Sin agua ni luz: rescatan a 21 víctimas de explotación laboral en Las Heras
Según informó el Ministerio de Seguridad, en el inmueble allanado funcionaba una ladrillera, donde un grupo de 21 personas, cuatro de ellas menores de edad, “eran sometidas a largas jornadas laborales a cambio de un salario muy por debajo de lo marcado para dicha actividad”.
Efectivos de la Policía Federal rescataron a 21 personas, cuatro de ellas menores de edad, víctimas de trata con fines de explotación laboral en la localidad bonaerense de General Las Heras, en el marco de un allanamiento en el que además se secuestraron armas de fuego, municiones y gran cantidad de dinero, informó hoy el Ministerio de Seguridad.
Luis Armella, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, ordenó el operativo tras tareas de campo y de investigación que llevaron adelante agentes del Departamento Trata de Personas de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal, quienes constataron que en el lugar se estaba llevando a cabo este delito.
En el inmueble allanado funcionaba una ladrillera, donde un grupo de 21 personas, cuatro de ellas menores de edad, “eran sometidas a largas jornadas laborales a cambio de un salario muy por debajo de lo marcado para dicha actividad”, señaló la cartera de Seguridad en un comunicado.
“Además, a cambio de un alquiler que era descontado de su sueldo, vivían en el lugar en condiciones de extrema vulnerabilidad: sin agua corriente, cloacas, luz y gas”, agregó el documento y precisó que también se allanó el domicilio del propietario del lugar, a quien no se encontró pero es “intensamente buscado por la Policía Federal”.
En la ladrillera se incautaron una carabina de repetición calibre 22 largo, una pistola semi automática calibre 22, dos escopetas calibre 16 doble cañón, municiones de diferentes calibres, 29.200 dólares, 6.500 euros, 58.940 pesos, cheques, una máquina de contar dinero e importante documentación.
En el operativo participaron especialistas del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de Trata de Personas del Ministerio de Justicia de la Nación y representantes de la Dirección Nacional de Migraciones.
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Con más de 40 mil firmas de apoyo, se volverá a tratar la inclusión de Enfermería a la carrera profesional
En 2018, un proyecto impulsado por el gobierno de Larreta dejó a la enfermería fuera de la carrera profesional de salud. Buscan revertirlo.
A fines de 2018, la aprobación de un proyecto impulsado por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para modificar la estructura del escalafón de los hospitales porteños dejó afuera de la carrera profesional a las y los enfermeros del distrito. Desde entonces, reclaman contra una medida que afecta marcadamente sus ingresos, que no tiene en cuenta su formación y su rol en el sistema sanitario, aún más en tiempos de pandemia. En el marco de esa lucha, la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE) comenzó a juntar firmas de apoyo para que el tema vuelva a recinto. En las últimas horas, anunció que logró superar en tiempo y forma las 40 mil firmas requeridas por la Ley de Iniciativa Popular para que la Legislatura trate su proyecto de Reconocimiento Salarial, Laboral y Profesional. Ahora la pelota quedó en el parlamento porteño.
“Tenemos una gran alegría porque acabamos de dar un paso más en la lucha por nuestro merecido y justo reconocimiento: con un enorme apoyo social, superamos las firmas requeridas por la Ley de Iniciativa Popular, y ahora solo quedan pasos administrativos para que la Legislatura tenga que tratar nuestro proyecto de Reconocimiento a la Enfermería como parte de la Carrera Profesional”, destacó Andrea Ramírez, enfermera del Hospital Ramos Mejía y referente de ALE. El próximo 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermería, se movilizarán “para exigir que los diputados de CABA hagan justicia con la Primera Línea”.
“Casi 50 mil firmas recolectadas es la prueba del enorme apoyo social que tenemos como profesionales de la salud. Hicimos de todo para reclamar este acto de justicia básica: marchas, paros, acampes, festivales, ruidazos. Nos empoderamos como sindicato independiente y ahora ya no hay excusas: cumplimos con los requisitos legales de la Iniciativa Popular y vamos a seguir en las calles para asegurar que se haga justicia con la Enfermería”, expresó Carolina Cáceres, enfermera del Hospital Tornú y también referente de ALE.
A principios de abril, ante la presentación de las primeras 30 mil firmas reunidas, Ramírez decía a la agencia Télam: «Al no ser reconocidos dentro de la ley 6.035 de profesionales de la salud, cobramos menos de la mitad que el resto del equipo de salud». La presentación con más de 40 mil avales se concretó en la tarde de este martes. «No reconocernos es una decisión política, porque acreditamos los años de formación universitaria, posgrados y especialidades. Sin embargo, nos tienen en un escalafón general», cuestionó Ramírez.
La Ley 6.035, que regula las «relaciones de empleo público de los profesionales de la salud de la Ciudad» y cuya última modificación fue aprobada a fines de 2018 por la Legislatura porteña, reconoce 24 profesiones de la salud, entre las que se encuentran. Incluye a odontólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos y nutricionistas, entre otros. Pero deja afuera a las y los licenciados en enfermería, que quedaron como parte del personal administrativo.
Ahora se busca que la Legislatura vuelva a abordar el tema. Como establece la normativa para las iniciativas populares, para lograr estado parlamentario deben alcanzar el apoyo del 1,5% del electorado del distrito: el equivalente en este caso a más de 40.000 personas. Una vez que la iniciativa popular toma estado parlamentario, la Legislatura tiene un año para votarla.
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Latam: «ya tenemos más de dos años en este conflicto sin respuestas»
Entrevista a Daniela Velardo trabajadora de LATAM quien explica la situación de los y las trabajadoras despedidas a mas de dos años de conflicto con la aerolínea. «Sentimos que fuimos llamados héroes y heroínas cuando nos usaron para repatriar a los pasajeros argentinos que estaban tirados por todo el mundo por culpa de una pandemia durísima. Ahí éramos héroes y heroínas y ahora somos descartados por la industria y por el Gobierno» concluyó Velardo. Por Mario Hernández
–Hubo una nueva movilización el jueves 14 en Aeroparque de los trabajadores de Latam. Comentanos los motivos.
Nosotros somos parte de los 2.000 trabajadores que Latam despidió en plena pandemia. Ya tenemos más de dos años en este conflicto sin respuestas. Desde el primer día estamos reclamando lo mismo, trabajo genuino y la reincorporación a la industria aeronáutica. Tenemos ya firmadas actas con el ministerio de Transporte y el de Trabajo en donde decían que nos iban a tener en cuenta y a llamar para reincorporarnos a nuestros puestos de trabajo cuando la industria aeronáutica estuviera volviendo a su nivel de trabajo normal después de la pandemia. Esto ya es un hecho. Tuvimos una temporada de verano exitosísima con niveles de pasajeros transportados que incluso superaron los niveles pre pandemia y nosotros seguimos en la calle. No solo no cumplen las actas, sino que no nos atienden el teléfono y ahora nos mandan a la policía para reprimirnos. Somos más de un 80% de mujeres, madres de familia. Nos mandan a la policía a reprimirnos con cascos y escudos cuando manifestamos pacíficamente en la puerta de Aeroparque.
-Daniela, ustedes se quedaron sin trabajo apenas comenzada la pandemia. Recordanos cuáles fueron las circunstancias.
Inicialmente, lo que pasó fue que la empresa hizo una reducción de sueldo unilateral y arbitraria que nadie se lo permitió. Así empezaron un sistema de extorsiones y de apriete salarial, entre otras cosas, para que muchos compañeros se vieran en la obligación de tomar los retiros voluntarios.
Los que pudimos sostenernos en la lucha para ver qué pasaba en nuestro futuro laboral fuimos despedidos finalmente a pesar del Decreto de necesidad y urgencia vigente que lo prohibía. Por eso nosotros enfocamos nuestro reclamo al Gobierno, que fue el que les permitió que nos despidieran teniendo un decreto vigente, fue el que nos prometió a través de un compromiso firmado desde sus ministerios que nos iba a tener en cuenta y que nos iban a reinsertar en la industria aeronáutica. Y hoy es el que nos desentiende, el que nos desoye y nos humilla mandándonos a la policía como si fuéramos una banda de patoteros.
–Daniela, ¿cuál es la actualidad de la empresa Latam?
La empresa Latam a la filial argentina la cerró por completo, no tiene ningún tipo de operaciones. Lo que hizo fue estratificación de rutas. Está haciendo las mismas rutas con los mismos vuelos, y aún con más frecuencias otorgadas por nuestro Gobierno nacional, pero las está haciendo con tripulaciones extranjeras con sus filiales chilenas, colombianas, brasileras y demás.
–Sintetizanos ¿en qué se concentra el reclamo de los trabajadores y las trabajadoras de Latam en la actualidad?
Justamente en que se hagan cumplir las actas que ellos mismos firmaron, en donde se comprometían a reinstalarnos en nuestros puestos de trabajo, a que iban a conformar una Bolsa de trabajo cuando la industria aeronáutica volviera a su normalidad. Eso no sucedió. Sucedió la recuperación de la industria aeronáutica con un crecimiento exponencial que no se veía hace muchísimos años y nosotros en la calle nadie nos llama.
-¿De qué cantidad de trabajadores y trabajadoras estamos hablando que han sido afectados por esta situación?
Inicialmente, fuimos despedidos más de 2.000. Los que seguimos en la lucha hoy en día, con este conflicto más que vigente, somos más de doscientas familias casi tres años después.
-¿Cómo piensan continuar esta lucha?
Como hasta ahora, en la calle, visibilizando el conflicto y vamos a tocar todas las puertas y hacer todo lo que sea necesario para que se cumplan esas actas y podamos volver a trabajar.
–Daniela, ¿querés agregar algo más?
La verdad que muchas gracias por el espacio. Tenemos una sensación muy horrible después de la jornada de hoy. Sentimos que fuimos llamados héroes y heroínas cuando nos usaron para repatriar a los pasajeros argentinos que estaban tirados por todo el mundo por culpa de una pandemia durísima. Ahí éramos héroes y heroínas y ahora somos descartados por la industria y por el Gobierno.
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Trabajadores del diario El Popular de Olavarría: “Nos deben el 68% de nuestro salario”
Desde hace más de cinco años, los 65 periodistas y técnicos del periódico impreso, la web, la radio y el canal de televisión más importantes de la localidad bonaerense cobran salarios y aguinaldos de manera escalonada. “La empresa busca desgastarnos”, aseguran.
Redacción Canal Abierto | Desde hace al menos cinco años, los trabajadores de El Popular -principal grupo mediático de Olavarría- sufren el desdoblamiento en el pago de salario y aguinaldos. “A veces cobramos hasta en 3 cuotas en un mismo mes”, explicó a Canal Abierto el secretario adjunto de la Asociación de Periodistas de Olavarría (APO) -organización que integra la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN)-, Andrés Pellegrini.
En lo que va de abril, la patronal adeuda el 68% del salario de los más de 60 periodistas y técnicos que día a día producen el periódico impreso, la web, la radio y el canal de televisión más importantes de la localidad bonaerense.
“La única respuesta de la empresa es que no hay fondos”, indicó el delegado y conductor del noticiero local. “La estrategia parece ser apelar al desgaste para que vayamos renunciando, algo que en los últimos meses ya hicieron más de 20 compañeros”.
Otra problema que subyace al conflicto son las dificultades que tienen los trabajadores para gozar de los servicios de la obra social.
Desde 1936 el grupo mediático es propiedad de la familia Pagano. Sin embargo, hace aproximadamente dos años el 49% de las acciones pasaron a manos de Carlos Orifici, uno de los empresarios más influyentes de la ciudad. Según indicaron fuentes locales, tras su muerte en julio de 2020, los hijos de este hombre fuerte de OIavarría no parecen estar interesados en la conducción de la empresa.
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Vuelve a tensarse la paritaria de Bancarios y Palazzo anuncia un paro nacional para el próximo jueves
La Asociación Bancaria que encabeza Sergio Palazzo reclama un aumento superior o igual al 60%. Se basan en el Relevamiento de Expectativas de Mercado, es decir la medición de inflación que hacen los propios bancos. Las entidades ofrecen un aumento muy inferior al de sus propias cifras. La medida de fuerza quedó programada para el próximo 28 de abril.
El secretariado nacional de la Asociación Bancaria (AB) anunció la realización de un paro general el próximo jueves 28 en todo el país, luego de que las cámaras empresariales realizaran una oferta que resultó «insuficiente».
«Durante el día de ayer las cámaras empresariales mantuvieron su misma postura en el Ministerio de Trabajo de la Nación al ofrecer una propuesta insuficiente y dilatar de esta manera el acuerdo salarial, específicamente porque ellos mismos sostienen ante el BCRA en el informe REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado) un pronóstico inflacionario para el presente año, pero por otro lado pretenden dar migajas a los trabajadores», manifestaron desde el gremio que conduce Sergio Palazzo.
La medida de fuerza es «en defensa del salario y los legítimos derechos» de las y los trabajadores del sector, dado que «tampoco dan respuesta a los restantes puntos planteados por la Bancaria como la regulación de la ley de teletrabajo, la guardería universal, tercerizaciones, desarticulación del trabajo bancario, reconversión de los puestos laborales respecto del avance tecnológico, frenar los cierres de sucursales, derogar las circulares del BCRA que permiten brindar servicios financieros por fuera del sistema bancario, etc. «, expresaron en el comunicado.
«No tienen en cuenta el esfuerzo que realizan a diario los trabajadores y trabajadoras, la situación del país y la grave situación económica derivada de la pandemia», dispararon desde el gremio.
Palazzo, también diputado nacional por el Frente de Todos, desde sus redes sociales tildó de «falta de propuestas razonables por parte del sector patronal» a la propuesta de las entidades financieras.
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ES “REMONTARSE AL OSCURANTISMO”
El titular de la Federación Judicial Argentina cuestionó la asunción de Rosatti en el Consejo de la Magistratura
Matías Fachal calificó de “grave” el hecho y señaló que el Poder Judicial “es el último reducto conservador del establishment en el Estado para impedir cualquier transformación de la realidad”.
El secretario general de la Federación Judicial Argentina (FJA), Matías Fachal, calificó de “grave” la asunción de Horacio Rosatti al frente del Consejo de la Magistratura, siendo este el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras valerse de la reposición de una ley derogada en 1997.
En tal sentido, Fachal pidó “democratizar” el Poder Judicial ya que “es el último reducto conservador del establishment en el Estado para impedir cualquier transformación de la realidad”.
“La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con un juez que aceptó ser designado por decreto y se autovotó como su presidente, repone una Ley derogada en el 2006 sobre el Consejo de la Magistratura de la Nación, a través de un fallo firmado por quien, a su vez, pretende también presidir dicho órgano. Mínimo, deberían haberse excusado de entender en esa causa y que intervinieran conjueces”, aseguró el titular de la FJA.
Más adelante, consideró que “habría que ver si no están para el juicio político” ya que lo ocurrido “es de una gravedad institucional inusitada y hay que evitarlo” y reclamó: “Urge democratizar el Poder Judicial”.
“La reforma del Consejo de la Magistratura que pretende imponer la Corte solo profundiza la disputa entre corporaciones por el manejo presupuestario y las designaciones de magistrados y personal, porque no plantea la democratización del Poder Judicial como necesita nuestro pueblo”, añadió el sindicalista.
Enseguida, Fachal subrayó que “volver a darle la presidencia de ese órgano al presidente de la Corte, es remontarse al oscurantismo de la mayoría automática”, y agregó: “Ya vimos esta película hace más de 20 años y sabemos cómo termina”.
Finalmente, el secretario general de FJA desarrolló: “Cada 2, 3 o 4 años, los ciudadanos votamos nuestros representantes en los Legislativos y Ejecutivos nacionales, provinciales y locales; a nuestros dirigentes sindicales, centros de estudiantes, consejeros escolares y hasta a las autoridades del club de barrio o del centro de jubilados. Pero sin embargo nos niegan la integración popular y democrática en la selección y designación de quienes, durante 30, 40 y 50 años definen con sus fallos cada detalle de nuestra vida cotidiana”.
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IRREGULARIDADES
La CTA Autónoma solicitó la intervención judicial de la empresa Hidden Lake en Lago Escondido
Tras conocerse la resolución del organismo, el secretario general de la CTA Autónoma, Rodolfo Aguiar, señaló esta tarde que «la IGJ viene a darnos la razón y a confirmar que Hidden Lake es una pantalla jurídica diseñada por Lewis para comprar tierras en zona de frontera y disimular su patrimonio millonario».
La CTA Autónoma reclamó la intervención judicial de la empresa Hidden Lake S.A. luego de que la Inspección General de Justicia (IGJ) emitiera hoy la resolución 393/2022, en la que describe irregularidades y solicita a la Justicia comercial que aplique ese procedimiento, tras comprobar que la compañía no presta bienes ni servicios y que cumple la función de una «pantalla jurídica» para impedir el acceso al Lago Escondido.
«Es hora de que la Justicia haga lugar a la intervención de la empresa y la liquidación de su patrimonio, y que esos activos en manos del Estado financien el acceso popular a Lago Escondido», agregó el gremialista.
En ese sentido, desde la CTA Autónoma recordaron que la función de la IGJ, que encabeza el abogado Ricardo Nissen, es «impedir que las sociedades mercantiles sean utilizadas en detrimento del orden jurídico».
Además, el dirigente de esa central obrera destacó que Nissen, en los considerandos de la resolución, mencionó «los fallos firmes del Supremo Tribunal de Justicia de Río Negro y (de la) Corte Suprema de Justicia de la Nación incumplidos por la empresa británica sobre la accesibilidad a Lago Escondido».
«Ante el incumplimiento de una sentencia judicial dictada hace más de diez años en un tema de enorme repercusión social y política, no pueden existir integrantes de dicha sociedad que pretendan exhibir actuación alguna de buena fe», advirtió Aguiar en un comunicado.
En la resolución de la IGJ emitida este lunes, el organismo consideró que «Hidden Lake S.A. resulta ser una pantalla jurídica que no tiene por finalidad el intercambio, la producción o prestación de bienes o servicios, sino que se la está utilizando para disfrazar un cuantioso patrimonio del señor Lewis en la Patagonia, a la vez que para evitar o cuanto menos frenar la aspiración de cualquier integrante de la sociedad argentina de poder acceder al singular y maravilloso espejo de agua que representa el Lago Escondido».
La IGJ trasladó su solicitud a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, a la que requirió «hacer cesar el irregular e ilegal estado de cosas que se verifica hasta el presente, concretado a través de la antijurídica actuación en nuestro país del señor Lewis, utilizando de forma espuria a una sociedad comercial registrada en la Ciudad de Buenos Aires, con sede en un estudio jurídico capitalino».
Dependiente del Ministerio de Justicia, la IGJ fiscaliza a las sociedades por acciones ‑excepto las controladas por la Comisión Nacional de Valores (CNV)- y a las de responsabilidad limitada, como también las compañías extranjeras con presencia en el país, las sociedades de capitalización y ahorro, asociaciones civiles y fundaciones.
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Minucci cuestionó la pasividad de la CGT: «Tendríamos que estar en la calle pidiendo la salida de Rosatti»
El líder de la APSEE afirmó que hoy el movimiento obrero necesita garantizar la unidad y afrontar pelea «como corresponde» contra las corporaciones.
El secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), Carlos Minucci, cuestionó la pasividad de la CGT y el movimiento obrero ante la designación del presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosatti, al frente del Consejo de la Magistratura.
Lo hizo durante la celebración del 64° aniversario del sindicato de la energía, en un acto que contó con la presencia estelar de Lorenzo Pepe, exmiembro de CGT y exdiputado nacional.
«Algunos (dirigentes) se olvidaron a quiénes representan y hoy son parte del problema, porque si fuera la CGT, aquella de los Argentinos, aquella del 2×1, hoy tendríamos que estar en la calle pidiendo la salida de Rossatti de la Corte Suprema de Justicia, y eso duele», lamentó Minucci.
En su discurso, el titular de APSSE y referente de la Corriente Federal de Trabajadores llamó a unificar el movimiento obrero y «ponernos en la pelea como corresponde» contra la grandes corporaciones «que están destruyendo a los trabajadores».
Minucci convocó a retomar la esencia del sindicalismo peronista. «La calle es la que le dio al movimiento obrero la columna vertebral que Perón designó. Perón no nos enseñó a hablar a puertas cerradas. Cuando cambiaron la historia salimos a la calle sin ningún tipo de organización y rescatamos a Perón del sitio que le estaban dando. Hoy no somos capaces de salir a defender un gobierno«, disparó.
Y cerró: «Hoy vemos las corporaciones que están destruyendo a los trabajadores. Hoy estamos con una depreciación salarial histórica en décadas y seguimos discutiendo con algunos dirigentes sindicales cuáles son los pasos a seguir…».
El gremio del personal superior de energía festejó un nuevo aniversario con un acto en la sede sindical ubicada sobre calle San José de la Ciudad de Buenos Aires.
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Adelanto de paritarias: uno por uno, cómo está el panorama en los principales gremios
Una treintena de organizaciones sindicales ya negocia el reajuste de sus salarios en el marco de paritarias convocadas o no de manera oficial por el Ministerio de Trabajo, mientras la totalidad de los voceros gremiales coincide en que el adelantamiento de las negociaciones debe «ganarle al elevado proceso inflacionario», por lo cual los dirigentes se inclinan por «acuerdos cortos».
La cartera laboral firmó el miércoles 6 de abril la Resolución 388/22, publicada en el Boletín Oficial del día siguiente, que oficializó la convocatoria al diálogo paritario para más de veinte gremios y las cámaras empresariales de cada sector, aunque otras organizaciones sindicales ya habían comenzado a negociar varias semanas antes.
MERCANTILES
Es el caso de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), el sindicato con más afiliados del país, que el 21 de marzo inició el diálogo convencional para actualizar salarios con las tres cámaras de la actividad, luego de evaluar «los indicadores y variables económicas, lo que fue totalmente determinante», según comunicó entonces el gremio mercantil, citado hoy por Télam.
El propio titular de la organización, Armando Cavalieri, había sostenido en ese momento que «las consecuencias de la aceleración de precios en los últimos meses proporcionó datos alarmantes y, a partir de esos parámetros, se adoptó la decisión de generar acuerdos más cortos; es decir, del orden trimestral».
TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN
Uno de los sindicatos que adoptó esta decisión es la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) de Gerardo Martínez, que fue incorporada por Trabajo en la apertura temprana de paritarias prevista en su reciente Resolución 388, que lleva la firma de Claudio Moroni.
En 2021, la Uocra firmó una paritaria cuyo último ajuste -del 4 por ciento- se cobrará en mayo próximo, por lo que totalizará para el año una mejora salarial del 56,4%.
Adelanto de paritarias: uno por uno, cómo está el panorama en los principales gremios19 abril, 2022 Perfil Industrial
Una treintena de organizaciones sindicales ya negocia el reajuste de sus salarios en el marco de paritarias convocadas o no de manera oficial por el Ministerio de Trabajo, mientras la totalidad de los voceros gremiales coincide en que el adelantamiento de las negociaciones debe «ganarle al elevado proceso inflacionario», por lo cual los dirigentes se inclinan por «acuerdos cortos».
La cartera laboral firmó el miércoles 6 de abril la Resolución 388/22, publicada en el Boletín Oficial del día siguiente, que oficializó la convocatoria al diálogo paritario para más de veinte gremios y las cámaras empresariales de cada sector, aunque otras organizaciones sindicales ya habían comenzado a negociar varias semanas antes.
GRAFICOS
Otro de los gremios convocados por Trabajo para adelantar la negociación salarial es la Federación Gráfica Bonaerense (FGB) que lidera Héctor Amichetti, cuya paritaria 2021 había vencido el 31 de marzo.
Tras ser incluido en la Resolución de la cartera laboral que convocó a 26 gremios y cámaras empresariales a iniciar las negociaciones, el sindicato de los gráficos llegó a un acuerdo el miércoles último consistente en un incremento salarial del 50 por ciento a pagar entre abril y octubre próximos, en tres tramos, y con cláusula de revisión.
«Luego de quince días de discusión y varios plenarios de delegados, se acordó con la cámara (Federación Argentina de la industria Gráfica y Afines) una mejora del 50 por ciento para el semestre abril-octubre, con cláusula de revisión en noviembre. Esa recomposición se abonará un 21 por ciento en abril, otro 14 desde julio y un 15 en octubre», aseguró Amichetti a Télam.
El plenario general de delegados del sindicato gráfico aprobó el acuerdo el miércoles anterior al inicio del fin de semana largo por las Pascuas, y ya fue presentado en la cartelera laboral.
SMATA
El sindicato mecánico (Smata) que conduce Ricardo Pignanelli, otro de los gremios fuertes que fue convocado por Trabajo para iniciar la negociación salarial, negocia desde hace muchos años -a partir de 2011- acuerdos paritarios trimestrales en función del costo de vida, y ya abrió la discusión en el sector de los talleres mecánicos.
Pignanelli señaló la semana pasada que el sindicato tiene 72 convenios salariales, entre los cuales se encuentra el de talleres mecánicos, que «está muy retrasado», según palabras del propio dirigente.
En ese panorama, Smata inició las conversaciones formales para casi 18 mil trabajadores.
«Los talleres de alta monta andan muy bien, pero los urbanos y provinciales tienen las escalas salariales atrasadas. El Smata negocia una dinámica trimestral sobre el índice del costo de vida, que se basa en el Pacto Social de precios y salarios determinado por Juan Domingo Perón en 1973», explicó el secretario general.
Para Pignanelli, el objetivo que se impone para la negociación es ganarle a la inflación, porque en los últimos años, repasó, «se perdieron 24 mil pequeñas y medianas empresas y entre 2016 y 2019 se evaporó el 25 por ciento de poder adquisitivo», a lo que se sumó el impacto de la pandemia de Covid-19 que «debilitó todavía más a la industria».
«Es la hora de discutir en paritarias aumentos salariales y puestos de trabajo. Luego vendrá la negociación por la distribución de la riqueza», añadió Pignanelli.
Junto a Uocra, Gráficos y Smata, Trabajo convocó a iniciar las discusiones salariales a los sindicatos de Camioneros, Sanidad, Gastronómicos, seguridad, maestranza, plásticos, pasteleros, del seguro, de la alimentación, textiles, de la televisión, trabajadores de aguas gaseosas, del vestido, químico y petroquímico, molinero, viajante, madera y Uecara: tres de ellos -entre ellos la Federación Gráfica- ya lograron un acuerdo.
Mientras que los gráficos encabezados por Amichetti acordaron para el semestre abril-octubre una mejora del 50 por ciento y una revisión en noviembre, el sindicato del Seguro convino una recomposición del 37 por ciento para el período abril-septiembre y el gremio del vestido cerró en 53,4 por ciento en dos tramos (julio-octubre) más una gratificación extraordinaria del 7 por ciento del salario básico.
En paralelo a estas negociaciones en marcha, otros gremios ya habían cerrado sus paritarias por cuerda separada, más allá de la resolución de la cartera laboral: es el caso de los mineros en sus diversas ramas de la actividad, el gremio de la carne roja y avícola y el sector mutualista del sindicato de entidades deportivas y civiles (Utedyc).
CAMIONEROS
Entre los gremios más influyentes por su poder de negociación, el titular de la Federación de Choferes de Camiones, Hugo Moyano, adelantó que en la mesa de discusión con las cámaras exigirá el pago de una suma fija de 20.000 pesos, para lo cual tomó como parámetro el acuerdo celebrado con ese fin entre los titulares del Senado y Diputados, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, con el secretario de la Asociación del Personal Legislativo, Norberto Di Próspero.
BANCARIOS
Desde la Asociación Bancaria, en tanto, su secretario general y diputado nacional por el Frente de Todos, Sergio Palazzo, declaró hace unos días el estado de alerta y movilización ante «la irrisoria propuesta empresaria».
En cuanto a la Resolución 388/22, el ministro de Trabajo subrayó en sus fundamentos que en el marco de la mesa de diálogo y la concertación encabezada por el presidente Alberto Fernández era necesario «alinear expectativas y fortalecer la reactivación productiva de manera articulada con la creación de empleo formal y la mejora de los ingresos».
Además, en el texto se mencionaron los recientes encuentros entre la CGT y la UIA, en los que las partes coincidieron -remarcó la cartelera laboral- en «la necesidad de concertar acciones que permitan afrontar las dificultades económicas locales, agravadas por el conflicto en Ucrania, a fin de mejorar el poder adquisitivo de los salarios, cuidar la canasta básica de consumo de los argentinos y preservar la reactivación de la economía».
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Paro de colectivos desde este miércoles a las 22 horas hasta el jueves a las 6 en el AMBA
Debido a las demoras en el pago de subsidios, desde este miércoles a las 22 y hasta el jueves a las 6 se desarrollará un paro de colectivos anunciado por las cámaras empresarias que representan al 85% de los operadores de servicios por transporte automotor de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Desde el sector anunciaron que “cesarán sus actividades tanto las líneas que unen CABA con el GBA como aquellas que únicamente circulan por el Conurbano bonaerense, lo que reducirá la flota circulante al 50%.
Mediante un escrito, la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEPA), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) y la Cámara de Transporte de la provincia de Buenos Aires (CTPBA), explicaron que “las grandes demoras que se producen en el pago de las compensaciones tributarias” a las empresas de jurisdicción provincial y comunal «están imposibilitando la operación normal de los servicios», lo que llevó a tomar la decisión de cesar las actividades en la franja horaria mencionada.
Este conflicto que desembocará en un paro nocturno de colectivos tiene precedentes y datan de enero pasado, cuando durante un lapso de cuatro días y en el mismo horario que el actual, más de 100 líneas cesaron sus actividades en sus recorridos por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
El sector viene anticipando “la situación de gravedad económica y financiera es extrema, habiéndose agotado la capacidad de financiamiento ante la extendida demora de las compensaciones tarifarias que permiten la operación de los servicios”, expresaron para justificar la medida.
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Por tercer día consecutivo los trabajadores interrumpen el servicio en el premetro
La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP – Metrodelegadxs), paró el día miércoles 20 de abril, entre las 05.30 y las 07.30 hs, y el servicio del Premetro y el de la Línea E se vieron interrumpidos por medidas de autodefensa consecuencia de la falta de respuesta de EMOVA ante el reclamo por la implementación de medidas de seguridad operativa para el servicio del Premetro.
Al día de la fecha, «EMOVA sigue sin cumplir al acuerdo firmado en septiembre de 2021, en el que se comprometía a realizar la automatización de los cambios de vías del Premetro en un plazo de 180 días». La empresa «insiste en desconocer nuestro reclamo, exigiendo que estas tareas sean realizadas por conductores y conductoras, aunque las mismas no están en la descripción de tareas del Convenio Colectivo de Trabajo vigente y sin considerar el riesgo que eso implica».
Una vez, el sindicato que conduce Roberto Pianelli está exigiendo «que la empresa brinde respuestas a esta situación» y «pedimos disculpas a quienes puedan verse afectadxs por estas medidas, que son en defensa de los derechos laborales y de la seguridad de trabajadorxs y usuarixs», concluye el comunicado.
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Los programas de empleo joven de todos los niveles no alcanzan para reparar los impactos negativos de la pandemia
Los planes especiales de fomento para la inclusión laboral juvenil son una herramienta clásica que se utiliza desde los Estados para tratar de equilibrar las posibilidades de acceder al mundo laboral de estos sectores, tradicionalmente con una tasa de desempleo más alta que el resto de la población, debido a la falta de antecedentes y experiencia. Las estrategias oficiales, a nivel nación, provincias o municipios, suelen proponer distintos beneficios impositivos o por la vía de subsidios a las empresas que sumen jóvenes a sus plantillas, pero en algunos casos las condiciones laborales y, sobre todo, las remuneraciones resultan fuertemente desiguales, válidas sólo como ingresos extra para personas que aún vivan con sus padres, resultando claramente insuficiente como sustento principal de un joven independiente o con familia propia.
En julio del año pasado, el Gobierno nacional lanzó públicamente el programa “Te Sumo”, diseñado por la jefatura de Gabinete (entonces encabezada por Santiago Cafiero) y los ministerios de Trabajo y de Desarrollo Productivo, una iniciativa que buscaba abrir en el sector Pyme cerca de 50 mil puestos de trabajo para jóvenes de entre 18 y 24 años con secundario completo, una cifra muy modesta, teniendo en cuenta el nivel de desocupación juvenil que supera el 30%.
En este esquema, el Estado nacional se hacía cargo de hasta el 70% de los salarios a devengar, llevando casi a cero los aportes patronales por los nuevos trabajadores. Teniendo en cuenta, además, que dentro del mismo rango etario el sector femenino es el que sufre tasas de desempleo mayores, el programa incluía también una perspectiva de género que ampliaba los beneficios para las empresas en caso de que contrataran a mujeres jóvenes o personas no binarias.
El programa cuenta con la modalidad de «entrenamiento para el trabajo», un plan de hasta seis meses de trabajo con una carga de 4 horas diarias o 20 semanales, por un monto que entonces era de 15 mil pesos. En caso de que la empresa contratante tuviera una plantilla de hasta 5 empleados el Estado se hacía cargo del 100% de este monto, en empresas de 6 a 80 trabajadores cubría 12 mil pesos y en las que superaran los 80 el aporte estatal era de 8 mil pesos.
En caso de contratación laboral, el programa ofrecía 3 beneficios acumulables a las empresas: Aporte al Salario a acreditar en la cuenta del nuevo trabajador joven (hasta $18.000 de pagos no mayores que un salario mínimo), un aporte de SEPyME a acreditar en la cuenta de la empresa (entre 10 y 13 mil pesos) y una reducción de contribuciones patronales (entre 90 y 95%). Los montos de los beneficios varían según la dotación de la empresa.
En la apertura de las sesiones legislativas de este año, el Presidente Alberto Fernández anunció (como lo había hecho también el año anterior) que enviaría al Congreso un proyecto de Ley de Empleo Joven. Según trascendió, la iniciativa, que aún no llegó al Parlamento, se estructuraría sobre las mismas bases que el plan Te sumo. Durante la reciente campaña electoral, la principal candidata a diputada bonaerense Victoria Tolosa Paz confirmó durante el último Coloquio de IDEA que “el Gobierno presentará una ley de promoción de empleo joven con baja de cargas patronales”.
Otros programas nacionales
Más allá de este programa nacional que podría generar empleo para un pequeño porcentaje de la juventud desocupada, existen algunos otros en áreas específicas, como PRACTICA (Primera Actividad Temporal Inclusiva de Capacitación Laboral), una iniciativa conjunta de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete y la Subsecretaría de Gestión de Espacios y Proyectos Especiales del Ministerio de Cultura de la Nación, que apunta específicamente a abrir posibilidades de un primer trabajo (también para jóvenes de entre 18 y 24 años en situación de desempleo) en diversas instituciones culturales del Estado. En este caso, en 2021 fueron seleccionados sólo 280 jóvenes, para trabajar con una carga horaria de 35 horas semanales incluyendo los fines de semana y feriados.
Además de la iniciativa prometida por el oficialismo, también la oposición impulsa una iniciativa similar. El ex vicejefe de Gobierno porteño y actual diputado nacional del PRO Diego Santilli presentó hace algunos días el proyecto de ley “Más trabajo joven”, con el que se busca multiplicar las posibilidades de empleo para menores de 35 años, liberando de cargas patronales a las PyMEs durante 5 años. En este esquema se reduciría el total de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) durante toda la vigencia del programa. Se aclara que para recibir este beneficio las empresas no podrán pagar un salario inferior al establecido en los convenios colectivos de trabajo para el sector ni reducir el tamaño de sus plantillas. También podrán tomar como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias, por un plazo máximo de 24 meses no prorrogables, un monto equivalente al salario mínimo vital y móvil por cada empleado a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Aunque no está pensado como estrictamente específico para el sector juvenil, el Programa Nacional de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo”, busca “contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas”. La iniciativa está destinada a beneficiarios de los anteriores programas “Hacemos Futuro” y “Proyectos Productivos Comunitarios”, que pueden optar por cumplir su contraprestación por medio de una participación en proyectos socio-productivos, socio-laborales y/o socio-comunitarios o a través de la terminalidad educativa. Se trata de un plan compatible con la percepción de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Universal por Embarazo (AUE). En abril de este año, el monto del beneficio ascendía a $19.470. Este es uno de los ejes de la disputa actual de los movimientos sociales con el Ministerio de Desarrollo Social encabezado por Juan Zabaleta, que amenazó con no seguir sumando beneficiarios a este plan.
Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, es otro plan de asistencia económica para capacitación, entrenamiento laboral o desarrollo de un emprendimiento para jóvenes de entre 18 y 24 años sin empleo. En el marco del programa también se pueden realizar cursos, orientaciones laborales y capacitaciones profesionales.
Provincia de Buenos Aires
En agosto del año pasado, el gobernador bonaerense Axel Kicillof presentó, junto a su ministra de Trabajo Mara Ruiz Malec, el programa Impulsar Oficios para brindar asistencia económica y capacitación a los jóvenes egresados en los últimos tres años de los centros de formación profesional y laboral de la provincia, una iniciativa definida como de cooperación «entre el Estado, las organizaciones sindicales, el sistema educativo y las empresas».
Según la información oficial, hay «más de 75 mil chicos y chicas cursando» las últimas etapas en escuelas técnicas u otros institutos de formación profesional que recibirán «asistencia técnica de los tres niveles de Estado, para que los que egresen puedan disponer del conocimiento necesario para iniciar su emprendimiento». Uno de los ejemplos de este tipo de apoyo y mediación laboral que se destacó en los últimos meses fue respecto de una búsqueda laboral de la automotriz Toyota. Según explicaron funcionarios de provincia, se ayudará a los egresados pidiéndoles «que presenten proyectos, los acompañaremos con tutorías y financiamiento no reembolsable, rendible, transparente», trabajando «mancomunadamente con centrales obreras como CTA, Uocra, UOM, Smata, sindicatos de la alimentación, petroleros, con todos los gremios con los que trabajamos muy bien para que sean impulsores en el territorio de Impulsar Oficios».
Ciudad de Buenos Aires
Hace pocos días el Gobierno de la Ciudad presentó su Plan de Empleo Joven, iniciativa que tiene por objetivo promover la inserción laboral de los jóvenes de 18 a 24 años de edad que residan en CABA para capacitarlos en diferentes oficios, en función de las necesidades del sector productivo, buscando conectar la oferta y la demanda efectiva de trabajo. Este programa de la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio responde a la Ley 6393/2020 (Ley de Promoción del Empleo a través de Prácticas Formativas), cuyo principal objetivo es mejorar las competencias de los jóvenes sin empleo o en situación de vulnerabilidad laboral a través del desarrollo de prácticas formativas en diferentes ámbitos de trabajo.
La Ciudad también tiene un Régimen Especial de Prácticas de Formación para el Empleo, que “busca mejorar las condiciones de empleabilidad, a través del desarrollo de prácticas formativas en ambientes de trabajo”. Se trata de prácticas de horas diarias y hasta 20 semanales, que pueden extenderse por seis meses, por las que se puede recibir una “asignación estímulo” de hasta 21 mil pesos, “que podrá ser financiada por el Gobierno y/o la entidad formadora”. El programa se enfoca en personas mayores de 18 años que ya hayan participado de algún proceso de fortalecimiento previo en el ámbito de la Ciudad.
También se pueden rastrear programas de incentivo al trabajo juvenil en distintas provincias y municipios del país, pero de conjunto estas iniciativas no alcanzan para revertir las fuertes carencias laborales del sector que más se ha visto afectado por los impactos negativos de la pandemia, que han llevado a que las tasas de desocupación casi dupliquen las de la población adulta (además con una fuerte “feminización” del desempleo).
OBSERVATORIO GREMIAL
Reducción de estrés, mejoras en la salud y mayor rendimiento en el trabajo
Islandia: la prueba de reducir la semana laboral a cuatro días fue un «rotundo éxito»
En Islandia se realizó un ensayo para reducir la semana laboral de los trabajadores a cuatro días. Los resultados -publicados en el portal británico Autonomy- fueron «un rotundo éxito», según afirman los investigadores, y ya está produciendo un cambio en los patrones de trabajo en otros países. Por ejemplo, la Asociación para la Sostenibilidad y la Democracia (Alda) islandesa abrió la discusión para implementar el nuevo esquema en el Reino Unido.
El experimento desarrolló su «piloto» entre 2015 a 2019 en Islandia, en el Ayuntamiento de la capital, Reykjavik, e involucró a 2.500 personas (más del 1% de la población económicamente activa del país), a las cuales se les redujo la semana laboral a 35 o 36 horas -sin reducción salarial-. Empleados de oficinas, personal de escuelas, de hospitales y empleados de servicios sociales, fueron el universo de trabajadores estudiados.
Conclusiones
Según indicaron los resultados, los trabajadores demostraron una reducción de estrés, mejoraron la salud e incluso aumentaron el rendimiento del trabajo en casi todos los grupos.
Will Stronge, director de investigación de Autonomy, señaló que «este estudio muestra que el mayor experimento del mundo de reducción de la jornada laboral en el sector público fue, de acuerdo a todos los parámetros, un rotundo éxito».
«Demuestra que el sector público está listo para ser pionero en reducción de semanas laborales y que otros gobiernos pueden aprender algunas lecciones».
Gudmundur D. Haraldsson, investigador en Alda, destacó que «la reducción de semana islandesa nos dice que no sólo es posible trabajar menos en estos tiempos, sino que también lo es el cambio progresivo».
Consecuencias indirectas
Como efecto positivo colateral, muchos varones, aumentaron su participación en las tareas domésticas. Por otro lado, la productividad y el nivel de la prestación de servicios se mantuvieron iguales o mejoraron en la mayoría de los lugares de trabajo, al igual que los ingresos reportados por el Estado.
Desde que terminó el experimento, el 86% de la población islandesa trabaja menos horas o puede solicitar el nuevo patrón de trabajo. De hecho, los sindicatos de Islandia ya están negociando la reducción de las horas de trabajo por el mismo el sueldo y pronto tendrán el derecho a hacerlo.
Otros experimentos similares se están haciendo en otras partes del mundo, como en Nueva Zelanda –donde la empresa Unilever en Nueva Zelanda está dando la oportunidad a sus trabajadores de reducir sus horas un 20% sin rebajar su salario–; en España, el diputado Iñigo Errejón del partido Más País presentó un proyecto similar; y en Japón se recomendó a las empresas aplicar la misma reducción a cuatro días para superar la crisis de la pandemia, reducir la tasa de suicidios y mejorar la calidad de vida de los habitantes.
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El futuro del trabajo
Entrevista: Juan Sebastián Carbonell
El futuro del trabajo
Juan Dal Maso
Juan Sebastián Carbonell es sociólogo del trabajo y autor del libro Le futur du travail (Éditions Amsterdam, 2022). Asimismo, forma parte del comité de redacción de Révolution Permanente en Francia.
En esta entrevista, conversamos sobre los principales temas tratados en su libro: mito y realidad de la llamada Cuarta Revolución Industrial, el impacto de la automatización sobre el empleo, las lecturas sobre Marx, la maquinaria y el fin del trabajo, el rol de las plataformas así como de logística en el capitalismo actual; las transformaciones de la clase trabajadora en las últimas décadas.
Abordamos también los debates sobre la cuestión de la reducción de las horas de trabajo en Francia y las diversas alternativas que proponen distintas corrientes frente al desempleo y la precarización.
Envio:RL
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