidad de unidades con características premium, a estrenar o ubicadas en la zona norte de la ciudad, lo que explicaría el particular aumento que se produjo en los precios de oferta del período analizado. "También tenemos el indicador para CABA y siempre vimos una diferencia importante de precios con Rosario, pero allá no está pasando esto", señaló Celina Calore, coordinadora del Ceso. "Podría llegar a existir una convergencia, lo cual volvería a Rosario en una ciudad muy cara para vivir, nos llama la atención que se está cerrando esa brecha", alertó.

El informe precisa que el precio de los monoambientes ofertados en Rosario es de 25 mil pesos. A partir de estos valores, desde el Ceso señalaron que las y los trabajadores que perciben el Salario Mínimo Vital y Móvil (33 mil pesos) destinan el 75,8% de su salario al pago del alquiler de un departamento con estas mismas características. Mientras que para las y los jubilados que perciben el haber mínimo, este porcentaje asciende al 86,0%. Para alquilar un departamento de un dormitorio el salario mínimo ya quedó por debajo de los 35 mil pesos promedio.

En cada categoría, los precios varían en función de otras características propias (antigüedad, si posee cochera) y de su entorno (infraestructura, disponibilidad de transporte, cercanía a centros comerciales). Los valores expresados no incluyen expensas, las cuales alcanzan en promedio el 13% del costo de alquiler.

Para tener una idea de las dificultades económicas que plantea una renovación, el índice para contratos de locación que publica diariamente el BCRA, puesto en vigencia en el 2020 con la ley de alquileres, muestra un incremento interanual de 51,7% al primer día hábil de marzo, mientras que para nuevos alquileres el aumento interaunual fue del 100%. En efecto, el informe indica que un inquilino que vive en un monoambiente y desea mudarse a un departamento de un dormitorio debe gastar en promedio en alquiler 10 mil pesos más. 

"A partir de la implementación de la ley vimos por un lado que se dispararon los precios de los departamentos, hubo un efecto de llevarlos un poco más altos al mercado, y por otro lado se retiraron unidades para alquiler y se pusieron a la venta. Pero en cuanto a la evolución, nosotros venimos revisando mucho el indicador hacia el interior porque nos llama la atención el 100% de aumento interanual", dijo Calore a este diario.

"Más allá de la reducción de la oferta, durante este mes vimos el ingreso de una mayor cantidad de unidades con características premium, a estrenar o ubicadas en la zona norte de la ciudad que es cara, eso también puede ser un factor que no está indicando que suba tanto el precio", explicó.

Calore resaltó que la diferencia entre la evolución del índice de alquileres y los precios para renovar está asociada a una zona gris que quedó en la ley por no poder regular la renovación de alquileres. Según la coordinadora del Ceso, debería haber algún tipo de revisión a la ley para no dejar estos huecos, además de ejercer un mayor control para que esto se cumpla, ya que muchos contratos de alquiler se pactaron por fuera.

"Es una postura de crítica a la ley que se puede mejorar, pero sin caer en la necesidad de derogarla. Cualquier iniciativa en ese sentido no es la solución porque otra vez el inquilino vuelve a quedar desprotegido", concluyó Calore.


La escuela 1251 necesita un edificio nuevo

Sin espacio para aprender

La comunidad educativa de la escuela 1251 Víctor Cue, de Junín 7157, reclama un edificio propio, y advierten sobre la urgencia de obtener una respuesta. Para ello, elevó una carta para alertar sobre "la grave situación" en la que está funcionando la institución. Madres, padres, alumnas, alumnos, centro de estudiantes, docentes, no docentes y asistentes escolares se unieron para difundir las falencias de su cotidianidad. "No tenemos aulas suficientes, no tenemos sala para docentes y asistentes escolares, no tenemos preceptoría y secretaría, no tenemos salón de usos múltiples, no tenemos biblioteca, por tal motivo los libros se encuentran apilados en cajas o armarios de oficina, no tenemos patio y los baños no son aptos para los más de 300 alumnas y alumnos", enumeraron. La 1251 funciona en la plana alta de la escuela primaria 1095 Luis Chorroarin.

Si tienen que convocar a una entrevista con algún familiar responsable, "sea por necesidad pedagógica o solicitada por los mismos", no hay lugar para hacerlo. "Sumado a esto, somos anexo de la Escuela de Educación Secundaria Orientada 251 “Dr. Víctor Bibian Cue”, que funciona a más de 2 kilómetros de distancia, en Avenida Génova 3258".  Esto nace de la derogación de la Ley Federal de Educación, ya que las primarias que tenían 8° y 9° año de la E.G.B (Educación General Básica) pasaron a ser anexo de las escuelas secundarias, convirtiéndose en primer y segundo año. "El problema comenzó a partir de que muchas alumnas y alumnos que finalizaban el segundo año, no tenían otra institución en el barrio para culminar los estudios secundarios, lo que producía el abandono de la educación media. Por tal motivo comenzamos a solicitar al Ministerio de Educación la posibilidad de crear cursos y cargos para que pudieran finalizar su trayecto secundario en la misma institución. Y así fue que a partir del año 2016 se comenzaron a crear los cursos y cargos necesarios, en primer lugar tercer años y luego se avanzó con el resto. Si bien como comunidad nos sentimos muy orgullosas y orgullosos del logro, el pedido se concretó a medias, ya que junto con la ampliación de la escuela secundaria también se pedía un edificio propio porque ya no era ni es coherente seguir construyendo una escuela sobre otra", explican desde la comunidad.

No fueron escuchados. "Hoy estamos en una situación caótica. Vale aclarar que hasta salimos a buscar terrenos, encontrando públicos y privados. Frente al cambio de gobiernos tuvimos la esperanza de que la situación cambiara y más con una pandemia. No fue así y se continuó trabajando en situación de hacinamiento, sin las comodidades lógicas para un verdadero aprendizaje y sin ningún tipo de consideración a nuestro pedido. Este 2022 la realidad se volvió más dura. Cursos con más de 70 educandos y faltantes de mobiliario y recursos didácticos, entre otras ¿Cuál fue la “solución” que implementó este Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe? Crear otro tercer año para descomprimir el actual, el cual deberá funcionar en un aula de la escuela primaria", cuentan desde la comunidad educativa. 

Por eso reclaman un edificio propio "en algunos de los terrenos situados frente a nuestro establecimiento, uno de los cuales es propiedad municipal y otro provincial, proyectando en concreto un Espacio Integral de Educación Completa para el Barrio Fisherton Indutrial". 


Enrico

Derecho a réplica

El senador provincial Lisandro Enrico pidió derecho a réplica sobre su postura sobre el golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976: "No soy negacionista. No niego ni dejo de condenar el terrorismo de estado instaurado a partir del 24 de marzo de 1976; la violación de derechos humanos, crímenes de toda naturaleza y las múltiples formas de abuso de poder. Estamos por entrar en la cuarta década de democracia y todavía sigue haciendo falta consolidarla, y rechazar a la violencia como camino de expresión. Por ello, una sociedad democrática madura debe mirar al pasado para repasar todo lo ocurrido y condenar toda la violencia que sufrimos como nación. Por eso creo que el pronunciamiento respecto de lo que ocurrió en la década de los 70 en nuestro país como en otras épocas debe ser una condena hacia todas las formas de atropello a la vida de las personas. Nadie puede dañar o quitar la vida por ninguna razón, mucho menos el Estado. La sociedad hace tiempo que de manera silenciosa y creciente viene pidiendo que el Nunca más no sea solo hacia una dictadura militar sino hacia toda forma de violencia que se utilice como camino en política. Si no admitimos esta concepción amplia de la toma de conciencia colectiva no estamos exentos de volver a repetirla".




Colegio de Abogados de Rosario

Inauguración de institutos y comisiones

El Colegio de Abogados de Rosario realizó ayer la inauguración formal de sus sesenta institutos y veinticinco comisiones, apostando con fuerza por la visibilización institucional del trabajo que cada espacio viene realizando, y en pos del fortalecimiento de nuevas instancias comunes, como jornadas y publicaciones, en un contexto de regreso a la presencialidad. Durante el acto, el presidente del Colegio, Dr. Lucas Galdeano, destacó: “Esto es muy importante porque somos la cara visible de la abogacía y precisamente en eso reside nuestra actividad. Del otro lado de los contenidos que cada instituto y cada comisión pueda elaborar y publicar, hay un interlocutor que está ávido de conocer opiniones del Colegio de Abogados, de evaluar interpretaciones sobre la norma, de evaluar futuras legislaciones”. Estuvieron presentes además la Dra. Valeria Argüello, Vicepresidenta; Gustavo Nadalini, coordinador de Institutos y Comisiones; Mónica Aguirre y Mariano Guzmán, a cargo de la Dirección General del Centro de Mediación del Colegio; Silvina Arizaga, Directora del Área de Investigación del Centro, y Juan Emilio Singer, Coordinador del Consultorio Jurídico Gratuito. 

La vicepresidenta del Colegio señaló su entusiasmo ante “la gran cantidad de colegas” con ganas de participar: “Un gran desafío que tenemos por delante en este retorno a la presencialidad es que este efecto sea multiplicador y que podamos seguir sumando a las y los colegas a que se apropien del Colegio, y que al igual que nosotros, puedan sentirlo como su casa”.

El trabajo de los institutos y de las comisiones aborda una amplia diversidad temática y de disciplinas: desde Género, Derechos Humanos, Cultura, Artes y Diversidad, hasta Derecho Previsional, Bancario, Civil, de Familia, del Trabajo y de la Seguridad Social, Comercial y Económico, entre muchas otras ramas. 

Ante este vasto y diverso flujo de trabajo, el coordinador de Institutos y Comisiones,  afirmó que la multidiversidad “entusiasma, creemos que no confronta ni tensiona: entusiasma encontrar los equilibrios para trabajar juntos. Y a eso creo que nos invita esta presidencia y este directorio: a que hagamos realmente un trabajo común. Que nadie piense a su instituto como un espacio cerrado, aislado, sino que efectivamente encontremos esos puntos de encuentro entre las diferentes temáticas”.

Fuente:Rosario12



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