Perotti dijo que el de la inseguridad es "el problema más difícil"
"Cada uno debe hacer la parte que le toca"
En el balance de tres años de gestión el gobernador dijo que la inseguridad "no es la gran deuda del gobierno, es la tarea más difícil" porque es estructural.
Desde Santa Fe
Omar Perotti admitió ayer que la crisis de inseguridad en la provincia, sobre todo en la ciudad de Rosario, “no es la gran deuda” de su mandato, sino “la tarea más difícil de llevar adelante”, no sólo en su gobierno, sino el que seguirá en 2023 y en los próximos. “La seguridad es un problema estructural de Santa Fe, viene desde hace muchos años, no se resuelve de la noche a la mañana”, por lo tanto, “cada uno tendrá que hacer la parte que le toca”, apuntó.
El gobernador repasó ayer –en diálogos con emisoras locales- los tres años de su gestión, dijo que 2022 fue el mejor, pero cuando focalizó el tema de la seguridad compartió la autocrítica. Aún así, enfatizó que la inversión en el Ministerio de Seguridad en equipamiento y tecnología fue “histórica”: 8.200 millones de pesos en “logística operativa y tecnológica”, que significó la compra de 1.430 nuevos vehículos para la Policía de Santa Fe y el Servicio Penitenciario, 81 vehículos no identificables para investigaciones, 20 drones, 8.700 armas, 15.000 chalecos balísticos y refuncionalización del centro de emergencias 911, entre otras cosas.
“La seguridad no es la gran deuda que nos queda”, aceptó Perotti. “Es la tarea más difícil de llevar adelante por este gobernador y por los que vienen. Es un tema estructural en la provincia, que viene desde hace años y que no se resuelve de la noche a la mañana. Cada uno tiene que ir haciendo la parte que le toca”.
El otro eje que planteó Perotti es la cantidad de efectivos en la Policía de Santa Fe. “Logramos revertir un proceso donde se iban más policías de los que ingresaban a la fuerza”, dijo. En el período 2020-2021 ingresaron 1.200, en 2022 otros 1.400 y en 2023 ingresarán 1.800.
“La solución de los problemas de seguridad no se da sólo con más equipos y tecnología, sino también con más efectivos. En estos tres años, hemos frenado la caída de los ingresos porque se iba más gente de la que ingresaba a la Policía. ¿Me gustaría que alguien me explique cómo hacíamos para cuidar mejor a nuestra gente con menos policías y con comisarías que se cerraban?, se preguntó el mandatario. Y explicó como es ahora la tendencia de incorporaciones: 1.200 el año pasado, 1.400 este año y 1.800 el que viene.
“El objetivo es formar de la mejor manera a los ingresantes, acompañar a los que tienen vocación de servicio y cumplen la ley. Así van a tener siempre nuestro respaldo y el que se aparta de eso dejará de ser policía”, advirtió el gobernador.
En esa línea, Perotti subrayó también la creación de tres Escuelas Regionales de Policía en Murphy, Rafaela y Reconquista, que se sumaron a las que ya funcionaban en Recreo y Rosario. Esto genera un “mayor vínculo de arraigo con el lugar donde van a trabajar y un mejor conocimiento” de su territorio.
Perotti aceptó que lo que “más le preocupa es el funcionamiento del Servicio Penitenciario, el tratamiento del delito como si fuese el mismo que hace 40 años atrás, la imposibilidad de aislar a personas porque se afectan derechos y jueces que autorizan a detenidos de alto perfil a salidas transitorias. Hay demasiadas cosas que son mucho más graves” y los que dicen que “se pueden hacer las cosas mejor y más rápido, son chicanas de la coyuntura política, anécdotas”.
“Es necesario corregir esas cosas. Para que alguien que está adentro de una cárcel no poder ordenar “balaceras” o “extorsiones o comandar “bandas". Y esa exigencia incluye también al Servicio Penitenciario Federal “y a los tres poderes del Estado para poner lo máximo que tienen y poder controlar esta situación”, advirtió.
FRENTES
"A mí no me gusta nada el concepto de Frente de Frentes. Creo que si hacemos eso, no va a andar bien. Si el denominado Frente de Frentes es para hacer grieta barata, no nos va a servir. Si nos sirve para discutir modelo en la provincia, va a ser valioso. Santa Fe tiene una experiencia de gobiernos opositores. La suma tiene que terminar en una ingeniería electoral. El desafío es hacer un proyecto lo más santafesino posible. Yo tengo incertidumbre sobre lo que va a pasar en la provincia y en el país. Noto una ruptura de la política con la sociedad, hay discusiones que tienen poca relación con la realidad. No me gustaría que la sociedad caiga en un proceso de ruptura con la política". (Declaraciones del intendente Pablo Javkin a Sí98.9).
La fiscal Haurigot cuestiona la incoordinación con la Justicia federal
La orden de balear y el error no forzado
En Fiscalía creen que los ataques a tiros contra Canal 3 y dos edificios estatales fueron represalia por encarcelar a la banda del narco Julio Rodríguez Granthon.
La fiscal de la Unidad de Balaceras Valeria Haurigot reveló que la pista más firme en la investigación por las tres balaceras simultáneas en la noche del miércoles apunta a una represalia de la banda del narco Julio "El Peruano" Rodríguez Granthon, luego de que ese mismo día culminara la audiencia imputativa con la orden de prisión preventiva para 19 personas que integran esa organización. Con la preocupación que imbuyó a los tres poderes de gobierno tras ese nuevo alarde de impunidad mafiosa, la fiscal cuestionó la falta de coordinación con la Justicia Federal y señaló que la consecuencia es este nivel de violencia urbana, en este año donde Rosario batió otra vez el récord de homicidios.
"El día del ataque a Televisión Litoral habíamos terminado una audiencia muy larga que iniciamos con Franco Carbone el 16 de diciembre", contó Haurigot ayer por Radio 2. Se refería a la imputación por asociación ilícita, extorsiones y homicidios a 19 personas, la mayoría detenidas este mes, y otras 9 en prisión desde antes, entre ellas el narcotraficante Julio "El Peruano" Rodríguez Granthon, con dominio del narcomenudeo en Empalme Graneros, Ludueña, Arroyo Seco y Funes.
En una de esas audiencias, uno de los imputados llegó incluso a proferir una amenaza explícita contra estos mismos fiscales, y delante de la jueza Melania Carrara.
"Sabíamos que la resolución no era del agrado de muchas personas con cierto poder de fuego. Llevamos a audiencia a 20 personas donde desarrollamos imputaciones por balaceras, secuestro de camiones, nos metimos con la plata de ciertas personas, y la resolución de la jueza Carrara en contra de los intereses de algunas personas hace que entendamos que pueda venir por ese lado", afirmó Haurigot.
La fiscal dejó entreabierta la posibilidad de que prosperen otras hipótesis, pero su pálpito le hace pensar en la referida. "No se descartan otras líneas investigativas. Pero siempre que ocurren estas audiencias siempre hay algún vuelto, represalia o llamado de atención", dijo.
El miércoles a la noche hubo tres balaceras casi en simultáneo, una contra la sede de Televisión Litoral, en Presidente Perón 8100; otra contra la Unidad Penitenciaria N°5, de 27 de Febrero 7800, y otra contra las oficinas del Servicio Penitenciario, en Pellegrini y Alsina. Todos blancos ya atacados anteriormente.
La policía arrestó a dos adolescentes por el ataque a la emisora de barrio Godoy, y encontró el Fiat Palio empleado para el atentado y que había sido robado horas antes en barrio Alvear. La investigación está a cargo del fiscal Federico Rébola, de la Unidad de Balaceras del Ministerio Público de la Acusación. "Hay una línea fuerte para dar con el autor intelectual, quién dio la orden, por qué y quién la ejecutó", dijo Haurigot.
En un tramo de la entrevista, la funcionaria de la Fiscalía Regional Rosario tomó distancia del hecho puntual y apuntó a lo que considera una ventaja que el Estado le otorga al accionar del crimen organizado: la incoordinación entre los poderes judiciales de la Provincia y de Nación.
"La problemática es de difícil resolución, cuesta coordinar investigaciones. A fines del año pasado hubo una reunión con referentes de la Justicia federal y con el ministro de la Corte, Horacio Rossatti, para mejorar las investigaciones. Pero nada de eso pasó en todo 2022", cuestionó. "Santa Fe no tiene una ley de adhesión a la desfederalización del narcomenudeo. O sea que todo lo que tiene que ver con drogas, desde lo muy chico a lo muy grande debe investigarlo la Justicia federal. Yo personalmente pienso que la desfederalización sería una herramienta valiosa: que en la Justicia provincial podamos ocuparnos del narcomenudeo y los delitos conexos. Y que la Justicia federal avance hacia arriba. Nada de eso pasó y claramente trae consecuencias en la vida cotidiana", criticó la fiscal provincial.
Haurigot concluyó, tajante y elocuente: "Nosotros investigamos, conectamos la información colectada por escuchas, detenemos, luego tenemos la gran falencia que es la delincuencia desde la cárcel, pero avanzamos. La Justicia federal no está a la altura del trabajo que tenemos nosotros, no podemos coordinar y es un problema".
A partir de una denuncia del Sindicato de Prensa de Rosario
Reabren investigación contra un abogado
En una resolución dictada por la fiscal Regional María Eugenia Iribarren se ordenó reabrir la investigación penal ante una denuncia presentada por el Sindicato de Prensa de Rosario, a raíz de las expresiones de odio vertidas desde la cuenta de twitter @LmMonteil (por el abogado Leopoldo Monteil). Se trata de una decisión que revierte la desestimación que hizo del caso el fiscal Damián Cimino, en octubre pasado y que hace lugar al recurso de revisión que presentó el gremio de lxs trabajadorxs de prensa.
Cabe recordar que el 25 de septiembre pasado, desde la cuenta de la red social mencionada se publicó un tuit que rezaba: “El mundo será un lugar vivible cuando todos los días se ejecute un periodista; son el cáncer de la humanidad”. Por esta publicación, el SPR presentó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público de la Acusación, por incitación a la violencia. Fue entonces cuando el fiscal Cimino -días después- entendió que las manifestaciones de @Lmonteil “habrían constituido más bien una voluntad o deseo que una incitación a cometer delitos o empujar a actuar".
Según detalla el comunicado del SPR, la decisión fue recurrida por entender que corresponde que se abra la investigación penal ya que "el delito de incitación a la violencia es de peligro y basta la sola expresión para que se configure el tipo penal". Además, sostuvo que lo resuelto por Cimino no contaba con razonable fundamentación y que es desajustaba con respecto a la realidad de lxs trabajadorxs de prensa.
Así, esta semana Iribarren ordenó reabrir la causa para que se profundice en la investigación, ante la denuncia sindical.
Javkin insistió en tener más injerencia en el manejo policial
El intendente criticó fuerte a la provincia
No hay forma de hacer un balance de este 2022 para la ciudad si no es hablando de los números de la inseguridad. En diálogo con Sí98.9, el Intendente Pablo Javkin se refirió al funcionamiento del sistema penitenciario y de la policía. También manifestó la necesidad de articular con los distintos niveles de Gobierno a fin de aprovechar las herramientas municipales. "Es increíble que no se aproveche lo que nosotros conocemos sobre la ciudad para planificar despliegue policial", remarcó. Y sumó: "No hay manera de sostener lo que sucede con la policía de Santa Fe. No hay una orientación clara sobre la seguridad en la provincia. No le tienen miedo ni a un patrullero".
"El sistema pierde racionalidad si después de que un fiscal acusa y avanza el proceso, alguien condenado puede cometer un delito. Si no resolvemos eso, pierde sentido todo el sistema y se derrumba toda la lógica institucional", consideró en relación al funcionamiento del sistema penitenciario. "Las cosas que suceden son consecuencia de que puedan seguir usando los teléfonos y operando desde ahí".
El Intendente sostuvo que no es partidario "de que la ciudad tenga su propia policía", aunque sí consideró que "es imposible es que en una ciudad como Rosario desde el municipio no podamos elegir los jefes o disponer donde se ubican los patrulleros". "Hay que conocer la forma en que se mueve la criminalidad. Es increíble que no se aproveche lo que nosotros conocemos sobre la ciudad para planificar despliegue policial", sostuvo.
Javkin, además, ponderó la creación de la agencia antilavado y aseguró que no se podrá avanzar más en ese sentido "sin policía, sin inteligencia y sin cambiar la estructura de la justicia federal". "Las fuerzas federales deben conocer por donde y a través de qué mecanismo la droga y las armas entran a la ciudad. Eso es muy difícil si no intervenís en los lugares donde ese circuito se perfecciona", argumentó. Y recordó que los 1.600 kilos de cocaína hallados en un galpón de Empalme Graneros, "empezó con una pista que se obtuvo en Dubai".
Equipos para controlar ingresos a las cárceles
Scanners para Coronda y Piñero
Los equipos están destinados a los dos penales más poblados de la provincia. Para los inhibidores de celulares todavía falta.
Con el objetivo de optimizar los controles de ingreso de elementos prohibidos y de las visitas a los penales, el Servicio Penitenciario provincial recibió nuevos scanners y detectores de metales que funcionarán en las cárceles de Coronda y Piñero. Así lo confirmó ayer el titular del SP, Gabriel Leegstra, al tiempo que estimó que comenzarán a funcionar en unos 90 días, teniendo en cuenta el tiempo que llevará la instalación, capacitación y puesta en marcha del sistema que ya se utiliza en el penal de Las Flores y que tiene una tecnología similar a la que se puede ver en los aeropuertos. Al mismo tiempo, el funcionario provincial estimó que recién a mediados de año, se comenzará a contar con los inhibidores de señal de celulares, a través del convenio con Invap.
“Recibimos escáneres de bultos y bodyscanners, que son los que controlan lo que portan las personas en sus cuerpos. En cuanto a los arcos detectores de metales, mediante una alarma marcan si una persona lleva algo de metal encima. Funcionarán como en aeropuertos y en la Alcaidía de la ciudad de Santa Fe (cárcel de Las Flores), para chequeo de las visitas y también, del personal penitenciario”, explicó Leegstra.
Las unidades equipadas con esa tecnología, en este caso, serán las de Coronda y Piñero, sumándose así al sistema que ya opera en el penal de Las Flores, con "resultados positivos", según indicó el funcionario, quien agregó que la idea de sumar dichos elementos de control apunta a mejorar la seguridad en las unidades penitenciarias, hacia donde en el último tiempo estuvo dirigido el reclamo de políticas que aporten a la seguridad pública.
El funcionamiento de los aparatos que llegarán a los dos penales más habitados de la provincia, ya tiene experiencia en el penal de Las Flores, desde noviembre pasado. “Detectamos varios casos de intentos de ingresos de teléfonos celulares, sierras, pastillas, marihuana; en visitas y en dos casos, en personal penitenciario, que fue pasado a disponibilidad con comunicación a Fiscalía”, indicó Leegstra en LT8.
Sobre su utilidad, el funcionario agregó que “en principio, ayuda a evitar el cacheo, pero éste no dejará de hacerse. Se hará en forma aleatoria, cuando se considere necesario. Cuando se detecte algo que parezca un elemento que no debe ser introducido, se le solicitará a la visita que lo entregue voluntariamente. Si no lo hace, puede retirarse o someterse al cacheo, en un espacio privado y reservado”.
Sobre los tiempos para la puesta en marcha, Leegstra indicó que “estos equipos tienen un proceso que hay que respetar, que tienen que ver con su instalación, con capacitación del personal y con las autorizaciones que debemos solicitar con respecto a la emisión de rayos X de estos equipos. Hay un protocolo especial establecido por el Ministerio de Salud, a causa de que no se emplean para uso médico". Con todo, estimó que entrarán en funcionamiento "de aquí a un plazo de entre 60 y 90 días”.
El funcionario del Servicio Penitenciario también fue consulado sobre la incorporación de inhibidores de señales de telefonía celular. "Es un proceso paralelo para aportar a la seguridad de las cárceles, y ya se hicieron los pagos correspondientes a la empresa proveedora que tiene tiempos para cumplir, determinados por importaciones, tramitaciones y colocación", indicó. Por lo que estimó que van a estar disponibles "para mitad de año (por 2023), aproximadamente”.
Imputaron a tres uniformados por gerenciar horas extras de forma ilegal
El viejo curro de los adicionales de policía
Son dos hombres y una mujer fueron imputados por malversación de caudales públicos, peculado, defraudación a la administración pública, exacciones ilegales y enriquecimiento.
Tres policías fueron imputados ayer por varios delitos relacionados con el manejo indebido de la asignación de horas adicionales, presunto enriquecimiento y dádivas, según la acusación que hizo el fiscal José Luis Caterina de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos. El juez de la audiencia tras escuchar los cargos descartó el pedido de prisión preventiva y les otorgó la libertad por 180 días bajo una serie de condiciones a cumplir.
Los tres policías llegaron a la audiencia privados de su libertad. El martes, personal de la Agencia de Control Policial (ACP, ex Asuntos Internos) detuvo a los subinspectores A. G. (46); J. C. (40) y a la inspectora C. M. (52) en el marco de una serie de allanamientos a sus domicilios donde se secuestraron vehículos, celulares, planillas, armas sin documentación entre otros materiales.
El fiscal les atribuyó los delitos de Malversación de caudales públicos en calidad de partícipes necesarios en concurso con Peculado de trabajos o servicios en calidad de coautores; en concurso ideal con Defraudación en perjuicio de una administración pública. A J.C. también se le imputó el delito de Cohecho pasivo y Exacciones ilegales agravadas en concurso ideal. Y por último a A. G. se le imputó también Falsedad ideológica en calidad de autor.
La Fiscalía les atribuyó en su rol de funcionarios policiales de la Policía de Santa Fe, cuanto menos durante los años 2019, 2020 y 2021, haciendo abuso de la autoridad que les había sido conferida, haber gerenciado adicionales de la Policía de Santa Fe, coordinándolos desde los lugares que detentarían policía adicional para su custodia, la designación del personal que quedaría asignado a cada uno de esos objetivos, la determinación de los horarios y de la cantidad de horas que los efectivos deberían cubrir, la confección de planillas, tanto provisorias como definitivas, para ser presentadas ante la Sección Servicio de Policía Adicional dependiente de la URII.
En particular, esa operatoria la hacían especial en la custodia de lugares, establecimientos o predios vinculados a la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo y de empresas particulares.
Surgió en la evidencia colectada que A.G. era el principal referente con poder de decisión en relación a los adicionales, contando con el apoyo de C. M. en la confección de planillas, siendo que ésta ya realizaba tareas de este tipo aún con anterioridad al año 2019 con un Jefe anterior, actualmente Inspector de Zona.
Asimismo, A. G. y C. M. contaban en el territorio con J. C. haciendo las veces de controlador y mediador tanto entre A. G. y efectivos policiales, como así también entre A. G. y las víctimas.
En este contexto, comienzan a abundar las denuncias, por parte de diferentes personas, que aluden a irregularidades en los adicionales, tanto por exceso como por defecto. Por exceso, por asignar a efectivos policiales horas por encima o por fuera de lo permitido por la ley y la reglamentación. Pero también, por defecto, por cuanto comienza a hablarse de policías “fantasmas” o también denominados “prestanombres”, es decir personas de existencia real que se desempeñan de ordinario como efectivos policiales pero que no concurren a cumplir con el adicional en el objetivo, sino que ceden su nombre y número de asignación como voluntarios para cumplir adicionales, de modo tal que las planillas puedan reflejar un virtual cumplimiento con los objetivos mandados, con cesión que hacen a cambio de un porcentaje del pago que hubieran percibido de haberse presentado efectivamente. De eso se deduce la percepción de un complemento a ese porcentaje que se paga efectivamente, y que el prestanombre cede a los responsables de la maniobra que le permitieron tener un rédito económico sin presentarse a cumplir con el adicional.
Todo esto, según la fiscalía, es compatible con un incremento del patrimonio de A. G. que no podría justificarse conforme informe preliminar elaborado por la División de Análisis Patrimonial de la Agencia de Control Policial Delegación Zona Sur.
Asimismo, se le atribuye J. C. que en noviembre de 2021 en charla vía telefónica con un representante de una de las empresas particulares que fue víctima le solicitó en dos ocasiones una “atención” para influir ante un funcionario público, "debiendo entenderse ello en el sentido de una dádiva", explicó el fiscal.
A A.G., además, se lo acusó de haber confeccionado una planilla de adicionales y luego haberla presentado con su firma ante la Sección Policía de Servicios Adicionales, con inserción de datos falsos en relación a la custodia de un inmueble en calle Patricias Argentinas y Rezzarra, por cuanto prestó servicios efectivamente un efectivo policial, quien al advertir que no debería estar sola cumpliendo el adicional en el puesto fijo llama al compañero que debía estar con ella, quien le contesta que no concurrirá dado que se encuentra, en esos momentos, cubriendo tareas de “controlador” de esos mismos servicios. Ante la discusión mantenida con su compañero que se negaba a concurrir al lugar, Villarreal radica la denuncia correspondiente en Asuntos Internos, siendo trasladada por personal de la Comisaría 16; siendo, además, que cuando dejó su puesto, su lugar fue cubierto nuevamente por un único efectivo y no por dos.
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