Autoridades peruanas acusan de
corrupción a exministro de Defensa
Resumen Latinoamericano, 27 de diciembre de 2022.
La Fiscalía de Perú allanó viviendas del exministro de Defensa Walter Ayala por presuntos ascensos irregulares en las fuerzas de seguridad en 2021.
La Fiscalía de Perú allanó el lunes la oficina y vivienda del exministro de Defensa Walter Ayala, quien ejerció el cargo durante el gobierno de Pedro Castillo (2021-2022), y de un grupo de generales de la Policía Nacional investigados por presuntos ascensos irregulares en las fuerzas de seguridad en 2021.
El operativo inició en horas de la madrugada –por disposición del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de Lima– en la oficina del extitular de Defensa.
Según informes, Ayala permitió el ingreso del personal a cargo de la diligencia. En el lugar se incautaron elementos como una laptop, documentos y una copia espejo de su computadora personal.
De acuerdo con el propio exfuncionario, el caso se remonta a mediados de septiembre de 2021. En ese sentido, cuestionó el allanamiento a su domicilio y oficinas un año y medio después.
“A mí se me investiga por unos supuestos ascensos ocurridos entre septiembre y octubre de 2021. ¿En año y medio qué van a encontrar? Esta diligencia es innecesaria. ¿Y cuál es la prueba? No encontraron nada”, declaró a los medios de comunicación.
La crisis peruana se irradia por toda
la región
Por Daniel Kersffeld, Resumen Latinoamericano, 27 de diciembre de 2022.
La represión aumenta en Perú a medida que la actual presidenta Dina Boluarte cierra filas con el centro y la derecha para consolidar su débil gobierno. De hecho, el flamante nombramiento como Jefe de Gabinete a Alberto Otárola, hasta ayer Ministro de Defensa, da una señal directa de la dirección asumida por un gobierno, que ha optado por fortalecerse reclinándose cada vez más en las Fuerzas Armadas.
No son pocos quienes, frente a un escenario de crisis que parece incontenible, juegan con todo tipo de especulaciones sobre las posibilidades reales de supervivencia de un gobierno de transición de estas características.
Lo cierto es que en caso de que Boluarte no pueda cumplir su mandato, quien debería asumir el mando es el actual presidente del Congreso, José Willliams, un militar retirado que entre 2005 y 2006 fue jefe del Comando Conjunto de las FF.AA. Fue acusado por corrupción y también procesado, y absuelto por la masacre de Accomarca de 1985.
Frente al actual escenario de alta inestabilidad, el acortamiento del mandato hasta julio de 2024, con elecciones generales en abril, sin duda ayuda a Boluarte y descomprime parte de las tensiones. Pero quienes mayores beneficios obtienen por la nueva medida aprobada por el Congreso, serán los partidos y candidatos de la derecha, que ya comienzan a prepararse ante una contienda todavía distante.
Debido a las características asumidas por esta crisis, a las condiciones de salida del ex presidente Pedro Castillo y a la masacre de casi una treintena de manifestantes en todo el país, el impacto internacional y regional se ha revelado como uno de los rasgos clave de este proceso.
Frente a quienes suponen que le queda poco tiempo en el gobierno, la presidenta tiene un apoyo fundamental: el de Antony Blinken, secretario de Estado de Joe Biden. En una comunicación el 16 de diciembre, el diplomático no sólo respaldó a la presidenta, sino que pidió a los diferentes actores políticos de Perú que realicen todos sus esfuerzos para hacer “las reformas necesarias” con el objetivo último de salvaguardar la estabilidad democrática del país.
Boluarte también ostenta el apoyo de la Secretaría General de la OEA, que desde un inicio se manifestó a favor del cambio presidencial y, en su declaración de apoyo, manifestó “la imperiosa necesidad de recomponer la senda democrática”. Al mismo tiempo, resulta notorio que la crisis en Perú ha debilitado y fraccionado una incipiente unidad regional que, en términos concretos, nunca terminó de ofrecer un respaldo efectivo al ex presidente.
Uno de los primeros actos fue cuando, luego de algunos cambios de posiciones, los gobiernos de México, Colombia, Bolivia y Argentina expresaron su preocupación por el “tratamiento judicial” que se le estaba brindando a Castillo una vez despuesto, y pidieron priorizar “la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas”. La respuesta de Boluarte no se hizo esperar: no sólo negó cualquier posibilidad de renuncia, sino que citó a los embajadores de los países que se habían pronunciado para manifestarles en persona su disconformidad.
En términos prácticos, hoy Pedro Castillo todavía mantiene un diálogo preferencial con Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro. Si con el primero analizó la posibilidad de que al menos su familia pudiera exiliarse en México, el segundo se presenta como su principal vocero en términos internacionales y de violación a sus propios derechos.
El gobernante colombiano no sólo insistió sobre la situación procesal del presidente depuesto, señalando la responsabilidad de las autoridades judiciales de Perú y de organismos internacionales, sino que encaró la política de no reconocimiento hacia el mandato de Dina Boluarte.
Los gobiernos de otros países de la región también se manifestaron en torno a la crisis en Perú, manteniendo tonos y sentidos diferenciados en sus propias intervenciones. Nicolás Maduro acusó a las “élites oligárquicas” de impedir gobernar a Castillo, al punto de llevarlo al extremo de querer clausurar el Congreso. El gobierno chileno expresó el deseo de que el actual conflicto se resuelva “a través de mecanismos democráticos y el respeto al Estado de derecho”.
Por otro lado, subsiste una excesiva confianza en el cambio de gobierno que ocurrirá en Brasil el próximo 1° de enero de 2023. Si Lula da Silva pretende hacer prevalecer los intereses de su nación a nivel sudamericano una vez que asuma el gobierno, deberá enfrentar una insospechada crisis con un país con el que había encarado una redituable sociedad económica hace más de una década, cuando la construcción de un eje comercial entre el Pacífico y el Atlántico parecía una alternativa válida.
Sin embargo, ya Lula adelantó algunas pistas de cómo enfrentaría esta situación. Por una parte, lamentó la crisis generada en Perú ya que involucra, de manera directa, a un presidente elegido democráticamente. Al mismo tiempo, asumió que no había mucho más que hacer ya que el traumático reemplazo de Castillo por Boluarte por mediación parlamentaria, “caminó dentro de los moldes constitucionales”.
La internacionalización del conflicto tendió a profundizarse con la reciente medida adoptada por la cancillería peruana, que aceptó otorgar el salvoconducto para que la familia del presidente depuesto pueda viajar a México. Pero al mismo tiempo, declaró “persona no grata” al embajador mexicano Pablo Monroy y se le conminó a abandonar Perú en un máximo de 72 horas.
Las reiteradas expresiones del gobierno de López Obrador a favor de Castillo, consideradas como “violatorias del principio de no intervención”, subyacen en la decisión de Boluarte. Se produjo así un quiebre en las relaciones entre ambos países, si bien la presidencia mexicana se manifestó a favor de continuar con el diálogo.
Mientras Dina Boluarte reencausó los tradicionales vínculos con Washington, la actual crisis en Perú reveló que en la región no existe una interpretación unívoca en torno a la salida de Pedro Castillo de la Presidencia, así como tampoco se produjeron similares llamados a condenar con énfasis la política represiva asumida por el gobierno.
En tanto todavía no se produjeron pronunciamientos claros por parte de la CELAC y otras instancias regionales, los debates sobre la tan necesaria integración sudamericana y/o latinoamericana abiertos con el triunfo de Lula en Brasil, quedarán postergados para el futuro, seguramente, para momentos más promisorios y escenarios más confortables.
La trama golpista
Por Carlos Fazio /La Jornada /Resumen Latinoamericano, 27 de diciembre de 2022.
Un golpismo rampante que siempre contó con el aval de Estados Unidos.
Desde el 7 de diciembre pasado se ha venido consolidando en Perú una dictadura de tipo militar-parlamentaria, que usa como fachada “institucional” a la ex vicepresidenta Dina Boluarte, quien traicionó al derrocado mandatario Pedro Castillo convirtiéndose en rehén del ejército, el fujimorismo y la racista y clasista oligarquía limeña al servicio de las grandes corporaciones extractivistas internacionales. Un golpismo rampante que siempre contó con el aval de Estados Unidos.
En conexión con el generalato, el principal operador de la trama golpista en el Parlamento fue su actual presidente, el general retirado José Williams Zapata, exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú y representante de la agrupación conservadora Avanza País, que durante la segunda vuelta de las elecciones de 2021 apoyó a la ultraderechista Keiko Fujimori, contra su contrincante, Pedro Castillo, quien resultó electo.
Como muchos miembros del Congreso peruano, la hoja de vida de José Williams Zapata exhibe su lado represivo y corrupto. Según la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones de Perú, en 2006, cuando aún era presidente del Comando Conjunto del Ejército, Williams fue acusado por enriquecimiento ilícito en agravio del Estado y le retuvieron cinco cuentas bancarias. En 2021 fue acusado de encubrimiento en la masacre de Accomarca (1985), donde fueron asesinados de 69 comuneros. Asimismo, y de acuerdo la División Antidrogas de la Policía Nacional (Divandro), la Administración de Control de Drogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés) y WikiLeaks, cuando el general José Williams Zapata fue jefe de la Región Militar Norte de Piura (de 2004 a 2005), se vinculó con el cártel de Tijuana, fundado en Baja California, México, por los hermanos Arellano Félix en los años 80.
Según Wayka.pe, en 2010, cuando WikiLeaks filtró documentos diplomáticos secretos de la embajada de EE.UU. en Lima, Williams, entonces jefe de la región militar en Piura, tenía nexos con colaboradores de la organización criminal mexicana. El 12 de marzo de 2009, el embajador de EE.UU. en Lima, Michael McKinley, envió un cable secreto al Departamento de Estado donde advertía que Williams Zapata estaba presuntamente vinculado con el excapitán Jonathan Huacac Torrico (identificado por la Divandro como colaborador del cártel de Tijuana), y había sido visto reunido con capos mexicanos en el Casino Militar de esa región castrense.
Con ese palmarés, Williams Zapata habría sido uno de los principales articuladores del plan golpista desde el Congreso contra Castillo, en coordinación con el alto mando militar peruano y la embajadora de EE.UU. en Lima, Lisa Kenna, una exagente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), quien se apoyó en el agregado castrense de esa misión diplomática, Mariano Alvarado, oficial de operaciones del Grupo de Asistencia y Asesoramiento Militar del Pentágono (MAAG), quien mantiene estrecho contacto con los generales peruanos.
Según fuentes ligadas con jerarcas de corporaciones trasnacionales en Lima, la trama golpista habría sido urdida desde septiembre pasado como parte de una sofisticada operación de inteligencia. Como el Congreso no contaba con los votos necesarios para vacarlo (destituirlo), le hicieron creer al presidente Castillo que contaba con el apoyo de las fuerzas armadas y la policía y lo indujeron a disolver el Parlamento (para que rompiera adrede el orden constitucional). Para eso fraguaron encuestas (que sólo le enseñaron a él) y le hicieron creer que tenía más de 40 por ciento de apoyo popular y el Congreso sólo ocho por ciento, por lo que iba a ser muy fácil tumbarlo y sería aclamado por la multitud.
Además del ejército y la policía, el plan involucraba a la fiscalía de la nación, la contraloría, ministros, congresistas y a la vicepresidenta Boluarte. Después de que el presidente leyó su mensaje a la nación disolviendo la Cámara e instaurando un “gobierno de excepción”, varios ministros renunciaron en serie. Entonces, Castillo buscó el apoyo de las fuerzas armadas mediante sus edecanes militares y no obtuvo respuesta. Ahí se dio cuenta de que le habían tendido una celada, pero ya era tarde. Incluso, la seguridad del Estado lo retuvo en palacio mientras esperaban la votación del Congreso para desaforarlo. Entonces le dijeron que estaba acordado un supuesto plan B: que buscara asilo en la embajada de México. Ya entonces uno de los complotados había gestionado el asilo diplomático de Castillo en la misión mexicana. Pero instantes después de que el Congreso declaró la vacancia presidencial acusándolo de presunta rebelión, Castillo fue detenido por un comando SWAT de la policía nacional. Lo llevaron a la contraloría y de inmediato apareció la fiscal de la nación, mientras Boluarte esperaba en su casa para ser llamada a asumir como presidenta de la república.
El único que no estuvo en la trama golpista fue el comandante general del ejército, Walter Córdova, quien según el periódico La República, el 5 de diciembre había sido presionado por el titular del Parlamento, José Williams, para que dejara el cargo porque había “graves denuncias” en su contra que afectaban la “institucionalidad” del Ejército. Otra versión señala que el comando conjunto del ejército le intimó: “Te alineas o renuncias”. Asimismo, la víspera del golpe, la embajadora de EE.UU., Lisa Kenna, se reunió con el ministro de Defensa, Gustavo Bobbio, y éste, al igual que Córdova, presentó su renuncia el 7 de diciembre. Según el diario limeño, la última llamada telefónica que tomó Castillo antes de abandonar el palacio presidencial, provino de la embajada de EE.UU.. El 7, Kenna envió un tuit de denuncia contra la medida de Castillo de disolver el Congreso, y desde Washington, haciendo uso de la añeja mitología gringa sobre la democracia representativa, el secretario de Estado, Antony Blinken, bendijo el golpe.
La larga mano de EE.UU. también está detrás del nombramiento del nuevo jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, el coronel retirado Juan Carlos Liendo O’Connor, exoficial de enlace en el Comando Sur del Pentágono estrechamente ligado con la dictadura de Alberto Fujimori y su alter ego, Vladimiro Montesinos, ambos presos por delitos de lesa humanidad. Liendo garantiza la represión y militarización en curso en Perú.
Alistan reinicio de protestas sociales tras pausa
Resumen Latinoamericano, 27 de diciembre de 2022
Organizaciones sociales de diversas regiones peruanas preparan hoy la reactivación de las protestas que remecieron buena parte del país y que no cesaron del todo, pese a una tácita tregua por las fiestas de fin de año.
Con el fin de volver a protestar en los primeros días de enero, frentes regionales, sindicatos, agrupaciones vecinales y otros sectores desarrollan asambleas sobre todo en las zonas en las que fueron más intensas las demostraciones de descontento por el cambio de gobierno y otras demandas.
Las reuniones se realizan en las regiones andinas de Ayacucho -donde hubo más muertos, con 10 de las 26 vidas perdidas-, Andahuaylas y Huancavelica, según fuentes de prensa regionales y apuntan a reanudar las manifestaciones en enero próximo.
Por otro lado, organizaciones sociales de la región sureña de Arequipa, bastión de los bloqueos de carreteras de semanas anteriores, barajan la posibilidad de volver a la lucha la próxima semana.
Mientras tanto, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte -sucesora del destituido Pedro Castillo- insiste en sus declaraciones en pos de diálogo y busca intermediaciones atender demandas regionales y atenuar el clima de protesta.
En ese empeño, el ministro de Justicia, José Tello, anunció que el Gobierno otorgará “un apoyo solidario económico para los familiares” de los fallecidos, en su mayoría abatidos durante las operaciones militares y policiales contra las protestas.
Tello aseguró que esa especie de indemnización, manejada por un panel con participación de instancias no gubernamentales, no excluye la pesquisa de las responsabilidades por las muertes.
Según la versión oficial, las tropas solo actuaron defensivamente y ante actos de violencia y vandalismo de elementos que calificó como terroristas que aprovechaban las protestas, aunque hay testimonios y pruebas forenses de muertos baleados por la espalda y a distancia.
Un discurso diferente al de Tello dio el congresista Diego Bazán, del partido de derecha extrema Avanza País, al cual también pertenece el presidente del Congreso, José Williams, quien apoya a Boluarte.
Según Bazán, la Policía y las Fuerzas Armadas deben continuar con “la mano dura” e intensificar operaciones contra la violencia.
Las demostraciones se redujeron notablemente por las festividades de fin de año, pero algunas persistieron y continúan, sobre todo en la región surandina de Puno.
En ese territorio se mantienen bloqueados varios puntos de la carretera que conecta con Bolivia, lo que ha obligado a los viajeros a pasar de un país a otro surcando el lago Titicaca que comparten ambos países.
Además, el municipio puneño de Ilave las comunidades indígenas aymaras se mantiene en huelga general y bloquean el paso terrestre hacia y desde el territorio boliviano.
Un recuento de la Defensoría del Pueblo reportó hoy un plantón en el distrito de Pichari, de la región de Cusco y convocatorias a manifestaciones en La Libertad, Apurímac y Lima.
FUENTE: Prensa Latina
La rebelión popular continúa exigiendo
que se vaya Boluarte y el Congreso
golpista /Comunidades aimaras de
Puno en paro indefinido /Regionales
del sur se sumarán
Por Wilber Huacasi. Resumen Latinoamericano, 27 de diciembre de 2022..
Las comunidades aimaras de Ilave, en Puno, volvieron a bloquear las vías, en rechazo al Congreso y piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.
Organizaciones sociales consultadas de Ayacucho, Huancavelica y Andahuaylas (Apurímac) informaron que se encuentran en reuniones para tomar una decisión sobre la posibilidad de retomar las movilizaciones y protestas en rechazo al Congreso de la República y a la presidenta Dina Boluarte, desde los primeros días de enero.
En tanto, desde el Ejecutivo anunciaron para este martes la instalación de una comisión multisectorial para analizar la opción de otorgar reparaciones económicas o un apoyo solidario a las familiares de los fallecidos en el contexto de las protestas y la represión estatal.
Reuniones claves
Este martes deliberaron las organizaciones sociales de Huancavelica para analizar la coyuntura y la decisión adoptada en el Congreso sobre mantenerse en sus cargos hasta julio del 2024. En función a los puntos de vista de los representantes, se tomará una decisión.
En Ayacucho ya hubo un acuerdo previo para reiniciar las marchas y protestas el 4 de enero del 2023. Sin embargo, según informaron, la decisión tendrá que ser ratificada en una próxima asamblea. En esta región, varios dirigentes han optado por mantener sus identidades bajo reserva, ante la eventualidad de posibles represalias judiciales o militares.
En Andahuaylas hay también un acuerdo preliminar de reiniciar las protestas el 3 de enero próximo.
En Huancavelica, Ayacucho y Andahuaylas, la represión policial y militar que cobró vidas humanas es una variable que analizan las organizaciones.
Por otro lado, algunas organizaciones sociales de Arequipa se mantienen en reuniones de coordinación, a fin de definir el eventual reinicio de las protestas desde la próxima semana.
En tanto, en el norte, en La Libertad, organizaciones y artistas convocaron para hoy a un plantón, en rechazo a los actos de represión policial y militar que ocasionaron la muerte de jóvenes y adolescentes.
Paro en Ilave
En Ilave (Puno), las comunidades aimaras acatan un paro indefinido y las vías principales el lunes estuvieron bloqueadas. Los manifestantes no descartaron recibir año nuevo en plena paralización.
En las movilizaciones se constató una mayor presencia de mujeres. Varias expresaron su rechazo a la presidenta Dina Boluarte y al Congreso. Un sector anunció viajar a Lima para apoyar las protestas y en las arengas insistieron en que las muertes de las represiones no deben quedar impunes.
En tanto, en La Convención (Cusco), el comité de lucha expresó su respaldo a un paro indefinido, en protesta contra Dina Boluarte y la exigencia de nuevas elecciones generales.
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