BLOQUE
La justicia allanó la del sindicato de Obras Sanitarias
Un gremio de aguas turbulentas
La denuncia que investiga la fiscalía de Delitos Económicos tiene que ver con la posible malversación de fondos gremiales.
El fiscal de Delitos Económicos, Sebastián Narvaja, ordenó ayer una serie de allanamientos de la sede del Sindicato de Obras Sanitarias. La orden que recibieron los agentes de la fuerza especial fue la de requisar la totalidad el edificio y secuestrar documentación impresa y también en formato digital, por lo que se retiraron computadoras y distintos dispositivos de almacenamiento. La denuncia es por posible malversación de fondos gremiales en provecho propio.
La Tropa de Operaciones Especiales (TOE) llegó temprano al local sindical de San Luis 2145. Desde media mañana, el tránsito se convirtió en un caos en la cuadra porque los trabajadores de Aguas Santafesinas montaron un corte de calle a modo de protesta: movilizaron utilitarios y hasta camiones cisterna de la propia empresa para interrumpir la circulación. Tras el extenso operativo judicial, pasadas las 17 se normalizó la circulación vehicular en la zona.
Por la tarde el secretario adjunto del sindicato de Obras Sanitarias de Rosario, Silvio Barrionuevo -hijo del histórico líder Oscar "Rabanito" Barrionuevo- se hizo presente frente a la sede sindical. "Esto es una falta de respeto que no tiene nombre, de parte de quienes no quieren que se realice el acto más noble y democrático", exclamó quien en la práctica dirige los destinos de la organización de trabajadores, en referencia al acto eleccionario interno que se concretará el mes próximo.
"Gracias a Dios podemos recorrer los sectores de trabajo y mirar a los ojos a cada compañera y compañero", sostuvo el sindicalista, que además tildó a los allanamientos como parte de una estrategia de la oposición en la interna gremial porque "se dan cuenta de que se aproxima una derrota que les va a mover la comodidad de varias décadas". El líder sindical cuestiono a su opositor -y primo a su vez- Omar Guevara sin nombrarlo, como uno los motores de la denuncia por malversación de fondos sindicales y la utilización en beneficio propio. "Mostraron por todos lados un video en el que yo decía que eran ratas traidoras. Son una sarta de delincuentes. No nos van a ganar, hoy hablando con quienes fueron a allanar mi casa decían que esto es una jugada pura y exclusivamente política", afirmó Barrionuevo.
En relación al operativo, el dirigente lo tildó como una "payasada". "Acá está todo más que impecable. Se va a corroborar que este gremio tiene las cuentas con superávit para la cantidad de afiliados", apuntó, reafirmando el supuesto "tinte político" que tienen los allanamientos realizados a tres semanas de las elecciones sindicales.
En ese sentido, el tesorero de la entidad, Mario Iñón, señaló en una entrevista a un medio local que "acá hay una mano de la oposición ayudado seguramente por gente de Buenos Aires", haciendo referencia a la Federación de Trabajadores de Obras Sanitarias que conduce José Luis Lingieri, enfrentado a Silvio Barrionuevo.
Iñón también apuntó contra la "ayuda" a la oposición que podía provenir "de algún miembro que era dueño de un diario importante de Rosario. Con la ayuda de todos ellos, están haciendo estos manotazos de ahogado para quedarse con el gremio".
Pero más allá del contexto electoral, la justicia puso ayer su interés sobre un megadesarrollo urbanístico cuyo contrato se firmó durante el gobierno de Antonio Bonfatti para construir un complejo de viviendas y paseo comercial en un área de 20 hectáreas sobre la ribera del río Paraná al lado del Puente Rosario-Victoria en el límite entre Rosario y Granadero Baigorria. La obra fue adjudicada directamente a la constructora Pecam, que mantiene proyectos importantes en sociedad con Helport SA, el grupo de la familia Eurnekián, y a través de un convenio con Aguas Santafesinas, unas 45 viviendas debían destinarse a trabajadores de la empresa estatal.
La sospecha es que lo que se presentó como un plan de viviendas que iba a beneficiar a los trabajadores de Aguas Santafesinas, se convirtió en un megaemprendimiento urbanístico de lujo en tierras públicas que fueron entregadas directamente a una empresa cuando se comenzó a construir la nueva planta potabilizadora de Rosario.
Se reunió la Junta Provincial de Seguridad
La paz y el orden en tela de juicio
La Junta Provincial de Seguridad se reunió por segunda vez desde su creación, y ayer lo hizo en un contexto harto difícil y con una situación de violencia urbana en Rosario comparable a los álgidos días de 2013, con 80 asesinatos en tres meses y medio del año, y la población carcelaria in crescendo al punto de encender alarmas. Con todo, el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, asumió que la solución pasa por intensificar la presencia del Estado en los barrios populares a través de múltiples abordajes de contención social.
El encuentro se desarrolló en El Molino Fábrica Cultural, de Santa Fe, y fue presidido por la ministra de Gobierno, Celia Arena, acompañada por Corach y su par Seguridad, Jorge Lagna. Estuvieron legisladores de todos los bloques, ningún juez, el fiscal general Jorge Baclini, y el procurador Jorge Barraguirre.
Carlos Del Frade, del Frente Social y Popular, quiso poner en la agenda de la Junta el pedido de habilitar la investigación penal sobre el senador Armando Traferri, tal como exigen los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, sobre todo porque en los últimos días el nombre del sanlorencino volvió a sonar en el juicio oral contra Esteban Alvarado.
Traferri había estado en la primera reunión de la Junta, pero no en la de ayer. Tampoco asistió la vicegobernadora y titular del Senado, Alejandra Rodenas, ni el presidente de la Corte Suprema, Rafael Gutiérrez.
Ante los primeros planteos de la oposición, la ministra Arenas pidió que "no sea una reunión para interpelar al gobierno". Y los referentes del Ejecutivo buscaron explayarse sobre proyectos tecnológicos para sumar vigilancia al aparato de seguridad. "Hay cosas anteriores y más importantes –terció Del Frade– como establecer porqué las armas llegan tan fácil a los chicos, la superpoblación carcelaria y la ausencia de la Justicia Federal que sigue sin dar explicaciones".
El ministro Corach reconoció que "cuanta más inversión social, menos violencia", algo que al menos Del Frade valoró como señal.
El socialista Joaquín Blanco se fue con "una sensación de que el gobierno carece de reacción y no le encuentra la vuelta a la espiral de violencia en Rosario, a la sobrepoblación en cárceles y de nuevo con presos en comisarías". "Ni siquiera puede evitar que los detenidos dirijan delitos desde prisión", apuntó. Y aseguró que el propio ministro Lagna admitió que no hay coordinación con su par nacional, Aníbal Fernández, en cuanto a asistencia federal a Santa Fe.
El radical Juan Cruz Cándido pidió explicaciones sobre el envío de agentes de fuerzas federales por parte del gobierno nacional. "Este debe ser un espacio de trabajo, con metas y control de su cumplimiento. Así lo reclamamos. No es un mostrador para que el Ejecutivo se esconda y logre persistir en el estruendoso silencio que mantiene sin que no se le pregunte públicamente nada", apretó el diputado alineado con Maximiliano Pullaro.
Inquilinos de Rosario fueron a la Cámara de Diputados
Alquilar va más allá del mercado
Las organizaciones piden mantener los tres años de contrato, ajustes anuales, y crear un impuesto a los inmuebles ociosos.
En el marco del debate para tratar las modificaciones de la ley de alquileres que se está desarrollando en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados de la Nación, representantes de las asociaciones de inquilinos de la ciudad insistieron ayer en pedirle a los legisladores que no claudiquen ante el lobby inmobiliario, manteniendo el mínimo de tres años en los contratos de alquiler y los ajustes anuales, además de avanzar en un impuesto a los inmuebles ociosos. "Me pregunto si somos conscientes de lo que puede significar para los nueve millones de inquilinos de nuestro país, frente a la difícil situación social que se vive, dejar todo el valor del alquiler en manos del mercado", advirtió Sebastián Artola, titular de Inquilinos Agrupados de Rosario y referente santafesino de la Federación Nacional de Inquilinos. Nire Roldán, del Frente Nacional de Inquilinos y Pymes Locatarios, planteó que es "prioritario contar con información cierta, producida por los organismos del Estado, para dar respuestas a millones de inquilinos que no pueden pagar más del 50% de su salario en alquiler".
Durante la reunión de la comisión que preside la diputada del Frente de Todos, Cecilia Moreau, e integra el diputado justicialista por Santa Fe, Eduardo Toniolli; más de 30 personas, en representación de las federaciones de inquilinos y las cámaras inmobiliarias expusieron ayer sus opiniones sobre las posibles modificaciones a la ley del alquileres.
"Quiero remarcar de estas jornadas el sincericidio del mercado inmobiliario, quedó más que claro el verdadero motivo de la campaña que vienen llevando desde hace dos años en contra de la ley de alquileres y que se repite a coro en casi todos los medios de comunicación del país", dijo Artola. "Ellos plantean bajar de tres a dos años el mínimo del contrato del alquiler para que recuperen parte del negocio de la comisión inmobiliaria en las provincias donde se cobra, como por ejemplo en Santa Fe, donde el inquilino paga el 5% del total del contrato", describió.
"Lo otro que están planteando modificar es que los ajustes dejen de ser anuales y que los defina de manera unilateral el mercado; es decir, las inmobiliarias y los propietarios, con un mismo objetivo: aumentar aún más los alquileres, como ellos quieren y cuando ellos quieren, sin control por parte del Estado y sin importar por lo que pueda pasar con los inquilinos y sus familias, que se las arreglen como puedan. Para el mercado, lo primero, lo segundo y lo tercero es el negocio, la rentabilidad, su tasa de ganacia. Así de simple y brutal es lo que se está proponiendo modificar en esta instancia", agregó.
Artola dijo que Rosario vivió un boom inmobiliario entre el 2004 y el 2013, siendo la ciudad que más metros cuadrados construyó en América del Sur; sin embargo, la mitad de la población tiene problemas habitacionales: "Los inquilinos se duplicaron en los últimos 20 años y las villas y asentamientos crecieron en un 50%, y hay 80 mil viviendas deshabitadas en nuestra ciudad", precisó.
Roldán subrayó que "no existe información producida por el Estado para pensar cómo modificar una ley de alquileres, son aproximaciones. Esas son las cuestiones principales a resolver antes de sancionar o tocar leyes, hace falta discutir con mucho más tiempo un problema tan grave. Sería importante tomarnos un plazo, trabajar con las universidades, con los institutos de vivienda y pensar una solución de fondo. Si nos apuramos, vamos a hacer más daño que el que se le ha hecho al inquilino".
El titular de la Concejalía Popular fue más allá al proponer como política de Estado "un servicio público de alquiler, se puede hacer sin sancionar una ley. Además, hace falta un Observatorio Nacional de la Vivienda Unica en Alquiler que nos permita determinar con claridad la vivienda ociosa en cada territorio y garantizar el Programa nacional de alquiler social, que está en la ley pero no se puso en marcha".
Javier Grandinetti, de la Cámara de Empresas Inmobiliarias de Rosario, para quien "el derecho a la vivienda es un derecho constitucional, a eso debe dar respuestas el Estado. La vivienda tendría que ser una política de Estado, y en este tratamiento lo primer que tendríamos que hacer es una segmentación del mercado locativo, no es lo mismo un alquiler de una gran empresa que un alquiler social". Además, instó a buscar "una política de créditos para que los inquilinos vuelvan a ser propietarios, y mientras tanto una política de corto y mediano plazo para incrementar la oferta".
Claudia Amherdt y Germán Berman, de la Federación Universitaria del Litoral, solicitaron incluir en el debate la problemática de los estudiantes universitarios que no residen en los grandes centros urbanos y deben alquilar para cursar sus carreras. "Hay un sinnúmero de personas cuya posibilidad de acceder a la educación depende en buena medida de las pautas que se establezcan en este debate", sostuvo Amherdt.
De las Pascuas de 1987 a Horacio Rosatti
La urgencia de estos tiempos
¿Qué nos quedó de aquellos días que recordamos por la famosa frase “La casa está en orden y sin sangre en Argentina”?
Sin dudas, la movilización popular. La ciudadanía en las calles de todo el país, influyó en la decisión del Presidente Raúl Alfonsin sobre qué hacer frente a las asonadas militares de abril de 1987. Una Democracia incipiente, jaqueada, pero con esperanzas tras casi 8 años de una dictadura cívico militar eclesiástica que desde el terrorismo de Estado provocó el genocidio que aún hoy seguimos investigando en el marco del proceso de Memoria, Verdad y Justicia, se fortaleció esa semana santa, aunque se haya resentido el gobierno que la conducía.
Tuvimos muchas crisis y somos una sociedad que se acostumbró a poner el cuerpo y naturalizar repeticiones de prácticas políticas de las cuales no siempre hemos salido fortalecidos como gobiernos ni tampoco como sociedad. Y jamás ha sido gratuitamente. El Pueblo tiene huellas de esas crisis marcadas en la espalda.
Resistimos el menemismo, a la alianza, los 7 presidentes en 10 días, el corralito, la represión del 2001, tuvimos la ampliación de derechos de los gobiernos de Néstor y Cristina, volvimos a resistir la derecha macrista, esta vez elegida popularmente y más tarde volvimos a ser gobierno con Alberto y Cristina.
Pero la derecha no descansa. Cada embate de esta nueva alianza entre el establishment, la corporación judicial y mediática y sus monigotes de la política, es un knock out que nos deja más heridas, agravado por la ferocidad de nuestras internas y la impotencia frente a una acuciante crisis económica que no se termina de encarar con energía.
Asistimos a un reordenamiento de poder en Argentina en un momento de organización y concentración de la derecha más rancia que hayamos enfrentado, pero que camina sobre las deudas sociales de la democracia hacia nuestro pueblo.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación lidera el partido Judicial y aprovecha la falta de reacción de los estamentos políticos para usar las peores herramientas y así sostener sus privilegios, constituyéndose, en una corte todopoderosa, autocrática y alejada de los intereses del pueblo.
Mientras esperamos los pasos institucionales seguimos siendo testigos impasibles de la concentración de poderes en uno: el judicial. Esta vez, echando mano a leyes inexistentes y derogadas en un atropello institucional, asumiendo funciones de gobernantes cuando no lo son.
Hemos visto ya como la “la casta judicial”, como los llamó Cristina, ha intentado avanzar sobre la república: la persecución a tantos compañeros y compañeras, especialmente el lawfare contra CFK, los amparos contra la ley de medios, y tantos otros. Pero nunca habían ido tan lejos y de una forma tan obscena e impune como este mamarracho jurídico ensayado por el santafesino Rosatti, con la complicidad de los demás cortesanos.
Sabemos de las buenas intenciones de legisladores nacionales que vienen advirtiendo esta situación. Pero necesitamos celeridad porque la patria está en peligro y el pueblo es quien lo sufre.
Debemos exigir transparencia y legalidad en nuestras instituciones. El fallo en el que se amparan no es legal y carece de constitucionalidad.
El Partido Judicial está intentando instalar un mecanismo para profundizar y agudizar el "lawfare", con el que persiguieron y avasallaron los procesos de transformación Latinoamericana. Intentan también garantizar la impunidad de Mauricio Macri y sus funcionarios, responsables del hecho de corrupción más grave de la historia democrática argentina: el crédito impagable del fondo monetario y la fuga de divisas que dejó al país en una situación de vulnerabilidad inedita.
Es el nuevo Plan Cóndor, el cual establece como herramienta el amedrentamiento político, las denuncias y procesos judiciales sin fundamentos legales para sostenerlo, siendo hoy el día en el que se afirma tal situación, con jueces autodesignándose en instituciones que deben evaluar el accionar de otros jueces.
Urge la movilización, ya no hay más excusas. Porque como dijo el General San Martín “cuando la Patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla”.
*Vicepresidenta Partido Justicialista Santa Fe.
Envían seis celulares de la causa Sain para desbloquear en Brasil
"Nos vamos a oponer a la medida"
Nadia Schujman, cuyo teléfono personal fue secuestrado el 26 de noviembre pasado, sin testigos ni orden judicial, impugnará que lo envíen al exterior para extraer la información, algo que no se hizo en causas resonantes como la del juego clandestino.
Santa Fe
La defensa presentará hoy ante los Tribunales de Santa Fe la tercera denuncia contra los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez que investigan a Marcelo Sain y a su equipo. El ex ministro de Justicia y Derechos Humanos Juan Lewis, que defiende a su colega Nadia Schujman en la causa, impugnará la decisión del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de enviar seis teléfonos celulares -secuestrados en el allanamiento ilegal al Ministerio de Seguridad el 26 de noviembre- a una empresa de San Pablo, Brasil, para que sean desbloqueados a un costo de 5.000 dólares cada dispositivo. Una operación que demandaría al Estado alrededor de 30.000 dólares, más los pasajes aéreos, gastos de estadía y viáticos de los funcionarios encargados del traslado. “Yo me pregunto: ¿quién pone esa plata? ¿De dónde saca esos fondos el MPA? ¿Quién los pone?”, interpeló Schujman. La abogada de Hijos rechazará la medida porque uno de los IPhone que quieren abrir es el suyo, el personal, que le sacaron de la cartera el día del allanamiento, sin orden de un juez y sin testigos. El teléfono oficial de Schujman ya lo abrieron, ella no se opuso a pesar de que se trataba también de un “secuestro ilegal”, pero sí impugnará la apertura de su celular privado. “Lo secuestraron ilegalmente y ahora van a gastar 5.000 dólares para abrirlo”, dice, y subraya que hay "muchísimos casos de teléfonos que no se pudieron abrir y no los mandaron al exterior para desbloquearlos por falta de recursos", entre ellos los de Leonardo Peiti y David Alejandro Perona, ex jefes del juego clandestino en la provincia.
El lunes, los fiscales Hernández y Jiménez notificaron a Lewis y a los demás abogados defensores que pasado mañana, viernes 22, se realizará el “desbloqueo” de seis “dispositivos de telefonía celular secuestrados” en el Ministerio de Seguridad. Y agregaron una lista con las marcas y los números. Uno es el teléfono personal de Schujman y otro el privado del ex secretario de Seguridad Germán Montenegro.
“La medida tendrá lugar en la empresa ‘Cellebrite Solucoes Tecnologicas’”, en San Pablo, Brasil y “consistirá exclusivamente en el desbloqueo de los dispositivos”. Los fiscales aclararon que el viernes no está prevista la “extracción forense” de datos, ni ninguna otra “labor pericial”, que se realizarían más adelante “en alguna de las sedes del Organismo de Investigaciones (OI)", con el control de las defensas.
Lewis presentará hoy en Tribunales un escrito que impugnará el operativo y el desbloqueo del teléfono personal de Schujman. “Nos vamos a oponer a la medida” porque el dispositivo “fue secuestrado ilegalmente” por Hernández y Jiménez, sin orden de un juez y sin testigos. “Y ahora, van a gastar miles de dólares para abrirlo. Insisto: ¿quién pone la plata para pagar esto?”, se preguntó la abogada.
El planteo judicial de Lewis será el tercero que apunta a los fiscales. El 10 de marzo, el abogado Hernán Martínez –que defiende a Sain- los denunció porque en un peritaje de dispositivos electrónicos secuestrados en el Ministerio de Seguridad el 26 de noviembre se descubrió que la notebook asignada a Schujman “no poseía ningún tipo de disco de almacenamiento en su interior”. “Un hecho grave”, lo calificó Martínez.
Diez días después, el 20 de marzo, Lewis denunció a Hernández y Jiménez –entre otros funcionarios- por la supuesta manipulación de pruebas en la causa. Según el defensor de Schujman, en ese mismo peritaje del 10 de marzo, en Rosario, su delegado técnico Leonardo Gianzone, también descubrió que se había incorporado a la “cadena de custodia” un registro del supuesto traslado de los equipos el 15 de diciembre, que “no existía” en la primera apertura de los dispositivos –controlada por la defensa-, que se realizó el 3 de enero, en Santa Fe. Lo que revela que los equipos ya habían sido “manipulados, alterados y accedidos” antes del 10 de marzo.
El envío desde Santa Fe de seis teléfonos personales de ex funcionarios del Ministerio de Seguridad para que sean desbloqueados en Brasil no tiene antecedentes. Schujman recordó que en otras investigaciones resonantes los celulares quedaron sin abrir por falta de recursos y mencionó los de Peiti y Perona. “En la causa de corrupción más escandalosa de la provincia, el teléfono de Peiti no se abrió. Tampoco el de Perona. ¿Cuántas cosas podía haber en esos teléfonos?"
-¿Por qué no se abrió el teléfono de Peiti? –preguntó Rosario/12.
-No se pudo abrir porque era un Iphone, pero a ese teléfono no lo mandaron a ningún lado. Para ese teléfono no hubo plata para mandarlo a Brasil o a Estados Unidos –ironizó Schujman.
“Y ahora se van a gastar miles de dólares” en la causa contra Sain y su equipo. “Abrir un teléfono cuesta 5.000 dólares”, en Brasil. “Más, los gastos de las personas que viajen, pasajes aéreos, estadía y viáticos”. “Entonces, yo me pregunto: ¿quién pone esa plata? De dónde saca esos fondos el MPA? ¿Quién los pone?”, planteó la abogada de Hijos.
Lewis impugnará la medida en Tribunales y si no lograr frenarla –porque fue notificada cuatro días antes- recurrirá a las instancias que sean necesarias. “Hay cosas que deben quedar asentadas”.
Fuente:Rosario12
Sin costos y abiertos a la comunidad
La Escuela de Oficios de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) abre las inscripciones a su tercera edición. En esta oportunidad, estarán disponibles más de 25 cursos de formación, sin costo y abiertos a la comunidad de Rosario y la región.
El objetivo de este dispositivo, que puso en funcionamiento la UNR desde el 2021, es brindar herramientas de formación sociolaboral a partir de ciclos cortos de capacitación que generen habilidades y destrezas para la inserción laboral en las más diversas áreas, independientemente del nivel de escolaridad alcanzado por las personas que se inscriban.
“Queremos que la Escuela sea una puerta de acceso a la universidad, un puente con el mundo del trabajo”, señaló el rector Franco Bartolacci y agregó: “Los cursos contemplan áreas de saberes propios de la universidad, priorizan aquello que requiera el sistema productivo local y regional, e intentan recuperar oficios que se están perdiendo si no se transmiten a nuevas generaciones”.
Desde su lanzamiento el espacio tuvo una gran convocatoria y contó con más de 1.500 graduados. Este año la oferta incluye los siguientes cursos: auxiliar administrativo contable, auxiliar asistente jurídico, auxiliar de recursos humanos, auxiliar de energías renovables, carpintería en placas laminadas, construcción en seco, cuidador domiciliario, diseño asistido por computadora, comercio electrónico, fabricación digital, redes de computadoras, programación en Python.
A estos se suman: gestión en redes sociales, herramientas básicas para emprendedores, herrería de obra, instalaciones sanitarias, construcción con mampostería de HCCA, podcast y lenguaje sonoro, grabación y producción musical, mujeres y feminidades albañilas, programación y simulación de torno CNC, soporte técnico de PC, inteligencia de negocios.
El rector subrayó que la universidad tiene un potencial muy grande y que era necesario correrse de la zona de confort con un doble objetivo: que puedan llegar quienes todavía hoy no acceden a la Universidad y hacer presente a la UNR ahí dónde aún no lo está. “Hay que asimilar que hoy hay otras formas de transitar y habitar la universidad pública, las cuales no necesariamente se vinculan a las formas que tradicionalmente conocíamos”, aclaró.
Cuando se lanzó la primera convocatoria de la Escuela de Oficios se inscribieron un poco más del 30 por ciento de lo que corresponde a un ingreso completo de toda la UNR. “Es un dato potente que demuestra que había una expectativa y una vocación de capacitación y formación que no estaba contenida en nuestra propuesta académica. Empezamos a poner la universidad de cara a la gente, aspiramos que con estos aportes y otros que venimos construyendo en diversas áreas, eso que decimos que es la universidad que queremos sea también una herramienta que contribuya a construir la ciudad que queremos».
La oferta completa, los requisitos y características de cada curso están disponibles en la página web oficio.unr.ar, dónde se habilitarán los enlaces de inscripción mediante SIU Guaraní 3 a partir de este miércoles 20 de abril, a las 10.
Fuente: Victoria Arrabal / Gonzalo J. García / UNR
El frente de la escuela N° 117 Islas Malvinas, de España y Uriburu, recibió este miércoles a docentes y alumnos con 41 vainas y una nota que apunta al cuerpo de maestras: “Ocupate de tu cargo y de tus zorras”. Aseguran que “nunca hubo un problema”.
La entidad educativa de la zona sur de la ciudad se disponía este miércoles a dictar un día más de clases, hasta que las y los estudiantes y sus docentes se encontraron con vainas (sin disparar, sólo como mensaje intimidatorio) y una carta dirigida a la docencia del establecimiento, lo que obligó a suspender la jornada, en ambos turnos.
Según indicaron las primeras investigaciones, la escuela no sufrió balacera, sino que los proyectiles servidos en el frente sólo fueron parte de la amenaza. Sí dejaron una carta: “A ver si se ganan el sueldo, así que ocupate de tu cargo y de tus zorras. Seños eran las de antes”.
Una de las maestras del establecimiento ubicado en el barrio La Guardia, señaló en diálogo con el móvil de Radio 2 que “los docentes ponemos todo para que los chicos estén bien. Hoy teníamos la inauguración de baño y estábamos tan contentos por la obra, y pasa esto”. Otra, por LT8, contó que “encontramos muchas vainas en la puerta y una nota”, y calificó el episodio como “muy extraño”, ya que allí “nunca hubo un problema”, según indicó.
También en contacto con esa emisora local, la ministra de Educación de la provincia, Adriana Cantero, expresó su preocupación por lo sucedido, y adelantó que su cartera ya trabaja junto al Ministerio de Seguridad santafesino, para esclarecer el hecho.
Fuente:RedaccionRosario
Tire y afloje por un nuevo aumento de taxis
Los tacheros dicen que la suba de fin de año se licuó por la inflación y van por un nuevo 30%. La intendencia pide que garanticen el servicio y lo mejore, Hay hecha para el debate, pero nada cerrado.
Los taxistas presionaron y los bloques del Concejo municipal dispusieron que el jueves 5 de mayo se trate en el recinto un nuevo aumento de tarifa del servicio. Las cámaras de titulares de licencias empuña esto piensan en un 30 o 40% -que llevarían la bajada de bandera a 170 pesos- y hasta en revisar semestralmente los números. Por más que el oficialismo le dio el visto bueno para tratarlo en comisiones, la aprobación no está a mano.
Las negociaciones se complejizaron como nunca en este último año. El reclamo de suba tarifaria es más recurrente por efecto de la inflación, pero el servicio prestado (condiciones del coche, higiene, atención, etc) y la cantidad de coches en la calle son cada vez más paupérrimas. De eso se agarra el oficialismo. Ya lo hizo para las fiestas: si quieren aumento, garanticen coches en las fiestas. Se acordó y cumplió pero a los meses de nuevo encontrar un taxi sigue siendo complejo.
De hecho, el oficialismo insistió con la idea de que antes del aumento deben mejorar el servicio. Antes de aumentar hay que mejorar el servicio. El referente de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis (Catiltar), Marcelo Díaz, respondió: "Eso lo dice María Eugenia Schmuck, del oficialismo al que el sistema de transporte se le cae a pedazos, se perdieron más de 200 colectivos, y 150 transportistas escolares. Deberían funcionar 500 remises y hay 250. No es casualidad, es causalidad lo que nos pasa a nosotros y se debe a la inflación. Se tiene que dar cuenta Schmuck y el oficialismo, no poner trabas y aplicar sentido común".
Fuente:RosarioPlus
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