Crímenes en el marco de un genocidio
El ex intendente de Escobar fue acusado por el asesinato de Gastón Gonçalves y otros delitos de lesa humanidad. Como los abogados de las víctimas, la Secretaría de Derechos Humanos enmarcó la acusación en un genocidio y pidió que la figura se incorpore a la ley.
Por Alejandra Dandan
El proceso a Patti, que ayer no estuvo en la audiencia, entró en la recta final de los alegatos.Imagen: Rafael Yohai
La acusación a Luis Abelardo Patti está a punto de terminar. Ayer, a un día de la última jornada de alegatos, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación acusó al ex intendente de Escobar del asesinato de Gastón Gonçalves, entre otros cargos, y pidió para él y el resto de los represores imputados la pena de prisión perpetua en cárcel común. Tal como sucedió con las querellas de los familiares de las víctimas, la secretaría presentó la acusación en el “marco de un genocidio”. Para eso amplió los fundamentos que hasta ahora viene repitiendo en los pedidos de condenas y exhortó además al Congreso a “adecuar definitivamente nuestra legislación positiva interna a los tratados internacionales que el Estado argentino ha ratificado”.
El juicio volvió a empezar en el auditorio municipal de José León Suárez, en medio de un descampado, a dos cuadras de donde los cartoneros del Tren Blanco cuentan con las guarderías para los niños y sobre el mismo lugar que hace años recorrió uno de los testigos del juicio, a horas de los fusilamientos del ’56. Nuevamente, Patti estuvo ausente de la sala. La jueza Lucila Larrandart lo nombró cuando el único de sus dos abogados que estuvo en la audiencia de pronto desapareció de la silla para ir al baño. “¿Dónde está la defensa de Patti?”, preguntó impetuosa la presidenta del Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín y, ante la novedad, ordenó un cuarto intermedio en la sala.
Antes del alegato de la Secretaría de Derechos Humanos, los abogados Ana Oberlin y Pablo Llonto terminaron la acusación que habían empezado el jueves pasado. Como representantes de las familias de Gastón Gonçalves, los hermanos Guillermo y Luis D’Amico y Diego Muniz Barreto, los abogados presentaron las pruebas del caso del ex diputado: su secuestro, la detención ilegal en la comisaría de Escobar, las torturas, el traslado al centro clandestino de Campo de Mayo y el homicidio dentro de un auto que arrojaron al río. Al terminar, Ana Oberlin –como hizo luego la Secretaría de Derechos Humanos– pidió prisión perpetua en el marco de un genocidio para los cinco imputados: Patti, Fernando Meneghini, Martín Rodríguez, Reynaldo Bignone y Omar Riveros. Como publicó ayer este diario, acusó a Patti por el homicidio agravado por alevosía de Gastón Gonçalves, y además por privación ilegal de la libertad agravada en los casos de Gonçalves, Muniz Barreto, los hermanos D’Amico y sus padres; aplicación de tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos; y allanamiento ilegal de la casa de los D’Amico. Para todos pidió cárcel común y la suspensión de los beneficios de la jubilación. Antes del final dejó los papeles a un lado y habló cara a cara con el Tribunal. “Espero –les dijo–- que haya tenido sentido todo esto para todos los testigos que valientemente se acercaron a contar todo lo que vivieron, a conectar las piezas de este rompecabezas... Esperamos que haya tenido sentido que los familiares hayan venido a todas las audiencias y se hayan sentado a escuchar una y otra vez las cosas terribles que pasaron con sus familias.” Agregó que esto no va a hacer que la ausencia cotidiana de las víctimas deje de pesar; “eso es parte de lo irreparable. Pero lo que sí se puede hacer es devolverles a sus familias la credibilidad: demostrarles que ustedes, señores jueces, no son un nuevo eslabón en la cadena de impunidades o de mentiras que sufrieron todos estos años. Por eso les pedimos que la sentencia esté impregnada de memoria y de verdad y, sobre todo, de una vez por todas, de justicia.”
Ciro Annicchiarico y Rosario Alvarez Garriga presentaron después la acusación de la Secretaría de Derechos Humanos en “nombre de todas las víctimas del terrorismo de Estado que hubo en el país”. Annicchiarico, que ya había acusado “en el marco de un genocidio” cuando estuvo al frente de la querella en el caso de Floreal Avellaneda, agregó en esta ocasión nuevos fundamentos. Entre ellos, parte de las lecturas que están revisando las definiciones del Estatuto de Roma y de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Por caso, la lectura del francés Yves Ternon y el argentino Daniel Feierstein, cuyas miradas permiten ampliar la restringida categoría del “grupo nacional” como víctima necesaria para configurar el delito de genocidio, para pensar en cualquier grupo de un país o nación, donde la característica de “grupo” es determinada por el violador o represor, según sintetiza Annicchiarico a pedido de Página/12. “Es el agresor el que determina cuál es el grupo”, dice, en un esquema en el que sigue la interpretación que abrió el juez Baltasar Garzón en el fallo “Pinochet”, seguido por el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata en las sentencias de los casos “Etchecolatz”, “Von Wernich” y “Unidad Nº 9”.
Para el caso argentino, y a partir de esas lecturas, dijo el abogado, “el plan sistemático de exterminio estuvo dirigido a la destrucción de una parte, un grupo diferenciado de la Nación argentina, caracterizado por los perpetradores como ‘delincuentes subversivos’, opositores al régimen, quienes, según los agentes del Estado terrorista, amenazaban el modo de existencia ‘occidental y cristiano’”. Pretendieron “destruir los lazos de solidaridad y protesta social, para la imposición de nuevas relaciones caracterizadas por la atomización y el individualismo, en el marco de un determinado modelo económico social”. Esa descripción, según el abogado, permite decir que los delitos de lesa humanidad cometidos en el país se perpetraron en el marco de un genocidio, pero hasta tanto no haya legislación positiva, a su criterio, no puede acusarse a los represores por genocidio. Eso que sí hizo la fiscalía de Alejandro Alagia en la causa “Atlético-Banco-Olimpo” no fue reproducido en este caso por dos razones. Primero, explicaron, porque los acusados no fueron indagados por ese delito. Y segundo, porque no está prevista la pena. Aun así, lo que se pidió intenta abrir los caminos que faltan recorrer: “Queremos que el tribunal reconozca que hubo un genocidio en la Argentina”.
Fuente:Pagina12
LA ACUSACION CONTRA PATTI POR EL HOMICIDIO DE GASTON GONçALVES
Todo el peso de las pruebas
Los abogados querellantes Ana Oberlin y Pablo Llonto presentaron un amplio cúmulo de datos que señalan a Luis Patti por el crimen del militante de Montoneros en 1976, así como por su secuestro, las torturas que sufrió y el ocultamiento de su cuerpo.
Por Alejandra Dandan
Las pruebas se habían escuchado durante todo el juicio. Sin embargo, en la última audiencia, cada una de esas voces quedó encastrada en un relato abrumador y cargado de datos contra el represor Luis Abelardo Patti. Las querellas representadas por Ana Oberlin y Pablo Llonto conectaron el cúmulo de pruebas para acusar a Patti por el homicidio de Gastón Gonçalves, el militante de Montoneros secuestrado el 24 de marzo de 1976 y cuya muerte era uno de los elementos más difíciles de probar. “Patti tuvo en el contexto del terrorismo de Estado la oportunidad de asesinar a Gastón Gonçalves tal y como lo venía amenazando”, dijo Ana Oberlin. Patti lo secuestró, lo torturó y fue el responsable de ocultar el cuerpo durante veinte años en una fosa de NN en Escobar. “No hay otra explicación posible, lo que sumado a la abrumadora prueba producida y reseñada nos da la plena certeza de su autoría.”
Los alegatos de las querellas particulares empezaron el jueves pasado en el auditorio municipal de José León Suárez. El Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín sigue la etapa oral del juicio a Patti, el ex comisario Fernando Meneghini, el torturador Martín “El Toro” Rodríguez, Reynaldo Bignone y Omar Riveros. Pablo Llonto y Ana Oberlin representan a las familias de las víctimas, y abrieron la audiencia que continuará hoy con los alegatos de otros organismos de derechos humanos. El primer día, al comenzar, Llonto hizo dos pedidos clave: exhortó al Tribunal a acusar por genocidio y a ordenar a los jueces de primera instancia instruir las causas de lesa humanidad como homicidios, un reclamo de un sector de los organismos de derechos humanos que, ante la ausencia de los cuerpos de desaparecidos, en la mayoría de los casos no pueden acusar por homicidio.
Oberlin empezó a presentar luego el cúmulo de 125 pruebas de cada acusación. Pruebas que, con el correr del juicio, “han conmovido totalmente el estado jurídico de inocencia en el que Patti, Meneghini, Rodríguez, Bignone y Riveros se encontraban antes de la realización de este proceso”, dijo. A la luz de esos nuevos elementos reconstruyó los secuestros, ejecuciones o desapariciones de Gonçalves, los hermanos Guillermo y Luis D`Amico y empezó con el caso del ex diputado Diego Muniz Barreto, suspendido por un cuarto intermedio hasta la audiencia de hoy.
Con Gonçalves consolidó a Patti en el homicidio. Presentó al Rengo, como le decían por un accidente en la pierna. Habló de su militancia en Montoneros, de la conducción de la Unidad Básica de Garín desde 1972, de las reuniones en Escobar y de cómo a partir de su trabajo social en los barrios pobres de Garín era reconocido por su compromiso y militancia. “En varias oportunidades, debido a sus actividades políticas y sociales, fue amedrentado y amenazado de muerte por el acusado Patti –dijo Oberlin–. Además, antes de su desaparición, en diversas ocasiones fue detenido por razones políticas en dependencias policiales.”
Hasta ahora se hablaba del secuestro de Gastón Gonçalves sin decir claramente lo que sí dijo el alegato: a Gastón Gonçalves lo secuestró Luis Abelardo Patti en las primeras horas del 24 de marzo de 1976. Los querellantes lograron probar además cómo intervino Patti en las horas que siguieron. Gastón estuvo secuestrado en un camión celular de la comisaría de Escobar, después de torturarlo, lo ejecutaron y su cuerpo apareció el 2 de abril cerca del río Luján, con otros tres cadáveres, todos con tiros de arma de fuego. Gastón estuvo 20 años enterrado como NN en el cementerio de Escobar. El alegato le dio además una lógica al crimen.
Las amenazas –dijo Oberlin– “no fueron banales, sino que tuvieron tal entidad que Gonçalves tenía miedo de que Patti lo matara y así se lo manifestó a varios de los testigos que depusieron en este debate”. Sus compañeros de militancia, además, consideraron que las intimidaciones eran serias –dijo–, al punto de tomar precauciones para protegerlo. Los elementos del juicio permitieron entender además que Patti hacía tareas de inteligencia sobre su grupo político desde por lo menos el año 1974: “Gastón Gonçalves era una figura destacada en el grupo y Patti estaba focalizado en Gonçalves porque era uno de sus dirigentes con mayor exposición pública, reconocido y querido en la zona. Sin dudas ese es el motivo de la continua persecución a Gonçalves de Patti, la que se extendió durante por lo menos dos años, hasta que Patti tuvo la oportunidad, en el contexto y los medios que le brindó el terrorismo de Estado, de cumplir sus amenazas de muerte”.
Patti lo torturó varias veces, dijo, mientras estaba secuestrado, al punto de que en un momento Gonçalves dijo que “lo estaba matando de a poco con la tortura”. En la última sesión, Patti le dijo que lo iba a matar –según el relato de dos testigos–. Y en ese momento, le sacó la capucha para que lo viera. Oberlin se preguntó en la audiencia: “Siendo así, si el acusado Luis Abelardo Patti no tenía claro que iba a asesinar a Gonçalves como lo hizo, ¿tenía lógica que le mostrara su rostro? La acusación alcanzó además a Fernando Meneghini y Riveros.
Enseguida, avanzó con el caso D’Amico por allanamiento ilegal de la casa de la familia, privación ilegal de Josefa Molina y de Luis (padres) y los hermanos Luis y Guillermo D’Amico. Además, la aplicación de tormentos a los dos hermanos que permanecen desaparecidos. La inexistencia del cuerpo de ambos hermanos fue una de las razones que disparó el pedido de Llonto para revisar la instrucción de las causas.
En agosto de 1976, Guillermo tenía 17 años y era aprendiz de zapatero. Luis Rodolfo tenía 26, le decían Pico, estaba casado y esperaba a su primera hija para septiembre. Ambos eran militantes de la JP, dijo Oberlin, ámbito que sirvió de base a la organización Montoneros, participaban de la Unidad Básica de Garín, el espacio que había conducido Gonçalves y antes del secuestro se integraron con grupos del PRT de la zona. Los secuestraron el 10 de agosto de 1976: al mediodía un grupo de hombres ingresó ilegalmente a su casa, quedó probada por los relatos de varios testigos la presencia de Patti. Entre otros, Oberlin mencionó una declaración del padre de los hermanos D`Amico, quien explicó que sus vecinos le comentaron que del procedimiento formó parte un policía de Garín que estaba vestido de civil y que se trataba de un oficial de nombre Patti.
Los volantes de la Dipba, los relatos de los militantes de Escobar, las persecuciones narradas por los testigos, son muchos de los otros elementos que sostuvieron el alegato. “Durante todos estos años de proceso, desde el primer caso que empezó en 2004 –dice Oberlin ahora a Página/12–, escuchamos de parte de la defensa decir que es un proceso sin pruebas, y sólo con connotaciones políticas, que Patti era un perseguido político... Con todo esto quisimos demostrarles que es tanta la prueba y tan aplastante, que demuestra que los hechos fueron así, lo que va a provocar que lo que los termine condenando sea justamente eso: la solidez de la cantidad de pruebas contra ellos.”
Fuente:Pagina12
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