Difamar al disidente para aplastarlo
con consenso de masas
Por Jorge Falcone, Resumen Latinoamericano 10 de febrero de 2023.
La Nueva “Guerra Fría” entre el Gran País del Norte y el Gigante Asiático mantiene al mundo en un estado de tenso equilibrio. Hace poco, la presencia de un «globo espía» chino en el espacio aéreo estadounidense desencadenó una crisis diplomática entre Washington y Pekín motivando la suspensión del viaje que el secretario de Estado Antony Blinken tenía previsto hacer al país asiático. Por su parte, Pekín admitió que el globo le pertenece, aunque aseguró que «es un dirigible civil utilizado con fines de investigación, principalmente meteorológicos». Pero, en las actuales circunstancias, cualquier incidente semejante podría desatar una confrontación de imprevisibles consecuencias, riesgo que se suma al de las tórridas e insoportables temperaturas que viene padeciendo el Sur Global durante un verano sofocante, que pone de manifiesto dramáticamente los estragos producidos por el accionar de los dueños de todas las cosas sobre el único planeta – hogar con que contamos.
A distancia sideral de semejantes dilemas, en nuestra latitud continúan librándose batallas de cabotaje.
La convocatoria que hizo el presidente para el armado de una mesa nacional en la que se discutirá la estrategia electoral del Frente de Todos no ha cosechado adhesiones en el kirchnerismo, uno de los socios mayoritarios de la coalición oficialista. Ni Cristina Kirchner, ni su hijo Máximo, ni el gobernador bonaerense Axel Kicillof se han expresado aun públicamente o a través de sus redes sociales sobre la iniciativa de sentarse a discutir cómo enfrentar el futuro inmediato. Tampoco lo hicieron los principales referentes de La Cámpora, ni los intendentes de peso de esa línea interna del Conurbano bonaerense.
En el sector que lidera CFK pretenden que el debate sea más amplio, por eso evitan pronunciarse. Se mantienen a la expectativa y observan que, si el Primer Mandatario no quiere hablar de candidaturas puntuales ni de gestión, ese encuentro no servirá demasiado. Piden “discutir las políticas que se desarrollarán para conquistar a la mayoría electoral”. Tampoco cayeron bien las declaraciones radiales del jefe de Estado en las que se refirió a la vicepresidenta como parte del pasado. Señalan con énfasis que la frase acerca de que “la Argentina tiene un historial de personalismos que yo no quiero imponer” la tuvo como destinataria.
Flaco favor le hacen dichas rencillas palaciegas a un peronismo dividido y con múltiples aspiraciones presidenciales de candidateables que no mueven el amperímetro.
En tanto, durante un asado con el que Alberto Fernández recibió a un grupo de intendentes de la primera y tercera sección electoral del conurbano bonaerense, Sergio Massa le pidió que defina si será o no candidato a la reelección y que se “habilite la competencia para ampliar la oferta” electoral del Frente de Todos.
El ex intendente de Tigre, quien para muchos sectores del peronismo podría constituirse en “prenda de unidad”, también ratificó que considera “incompatible” una eventual candidatura suya con la función de ministro de Economía. Previsiblemente, entre los temas abordados durante el encuentro en la Residencia de Olivos, estuvo la preocupación oficial por la “pérdida de poder adquisitivo” de lxs argentinxs que desde hace mucho tiempo no disfrutan de comilonas como esa.
En tales condiciones la Argentina inaugura un año político decisivo, en el que aún es temprano para aventurar si la sociedad producirá algún escarmiento contra esa clase política venal y rentista que rige su destino, o le dará carta blanca para que nos siga conduciendo hacia la disgregación nacional.
Por lo pronto, en el acuciante plano social, una ministra de Desarrollo Social que gestiona a distancia sideral del sudor laburante, y la burocracia de la UTEP que la acompaña, han sido puestos bajo la mira de una avanzada judicial que amenaza con investigar los presupuestos de la asistencia que otorgan y verificar su utilización.
La mayoría de las personerías jurídicas que resultan titulares de unidades de gestión, pertenecen al movimiento Evita y sus aliados.
La operatoria consiste en que las personerías aludidas solicitan un presupuesto para un proyecto de fortalecimiento de emprendimientos productivos o de otras opciones.
La Secretaría de Economía Popular que administra los recursos del Estado en ayuda social está en manos del Movimiento Evita, que define o decide si le da curso o no a los petitorios, lo cual habilita a sospechar que las personas jurídicas que responden a dicha organización tendrán el ok de esa mecánica.
Ojalá tal empeño por transparentar los manejos del área redundara en una efectiva democratización en la asignación de asistencia social, capaz de evitar que la cancha se incline en favor de movimientos que han asordinado todo perfil crítico ante un gobierno que tolera que en el país se multipliquen áreas de exclusión territorial como Lago Escondido.
Porque hasta ahora, sosteniendo la antigua tónica de desacreditar mediáticamente a lxs rebeldes para incrementar el consenso social con una represión que los saque del mapa político, quienes en el Siglo XIX fueron llamadxs “vagos y malentretenidos” por resistirse al reclutamiento de un ejército oligárquico, y en el Siglo XX “infiltradxs” por señalar las desviaciones de un movimiento originalmente comprometido con la Justicia Social, o más tarde “subversivxs” por confrontar contra una dictadura genocida y entreguista que hizo de la tortura y la desaparición forzada su forma de dialogar con la oposición, hoy son bautizadxs por la prensa hegemónica y el arco político más retrógrado como “negrxs choriplanerxs”, con la oscura pretensión de que la gilada compre el verso de que lxs trabajadorxs informales “cobran por no laburar” y encima protestan, a los efectos de inducir a buena parte de la opinión pública a festejar hechos tan penosos como la Masacre de Avellaneda.
Ante un clima tan amenazante, lo peor que podría ocurrirnos es transformarnos en una sociedad ganada por la amnesia.
El próximo 24 de marzo es una excelente oportunidad para pronunciarnos pública y masivamente contra esta escalada de violencia – por ahora verbal – que ha llevado a un economista de ultraderecha a pedir “cárcel o bala” contra un dirigente social.
No debería tolerarse tergiversación electoralista alguna de la causa que convoca a conmemorar el Día Nacional de la Memoria: Evitar eso sería un gesto de madurez ante las nuevas generaciones, nacidas a distancia del holocausto nacional. –
Más rechazos al protocolo antiprotestas
en Salta
Por Elena Corvalán, Resumen Latinoamericano, 10 de febrero de 2023.
El Comité contra la Tortura recomendó derogarlo, lo que también reclamó la Mesa de DDHH. El Comité cuestionó que su fundamentación es genérica y no reconoce el derecho a manifestarse. Organismos de DDHH criticaron que en vez de dar respuesta a las violaciones de derechos humanos busque limitar la libertad de expresión.
El Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado Provincial en Manifestaciones Públicas sigue sumando rechazos. En estos días, en los que ya comenzaron a llegar notificaciones judiciales a luchadores sociales, se sucedieron las críticas a la pretensión del gobierno provincial de poner fin a las protestas sociales con cortes de rutas, sobre todo en el norte provincial, que desde que comenzó la temporada estival están avivadas por la falta de servicios elementales, como el agua, y la suba de las tarifas en otro insumo básico hoy en día, la energía eléctrica.
Entre esos pronunciamientos, el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Salta recomendó la derogación, «por la falta de adecuación al marco jurídico de derechos humanos vigentes en Argentina», del decreto N° 91/23, por el que el gobierno de la provincia aprobó el ya famoso protocolo antipiquetes.
Mientras que la Mesa de Derechos Humanos de Salta lo repudió: «en vez de dar respuesta a las graves violaciones de derechos humanos –sobre todo en el siempre postergado Norte de la provincia- busca ceñir y por tanto cercenar uno de los derechos más esenciales en la vida democrática, cual es la libertad de expresión, traducido en el de peticionar a la autoridades mediante la libre asociación de los y las ciudadanas en la vía pública», y por lo tanto «es regresivo en la regulación que hace del derecho a la libre expresión y asociación, establecido en el artículo 14 de la Constitución Nacional», lo tachó.
Organizaciones de pueblos indígenas y usuarios y usuarias del norte provincial ya se han pronunciado en contra del decreto, por entender que busca imponer un «orden» ficticio, acallando los reclamos por la vulneración de derechos que vienen soportando desde hace tiempo. Ayer mismo el fiscal federal de Orán, José Luis Bruno, se reunió con vecinos y vecinas que participan de acampes en contra de la empresa Edesa, a la que le recriminan la mala calidad del servicio y las elevadas facturas, y también con miembros de Gendarmería Nacional y la Policía de Salta, las fuerzas que deberían llevar a cabo los «despejes» de espacios públicos o vías de circulación, aplicando el protocolo antiprotestas.
«Este decreto lejos de dar vías de garantía, busca anular la protesta y por tanto agravar las situaciones de vulneración de derechos que ella manifiesta», afirmó la Mesa de DDHH. Resaltó (igual que lo hizo el Comité contra la Tortura) que la medida «Parte de la idea de que la libre circulación es ‘superior’ a la libre expresión y a todos los derechos vulnerados previamente a la protesta», como el derecho a la vida de niños y niñas indígenas, el derecho a acceder a servicios esenciales como el agua y la energía eléctrica.
«El Decreto N° 91 y su ‘Protocolo’ estigmatiza a las legítimas manifestaciones públicas y desconoce que ellas son consecuencia de la violación de derechos humanos y que quienes la realizan buscan la respuesta de las autoridades responsables de garantizar derechos», advirtió la Mesa. «Poder hacer públicas las demandas de la violación de derechos a través de la protesta social es el primer derecho que vulnera un gobierno autoritario; ya que en democracia el diálogo político y ciudadano se expresa también en estos espacios públicos, únicos espacios para miles de compatriotas que no tienen otro modo de hacer escuchar sus demandas», afirmó. Añadió que ante esta realidad, «la respuesta nunca podrá ser reducir y encorsetar la libre expresión y el derecho de peticionar sino garantizarlos y protegerlos».
También recordó que una «política de seguridad dirigida a gestionar de manera democrática el desarrollo de una protesta social requiere, en primer lugar, que la autoridad no asuma una mirada restrictiva o prohibicionista sino una perspectiva que se oriente a la protección del derecho a la protesta».
La Mesa denunció al decreto por «discriminatorio», recordó que surgió como una respuesta a los cortes realizados sobre todo por habitantes indígenas en los departamentos declarados en emergencia socio sanitaria, Orán, San Martín y Rivadavia. «Esta medida tiene un peligroso sesgo racista que profundiza un grave contexto de vulnerabilización en que se encuentran las comunidades originarias en estos territorios», afirmó. Y memoró también que los cortes de ruta comenzaron en Salta a mediados de los 90, «como una forma innovadora de protesta por la desocupación y pauperización que originaron las políticas neoliberales implementadas en el país por el gobierno de Menem».
«Esta historia de luchas está guardada en nuestra memoria. No olvidamos a los piqueteros muertos en Mosconi y tampoco los olvida el pueblo». «Sus familiares, sus compañeros y los organismos de DDHH, seguimos reclamando justicia y decimos NUNCA MÁS la represión a los que luchan y protestan por las medidas antipopulares implementadas por los gobiernos», aseguraron las organizaciones integrantes de la Mesa, la Comisión de Familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas y gremiales, las asociaciones de DDHH Lucrecia Barquet, Coca Gallardo y Miguel Ragone, HIJOS Salta y la Liga Argentina por los DDHH.
Tras recordar su lucha por memoria verdad y justicia para las víctimas del terrorismo de Estado, agregaron que incorporaron a sus banderas la lucha contra la violencia institucional, «que este Decreto expresa. Por eso exigimos su derogación», aseguraron. Y ratificaron: «Jamás dejaremos las calles, que nuestra memoria y nuestro futuro, están en las calles y en las rutas, y estaremos allí donde se vulneren los derechos más elementales de nuestro pueblo».
La protesta social, derecho constitucional
En su Opinión Técnica N° 1, sobre el decreto 91/23 y su protocolo antipiquetes, el Comité contra la Tortura recordó los «Estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social y las obligaciones que deben guiar la respuesta estatal» publicados en 2019 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión afirman que «la protesta social es un elemento esencial para la existencia y consolidación de sociedades democráticas y para la protección de los derechos humanos”.
Como tales, estas manifestaciones están protegidas por la Constitución Nacional, por la Constitución de Salta y por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. “Se vinculan con los derechos a la libertad de expresión, a la reunión pacífica, a la asociación libre, a la huelga y a peticionar a las autoridades”. Asimismo, con la firma de los comisionados Rodrigo Sola, Ramón Corregidor y Marcelo Giordamachi y la comisionada Cristina Cobos, el Comité recordó que también la Corte Interamericana de Derechos Humanos se expresó sobre la cuestión en diferentes sentencias.
«Existe coincidencia en señalar que quienes manifiestan en reclamo por el acceso a derechos esenciales, tienen la libertad de elegir la modalidad, forma, lugar y mensaje para llevar a cabo la protesta pacífica» y los Estados tienen «la obligación de gestionar el conflicto social de manera prevenrtiva y desde la perspectiva del diálogo y la negociación. La posibilidad de restringir las manifestaciones de manera legítima por parte de los Estados es absolutamente limitada«, recordó el organismo.
Y tras afirmar que las manifestaciones públicas pueden llegar a afectar el normal desarrollo de otras actividades y hasta puede suceder que haya hechos de violencia aislados, que deben investigarse «conforme las reglas del proceso», el Comité advirtió que «esto no vuelve ilegítimas por sí a las manifestaciones públicas». En el mismo sentido, recordó que la CIDH reconoce que los Estados tienen el deber de adoptar las medidas necesarias para evitar actos de violencia, garantizar la seguridad de las personas y el orden público, pero en el uso de la fuerza los Estados «deben adoptar ideas proporcionales al logro de estos objetivos y no obstaculizar de manera arbitraria el ejercicio de los derechos en juego en las protestas”.
Y enumeró los estándares interamericanos vinculados a la cuestión, que estatuyen: “el derecho a participar en manifestaciones públicas sin autorización previa y a definir libremente su contenido”, sobre el que se destaca que este derecho no requiere de autorización por parte de las autoridades.
El Comité aseguró que el decreto «se excede materialmente cuando avanza sobre regulación de derechos constitucionales. “Por tal motivo, por imperio del principio constitucional de legalidad, entendemos que cualquier restricción a estos derechos constitucionales solo podría ser realizada mediante una ley y no a través de un decreto”.
También cuestionó la fundamentación del decreto 91/23, apoyada en “supuestos hechos conocidos por todos/as”, que hay mayor impacto en una región, afectación en la economía, al orden público y la seguridad jurídica, quebranto de un equilibrio de derechos. “Estas breves argumentaciones realizadas de manera declarativa y general de ninguna manera pueden considerarse fundamentación suficiente para reglamentar y limitar derechos constitucionales”. “La aplicación extensiva del Protocolo a toda concentración de personas, reunidas por cualquier motivo expresado en un fin común, en cualquier lugar del territorio provincial, así como la aplicación por tiempo indeterminado, carecen absolutamente de fundamentación”, añadió.
La Opinión del Comité cuestiona además que el decreto ponga en la centralidad el derecho a la libre circulación y no reconozca las manifestaciones públicas como ejercicio de los derechos a la asociación, reunión, libertad de expresión o huelga.
Por el otro lado, afirmó que el procedimiento previsto en el protocolo “carece de perspectiva de género y de un enfoque sensible a la diversidad, a la interculturalidad (a excepción de la posibilidad de intérpretes), a los derechos de las infancias, de las personas con discapacidad, migrantes y otros colectivos en posición de mayor vulnerabilidad”.
“El abordaje debería estar centrado en el diálogo y la negociación”, en cambio, el protocolo establece que la conversación comenzará una vez que se haya liberado la vía de circulación, condición que “limita el diálogo, afecta el ejercicio pleno de los derechos asociados a la manifestación pública y potencia posibles escaladas del conflicto”, aseguró. Y advirtió que “La ambigüedad, vaguedad e imprecisión de la redacción del protocolo puede incurrir en interpretaciones y actuaciones discrecionales, que en potestad de las fuerzas de seguridad o policiales podrían generar escaladas innecesarias de los conflictos, detenciones arbitrarias, abusos y violencia institucional”.
Tanto este Comité como la Mesa de DDHH criticaron también la pretensión del decreto de limitar la actividad de la prensa en la cobertura de manifestaciones públicas. «Es un atropello a la libre expresión y el libre ejercicio profesional de los y las periodistas, favoreciendo la censura previa en manos de las fuerzas policiales», dijo la Mesa.
Tercera jornada del juicio: los peritos
dieron detalles sobre cómo fue la
violencia sobre el cuerpo de Lucía
Resumen Latinoamericano, 10 de febrero de 2023.
La tercera jornada del juicio por la violación y muerte de Lucía Pérez tuvo como protagonista el cuerpo de la adolescente de 16 años y, por eso mismo, excluyó a la prensa y al público. Como todas las audiencias, fue retrasada por las defensas, esta vez alegando un posteo realizado en su cuenta de Instagram por la doctora Virginia Creimer, asesora técnica de la acusación.
Creimer ya había recibido en las dos jornadas anteriores planteos de las defensas de los imputados: la doctora María Laura Solari –defensora oficial de Matías Farías– se quejó de sus gestos; César Sivo, defensor de Juan Pablo Offidani, solicitó que no se le otorgara vista de las fotos que registraron cómo llegó el cuerpo de Lucía a la sala ubicada en el barrio marplatense de La Serena, que aportó una testigo policial: las pudo entregar recién este miércoles a un tribunal, tras guardarlas durante más de seis años.
Ambas peticiones contra Creimer fueron rechazadas por el tribunal. Sin embargo, las defensas lograron lo que buscaban: que las y los peritos declaran juntos, en un ateneo, y no por separado como había solicitado la querella. El resultado fue diferente al relato que había consagrado el primer juicio, donde hubo pocas preguntas a diferencia de esta nueva oportunidad en la que la exposición duró casi dos horas. Declararon las peritas de la Corte Suprema Silvia Cabrera y Mónica Tinto y el doctor Sebastián Reyes. Luego expuso el perito del ministerio público fiscal de Lomas de Zamora, Adalberto Bonvicini.
Las causas
“Más allá del relato extremadamente técnico de las médicas forenses, los cuatro peritos coincidieron en que Lucía murió por una asfixia, que fue resultado de un trastorno cardíaco secundario al consumo de cocaína en conjunto con una reacción vagal, que puede ser la respuesta del sistema nervioso a un dolor extremo que sufrió durante el abuso sexual y que le provocó lesiones a nivel vaginal y anal”, sintetizó una fuente a lavaca.
“Tan clara es la existencia de las lesiones de abuso y la concordancia de los conceptos vertidos por todos los profesionales sobre las mismas, que hasta pudieron estimar que fueron producidas en un lapso de aproximadamente treinta minutos previos a la muerte”. El dato más perturbador: “Se distinguieron lesiones que fueron producidas cuando ya había comenzado el proceso de muerte”. Es decir, ya muriendo Lucía siguió siendo traumatizada.
Para la defensa de Farías el interrogatorio se dirigió a plantear que las lesiones no fueran acompañadas por la palabra “forzada” sino por la de “brusca”.
Para la querella la síntesis de esta jornada es que “no hubo diferencias entre las exposiciones sobre la existencia de abuso sexual minutos antes y durante la muerte de Lucía. Tampoco sobre la causal de su muerte”.
¿Creen que hoy quedó en evidencia que Lucía tenía signos de violencia en su cuerpo?
Sí. Lo explicaron muy técnicamente. Todos preguntaron si las lesiones eran signos de sexo no consentido. Y uno de los peritos respondió: “No puedo decir que la violaron, pero sí que fue con violencia”.
¿Y reconocieron signos de defensa?
No, signos de defensa no tiene porque, como explicó un perito, la cocaína puede ser un inhibidor, que es lo que pudo haber pasado con Lucía. El último perito lo explicó muy bien, dijo: es un opioide que en el primer momento te puede dar excitación, pero después si bien no perdés la conciencia, perdés la voluntad.
Este viernes no hay audiencia, ya que es feriado en Mar del Plata. Durante los dos primeros días de la próxima semana declararán testigos de la querella y miércoles y jueves será el turno de los de ambas defensas. Queda a determinar si los alegatos se realizarán el viernes 17 o el miércoles 22, tras los feriados de carnaval. En tanto la sentencia se estima para los primeros días de marzo.
Fuente: LavacaMu
Pensar en la identidad que está
siendo duramente golpeada
Resumen Latinoamericano, 10 de febrero de 2023.
En estos días ha sido destruido un conocido punto arqueológico en la zona de la ollita del Río Yuspe, la Casa Corral, una configuración circular de piedra, con elementos indígenas y criollos, también llamado Rial, por su utilidad de corral transitorio para rodeos. Todos los días las empresas están destruyendo sitios similares. Hay que seguir exigiendo que la obra ilegal de la Autovía en Córdoba sea detenida. Les compartimos este texto y fotos de la Brigada Territorial del Yuspe
Comunicado de Brigada Territorial del Yuspe
La empresa SACDE destruyó la Casa Corral, uno de los tantos sitios que dan cuenta de nuestra historia e identidad ubicado a las orillas del Río Yuspe, cerca de Cosquín. Muchos más ya han sido destruidos y otros están en peligro.
El Yuspe es uno de los ríos más vitales de la provincia, nacido en Los Gigantes, que abastece de agua a miles de personas. Punilla es el departamento con mayor cantidad de sitios arqueológicos, destacado a nivel nacional.
Es ahí, en el hermoso Río Yuspe, 900 metros aguas arriba de La Juntura, donde la tierra está abierta en un tajo gigantesco, donde la corrupta empresa SACDE está dinamitando la sierra para cementar otra ruta del saqueo, custodiada por la fuerza policial que transpira bajo el sol cumpliendo las órdenes del gobernador Schiaretti.
Ayer se encontró destrozada la Casa Corral de piedra en la margen sur del río, donde se haría un puente.
Quedaron atrás en el tiempo, las manos moviéndose, poniendo las piedras en su sitio, con la técnica precisa, armando una pared fuerte, sin cemento, sin barro, con la fuerza del peso y la forma de las piedras, despacio, una por una. Manos indígenas, manos campesinas. Tomó forma el rial, el corral de piedra, ahí en ese hermoso lugar cerca del río, para que los animales pudieran refrescarse pausando el rodeo. Por los encastres, las formas de las piedras, los tamaños, el ancho de la pirca, se nota que era antiguo, ancestral.
¿Pasaron 300, 400 años?… Hay quienes necesitan escuchar sobre miles de años para valorar una reliquia. Buscan la espectacularidad, el número más grande, que se anote en la competencia de titulares de notas en la mezcolanza noticiosa. Pero el valor de la historia del territorio es enseguida profundo, es la conexión inmediata de la identidad, y así sea nomás la edad de alguien de tu familia actual, ya es un vínculo genético vivo y concreto.
Hoy hay negocio. Y dentro de los negocios, según empresas y gobiernos, valen las trampas, todas, y las violencias, todas, las ilegalidades, todas. Trampa: el gobierno despreció el valor de este sitio arqueológico, con la complicidad de un «equipo de arqueólogos». Lo catalogaron como “pirca sub actual”, para facilitar su destrucción en nombre del “progreso”.
La gente defendió el sitio, caminó hasta la zona, días y días, metiendo el cuerpo frente a las motosierras, las topadoras, pacíficamente, legalmente, hasta que el gobierno tomó la decisión vergonzoza, incumplir la constitución nacional y la provincial, incumplir los acuerdos internacionales, y dio órdenes a la fiscal Kelm y a los jefes policiales para reprimir, golpear, encarcelar, porque el silencio de los jueces máximos estaba garantizado, comprado o acordado.
“En el mundo actual, cada vez más interdependiente y frágil, la sociedad humana enfrenta grandes desafíos.
Muchos de los problemas de la persona de hoy se relacionan con la pérdida del vínculo fundamental entre la persona y su entorno natural-cultural, situación que solo puede revertirse mediante una reconversión de las pautas y prácticas culturales. (…) necesitamos como sociedad adquirir la noción de lugar, de un territorio con valor afectivo y un paisaje al que se considere propio.” Gordillo, Ortíz, Galtés, Fragmentos para una identidad, UNC.
¿Cuál será la gota que rebalse el vaso?
Intentan Borrar nuestra historia para desconectarnos de nuestro valle y vendernos otra vez espejitos de colores, espejismos de consumo, atropellando parte de nuestra identidad, pero algo les falla. Hay brotes diciendo la verdad.
Brigada Territorial del Yuspe
La bomba de la deuda en pesos y
la polémica de los endeudadores
seriales
Por Sofía Hart, Resumen Latinoamericano, 10 de febrero de 2023.
Como venimos señalando, el endeudamiento a tasas usurarias del Tesoro ha adquirido una dinámica verdaderamente insostenible. En plena campaña electoral, economistas de Juntos por el Cambio, a partir de un comunicado, afirmaron que se trata de una deuda “impagable” y será una “bomba de tiempo para quien gane las elecciones de octubre próximo”, a lo que el gobierno respondió que, con esos dichos, no hacían más que alentar la corrida en curso. Sucede que ambos bandos tienen razón, sin embargo, todos estos políticos capitalistas son los responsables de haber sumido al país en una montaña de deuda sideral, con efectos ruinosos para el conjunto de la economía.
Los economistas opositores, Hernán Lacunza, Luciano Laspina, Ricardo López Murphy y a Eduardo Yeyati, remarcaron que el Tesoro aloja deuda con vencimientos a corto plazo, viene ofreciendo altísimas tasas de interés y gran parte de los bonos son ajustables al dólar y a la inflación. El viceministro de Economía del gobierno actual, Gabriel Rubinstein, salió al cruce respondiendo que “si el problema son los vencimientos 2023, ¿por qué no cambian de discurso? ¿Qué tal si dicen que de ninguna manera piensan reperfilar?”, haciendo referencia a que la oposición, al lanzar este tipo de acusaciones, estaba fomentando la corrida puesto que alimentaba la incertidumbre de los acreedores en un año electoral.
A su turno, señaló “y si para que la deuda no crezca más, buscamos todos, como política de Estado, aprobar un presupuesto sin déficit fiscal primario?”, en función de reducir la necesidad de financiamiento para cubrir los gastos del Estado. Es decir, el segundo de Massa propone como supuesta solución al problema del endeudamiento reforzar el ajuste sobre las jubilaciones, asistencia social, educación, vivienda y salud y más aumentos de tarifas, cuando las necesidades irresueltas de la población llegan a niveles alarmantes y la inflación está fuera de control. En ese punto, no hay ninguna divergencia con Juntos por el Cambio, ya que ambos espacios políticos patronales están abrazados a la hoja de ruta del FMI, a costa de los sectores populares. Si a pesar de esta coincidencia todavía no logran avanzar en la dirección que proclaman es por el temor a la reacción popular y el desquicio inflacionario que se agravaría con un tarifazo generalizado. Por lo demás, buena parte del déficit se debe a los subsidios y beneficios impositivos que reciben los capitalistas.
Volviendo al problema de la deuda, lo cierto es que quienes integraron el gobierno de Cambiemos, durante el cual se contrajo el préstamo por U$S 45.000 millones con el FMI y hubo una fuga de capitales de U$S 80 mil millones, han socavado cualquier tipo de autoridad para opinar sobre el tema. Es más, entre el 2015 y 2019 la deuda pública creció en el equivalente a U$S 82.400 millones; incluso el propio Lacunza, como titular de Hacienda de la gestión anterior, se vio obligado a “reperfilar” vencimientos en 2019, luego de la corrida que se precipitó tras la victoria del Frente de Todos en las Paso.
También es cierto que actualmente contribuyen a crear un clima de zozobra en los mercados en torno a un posible default de la deuda en pesos para obtener un rédito electoral. Como si fuera poco, Lacunza anticipó quiénes se verán perjudicados cuando se desate una nueva crisis de deuda, declarando que “las consecuencias las pagamos todos los argentinos, sobre todo los pobres que no se pueden esconder”… porque nunca pasarán la factura sobre los acreedores, que son los que vienen lucrando con todo esto.
Ahora bien, el Frente de Todos incrementó el endeudamiento del Tesoro hasta convertirlo en una verdadera bomba de tiempo precisamente porque asumió para rescatar esa hipoteca impagable. Así las cosas, el stock de deuda en pesos alcanza el equivalente a U$S 131.118 millones, y, lejos de ser inofensiva al tratarse de una títulos nominados en moneda local, el 52% está indexada al dólar o a la inflación, con lo que no podrá ser licuada mediante un salto en el tipo de cambio. Cabe destacar que el incremento de la deuda en pesos forma parte de las consecuencias del pacto con el FMI, cuya receta incluye cubrir la mayor parte del déficit fiscal mediante la colocación de bonos, a los fines de reducir los más posible la emisión monetaria.
Por otra parte, el Tesoro deberá afrontar durante el año vencimientos por el equivalente a U$S 55.012 millones, según los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, a razón de $2 billones por mes. Debido a la magnitud de los compromisos, muchos bonistas comienzan a dudar de la capacidad de pago del Tesoro y se van retirando del mercado de deuda en pesos para refugiarse en el dólar. Lo vemos con el ensanchamiento de la brecha cambiaria y la creciente venta de divisas del Banco Central con el objetivo de contener los dólares financieros.
Para intentar contrarrestar esta corrida, Economía ofrece bonos en las licitaciones a intereses cada vez más altos, con plazos de vencimientos más cortos y en su mayoría ajustables (CER, dollar-linked, duales), agravando la explosividad de dicha deuda y generando costos ultrausurarios para el país. De más está decir que la banca hace un negociado fabuloso con tamaña bicicleta financiera.
A su vez, ha aumentado la exposición de los bancos al riesgo del sector público. En 2019, las entidades financieras tenían el 13% de sus carteras invertido en letras del BCRA y bonos del Tesoro; en el tercer cuatrimestre 2022, ese porcentaje ascendió al 41%. Lo anterior encierra el riesgo de que se desaten corridas bancarias en el caso que se produzca un default de la deuda en pesos, sobre todo teniendo en cuenta que los bancos tienen colocado dinero de los encajes (que deberían mantener inmovilizado como garantía de los depositantes) en dichos instrumentos financieros.
Finalmente, las acusaciones cruzadas entre el oficialismo y la oposición esconden que ambos bloques fueron y son los encargados de endeudar el país, y, al mismo tiempo, orientar los recursos nacionales al rescate esa hipoteca usuraria, provocando un sinfín de penurias al pueblo. Para terminar con este régimen de saqueo, es necesario echar a los políticos capitalistas e iniciar un rumbo de desarrollo vinculado a los intereses populares.
Debemos, entonces, repudiar la deuda fraudulenta, romper con el FMI y someter al control obrero los resortes estratégicos, como la banca y el comercio exterior. Un planteo que levanta el Frente de Izquierda para que exista una salida política de los trabajadores a la crisis.
Fuente: Prensa Obrera – Lacunza y Rubinstein/ Imagen: collage de Prensa Obrera.
Elogio de la perpetuidad
Por Alfredo Grande, Resumen Latinoamericano, 10 de febrero de 2023.
Los aullidos por la prisión perpetua son funcionales a la cultura represora. Estamos llegando a un debate para legalizar la pena de muerte. Que ya existe hace décadas y se llama gatillo fácil. Y el hambre crónica es la prisión perpetua.
Uno de los tantos triunfos de la cultura represora es cuando la combatimos con sus armas. Lo que denominamos “la justicia” ha sido siempre un arma de destrucción masiva y habitualmente silenciosa. Los jueces hablaban por sus sentencias. Y los códigos de todos los códigos es el código penal. Y la tipificación de los delitos. También las caratulas de las causas. Y como se lleva a cabo la instrucción. La parafernalia jurídica destino a sostener un orden injusto que goza de la prebenda política de ser legal. La única respuesta que tiene la justicia frente a los delitos penales es lo que se denomina “punitivismo” O sea: la escala de los castigos.
Vigilar ya se vigila gracias a las cámaras y a las centrales de monitoreo, los anillos digitales y otras ingeniosas formas de castigar las causas sin modificar las causales. Es una versión moderna del “non parla ma se fica”: no cambia nada pero castiga. Recordemos que la Santa Inquisición de la Iglesia Católica, que alberga la mayor colección de sociópatas conocidos, tenía dos tipos de tormentos. Los ordinarios y los extraordinarios.
Los primeros mantenían al prisionero con vida, aunque su cuerpo estuviera quemado, quebrado o amputado. Los extraordinarios invariablemente implican la muerte del reo. Con las reas era peor. Ya que la Iglesia católica, en su combate demencial contra la sexualidad, produjo sus formas más monstruosas. Hoy la Inquisición se hizo botox, lifting, pero sigue generando políticas públicas. Con su afán de cambalache la cultura represora mezcla todo. Justicia por mano ajena, justicia por mano propia, venganza.
Lo políticamente correcto es acudir a la Justicia. Se ha citado en estos días el ejemplo de las Madres que nunca buscaron venganza. Como escribió Discépolo, la fiera venganza es la del tiempo, que te hace ver deshecho, lo que uno amó. Las Madres combatieron a la dictadura y en cierto momento, al Estado de Derecho. Pero este es otro tema nada colateral por cierto.
Lo que surge del clamor es la reclusión perpetua. O sea: la prisión, la cárcel, el encierro, el destierro, a perpetuidad. Si esto fuera posible, y lo es de hecho pero no de derecho ya que la reclusión perpetua son 50 años, sería una forma de solución final. Empecemos con los rugbiers y ya estará el antecedente. No hay otra respuesta para un asesinato atroz. Para los asesinos de Nayla perpetua. Para las asesinas de Lucio, perpetua. Para todos los asesinos perpetua. Menos para funcionarios, empresarios, militares, clérigos, políticos, que en 50 años asesinaron niñas, niños, ancianos y ancianas. Esos la única perpetua que conocen son los privilegios de los que gozan. Perpetua para los asesinos al volante. A los funcionarios de Vialidad que mantienen rutas de un solo carril (la 7, la 22, la 3) hace décadas y que han generado muertes diarias, a lo sumo se les aceptará la renuncia.
Lo que intento decir es que los aullidos por la prisión perpetua solamente son funcionales a la cultura represora. Y que estamos llegando pronto a un debate para legalizar la pena de muerte. Aclaro que la pena de muerte ilegal ya existe hace décadas y se llama gatillo fácil. El hambre crónica, el hambre de generaciones, el hambre de décadas, es otra muestra de las sentencias a prisión perpetua que la cultura represora instrumenta con absoluta impunidad.
Una concepción amplificada de la justicia hará prevalecer lo justo. Y lo justo es dar siempre la opción a reparar los errores y horrores, cambiar la forma de vivir para que lo único no sea destruir a todo rival, con la única excepción de aquellos y aquellas que no tienen capacidad de perdón porque nunca se arrepentirán de sus horrores.
Pero una cárcel no es para que nadie se pudra en ella. Si así fuera, el reino de la cultura represora será eterno.
Fuente: Agencia Pelota de trapo
Envio:ResumenLatinoamericano
Cómo funcionan las organizaciones ruso-argentinas que trafican la nacionalidad
Qué hay detrás de la ola de embarazadas rusas: La industria judicial de pasaportes argentinos
El caso de las embarazadas rusas retenidas en Ezeiza desnudó el accionar de organizaciones que traen al país chicas para dar a luz aquí y conseguir la nacionalidad en tiempo récord.
Se habla de las embarazadas rusas. Pero la clave no son las chicas, casi todas de 20 años, ni los médicos ni los parteros. La clave son los jefes de las organizaciones que las traen, los abogados y, por supuesto, unos cuantos jueces. Durante 2022 llegaron a la Argentina unas 10.500 mujeres rusas (los datos son de la Dirección de Migraciones), de las cuales la gran mayoría, 7500, se volvió a su país antes del mes y medio. Y nunca regresaron. Muchas de ellas, hicieron el viaje contando con el planeamiento y la ejecución de RuArgentina, una organización supuestamente conducida por un tal Kirill Makoveev, que publicita en Facebook, junto con algunos posteos contra Cristina Kirchner. RuArgentina coordina el viaje, la llegada, el parto en las mejores clínicas de CABA, el posparto y sobre todo, la etapa clave: la intervención de abogados que en cinco meses consiguen la nacionalidad y el pasaporte argentino, sin que la chica y el supuesto padre estén en el país. La movida está siendo investigada por la jueza María Servini, que ya hizo varios allanamientos, entre ellos a un departamento de superlujo de quien estaría verdaderamente a la cabeza de una de las organizaciones que traen a las mujeres y que vive en un edificio ya tristemente famoso por la muerte del fiscal Alberto Nisman: Le Parc, Puerto Madero.
El caso estalló este viernes a raíz de que Migraciones, con la conducción de Florencia Carignano, frenó el ingreso de seis chicas y les dio la orden a las respectivas aerolíneas --sobre todo KLM y Ethiopian-- que las devolvieran a su país de origen. La troupe de abogados contratados intervino a los pocos minutos, el juez Luis Armella rechazó un habeas corpus, pero la Cámara Federal de La Plata consideró que el caso debía ser tratado de inmediato. Armella --aquel magistrado mencionado en el caso de la GestaPRO-- dictaminó que, mientras se trata el fondo de la cuestión, las chicas --que son también víctimas de la operación-- pueden entrar al país. Sólo en el vuelo de Ethiopian de este jueves, llegaron 33 mujeres rusas embarazadas.
Según fuentes del consulado ruso, al cierre de esta edición, las seis chicas embarazadas todavía estaban en el aeropuerto, sin poder salir. Además, en los vuelos nocturnos de este viernes se esperaba la llegada de decenas de embarazadas, lo que anticipa una situación inmanejable
La oleada de embarazadas
El caso de las embarazadas rusas llegó al juzgado de Servini hace ya varios meses. Y lo que se investiga es una trama compleja, con hipótesis variadas:
- El parto en la Argentina es barato. No parece ser buena razón. El viaje y lo que aparentemente les cobra la organización suma unos 15.000 dólares. De manera que el costo es alto, no bajo.
- Lo que se busca es el pasaporte. Efectivamente ahí está una de las claves, según razonan en Migraciones. Con el pasaporte ruso es difícil transitar hoy en día. El documento argentino permite entrar, sin visa, en 171 países, incluyendo los europeos. Pero, además, el pasaporte argentino tampoco es un obstáculo para el acceso a Estados Unidos, algo que no resulta sencillo con un pasaporte ruso.
- Para conseguir el pasaporte, se necesita la nacionalidad. Tener un hijo o hija nacido en el país permite a los padres el logro de la nacionalidad argentina. Ahí entra a jugar --siempre según el diagnóstico de Migraciones-- el team de abogados. Se afirma que la nacionalidad la consiguen en apenas cinco meses. Un venezolano, que además tiene el beneficio de ser latinoamericano, tiene un largo trámite para conseguir la nacionalización en la Argentina (ver aparte): en promedio, unos cuatro años. Además, tienen que estar residiendo en el país, sin irse por más de tres meses. En el caso de las embarazadas, dan a luz, se van y no vuelven. Los abogados consiguen todo sin la presencia ni del padre ni de la madre.
- Lavado de dinero. Según cuentan quienes está en la investigación, este es uno de los delitos que se investigan. Usando el pasaporte argentino, sacan dinero de la Federación Rusa o realizan movimientos vedados de fondos. No resulta fácil creer esta variante, porque en verdad un argentino seguramente tiene más restricciones que un ruso en Rusia.
- Sustitución de identidad: Es otro de los delitos que se están investigando, pero parece poco sostenible y seguramente puede tratarse de algunas excepciones. La mayoría de las chicas llegan solas --incluyendo las seis que fueron frenadas por Migraciones este jueves--, de manera que la identidad del padre resulta un casillero vacío que se llena con el parto. En la justicia afirman que la maniobra de los nacimientos en Argentina, la nacionalidad y los pasaportes también se usa para cambios de identidad. Por ejemplo, en Eslovenia fueron detenidas dos personas, supuestos espías, que usaban pasaporte argentino aparentemente obtenido tras dos partos en Buenos Aires.
La organización
Hasta el diario inglés The Guardian se hizo eco de la oleada. Cuenta que Polina Cherepovitskaya estaba en la maternidad de la Clínica Finochietto y se asombró de escuchar a otras chicas hablando en ruso. En total eran ocho en la sala. Cuando el periódico le preguntó por qué viajó a Buenos Aires, contestó que por el pasaporte, dado que el argentino tiene magnífica reputación y se accede a 170 países sin visa alguna. Que eso le daba libertad. Conseguir una visa hoy en Moscú es difícil porque los consulados de los países occidentales tienen muy poco personal y dan pocas visas.
Por supuesto que Polina admitió que viajó a través de una organización que coordinó hasta el fotógrafo para hacerle las tomas a Sofía, la beba recién nacida. The Guardian afirma que la guerra con Ucrania aumentó el turismo de parto porque se especula que con ciudadanía y pasaporte argentino, cuando tengan alrededor de 20 años, los hijos no serán llamados a las fuerzas armadas.
¿Cuál es la parte ilegal de la trama?
Ante el número creciente de chicas rusas que llegan a Ezeiza, Migraciones se basó en que la declaración del motivo de viaje es falsa. Chicas con 33 semanas de embarazo no encajan con la figura de turista que alegan. Y sostienen que lo mismo ocurriría en casi cualquier país del mundo, que no admite falsas razones de ingreso. El organismo que conduce Carignano afirma que realizó un relevamiento de las chicas que entraron esta semana por Ezeiza y casi ninguna pudo ser encontrada en el domicilio que declaró al ingresar --en general, hoteles-- y que no se les pudo seguir el rastro. La versión es que las mujeres no son humildes, sino de clase media, y pagan un alquiler de 1.500 o 2.000 dólares en buenos departamentos.
En la justicia han dicho que lo de turistas falsos es una especulación que no puede ser probada, por lo que rige el preámbulo de la Constitución que habla de que la Nación Argentina les da la bienvenida a “todos los hombres del mundo que quieran habitar en suelo argentino”.
Es decir, que consideran que no se puede impedir que entren a la Argentina, menos todavía con 33 semanas de embarazo. Otra cosa distinta es, después, la trama de jueces, abogados y las organizaciones que arman algo que se parece mucho a la trata de personas y que consiguen nacionalidad y pasaportes en el record de cinco meses, sin que las chicas y los que declararon como padres del bebé estén en la Argentina. O sea, en cinco meses son argentinos que no viven en Argentina. Es muy probable que la desigualdad les suene muy mal a los inmigrantes venezolanos, por ejemplo: que hace años están en el país y tienen que pasar por un trámite interminable en la justicia civil para conseguir la nacionalidad argentina.
El pingüino que no trae un bebé, sino un pasaporte
Kirill Makoveev, que encabeza una de las organizaciones que traen las chicas a la Argentina, posteó en su Facebook una foto de Cristina Kirchner con un barbijo. Acompañó la imagen con la siguiente frase: “así llega la vejez y el olvido. Primero eres el presidente favorito de todos, luego nadie te saca a la calle después de ser condenado y luego ya estás aislado en la Patagonia”. El texto está traducido al ruso.
El hombre vive en la Argentina desde 2014 y le contó a The Guardian de Londres que pronto vio el negocio del turismo de parto. Seguramente sus clientas o clientes no se ofendieron con el posteo contra Cristina. Pocas la deben conocer, pero por la extracción política y social se trata en buena medida de mujeres de clase media acomodada, de recursos apreciables, que de ninguna manera huyen de la guerra con Ucrania, sino que están en busca de una nacionalidad diferente a la rusa. Más bien se orientan a irse a vivir a Europa o Estados Unidos.
Makoveev no tuvo problemas en ratificar este viernes, en C5N, que él efectivamente brinda los servicios que incluyen traductores y acompañamiento en todos los trámites, como por ejemplo en el Registro Civil, en el Registro Nacional de las Personas y seguramente en la justicia. Por supuesto, que la primera etapa es el parto y también el acompañamiento en la parte médica. Habló de que lleva tres meses, pero según Migraciones las chicas se van al mes y medio y no regresan. La tarifa por los servicios, reveló Makoveev, es de 5.500 dólares, como piso.
“No hago nada ilegal --señaló el titular de RuArgentina--. Acá la legislación lo permite. Vendo información y servicios”.
En la nota que publicó The Guardian se consignan las explicaciones por las cuales la llegada de embarazadas rusas es masiva:
- Muy buen servicio de salud, público y privado.
- Magnífico pasaporte, con amplias posibilidades de ingreso a casi cualquier país.
- Una histórica legislación de bienvenida a los inmigrantes.
La polémica se plantea en este último punto. Porque las mujeres no son estrictamente inmigrantes. La enorme mayoría no vienen a vivir a la Argentina. Sólo vienen a hacerse del pasaporte. Justamente el emblema de la empresa de Makoveev: no es una cigüeña sino un pingüino, que no trae un bebé, sino un pasaporte.
Desde ya que a RuArgentina no le va mal. Tienen todo reservado hasta abril. Y eso encaja con lo que ven en Migraciones. La cantidad de embarazadas rusas crece día a día. En los últimos meses son más de 5.000 y se habla de que el total para 2023 puede acercarse a 20.000.
Intervino la justicia, pero las chicas embarazadas siguen en tránsito
La Dirección de Migraciones les frenó el ingreso a la Argentina a seis chicas rusas con embarazos de 32 o 33 semanas. Fueron una parte de las más de 30 que llegaron el jueves. La diferencia fue que estas seis mujeres no supieron contestar nada. Dijeron que eran turistas, pero no tenían dirección a la que iban a llegar ni exhibieron pasaje de regreso. Dinero sí: alguna llevaba unos 8.000 dólares.
El organismo que conduce Florencia Carignano dispuso que las aerolíneas en las que vinieron --Ethiopian y KLM-- se hicieran cargo de las muchachas y las lleven de regreso a su país de origen. Carignano aclaró que no estaban detenidas, que caminaban libremente por la parte de pasajeros en tránsito de Ezeiza y que, a partir de hoy, un médico estaba a disposición en forma permanente. Al poco rato se hicieron presentes abogados que salieron en defensa de las chicas, algo que evidencia la organización detrás del viaje. Lo llaman turismo de parto. Es obvio que cualquier turista que va a otro país no tiene un abogado listo para intervenir.
Uno de los letrados, Christian Rubilar, presentó un pedido de habeas corpus, pidiendo que la chica que representa --se la conoce sólo por las iniciales, E.I.-- sea admitida en la Argentina, porque --según él-- no existe la norma que impida ingresar al país por ser, supuestamente, turista falso. El reclamo le llegó al juez federal Luis Armella, quien de entrada sostuvo que no era un tema para tratar de manera urgente ni mediante un habeas corpus. El letrado apeló a la Cámara Federal de La Plata. En esa instancia, dos jueces, Roberto Lemos Arias y César Alvarez, contradijeron a Armella: sostuvieron que era una cuestión a resolver de inmediato y que la institución del habeas corpus era adecuada para una situación humanitariamente urgente.
A partir de lo resuelto por la Cámara Federal, Armella resolvió permitir que las chicas entren al país. Tuvo en cuenta el embarazo de 32 y 33 semanas. El magistrado afirmó que después resolverá la cuestión de fondo, es decir si constituye un delito o la violación de alguna norma que una mujer venga a dar a luz a la Argentina, luego consiga la nacionalidad y el pasaporte, aun no viviendo en el país. De todas maneras, Migraciones todavía no permitió que estas seis mujeres entren al país.
La Argentina tiene una legislación generosa para la inmigración: siempre la tuvo. De manera que una criatura nacida en el suelo nacional tiene derecho a la nacionalidad, sean quienes sean sus padres. Y esos padres, para proteger al niño, también tienen derecho a la nacionalidad.
Lo que impacta es que detrás de la maquinaria que trae a las chicas rusas hay una trama de abogados y jueces que, dinero de por medio, consiguen que el bebé y sus padres tengan nacionalidad y pasaporte en cinco meses. Un venezolano, llegado al país hace años, primero requiere de dos años de residencia sin ausentarse por más de tres meses. Una vez que esa radicación está firme, tramita en la justicia civil la nacionalidad, algo que tarda --como mínimo-- un año y medio. Demás está decir que se requieren certificados de nacimiento autenticados, de buena conducta y un largo listado de papeles. En las comunidades venezolana, boliviana o paraguaya afirman que aun después del nacimiento de un bebé, el trámite dura entre dos y tres años.
La mínima alcanzará 73.665 pesos incluyendo un bono de 15.000
Aumento para jubilados de 17,04% desde marzo
El aumento se rige por la nueva fórmula de movilidad implica una recuperación anual de 125 por ciento. También impacta en la Asignación Universal por Hijo y las SUAF. Acumula desde 2021 una mejora de veinte puntos con respecto a la que hubiera resultado de la aplicada durante el gobierno de Mauricio Macri.
El gobierno anunció el primer aumento trimestral de la fórmula de movilidad para el 2023. Será de 17,04 por ciento a partir de marzo. Para que las jubilaciones le ganen a la inflación del periodo, el anuncio coincide con la asignación de un nuevo bono para reforzar los ingresos de jubilados y pensionados con haberes más bajos. Será de 15 mil pesos mensuales por tres meses, para que el piso de las jubilaciones sea 73 mil pesos.
La suba del 17,04 por ciento para todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones se comenzará a pagar en marzo y alcanzará a 17 millones de argentinas y argentinos. Corresponde al aumento trimestral de la formula para marzo, abril y mayo de acuerdo a la ley de movilidad que rige desde 2021 y establece aumentos trimestrales que se determinan según un índice que combina un 50 por ciento de la evolución de los salarios del Indec y del Ripte (Remuneración Imponible de Trabajadores Estables) - el mayor de ambos- y otro 50 por ciento de la recaudación tributaria de la Anses para el trimestre anterior.
Como el aumento de los precios no está contemplado en la fórmula, el Estado tiene la posibilidad de compensar con bonos fijos cuando es necesario. Es por este motivo que para las jubilaciones de hasta dos haberes mínimos se incluye un refuerzo que se pagará en cada uno de los meses hasta el próximo aumento por movilidad de junio. Será de 15 mil pesos para los 4,5 millones de jubilados que cobran la mínima y decrecerá hasta los 5 mil pesos para quienes tienen ingresos de hasta dos haberes mínimos (117.330 pesos). El esfuerzo adicional del Tesoro Nacional para los bonos refuerzo será de más de 200.000 millones de pesos.
El gobierno utiliza el bono de suma fija como mecanismo de refuerzo para compensar las pérdidas en las que puede derivar la fórmula. En efecto, el aumento de los haberes mínimos para marzo será de 125 por ciento con el bono, once puntos por encima de la inflación proyectada para el periodo (112 por ciento según el Relevamiento de Expectativas del Mercado). De contar únicamente el aumento por la fórmula de movilidad el número desciende a 72,5 por ciento, muy por debajo de la inflación del periodo.
Cabe destacar que los bonos no se integran al haber y por lo tanto no se utilizan como base de cálculo para aplicar la actualización prevista por la fórmula de movilidad. Es decir que no tienen efecto en las subas posteriores.
El aumento fue anunciado por el ministro de Economía Sergio Massa y la titular de la Anses Fernanda Raverta minutos después de conocerse el dato de salarios del Indec: “Poder decir que recuperamos 11 puntos de los casi 20 que se perdieron en el gobierno anterior es muy importante. Destruir es un instante y reconstruir y volver a garantizar que el bolsillo de los jubilados les permita vivir con dignidad es mucho más lento”, expresó Raverta.
Efecto bono
El 17,04 por ciento anunciado se encuentra levemente por debajo de las expectativas de inflación para el período enero-marzo, comparable con el período alcanzado por la movilidad. "La inflación estimada en el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central (REM) del período mencionado (enero a marzo, considerando que la mejora compensa la inflación pasada) se estima en 18,1 por ciento en el trimestre", aseguró desde CEPA la analista Luciana Bilbao. Por esa razón el gobierno asignó un bono.
En 2022 los aumentos de la fórmula de movilidad también corrieron por detrás de la inflación. Las subas fueron de 12,28 por ciento en marzo, cuando la inflación acumulada era de 16,07 por ciento. En el segundo trimestre, y con una inflación creciente, la segunda actualización del año de 15 por ciento no logró superar la evolución de precios del período que alcanzó 17,3 por ciento. Para compensar se decidió implementar un bono de 6.000 pesos en abril y de 12 mil pesos en mayo. La tercera actualización alcanzó 15,53 por ciento y la inflación del periodo fue de 22 por ciento, por lo que se implementó un nuevo bono de 7 mil pesos mensuales. En el último trimestre la actualización fue de 17,6 por ciento frente a una inflación de 17,19 por ciento en el periodo. Por esta razón, en diciembre, enero y febrero se implementó un bono de 10 mil pesos mensuales.
En 2021, en cambio, la fórmula permitió comenzar a mejorar la pérdida de poder adquisitivo del haber heredado de los años de macrismo, logrando que el 2021 cierre con un aumento por encima de la inflación. La ley de movilidad concretó subas en marzo (8,07 por ciento), junio (12,12 por ciento), septiembre (12,39 por ciento) y diciembre (12,11 por ciento), acumulando un 52,7 por ciento, apenas por encima de la inflación, del 50,9 por ciento de 2021.
Beneficios de la nueva fórmula
Si bien la fórmula anterior que se implementó en 2017 con la reforma previsional del macrismo contemplaba aumentos de haberes jubilatorios en función de la inflación y de los salarios, solo en 2017 las jubilaciones superaron la inflación anual. En 2018 se produjo un gran desfasaje, ya que los precios avanzaron 47,6 y los ingresos jubilatorios tan solo 28,5 por ciento. En 2019, los haberes crecieron 51,1 y los precios un 53,8 por ciento. El resultado: las jubilaciones quedaron 20 puntos por debajo del aumento de precios entre 2016 y 2019.
Asimismo, si se compara los índices de movilidad con la fórmula anterior y los resultantes de la aplicación de la ley actual, se observa un evidente mejor desempeño de la reciente norma. Según un cálculo realizado por la analista de CEPA Luciana Bilbao, en caso de haberse mantenido la fórmula votada a finales de 2017 (70 por ciento inflación y 30 por ciento salarios) la actualización jubilatoria hubiese sumado 45,4 por ciento en 2021 y 64,9 por ciento en 2022. Asimismo, con la nueva fórmula, ese valor ascendió a 52,7 por ciento en 2021 y 72,5 por ciento el año pasado. La diferencia asciende a veinte puntos.
Revocan una decisión de Capuchetti
Atentado a CFK: ordenan ampliar el período de análisis de los celulares de las asesoras de Milman
El Tribunal de Apelaciones resolvió hacer lugar a un pedido de la querella de la vicepresidenta y permitir que los celulares, que ya están en manos de la Justicia, sean peritados desde el 1 de julio al 1 de diciembre de 2022. En audiencias anteriores las mujeres admitieron que habían cambiado de aparato y borrado información.
La Cámara Federal porteña ordenó hoy ampliar el lapso temporal del análisis de los teléfonos celulares de dos asesoras del diputado del PRO Gerardo Milman, al hacer lugar a un planteo de la querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la causa que investiga el intento de asesinato del que fue víctima el 1 de septiembre pasado. Ambas mujeres estaban junto al alfil de Patricia Bullrich cuando un testigo lo escuchó decir “cuando la maten, voy a estar camino a la costa”.
El Tribunal de Apelaciones revocó una decisión de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien había negado el planteo de la querella, y dispuso la "ampliación del lapso temporal propuesto" para que la información extraída de ambos teléfonos ya entregados a la Justicia sea analizada desde el 1 de julio al 1 de diciembre de 2022, según la resolución a la que accedió Télam.
La decisión fue de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, con la disidencia del tercer integrante de la sala I del Tribunal, Mariano Llorens.
El peritaje deberá ser realizado "tal como lo ha sugerido la propia querella, bajo preciso control jurisdiccional y del Ministerio Público Fiscal y con restricción de absoluta reserva de toda aquella información que no guarde estricta relación con el caso", advirtieron los jueces.
Al decidir aceptar el planteo de la querella, el Tribunal revocó una decisión de Capuchetti, quien había determinado que el análisis de ambos teléfonos debía realizarse sobre los días posteriores al 30 de agosto de 2022, fecha en la que según un testigo Milman se habría referido en un bar ante ambas asesoras a un futuro atentado contra la vicepresidenta, que ocurrió dos días después.
Qué dice la resolución del Tribunal
"Teniendo en cuenta los lineamientos trazados y la gravedad institucional del hecho aquí investigado, se torna necesaria la producción de las diligencias probatorias que puedan resultar pertinentes y útiles para la averiguación de la verdad, sin escatimar esfuerzos y con la premura del caso", destacaron Bruglia y Bertuzzi.
En base a ello, "luce razonable que se realice la búsqueda de la información contenida en los aparatos telefónicos secuestrados a Ivana Bohdziewicz y Carolina Elizabeth Gómez Mónaco, la cual habrá de circunscribirse a corroborar o descartar la existencia de cualquier mención a los dichos que, según el testigo" pronunció Milman.
Los celulares de Gómez Mónaco y Bohdziewicz
Los celulares fueron entregados el 1 de diciembre pasado por las asesoras al concurrir a ampliar sus declaraciones a los tribunales federales de Retiro, en la fiscalía de Carlos Rivolo, quien tiene delegada la investigación.
De ambos aparatos se extrajo la totalidad de la información disponible pero se limitó el lapso de su análisis y eso fue apelado por la querella.
Sin embargo, en esa audiencia sucedió un hecho sorprendente: Bohdziewicz, dejó sin palabras a quienes la escuchaban cuando dijo con mucha soltura que había borrado todo el contenido de su teléfono. “Me asesoré”, aseguró ante la mirada azorada de los abogados de la vicepresidenta.
La otra asesora, Gómez Mónaco, no desentonó tampoco en la declaración: aportó su celular pero tuvo que aclarar que era un aparato que había comprado la semana pasada.
"Yo borré todo"
Ambas habían declarado por primera vez el 26 de octubre y dijeron que no recordaban haber estado en la confitería Casablanca. Solo admitieron haber estado en el lugar después de que les mostraran sus imágenes.
Bohdziewicz tiene 26 años y desde marzo le lleva la agenda a Milman. La asesora arrancó su segunda declaración tratando de enmendar la primera. Debió explicar que, cuando dijo que “nunca” había estado en Casablanca, quiso decir que no iba asiduamente a comer o que no se quedaba largo rato.
Cuando el fiscal le preguntó si tenía conversaciones con Milman en su teléfono respondió: “Sí, de temas laborales pero quiero aclarar que las borré”. “Tanto los mensajes como las fotos porque sentí que se podía violar mi intimidad si me pedían mi teléfono. Yo borré todo porque no había posibilidad de seleccionar solo algunas cosas y tenía fotos íntimas mías comprometedoras”, agregó y remató: “Por eso me asesoré”.
Alberto Fernández llama a la unidad y nada dice de la mesa política
“Les pido a los compañeros y compañeras más unidad que nunca”, dijo el presidente Alberto Fernández durante un acto realizado en la localidad bonaerense de Berazategui. Parado cada vez más como candidato a buscar la reelección dijo estar “más atento al murmullo de la gente y menos el griterío de la política”. Sin embargo, el griterío o la interna dentro del FdT, aunque se resista, tendrá que atender porque debe llevar adelante la mesa política, prevista para la próxima semana, pero también atender los reclamos incluso de sus aliados como algunos movimientos sociales y sectores de la CGT que todavía le son afines.
“La Patria se construye sin peleas, sin desunirnos”, dijo el Presidente acompañado de sus ministros Gabriel Katopodis (Obras Publicas) y Jaime Perczyk (Educación). Luego agregó que “cuidar la democracia no basta, tenemos que ir por algo más, necesitamos tener una nueva utopía, la utopía de la igualdad, la utopía de la justicia social, que todos tengan la oportunidad de crecer y desarrollarse en cada rincón del país”.
Buena parte de sus frases parecieron estar destinadas a esa mesa política que le reclamaron propios y extraños, que resistió todo lo posible y ahora finalmente parece que la convocará desde su cargo de titular del PJ. Fernández quiere que esa mesa se limite a hablar de la estrategia electoral y no tocar nada que se parezca a definir políticas de gobierno.
Sin embargo, esta postura no le garantiza una mesa más o menos ordenada en cuanto a la agenda de discusión porque sus propios aliados están pidiendo pista, espacio, voz y voto.
Por caso, el referente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico dijo que todavía no recibió el llamado para participar de la mesa política. Un silencio que no es del agrado del funcionario de Desarrollo Social: “Hay que ordenar el Frente y la estrategia electoral, y de ese proceso tienen que participar los trabajadores, ya sean organizados en la CGT, como los trabajadores del nuevo conflicto social que expresan las organizaciones sociales”, dijo durante una entrevista radial.
Pérsico citó a la CGT y no fue casualidad. El consejo directivo de la central obrera tiene dos patas. Una es la que lideran los cosecretarios Héctor Daer, de Gordos e Independientes, y el barrionuevista Carlos Acuña. La otra responde al también cosecretario, el camionero Pablo Moyano. Todos abrevan en el Frente de Todos pero no todos piensan y actúan igual.
Daer y Acuña, cerca todavía de Fernández, lo presionan para tener un espacio importante en esa mesa política. De todas maneras, estos dos tienen en su corazón espacio suficiente para quien supo ser su líder político, Sergio Massa. El ministro de Economía visitará la CGT la próxima semana para hablar, en principio, sobre el escenario económico y social, las paritarias y el control de la inflación.
La reunión con Massa será previa a la mesa política y ninguno de los sindicalistas de este sector oculta que el ministro representa un potencial y querido candidato presidencial. Es más, se sienten más cómodo con el tigrense y desde hace un tiempo que recelan de Fernández porque mucho les prometió y poco concretó.
Este grupo, como Pérsico, reclaman presencia, voz y voto, pero sobre todo espacio en las listas de candidatos a legisladores. Para esto el año pasado conformaron una mesa de acción política con ese único objetivo y la anunciaron, con indisimulable desatino, el 17 de octubre.
Pablo Moyano también quiere ser parte de esa mesa política. No lo niega y si bien tiene más afinidad con el sector kirchnerista, ha dicho en más de una oportunidad que ve con malos ojos la pelea interna y que se debe buscar la unidad para evitar que vuelva a gobernar la derecha. Pero a diferencia de los otros triunviros, el camionero quiere y reclama que la mesa que tiene que convocar Fernández discuta las políticas y un programa de gobierno. Para el Presidente esto es lo que él define como “griterío”.
En Berazategui Fernández se mostró como presidente en busca de reelección. Se quejó de los medios de comunicación y se comparó con el presidente que más parece querer parecerse: “Las tapas de algunos diarios que padezco hoy las padecía (Raúl) Alfonsín también”, dijo ante miles de peronistas.
De todas formas el Presidente reiteró su llamado a la unidad: “Tenemos que estar unidos porque hay un común denominador que nos une: que los enemigos de la patria no tomen el poder”, insistió ante el auditorio colmado de intendentes, entre los que se destacaron Fernando Espinoza (La Matanza), Mariel Fernández (Moreno), Mario Secco (Ensenada) y Alberto Descalzo (Ituzaingó).
Salarios versus inflación, los números de 2022
Los registrados le dieron pelea a la inflación, pero los informales perdieron por goleada
En un contexto de dinamismo en el mercado de trabajo, las paritarias en varios sectores de mucho peso lograron conservar el poder adquisitivo del salario. Pero la situación para los trabajadores no registrados fue muy diferente.
El índice de salarios que mide el Indec registró en diciembre pasado un aumento mensual del 5,2 por ciento, de modo que en doce meses acumuló un alza del 90,4 por ciento. El número anual quedó por debajo de la inflación del mismo período, que según el organismo de estadísticas fue del 94,8 por ciento.
Dentro del cuadro del retraso global de los ingresos frente a la inflación, fue muy dispar la evolución del poder adquisitivo de acuerdo a la calidad del empleo en cuestión. Los trabajadores registrados lograron un alza nominal del 95,8 por ciento, en línea con el ritmo de avance de los precios. En cambio, el sector privado no registrado, que abarca a alrededor de un tercio del universo de los trabajadores, tuvo una variación de salarios del 65,4 por ciento, con lo cual sufrieron una brutal caída del poder de compra.
Disparidades
El año pasado, la fortaleza del mercado interno y las negociaciones paritarias permitieron que los trabajadores privados registrados hayan podido darle pelea a la inflación. De acuerdo a la información provista por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en noviembre de 2022 se acumularon 23 meses consecutivos de creación neta de empleo asalariado registrado del sector privado. "Este proceso de generación de puestos de trabajo llevó a que cinco sectores de actividad y siete provincias presenten el nivel más elevado de empleo desde el año 2009", dice el Ministerio de Trabajo.
En cuanto a los salarios del grupo de trabajadores registrados del sector privado, el último informe de la cartera laboral detalla que "de los 27 principales convenios colectivos de trabajo de elevada cobertura en número de puestos de trabajo, en 19 se acordaron aumentos correspondientes a la paritaria del año 2022 que igualan o superan la inflación acumulada entre diciembre de 2021 y diciembre de 2022. A modo de ejemplo, Comercio cerró con un aumento del 98 por ciento, Maestranza por el 100 por ciento, Sanidad por el 96 por ciento y Seguridad por el 98 por ciento. Los restantes 8 convenios colectivos pactaron incrementos salariales inferiores a la suba del IPC, aunque la mayoría de estos sectores reabrirán la paritaria en el primer trimestre de este año por efecto de la cláusula de revisión".
En cambio, los trabajadores no registrados, que cuentan con menor capacidad de negociación salarial, sufren una caída del poder adquisitivo en manos de la inflación. Se trata de un sector en donde la información es bastante más precaria que en el caso de los asalariados registrados. Sin embargo, los datos del Indec son claros al respecto. En 2021, la suba anual de los salarios de los no registrados fue del 40,6, por detrás de la inflación del 50,9 por ciento. El año pasado, el incremento acumulado del 65,4 por ciento quedó muy atrás de la suba de precios, del 94,8 por ciento.
También apuntó a Victoria Tolosa Paz
Eduardo Belliboni le respondió a Espert por pedir "cárcel o bala" para los piqueteros: "Odia a los pobres"
El dirigente del Partido Obrero le respondió al diputado libertario que pidió para él “cárcel o bala” y lo señaló por las protestas. “Claramente la amenaza no está dirigida a una persona, sino a una lucha”, aseguró el dirigente social por AM750.
El dirigente del Partido Obrero (PO) Eduardo Belliboni salió este viernes al cruce del diputado libertario José Luis Espert después de que pidiera “cárcel o bala” para el líder de Unidad Piquetera debido a las protestas socailes y los cortes frente al Ministerio de Desarrollo Social.
Las expresiones del diputado nacional sucedieron en momentos en que el Partido Obrero, junto a otras organizaciones, reclamaban planes de Potenciar Trabajo en distintos accesos a la ciudad de Buenos Aires.
“Lo raro es que el crea que un capitalista es algo malo”, señaló Belliboni por AM750. Y explicó que en su mensaje, Espert “lo pone como una cosa negativa”. Allí, el libertario le dice que es “capitalista aunque juegue de trosko”
Por eso, el dirigente del PO le contestó: “Es un detalle dentro de su propio texto en el que revela su subconsciente. Sabe que el capitalismo está en crisis y hace mucho mal”.
Consultado sobre la amenaza en su contra, Belliboni expresó que “el problema es que hay un discurso de odio en el país". "Muchos dirigentes compiten para ver quién es el más antiobrero, el que más odia a los pobres”.
Para el dirigente social, este discurso tiene una base en las operaciones de prensa que se hicieron de manera constante sobre su persona y sobre las organizaciones populares. En este punto, señaló al propio Gobierno por formar parte del armado.
“Se ve que es el clima que han creado. De mí han dicho cualquier barbaridad. Me han dicho multimillonario. Eso es muy funcional a todo esto también. Eso salió de las usinas del Gobierno. Yo vivo hace 50 años en el mismo barrio. No tengo patrimonio”, denunció.
Luego, explicó los motivos de esta campaña: “Se estructura un discurso en el que la gente que la pasa mal, que no está bien, en vez de reclamar sus salarios se queja porque nosotros tenemos a veces que cortar la calle porque hay una situación social extrema”.
Críticas a Tolosa Paz
Finalmente, Belliboni cuestionó a la actual ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz y aseguró que sigue su política se basa en el ajuste que le reclama el Fondo Monetario Internacional.
“El tema de las bajas del Potenciar Trabajo es un ajuste contra los que menos tienen. Estamos hablando con los funcionarios de Desarrollo Social para que corrijan una medida absolutamente negativa”, reveló entrevistado por La García.
Además, Belliboni apuntó: “Hay gente que no pudo hacer la virtualidad aunque quisiera. Hay un reconocimiento de resto que no lo puede hacer. Gente con parálisis facial. El Estado tiene que ir al barrio y no la gente ver si puede conectarse. Para nosotros esto es por la presión del FMI de que hay que ajustar”.
Definiciones del titular de la Bancaria en AM750
Sergio Palazzo, autocrítico con la gestión del Frente de Todos: "Tenemos que discutir las medidas que incumplimos con la sociedad"
El diputado nacional apuntó además contra un sector del Poder Judicial por la persecución a Cristina Kirchner: "Quieren encarcelar políticas de inclusión y cualquier atisbo de rebeldía que se anime a enfrentar a las corporaciones", afirmó.
El secretario General de la Asociación Bancaria y diputado nacional, Sergio Omar Palazzo, afirmó este jueves en diálogo con AM750 que la proscripción a la vicepresidenta Cristina Kirchner tiene más que ver con "encarcelar políticas de inclusión y cualquier atisbo de rebeldía que se anime a enfrentar a las corporaciones".
Además, señaló que Cristina Kirchner "sigue siendo la dirigente que más mide en Argentina" a pesar de que "hubo horas de televisión y de radio para destruirla".
En este sentido, expresó que la vicepresidenta "marca agenda", por eso "pretenden destruir un pensamiento distinto".
Y amplió: "La agenda tiene que ver con los intereses del grueso de la sociedad, no el de las corporaciones". Con lo cual, afirmó: "El castigo a Cristina viene de un Poder Judicial amañado en el poder económico que lo que quiere es más que a Cristina presa, sino encarcelar políticas de inclusión y cualquier atisbo de rebeldía que se anime a enfrentar a las corporaciones".
Mesa política del Frente de Todos
El próximo jueves 16 será el día en que los representantes del Frente de Todos (excepto Cristina y Máximo Kirchner) se reunirán para definir las candidaturas de cara a las elecciones presidenciales de este año.
En este sentido, Palazzo criticó el encuentro y remarcó que "si la reunión es para discutir candidaturas, que ni se junten. Nosotros tenemos que discutir las medidas que hemos incumplido en el contrato electoral con la sociedad", apuntó.
Por último, al ser consultado por una de las "deficiencias" de gestión a las que se refiere, aclaró: "no haber redistribuido el ingreso". Y reclamó que a la vicepresidenta "no se la ha escuchado" a lo largo de los tres años y medios de gobierno.
Fuente:Pagina12
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