8 de febrero de 2023

ROSARIO - SANTA F E.

 


El ministro se presentó ante la bicameral de seguridad

Rimoldi gastó todo lo que le dieron

El gobierno informó que usó el 99% de los fondos para la emergencia. El 81% en la Policía, en la compra de 288 camionetas.

Rimoldi, en el centro; a la izquierda su equipo y a la derecha el presidente de Diputados, Pablo Farías.. Imagen: Prensa Diputados

Desde Santa Fe

El gobierno de Omar Perotti informó ayer a la Legislatura el destino de los 3.370 millones de pesos asignados por la ley 14.070 de emergencia en seguridad en 2022 y ratificó que el 99,45% de los recursos se invirtieron en bienes de capital. “Un nivel de ejecución altísimo”, dijo el secretario de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Seguridad Gustavo Bode. El 81% de los fondos: 2.737.800 se invirtió en la Policía de Santa Fe en la compra de 288 camionetas (4x2 y 4x4) para el patrullaje en toda la provincia y otros equipos; el 9%: casi 300 millones de pesos en convenios con municipios y comunas para la adquisición de sistemas de videovigilancia y el 10% restante en el Servicio Penitenciario (121 millones, 4%), el Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias (183 millones, 5%) y el Instituto de Seguridad Pública (27 millones, 1%).

La rendición de cuentas se realizó ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Emergencia en Seguridad –con mayoría opositora- y estuvo a cargo del ministro de Seguridad Rubén Rimoldi y funcionarios de su gabinete, entre ellos el contador Bode, quien el 6 de enero reemplazó a su colega Ana María Morel en la estratégica Secretaría de Coordinación Técnica y Administración Financiera. Bode –como antes Morel- es un funcionario muy cercano al ministro de Economía Walter Agosto. En la reunión, al equipo de Rimoldi se sumó también el secretario de Gobierno, Oscar Urruty, número dos de la ministra Celia Arena.

La bicameral convocó a Rimoldi para que haga un balance de los fondos de emergencia en 2022 y eso fue lo que hizo el ministro: entregó a los legisladores un informe que discrimina el monto y el destino de las inversiones. Del fondo de emergencia de 3.370 millones de pesos, “se invirtió el 99,45%” de las partidas, que es “un nivel de “ejecución altísimo”, dijo Bode, autor del documento que Rimoldi entregó en la bicameral. “El 81% (los 2.737.800 pesos) se invirtió en la Policía de la provincia” en la compra de las 288 pick up para patrullaje, “el 9% en convenios con 141 municipios y comunas para reforzar sistemas de videovigilancia y el resto se asignó al Servicio Penitenciario, el IAPIP y el ISEP”, agregó.

“Ahora, si analizamos por rubro, el 89% de esos fondos se invirtieron en bienes de capital”, enfatizó Bode. “Es muy importante porque incrementa el patrimonio de la provincia. El grueso de los recursos (81%) se destinó a la compra las 288 camionetas de la Policía (240 pick up 4x2 y 48 pick up 4x4) para el patrullaje. El 9% (casi 300 millones de pesos o para ser precisos 299.937.000 pesos) para los sistemas de videovigilancia en 141 municipios y comunas. Más, otros importes para la reparación de móviles y refacciones edilicias” en la Policía.

“Estamos muy conformes con el nivel de ejecución de los fondos en un 99,45% que es altísimo. Las inversiones que se realizaron están acordes a las necesidades”, agregó Bode.

La ley 14.070 de emergencia en seguridad venció el 31 de diciembre de 2022. Asignó 3.000 millones de pesos de rentas generales y el 50% de los recursos percibidos por la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), que sumaron 388 millones. “Total del programa: 3.388 millones”, precisa el informe que el ministro dejó en la Legislatura. “El 89% de los fondos se invirtió en bienes de uso y equipos para atender la seguridad pública y al sistema penitenciario”, con el consiguiente “incremento del patrimonio de la provincia”, señala.

“La inversión en bienes de uso se puede clasificar en los siguientes ítems: 80% en patrulleros (las 288 camionetas compradas en 2022), 9% para equipamiento de dependencias policiales y un 11% para el equipamiento de los complejos penitenciarios, para el Instituto Provincial de Industrias Penitenciarias y el Instituto de Seguridad Pública”.

El “equipamiento para la Policía” incluyó “410 equipos estructurales antidisturbios, mobiliario y equipamiento en general para las dependencias policiales, y bicicletas con sus elementos de seguridad para efectivizar las tareas operativo-preventivas de las fuerzas de seguridad”.

La inversión en “sistemas de videovigilancia” se concretó “a través de 141 convenios con municipios y comunas en los 19 departamentos. Más, 57.357.000 pesos en “reparación de móviles policiales y penitenciarios” y 7 millones en “refacciones edilicias y otros bienes de consumo”.


INFLACIÓN

El intendente Pablo Javkin defendió ayer el aumento de la tarifa del transporte urbano con un contraataque: "Ayer estuve con el Ministro de Transporte en la ciudad, que me comentaba que la Nación ha determinado para el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) un mecanismo de aumento y ajuste mensual automático por la variable inflacionaria. Es bastante raro, siendo concejales de esa fuerza, y teniendo un 100% de inflación, que quienes representan a un gobierno que ha tomado un esquema de aumento automático del boleto aquí se opongan a una facultad delegada". El mandatario hizo estas declaraciones en el marco del lanzamiento de nuevos créditos por parte del Banco Municipal, en relación al pedido de algunas concejales para recuperar la potestad de fijar el precio del boleto. 



La oposición criticó la administración de la emergencia en seguridad

Cuestionan la gestión detrás de los números

El ministro Rimoldi expuso en comisión bicameral la ejecución de fondos por la Ley de Emergencia en Seguridad. "Tres años perdidos", le retrucaron. 

Tras el paso del ministro de Seguridad ayer por la comisión bicameral de Seguimiento de la Emergencia en Seguridad, la oposición ratificó su tono crítico –y preocupado– por la actitud del gobierno de Omar Perotti frente a una ola de violencia urbana sin precedentes sobre Rosario. "Santa Fe perdió tres años de inversión en seguridad porque Perotti nunca tuvo un plan ni equipo para gestionar", reprochó la diputada socialista Lionella Cattalini al término de la reunión. 

Pero Rimoldi visitó la Legislatura para rendir cuentas de la ejecución de los fondos (ver aparte). Al respecto, el titular de la comisión de Seguridad en Diputados, el radical Juan Cruz Cándido, confrontó algunos tramos la exposición del ministro. En rigor, la voz cantante no fue la de Rimoldi, el más silente del gabinete perottista, sino de su director de Administración Financiera, Gustavo Bode, quien afirmó que el Ministerio ejecutó 99,45% de los $3.388.328.500 asignados al fondo de emergencia durante el año pasado.

Cándido sostuvo que el Ejecutivo utilizó hasta el 70% del Presupuesto 2022 en cuanto a bienes de capital, más allá de la emergencia en seguridad. "Y sin contar una cuenta de 450 millones de pesos que hasta noviembre no la habían tocado y que se vino acumulando desde 2020", acotó.

La exposición ministerial versó sobre el destino aplicado a los casi 3.400 millones de pesos que Santa Fe dispuso en el marco de la Ley de Emergencia, la nº 14.070 promulgada en enero de 2022. De acuerdo con lo presentado, el 89% de esos fondos se asignaron a la compra de bienes de uso de la tropa policial.

El legislador, referente en el sector que conduce el exministro del área y diputado precandidato a gobernador Maximiliano Pullaro por Juntos por el Cambio, definió la ejecución descripta por Rimoldi como "medio tramposa". Es que, explicó "para llegar al número se sacaron plata de encima: un 10% de los fondos los destinaron a transferirle a municipios y comunas para que compren sistemas de video vigilancia. La ley lo admite, pero es distribuir de manera directa un dinero en lugar de gestionarlo por política propia", advirtió Cándido. También marcó que otro 10% de los $3.388 millones "lo asignaron a transferencias directas y partidas especiales a las unidades regionales de Policía y al Servicio Penitenciario, y eso sí que la ley no lo permite".

De allí que, comentó el diputado, hay 7 observaciones del Tribunal de Cuentas provincial. "En el apuro porque se vencía el plazo y había que gastar, tiraron la plata a los demás, y eso es un retroceso en cuanto a control de dinero directo a la Policía. Es decir, se logró una ejecución, pero disfrazada", resumió el diputado opositor. 

La ponencia de Rimoldi y equipo en Legislatura tuvo repercusiones también fuera del recinto. El ministro de Economía del gobierno de Miguel Lifschitz, Gonzalo Saglione, publicó en Twitter: "El gobierno muestra como un éxito la inversión de $3300 millones en seguridad, cuando ese monto es apenas el 14% de los $22.986 millones que tiene de presupuesto en la materia". 

Cándido destacó, no obstante, la mayoría del presupuesto destinado a compra de móviles policiales. Pero criticó torpezas administrativas en la compra de chalecos antibala, licitación que se cayó por la demora del Ejecutivo en apurar el decreto y el trámite. "Ahora se comprará a Fabricaciones Militares y por 860 millones de pesos, cuando el año pasado se iba a pgar 260 millones", distinguió.

"Me da la sensación de que el gobierno no tiene dimensión de la escala y la magnitud del problema. Casi no hablan de lo que está pasando en Rosario. Los inhibidores de señal para las cárceles, parece que los trae el general Alais. Yo hubiera usado la emergencia para enfrentar lo que está pasando en Rosario", cerró Cándido. 

Cattalini, por su parte, valoró la reunión al compararla con la anterior, en octubre, agitada por la antecesora de Bode, Ana Morel, que renunció luego. Pero atacó: "El gobierno no tiene claro el momento que está atravesando la sociedad santafesina. No puede ser que durante un año y teniendo ley de Emergencia no haya podido concretar la compra de 5.500 chalecos antibalas para proteger a la policía. Esto habla de una burocracia y una desidia inconmensurable y tampoco pudieron en tres años de gobierno concretar la promesa de inhibir los penales, lugar donde se piensan y llevan adelante los delitos”.


Más de 30 crímenes en el año

Refuerzo para la unidad de homicidios

Fiscal regional María Laura Iribarren.. Imagen: Andres Macera

Con más de treinta crímenes registrados desde que comenzó el año en el departamento Rosario, el Ministerio Público de la Acusación apunta a reforzar la unidad de Homicidios Dolosos, con una reorganización de recursos. Según se indicó, en los próximos días se sumará la fiscal Carla Cerliani, jefa de la oficina de Delitos Sexuales. De esa manera, el equipo de investigadores de asesinatos se ampliará a 9, por disposición de la fiscal regional María Eugenia Iribarren, que apunta a reestructurar, ante la demanda, y abordar cada caso de los que se suman casi a diario, sin dejar de lado las causas anteriores. Además, busca "profundizar" en el análisis del incremento de crímenes con víctimas mujeres. Solo en 2022 hubo 287 asesinatos, y fue el año más violento en la ciudad.

“Desde Fiscalía tenemos que organizar para lograr mayor esclarecimiento de los hechos", dijo la fiscal Iribarren sobre la idea de dinamismo dentro del MPA. "Tenemos que estar replanteándonos con los mismos recursos cómo lograr una estructura eficiente. Por ejemplo, en los próximos días estamos sumando un fiscal más para la Unidad de Homicidios, que trabaje junto a la Fiscalía de Delitos Complejos para poder profundizar las investigaciones”, dijo la jefa de les fiscales de Rosario en Radio Sí. Según se indicó desde Fiscalía, la resolución saldrá en las próximas horas.

En ese sentido, dijo que se trata de “una fiscal con mucha experiencia, y que además le va a aportar a la unidad la posibilidad de profundizar el análisis del incremento del porcentaje de víctimas mujeres en hechos en contexto de economías ilegales. además de los femicidios, que en sí no han aumentado”. La referencia es aquellos casos que las organizaciones feministas registran como femicidios "íntimos", mientras que en el caso de mujeres asesinadas en contextos de economías delictivas o violencias urbanas el número se incrementó a niveles récord en 2022, constituyendo el 22% de los homicidios totales.

Al mismo tiempo, Iribarren apuntó que deben tomarse “decisiones fuertes y firmes” en relación a la violencia, que “el Estado piense y trabaje para evitar que continúe esta tendencia”. Y agregó: “Hace tiempo venimos viendo hechos de balaceras y extorsiones, que se investigaban de manera aislada, y tuvimos que crear un grupo de trabajo, por lo que se detiene y se imputa. Muchas veces vemos que estos hechos tienen algunos de sus autores o quienes lo planifican, ya detenidos, y siguen cometiendo o planificando delitos”, indicó sobre lo que planteó días atrás, sobre delitos desde las cárceles.


Martorano dejó abierta la puerta para su candidatura

Pendiente de una charla con Perotti

La ministra de Salud se mostró dos veces con el diputado Mirabella y se especula con su participación en la fórmula del PJ. 

Mirabella y Martorano se vienen mostrando juntos.

"Tenemos que hablarlo con el gobernador, la verdad, no hemos hablado del tema", respondió la ministra de Salud Sonia Martorano consultada sobre su participación en una fórmula a la gobernación con el diputado nacional Roberto Mirabella. La funcionaria evitó una respuesta tajante, pero al mismo tiempo dejó la puerta abierto. "Sigo concentrada en todos los desafíos que todavía nos quedan en salud, trabajando con los equipos y nos tenemos que sentar a hablar. No hemos conversado este tema", insistió. Cuando se le señaló que esa respuesta dejaba la puerta abierta, insistió: "Tenemos que hablarlo. No estaba dentro de mis planes. Uno es médico está dedicado a la gestión". La última repregunta dejó en claro que habrá anuncio: "Cuando tengamos alguna novedad, les contamos". El diálogo se produjo en el programa La siesta jugada, por Radio Nacional Rosario Fontanarrosa. 

Antes, Martorano se sacó una foto a mitad de enero, en el bar El Cairo, con Mirabella, el hombre de confianza del gobernador Omar Perotti y su candidato para sucederlo. El miércoles pasado participaron de la inauguración de las obras de refuncionalización del servicio de salud bucodental del Hospital Mira y López, en la ciudad de Santa Fe. Son fotos de campaña, o al menos parecen, pero Martorano evita la confirmación. 

La ministra, en cambio, aprovechó la conversación para destacar que en Santa Fe también se produjo la reducción del embarazo intencional en la adolescencia que mostraron las estadísticas nacionales. En todo el país, se observó un nuevo descenso en la tasa de fecundidad adolescente, que pasó de 15,4 por mil mujeres de 10 a 19 años en 2020, a 13,7 por mil en 2021. Esto representa una disminución de 1,7 puntos en un año. También señaló que no hubo muertes maternas por aborto en 2021 y sí se notó un aumento de las muertes maternas, que se explica completamente por la pandemia. 

En términos de gestión, subrayó la inauguración de la sala de Biología Molecular en el Hospital Centenario de Rosario, que estaba en funcionamiento desde la pandemia pero no había tenido acto formal; al tiempo que destacó la reciente puesta en marcha del  lector de VPH, que ya funcionaba en el hospital Iturraspe de Santa Fe y ahora también está en Rosario, para atender a todo el centro sur de la provincia. "Hoy, con tecnología de avanzada, cuando hacemos un papanicolau se toman dos muestras y en la primera hacemos la lectura del virus de papiloma humano. Si eso nos da negativo, es decir que no está el virus, no hace falta hacer el análisis anátomo patológico y esa mujer por cinco años no tiene que hacerse el control. Si da positivo, ahí hacemos el PAP y vemos cómo está la situación, pero es fantástico, porque nos permite un tamizaje muy importante en un gran número de mujeres", describió la ministra de Salud y enfatizó: "Ahora tenemos la meta de trabajar en los controles". El VPH "produce el cáncer de cérvix, con unas 200 muertes en mujeres por año". Desde hace una década existe una vacuna para niñas y niños de 11 años. "Pero todavía tenemos un inmenso porcentaje de mujeres que no recibieron esta vacuna y este virus está latente", agregó la funcionaria. 

Sobre el cumplimiento del programas de salud sexual y reproductiva, Martorano se mostró conforme. "Hay un avance muy importante en estos últimos años en salud sexual y reproductiva, en anticoncepción, en prevención y también en las diferentes decisiones que mujeres y varones pueden tomar sobre su cuerpo", consideró. 



Denuncian fiestas clandestinas en las islas del Paraná

Otros ataques a la biodiversidad

Organizaciones ambientalistas denunciaron que las islas del delta del Paraná, frente a Rosario y Granadero Baigorria, fueron escenario de fiestas clandestinas. Se trató de "cuatro eventos masivos con fuegos artificiales, música a un volumen incompatible con la preservación de la biodiversidad del entorno y la generación de una gran cantidad de basura”. Una de las cuatro fiestas fue en la punta sur de la reserva Isla de los Mástiles (frente a Baigorria) y en simultáneo  con la presencia de grandes embarcaciones de lujo ancladas a escasos metros de la costa. “El evento, si bien fue clandestino, requirió sin duda de una logística anticipada, e incluyó la inadmisible actitud de arrojar fuegos artificiales en una isla que sufrió hace pocos días la quema de una superficie cercana a las 200 hectáreas”, especificaron en un comunicado conjunto conjunto las organizaciones El Paraná no se Toca, Taller Ecologista, Multisectorial Humedales Rosario, Mundo Aparte, Baigorria Verde, Ambientalistas Baigorria, Plurales y Frente Nuevo Bermúdez.

La Isla de los Mástiles es una tierra fiscal de la provincia de Santa Fe, y la mitad sur de la isla fue cedida por comodato al Municipio de Granadero Baigorria, el cual la designó luego como Área de Reserva Natural. Las organizaciones contaron que desde 2021 conforman, junto a la Universidad Nacional de Rosario y el municipio de Granadero Baigorria, una mesa de diálogo que logró constituirse oficialmente como Comité Multisectorial Isla de los Mástiles. “Sin embargo, y pese a los reiterados pedidos, el municipio baigorriense no ha establecido un protocolo ni designado los recursos para garantizar la protección efectiva de la reserva”, señalaron.


Un juez firmó la orden de desalojo a una familia campesina de Bigand

Un gran avance del latifundio

Sandra Gobbo y Oscar Marinucci llevan toda la vida en la zona, trabajando al tierra. Por un conflicto con la Fundación Honorio Bigand, pueden ser expulsados. 

Por Jose Maggi

Un pequeña productora chacarera denunció ayer que el juez provincial Sergio Verdura firmó la orden de desalojo de un predio de seis hectáreas, cuyas familias lo viene trabajando desde desde hace más de cien años. El conflicto tiene al matrimonio de Sandra Gobbo y Oscar Marinucci de un lado y a la Fundación Honorio Bigand del otro. “El poder judicial no puede ser tan latifundista, en este caso apoyando a una fundación que es un verdadero fraude, ya que no cumple con la voluntad de la última heredera. La orden fue muy clara, al igual que las pautas que debía seguir esta fundación, cuestión que no se cumple y doblegando la apuesta avanzan contra una familia que tiene un arraigo en el lugar que data de 1920”, indicó Gobbo a Rosario12.

"Nos encontramos ante un nuevo embate judicial promovido por quienes de manera ilegal e ilegítima se apropiaron de la administración de la Fundación Honorio Bigand", planteó la mujer. Es que luego de desalojar a las 25 familias que vivían y trabajaban en este territorio, hoy van contra Sandra y Oscar, ambos de 60 años y contra su única vivienda. La familia Gobbo-Marinucci es la última que resiste en el territorio donde viven y trabajan en sus tierras hace más de 100 años.

La mujer apuntó contra "Marcelo Jorge Álvarez, como presidente de la Fundación Bigand quien, junto a sus abogados apoderados Valeria Montaldo Maiocchi, Mabel Azar y Diego Haro Matínez, se apoderaron de forma fraudulenta de la Fundación que fue creada para destinar los frutos de este territorio a la 'caridad y el bien público'. En cambio, se apropiaron de las 3500 hectáreas y de las ganancias que generan, y hoy (por ayer) lograron que el Juez Sergio Verdura, de Cañada de Gómez, dispusiera el desalojo".

Para Gobbo, la Fundación no cumple con su mandato original porque "los campos no podian venderse y sin embargo, lo hicieron. Nosotros seguimos resistiendo a pesar de todo, hasta de los tiros que han tirado". 

La mujer explicó que "el desalojo fue firmado y el expediente viene a la jueza comunal de Bigand, Carolina Mozzi, que asumió el 22 de diciembre y va a tener que venir con la fuerza pública a desalojarnos. Lo que vamos a hacer es resistir, porque hasta el mismísimo presidente Alberto Fernández dijo que se iba a reglmentar la ley de agricultura familiar y no lo hizo. Vamos a encadenarnos en la tranquera, porque no tenemos vida afuera de esta tierra, solo sabemos trabajarla y criar animales. Preferimos morir acá antes que terminar deprimidos fuera de esta tierra".

Curiosmente, Mozzi, en manos de quien quedó la orden de desalojo, fue directora del Instituto de la Mujer de Rosario, entre 2016 y 2019.  

Gobbo y su compañero sostienen desde hace décadas que “las tierras pertenecen al fundador del pueblo, Victor Bigand, quien arrendaba las parcelas a distintas familias campesinas. En 2004, al fallecer la última heredera de la familia fundadora, comenzó una estrategia por parte de la Fundación Honorio Bigand para desalojar a los colonos y hacerse de esos terrenos. El accionar de la entidad va en contra del testamento que le legaba los campos y que apostaba a la caridad y el bien público. Esta Fundación no cumple con la voluntad del fundador de nuestro pueblo ni sus hijos, que no dejaron descendencia”.

La familia ya perdió una importante porción de sus tierras en manos de la Fundación y en la actualidad solo cuentan con su hogar y una pequeña parcela, donde crían animales. “Vuelvo a recalcar, una y otra vez, que esto no es solo la defensa a una familia de agricultores familiares, sino qué tipo de modelo país queremos. Si es el del agronegocio que solo piensa en concentrar la tierra para sacar mas quintales, fumigándonos y envenenándonos, o es el de la chacra mixta y la agroecología” concluyó.

Fuente:Rosario12



¿Y dónde está la guita?

Varios allanamientos en Rosario por estafas con criptomonedas

 

Este miércoles se produjeron alrededor de 10 allanamientos judiciales en distintos puntos de Rosario, en el marco de una investigación por una millonaria estafas con criptomonedas, informaron fuentes judiciales

Entre la decena de procedimientos policiales, el más evidente ocurre en una torre de Paraguay 169, entre Salta y Jujuy. La policía interrumpió el tránsito vehicular, y agentes de Guardia de Infantería de Respuesta Inmediata (GIRI) irrumpieron con orden judicial en un departamento.

La investigación comenzó en Ciudad de Buenos Aires y derivó en Rosario. Entre los domicilios de requisa se cuenta una dirección en avenida Pellegrini al 5000.

No trascendieron más detalles por el momento, salvo que la estafa asciende a 2,5 millones de dólares, y que la policía buscó a un empresario involucrado, en su residencia del country Palos Verdes, pero no lo encontró en el lugar.

Fuente: Conclusión


Calendario escolar 2023

Cuándo empiezan y finalizan las clases en Santa Fe

 




ANZUELO VIRTUAL

Una decena de allanamientos en Rosario por millonaria estafa con criptomonedas

Como derivación de una causa de Buenos Aires, la Policía irrumpió en el country Palos Verdes, en Paraguay al 100 y en Pellegrini al 5000, entre varios domicilios. Buscan a un empresario que estaría involucrado.

El edificio allanado, en Salta 169.

Un raid de 10 allanamientos judiciales se desarrolla este miércoles por la mañana en distintos puntos de la ciudad, en el marco de una investigación por una millonaria estafas con criptomonedas, se informó de manera extraoficial. 

Entre la decena de procedimientos policiales, el más evidente ocurre en una torre de Paraguay 169, entre Salta y Jujuy. La policía interrumpió el tránsito vehicular, y agentes de Guardia de Infantería de Respuesta Inmediata (GIRI) irrumpieron con orden judicial en un departamento.

La investigación comenzó en Ciudad de Buenos Aires y derivó en Rosario. Entre los domicilios de requisa se cuenta una dirección en avenida Pellegrini al 5000.

No trascendieron más detalles por el momento, salvo que la estafa asciende a 2,5 millones de dólares, y que la policía buscó a un empresario involucrado, en su residencia del country Palos Verdes, pero no lo encontró. 

(noticia en desarrollo…)

Fuente:RosarioPlus



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