El miércoles 6, movilización por la
libertad de «los presos del FMI»
Resumen Latinoamericano, 2 de abril de 2022.
foto: policías tirando al cuerpo en Plaza del Congreso durante movilización contra el FMI.
El miércoles 6 de abril a las 10 horas se realizará una movilización unitaria desde el Obelisco a la cámara penal porteña, en Libertad 1042. Marcharemos exigiendo la inmediata libertad a Oscar Santillán, Jaru Rodríguez y Julián Lazarte, detenidos por participar de la jornada de protesta contra el acuerdo con el FMI el 10 de marzo de 2022 en Congreso.
Las organizaciones firmantes entendemos que no se puede criminalizar la protesta social, menos todavía cuando el hambre reina en los barrios y sectores populares, cuando el ajuste es la moneda corriente con la que se asienta este acuerdo votado en el Congreso.
Llevamos más de 20 días con nuestros compañeros detenidos, hostigados y demonizados por los grandes medios de comunicación y diversos sectores políticos patronales. Extendemos este llamado a movilizar y solidarizarse al conjunto de las organizaciones obreras, sociales, políticas, estudiantiles y de derechos humanos a nivel nacional e internacional.
Por todo lo expuesto, en un amplio espacio de unidad y en las calles les exigimos a los jueces, fiscales y al poder político de turno que liberen a nuestros compañeros, por el desprocesamiento y el cese de la persecución a lxs que luchan. ¡Libertad a lxs presxs políticxs! ¡Luchar no es un delito!
Miércoles 6 de abril, 10 hs en el Obelisco, para marchar a Libertad 1042
CORREPI
AGENCIA AR
CEPRODH
PTS
JUVENTUD GUEVARISTA
MTR HISTORICO
PCT
FAR
BARRICADA TV
DEMOCRACIA OBRERA
MTR VOTAMOS LUCHAR
FOGONEROS
CADHU
SECRETARIA MIGRANTE UTEP
NUESTRAMERICA
RESUMEN LATINOAMERICANO
PRML
CADEP
MTL REBELDE
PSTU
TRABAJADORES DE BASE
LSR
BLOQUE PIQUETERO NACIONAL (T.Or.RE- OTL- AGRUPACION ARMANDO CONCIENCIA)
VENCEREMOS PT
COMPAÑERXS Y AMIGXS DE JARU
CAPOMA
EPCT
COLUMNA BOLI LESCANO
MST
CUBA-MTR
MOVIMIENTO REBELION POPULAR
ERyS
PARTIDO OBRERO
APEL
COORDINADORA POR EL CAMBIO SOCIAL: FOL (FRENTE DE ORGANIZACIONES EN LUCHA) -MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS (FRENTE POPULAR DARÍO SANTILLÁN CORRIENTE PLURINACIONAL; MULCS MOVIMIENTO POR LA UNIDAD LATINOAMERICANA Y EL CAMBIO SOCIAL; MOVIMIENTO 8 DE ABRIL; IGUALDAD SOCIAL) – FAR Y COPA EN MARABUNTA – FOB AUTÓNOMA (FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DE BASE, AUTÓNOMA) – OLP RESISTIR Y LUCHAR
A partir del 20 de abril comienza el
juicio de extradición a Colombia del
periodista y militante revolucionario
Facundo Molares
Resumen Latinoamerican, 2 de abril de 2022.
COMUNICADO DE LA GREMIAL DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE ARGENTINA
PARA EL JUICIO TRAEN SUS CUADROS MÁS IMPORTANTES PARA INTENTAR EXTRADITAR A FACUNDO.
La Gremial está acostumbrada a enfrentar tipos muy capaces en juicios de extradicion.
En la extradicion de Iosu Lariz Iriondo, el Vasco acusado de pertenecer a ETA (para la instancia ante la Corte), España puso a un Estudio muy caro para apelar y lograr mandar al Vasco a una larga condena pedida por el juez Garzón, cómplice de los genocidas españoles. Y así y todo lo perdieron.
En el juicio de Extradicion de ese gran patriota peruano que fue Rolando Echarri (acusado de pertenecer a Sendero Luminoso) el Estado Peruano no sólo puso también un Estudio Argentino carisimo a enfrentar a la Gremial, sino que trajo desde Perú y en persona al Doctor Galindo Procurador Antiterrorista del Estado.
De modo que la Gremial tuvo enfrente al Fiscal argentino, al Estudio Privado y el propio procurador Antiterrorista peruano.
Igual les dimos una paliza.
Pero en este caso es muchísimo peor.
No será fácil.
Porque ahora nos ponen a enfrentarnos a nuestros propios compatriotas, para intentar enviar también a un compatriota argentino al Estado Genocida de Colombia.
El Fiscal de Esquel, temeroso -con razón seguramente- de enfrentar a la Gremial.
Quizás asustado o consciente de sus limitaciones.
Pidió que venga a asistirlo a uno de los hombres más conocedores del Derecho y de los procesos internacionales en la Argentina.
En los juicios de extradicion (según la Ley) el Fiscal representa al Estado requirente.
En este caso la Fiscalia representa al Estado Genocida y represor de Colombia.
En el juicio a Facundo, colaborando con el Fiscal de Esquel, estará el Doctor Diego Martín Solerno.
Hasta hace poco fue un alto funcionario del Gobierno Nacional.. Revistió como Coordinador de Cooperación Internacional en Materia Penal del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina.
Y hoy es responsable de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional de la Procuracion General de la Nación.
Es un cuadro jurídico e internacional de primer nivel. Sería como un General de División.
Un hombre con alto conocimiento técnico y muchísima experiencia.
Lo traen expresamente para enfrentar a la Gremial de Abogados y fortalecer el intento de enviar a Facundo a Colombia.
La incorporación del este importante cuadro de las políticas, leyes y formas represivas de lo peor del estado Argentino y otros de Nuestra América nos indica el tremendo esfuerzo que el Estado, Gobierno y Justicia de Argentina están poniendo contra un luchador internacionalista, solidario, y sobre todo gran compañero y gran persona como es Facundo.
El Estado y la Justicia Argentina han resuelto mandar a un compatriota a un Estado Genocida.
Obviamente la Gremial no se achicara ni amilanara, y pondremos todo lo que tenemos en el Debate.
Con todo el respeto y cuidado que se debe tener frente a un cuadro de las políticas de nuestros peores enemigos como es este funcionario altamente capacitado.
Como ya informamos, el juicio será virtual los días 20, 21, 25, 27, 28 y 29 de abril.
Dicen que todos los interesados podrán presenciarlo.
Sólo nos falta esperar el día del Juicio.
Envio:RL
Aumentos en carpeta y proyecto del Senado
Entre el Mundial de Qatar y la escalada de precios: del político "que paguen los que la fugaron" a la urgencia redistributiva
La inflación, el principal problema. Reuniones de empresarios y sindicalistas, una fórmula usada. Una mesa incompleta. Hipótesis del Gobierno, en debate. Aumentos en carpeta. El proyecto del Senado: la fuga y el lavado de dinero en primer plano. Dos crisis sucesivas, problemas excepcionales.
Se sorteó el fixture del Mundial que comenzará en noviembre, horizonte remoto en un país donde la gente vive al día, cuando puede. La certidumbre incuba bromas o proyectos: en Twitter hay quien se imagina comprando medialunas el 26 de noviembre a la mañana cuando Argentina juegue con México. Nadie sabe cuánto costarán las medialunas o el kilo de pan para aquel remoto entonces. La inflación anual estará “jugada”, es más grato hacer vaticinios sobre la Scaloneta que sobre los porcentajes del índice de precios al consumidor.
A fin de noviembre habrán recalado en la Argentina dos misiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), la tercera estará llegando o al caer.
Todo parece largo plazo, la inflación de marzo superará algún récord. Es el principal problema de los argentinos. Se la describe como multicausal, enfoque correcto: también es multifactorial. Se conjuga con el bajo poder adquisitivo de los sueldos, la concentración económica, desde hace poquito el impacto de la guerra y una pila de etcéteras, a menudo estructurales.
El Gobierno ensaya sucesivas tácticas y reuniones que parecen parches. En la Casa Rosada prevalece una idea evolutiva, discutible: el desarrollo de la recuperación económica seguirá sustentando crecimiento y mejora en indicadores económicos.
Para la contingencia inmediata, el corto plazo, se imaginan aumentos jubilatorios y eventualmente salariales. El método elegido para negociar con las patronales y los formadores de precios es básicamente acuerdista, una seguidilla de reuniones. Hasta ahora, no rindió frutos.
El presidente Alberto Fernández anunció la guerra contra la inflación con dos días de adelanto y le respondieron remarcando. En esta semana incurrió en otro traspié verbal proponiendo “terapia de grupo”, una expresión importada del psicoanálisis poco proyectable a la conflictividad entre clases o entre especuladores versus ciudadanos-consumidores.
El ejemplo del Ejecutivo inspira al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien se mueve como pez en el agua proclamando la necesidad de amplios consensos. En estos días se valió de la tópica alusión a “La Moncloa”. Este cronista es devoto de la libertad de expresión, reacio a promover prohibiciones. Solo como sugerencia no vinculante, propone suspender por dos años las menciones huecas a La Moncloa. Ni el Pacto original fue progresista, ni favoreció a los trabajadores, ni es extrapolable en el tiempo y en el espacio… Se trata de un significante vacío, una consigna que remite a vagarosas intenciones y no a contenidos. La ardiente interna del Frente de Todos (FdT) inspira a Massa para levantar su perfil. Es “políticamente incorrecto” reconocer que se piensa en las elecciones de 2023 porque la gente común detesta esa temática. De cualquier modo, la “campaña permanente” existe. La hace cualquier dirigente o facción sin meter ruido y sin privarse de pedir o espiar encuestas.
Massa atisba que tiene un resquicio para colar, es hábil su desempeño en la Cámara. Por ahora le faltan votos pero la voluntad está, “instalarse” es el primer paso.
**
Aumentos y proyecciones: El Gobierno analiza un incremento de emergencia para millones de jubilados, posiblemente para cobrarse a principios de mayo. A la vez se conversa sobre un plus salarial, por única vez. La colosal inflación del primer trimestre determina la necesidad y la urgencia.
La Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión Industrial Argentina (UIA) cabildean convocados por el Ejecutivo. El bonus salarial es imprescindible, sería deseable concretarlo. Históricamente la UIA se ha mostrado remisa a concertar ese tipo de medidas aduciendo falta de representatividad además de dificultades económicas. Habrá que ver.
Los cónclaves se proponen un temario vasto, ligado a la magnitud de crisis acumulativas. En un bienio, dos catástrofes convulsionaron al mundo: la pandemia y la guerra en Europa. Ambas fortalecieron a sectores poderosos: los financieros, los grandes laboratorios, ahora los traficantes de armas.
Una agenda pública tiene que registrar los descalabros acumulativos que hacen altamente probable que “todo” esté peor cuando empiece a rodar la pelota en Qatar. Por lo pronto, será distinto al presente y al remoto 2019. Los cambios cualitativos están de moda y todo indica que las instituciones existentes no alcanzarán para encararlos.
El amplio piso de protección social que dejó el kirchnerismo sobrevivió, herido, a las agresiones de la gestión macrista. He ahí una superioridad congénita de las instituciones respecto de los paliativos coyunturales que son la receta predilecta del oficialismo.
Por eso, entre otros motivos, parece chueca la mesa que se convoca ahora. No participan organizaciones sociales ni las dos CTA sin ir más lejos. Representan a millones de laburantes, de variada condición. Muchos de sus dirigentes promueven alguna variante de Ingreso o de Salario Básico Universal. El gobierno no las tiene en agenda. En un reportaje respetuoso y agudo (exótico para la jungla mediática) realizado en el programa “Desiguales” el presidente desechó la innovación con argumentos poco convincentes. Adujo que se superpondría con otros planes e incurrió en ciertos errores conceptuales entreverando trabajo informal, cuentapropismo y economía popular. Son categorías diferentes. El llamado “trabajo informal” suele ser sinónimo del “no registrado” que es una relación de dependencia en la que la patronal evade cargas sociales y niega derechos a sus empleados. Volveremos sobre la evasión líneas abajo, vale la pena.
La conformación de la clase trabajadora desde hace décadas excede a la relación de dependencia en la actividad privada y al empleo público. Nada indica que esa tendencia sea reversible en años inmediatos.
Otra afirmación voluntarista cunde en el discurso oficial: “transformar los planes en empleo”. La expresión “planes” es polivalente e imprecisa. La perspectiva de un tránsito fluido de millones de trabajadores a otras formas de organización laboral una hipótesis de muuuy difícil concreción por decirlo con delicadeza.
Los crecientes problemas globales (tal como sucede con la inflación) se potencian en la Argentina. Apremia la necesidad de nuevas herramientas. Se debate, por cierto, si es mejor innovar con alguna variante de Ingreso o Salario universal o reconvertir mediante ampliaciones o reformas profundas a las instituciones socio económicas ya existentes. No innovar, en un planeta convulsionado, da la impresión de ser una opción inviable.
Una leve digresión. El Secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Beliz publicó en el diario Perfil semanas atrás una nota proponiendo un “Ingreso básico universal” pagadero en criptomonedas.
La sofisticada iniciativa abarcaría a la población infantil mundial. Sería engorroso resumirla acá. Llama la atención la sugerencia tanto como el silencio que la siguió aún dentro del elenco oficial. Quedó picando un propósito al cierre de la columna: “esta temática merece el análisis y trabajo conjunto de todos los actores en el ámbito del Consejo Económico y Social”, entidad que preside el propio Beliz.
Volvamos al núcleo, a la búsqueda de nuevas herramientas para políticas públicas.
**
Fugadores y lavadores, come back: Los proyectos de ley presentados por el bloque de senadores del FdT patean avisperos, renuevan el escenario. La idea central, “la deuda deben pagarla los que se llevaron la plata”, sintoniza con amplias capas de la opinión pública. La correlación de fuerzas en el Congreso y la obstinada postura cambiemita dificultan que llegue a ser ley. El Poder Judicial suele ser amigable con reclamos del establishment, siempre dispuesto a promover medidas cautelares capciosas. Calcular las perspectivas recaudatorias excede las competencias de este cronista. Todas esas cuestiones se abordan en otras notas de este diario.
Esta columna hará centro en las virtudes políticas de la movida. Enfila contra delincuentes económicos de guante blanco: evasores y lavadores de dinero. Propone nuevas herramientas para ampliar la capacidad de los organismos de control y de recaudación. Entre otras: levantar la obligación del secreto bancario, de la confidencialidad. Expande la figura del “colaborador” que, con alguna variante, fue usada en causas penales contra exfuncionarios kirchneristas o empresarios supuestamente “K”: El firmante de esta columna tiene reservas respecto de la “delación premiada” pero perdió esa discusión años ha. Dado que está vigente y se aplica a diario considera equitativo expandirla a la corrupción privada cuya mera existencia es negada por la Vulgata de derecha.
La fuga de capitales da de comer a estudios jurídicos y contables VIP. Se consuma mediante mecanismos sutiles, difíciles de investigar: subfacturaciones, sobrefacturaciones, pagos entre empresas vinculadas, contrabando de mercaderías y otras trapisondas.
El lavado de dinero, el reingreso de la plata negreada a los circuitos formales, es una de las tareas constantes de los evasores quienes no suelen resignarse a cobrar una rentita en guaridas fiscales. Entidades financieras relumbrantes cooperan gustosas, mordiendo tajada.
La crisis de 2008-2009 desnudó la bulimia del mundo de las finanzas, que emergió triunfador del desquicio que generó. El historiador Eric Hobsbawm describe la cruel paradoja: pudo ser para ese sector como la caída del Muro de Berlín para los socialismos reales… pero la taba se dio vuelta agregamos en nuestra jerga.
La Argentina se unió a la OCDE durante los gobiernos kirchneristas. El organismo hizo llegar nutrida información sobre cuentas de argentinos en guaridas fiscales durante el mandato del presidente Mauricio Macri. Se cajoneó, sin más trámite. Fue sacada a la luz a partir de 2019. El Banco Central y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) iniciaron investigaciones. La AFIP lleva recaudados cientos de millones de pesos de contribuyentes detectados en orsai que prefirieron ponerse al día para no afrontar demandas penales.
Alberto Fernández promovió una querella para investigar la forma supuestamente ilegal en que se contrajo la deuda con el FMI y las fugas de divisas. Los actores en esos pleitos juegan de visitante. Los tribunales concernidos suelen ser “market friendly”, hay Fueros colonizados por grandes estudios que también dominan academias del derecho.
Promover la búsqueda de delincuentes, fortalecer los recursos técnicos del Estado, es un buen comienzo. Tanto como avivar el debate sobre esas cuestiones. Los Pandora Papers probaron que millonarios argentinos ocupan el podio entre tenedores de cuentas en el extranjero. Posición descollante considerando que no somos una potencia económica.
La magnitud estimativa de las cifras fugadas debilita un sonsonete de la crema de la clase dominante argentina. Si tienen gran parte de sus capitales “ocultos” o “negreados” no es tan potente la presión impositiva sobre ellos.
**
Excepcionalidades: El domingo pasado, el periodista Néstor Espósito reveló en Tiempo Argentino que el vicepresidente de la Corte Carlos Rosenkrantz transfirió 650.000 dólares a una cuenta en Estados Unidos al día siguiente de realizarse las Primarias Abiertas (PASO) para presidente y legisladores nacionales. La operación es lícita, chocante la cifra. Sobre todo porque el propio Supremo demoró su ingreso a la Corte para “terminar” de cobrar honorarios profesionales. Y porque, una vez instalado vitaliciamente en su cargo, no paga impuestos. Los Supremos y la mayoría de los jueces nacionales gozan de la franquicia fundándose en un fallo del tiempo de ñaupa dictado por un tribunal de Primera “B”. Al retirarse cobran jubilaciones de privilegio.
Dos catástrofes imprevisibles se sucedieron y ahondan esas y tantas otras inequidades. En una comunidad (se supone que la Nación lo es) las cargas deberían redistribuirse para mitigar las consecuencias de las tragedias.
Tendrían que aumentar las retenciones a las exportaciones agrícolas, de cajón. Sería válido un nuevo aporte extraordinario porque hay otra hecatombe ulterior a la peste sanitaria. Juntos por el Cambio se ha juramentado para impedir cualquier “impuesto nuevo”. La aritmética parlamentaria es adversa al oficialismo.
En los casos mencionados los cambiemitas pueden escudarse en la defensa de la producción, la necesidad de tutelar a quienes crean riquezas y trabajo. Quedarán flojitos de papeles, huérfanos de argumentos dignos, si se obstinan en bancar a fugadores o lavadores de dinero, delincuentes.
También sublevan los privilegios de la corporación judicial que embolsa fortunas y se permite dar lecciones de republicanismo.
El Gobierno dispone de pocas chances para concretar esas leyes. Pero todavía cuenta con medios e instancias para intervenir en la formación de precios y en la pugna salarial, facetas de la puja distributiva. No como un contertulio más, ni como un paciente en la terapia grupal, sino como el poder político cuya misión es combatir las desigualdades, la explotación, la innoble desigualdad.
Distorsiones de la oposición, cambios técnicos, el panorama en Diputados
El Senado arranca el debate por la ley de los dólares fugados
El proyecto de les senadores kirchneristas que busca cancelar la deuda con el FMI con los dólares fugados ubicados en el exterior comenzará a ser debatido este martes en el Senado. No pasó aún una semana desde su presentación, pero en el Frente de Todos predomina un entusiasmo que demanda un rápido tratamiento, especialmente en aquel sector que se resistió a aprobar el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario y que observa en esta iniciativa una suerte de resarcimiento interno. Si bien les senadores oficialistas destacan que el proyecto es "un acto de justicia", el panorama legislativo es aún incierto. Juntos Por el Cambio, por un lado, ya ha comenzado a anticipar su rechazo, echando mano a objeciones técnicas que los saquen de la incómoda posición de "defender evasores". En Diputados, mientras tanto, el escenario es todavía más complejo, ya que no son pocos los bloques minoritarios que están poniendo pegas al proyecto por considerar que es "puro relato". El escenario se anticipa complicado, pero en el FdT insisten que abrirán la puerta a modificaciones a la espera de ir sumando más adhesiones.
El jueves pasado, el Senado terminó de conformar la comisión de Legislación General con el objetivo de poder dar inicio lo antes posible al tratamiento del proyecto que busca perseguir y gravar los bienes no declarados en el exterior. "La semana que viene se va a arrancar a tratar los dos proyectos de ley. Uno es la conformación de un Fondo Nacional para pagarle al FMI, ya que el proyecto lo que aspira es a que paguen la deuda aquellos que fugaron y especularon con los dólares baratos que ingresaron por el Fondo", explicó a este diario Juliana Di Tullio, una de las primeras senadoras en firmar el proyecto. "Esto no es un blanqueo porque no es voluntario. No les vamos a pedir ningún favor. Con el otro proyecto lo que se hace es abrir el secreto fiscal bursátil bancario para poder ordenar hacer una pesquisa y poder ir a buscar esos dólares. No es que vamos a pedir un aporte, sino que lo que hacemos es poner una penalización al delito económico de evasión", destacó Di Tullio, molesta por las confusiones que el proyecto había generado en los medios y algunos sectores de la oposición que hablaban de "blanqueo" o "impuesto".
En efecto, una de las primeras reacciones de parte de JxC fue oponerse al proyecto denunciando que era un "blanqueo encubierto", un nuevo impuesto o, incluso, una "caza de brujas" que solo funcionaba a modo de "relato" para "consagrarse" con Cristina Fernández de Kirchner. "Esto es un blanqueo encubierto, es una Ley Daniel Muñoz, es para ese tipo de personas que tienen mucho dinero en negro", denunció Martín Lousteau, convenientemente amnésico del blanqueo que llevó a cabo el propio Mauricio Macri cuando era presidente. "Es un blanqueo liso y llano, pero culposo y mal hecho, que permite que entren dinero de cualquier tipo de delito", cuestionó, a su vez, el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López, a este diario. "Hay varias inconsistencias técnicas con el proyecto, que tiene un clara intencionalidad política para poner una cortina de humo que cambie el eje del debate en la Argentina. Tiene un gran título pero le falta asidero", concluyó el senador radical Víctor Zimmerman en diálogo con Página 12, anticipando un rechazo colectivo a los proyectos.
"Yo no se si dicen lo que dicen porque no leyeron los proyectos o por oponerse porque sí, pero nosotros estamos dispuestos a escuchar toda propuesta que tengan para modificar", aseguró Di Tullio. Una de las primeras modificaciones que ya se están analizando proviene de las filas del mismo oficialismo, puntualmente de Edgardo Kueider. Si bien Kueider es uno de los senadores que terminó enterándose por los medios de que el bloque había presentado el proyecto (lo que generó varias rispideces internas), asegura que lo respaldará aunque primero quiere presentar algunos cambios que lo hagan más eficiente. Su objetivo es profundizar la parte de la tarea investigativa y punitiva de la iniciativa y estará listo para el debate en el plenario de comisiones de Presupuesto y Legislación General del martes. Luego, frente a la oposición de JxC, les legisladores tendrán el desafío de conseguir el apoyo de al menos dos aliades clave para alcanzar los votos necesarios para aprobar el proyecto: Alberto Weretilneck, Clara Vega o Magdalena Solari Quintana. De momento, según pudo saber este diario, les senadores están analizando la letra del proyecto y aún no tomaron una posición.
Más complicado será la Cámara de Diputados, allí donde la paridad entre oficialismo y oposición es mucho mayor y el rol de los bloques minoritarios es clave. En el caso del interbloque Federal, que cuenta con 8 diputades, se anticipa un rechazo. "La Argentina ya tiene en vigencia una ley penal tributaria y una de lavado de activos, lo que significa que está en condiciones de accionar frente a irregularidades y no necesita de un blanqueo o una amnistía para hacerlo cumplir", sostuvo el titular del interbloque, el "Topo" Rodríguez. El FIT, mientras tanto, se opuso bajo el argumento de que "las estafas no se pagan". "Suena más a distracción para disimular el ajuste acordado con el FMI que una política seria para combatir la fuga de capitales", sostuvo Romina Del Pla, aunque advirtió que tomarían la "decisión final" más adelante. En el caso de Provincias Unidas, sin embargo, no se observa con malos ojos que "se le cobre a quienes evadieron", por lo que se especula con un posible acompañamiento. Los canales de diálogo se mantienen abiertos y un optimista legislador del FdT reflexiona: "Va a ser difícil oponerse, ¿cómo vas a justificar que te opones a perseguir evasores?".
Se profundiza el plan de lucha ante la falta de respuesta
Las organizaciones sociales preparan una gran movilización para mediados de abril
Los reclamos son por la reapertura del Potenciar Trabajo, la regularización de entrega de alimentos para comedores comunitarios y dinero para la compra de herramientas para programas productivos. Las negociaciones con Zabaleta son intermitentes y por ahora no hay acuerdo.
El acampe de 48 horas que las organizaciones que integran la Unidad Piquetera realizaron el frente al Ministerio de Bienestar Social la semana pasada, culminó sin respuestas oficiales a sus demandas de la reapertura de planes sociales y que se regularice la provisión de alimentos a los comedores comunitarios que sostienen en las barriadas humildes del Gran Buenos Aires y en el resto de los centros urbanos de todo el país. Por lo que el Plan de Lucha que los movimientos sociales habían resuelto hace quince días atrás continuará como lo habían previsto si las intermitentes negociaciones con el ministro Juan Zabaleta no arriban a buen puerto: en principio el 13 de abril volverían a las calles con una “gran movilización” en la Ciudad de Buenos Aires y se comienza a programar una “marcha federal” a la que se podrían sumar otras organizaciones que hasta ahora no se habían participado de las jornadas de lucha que promovió Unidad Piquetera.
“Votamos dos cosas: asambleas en los barrios para discutir la continuidad del plan de lucha y continuidad inmediatamente si no hay respuesta, porque va a haber acampe, cortes de ruta y movilización, si no hay respuesta”, exhortó a los manifestantes Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero al levantar el acampe que durante casi tres días ocupó más de diez cuadras sobre la avenida 9 de Julio.
Belliboni se refirió así al Plan de Lucha que arrancó con un acampe de 24 horas, le siguió el de 48 horas y que ahora continuará con una “gran movilización” en la Ciudad de Buenos Aires, en principio para el 13 de abril, mientras se organiza una “marcha federal” si no hay respuesta a sus demandas.
El dirigente del Polo Obrero también señaló que el Plan de Lucha que trazaron las organizaciones de Unidad Piquetera es “una medida extraordinaria que no tiene antecedentes en los últimos 50 años, por su extensión nacional, alcance, masividad y autogestión”.
Un Plan de Lucha que se extendió más allá del multitudinario acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social. La medidas se replicaron en casi todo el país, en 10 u 11 provincias también hubo acampes de 48 horas, otros se extendieron por 24 mientras en otras ciudades hubo marchas para acompañar los reclamos.
La continuidad del Plan de Lucha tendría una participación que excede a las más de 30 organizaciones que integran Unidad Piquetera: el Polo Obrero, MTR-Votamos Luchar, el CUBA-MTR, el Bloque Piquetero Nacional, la Agrupación Armando Conciencia y la Organización 17 de Noviembre y el Movimiento Territorial (MTL-Rebelde), entre otros.
“Hay conversaciones con otras organizaciones que se podrían sumar a la lucha que planteamos si no hay respuestas a nuestros reclamos”, dijeron a este diario dirigentes del espacio. Por lo que estiman que las marchas que arrancarían a mediados de abril superarían el nivel de movilización que Unidad Piquetera alcanzó hasta ahora.
Las demandas siguen siendo las mismas: la reapertura de la inscripción al Programa Potenciar Trabajo; la regularización de la entrega de alimentos a los comedores comunitarios y la entrega del dinero comprometido para la compra de herramientas para los emprendimientos productivos.
La dirigente del movimiento Barrios de Pie, Silvia Saravia, explicó a PáginaI12 en qué situación se encuentra cada uno de los ejes del petitorio piquetero. “El Potenciar Trabajo se debe reabrir porque hay una demanda creciente, porque el propio ministerio de Trabajo tiene registrado tres millones de personas en el Renatep (Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular) con compatibilidad de ingreso al programa y hoy hay solo un millón doscientas mil personas cubiertas. Esa necesidad está, nosotros la percibimos en el territorio y se acercan para que lo incorporemos al programa. Y hay una decisión del ministro que no es necesario, que la gente está consiguiendo trabajo y lejos de eso, quienes lo consiguen es de forma precaria, con contratos de tres meses y luego los echan”, sostuvo Saravia ante este diario.
“Otro de los ejes de nuestro reclamo es que la provisión de alimentos se regularice y que además llegue la variedad que el propio Gobierno se había comprometido. Para dar un ejemplo, los alimentos correspondientes al mes de marzo recién están llegando ahora y terminan de llegar en abril. Esa demora impacta directamente en cómo llevar adelante las tareas en los comedores”, continuó la dirigente social.
Saravia también se refirió a los atrasos del Gobierno para dar cumplimiento a las propias alternativas que propone: “Las herramientas para los emprendimientos productivos hace 9 meses que está demorado el desembolso para que podamos comprarlos. Con ese dinero que nos iban a entregar hace nueve meses ahora vamos a poder comprar la mitad de herramientas e insumos”.
Las negociaciones con el Ministerio de Desarrollo Social siguen abiertas, pero las mismas son intermitentes. Zabaleta habría accedido a regularizar la entregas de mercadería a los comedores comunitarios y el dinero destinado a herramientas. Pero las conversaciones se estancaron ante la negativa del Gobierno a reabrir a mayores beneficiarios el Programa Potenciar Trabajo. Una demanda central de las organizaciones piqueteras que llevarían a profundizar el plan de lucha.
Las 10 claves del proyecto presentado por senadores del Frente de Todos
Gambito de dama CFK: Un fondo para pagarle al Fondo
La caja fiscal con destino específico será constituida en dólares y durará hasta la cancelación total de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. La iniciativa de Cristina Fernández de Kirchner permitiría al Frente de Todos salir del laberíntico debate acerca del acuerdo con el FMI. El Gobierno tiene el desafío de hacer propio el proyecto.
El 10 de diciembre pasado, en el festival por el Día de la Democracia en la Plaza de Mayo, acompañada por Pepe Mujica y Lula da Silva, compartiendo escenario con el presidente Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner dijo:
"A la Argentina no le faltan dólares, los dólares de la Argentina se los llevaron afuera. Necesitamos que el FMI nos ayude a recuperar de los paraísos fiscales miles y millones de dólares en evasión. Comprométase (dirigiéndose a AF) a que cada dólar que encuentre en el exterior se lo vamos a dar al Fondo, de los que se la llevaron sin pagar impuestos, se la fugaron. Que sea un punto de negociación".
Cuatro meses después y con el acuerdo con el FMI cerrado, senadores del Frente de Todos presentaron dos proyectos de ley para cumplir con este reclamo de CFK. Uno es el diseño de un fondo para pagarle al Fondo Monetario, y el otro es para actualizar y modificar las excepciones que hoy se encuentran vigentes en materia de secreto bancario, bursátil y fiscal.
El mismo día de la divulgación de ese par de iniciativas legislativas, la vicepresidenta publicó un tuit acompañado de una foto exhibiendo que recibió en su despacho al embajador de Estados Unidos, Marc R. Stanley. Además de informar que conversaron de distintos temas de interés común (lavado de dinero, trata de personas y derechos humanos), precisó que "le solicité la colaboración de su país con el proyecto de ley que presentaron hoy los senadores del Frente de Todos para crear un Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI, con recursos recuperados en el exterior del lavado y la evasión".
Reunir en el mismo día la divulgación del proyecto de senadores y un inédito encuentro entre Cristina Fernández de Kirchner con un embajador de Estados Unidos resulta una jugada política virtuosa que permitiría ordenar el debate al interior de la coalición de gobierno acerca del vínculo con el FMI.
Hubo una comunicación vía tuit de la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, diciendo que "el Gobierno nacional valora la iniciativa del Bloque de Senadores del Frente de Todos que impulsa la creación de un aporte especial de emergencia para quienes tengan bienes en el exterior no declarados".
Alberto Fernández tiene la oportunidad de dar más densidad a esa declaración formal para que el acuerdo con el FMI no sea sólo refinanciar una deuda impagable heredada del gobierno de Macri, y pueda convertirse en una épica de gestión y, fundamentalmente, permita avanzar en la búsqueda de equidad económica, social y tributaria para identificar quiénes deben pagarla.
Las 10 claves del proyecto
En ese sentido, en los considerandos del proyecto de ley se apunta "la profunda injusticia distributiva que resultaría, si se repitiese lo que hasta ahora se ha realizado con la deuda externa argentina: la toman unos pocos, se beneficia una minoría y la pagamos todos los argentinos".
Los principales puntos de la iniciativa impulsada por cinco senadores y senadoras (Oscar Parrilli, José Mayans, Anabel Fernández Sagasti, Juliana di Tullio, Claudio Doñate) para luego sumar otras veintidós firmas son los siguientes:
- El fondo tendrá por objetivo la cancelación de la deuda contraída con el FMI.
- Será constituido en dólares porque el aporte deberá realizarse en dólares.
- Durará hasta la cancelación total de la deuda con el FMI o hasta el plazo que fije el Poder Ejecutivo.
- La recaudación será con un aporte especial de emergencia (20 por ciento si se efectúa en los primeros seis meses luego de aprobada la ley, para después ubicarse en 35 por ciento) que se aplicará a activos en el exterior no declarados.
- Existen beneficios en la magnitud de la alícuota y en las multas si la persona con bienes no declarados se compromete a no realizar ningún reclamo por el aporte.
- El Ministerio de Economía deberá solicitar la colaboración del FMI para esta tarea.
- Se establece la figura de "colaborador" (personas, bancos, agentes de bolsa) cuyo objetivo será cooperar con la AFIP en la detección o localización de bienes ocultos o no declarados, maniobras de evasión fiscal y/o de lavado de activos.
- El monto para acreditar la "colaboración" es a partir de 15 millones de pesos por tributos evadidos, suma que tendrá un índice de actualización a determinar.
- El premio será de hasta el 30 por ciento del monto recaudado.
- Se impondrá prisión de uno a seis años al colaborador que aporte información falsa.
¿Qué piensa el Fondo Monetario?
Leandro Renou publicó en PáginaI12 que el FMI y otros organismos internacionales promueven la captura del dinero evadido y ocultado en guaridas fiscales. Mencionó el artículo "Sacar a la luz. Con el dinero fuera de las sombras, mejora la gobernanza", publicado en la revista del FMI, en septiembre de 2019.
El autor es David Lipton, número dos del FMI cuando el organismo entregó el insólito, político y desproporcionado préstamo al gobierno de Mauricio Macri. Hoy es mano derecha de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen.
Lipton dice: "La cara oculta de la economía mundial: 7 billones de dólares. Esta cifra, equivalente al 8 por ciento del PIB mundial, representa el monto estimado que se esconde en centros financieros offshore, gran parte del cual probablemente proceda de actividades ilícitas".
Para agregar que "estas cifras encienden una luz que deja ver los rincones ocultos de la economía mundial, el dinero que escapa al alcance de los recaudadores de impuestos, reguladores y organismos de orden público".
Lipton afirma que "es dinero perdido que podría utilizarse para mejorar la vida de la gente" y que "el FMI quiere cambiar la situación. Hemos trabajado en estrecha colaboración con autoridades nacionales, organismos multilaterales y el sector privado durante casi dos décadas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo".
¿El FMI colaborará?
La propuesta de CFK va en ese mismo sentido y, por ese motivo, reclama que el Gobierno incorpore al FMI, en el marco de una negociación que será permanente, en la tarea de detectar el dinero fugado en 2018 y 2019, monto casi equivalente a los 44.500 millones de dólares que entregó el organismo a la administración Macri.
Esos capitales son los inmediatos a investigar, pero el monto total estimado colocado en el exterior, declarado y no declarado, suma de unos 250 mil a 400 mil millones, según diferentes estimaciones.
En el artículo 26 del proyecto de ley se encomienda al Ministerio de Economía a solicitar la colaboración del FMI, según las facultades estipuladas en su estatuto y reglamento, a:
- Asistir en las políticas nacionales e internacionales contra la evasión fiscal, el lavado de activos, financiamiento del terrorismo, narcotráfico, corrupción y otros delitos.
- Cooperar con el país proporcionando información de acuerdo a las evaluaciones o análisis que desarrollen.
- Trabajar conjuntamente con Argentina para intercambiar información fiscal y bancaria, tanto a nivel nacional como internacional.
- Profundizar su colaboración con la OCDE, el Banco Mundial y las Naciones Unidas.
- Involucrarse en la detección de operaciones ilegales que desvíen capitales a guaridas fiscales, evadiendo las cargas tributarias y violando los lineamientos fijados por la OCDE de lucha contra la erosión de la base impositiva y traslado de beneficios.
Qué es la figura del "colaborador"
La iniciativa de los senadores del FdT de crear la figura del "colaborador" del fisco no es una rareza a nivel internacional. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Colombia, Chile, Ecuador y España poseen marcos normativos que definen la función del "colaborador" para detectar evasión y/o elusión en el pago de impuestos.
El proyecto de ley considera colaborador a cualquier individuo, sea persona humana o jurídica, residente en el país o en el extranjero, actuando en forma personal o conjuntamente, que proporcione información relacionada con la violación de leyes impositivas y el lavado de activos. Pueden ser colaboradores de la AFIP, para descubrir esos dólares y otros activos no declarados, bancos, compañías financieras, sociedades de ahorro, nacionales e internacionales, públicas o privadas, sociedades y agentes de bolsa y de cambio.
El colaborador deberá estar a disposición para declarar ante instancia administrativa o judicial, y la participación será estrictamente confidencial y no podrá ser difundida. El incumplimiento de esta pauta por parte del "colaborador" implicará responsabilidad penal y civil, además perderá la posibilidad de reclamar el premio.
La información y documentación podrá aportarse tanto en soporte físico como digital, ya sean libros y documentación contable, títulos, balances, correos electrónicos, recibos y registros bancarios o financieros.
El monto del premio (hasta el 30 por ciento de lo recaudado) estará sujeto al grado de la importancia de la información proporcionada y a la celeridad en la obtención del beneficio fiscal. En caso de intervenir dos o más colaboradores la retribución se realizará en partes iguales, y tendrán protección y reserva de identidad de cada uno y de sus respectivos entornos familiares o societarios.
Si aporta información falsa tendrá una pena de prisión de uno a seis años, y seis meses a dos años si difunde, divulga o da a conocer información relativa al proceso de colaboración.
¿Cómo funciona el "colaborador" en Estados Unidos?
La administración tributaria estadounidense (Internal Revenue Service) cuenta con un programa de denunciantes (Whistleblower Program) desde 1867. El programa sirve "para detectar y llevar a juicio y castigo a las personas culpables de violar las leyes de impuestos internos o de conspirar para ello", según postula el IRS.
En 2006, ese régimen fue fortalecido con la Ley de Alivio Fiscal y Asistencia Sanitaria (Tax Relief and Health Care Act) que estableció que las compensaciones a los denunciantes dejarían de ser discrecionales y pasarían a ser obligatorias.
Se creó además la Oficina de Denuncias (Whistleblower Office) dentro del IRS para administrarlo. Procesa las denuncias recibidas, analiza la información presentada y decide sobre la adjudicación de las recompensas para el denunciante.
Si la información provista por el denunciante contribuye sustancialmente a una acción administrativa o judicial que permite la recaudación de ingresos, el IRS paga una recompensa de al menos 15 por ciento, pero no más del 30 por ciento, de los ingresos recaudados.
Las recompensas sólo pueden concederse una vez que se ha tomado una decisión definitiva en relación a la acción iniciada, por lo que no se pueden pagar hasta que el contribuyente haya agotado todos sus derechos de apelación y ya no pueda presentar una solicitud de reembolso o tratar de recuperar los fondos del IRS.
De acuerdo al Reporte Anual 2020, desde 2007 la Oficina de Denuncias ha concedido recompensas por más de 1010 millones de dólares basadas en la recaudación de 6140 millones de dólares. En el año fiscal 2020, el IRS recibió 593 denuncias vinculadas a recompensas y otorgó 169 recompensas, por un total de 86.619.032 dólares. Dicho importe representa el 18,3 por ciento del total recaudado.
Además Estados Unidos cuenta con un programa similar para los casos que involucran lavado de activos o financiación del terrorismo.
¿Se pueden capturar capitales no declarados para pagarle al FMI?
En los considerandos del proyecto de ley se enfatiza que no se trata de un blanqueo porque "el interés principal de la propuesta es recaudar fondos para el pago de la deuda tomada irresponsablemente por el gobierno macrista a efectos de facilitar la fuga de capitales".
Se insiste en que no es un mecanismo de seducción para que se blanqueen fondos no declarados porque "no existe una opción a un blanqueo y que el contribuyente adquiera la postura de esperar a ver qué grado de éxito o fracaso tiene la medida". Además de los dólares para pagar al FMI, el contribuyente tendrá que hacerse cargo del resto de los impuestos evadidos.
El objetivo es capturar los fondos ocultos no declarados con la colaboración del propio FMI y de otros organismos internacionales e incluso de los propios países en donde existan convenios de intercambio de información inmediato con Argentina.
Se precisa que "la mayoría de los argentinos -el 79 por ciento- eligió como guarida fiscal las Islas Vírgenes Británicas, mientras que el resto se decidió por centros offshore como Belice y Panamá".
En esta instancia aparece el interrogante sobre cómo detectar capitales que no están declarados. El primer paso es manifestar voluntad política de querer ir a buscar esos capitales, aspecto que quedó en evidencia que no la tuvo la AFIP de Macri.
Luego del inmenso blanqueo de esos años, que sumó poco más de 110 mil millones de dólares, anotando así la exteriorización de fondos no declarados más importante del mundo, superando la de Italia con 102 mil millones, la AFIP de Macri se cruzó de brazos.
Las áreas especializadas en la fiscalización internacional fueron congeladas y no incorporaron herramientas tecnológicas que permitieran estudiar la información en forma sistémica. En esos años la AFIP recibió muchísimos datos de los convenios de intercambio de información con otros países y no hizo nada con ese material.
¿Qué se puede hacer?
En el gobierno de Alberto Fernández, la AFIP bajo la conducción de Mercedes Marcó del Pont reactivó el funcionamiento de esas áreas. De este modo, con información sobre cuentas financieras de argentinos en el exterior le permitió a la AFIP recaudar más de 766 millones de pesos.
Los datos utilizados por el organismo para cobrar impuestos evadidos de empresas e individuos vinieron de más de 90 países que comparten con Argentina sus registros en forma automática como parte de un mecanismo global de intercambio de información sobre colocaciones bancarias.
En 2020 la AFIP comenzó a analizar y procesar las bases de datos sobre cuentas de argentinos en el exterior correspondientes a 2016 y 2017, información que la AFIP de Macri no activó.
Después de analizar más de 3600 casos referidos a esos años, las distintas áreas del organismo identificaron irregularidades en 577 que permitieron recaudar esos 766 millones de pesos en impuestos evadidos. Todavía existen unos 1600 casos en proceso de fiscalización.
Ahora se abrirá la investigación correspondiente a 2018 y 2019, precisamente los años de la fuga de capitales con los dólares del FMI. Son paquetes enormes de información recibida de más de 100 jurisdicciones sobre unas 600.000 cuentas financieras de argentinos en el exterior.
La evaluación de esos datos será clave para detectar el monto del capital fugado no declarado en ese período cuando tuvo participación relevante el crédito del Fondo Monetario.
Será el primer paso para empezar a constituir el fondo para pagarle al Fondo y dar respuesta al principal interrogante planteado en el proyecto de Cristina: "¿Por qué la carga del endeudamiento externo no habría de recaer sobre quienes más se han beneficiado de procesos de endeudamiento?"
Una parada de riesgo con el Círculo Rojo
Cómo juega cada sector del establishment en la guerra contra los precios
El Gobierno, con el sindicalismo de aliado, busca que los Ceos se comprometan a moderar expectativas. Pulseada dificil: parte del campo ya decidió su oposición y tractorazos, las alimenticias presionan y los industriales, rehenes de la energía para crecer, son aliados circunstanciales. La cohesión política del Frente de Todos, a prueba en un tema caliente.
Con un piso de inflación que hoy es superior al 50 por ciento, el Gobierno salió esta semana a poner el ancho de espadas en la primera mano: armó dos reuniones para lograr aval político del sindicalismo y del sector privado para bajar la tensión en los precios de manera drástica, y se firmó un documento en el cual los sectores se comprometieron a recomponer el salario.
Con la política por encima de las medidas, el Ejecutivo que conduce Alberto Fernández admitió que el problema es serio y ordenó a todo el Gabinete Económico a centrarse en ese tema casi de manera excluyente. "Hablamos de cómo bajar la inflación hasta cuando vamos a buscar el café", sintetizó una alta fuente oficial para resaltar la idea del Presidente.
Pero lo que en los papeles se vislumbra como un intento ordenador, será una pulseada diaria con sectores del poder económico que se paran de manera diferente ante el reclamo de colaborar para salir del atolladero. Hoy, el escenario muestra niveles de apoyo relativos, con el campo primario tensionando y muy intervenido por la política partidaria, la industria obligada a acordar para no ceder crecimiento y las alimenticias que, en las últimas dos semanas, volvieron a amenazar con aumentos luego de la tregua post remarcaciones preventivas.
Asimismo, este contexto es un desafío para la interna oficial del Frente de Todos, que lo obliga a cohesionar para no fracasar en una aventura que, como se verá, es de alto riesgo.
Con las convocatorias (una el lunes último en el gremio de Sanidad y la otra el jueves en el Ministerio de Economía), que en primera instancia tuvieron como centro a los Ceos de la Unión Industrial Argentina (UIA) y a la mesa chica de la CGT, el Gobierno busca cerrar filas detrás del compromiso de moderar las remarcaciones y cerrar paritarias en consecuencia a esa moderación de precios, para no adelantar inflación futura.
Pero la lógica de articulación política oficial sorprendió a los privados, dado que los obligó a mostrar las cartas y quedar expuestos en sus intereses de participar, ayudar, o bajarse. Esos gestos empezarán a verse en los próximos días de manera más marcada, porque para el Gobierno es imperioso resolver lo urgente de la escalada de precios no más allá de los próximos quince días.
Góndolas incorregibles
Dos semanas atrás, el presidente Alberto Fernández anunció la guerra contra la inflación y una de las primeras acciones fue detectar y retrotraer aumentos preventivos de las alimenticias en los supermercados, con un promedio de 9, y picos de alzas de más de 30 por ciento.
La calma duró poco y ese sector vuelve a estar inquieto y ansioso por recomponer precios. Según confirmó Página I12, los proveedores ya avisaron que la idea es aumentar un 8 por ciento parejo todos los meses, y los más audaces cortaron entregas para no vender a los precios acordados, sin los aumentos. Nadie en el sector comercial general comprende esa dinámica, con las paritarias sin definir, sin aplicar el aumento de naftas, tarifas congeladas y poco costo externo.
No es la generalidad de los casos, pero mirando se percibe lo complejo de la tensión de ordenar las góndolas con política. Los más decididos a exponer las subas son los almaceneros y chinos, golpeados por listas muy por encima de lo permitido.
En la reunión que se hizo en Hacienda el jueves último, se sentaron los ministros de Economía, Martín Guzmán, de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Trabajo, Claudio Moroni. Con Héctor Daer, de CGT y Daniel Funes de Rioja, de la Unión Industrial (UIA). Funes fue en carácter de titular de la UIA, pero es la vez el presidente de la Coordinadora de Productores de Alimentos (Copal), que reúne a los mayores fabricantes.
Los pesos pesado del aumento de los alimentos
Esa situación es un problema para la articulación: el Gobierno lo quiere como negociador industrial, pero las fábricas de alimentos no quieren que nadie responda por ellos en esas reuniones. Buscan definir su política de precios por empresa y mano a mano.
Son los pesos pesado que apuntalaron las remarcaciones, entre ellos Mastellone y Molinos Río de la Plata, expuestos en público por el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, que no sólo los mira fijo a ellos sino también a los grandes supermercados. Es el ariete de las sanciones posibles, que no se descartan.
"Los balances de las empresas en general son históricos, hace tiempo son muy buenos en todos los rubros", contó a este diario un Ceo que maneja información y mira los números. Observan que, medido en dólares oficiales, los que las empresas usan para transacciones, "hubo importantes incrementos en las ganancias". Un dato extra, los gigantes como Molinos y Arcor, que habían tenido en la era Macri balances en rojo por primera vez desde la crisis del 2001, volvieron a tener ganancias nada despreciables.
Con esa premisa es que algunos pusieron sobre la mesa la posibilidad de establecer un bono para trabajadores privados, por única vez, como paso previo a la paritaria. En el Gobierno aseguran que el Estado no tiene hoy una herramienta para forzarlo y que se cumpla, y cuenta con una fuerte oposición de la UIA, por ahora el único actor en esas mesas, que se ampliarán a otros rubros, como el comercio y la economía del conocimiento en el próximo encuentro, el martes 5 de abril.
Industria aliada y campo en la ruta
Más allá de las diferencias y resistencias de los sectores industriales, las fábricas muestran un crecimiento fuerte que les permite superar ya los niveles de la era Macri, y por eso articulan con el Gobierno. Buscan energía y hacen planes para distribuir el gas durante el invierno para que no se frene una mejora sustancial.
Según supo este diario, hay 100 grandes empresas que preparan un detalle de cómo se podrían "prestar energía" alternando cuando una para y la otra arranca a producir. Ese informe será elevado al Gobierno en los próximos días. Mientras tanto, se esperan para esta semana novedades de la importación, que podría ser mayor desde Bolivia y otros países de la región.
Pero el escenario de la comprensión del problema en la industria es radicalmente opuesto en el campo. En los chats Gurú Agro y Gurú Ganadero, donde conviven productores de todo el país con políticos del PRO y mucha preponderancia del negocio de la pampa húmeda, se cocina un tractorazo a Buenos Aires para mayo.
La idea es expresar malestar por la suba de retenciones que, en realidad, fueron dos puntos sobre la agroindustria (a la harina y aceite de soja), pero el campo primario encontró allí un punto para apurar el conflicto en un momento ultra delicado. Alguno, que luego fue repudiado, escribió y se preguntó si mientras hay un desboque de los precios y una ingerencia muy fuerte de la guerra en Ucrania en los alimentos, "conviene salir a protestar por estos puntitos extra". Pocas respuestas y mucha crítica a ese mensaje.
La Mesa de Enlace, la gremial empresaria que tiene representación formal, quedó además jaqueada por los ultras del agro que juegan con Cambiemos. Por fuera de las instituciones, las bases avanzaron con un sistema de asambleas que terminará con un mandato para tomar medidas. Esas reuniones están intervenidas por cuadros de los halcones de Juntos, un territorio que, por ideología ajena e incapacidad propia, el peronismo no logra volver a pisar con éxito.
Mientras tanto, Sociedad Rural, Coninagro, Federación Agraria y Confederaciones Rurales visitan seguido el Congreso para hacer lobby por la baja de impuestos y no agitan tanto la guerra a los dos puntos de retenciones que se subieron para financiar un fideicomiso de regulación del precio doméstico del trigo en medio de la guerra. De todos modos, serán arrasadas por la dinámica del conflicto y ya meditan en hacer pública una posición favorable en esa línea.
Estas situaciones no son menores: el campo y sus derivados son un actor de fuerte relevancia en el precio de los alimentos, que en el último mes dio señales confusas y negativas. Dos ejemplos que lo grafican son la rebelión de los frigoríficos exportadores de ABC, que ni bien olieron debilidad en el Gobierno, quitaron de las góndolas los cortes de carne a precio popular. Y debieron ser obligados a reponerlos a riesgo de sanciones. Y el segundo caso, el de los molineros, que ocultaron trigo en plena suba del precio internacional en Chicago, una situación que fue puesta de manifiesto por las asociaciones de panaderos.
Las expectativas del gobierno para la evolución de precios en abril
Inflación: El plan económico y la teoría del desinfle
Para el Gobierno, el corazón de la articulación política para bajar la inflación pasa por lograr, mediante la cohesión política interna y el pacto con sectores, un anclaje de las expectativas para que, pasado el mes de marzo, la inflación comience a confluir en valores mensuales más cercanos al 3 por ciento.
Fuentes de la Casa Rosada que charlaron con Página I12 confiaron que las reuniones irán siendo, también, una especie de road show del plan económico y las perspectivas de corto plazo para con los precios, con el ministro de Economía, Martín Guzmán, en el eje. "Lo que tratamos de hacer es contar y dar certezas", aseguran en el Gobierno luego de las dos primeras reuniones. Y citan el ejemplo de cómo se está trabajando sin secretos con el tema de la administración de faltantes de gas para el invierno.
La teoría oficial del desinfle de los precios apunta que, a partir de este mes de abril, con la presión sobre el dólar reducida luego de la firma del acuerdo con el Fondo Monetario (FMI), el frente interno menos belicoso y el compromiso empresario de alinear salarios y precios, "se correrá el ruido actual en la inflación". Los más positivos creen que, incluso, aminorará o se estabilizara el impacto de la guerra en Ucrania sobre los alimentos.
Los sectores agroindustriales, que se la pasan mirando esos números, lo avalan. No esperan "más picos" de precios internacionales este mes, y apuestan a que el trigo empezará a "pegar la curva descendente". El Gobierno, actualmente, subsidia a todo precio por encima de los 25 mil pesos, pero esos valores ya pasaron de 39 mil a 33 mil y cayendo, una señal de ordenamiento.
¿Por qué pasó eso? Fuentes del sector explicaron a este diario que empezó a verse que el trigo de Ucrania y Rusia es un problema, pero que hay otras ofertas: India salió fuerte a vender y los Estados Unidos mostraron que tienen reservas importantes que están dispuestas a salir de los galpones. Argentina, de hecho, ya tiene comprometidas entre 12 y 13 millones de toneladas para el año que viene. Lo que sigue siendo un problema que el Gobierno debe mirar es el aceite de girasol, dado que el 70 por ciento de la oferta del mercado está en zona de guerra.
En paralelo, en el Gobierno se piensan medidas para los productos frescos, los que más pegan en los indicadores de INDEC y en marzo volverá a verse. Habrá, en breve, detalles de la canasta de precios fijos que se trabaja con el Mercado Central. Será una medida micro que irá a la par de mayores controles a Precios Cuidados y la canasta de cercanía, pero bajo el paraguas de un ordenamiento de la macroeconomía que, admiten en el Gobierno, será la clave del éxito o fracaso de la política anti inflacionaria.
Fuente:Pagina12
No hay comentarios:
Publicar un comentario