Gobierno y Amsafé vuelven a sentarse a la mesa paritaria
Nuevo intento por destrabar el conflicto docente
Hasta ayer la Casa Gris defendió la oferta salarial y quiere recuperar los días de paro. Los maestros pretenden una mejora del aumento y la devolución de los descuentos.
El gobierno provincial y Amsafé se volverán a sentar hoy en la mesa de negociaciones para intentar destrabar un conflicto que no ha parado de escalar, sobre todo después que se aplicara el descuento a los docentes públicos por los días de paro, medida que fue criticada este domingo por el Movimiento Evita y legisladores peronistas. En ese marco, desde las 11, el gremio docente marchará en Rosario hacia Plaza San Martín, frente a la sede de Gobernación, con el apoyo de ATE Rosario y desobligará a los trabajadores de 10 a 15 por lo cual se verá reducida la jornada escolar en algunas escuelas de la ciudad.
El Ejecutivo santafesino y el gremio de los docentes públicos llegan a la reunión de hoy con posturas claras y definidas que parecen estar demasiado contrapuestas como para lograr un acuerdo inmediato. La convocatoria fue confirmada para las 10 en la sede del Ministerio de Trabajo de la capital provincial por el titular de esa cartera, Juan Manuel Pusineri, quien encabeza la negociación junto con la ministra de Educación, Adriana Cantero. Para acompañar y apoyar el reclamo docente, la departamental local de Amsafé decidió convocar a una marcha bajo el lema “Basta de autoritarismo”. A través de un comunicado expresaron: “Acá no hay negociación paritaria, acá hay autoritarismo y violencia fuera de toda legalidad”.
En contacto con Rosario/12, Pusineri adelantó que “en términos generales tenemos la mejor predisposición para que podamos resolver el tema en un marco de diálogo y colaboración” pero pidió “tener una mirada que vea la integralidad de las cuestiones que estamos considerando”. En ese sentido, el ministro destacó que “lo más importante es la educación, las clases de los alumnos, la posibilidad de que puedan tener una instancia de recuperación de los días en que no las tuvieron” por lo que quieren llegar a un entendimiento con los docentes.
“Hoy hay un único gremio en toda la provincia que no arribó a un acuerdo. Eso está indicando que la razonabilidad pasa por trabajar en sentido positivo. También queremos que todos los trabajadores representados por ese sindicato puedan cobrar los aumentos y el sueldo íntegro. Para eso necesitamos que prime el sentido común que pasa por fortalecer la voluntad de conciliar”. Al mismo tiempo, defendió el ofrecimiento realizado por el gobierno: “La inflación siempre influye en la discusión salarial, para ello acordamos aumentos ahora y revisión antes que finalice el año. Ese esquema de aceptación por parte de todos los gremios es lo que por un principio de buena fe en la negociación, inhabilita introducir modificaciones”. Esto va en sintonía con lo esgrimido por el gobernador Perotti días atrás cuando aseguró que la propuesta no solo es “buena" sino que además es "de las mejores del país”.
Por su parte, el secretario general de Amsafé Rosario, Juan Pablo Casiello, manifestó a este medio que apuestan a que el gobierno mejore la oferta y que defina rápidamente cómo va a reintegrar el dinero de los descuentos realizados a los docentes por las jornadas de protesta. “La medida fue una barbaridad, en algunos casos los descuentos fueron del 80% del salario de contado”, el representante gremial se refirió así a la decisión del gobierno provincial de liquidar los sueldos de los docentes públicos santafesinos correspondientes a septiembre con los anunciados descuentos por los días de paro llevados a cabo por Amsafé luego de que el gremio no aceptara la oferta salarial ofrecida por la provincia. “En la docencia de toda la provincia hay mucho malestar por estos descuentos absolutamente arbitrarios y cómo en los hechos el gobierno rompió la paritaria disponiendo aumentos para algunos gremios y para otros no, lo cual es absolutamente contrario a la ley”, criticó Casiello.
Al encontrarse los docentes con los recibos de sueldos con altísimos descuentos, desde sectores del propio peronismo santafesino salieron a cuestionar la medida, rechazando la actitud de la gestión de Omar Perotti para con los docentes. En ese sentido, el Movimiento Evita de Santa Fe emitió un duro comunicado rechazando “totalmente” la actitud asumida por el gobierno provincial de descontar del salario de los docentes los días del paro, entendiendo que “el derecho a la huelga no sólo está establecido en la Constitución sino que es la herramienta de lucha que tienen las y los trabajadores para expresar su disconformidad”. Además, consideraron la medida como “una extorsión para domesticar a las y los trabajadores”. De la misma manera, el diputado provincial Luis Rubeo expresó su rechazo a la medida escribiendo en redes sociales: “Un gobernador peronista no haría semejante barbaridad”. Lo mismo hizo su colega Lucila de Ponti, quien manifestó que “cercenar el salario de los docentes no es el camino para alcanzar un acuerdo”.
Cabello
Alta demanda para un curso de formación de promotores
Con perspectiva de reducción de daños
Silvia Inchaurraga, de Arda, destaca los 1500 inscriptos "en tiempos que se naturaliza el encierro". Las clases inician hoy.
Con una altísima demanda, que obligó a adelantar el cierre de la inscripción unos días antes de lo previsto y a pensar en una próxima convocatoria, la Asociación Argentina de Reducción de Daños (Arda) comenzará hoy a dictar el primer curso abierto, gratuito y on line de promotores de reducción de daños. Pioneros en el abordaje de la temática, cuando en la década del 90 irrumpieron con una inédita campaña en Rosario en la que repartían equipos de inyección en los barrios, dado que la prevalencia de contagio VIH era por el uso de drogas inyectables, ahora hacen punta con una propuesta de formación que, según resaltaron, la ven como una muestra del impulso que va adquiriendo la reducción de daños como movimiento para cambiar las políticas de drogas. "En estos tiempos es más que necesario contribuir a dar algunas herramientas que están en la vereda opuesta de la lógica tutelar, de la idea del encierro, para que personas de distintos lugares del país puedan identificar problemas en su cotidianeidad y también acercar proyectos y propuestas de trabajo que contribuyan a impulsar estas herramientas", dijo a Rosario/12 la secretaria General de Arda, Silvia Inchaurraga.
Cerca de 1500 personas se inscribieron en el primer curso de promotores de reducción de daños, cuyas clases on line se dictarán cada lunes de 19.30 a 21, desde hoy hasta el 14 de noviembre. Además de Inchaurraga, participan como docentes del curso organizado por Arda -que cuenta con el apoyo de la UNR, UBA y la iniciativa internacional Acompañe, No Castigue- el presidente de la asociación, Gustavo Zbuczynski, que hablará sobre las distintas lógicas de intervención, el médico anestesiólogo Matías Lanfranco que dará los aspectos fármaco-químicos de las drogas en clave reducción de daños, el abogado Juan Sempé, el licenciado Carlos Herbón que disertará sobre la Ley de Salud Mental, y la licenciada Andrea Celentano, quien fue coordinadora de los proyectos de Arda. Completan el staff de docentes Emiliano Ubal Dahl, Azul Martínez, Josefina Copes, Lucía Latimori y Patricio Lidle.
"A mediados de los 90 considerábamos importante no sólo formar equipos en general, sino también a usuarios de drogas como agentes de salud. En ese sentido, les dimos la palabra a ellos que, a partir de su formación como promotores, pudieron identificar zonas y problemáticas de intervención sobre las cuales diseñamos materiales nuevos", recordó Inchaurraga, quien también dirige el Centro de Estudios Avanzados en Drogadependencia y Sida de la UNR (Ceads).
"En estos tiempos, donde estamos viendo que se ha naturalizado un abordaje bastante distante de la reducción de daños, e incluso cuando se habla de perspectivas de cuidado se lo piensa desde una lógica más tutelar que de reducción de daños, pensamos que debería instalarse una lógica para cuidarnos de los que nos cuidan, o para acompañar a los usuarios de drogas en este cuidado frente a lógicas tutelares que supuestamente los cuidan y terminan vulnerando derechos y maximizando daños", planteó la especialista.
Inchaurraga resaltó como ejemplo la granja de rehabilitación bonaerense La razón de vivir, recientemente clausurada: "Esto visibilizó algo que ya sabemos, que el encierro no cura. Vimos el mismo escándalo o peor que el que habíamos tenido en los 90 cuando decían que incentivábamos a que la gente se inyecte cuando dábamos el kit de inyección. Pero como estaba la prevención del VIH Sida fue un poco más tolerado el abordaje porque había un mal mayor sobre el cual intervenir".
"Ahora, cuando se habla de consumos en general, y en particular cuando hablamos de nuestros programas de reducción de daños en fiestas electrónicas, en recitales de rock, cuando vemos el escándalo que causó el folleto en Morón que decía 'si vas a fumar, mejor flores y no prensado', de alguna manera nos retrotrajo a una causa que tuvimos en Mendoza en el año 2000 por un folleto nuestro de reducción de daños y marihuana que hablaba de pipas de agua y vaporizadores para reducir el daño pulmonar. El eje es el mismo, el consumo recreativo es muy resistido por la sociedad y por todos los responsables de las políticas públicas hegemónicas", agregó la especialista.
Consultada por la gran demanda que generó la convocatoria al primer curso abierto de promotores de reducción de daños, Inchaurraga señaló: "Si bien siempre lo pensamos como una propuesta no demasiado ambiciosa, en el sentido que lo pensamos como un curso introductorio, no dirigido a perfeccionamiento de profesionales ni habilitante de ninguna práctica, sino para ofrecer algunas herramientas a personas sensibilizadas por esta problemática, estudiantes de psicología y medicina, abriéndoles la posibilidad de poder involucrarse con prácticas en terreno y también para abordar situaciones de urgencia ante una eventual sobredosis o desmayos".
Según la secretaria general de Arda, "la idea es que de acá pueda salir un semillero de idea en el que podamos contribuir, en este caso desde la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, el Ceads-UNR y la iniciativa internacional Acompañe, No Castigue". Ante la altísima demanda y el interés que generó el curso, Inchaurraga adelantó que habrá ediciones similares y una segunda etapa que "permita una continuidad y una profundidad mayor en relación a los seguimientos de problemáticas particulares de las personas que se anotan a partir de determinadas inquietudes, con iniciativas superadores en cuanto a la complejidad de contenido y de compromiso".
Referencia en 120 artículos de primera necesidad
Renovaron Precios Santafesinos
La Secretaría de Comercio Interior y Servicios de la provincia inició una nueva etapa del programa provincial Precios Santafesinos, que permite tener una referencia en 120 artículos de primera necesidad, que ya se encuentran disponibles en 275 bocas de venta distribuidas en 50 localidades de todo el territorio santafesino.
La iniciativa alcanza nueve rubros esenciales, entre ellos: almacén, bebidas, lácteos, limpieza y aseo personal; fiambres y refrigerados; carnes y embutidos; productos sin TACC; frutas, verduras y panificados. Además, tanto los precios como los locales adheridos se pueden consultar a través de la siguiente página web.
El secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Marcos Aviano, precisó que “seguimos apostando a esta herramienta provincial que, en este nuevo tramo, se extenderá por los próximos 60 días. Además es propio resaltar que con la incorporación de kioscos y almacenes en Rosario, estamos superando las 250 bocas de ventas en todo el territorio provincial".
Para finalizar, Aviano destacó que “la canasta de productos arrojó un incremento en el orden del 8% en relación a los precios fijados a fines de julio. El promedio fue tomando los últimos días de septiembre que fue otro mes con incrementos en varios productos, y otros que están en stock como las carnes, el pollo, no así el huevo y los aceites. Por ello seguimos apostando a un programa de estás características”.
Nuevo freno a la ley de humedales
"Los intereses son claros"
La postergación, ahora sin fecha, del tratamiento en comisiones del proyecto de ley de humedales en el Congreso de la Nación sigue generando repercusiones en la provincia. La diputada provincial del GEN Mónica Peralta dijo que “hace casi tres años que venimos sufriendo las consecuencias de los incendios forestales producidos en los humedales del Delta del Paraná, por lo tanto han tenido bastante tiempo, tanto el Gobierno nacional, los gobernadores y las legisladoras y legisladores de todos los partidos para debatir los aspectos de los proyectos que están presentados”.
“Cuando todo parecía estar acordado y se incorporaron propuestas de distintos sectores agropecuarios y políticos que plantearon reformas al proyecto, logrando así el consenso necesario, nos encontramos con declaraciones de legisladores oficialistas y de la oposición justificando la suspensión de la reunión plenaria prevista”, cuestionó la legisladora.
“Lo cierto es que mientras los gobernadores del Norte Grande que frenaron el tratamiento de la ley están de gira por Washington con el ministro Manzur, los humedales del Delta del Paraná se siguen prendiendo fuego; en los humedales del norte argentino se sigue proyectando o provocando el extractivismo desmedido, y quienes dicen tener jurisdicción sobre sus recursos naturales -como lo establece la Constitución-, creen que tienen la libertad para disponer de esos recursos por sobre la salud humana y la biodiversidad”.
Para la diputada, “están claros los intereses que representan quienes hoy obstaculizan el tratamiento de la ley. Los gobernadores se niegan a que se trate un proyecto de ley que establece la conformación de un inventario de humedales, y se oponen a una ley que les solicita los estudios de impacto ambiental a la hora de desarrollar alguna actividad productiva, a pesar de las leyes propias que rigen en cada provincia”.
Fuente:Rosario12
A río revuelto
La excursión de pesca del fiscal Hernández tuvo pique en la causa deliberadamente llamada “espionaje ilegal”. Ventilan audios privados sin vínculo con el caso. Scaglione, el querellante difusor. Legisladores atormentados con cuentas pendientes.
Diez meses después de los allanamientos sin testigo a las sedes santafesina y rosarina del Ministerio de Seguridad provincial –y a más de un año de iniciado el legajo penal–, el fiscal Ezequiel Hernández parece haber tenido pique: la “excursión de pesca” en la que se embarcó en noviembre de 2021 en la –deliberadamente– llamada investigación por “espionaje ilegal” le permitió capturar la semana pasada audios telefónicos que uno de los querellantes admitidos en la causa, el empresario Gustavo Scaglione, publica en calibrada y meditada cuentagotas a través de algunos de los medios de comunicación de su propiedad, que conforman el más grande multimedios que haya operado en la región. Como fue hasta ahora, la nueva difusión de elementos parciales del expediente tiene por objetivo construir en la opinión pública la teoría de la existencia de una KGB santafesina, aunque carezca de robustez probatoria. Lo importante es que todo el mundo lo piense, no que necesariamente sea cierto. Lo novedoso en el caso lo constituye que el objeto del deseo ya no es sólo el ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, extirpado de la provincia por el elenco estable de poder con el que confrontó, sino el gobernador Omar Perotti y su hombre de máxima confianza, el diputado nacional Roberto Mirabella.
Un juez y un fiscal federal y un magistrado provincial ya dijeron, por escrito, que no existe violación a la ley de Inteligencia, pero el tema sigue siendo presentado de ese modo tanto por las empresas periodísticas cuanto por el opositor-querellante Maximiliano Pullaro, aspirante a la Gobernación. Al inicio de la investigación el radical habló de la existencia de “miles” de carpetas, mientras el PRO santafesino se mimetizó con las acciones menos confesables de su líder y en un comunicado denunció “escuchas ilegales”: ni unas ni otras existieron.
Como reveló El Eslabón a fines de agosto, en la misma investigación que lleva adelante el fiscal Hernández una testigo de identidad reservada entregó un disco rígido externo para incriminar a un ex funcionario del equipo que acompañó a Sain en la cartera de Seguridad, pero al peritarlo los especialistas del MPA encontraron archivos eliminados –que pudieron recuperar– en los que había “perfilamientos” patrimoniales realizados al secretario general de UPCN, Jorge Molina, y a parte de su entorno, durante la gestión de Pullaro en Seguridad.
Como la causa está motivada en intereses políticos con fines disciplinarios y no en el descubrimiento de la verdad jurídica, ese hallazgo casi no tuvo trascendencia.
Para los medios de Scaglione eso no es algo “escandaloso” como los audios privados del ex ministro.
Atormentados
Los audios que “pescó” Hernández en los teléfonos de los colaboradores de Sain, y que distribuyen a modo de “filtraciones” los medios de Scaglione, no prueban por sí mismos delito alguno si no se los coteja con otras evidencias que permitan comprobar en forma indudable que esos dichos se transformaron en hechos que transgredieron el Código Penal o alguna otra norma.
Es decir, no se tortura por audio de Whatsapp, o por el mero hecho de jetonear sobre una detenida por infracción al aislamiento social preventivo y obligatorio (Aspo) a la que se dejará sin agua ni alimentos, hidratada con su propio llanto.
Hasta el momento no se conoce denuncia sobre ese hecho ni la identidad de la posible víctima aludida en el audio “filtrado” de Sain, lo cual no equivale a que no exista. Su difusión, que provocó sensibilidad, revela la intencionalidad política: el audio no posee ninguna relación con el objeto procesal de la causa, que es la investigación acerca de la existencia de una presunta asociación ilícita que recolectó desde el Estado informaciones en forma ilegal.
En una entrevista radial con la periodista Cynthia García, Sain recordó que “fuimos muy duros con el cuidado de la cuarentena en Santa Fe. A la policía santafesina la aplaudían en la calle”. Y puntualizó que los publicados “son audios entre el equipo, sacados de contexto. Nunca tuvimos un sólo reproche durante la cuarentena”.
En su cuenta de Twitter continuó el descargo: “Dejé correr esta ridiculez hasta acá con la esperanza que desistieran de convertir esta estupidez en un hecho político y mediático. ¿Puede llegar el ridículo político y mediático a tomar como un hecho cierto un chiste privado en una conversación reservada que es descontextualizada con maldad e intención de dañar al adversario?”.
Varios medios hablaron de aplicación de tormentos, a partir del audio. El senador radical del departamento General López, Lisandro Enrico, quien impulsó la destitución de Sain del Organismo de Investigaciones (OI) y largamente enfrentado al ex funcionario, exhibió su sensibilidad al respecto. Dijo sentir “estupor al escuchar a este hombre, que casi cuenta como que somete a tortura a una mujer”.
Pullaro se mostró muy preocupado también por el hecho de que “el gobierno de Santa Fe torture a una persona porque supuestamente violó la cuarentena”. La presunción de inocencia contenida en el uso del “supuestamente” no está situada antes de “torture” sino de la violación a la Aspo.
Al presentar el último informe del Registro Provincial de Violencia Institucional, la titular del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, Jaquelina Balangione, señaló que desde el año 2017 hasta el 2021 se registraron un total de 3.101 víctimas de violencia institucional en Santa Fe.
“Estas, a su vez, comunicaron y en algunos casos denunciaron un total de 5.601 malos tratos, torturas, abusos y otras afectaciones a los derechos humanos”, precisó. La mayor parte de las denuncias, que representan una ínfima cantidad de los casos realmente existentes, refieren a golpes de puño, patadas y cachetazos de las fuerzas de seguridad o de personal del servicio penitenciario, pero también las hay de ahorcamiento y submarino seco.
No es habitual escuchar a Pullaro o a Enrico –ni a la mayoría de la dirigencia política– conmiserarse por esos hechos cotidianos ocurridos en comisarías y unidades penitenciarias, pobladas de integrantes del último peldaño social. Hay torturas que causan “estupor” y otras que se naturalizan.
Si efectivamente los alerta la aplicación de tormentos, tienen la oportunidad de repudiar la prisión domiciliaria otorgada al represor de la última dictadura, Daniel Amelong, condenado en cuatro causas por ese delito y devuelto a su domicilio.
Comunicaciones privadas
Tras la primera tanda de “filtraciones” de audios el viernes 16 a través de Canal 3, propiedad de Scaglione, Sain se quejó: “Ayer llegaron los teléfonos desde Brasil secuestrados a mis compañeros del Ministerio de Seguridad el 26 de noviembre y hoy difunden estos audios privados”, dijo en Twitter. “Y están cometiendo delitos porque son audios privados extraídos de los teléfonos de mis compadres ajenos a la causa en curso”, abundó.
Vale preguntarse cuál es el valor, en términos de la causa judicial por presunta recolección irregular de información por parte del Estado que instruye el fiscal Hernández, de la difusión del audio de la señora detenida por violar el Aspo. Ninguno. Pero el daño político es incalculable. Lo mismo cabe para el que refiere al jefe de Los Monos, Guille Cantero, y las balaceras.
El docente y criminólogo Enrique Font expresó en la misma red social: “¡Qué joyita La Capital (por el diario cuya mayoría accionaria también está en manos de Scaglione)! Publica audios privados, sin ninguna relevancia para la causa (que es sobre inteligencia ilegal y coso) y que tendrían que haber sido destruidos en lugar de haber sido «filtrados». Y la nota nada dice sobre esto”.
Agregó que “la nota va más allá al afirmar a partir de un audio, que nada tiene que ver con el objeto de la investigación, que «debería ser claramente objeto de análisis de la justicia». O sea, va en línea con lo que hicieron los fiscales correligionarios: una excursión de pesca ilegal”.
Font sostuvo que “peor aún, la nota tiene un claro tono cuasi extorsivo cuando afirma sobre los audios ilegalmente filtrados que «son los primeros que trascienden, pero hay muchos más»”. Scaglione hizo saber por Canal 3 que atesora en su poder 3 terabytes de audios, mientras ocultó los perfilamientos patrimoniales realizados durante la gestión de Pullaro a Molina, el jefe de UPCN, y que están en la misma causa.
El propio fiscal Hernández se refirió al tema de la ausencia de vínculo entre el objeto procesal de la causa y las comunicaciones privadas.
Dijo que “todas esas comunicaciones privadas carecen de relevancia alguna para los hechos que son objeto de esta investigación, siendo su filtración y conocimiento público de una enorme gravedad institucional, además de una grave vulneración de derechos y garantías constitucionales”.
Pero no lo dijo en relación a este caso, sino en la causa en la que fue investigado el entonces ministro Pullaro a partir de escuchas telefónicas que había solicitado un fiscal y dispuesto un juez sobre su teléfono celular, en relación a presuntas irregularidades en un concurso de ascenso policial, que no eran tales.
Hernández archivó ese legajo en enero de 2019 y sostuvo lo que indica el párrafo anterior. Pullaro también vio vulnerada entonces su privacidad con la difusión de charlas particulares que nada tenían que ver con el objeto de la investigación. Pero lo que ayer era denigrante hoy puede ser aceptable.
Aquellas escuchas mostraron la familiaridad de trato del entonces ministro de Seguridad con el jefe de los fiscales provinciales, Jorge Baclini, y con el titular de la Fiscalía Regional I, Carlos Arietti. Se quejaba ante el primero porque le había pedido al segundo que demorara la detención de un policía hasta después de las elecciones de 2017, con el fin de mitigar los posibles efectos del escándalo en el electorado. Pero algo falló y el comisario fue arrestado antes.
Pullaro se embroncó: “(la fiscal) No le avisa a Arietti, va y detiene. Arietti a mí me había dicho que lo hacían después de las elecciones”.
Baclini y Arietti son los impulsores de la causa por “espionaje ilegal” que está en manos de Hernández. Los fiscales que pidieron las escuchas del teléfono de Pullaro fueron imputados y degradados en sus funciones dentro del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que tiene su propia Siberia.
Para arriba
Uno de los audios seleccionados para su difusión involucró al gobernador Perotti y otro al diputado nacional Mirabella. “Recién tuve una larga charla con el gobernador, acordamos ir en nuestros términos perfilando a Nahuel Caputto. Quiere ir contra él, quiere ir fuerte en San Lorenzo. Pero particularmente contra Nahuel Caputto y una empresa que es la constructora del socialismo, con la que sigue financiando el grueso de la prensa”, dijo Sain a sus colaboradores.
¿Qué significa “en nuestros términos”? ¿Hay una empresa constructora “del socialismo” que “financia el grueso de la prensa”? ¿Perotti pidió investigar ilegalmente a Caputto, accionista mayoritario del diario El Litoral y el grupo mediático construido en base a esa empresa? ¿Se presumía la comisión de un delito por parte del empresario o se trató de persecución?
Las respuestas a esos interrogantes deberían surgir de una investigación judicial seria y objetiva que vincule ese audio a otras evidencias, que lo confirmen o lo desechen.
Ante la gravedad del asunto, el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, salió en defensa del gobernador, algo confundido, tal vez mal dateado.
En un hilo de tuits planteó que “en Santa Fe hay una causa en la que se investigan supuestas escuchas ilegales pero que no tiene imputados, lleva 2 años y por la que se han diseminado audios que no sirven para otra cosa que no sea especular políticamente y ensuciar la discusión pública en nuestra provincia”.
Ni Pullaro denuncia las “supuestas escuchas ilegales” de las que habla Corach, ni la causa lleva dos años.
Sigue el ministro: “Es imperioso que esos audios, irrelevantes para la causa de la cual surgen y filtrados en función de intereses particulares, dejen de ser materia comentativa para quienes tienen ambiciones, pocos escrúpulos y les sobra el tiempo”, en clara referencia al ex progresista Pullaro.
Luego recordó que “muchos que hoy se desviven por solidarizarse y hacer declaraciones ampulosas sobre los valores democráticos deberían recordar que son parte del espacio político que hizo de las escuchas ilegales una práctica descontrolada que incluyó escuchar a los familiares de una tragedia”. Ejem.
La respuesta de Corach apuntó a los dichos del radical evolutivo en Juntos por el Cambio, quien había asegurado en declaraciones a Cadena 3 Rosario: “Yo creo que el jefe de esta organización criminal es el gobernador de la provincia de Santa Fe y el diputado nacional Roberto Mirabella, y espero que pueda quedar expuestos en las audiencias cuando los fiscales de una vez por todas decidan imputar en esta megacausa”.
La referencia a Mirabella se desprende de otro audio seleccionado para su difusión pública y de archivos con información –encontrados en los teléfonos secuestrados a los colaboradores de Sain, durante un allanamiento sin testigos– sobre el juicio oral en el que fue condenado a 10 años de prisión por narcotráfico el comisario Alejandro Druetta, mano derecha de Pullaro durante su gestión en Seguridad.
La información sobre las escuchas del caso y los datos de la causa se ventilaron en el juicio oral y público. De hecho, este medio las publicó. No eran “filtraciones”.
Pero lo que provocó la airada respuesta opositora fue un audio en el que Sain dice: “Tenemos que resolver lo de Druetta. Yo tengo que cumplir un mandato político, que es que le pasemos todo lo que tenemos a este tipo para que le haga una denuncia penal a coso”. “Este tipo” sería el dirigente radical Eugenio Malaponte, y “coso” sería Pullaro.
Sigue Sain en la conversación con su colaboradora, Nadia Schujman: “Yo no soy el abogado penalista ni tenés que ser vos abogada penalista de Malaponte, porque es una cuestión política, no penal”. Y convocó, aparentemente, a “una reunión para que pongamos blanco sobre negro de esto porque me lo pidió Mirabella”.
El diputado nacional rechazó tal cosa en Twitter, al comentar un tuit de Pullaro: “Nunca le pedí a Sain información sobre Druetta. Ahora, hay que tener la cara de amianto para decir que el caso Druetta es una operación política. Ese policía lo nombraste vos y era tu mano derecha”.
Y agregó: “Alejandro Druetta está condenado por narcotraficante y su condena confirmada por la Cámara de Casación. Es culpable; no es una operación”.
Pullaro retrucó en una entrevista: “Estos delincuentes estaban gastando todos los recursos del Ministerio de Seguridad en seguir a empresarios, sindicalistas, a periodistas, la verdad que eso me avergüenza y me duele”.
Su encono se vuelve más comprensible si se trae a la memoria que en agosto de 2020 fue denunciado por el presunto uso de un millón de pesos de gastos reservados de la cartera de Seguridad para solventar la defensa de cinco acusados por la desaparición forzada seguida de muerte del joven Franco Casco, cuyo cuerpo apareció flotando en el río Paraná luego de haber sido detenido en la seccional 7ma de Rosario. La denuncia la presentó Sain con el patrocinio letrado de Schujman. Se entiende.
Fuente:ElEslabon
Repercusiones locales
Pese a no ganar en primera vuelta como pronosticaban varios sondeos, Luis Inácio Lula Da Silva superó por más de 5 puntos al actual mandatario, Jair Bolsonaro. “La esperanza en el continente se escribe con L”, indicaron gremios de Rosario, y expresaron su optimismo de cara al balotaje.
El ex presidente y líder del Partido de los Trabajadores (PT) se impuso este domingo en la primera vuelta en Brasil por cinco puntos porcentuales sobre el actual mandatario, el ultraderechista Jair Bolsonaro. Pero la victoria no alcanzó el piso necesario para evitar el balotaje del 30 de octubre.
Si bien el ex sindicalista metalúrgico y su espacio no lograron el objetivo de imponerse en la primera vuelta (con el 99,51 por ciento de los sufragios contados, el PT obtenía el 48,31 por ciento y Bolsonaro el 43,30 por ciento, según datos del Tribunal Superior Electoral), los gremios locales se mostraron confiados en un triunfo en la segunda vuelta. “La esperanza en el continente se escribe con L”, remarcaron desde las 62 Organizaciones Peronistas de Rosario, al felicitar a Lula “por esta gran elección”.
El Sindicato de Cadetes de Rosario coincidió en que “fue una gran elección de parte de Lula, a pesar de que las encuestas le daban para ganar en primera vuelta”. El titular del gremio, Nicolás Martinez, apuntó: “Esto nos abre a un debate mucho más profundo para entender el fenómeno del avance del neo facismo en las sociedades latinoamericanas con un discurso cada vez más radicalizado y violento”.
Haciendo un paralelismo con las elecciones en Argentina del año próximo, el dirigente gremial indicó que “el gobierno argentino tiene que aprender la lección, sobre que es indispensable modificar la condición distributiva y los ingresos de los trabajadores y trabajadoras, y realizar cambios estructurales que impacten de manera directa en la calidad de vida de los argentinos”.
Por su parte, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Correo de Rosario, Walter Palombi, expresó que la de Lula “fue una muy buena elección que lo deja bien posicionado para la próxima”, la del 30 de octubre. “Evidentemente había un voto vergüenza para Bolsonaro, que no lo captaron las encuestas, pero así y todo gran elección de Lula con 5 millones de votos de diferencia”, resaltó.
Por último, la titular del Sindicato de Trabajadores Estatales (Norte), Claudia Indiviglia, afirmó que “fue una muy buena elección del compañero Lula y estamos confiados de su triunfo en segunda vuelta, lo que abre una esperanza para el pueblo brasilero y para toda latinoamérica”.
Fuente:RedaccionRosario
Santa Fe tuvo casi la cuarta parte de femicidios del país en el año
En lo que va del 2022 se produjeron 211 femicidios y siete transfemicidios según el registro de Casa del Encuentro, y casi la cuarta parte (22,47%) de estos sucedieron en la bota santafesina.
Desde el 1° de enero al 30 de septiembre de 2022, se produjeron 211 femicidios, 7 trans/travesticidios y 13 femicidios vinculados de varones, según un nuevo informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” que dirige La Casa del Encuentro.
La provincia de mayor cantidad fue Buenos Aires, que asciende a 70 femicidios, y segunda le sigue Santa Fe con 49, un número que es el 22,47 por ciento del total de famicidios del país. Le sigue muy por debajo Córdoba con 16, Salta y Mendoza con 11, Santiago del Estero y Chaco con 8, Entre Ríos, Misiones y Jujuy con 5, Formosa y Río Negro 4, La Pampa y CABA con 3, Corrientes, San Luis, Catamarca, La Rioja, Tierra del Fuego, Tucumán, Santa Cruz con 2, Chubut y San Juan con 1, mientras que en Neuquén.
Los datos más relevantes son que 241 hijas/hijos quedaron sin madre, el 70% son menores de edad y el 54% de los agresores eran parejas o exparejas. El lugar más inseguro para una mujer en situación de violencia continúa siendo su vivienda o la vivienda compartida con el agresor (59 % fueron asesinadas en su hogar).
En total se contabilizaron 211 femicidios vinculados de mujeres y niñas, siete trans-travesticidios, y por eso el total es de 218, y fueron 13 femicidios vinculados de varones.
En torno al vínculo con el femicida, 74 víctimas eran parejas, 36 ex parejas, 24 conocidos o vecinos y 14 otro familiar. Fueron asesinados en ese marco de femicidio 11 hijos, cuatro padres, y 55 personas sin vínculo aparente.
Producto de estos femicidios hubo un total de víctimas colaterales de 241 hijos. De estos 169 hijas o hijos menores, 48 adultas/os y 24 sin datos de edad.
Del tota de femicidios, 80 fueron en la vivienda víctima, 40 en vivienda compartida, 15 en otra vivienda y seis en la casa del femicida. En la vía pública fueron 26, 14 en un descampado, seis en un camino o ruta, seis en ottos predios, cuatro en el lugar de trabajo, cuatro en un automóvil, dos en un río o canal, dos en un hospital, uno en un hotel, uno en un pozo, uno en comisaría.
La Provincia pone sobre la mesa de negociación los días descontados
El gobierno no se mueve de la cifra ofrecida que redondeará el 77% en el año. Sí está dispuesto a analizar una devolución de las jornadas que no pagaron por no haber dado clases.
Este lunes la Provincia y Amsafe retoman la reunión para destrabar el conflicto docente que arrastra dos meses. El gobierno no se mueve del porcentaje ofrecido pero dijo estar dispuesto a rever los días descontados de 11 días de paro.
“A todos los docentes les propusimos un modo de recuperación de los servicios no prestados y a cambio de esto, la devolución del importe de los días no trabajados. Ya que los docentes deben estar en las escuelas hasta el 30 de diciembre, (se podría) dar clases efectivas hasta el 23”, sostuvo la ministra de Educación provincial, Adriana Cantero como forma de recuperar los días de clase.
El gobierno les descontó a los docentes los 11 días de huelga a diferencia de los estatales, médicos, otros profesionales de la salud y docentes de escuelas privadas que, al aceptar el ofrecimiento, no sufrieron los descuentos.
La negociación no se presenta sencilla debido a que la Provincia anunció en reiteradas oportunidades que no habrá una mejora en el ofrecimiento y en los últimos días los docentes expresaron un profundo malestar por los descuentos sufridos.
Al maestro de grado se le descontaron hasta 40 mil pesos, a los directores unos 60 mil y para quienes tienen dos cargos llegó a los 80 mil pesos. El secretario general de la Amsafé, Rodrigo Alonso, consideró que "no se puede castigar a los trabajadores y trabajadoras por luchar, por exigir lo que es justo", y anticipó que el gremio va a "discutir fuertemente en el ámbito paritario y no va a aceptar un solo centavo de descuento por luchar".
Fuente:RosarioPlus
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