Familias destruidas en Ica: Obreros
agrícolas detenidos de forma ilegal
afrontan prisión
Wayka /Resumen Latinoamericano, 17 de febrero de 2023.
Familiares de los trabajadores agrícolas de Ica detenidos el 25 de enero en el centro poblado de Expansión denuncian arrestos arbitrarios durante incursión policial en zona urbana en las protestas contra el régimen de Dina Boluarte. Defensoría y CODEHICA afirman que la Policía vulneró los derechos humanos de los detenidos con maltratos físicos, restricciones para el ingreso de alimentos y la negativa para el acceso de abogados.
Por Ghiomara Rafaele
Yoni Mendoza Llamocca salió de su casa en Ica, aproximadamente a las tres de la tarde, para recoger a su hija de ocho años que se encontraba en la casa de su suegra, a tres cuadras de la Panamericana Sur. Desde su vivienda escuchó gritos de personas y sintió el olor de las lacrimógenas. El sonido de disparos alertó a los ciudadanos de Expansión de que la Policía había ingresado al área urbana. De acuerdo al documento fiscal, la PNP hizo su ingreso al centro poblado a las quince horas y diez minutos.
A pesar del peligro, Yoni salió de su casa con una sola idea en mente: trasladar a su niña a un lugar seguro. Cuando estaba a punto de ingresar a la vivienda de su suegra, unos civiles, con rostros cubiertos, lo detuvieron violentamente y en conjunto con la Policía lo empezaron a golpear.
INCURSIÓN ILEGAL
En la Panamericana Sur, a la altura de Ica, se ubican tres sectores: Barrio Chino, Expansión y El Álamo. Son centros poblados que albergan a ciudadanos de diversas provincias del Perú que arriban durante las temporadas altas de cosecha y siembra.
No es la primera vez que estos tres sectores se organizan para protestar en la carretera. Durante el gobierno transitorio de Francisco Sagasti, en el 2020, dejaron sus herramientas de trabajo para exigir un pago justo por sus labores realizadas en los fundos iqueños. Hoy reclaman la renuncia de Dina Boluarte, el adelanto de elecciones y una Asamblea Constituyente, al igual que en diversas partes del país.
En Ica los enfrentamientos entre civiles y agentes policiales han dejado 63 heridos de ambos lados. Sin embargo, el 25 de enero, según la Coordinadora de Derechos Humanos de Ica (CODEHICA) y la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional incursionó con 600 efectivos liderados por el General Jorge Castillo Vargas de manera violenta e ilegal en las zonas urbanas de Expansión, donde viven niños, ancianos, madres, padres y adolescentes que no participaban de las protestas.
“Ese día el Gobierno Regional había convocado a alcaldes, al sector empresarial y algunas organizaciones de la sociedad civil para pedir diálogo y dejar la Panamericana. En esa misma hora [de la reunión], la policía estaba incursionando en el centro poblado Expansión urbana… En Expansión hubo un enfrentamiento entre la población y la Policía, pero ese enfrentamiento fue provocado por la Policía”, narra Rosario Huallanca, vocera de CODEHICA. Incursión policial en Expansión, Ica, en donde se aprecia a efectivos lanzar piedras a viviendas. Fuente: La Lupa
La represión fue brutal: el olor de bombas lacrimógenas en los hogares, el sonido de disparos de perdigones cerca de las losas deportivas y la presencia de civiles que -protegidos por la Policía- agredían a ciudadanos, los atrapaban y los entregaban a los agentes. Las personas que permanecían en sus casas se vieron obligados a salir de sus hogares. Sus paredes, puertas y ventanas no los podían defender de la violencia. Uno de ellos era Yoni Mendoza.
“A mi primo lo agarran en la tercera cuadra del pueblo, no lo agarran en Panamericana. Él no estaba en protesta, sino porque entraron al pueblo [la Policía] a tirar perdigones, gas. Él fue a socorrer a su hijita que estaba con su abuela materna. Él no era partícipe”, narra su prima Gloria Yauri.Detención de Yoni Mendoza. Fuente: archivo personal.
A pesar de que a Yoni lo detuvieron lejos de la carretera, como lo confirma el video compartido por los familiares a Wayka, en el atestado policial se detalla otra información. Según el documento de la PNP, dice que él «arrojaba piedras en ambos sentidos de la pista» y en la mano derecha llevaba un «balde de aceite». Sin embargo, en el video se observa a Yoni sin ningún objeto o material en las manos, además es agredido por un contingente policial y civiles.
Ahora Yoni afronta una prisión preventiva de cuatro meses por presunto delito contra la tranquilidad y seguridad pública en la modalidad de disturbios en contra del Estado y de un suboficial, delitos contra los medios de comunicación, transporte y otros servicios, violencia y resistencia contra la autoridad. Pero él no es el único, hay diez personas más procesadas. Entre ellos, Felimón Huamaní Medina, quien llegó a Ica con su esposa Susana Cori y su hija de cinco años desde Ayacucho, buscando mejores posibilidades de empleo. A ambos campesinos les habían contado que podían ganar algunos soles si trabajaban en la cosecha de uva. Dejaron sus chacras y emprendieron un viaje de más de siete horas. Sus pocos ahorros solo les permitió alquilar un cuarto en el tercer piso. Una habitación para tres con paredes de madera y un techo de calamina, donde padecen calor y frío.
Ese mismo día, Felimón salió de casa por la mañana para ver qué era lo que ocurría en la carretera. Susana le pidió que evitara salir, pero Felimón insistió. Dejó su cuarto de madera y se dirigió a la Panamericana Sur. En una esquina, observaba la manifestación y luego la represión de la Policía y respuesta de los civiles. Pero por la tarde, de un momento lo detuvieron y es acusado por los mismos cargos que Yoni.
Susana veía pasar las horas en su cuarto, mientras esperaba el regreso de Felimón. Lo llamó a su teléfono, pero estaba apagado. Salió de casa a buscarlo y no lo encontró. Pensó lo peor, hasta que se enteró por las redes sociales que había sido detenido. A Susana le angustia la salud de Felimón, porque es paciente de epilepsia.
“Yo quiero justicia para él, así de la nada lo han detenido. No hay quien me mantenga a mí ni a mi hija. Yo tengo una hijita de cinco años y quiero justicia. Es injusto. Yo quiero que salga lo más pronto posible”, exige Susana.
Felimón también es investigado por el delito contra la tranquilidad y seguridad pública en la modalidad de disturbios en contra del Estado y de un suboficial, delitos contra los medios de comunicación, transporte y otros servicios y entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos.
Otro caso es el de Ezequiel Fernández Ponce, quien reside en Ayacucho y trabaja sembrando papas. Cada temporada de la cosecha de uva viajaba a Ica para trabajar en alguno de los viñedos. Con su trabajo apoyaba económicamente a su madre anciana y a su hermana, madre soltera de una niña de tres años. Había llegado una semana antes de ser detenido.
Cuando se dio la incursión policial, Ezequiel salió alertado de su habitación. Un cuarto de madera, construido intuitivamente en el arenal de Expansión. El motivo de su preocupación era su prima: temía que alguna bomba lacrimógena, algún perdigón o un policía le hiciera daño. Ella vivía a cinco cuadras de la Panamericana Sur y según testimonios de los amigos de Ezequiel, él se había encontrado con ellos antes de llegar a la casa de su prima. No logró llegar a visitarla porque fue detenido a pocos pasos de tocar la puerta.
“Lo acusaron de tener piedras, huaracas, dice que estaba bloqueando la pista. Así dicen que lo sembraron. Pero prácticamente no era así. A mi hermano no le gusta salir a la calle, no le gusta participar de esas cosas. Solo estaba buscando a la prima”, cuenta su hermana Yolanda.
La primera fiscalía provincial penal corporativa de Ica, acusa a Ezequiel de atentar contra la tranquilidad y seguridad pública en la modalidad de disturbios en contra del Estado y de un suboficial, delitos contra los medios de comunicación, transporte y otros servicios, violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones agravado .
Yolanda fue una de las primeras en enterarse de la detención de su hermano en la comisaría de Guadalupe, pero hasta ahora no le permiten verlo directamente en el penal. “Yo quiero que lo liberen a mi hermano. Yo prácticamente a mi hermano lo yo necesito mucho. Para mí, para mi mamá mucha falta tenemos”, pide Yolanda.
¿FUERZAS PARAPOLICIALES?
Durante la intervención policial se observó la presencia de Julio Carbajal presidente del Frente de Trabajadores Agrícolas (Frentagri), personaje vinculado a las protestas golpistas contra Castillo en Ica y cercanías al fujimorismo. Según una entrevista en La Mula a Hernando Guerra García de la bancada de Fuerza Popular, dijo que se había reunido con Carbajal hasta en tres oportunidades. Asimismo, otros dirigentes agrarios como Susan Quintanilla, presidenta del Comité de Lucha del Sector Agrario de Ica, y Miguel Trujillo, secretario de Organización, Agrícola Chapi, afirmaron que no reconocen al llamado de Carbajal e incluso que mencionan que se autoproclamó presidente del Frentagri.
Según el defensor del Pueblo de Ica, Jorge Hernández, Carbajal estaba participando en la liberación de la vía. La intervención de Carbajal sería irregular debido a que la Policía es el ente encargado de llevar a cabo esta acción, no civiles. Debido a esta acción la Defensoría declaró que “se debería llamar la atención a la Policía porque la responsabilidad del restablecimiento del orden es de la Policía Nacional, no de la población civil. El hecho de permitir civiles en los enfrentamientos es un hecho irregular”, declaró Hernández para CODEHICA.
Según testigos de la zona y videos compartidos por el portal La Lupa, las personas que portaban hondas, huaracas con piedras, eran civiles que estaban al lado de los agentes policiales, agrediendo a los ciudadanos que protestaban o quienes no participaban de las protestas.Incursión policial en Expansión, Ica, en donde se aprecia a civiles que acompañaban a efectivos policiales con ondas . Fuente: La LupaCiviles que agreden a ciudadanos de la Expansión con prendas en el rostro. Fuente: archivo personal
TRATOS INHUMANOS
Según los familiares de los ciudadanos que ahora se encuentran privados de la libertad, la PNP no les brindó alimentos ni bebidas; hecho que se confirma con la declaración de Porfirio Barnechea, comisionado de la Defensoría del Pueblo, quien visitó la zona de Expansión para corroborar las vulneraciones de derechos humanos.
“Cuando son trasladados a la dependencia policial se desarrolla un segundo momento de violencia. Se han denunciado actos de violencia contra los detenidos. No se ha respetado las condiciones o garantías para el acceso al abogado, hubo demoras del Ministerio Público para llegar al lugar de la detención, que se le informe de sus derechos y de los motivos por el que está detenido. Además, no les dieron comida y agua”, declara Barnechea.
Una de las familiares que denuncia el maltrato por parte de la Policía a su esposo es Maritza Infante, esposa de Wilber Huamaní Flores y madre de tres niños. “Nos han puesto trabas para que el abogado hable con él. Lo golpearon, no lo alimentaron. Nosotros hemos llevado [alimentos], no le han dado”, cuenta Maritza. Wilber también es investigado por los supuestos delitos atribuidos a Felimón y Ezequiel.
PRISIÓN PREVENTIVA
El 28 de enero, tres días después de ser detenidos, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica declaró fundada el pedido de prisión preventiva del Ministerio Público para once personas por cuatro meses, por el supuesto delito de entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos.
Estos ciudadanos provienen de Junín, Bagua, Ayacucho, La Libertad, Tacna, varios llegaron al valle para laborar por la temporada agrícola. Ahora se encuentran tras las rejas. La comisión de la Defensoría del Pueblo logró visitarlos en el penal Cristo Rey de Cachiche y señalan que los ciudadanos detenidos se encuentran con moretones en el cuerpo e incluso dos de ellos han tenido que ser atendidos de emergencia.
“La historia clínica elaborada en el penal de Cachiche no menciona ningún tipo de afectación a la salud de las personas. Pero en la entrevista con los detenidos, ellos nos decían: me han golpeado, tengo acá las marcas, las costras. Se les veía los golpes, mostraban las heridas. Había uno que le dolía mucho el lado izquierdo de las costillas”
Debido al pedido de la Defensoría se llevó una nueva evaluación en el penal de Cachiche y se dejó constancia de diversas heridas en el cuerpo de los ciudadanos privados de la libertad como costras en la cabeza, moretones en el cuerpo y uno de ellos tuvo que ser atendido por una fisura en el lado izquierdo de la costilla. Otro de los detenidos, Wilber Huamaní, sufrió de un ataque de epilepsia cuando la comisión se encontraba en las instalaciones de Cachiche.
Las esposas, madres, las y los hijos de los ciudadanos que ahora tienen prisión preventiva en el penal de Cachiche piden justicia. Maritza reclama la liberación de su esposo Wilber, quien laboraba para mantener a su familia mientras ella cuidaba de sus tres hijas. “Quién me va a dar de comer. No hay nadie quién trabaje, no tengo recursos. Yo quiero justicia, quiero que suelten a mi pareja”.
Yolanda y su madre también piden la libertad para Ezequiel, quien solo salió a visitar a su prima. Susana, esposa de Felimón, pide justicia: “él solo venía de trabajar” y la hija de Yoni ha dejado de comer y pregunta constantemente dónde está su padre. Los familiares aún mantienen la esperanza de verlos salir del penal e ingresar por las puertas de sus hogares.
Protestan en Lima frente a la embajada
brasileña por envío de armamento
a Boluarte
Resumen Latinoamericano, 17 de febrero de 2023.
foto: Ana Aguilar, de las Rondas Campesinas de Puno.
Un plantón de protesta se realizó este pasado martes en las afueras de la embajada de Brasil en Lima. Allí estuvo presente , en la región de Puno, una de las zonas más afectadas por la brutal represión policial y militar del Gobierno golpista de Dina Boluarte.
Habitantes de Puno, una de las regiones más golpeadas por la represión policial y militar que ya dejó más de 60 muertos, se manifestaron este jueves frente a la embajada de Brasil en Lima para protestar por el envío de municiones desde ese país.
Los cartuchos de gases lacrimógenos y bombas de estruendo fabricadas por una empresa privada brasileña son utilizados para atacar a los manifestantes y reprimir en particular a los pueblos del sur del país, donde aún se siguen realizando protestas y cortes de ruta contra el Gobierno golpista de Dina Boluarte.
Si bien el contrato entre el Gobierno peruano y la empresa armamentística brasileña se firmó en diciembre cuando aún era presidente Bolsonaro, el envío de armas se efectivizó en enero.
Detallado informe preliminar de la
Misión Internacional que constató
múltiples violaciones de los derechos
humanos
Resumen Latinoamericano, 17 de febrero de 2023.
La Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos, que recientemente viajó desde Argentina para interiorizarse por la continua violación de dichos derechos en el Perú de la dictadura cívico militar ha cumplido con su misión holgadamente. Luego de estar una semana en Perú, recorriendo distintos territorios, entre ellos Juliaca y Ayacucho, donde el ejercito y la policía asesino decenas de personas luego del golpe de estado a Pedro Castillo, elaboró un pormenorizado informe donde quedan al descubierto las atrocidades cometidas por militares y policías contra manifestaciones pacíficas de pobladores, campesinxs, indígenas, trabajadorxs y estudiantxs.
La Misión de Solidaridad presenta el Informe Preliminar de su trabajo en Perú.
Clickear en el link para leer el informe completo:
file:///Users/carlos/Downloads/Informe%20preliminar%20Per%C3%BA%202023.pdf
Se registran movilizaciones y bloqueos
en 16 provincias
Resumen Latinoamericano, 17 de febrero de 2023.
La Defensoría del Pueblo de Perú anunció que se registraron el jueves movilizaciones en 16 provincias del país azotado por una profunda crisis sociopolítica.
“Se registran movilizaciones, paralizaciones y/o bloqueos de vías en 16 provincias [de las 196 existentes a nivel nacional]”, indicó el jueves la Defensoría del Pueblo de Perú en un comunicado.
Al destacar que las 16 provincias están situadas en los departamentos de Lima (centro), Cusco (sur), Puno (sur) y Apurímac (sur), el ente precisó que la información está actualizada hasta las 13:00, hora local, (18.00 GMT) del 16 de febrero.
Entretanto, se reportaron 50 puntos de bloqueo en las carreteras de los departamentos de Cusco y Puno.
De acuerdo a la Defensoría, hasta la fecha, 59 civiles han perdido la vida en los enfrentamientos con las fuerzas del orden o por hechos relacionados a las protestas. Asimismo, se ha registrado la muerte de un efectivo policial presuntamente a manos de pobladores.
Desde diciembre, Perú es escenario de protestas de la ciudadanía que exigen la salida de la presidenta interina, Dina Boluarte, y los miembros del Congreso a través del adelanto de elecciones generales.
En reacción, Boluarte, quien asumió por sucesión constitucional la Presidencia del país, tras la destitución del mandatario Pedro Castillo por haber intentado disolver el Congreso, razón por la que está en prisión preventiva, acusado de rebelión, respondió a las protestas declarando el estado de emergencia y sacando a los militares a las calles.
La Policía y las fuerzas de seguridad han sido acusadas por grupos de derechos humanos de usar armas de fuego y lanzar bombas de humo desde helicópteros. El Ejército dice, por su parte, que los manifestantes, usan armas y explosivos caseros.
La ONG Amnistía Internacional (AI) denuncia la represión armada de las manifestaciones pacíficas en Perú por parte del Gobierno de Boluarte.
Otra importante movilización en Lima
a pesar de las prohibiciones /La policía
de la dictadura terminó reprimiendo
con brutalidad
Resumen Latinoamericano, 18 de febrero de 2023.
Lima Norte participa en la marcha por recuperar el Perú para los peruanos de manos de los fascistas y la clase rica de la oligarquía limeña.
Fuerte represión policial otra vez en Lima
Pedro Castillo, expresidente de Perú
¿detenido en «flagrancia delictiva»?
Por Guido Croxatto y Wilfredo Robles Rivera, Resumen Latinoamericano, 18 de febrero de 2023.
La detención del Presidente José Pedro Castillo el día 7 de diciembre pasado, y las posteriores medidas coercitivas en su contra, han sido justificadas bajo el pretexto de que el mandatario habría sido detenido en “flagrancia delictiva”. Esta supuesta configuración procesal también ha servido para inobservar los protocolos legales y declarar la vacancia de su cargo, omitir el antejuicio político y demás correrías procesales de las que viene siendo objeto.
La Constitución Política del Perú en su articulo 2º inciso 24.f establece como una regla que “nadie puede ser detenido” y, como excepciones a esta regla (inobservada peligrosamente en toda la región, dando a los magistrados un amplio margen de arbitrariedad punitiva con prisiones preventivas sin condena, que invierten en los hechos la carga de la prueba, vulnerando el debido proceso, el principio de inocencia y el derecho de defensa en juicio), que eso solo puede ocurrir por un mandato judicial, suficientemente argumentado o, por parte de las autoridades policiales, cuando estas advierten un “caso de flagrante delito”. Así mismo el Código Procesal Penal en su artículo 259 establece cuatro supuestos para este tipo de detención, que a las clásicas modalidades de flagrancia agrega un exagerado plazo de veinticuatro horas entre el hecho delictivo y la intervención del presunto autor, modificatoria que ha sido objeto de críticas, incluso por parte de la Corte Suprema.
Así, las detenciones por flagrancia delictiva, implican necesariamente que el agente debe ser sorprendido al momento de la comisión del delito o inmediatamente después de haberlo cometido o, porque es sorprendido con los efectos o materiales que están involucrados en la comisión del delito, estando siempre vinculado a la percepción sensorial de quien detiene al presunto perpetrador del hecho. Sin embargo, en el caso del Presidente Pedro Castillo se ha introducido una extraña y no contemplada forma de flagrancia, que vamos a denominar “flagrancia por orden superior”, puesto que es lo primero que se nos ocurre si tenemos en cuenta la descripción hecha, respecto al caso, en la resolución que impuso la prisión preventiva: «ya habiendo sido destituido JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES, el Coronel PNP Walter Bryan Erick Ramos Gómez (Jefe División de Seguridad Presidencial), recibió la llamada telefónica del General PNP Ivan Lizzetti Salazar (Director de Seguridad del Estado), disponiendo que por orden, detenga a JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES, por encontrarse incurso en flagrante delito».
Así descritos los hechos, se verifica que, para la detención del presidente peruano, ha mediado una orden superior, lo cual descalifica el procedimiento para ser considerado como detención en flagrancia, pues esta especie procesal, para su configuración típica, implica la inmediatez y sensorialidad de un hecho flamígero: se configura por la evidencia sensorial.
Creemos que detrás del uso de esta atípica forma de flagrancia, se pretende dar cumplimiento a una consigna política de venganza; es notorio que en el caso del señor Castillo Terrones, no solo se le ha detenido por un hecho atípico y por tanto, carente de relevancia penal, por lo cual no podría haber existido ningún tipo de flagrancia delictiva, pero tampoco hay flagrancia delictiva, porque los captores no actuaron en base a su percepción sensorial sino a “ordenes superiores”, (y la imagen de Keiko Fujimori con Dina Boluarte no hace sino agravar estas sospechas, así como el cerco mediático alrededor de las decenas de muertes que vive Perú, producto de un gobierno ilegítimo) lo que a su vez refleja la plasmación de una consigna política concretada en un plan golpista para defenestrar al primer presidente de origen rural andino.
Es importante remarcar que las muertes no empiezan sino después del golpe que padece Castillo. Y son producto del mismo: para sostenerse en el poder, el régimen de Boluarte, que ya negocia con el fujimorismo, mientras a Castillo se le violentan todas las garantías del debido proceso y se le menoscaba su derecho de defensa, entorpeciendo y dificultando incluso la labor de sus abogados, ya ha asesinado a más de sesenta peruanos, requisando y deteniendo en forma ilegal (“preventiva”) a decenas de estudiantes universitarios, en Lima o en Ayacucho. La CELAC no puede seguir guardando silencio. La imagen de los tanques entrando por la Puerta 3 de la Universidad Mayor San Marcos es la imagen de una dictadura. No de una democracia. Los estudiantes fueron esposados contra el piso.
Es curioso que Fujimori está preso en el penal de Barbadillo por crimenes de lesa humanidad, pero el gobierno de Dina Boluarte sigue aplicando aun hoy sus leyes anti terroristas para asesinar y detener personas. Esas leyes son inconstitucionales. Pero los medios y la OEA no dicen nada al respecto.
Nadie se hace eco tampoco de la historia detrás de la absolución de la hermana de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, accionista de empresas mineras, que removió al fiscal que investigaba a su hermana, una jueza vinculada al narcotráfico, en un caso que había sido denunciado por el propio Castillo.
Guido Croxatto (UBA) y Wilfredo Robles Rivera (USMS), abogados de Pedro Castillo
El partido derechista Renovación
Popular pide a Boluarte retirar al
país de la Corte IDH, lo mismo que
pretendió Fujimori
Resumen Latinoamericano, 18 de febrero de 2023.
En 1999, el Congreso fujimorista, a pedido del exdictador Alberto Fujimori, aprobó una ley que retiraba al Perú de la Corte IDH. Sin embargo, tras la caída del régimen, se derogó dicha norma.
“(Perú) no puede estar sometida al arbitrio de una entidad extranjera”, reclama Jorge Montoya. Foto: composición de Fabrizio Oviedo/La República
El congresista y vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, solicitó a la presidenta Dina Boluarte el retiro del Estado peruano de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para ello, le recordó que el exdictador Alberto Fujimori pretendió hacerlo al mostrarse disconforme con sentencias de la referida Corte, sobre violaciones de derechos humanos, durante la dictadura fujimorista.
En el oficio remitido a Boluarte, Renovación Popular dice que la soberanía nacional “no puede estar sometida al arbitrio de una entidad extranjera”. Incluso, afirma sin pruebas que los miembros de la Corte IDH son “designados mediante oscuros procedimientos manejados por las ONG de izquierda”.
Los miembros de la referida Corte supranacional son elegidos por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Los Estados parte pueden proponer hasta tres candidatos, tal es el caso del excanciller César Landa, quien fue mencionado en enero de 2021 por el gobierno del expresidente Pedro Castillo.
Los colmillos del lobo
Por Gustavo Espinoza M. /Resumen Latinoamericano, 18 de febrero de 2023.
A algo más de dos meses de instaurado por la fuerza el régimen vigente, bien puede asegurarse que asoman nítidamente los colmillos del lobo que le enmarcan el rostro.
Con sorpresa –por no decir que con asombro- los peruanos podemos ver, ahora, lo que ocurría en la Alemania Nazi en los años 30 del siglo pasado. En aquellos tiempos, las SS recorrían las grandes alamedas entonando canciones de guerra y lanzando consignas de combate.
La Unter Den Linden, la Furfurstendamm y Alexander Platz, los lugares más concurridos del viejo Berlín, resonaba al compás de los gritos marciales de los uniformados que juraban vencer a los comunistas con la fuerza de las armas, para liberar al país del “enemigo rojo”.
Hoy estamos ante idénticas escenas sólo que eso ocurre por primera vez, en las espaciosas avenidas de nuestra capital. El Paseo de la República, La Colmena, y las avenidas Wilson o Abancay –donde sólo los uniformados pueden marchar- los Comandos de Acción de la Policía Nacional –doce mil uniformados- se desplazan raudamente, y con armas en la mano, para intimidar al pueblo con las mismas consignas.
Y cuando el Presidente de un país amigo expresa su preocupación por ello, lo declaran “persona no grata”, sin reparar siquiera que hace precisamente 70 días, el pueblo peruano declaró Persona No Grata a Dina Boluarte, y le pidió su renuncia al cargo que detenta.
Pero el desfile de los Escuadrones de Combate y sus consignas de muerte, no son las únicas expresiones de terror que usa el régimen contra la ciudadanía. Recientemente, fue condenada a 30 meses de prisión Yaneth Navarro, Una empeñosa madre de familia con dos hijos que se trasladó a la capital para movilizarse con su pueblo.
La “intervino” la policía, y le incautó un cuaderno de apuntes en el que había anotado muy módicas sumas, que distribuía entre sus paisanos para que aliviaran heridas luego de los enfrentamientos cotidianos con “las fuerzas del orden” . Un total de 1,900 soles –algo más de 400 dólares- fue la “cuantiosa suma” requisada a ella y que sirvió de “prueba” para demostrar que “usaba recursos destinados a financiar operaciones contra el régimen”.
Y para que nadie piense que esta condena constituye apenas “un exceso”, el Poder Judicial dispuso 18 meses de “prisión preventiva” contra Rocío Leandro Melgar y sus compañeros, acusándolos de “acciones sediciosas” presuntamente ejecutadas entre 1980 y 1990 y convalidadas hoy porque desde el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho están contra el gobierno y piden una Asamblea Constituyente.
El Juez Raúl Justiniano Romero, considera que estos, son “actos terroristas que ponen en riesgo la seguridad del Estado”. Esta Pena, por lo demás, se extiende a todos los integrantes del mismo colectivo, algunos de los cuales en los años 80 del siglo pasado, aún no habían nacido.
Pero las cosas, van más allá. Como se sabe, el Municipio de Lima “cerró” la ciudad capital para las movilizaciones populares. Dispuso, en efecto, que se declare “Intangible” el Centro Histórico de la Ciudad y se prohíban allí las manifestaciones públicas. Una iniciativa similar, en el 2005, fue dejada sin efecto por el Tribunal Constitucional por contrariar la Libertad de Reunión, consustancial a cualquier régimen democrático.
No ha faltado por cierto, quien en redes sociales evocara la movilización liderada por el hoy Alcalde López Aliaga, .eminencia gris del fascismo metropolitano en el Paseo de la República -junio del 2021- y en la que pidiera “democráticamente” ¡Muerte a Cerrón! y ¡Muerte a Castillo!. ¿La recuerdan? Y para que no falte nada, el asesinato de 7 policías en el VRAE, en una jornada sospechosamente similar a la de junio del 2021 que nunca se investigó. La DINI y la Dircote, sirven para algo?
Claro que nada de esto, se registra pasivamente. La ciudadanía no ceja en el empeño de denunciar y combatir las atrocidades consumadas por el régimen. Recientemente el Instituto de Defensa Legal puso en evidencia lo ocurrido en Ayacucho el 15 de diciembre pasado. Hoy se sabe que 2 capitanes. 12 sargentos, 9 suboficiales, 22 cabos y 7 soldados, haciendo honor al “legado fujimorista”; fueron los que “cumplieron funciones” en la zona del crimen. Ya se tiene la identidad de todos ellos.
Fue el Comandante General de la Segunda Brigada de Infantería Wari, general Jesús Vera Ipenza, quien cumplió con entregar el informe correspondiente a la justicia ordinaria. Cabe preguntarse, entonces, si ella actuará, o derivará finalmente el caso al “Fuero Castrenses” para garantizar la impunidad de los autores de tan horrenda masacre.
Bien puede incubarse dudas acerca de la actividad de la justicia en este orden de cosas. Por lo pronto, el gobierno ha descalificado a la delegación argentina de Derechos Humanos liderada por un prestigiado jurista. El argumento es ridículo. Sostienen que los investigadores no poseen “Pasaportes Diplomáticos”, ni están acreditados por un “organismo internacional”.
Ninguno de estos “argumentos” cuestiona la gravedad de las denuncias formuladas, y que configuran graves delitos que serán elevados ante la Justicia Supra Nacional.
El viaje de la Congresista Margot Palacios a Ginebra, donde se reúne la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, dará forma a una acusación fundada, contra el gobierno peruano. El “diálogo” entre Dina y Keyko, no marcha: rezuma sangre.
En un mar de contradicciones, y cuando fracasan los intentos del oficialismo para “normalizar” la vida nacional, los colmillos del fascismo asoman peligrosamente y ponen en alerta a toda la región.
No constituyen sólo una amenaza contra los peruanos. América, está en peligro.
Regiones del norte inician paro en
contra del Gobierno de la dictadora
Boluarte
Resumen Latinoamericano, 18 de febrero de 2023.
En este marco, pudo conocerse que organizaciones sociales en las provincias de San Martín, Piura, Trujillo y Lambayeque ya confirmaron su participación en el paro.
Como parte de las protestas en contra de la presidenta Dina Boluarte y el Congreso de la República, que se desarrollan en el país suramericano a partir del mes de enero, la macrorregión norte de Perú inició este sábado 18 de febrero un paro de 48 horas.
El presidente del Frente de Defensa de Cajamarca y expresidente de las rondas campesinas, Ydelso Hernández, sostuvo que Piura, Lambayeque, San Martín y Trujillo han confirmado su adhesión. Solo falta que aseguren las regiones de Cajamarca y Áncash.
Refirió que en Cajamarca, a pesar de que el alcalde Joaquín Ramírez ha anunciado para esos días la visita de ministros, los ronderos van a sacar adelante la jornada de lucha. “No es justo que tengamos muertos y heridos y en Cajamarca se pasen alegremente los carnavales”, protestó.
“En consenso de las organizaciones de la macronorte acordamos que no es posible que estemos alegrándonos en los carnavales cuando tenemos un charco de sangre por este gobierno. Por ello acordamos que nos vamos a un paro macro regional los días 17, 18, 19 y 20 de febrero”.
En Lambayeque habrá una marcha de sacrificio que consistirá en recorrer tres distritos de la región por casi cuatro horas.
La Macrorregión Norte es un grupo de departamentos del Perú ubicados en el área septentrional del país. Está compuesta por los departamentos de Amazonas, Áncash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura, San Martín y Tumbes.
El Comando Unitario de Lucha de Bambamarca, y el Frente de Defensa de Hualgayoc, en la región Cajamarca iniciaron este sábado una serie de actividades de protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso
Como parte de la jornada macrorregional de lucha en la macrorregión norte, voceros de estos colectivos que agrupan a rondas urbanas y campesinas, transportistas, comerciantes, agricultores estudiantes universitarios y otros movimientos sociales, confirmaron su adhesión a la protesta.
Anteriormente, las regiones del sur de Perú se habían caracterizado por mantener una protesta continúa contra el Gobierno, con paros y bloqueos de carreteras, que fueron reprimidas con violencia por la Policía Nacional de Perú (PNP).
Hasta el momento, según información de la Defensoría del Pueblo, 60 personas fallecieron producto de dicha situación: 48 civiles perdieron la vida en enfrentamientos; otros once – del mismo grupo – por accidentes de tránsito y hechos vinculados al bloqueo; y un policía fue calcinado por vándalos, al interior de su vehículo, en medio de las manifestaciones.
Importante pronunciamiento del
CONUL: La necesidad de extender
la continua rebelión popular del sur
Por Cesar Zelada, Resumen Latinoamericano, 18 de febrero de 2023.
A más de dos meses del golpe cívico-militar pro yanqui, la rebelión popular continúa con diversa intensidad en algunas regiones del sur como Puno, Cusco o Madre de Dios (en esta última con fuertes choques con la policía). En Lima, en el día del paro nacional del 9 de febrero, se realizó una importante marcha con algo de 10 mil manifestantes (con la presencia destacada de trabajadores del sindicato de la construcción civil y menores de otros gremios telefónicos, municipales, estatales, una delegación de mineros, etc.), organizaciones populares, de izquierda, estudiantiles, etc.
Lima ha sido históricamente el baluarte de la reacción derechista y del neofascismo dictatorial (con la excepción de la victoria electoral de Izquierda Unida en 1985). El despliegue represivo (más de 10 mil uniformados ese día ocupando los centros de concentración), puede dar la imagen errónea de que la derecha ha recuperado la iniciativa estratégica diluyendo la protesta social.
La movilización nacional contra el gobierno golpista no avanza en flecha. Avanza y refluye circunstancialmente, dialécticamente. El gobierno ha anunciado la reapertura del centro turístico de Machu Picchu. Ha ocupado policialmente, en forma permanente, las plazas de Lima, que se habían convertido en un centro de reuniones, debates y movilización (Plaza San Martín, emblema de la lucha popular, etc.)
Las fuerzas represivas han levantado algunos bloqueos de carreteras (aunque persisten movilizaciones de campesinos ronderos en la sierra de Piura, etc.). Varios cientos de dirigentes han sido detenidos o empapelados judicialmente.
En Lima se ha sumado el alcalde fascista, Rafael López Aliaga, quién ha declarado al centro histórico (donde reside el poder gubernamental y al que tienden a concurrir las movilizaciones antigolpistas), como una zona de intangibilidad por considerarlo un “patrimonio de la humanidad”. Una burda argucia política para frenar las protestas y reprimir.
Pero… el movimiento de rebelión pugna por extenderse. Una Asamblea constitutiva de la Macro Región Norte ha convocado a un paro general para el 18 y 19 febrero. Comunidades campesinas están bloqueando diversos centros mineros (Las Bambas, etc.). En la Sierra Central, el bloqueo de la mina Julcani (cedida en los 70s por Velasco al grupo Benavides), ha sido acompañado por los trabajadores mineros. Para hoy fue convocado un paro de la federación sindical minera por diversos reclamos (aunque es probable que su cumplimiento sea bajo por su débil organización).
Envio:ResumenLatnoamericano
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