Balance de cultura 2022: el año que
vivimos en peligro
Por María Daniela Yaccar y Laura Gómez, Resumen Latinoamericano, 3 de enero de 2023.
Tras numerosas movilizaciones, el Congreso logró aprobar la prórroga de las asignaciones específicas a la cultura por 50 años. Fue la gran victoria del sector en un año que también registró una crisis en el INCAA y la presentación de un proyecto para modificar la Ley de Cine y regular las plataformas digitales. Las salas de teatro y música experimentaron una gran recuperación con el regreso masivo del público. El mundo editorial se dirime entre el auge de las ferias y los problemas derivados del papel. Y la Ley Nacional de Danza continúa siendo una asignatura pendiente.
Se va un año en el que todas las expresiones de la cultura estuvieron en peligro por una ley sancionada durante el macrismo. Tras numerosas movilizaciones el Congreso revirtió ese rumbo al aprobar la prórroga de las asignaciones específicas por 50 años. Fue la gran victoria del sector en un 2022 que también registró malestares en el INCAA, el pedido de renuncia a su presidente y, recientemente, la presentación del proyecto para modificar la Ley de Cine y regular las plataformas digitales. Ya sin aforos reducidos ni protocolos, las salas de teatro y música experimentaron una auspiciosa recuperación con el regreso masivo del público y un boom de recitales. En el ámbito del teatro oficial porteño, hubo un reclamo de mayor equidad de género en la programación, aún sin respuesta. El mundo editorial se dirime entre el auge de las ferias y los problemas derivados del papel. La Ley Nacional de Danza continúa siendo una asignatura pendiente.
El Congreso dijo “no” al apagón cultural
El 28 de diciembre de 2017 el Senado sancionó la Ley 27.432 de reforma tributaria impulsada por el gobierno de Mauricio Macri que, en líneas generales, otorgaba beneficios fiscales al sector empresarial. En ese momento muchos pasaron por alto el artículo que establecía un límite temporal para las asignaciones específicas destinadas al campo de la cultura y la comunicación. La bomba explotó recién este año porque se había establecido como fecha de caducidad el 31 de diciembre de 2022. En síntesis, se decretaba la defunción de buena parte de las expresiones artísticas y culturales que se nutren de los fondos de organismos como el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el de la Música (Inamu), el del Teatro (INT) y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip), entre otros.
Varias agrupaciones estuvieron en alerta desde 2017, pero este año se organizaron de manera masiva y a nivel federal. Los datos indican que las actividades culturales involucran alrededor de 700 mil puestos de trabajo directos e indirectos y representan más del 3 por ciento del valor bruto de producción agregado. Tras varias movilizaciones al Congreso e intervenciones por parte de colectivos como Unidxs por la Cultura o la Multisectorial Audiovisual, en junio de este año la Cámara Baja dio media sanción al proyecto del diputado Pablo Carro (Córdoba-FdT) para prorrogar las asignaciones específicas por 50 años. Pese al rechazo y la abstención del PRO, finalmente fue aprobado en octubre por el Senado (57 votos afirmativos, dos negativos y nueve abstenciones) con el apoyo de bloques provinciales y parte de la UCR.
Malestar en el INCAA y salida de Puenzo
La llegada de Luis Puenzo a la presidencia del INCAA a fines de 2019 recibió el apoyo de la comunidad audiovisual, pero en el transcurso su gestión fue cosechando cada vez más críticas. Los trabajadores nucleados en el Colectivo de Cineastas señalaban la falta de diálogo y –cuando hubo– las dificultades para presentar miradas alternativas; la inactividad del Consejo Asesor, organismo de cogobierno establecido por la Ley de Cine que él mismo impulsó en 1994; la decisión de mantener a casi todos los gerentes de la gestión anterior y la situación irregular en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica por el despido arbitrario de su secretaria académica y la demora en llamados a concurso. La gestión de Puenzo estuvo atravesada por las secuelas del vaciamiento macrista y la crisis post-pandemia, pero la orientación que le imprimió a las políticas en los años sucesivos no demostró una vuelta de página sino todo lo contrario.
Una movilización convocada por cineastas, estudiantes y trabajadores en las puertas del instituto terminó con represión policial, tres manifestantes detenidos, un pedido de renuncia a Puenzo por parte del ministro de Cultura, Tristán Bauer, y el decreto firmado por Alberto Fernández que nombraba al vicepresidente, Nicolás Batlle, en su lugar. Una de las críticas más duras estuvo dirigida al modo de administrar el presupuesto en contra de los intereses de la mayoría y la tendencia a concentrar cada vez más la producción audiovisual.
Por una Ley de Cine adaptada a los nuevos tiempos
El 23 de diciembre ingresó a Diputados un proyecto que modifica la Ley de Cine sancionada en 1994 y espera por su tratamiento en 2023. Fuentes del Espacio Audiovisual Nacional (EAN), que nuclea a diversas organizaciones del campo cinematográfico, explicaron que el texto establece el redireccionamiento de parte del Impuesto al Valor Agregado que pagan hoy las plataformas al fomento de la actividad. El proyecto consiguió el apoyo de 23 legisladores (19 del Frente de Todos, dos de la Unión Cívica Radical, uno del Frente Renovador y otro de Encuentro Federal). Intenta revertir las dificultades a la hora de legislar sobre las OTT y adecuar la normativa vigente para que las nuevas tecnologías aporten a la producción local en línea con lo que se ha hecho en Francia, Suiza o España.
Si la ley se sanciona tal como está contemplada en el proyecto, los usuarios no deberán asumir un nuevo canon y la medida no encarecería el servicio. En lugar de ir al Tesoro Nacional, el 10 por ciento del IVA que ya pagan los clientes de Netflix, Amazon o Disney+ se redireccionará al INCAA. La diputada riojana del FdT Gabriela Pedrali señaló la necesidad de salir a buscar nuevos consensos para aprovechar esta oportunidad de actualizar la normativa en función de las nuevas tecnologías “distribuyendo federalmente, democratizando los recursos, con esa equidad de género que hoy la sociedad está demandando”.
Boom de recitales en vivo y escenarios con más equidad
Después de las restricciones las vacunas dieron cierto alivio y permitieron un regreso paulatino a los rituales en vivo de gran masividad. En el panorama mainstream, esa pulsión de vida se cristalizó en el boom de los recitales en grandes espacios. En la primera mitad del año los tickets para conciertos programados en la segunda ya eran bastante difíciles de conseguir, tanto en salas o estadios como River, el Único de La Plata, Vélez, el Campo Argentino de Polo o el Hipódromo de Palermo. El gran récord fue sin dudas para Coldplay, con diez fechas en el Monumental, pero este año también convocaron Dua Lipa, Maneskin, Green Day, Billy Idol, Justin Bieber, Guns N’ Roses, Imagine Dragons y Harry Syles. El Primavera Sound colmó Costanera Sur y tampoco hay que olvidar los cuatro Vélez de Duki, los dos shows de Wos en Argentinos Juniors o el ecléctico menú del Movistar Arena, por donde pasaron Rosalía, Nathy Peluso, Lali, Emilia, Fito, Serrat y Liam Gallagher, entre muchos otros.
Por otra parte, la sanción de la Ley 27.539 en 2019 –que establece un cupo femenino para los shows– dio sus frutos: un informe del Instituto Nacional de la Música (Inamu) revela que antes de su sanción, en 2017 y 2018 la participación femenina era de apenas el 15,21 por ciento, mientras que en 2021 y 2022 alcanzó el 32,19. Sin embargo, no cesan los reclamos por incumplimientos y quedan pendientes otras cuestiones como la repetición de artistas, la falta de publicidad, las programaciones de duración insuficiente o en horarios inconvenientes y los pagos desiguales.
Consolidar la equidad es sin dudas uno de los desafíos que tienen por delante las nuevas autoridades del instituto, nombradas en mayo por el Ministerio de Cultura para la gestión del período 2022-2026: Bernabé Cantlon como presidente y Charo Bogarín como vicepresidenta, quienes acompañaron activamente la sanción del proyecto para prorrogar las asignaciones para cultura. El 28 de noviembre se cumplieron diez años de la aprobación de la Ley Nacional de la Música, aprobada por unanimidad. El proyecto había surgido al calor de asambleas multitudinarias donde intervinieron numerosas asociaciones para crear un organismo dedicado al fomento, apoyo, preservación y difusión de la música producida por artistas nacionales, y la defensa de sus derechos.
La actividad teatral, también en recuperación
Un hito ocurrió en Mar del Plata en Semana Santa: cerca de 27 mil personas asistieron a funciones teatrales en todos los circuitos. El récord anterior estaba vigente desde 1988. Con este hecho pareció cerrarse un período oscuro para la actividad, signado por la Covid-19, e iniciarse la recuperación del público en las salas, ya sin aforo reducido.
Lo que ocurrió en el teatro comercial no equiparó al ámbito musical pero superó al del cine. Según las cifras de la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales (AADET) el movimiento de 2022 es similar al de la prepandemia. Aclara Carlos Rottemberg, su presidente, que 2019 no fue el mejor año para la actividad. Y resume, en diálogo con Página/12: «El número que viene girando de espectadores anuales, entre teatro y música, es de 6 millones de boletos, antes de la pandemia, con mejores y peores épocas. Este año va a terminar dando casi el mismo número, fundamentalmente sostenido por el crecimiento de la música. Al haber pisado un fondo tan fondo, lograr terminar el 2022 a flote con el 2019 ya nos parece meritorio».
En su informe de gestión 2022, el Teatro Nacional Cervantes relevó 52.482 espectadores durante las 186 funciones realizadas en sus salas. Además se consignaron 10.555 espectadores en la gira de La comedia es peligrosa (Teatro Auditorium de Mar del Plata), 5.635 en las funciones al aire libre en el playón de la Biblioteca Nacional durante el verano y 16.485 en las realizadas en distintas provincias. «En esta temporada el público acudió a las salas motivado por el regreso a la presencialidad, y los deseos de volver a ver y disfrutar de un espectáculo en vivo. Además, la programación brindó diversidad y excelencia, lo que hizo que también el público quisiera asistir”, dijo Gladis Contreras, directora del TNC, a este diario.
En los teatros que integran el Complejo Teatral de Buenos Aires (CTBA) se registra una evolución: en 2020 se relevaron 28.100 espectadores con aforos del 50 por ciento, en 2021 fueron 91.663 con aforos del 50 y 70 más cinco meses de funcionamiento como vacunatorio, y este año se registraron 265.027 espectadores. «Hace poco celebramos ‘Argentina Vive Teatro y Música’ junto con AADET y con Rottemberg hablábamos sobre lo bien que respondió el público luego de la pandemia. Ya se está a niveles pre pandémicos. En el caso de la cultura pública, nuestros teatros tuvieron la misma respuesta», celebró el ministro de Cultura de la Ciudad, Enrique Avogadro.
En el circuito independiente el panorama también fue positivo aunque con una cartelera en la que hubo más reposiciones que estrenos. Alejandra Carpineti, presidenta de la Asociación Argentina del Teatro Independiente (ARTEI), advirtió la necesidad de pensar nuevas formas de producción: “Es bastante desalentador y preocupante. No hay capital para invertir, y los subsidios quedan cada vez más chicos”.
Desigualdad de género en la programación del CTBA
A fines de noviembre un hecho empañó el buen panorama: hizo mucho ruido la presentación de la programación 2023 del CTBA. Organizaciones de la cultura y más de un millar de trabajadores y trabajadoras repudiaron la desigualdad de género de la grilla y exigieron al gobierno porteño su revisión y modificación. Por lo que este medio pudo saber no hubo respuesta satisfactoria al reclamo.
Para 2023 hay sólo una dramaturga programada. Y sólo dos obras, de 24, serán dirigidas por mujeres, una de ellas en calidad de codirectora. A través de diversas cartas, entidades expresaron su enojo al ministro de Cultura y a la directora del CTBA, Gabriela Ricardes. “La desigualdad de género en la programación presentada es un acto de violencia laboral, económica y simbólica (…). No hay peor acto de violencia que ocultar al otrx, silenciar su voz”, señaló en una carta la Colectiva de Autoras, que reúne a artistas de teatro, cine, TV, composición coreográfica, musical y audiovisual. Adhirieron organizaciones como Actrices Argentinas, Asociación de Actores y Actrices, Asociación Profesional de la Dirección Escénica Argentina, Asociación Argentina de Teatro Independiente, Mujeres de Artes Tomar y Mujeres Audiovisuales. También firmaron más de mil trabajadoras y trabajadores de la cultura, entre ellas Cristina Banegas, Alejandra Flechner, Thelma Fardin, Cecilia Roth, Claudia Piñeiro y Mariela Asensio.
Se expresaron en contra, también, la Asociación Argentina de Actores, a través de su Comisión de Géneros, y el presidente de Argentores, Miguel Ángel Diani. Ricardes dio a Infobae la respuesta de que la programación no estaba cerrada.
La escena editorial: entre el auge de las ferias y los problemas con el papel
El desabastecimiento y el encarecimiento del papel fueron los grandes problemas de un sector que salió muy golpeado de la pandemia. En contraste, los números de títulos y ejemplares ya se parecen a los de la prepandemia. Según la Cámara Argentina del Libro se registraron 6.500 nuevos títulos y 10 millones de ejemplares en la primera tirada. Asimismo, el ámbito fortaleció a lo largo de 2022 estrategias como las ferias del libro, que dejaron de ser ocasionales y de concentrarse en centros urbanos para fortalecerse localmente y multiplicarse.
El gobierno le perdona deuda a las
distribuidoras de energía mientras
habilita nuevos tarifazos
Por Camila Garcia, Resumen Latinoamericano, 3 de enero de 2023.
El gobierno le perdonó a las distribuidoras de luz $62.000 millones de los casi $500.000 millones adeudados a Cammesa (la administradora mayorista estatal del sistema eléctrico). La deuda se generó porque estas empresas no pagan el total de la energía que consumen desde 2020 con la excusa de que no pueden afrontar el pago porque las tarifas se encuentran retrasadas, una extorsión. En tanto, en el marco del ajuste fiscal, el FMI exigió encontrarle una solución al problema para que ingrese la plata a las arcas del Estado.
La subsecretaría de Energía anunció el viernes que llegó a un entendimiento con 11 distribuidoras y 5 cooperativas, para regularizar $210.000 millones que estaban pendientes de cobro. Edesur debía, al 31 de agosto, más de $ 66.000 millones. De ese total, refinanciará $ 47.000 millones, el resto (19.000 millones) corresponde a una “compensación”, es decir una condonación, lo que hará que la empresa no tenga que pagar esa parte. Edenor poseía una deuda de $ 57.000 millones. Pagará $ 33.000 millones. Unos 24.000 millones entraron como “compensación”.
Cabe destacar que esta última distribuidora cambió de accionista mayoritario, dejó de ser de Pampa, para estar en manos de un grupo controlado por José Luis Manzano y Daniel Vila, ambos son amigos del ministro de Economía, Sergio Massa, que también son dueños de la mendocina Edemsa, la cual también obtuvo también un tercio de compensaciones. Los políticos capitalistas defienden los intereses de su propia clase social, parasitaria del Estado.
En tanto, Entel puso a la venta los activos de Edesur en Argentina y en varios países de latinoamérica, es decir se desprenderá de la distribuidora y cederá sus operaciones alegando que los precios de las tarifas no se condicen con los altos precios internacionales de la energía. En la Argentina, la italiana también es propietaria de centrales térmicas a gas, como Costanera y Dock Sud, y de la hidroeléctrica El Chocón. Además, posee las líneas de transmisión CTM y Tesa, que conectan los sistemas de energía eléctrica del noreste argentino con Brasil, y Yacylec, transportadora de la energía de Yacyretá. Es decir, un pulpo energético que continuará pugnando por mayores beneficios a sabiendas de que cuenta con la propiedad de la mayor parte de la producción.
Estas empresas han demostrado la total desinversión que recae sobre el sistema eléctrico del país, incluso a pesar de que el Estado les haya concedido los aumentos de tarifas que reclamaban. De esto pudo dar cuenta el apagón del 1 de enero, que dejó a 400 mil usuarios sin luz, o el corte del suministro durante el fin de semana largo de diciembre que dejó a a más de 500 mil usuarios del Amba sin servicio. Asimismo, también es conocido el reclamo salarial y de condiciones de trabajo por parte de quienes trabajan en estas distribuidoras, lo que da cuenta que además de no invertir la empresa busca abaratar los costos de la mano de obra constantemente para acrecentar sus dividendos.
Sin embargo, además de condonarle las deudas, el gobierno autorizó una nueva audiencia pública para las semanas próximas en las que se tratará un nuevo aumento de tarifas, puesto que las distribuidoras argumentan que estas se encuentran un 300% atrasadas y amenazan con nuevos cortes. Es decir, buscan preservar sus márgenes de ganancia a costa de mayores tarifazos que golpearán aún más el bolsillo de las familias trabajadoras, y que sean estas quienes terminen pagando la deuda con el Estado.
El suministro eléctrico no puede estar en manos de estas patronales parasitarias que viven del Estado, y el peronismo ha fracasado en resolver las necesidades básicas de la población, como es la energía. Es necesario poner en pie un nuevo movimiento popular que enarbole las banderas del socialismo, porque la solución requiere la apertura de los libros de las empresas del sector a trabajadores y usuarios, la intervención de toda la cadena energética y un plan de inversión y refacción de todo el sistema de distribución energético. Esto es algo que los políticos capitalistas no harán porque sería contrario a los intereses de su propia clase social, antagónicos totalmente a las demandas del pueblo trabajador.
Fuente: Prensa obrera
El precio del papel viene subiendo desde 2021 muy por encima de la inflación, y este año la duplicó, según publicó Télam. En noviembre se realizó el primer Congreso Nacional de Libreras/os y Editoras/es en Resistencia, Chaco, del cual surgió un comunicado titulado “Sin papel no hay libros y sin libros, no hay librerías”. El tema fue debatido con funcionarios provinciales y nacionales.
Otro punto que marca el pulso de las conversaciones del sector es la venta a través de plataformas, en especial Mercado Libre, que concentra la comercialización online del libro papel y genera inquietudes por las condiciones, prácticas abusivas y la piratería. Estas preocupaciones atravesaron el panorama en un año en el que, a su vez, la situación epidemiológica dio paso a la presencialidad de ferias, charlas y presentaciones. La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en la Rural alcanzó una concurrencia histórica (1.324.500 de asistentes). Ese número tuvo su eco en múltiples ferias que se replicaron a lo largo y ancho del país. Al hito de la presencialidad se sumó el impacto que tuvo el discurso inaugural de Guillermo Saccomanno, en el cual se refirió al tema que ocupa la agenda del sector.
Otro intento para la Ley Nacional de Danza
Ya es el octavo intento: el martes 8 de noviembre el proyecto para una Ley Nacional de Danza ingresó nuevamente a la Cámara de Diputados. En todas las anteriores oportunidades perdió estado parlamentario. Fundamentalmente, la iniciativa implica la creación de un instituto nacional que proteja y fomente el desarrollo de la disciplina en todo el territorio nacional, como sucede con los organismos que funcionan para otras actividades. Pese a la insistencia de la comunidad de la danza no llegó a tratarse este año y las expectativas están puestas en 2023.
Impulsado por el Movimiento por la Ley Nacional de Danza junto al Frente de Emergencia de la Danza y cientos de organizaciones, el documento cuenta por primera vez con el apoyo del Ministerio de Cultura y fue presentado por lxs diputadxs nacionales Marisa Uceda, Jimena López, Lía Caliva, Alejandro Rodríguez, Gabriela Estévez, Carolina Moisés, Carolina Gaillard, Estela Neder, Rosana Bertone, Paula Penacca y Leonardo Grosso, entre otros. Antes de que ingresara a la Cámara Baja hubo una movilización en las inmediaciones del Congreso y luego se realizó un evento para formalizar la presentación con números de artistas.
“Este proyecto histórico cuenta con más de 10 mil firmas de apoyo, reconocimientos y adhesiones de instituciones educativas y parlamentos provinciales y municipales, y ha sido presentado por el Movimiento, en representación del sector desde 2014”, resaltaba en noviembre el comunicado del colectivo –integrado sobre todo por mujeres y disidencias–, que espera que en 2023 la Comisión de Cultura recoja el guante.
La situación de los centros culturales
En lo que refiere a centros culturales, una de las noticias del año fue el anuncio del cierre del Club Cultural Matienzo en la calle Pringles. El equipo del espacio informó que se mudará sosteniendo los puestos de trabajo. Esto ocurrirá en los próximos tres meses. La razón del traslado es que los propietarios les dijeron que demolerían el local para la construcción de un edificio. Es una problemática que afecta a varios espacios de la ciudad de Buenos Aires.
Página/12 accedió a un listado de otros centros culturales que cerraron sus puertas en 2022, todos pertenecientes al Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos: Amata, Neu, Malevaje, Despierta y Planeta. “Lo más complejo es el tema de los alquileres. Muchos lugares no sobrevivieron a la pandemia. Algunos se reconvirtieron; dejan de abrir a público, hacen clases. Es un cierre parcial o cambio de modelo. Aún si un espacio cultural no genera plata para sostenerse, lo sostienen los que lo hacen. Son modelos cooperativos y el costo de desarmar un espacio es muy importante. Usualmente cuando un espacio cierra es porque no le dejan seguir habitando el lugar donde está”, analiza Claudio Gorenman, uno de los directores de Matienzo y referente de Abogados Culturales.
Aumentaron cateos y minas concedidas
en áreas de conservación en la puna
jujeña
Por Marcela Morales, Resumen Latinoamericano, 3 de enero de 2023.
Un informe realizado por el Área de Conservación de Parques Nacionales da cuenta del incremento de los proyectos mineros alrededor del Monumento Nacional Laguna de Pozuelos y cuatro áreas protegidas de la puna jujeña entre el 2018 y el 2021. El mismo fue solicitado en el 2021 por las bancas del PTS FIT a pedido de organizaciones socioambientales, solicitando información sobre proyectos mineros en áreas de reservas.
Los datos fueron aportados por la Administración de Parques Nacionales (región NOA) en junio del 2021, y contrarrestan la imágen que quiere dar el Gobierno de Gerardo Morales de una provincia “verde” que protege el medio ambiente, los bienes naturales y que cumple con la exigencia de la agenda ambiental mundial.
El mismo también confirma las denuncias que vienen realizando sectores socioambientales, organizaciones y comunidades indígenas en la provincia de Jujuy, sobre el avance de actividades extractivistas mineras en áreas protegidas.
Primero el extractivismo minero
El estudio realizado compara la versión 2018 y 2021 del Catastro Minero de la provincia de Jujuy dentro de 4 figuras de conservación de la provincia localizadas en la Puna: Reserva Provincial de Fauna y Flora Olaroz Cauchari, Reserva Provincial Altoandina La Chinchilla, Reserva de Biósfera Pozuelos y Sitio Ramsar Vilama.
Según el informe, el número de trámites totales entre años disminuyó de 459 a 419, pero los cateos y minas concedidas se incrementaron a 21 y 7 respectivamente.
Del análisis de las superficies involucradas, se “observa que en 2021 el 59% del millón de hectáreas ocupado por las 4 figuras de conservación se encuentra incluido dentro del pedimento minero”.
La información da cuenta de que, concentrando el análisis en cateos y minas concedidas, entre 2018 y 2021 estos han incrementado su superficie en un 33 y 5 % respectivamente.
El área protegida Laguna de Pozuelos rodeada por minería a cielo abierto
Según el informe, la minería es “una amenaza por la potencial contaminación ambiental que puede provocar, principalmente el agua que llega a la laguna”.
Actualmente son varias las minas metalíferas que se concentran al suroeste de la laguna, sobre las cuencas de los ríos Chico y Cincel, entre ellas la explotación de Mina Chinchillas.
También señala que la nueva versión del Catastro Minero de Jujuy “muestra 3 nuevas solicitudes de cateo en trámite y colindantes con el Monumento Nacional Laguna de Pozuelos – MNLP, solicitados por Puna Group S.A., empresa relacionada con la explotación del litio”.
Si bien el informe sostiene que “hasta el momento no se han detectado indicios de contaminación en los muestreos realizados en los afluentes del MNLP”, al mismo tiemposeñala el peligro inminente y potencial contaminación. Y también que en talleres participativos de elaboración del Plan de Manejo de la Reserva de Biósfera desarrollados entre 2018 y 2019, miembros de las comunidades expresaron preocupación sobre la temática minera.
Es importante destacar que Mina Chinchillas produce comercialmente desde diciembre del 2018 plata, plomo y zinc, a través de métodos a cielo abierto, con perforaciones, voladuras, y carga del mineral, lo que genera impactos ambientales preocupantes. A su vez, el material en bruto es procesado posteriormente en instalaciones de Mina Pirquitas, ubicada a 40 km al suroeste, generando un concentrado de los minerales que son enviados posteriormente a funciones internacionales. La titularidad de esta última corresponde en su totalidad la canadiense SSR Mining (Mina Pirquitas) que tiene el 100% de las acciones.
Pasivos mineros en Mina Pan de Azúcar aguas arriba de la Laguna de Pozuelos
La mina Pan de Azúcar, a 40 km al noroeste de la ciudad puneña de Abra Pampa, en el departamento de Rinconada, producía concentrados de plata, plomo y zinc desde los tiempos de la colonia. Desde el año 1990, estando a cargo la empresa Río Cincel, dejó de funcionar (hasta la fecha, todavía sigue clausurada). Durante su actividad, señala el informe, “utilizó una planta de flotación por espumas para la obtención de los concentrados. Los desechos (colas) fueron acumulados en una quebrada por donde circula un arroyo temporal de escaso caudal que desemboca en el río Cincel, que forma parte de la cuenca de la Laguna de Pozuelos”.
El texto ratifica la “contaminación local de aguas superficiales y subterráneas, sedimentos fluviales y suelos provocada por los diques de cola abandonados”, lo que puede“potencialmente afectar al Monumento Natural Laguna de los Pozuelos (MNLP)”.
Extractivismo y política verde: juntos, ¿a la par?
Recientemente se difundió, en medios oficiales y locales, información sobre la última reunión del Comité de Reserva de Gestión de la Reserva de Biósfera Laguna de Pozuelos (RB Pozuelos), conformado por funcionarios del Gobierno provincial y representantes de organizaciones locales como la CODEPO, Parques Nacionales y la Fundación Humedales, entre otros, quienes estarían finalizando el proceso participativo del Plan de Manejo de las más de 380 mil hectáreas que conforman al área protegida para el 2023.
El mismo tendrá la difícil tarea de responder frente a la política promovida por el mismo Estado, o sea, la actividad minera contaminante y extractiva que puede atentar contra Áreas protegidas como la RB Pozuelos. El informe solicitado da cuenta de que entre el 2018 y el 2021 los pedidos de cateo en el área se duplicaron de 42 682 a 84 062. Y si bien las minas concedidas disminuyeron, de 8626 a 8172, no deja de sorprender la magnitud de los valores que necesitan algún tipo de explicación desde el Gobierno, como el resto de los datos que publicamos a continuación.
La información del Catastro minero de Jujuy respecto a las Reserva Provincial de Fauna y Flora Olaroz Cauchari o la Alto Andina Chinchilla no pasan desapercibidos: dentro de la Reserva Olaroz Cauchari las minas concedidas aumentaron entre 2018 y 2021 de 45 654 a 69 732, y figuran 4941 “grupos mineros”. En la misma existe uno de los proyectos de extracción del litio más grande del país, Sales de Jujuy, propiedad de las corporaciones Toyota y Orocobre (multinacional mega minera australiana ubicada dentro de las cinco mayores a nivel mundial en extracción de litio), en los cuales el mismo Estado es socio menor, y donde también comenzará a producir la empresa EXAR S.A., con capitales chinos y canadienses. La extracción de salmuera de humedales la realizan con técnicas destructivas que utilizan millones de litros de agua en ecosistemas frágiles que dependen, justamente, del agua.
En el 2021 en Jujuy se liberaron 238.168,86 mil hectáreas para nuevas inversiones mineras en la provincia, ratificada por la jueza Administrativa de Minas Hebe Meyer, quien sostuvo que “estamos cumpliendo con la política desarrollada e impulsada por el Señor Gobernador sobre la minería…”. Miles de las mismas se encuentran en zonas de salares y también en áreas protegidas.
Mientras tanto, el Gobernador Gerardo Morales y la Ministra de Ambiente y Cambio Climático, María Inés Zigarán, se pasan de conferencia en conferencia por el mundo, vendiendo “Jujuy Verde” e intentando lavarle la cara (greenwashing) a la política extractivista. No es casualidad: este mismo Gobierno, junto a Gobernadores del Norte Grande, la oposición de derecha y el Gobierno Nacional, fue parte activa del lobby minero y del agronegocio para impedir que se apruebe nuevamente la Ley de Humedales, que incluiría, justamente, la protección de salares, hoy entregados al saqueo de las corporaciones mineras.
Fuente: Izquierda diario
Lo que no se juzga, lo que permanece
Pr Claudia Rafael, Resumen Latinoamericano, 03 de enero de 2023.
Durante más de 20 audiencias se juzgará penalmente a ocho rugbiers acusados del crimen de Fernando Báez Sosa. Hundidos en un pacto de silencio. Quedan y persisten una serie de elementos no penales que van desde la impiedad a la hegemonía y el sentimiento de superioridad de clase.
El dibujo de la zapatilla en la cara de Fernando es el símbolo de la crueldad. Que es, tal vez, el elemento fundacional en esta historia. El diseño de las líneas de la suela, como los surcos dactilares, se impregnaron como un tatuaje indeleble en el rostro del chico asesinado en Villa Gesell. Esa crueldad nació, en este caso, de ese coto de privilegio –como definió Alfredo Grande-, entendida como planificación sistemática del sufrimiento.
Durante los más de 20 días de audiencia en el juicio contra ocho rugbiers desfilarán un entero abanico de elementos que no son penales sino sustancialmente humanos: la perversidad, la impunidad, la crueldad, la impiedad, el pacto de clase, la arrogancia, el desprecio por la vida, el sentimiento de superioridad de clase, la masculinidad como cofradía. Ninguno de los protagonistas de esta historia supera en la actualidad los 23 años. Fernando tenía apenas 18 cuando fue masacrado a golpes. Sus victimarios, entre 18 y 20.
¿Cómo se cocina la crueldad? ¿Qué condimentos la van abonando? ¿Qué disparó ese pacto para matar? ¿Qué motoriza un acuerdo para dar muerte cuando simplemente se está adentro de un boliche y nadie conocía previamente a la víctima que se transforma en un instante en la presa para dar rienda suelta a una danza feroz destinada a poner fin a la vida? ¿Cómo se engendra una “broma” despiadada de adosar todas las culpas a un joven ajeno a todo por el simple hecho de ser el objeto habitual de sus burlas? Porque ¿se puede perder de vista que, cuando ya el grupo de rugbiers sentía que pendía sobre sus cabezas la espada de Damocles, decidió inculpar a un joven remero zarateño como ellos que se encontraba a 470 kilómetros de distancia? Si ese joven, Pablo Ventura -al que no sólo señalaron como autor del homicidio de Fernando, sino que detallaron que se había fugado en el auto de su padre (del que dieron marca y modelo)- hubiera entrado en el target preferido de jueces y policías distinta suerte hubiera corrido. Pero Pablo es remero del Club Náutico de Zárate y estudia Farmacia en la Universidad de Belgrano. No encaja precisamente en el estereotipo de víctimas de policías y operadores del Poder Judicial. Como si hubiera encajado Fernando.
Hay ocho jóvenes rugbiers, prolijamente vestidos, con los cabellos cortados, barbijos que esconden sus expresiones y gran parte de sus rostros, hundidos en un pacto de silencio que –al menos por ahora- no distingue responsabilidades.
Seguramente el Tribunal hará recaer sobre ellos –probablemente en una diferenciación de roles- largas condenas que los verán salir adultos gastados y pletóricos de odio de la cárcel. Pero no habrá penas para cada uno de esos condimentos no penales que persisten y seguirán subsistiendo. Porque los pibes como Fernando continuarán siendo víctimas de los cotos de privilegio.
Sean un grupo de rugbiers decididos a ejercer a pleno su dominio y su hegemonía.
O sean los brazos represivos del Estado que tienen particular afición de tomarlos en sus garras.
Fuente: Pelota de trapo
Gobernadores respaldan el pedido
de juicio político a la Corte Suprema
que impulsará Alberto Fernández
Resumen Latinoamericano, 3 de enero de 2023.
El Presidente convocó a un grupo de mandatarios provinciales para para diseñar el pedido de juicio político que impulsará contra el máximo tribunal. «Juntos por el Cambio se apropió del Poder Judicial», dijo antes del encuentro Jorge Capitanich, gobernador del Chaco. Este miércoles se elevará el pedido a la Cámara de Diputados.
El presidente Alberto Fernández se reunió este martes en Casa Rosada con un grupo de gobernadores para diseñar el pedido de juicio político que impulsará contra el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, quien también preside el Consejo de la Magistratura.
El encuentro, que comenzó al mediodía, contó con la participación de los mandatarios provinciales Axel Kicillof (Buenos Aires), Jorge Capitanich (Chaco), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gildo Insfrán (Formosa) y Ricardo Quintela (La Rioja).
También con la participación de los vicegobernadores Eugenio Quiroga (Santa Cruz) y Rubén Dusso (Catamarca). Los gobernadores de esas provincias, Alicia Kirchner y Raúl Jalil, se conectaron por videoconferencia.
En la reunión, que se desarrolló en el Salón Eva Perón de Casa Rosada, acompañaron a Fernández el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro.
Conferencia de prensa
Al finalizar el encuentro, los gobernadores ofrecieron una conferencia de prensa en la que detallaron los resultados de la reunión. «Junto a gobernadores, vicegobernadores, vicegobernadoras y gobernadoras hemos tenido una reunión con el Presidente de la República con el objetivo de propiciar la firma de un pedido de juicio político en el marco del artículo 53 de la Constitución Nacional en virtud del mal desempeño en las funciones de los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación», dijo Capitanich, el primero en hablar.
«El Presidente, con la mayoría de gobernadores y gobernadoras, hemos propiciado esta iniciativa en virtud de una multiplicidad de hechos que pueden sintetizarse en la violación de la Ley de Ética Pública y el mal desempeño a partir de decisiones que tienen que ver con oportunamente la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 26080 después de más de 16 años de vigencia y la restitución de la Ley 24.937″.
«En ese contexto, conjuntamente con el fallo que favorece a CABA, nosotros observamos efectivamente en esta Corte Suprema, por una serie de hechos que se van a presentar oportunamente ante la opinión pública, una manifiesta parcialidad«, añadió Capitanich.
Esta manifiesta parcialidad, aseguró, «significa que los fallos que hemos observado favorecen a una parcialidad política y esto pone de manifiesto uno de los problemas centrales: deben ser custodios y guardianes de la Constitución pero lo que observamos es que los argentinos y argentinas no pueden estar tranquilos en términos de salvaguarda de la vida, patrimonio, honor y libertad con miembros de la Corte que violan clara y contundentemente la Constitución y sobre todo los principios republicanos y federales de gobierno».
En ese marco, Capitanich reconoció que las provincias argentinasse sienten «damnificadas por la asignación de recursosde una manera antojadiza sin ningún tipo de fundamento alguno». En consecuencia, «consideramos que la defensa de los intereses de nuestras provincias y del federalismo es una bandera absolutamente irrenunciable porque es la base para lograr equidad e igualdad», concluyó.
La presentación ante Diputados
Luego tomó la palabra Kicillof, quien adelantó a los periodistas que «pronto van a tener a disposición el pedido que va a ser elevado a la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados». Dicha presentación, que «no tiene antecedentes en la historia argentina», se realizará este miércoles, anticipó el mandatario provincial.
Consultado sobre la dificultad de llevar adelante el proceso con una oposición que viene trabando el funcionamiento del Congreso, respondió: «La comisión de Juicio Político resuelve si pone en marcha o no el procedimiento. Lógicamente, será el propio transcurso de la investigación el que después irá confirmando el resultado del pleno. Si ya estuvieran todos los votos no tendríamos diputados porque serían cosas que están escritas antes. Y esto no es así, porque es un procedimiento de mucha gravedad».
«El presupuesto parecía que no se iba a aprobar y se aprobó. Por eso digo, uno no se puede adelantar a la evolución de los hechos», insistió en ese sentido.
La denuncia contra Robles
Gerardo Zamora, por su parte, se refirió al accionar judicial que algunas provincias desplegaron contra la Corte Suprema en los últimos días y la denuncia que él presentó este lunes en el Juzgado de la capital provincial contra Silvio Robles, estrecho colaborador del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, por supuesto «tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público» ante las filtraciones de chats que mostrarían un vínculo entre el Gobierno porteño y ese tribunal.
Existen «presentaciones que hemos realizado varios gobernadores que no han sido oídas ni contestadas. Creemos que esta situación se agrava muchísimo cuando se conocen los chats. Por eso la denuncia en la cabeza del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y la investigación de los demás miembros es la decisión de varios gobernadores», explicó.
«Hay un conflicto de poderes muy grave (…). La legitimidad del presidente de la Corte Suprema está totalmente en duda y con ello el estado de derecho. No se puede dejar pasar esto», remarcó.
Minutos antes, en sus redes sociales, Zamora aseguró que Robles, a quien denunció en la Justicia Federal «por estar involucrado en un escándalo de gravedad institucional sin antecedentes», no quiso entregar sus teléfonos. «Con esto, en vez de ayudar a aclarar (si es que no tuviera nada que ver con el delito endilgado) oscurece más aún la legitimidad de la presidencia de la CSJN, y sigue resquebrajando cada vez más, al estado de derecho en el país. Dr. Rosatti, vuelvo a preguntarle, ¿que hará usted ahora? La Patria no se merece esto«, escribió el gobernador de Santiago del Estero en un hilo de Twitter.
Capitanich: «Juntos por el Cambio se apropió del Poder Judicial»
Antes de ingresar a Casa Rosada, Capitanich brindó una entrevista con Futurock donde afirmó hoy que existe una «parcialidad manifiesta» por parte de la Corte Suprema que «responde» a Juntos por el Cambio (JxC). En ese marco, el gobernador de Chaco adelantó que acompañará el pedido de juicio político que Fernández impulsará contra Rosatti.
«Acá el problema central es político, Juntos por el Cambio se apropió del Poder Judicial para perseguir opositores, para defenestrar el sistema republicano de Gobierno y para destruir el federalismo en Argentina. Esta apropiación de la justicia constituye un hecho de gravedad institucional«, observó Capitanich.
Se trató del segundo encuentro que el Presidente mantuvo con gobernadores luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictara una cautelar ordenando al Gobierno Nacional pagarle a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables.
En la anterior reunión, de la que participaron también –algunos de forma presencial y otros virtual– Kicillof, Capitanich, Zamora, Ziliotto, Melella, Insfrán, Quintela, Jaldo, Uñac, Kirchner y Jalil, además de los mandatarios Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), y Oscar Herrera Ahuad (Misiones), se redactó un documento que definió a la decisión del máximo tribunal como «un fallo político en contra de las provincias argentinas y de imposible cumplimiento».
Juicio político contra Rosatti
Este domingo, antes de viajar a Brasil para participar de la asunción del presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, Fernández publicó una carta anunciando su decisión de impulsar un pedido de juicio político contra el titular de la Corte Suprema para que «se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones», tras la difusión de informaciones «jamás contradichas» que dejan al descubierto «el vínculo escandaloso entre parte de la política y la justicia» en el marco de «un avance inadmisible del Poder Judicial de la Nación sobre los otros poderes de la República».
El mandatario se refería, entre otras irregularidades, a la difusión de supuestos chats de Telegram entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, y el principal operador del presidente de la Corte Suprema, Silvio Robles, donde éste le recomendaba al funcionario de Larreta maniobras para favorecer la posición del distrito porteño en el litigio que mantenía con la Nación por los fondos coparticipables y también le sugería los pasos a seguir para que la Corte pueda convalidar judicialmente el reclamo del senador Luis Juez a un lugar en el Consejo de la Magistratura.
«Los diálogos entre funcionarios judiciales y políticos de la oposición en los que se anticipan decisiones y recomiendan fundamentos políticos para ser usados a la hora de decidir judicialmente casos con trascendencia institucional indudable, han quedado impúdicamente expuestos ante el asombro generalizado», advirtió Fernández.
Por eso, «he convocado a los señores gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti», detalló el jefe de Estado en el escrito que difundió por redes sociales, donde también adelantó que pedirá que «se investiguen las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal».
«Permanente avance de la Corte Suprema sobre los otros poderes»
Horas más tarde, en una entrevista con C5N que dio desde Brasil, Fernández expresó su «preocupación por lo que ha pasado en los últimos meses, ya que hubo un permanente avance de la Corte Suprema sobre los otros poderes y la República exige tres poderes independientes».
«Lo que hizo la Corte con el tema coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires se convierte en un hecho de intromisión» de la justicia, consideró entonces.
Rosatti, recordó el mandatario sobre esa intromisión registrada en los últimos meses, además de ser titular de la Corte «tiene la particularidad de ser presidente del Consejo de la Magistratura, consecuencia de que declaró la inconstitucionalidad de una ley con más de 16 años de vigencia que había sido aprobada por el Congreso».
A 4 años del crimen de Joselin
Mamani convocan a una jornada
para exigir justicia
Resumen Latinoamericano, 03 de enero de 2023.
Una justicia patriarcal y racista imputa a la madre del crimen de la niña en vez de investigar.
La red de Acompañamiento por Justicia para Joselin Mamani convoca a la jornada en memoria de la niña el día 7 de enero a las 16 hs en la Plaza Che Guevara, calle Ricardo Silva 1596 entre 25 de noviembre y lima del Barrio 14 de Febrero de Longchamps, Prov de BsAs.
El 7 de enero de 2019 Joselín Mamani de 10 años fue asesinada en su casa de Longchamps, cuando su madre había salido a la mañana a realizar un tråmite en el banco, a su regreso encontró a su hija agonizando en el piso de la cocina.
Que el día de su crimen podamos recordar a Joselin
en la plaza donde jugaba, y también denunciar la misoginia y el racismo de la injusticia de los Tribunales de Lomas de Zamora.
Desde la red, a la cual TeleSISA integra, conformada por personas de Pueblos Indígenas, migrantes y feministas acompañamos a Zaida Mamani para que el caso de su hija no quede impune con una causa armada. Zaida no está sola, como la han dejado, desde un principio, las instituciones estatales de Argentina y de Bolivia, que no respondieron con la mínima solidaridad cuando se les pidió que se pronunciarán e intervengan ante una justicia que avanzaba contra Zaida discriminándola por su condición de mujer, indígena, migrante y pobre.
Zaida es de origen Quechua, de la zona de San Lucas (Chuquisaca), Bolivia, tiene una historia muy dura y de lucha por darle lo mejor a su hija siendo soltera.
Hoy Zaida cuenta con un abogado particular que en poco tiempo vio en la causa elementos que apuntaban a otros sospechosos, pero que la justicia eligió no investigar. Por el contrario fue más cómodo basarse en declaraciones de un Comisario retirado que brindó una opinión más que en las pruebas existentes.
Red de Acompañamiento por Justicia para Joselin Mamani
Fb: Justicia por Joselin Mamani
justiciaporjoselinmamani@gmail.com
Longchamps, Bs.As. Argentina
Envio:RL
Presionado por los chats, el ministro toma licencia "temporaria"
Larreta le soltó la mano a D'Alessandro
El jefe de Gobierno corrió a su ministro de Justicia y Seguridad después de sostenerlo no una sino dos veces. La defensa de D'Alessandro no convenció ni a los propios y se agudizó el malestar en la cúpula del PRO. Patricia Bullrich sonríe. Y apareció Carrió.
Uno de los problemas fue la calidad de su defensa en los medios. El otro es que no está claro cuantos chats más podrían aparecer ni qué van a decir. Así, finalmente, D'Alessandro deja el ministerio. Lo hace, para salvar las formas, con una licencia temporaria y con la excusa de que reunirá evidencias para desarticular las "falacias" en su contra. Horas antes, Elisa Carrió presionó a Larreta públicamente para que no echara a D'Alessandro. Y luego volvió a tuitear.
Larreta no nombrará un reemplazante, dado que se trata de una licencia. El área quedará bajo la coordinación del jefe de Gabinete, Felipe Miguel, uno de los que respaldó la jugada, que implica un giro de 180 grados sobre la estrategia que venía sosteniendo el Gobierno porteño: bancar a D'Alessandro y mantenerlo en el cargo. Este tipo de volantazos son poco habituales en Larreta y pueden estar relacionados con los nervios que existen en un año electoral.
El giro del Gobierno porteño
Lo cierto es que Larreta sostuvo tres veces a D'Alessandro: primero, cuando este diario publicó que había viajado a Lago Escondido (cosa que él negó en un principio, aunque era cierto). Segundo, cuando se difundieron los chats donde D'Alessandro, el jefe de los fiscales Juan Mahiques y un grupo de jueces federales y directivos del Grupo Clarín conspiraban para tapar la información y enterrar sus consecuencias judiciales. Y tercero, cuando salió una segunda filtración de chats en los que D'Alessandro coordinaba acciones con un emisario del titular de la Corte, Horacio Rosatti, y tenía tratos non sanctos con un empresario del negocio de las grúas.
Lo cierto es que, después de haberlo defendido públicamente y sostener que absolutamente todo lo publicado es falso, a Larreta parecía convenirle más esperar un tiempo para este paso al costado. ¿Qué cambió para que ahora le soltaran la mano? Nadie en el Gobierno porteño lo supo explicar. Sí es real que había mucho enojo de la cúpula con los "descuidos" del ministro y que sus explicaciones públicas no les habían resultado sólidas y convincentes. En las entrevistas que dio, D'Alessandro eludió respuestas concretas y pareció no tomar conciencia de la dimensión de lo que está ocurriendo.
Hubo una reunión Larreta-Macri. Y además, a lo largo de la semana pasada, desde otros sectores del PRO se sucedieron las operaciones de prensa para darlo por renunciado a D'Alessandro. La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, guarda silencio y sonríe. Finalmente, Larreta decidió que diera un paso al costado y le tocó a D'Alessandro anunciarlo.
Mapa de la Licencia
Iba a ser un anuncio sobre el mapa del delito, pero terminó siendo una conferencia sobre la salida del ministro. Sus principales argumentos son que pondrá primero a su familia y que organizará su defensa judicial en el tiempo libre que tendrá de ahora en más, en pleno período estival.
“Todos saben que estamos siendo objeto de una operación infame de grupos de tarea que realizan inteligencia sobre las personas y montan situaciones que no son reales, y editan situaciones. Lo que quieren crear es la posverdad y el escándalo, una crisis institucional. Estoy más firme que nunca”, aseguró, flanqueado por Miguel y por el flamante funcionario larretista Waldo Wolff.
Larreta no estuvo, porque recién el miércoles regresa de sus vacaciones en el sur, aunque luego tuvo palabras cálidas para su ministro de licencia y dijo que espera que reúna toda la "información para desenmascarar al kirchnerismo" (lo que no dijo: que la reúna lejos de su candidatura presidencial).
Salvavidas de Carrió
Carrió había hecho una advertencia previa al jefe de Gobierno para que no corriera a D'Alessandro: “Si para discutir o echar a un ministro, te basás en escuchas ilegales de Milani, no podés gobernar. Este es un principio elemental”. Carrió intentó condicionar al jefe de Gobierno para que ni se le ocurra echar a su ministro con un tweet de redacción confusa: "No sostener a funcionarios acosados por las mismas mafias que asesinaron a Nisman, con escuchas falsas e ilegales no habla muy bien del gobernante que no sostiene al funcionario, ni enfrenta a las mafias. Ya se ha hecho la denuncia penal correspondiente". Visto en retrospectiva, fue un aviso directo a Larreta.
Fue mucho más clara en la conversación que tuvo con Larreta, al que llamó especialmente por este tema, según ella misma relató al diario La Nación. “Lo llamé para decirle que la situación es grave, no es una cosa menor. Macri iba a siempre a lo de Lewis y por eso no dejó de ser Presidente”, dijo allí Carrió. La líder de la Coalición Cívica instruyó a sus más cercanos, el diputado Juan López y Paula Olivetto, para que presentaran una denuncia penal en la que aseguró que detrás del hackeo del celular de D'Alessandro hay figuras del pasado como el militar Milani o Fernando Pocino, de la exSIDE. No quedó claro cual es la fuente de esas afirmaciones o si existen evidencias.
El interbloque de Juntos por el Cambio se lanzó con la misma versión en un pedido de informes, que ya fue respondido por la AFI: advirtieron que no existía una base en El Dorado, Misiones, ni tampoco una "mesa militar", ni participaba Milani. Pese a esto, uno de los nuevos voceros de Larreta salió a asegurar lo contrario: "El gobierno reconoce agentes de inteligencia militar en la AFI y blanquea operaciones ilegales de teléfono con manipulación de información. El presidente que se presentaba como el hijo del juez termina armando grupos oficiales de tareas. Va a ser juzgado por esto, Alberto Fernández", amenazó Wolff.
Antes de que se anunciara la licencia de D'Alessandro, Carrió le apuntó también a la mesa chica de Larreta, donde más de uno había recomendado directamente pedirle la renuncia a D'Alessandro: "Horacio está rodeado de chicos incapaces e ineptos —dijo—. La ineptitud es la peor asesoría que puede tener un gobernante. No saben política. En la ineptitud no juego. Se lo dije a Horacio y me dijo que me iba a contestar. Nunca sacaría a alguien de un gobierno sobre la base de una escucha ilegal, al contrario, lo reconfirmo en el cargo. Porque vienen por él".
Según señalaron en el entorno de Carrió, la dirigente no se oponía a que D'Alessandro se tomara una licencia temporal sino que estaba intentando evitar otro tipo de conclusiones de la crisis, como que nombraran ministro a alguien a quien ella detesta.
Luego de los anuncios, ella volvió al tuit. Ya no hubo presiones sino un acompañamiento a la decisión de Larreta. Entre uno y otro tuit, se aseguró que nadie reemplace al ministro. "Acompaño la decisión de @horaciorlarreta —dijo Carrió—. Hay que redoblarle la apuesta a las mafias ilegales. No podemos ser víctimas del espionaje ilegal".
Silvio Robles rechazó la orden del juez Guillermo Molinari
Chats del lawfare: el asesor de Horacio Rosatti no quiere entregar sus teléfonos
El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, denunció en Twitter que Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, no acató la disposición de depositar su teléfono. Fue denunciado después de que se filtraran mensajes que habría intercambiado con el ministro de CABA Marcelo D'Alessandro.
A raíz de una denuncia del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, el juez federal Guillermo Molinari intimó a Robles a que depositara su teléfono en la Secretaría de turno de la Corte Suprema y todo aquel aparato que use para comunicarse. Sin embargo, el vocero y director general de la vocalía de Rosatti rechazó la posibilidad de dejar en manos de Molinari su celular.
Según comunicó Zamora en su cuenta de Twitter, Robles sí se presentó en el expediente, designó abogado y pidió tener acceso a la causa. “Doctor Rosatti, vuelvo a preguntarle qué hará usted ahora. La patria no se merece esto”, escribió Zamora en esa red social.
El gobernador de Santiago del Estero —que este martes estuvo en Buenos Aires para participar de la reunión en la Casa Rosada con el presidente Alberto Fernández— había denunciado a Robles por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público tras la difusión de los chats con D’Alessandro.
Las maniobras opositoras por los chats de D'Alessandro
Agustín Rossi presentó una denuncia penal contra la operación "hackeo"
Agustín Rossi presentó una denuncia penal contra los medios y los periodistas que difundieron información confidencial de la presentación que hizo la AFI el 20 de diciembre ante la Bicameral de Inteligencia del Congreso como respuesta a un pedido de informes de Juntos por el Cambio. Así lo expresó el titular de la AFI anoche durante una entrevista en C5N en la que subrayó que además de difundir el nombre de agentes con identidad reservada, dieron cuenta de información falsa porque el organismo ya había negado la existencia de una "mesa militar" en la AFI y de personal militar.
JxC involucra a la AFI por un supuesto hackeo al teléfono de D´Alessandro a partir de esa "mesa militar". Durante la tarde, Rossi también respondió: "No existe ninguna mesa militar en la AFI --dijo--. No existe ningún área con mirada militar. No figura personal castrense, ni están contratados bajo ningún punto de vista", señaló. "Mi respuesta es previa a que se conociera la segunda tanda de chats. Entonces, ¿por qué salieron ahora a tratar de poner el foco en la AFI? Salieron porque esta segunda tanda de chats involucra al presidente de la Corte", lanzó.
JxC también le apuntó a Cesar Milani, quién también sostuvo ayer que "quisieron crear una pantalla de humo para defender lo indefendible". Y desmintió las versiones que señalan a Ramiro Gómez Riera y Roberto Adrián Román como "espías de las Fuerzas Armadas": "No son militares", dijo y agregó que uno de ellos "ahora parece que trabajó con Bullrich en el Ministerio de Seguridad".
Fuente:Pagina12
04.01.2023 / Economía
Canje de deuda: Economía extendió vencimientos de deuda del primer trimestre por casi $3 billones
Tras esta operación la cuenta pasó de $4,3 billones a $1,4 billones hasta marzo. En detalle, el Tesoro Nacional debía afrontar vencimientos por $ 1,1 billones en enero, $ 1,2 billones en febrero y $ 2 billones en marzo que pasaron a ser de $ 0,39 billones, $ 0,42 billones y $ 0,6 billones respectivamente.
El Tesoro Nacional debía afrontar vencimientos por $1,1 billones en enero, $1,2 billones en febrero y $2 billones en marzo. Luego de esta operación de conversión, logró reducir los vencimientos proyectados a $0,39 billones, $0,42 billones y $0,6 billones respectivamente.
El canje de deuda en moneda local que llevó adelante la Secretaría de Finanzas extendió los plazos para su cancelación hasta un período que va desde abril hasta febrero de 2024. “Se esperaba una participación máxima del 60%, ya que el máximo que podía `rolovearse` era el 70%. Pero se canjeó más del 67%", dijeron fuentes de Economía.
En la operación de conversión, se recibieron un total de 1.079 ofertas que representaron un total de VNO 1,6 billones.
Economía destacó la participación de varias entidades financieras entre las que lideraron Banco Santander y Banco Galicia y, en menor medida, Nuevo Banco de Santa Fe, Banco San Juan y Banco Macro.
El proceso de terminación de la oferta final a los inversores tuvo una intensa ida y vuelta entre los funcionarios de Economía y ejecutivos del sector financiero para buscar algún tipo de apoyo privado a la operación. “Tuvimos algo de participación, trabajosa, pero participación al fin de sectores no bancarios que nos ayudaron para superar el 60% de aceptación, es algo que a ellos les cuesta mucho y nos acompañaron. Por el perfil de tenedores y de vencimientos fue un buen canje”, explicó un funcionario que siguió de cerca la conversión de activos a Infobae.
La próxima licitación tendrá lugar el próximo miércoles 18 de enero tal y como fue informado previamente en el cronograma preliminar de licitaciones del primer semestre de 2023.
De acuerdo a las proyecciones realizadas por el FMI, el Gobierno deberá ampliar su margen de financiamiento en el mercado para atender las necesidades financieras de 2023, siempre en el marco del cumplimiento de las metas fiscales y monetarias. Según la estimación del organismo, eso debería ocurrir en una magnitud equivalente al 3% del PBI.
El organismo estimó que el pico de vencimientos para 2023 tendría lugar en julio, con un equivalente en dólares de USD 1.600 millones, aunque la mayor parte corresponde a tenedores del sector privado. Ya desde enero, febrero y marzo esas “torres” se elevan en un rango de entre USD 1.000 y USD 1.200 millones cada mes. En términos generales, el 60% de las obligaciones de pago corresponden a acreedores del propio sector público.
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