La punta del iceberg civil
La Corte Suprema confirmó ayer el procesamiento y la prisión preventiva del ex funcionario de la provincia de Buenos Aires durante el terrorismo de Estado. El diario La Nación lo había defendido en un editorial.
Jaime Smart está siendo juzgado por su rol dentro del Circuito Camps.Imagen: DyN
La Corte Suprema desestimó ayer los recursos de queja presentados por Jaime Lamont Smart y de esta manera dejó firme su procesamiento y prisión preventiva. Los jueces consideraron que los cuestionamientos a las decisiones de la Cámara Federal de La Plata eran inadmisibles.
Smart es el primer civil con rango de ministro juzgado por los crímenes de la última dictadura. Ministro de Gobierno del general Ibérico Saint Jean, estuvo a cargo de la policía de la provincia de Buenos Aires de la que dependieron las comisarías, reconvertidas en centros de detención, torturas y exterminio. Hoy es uno de los acusados del juicio oral del llamado Circuito Camps en La Plata. Entre las pruebas en su contra, la fiscalía federal incorporó un artículo del 12 de diciembre de 1976 publicado por el diario La Nación que lo instala en la primera línea de la estructura: “Tenemos el deber de desenmascarar a quienes armaron a los delincuentes subversivos, porque si no, corremos el riesgo de que dentro de unos años vuelvan de las sombras”, decía Smart a contrapelo incluso de la defensa que paradójicamente salió a hacer en los últimos días un editorial del mismo diario. En línea con algunos argumentos de la defensa de los represores y con las posturas esgrimidas el día de su detención por el Colegio de Abogados de la calle Montevideo y la organización de los abogados católicos, el editorial declama en la lógica de los perseguidos políticos.
Para los fiscales de la causa del Circuito Camps, para entender las responsabilidades de Smart durante la dictadura bastaría con el organigrama del Ejecutivo bonaerense: Smart estuvo tres años al frente de la policía, manejada por Ramón Camps y el comisario Miguel Etchecolatz. Sin embargo el organigrama no es la única prueba.
El artículo de 1976 del diario La Nación es un dato que a la luz de las pujas de las lecturas históricas se vuelve contundente. El cable reproducido en las páginas del diario de los Mitre señala como fuente a la agencia NA que a su vez reprodujo una entrevista de Smart a LS11 Radio Provincia. El cronista describió a un Smart que con “entusiasmo” refiere el programa de aquellos años.
“El ministro de Gobierno había hablado por LS11 Radio Provincia de Buenos Aires. Con entusiasmo, se había referido al reequipamiento de la Policía Bonaerense, manifestó que ‘en los últimos ocho meses se invirtieron más de 1500 millones de pesos, y que se aumentó el plantel de la dependencia en 30.000 hombres’. ‘En el Ministerio de Gobierno (decía Smart) hemos tenido siempre presente la necesidad de volcar todos los recursos en la lucha contra la subversión. Lo cierto es que esa subversión no es la subversión meramente armada. Muchas veces se equivocan los términos cuando se limita exclusivamente el de subversión al combatiente que es abatido por las fuerzas del orden. En la subversión debemos incluir a quienes armaron a esos combatientes, pues si nos ponemos a analizar creo que son más responsables que los mismos combatientes. Esos responsables son los profesores de todos los niveles de la enseñanza’.”
Alejo Ramos Padilla acaba de asumir como juez federal de la provincia de Buenos Aries, pero hasta comienzos de septiembre fue querellante de esta causa e impulsor de la primera denuncia penal contra Smart, cuando terminó el juicio al capellán Christian Von Wernich. Durante el juicio al capellán del Ejército, el nombre de Smart apareció vinculado con el secuestro de Jacobo Timerman, director del diario La Opinión. El entonces embajador argentino en Estados Unidos y ahora canciller Héctor Timerman declaró en ese juicio y pidió la detención de Smart por el secuestro de su padre. Aquel proceso mostró, entre otras cosas, que Timerman respondió desde su diario aquella declaración que hacía foco en los maestros y profesores.
“Camps y Etchecolatz dependían del ministro de Gobierno y hay declaraciones de testigos que hablan de la presencia de Smart en los procedimientos”, dice Luis Alen, segundo de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, que es querellante de la causa. “En el libro que escribió Camps sobre el caso Timerman le agradeció al ministro de Gobierno su participación. Además el Circuito Camps se escapó de la lógica de las zonas, no dependía del I Cuerpo, sino de la policía de la provincia, que estaba controlada por el ministro de Gobierno. Decir que no conocía lo que hacía la policía es como decir que (Albano) Harguindeguy no sabía lo que hacía la Policía Federal.”
Smart
Jaime Lamont Smart es uno de los fundadores de Fores, una institución de lobby creada en octubre de 1976 para enfrentar la “campaña antiargentina” en sintonía con el “espíritu que guía al proceso de Reorganización Nacional”, publicó en este diario el año pasado Horacio Verbitsky. Fores está vinculada con el Colegio de Abogados de la calle Montevideo, una de las instituciones que firmaron las solicitadas de solidaridad con Smart en 2008 cuando el juez Arnaldo Corazza ordenó la detención. Fores organizó las conferencias sobre la Reforma Judicial en 1976 y 1977 que precedieron el general Albano Harguindeguy, Manuel Ibérico Saint Jean y Oscar Alfredo Saint Jean, auspiciadas por Acindar y la Embajada de Estados Unidos.
Smart llegó a Fores tras su paso por la Cámara Federal Penal de la Nación. Para él, uno de sus logros o apuestas patrióticas más importantes, como lo describió en la indagatoria del juicio en La Plata. Para las víctimas de la llamada “Cámara del Terror” es, en realidad, otro de sus antecedentes comprometedores.
El editorial que publicó en su defensa el diario La Nación en los últimos días hizo eje justamente en ese hecho. No solamente dio cuenta del rol de Smart en el Camarón, sino que se preguntó si no será porque juzgó “terroristas”, que ahora esos “ex terroristas” convertidos en funcionarios pueden encontrar en el juicio una forma de vengarse.
El artículo publicado en términos de proclama llamó la atención de los organismos de derechos humanos y también de la fiscalía. Hasta ese momento, el diario transmitía esas posturas a través de solicitadas de abogados como los nucleados en la Agrupación Concordia, pero no lo había hecho en nombre propio.
Camarón
“El Camarón fue un tribunal creado por los gobiernos de Onganía, Levingston y Lanusse que crearon una ‘comisión especial’ con jurisdicción en todo el país dedicada a perseguir los delitos subversivos, que eran los delitos de carácter político”, dice Alen. “Las ‘comisiones especiales’ están expresamente prohibidas por el artículo 18º de la Constitución Nacional; la creó un gobierno de facto, no tuvo ni legalidad ni legitimidad y se creó justamente para perseguir a los opositores de la dictadura.” Uno de los casos emblemáticos del Camarón fue la intervención en la Masacre de Trelew: en lugar de juzgar a quienes fusilaron a los presos políticos, el Tribunal abrió una causa sobre las fugas. A pesar de que tenía una supuesta competencia, nunca juzgó los crímenes.
Por antecedentes como ésos, los organismos de derechos humanos no quieren que se habiliten tribunales especiales para juzgar los crímenes de la dictadura. Los tribunales especiales tienen en el país una historia nefasta, suelen decir. Por eso, los juicios los llevan adelante tribunales federales de todo el país con las características de todos los procedimientos penales y todas las garantías para los acusados.
Fuente:Pagina12
Papel Prensa: dichos de represor "ratifican postura del gobierno"
El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, afirmó hoy que la declaración del represor Norberto Cozzani, quien reconoció que lo mandaron a buscar los títulos al portador de 10 mil dólares cada uno, que eran las acciones de Papel Prensa y el diario La Opinión, "ratifica la postura que tiene el gobierno nacional".
05.10.2011
El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, afirmó hoy que la declaración del represor Norberto Cozzani, quien reconoció que lo mandaron a buscar los títulos al portador de 10 mil dólares cada uno, que eran las acciones de Papel Prensa y el diario La Opinión, "ratifica la postura que tiene el gobierno nacional".
El ex agente de la policía bonaerense dijo ayer, en el marco del juicio por delitos de lesa humanidad en el denominado "Circuito Camps" que se desarrolla en La Plata, que él mismo fue a buscar “los títulos al portador de 10 mil dólares cada uno” de Papel Prensa del diario La Opinión.
"El testimonio ratifica la postura que tiene el gobierno nacional sobre el traspaso forzado de acciones de Papel Prensa, que se originó en la Junta militar y forma parte del plan sistemático de violaciones a los derechos humanos a los que fueron sometidos sus propietarios", dijo Duhalde en diálogo con Télam.
Duhalde y el ministro de Defensa, Arturo Puricelli, firmaron hoy un convenio por el que esa cartera pone a disposición la documentación relacionada con casos de violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado. En su declaración de ayer, en la séptima audiencia del juicio que se lleva adelante en La Plata, Cozzani explicó que integró “la comisión” que “tuvo a 62 personas detenidas, y dos que no fueron detenidas, pero sí investigadas”, del llamado Grupo Graiver, a quienes se refirió como “subversivos económicos”
Fuente:ElArgentino
Papaleo: "Todo lo que dijo Cozzani es verdad"
Osvaldo Papaleo, hermano de Lidia Papaleo de Graiver, habló en CN23 sobre la declaración de Norberto Cozzani en la causa que se sigue en La Plata, por el circuito Camps. Además, sostuvo que con esta revelación, hay un nuevo justificativo para citar a declarar a Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre.
05.10.2011
Osvaldo Papaleo, hermano de Lidia Papaleo de Graiver, habló en CN23 sobre la declaración de Norberto Cozzani en la causa que se sigue en La Plata, por el circuito Camps. "Todo lo que dijo Cozzani es verdad", sostuvo.
El ex agente de la Bonaerense Norberto Cozzani aseguró duranta su declaración en la causa que él mismo fue a buscar "los títulos al portador de 10 mil dólares cada uno" de esa empresa y del diario La Opinión.
"Lo que mencionó ayer Cozzani es absoluta verdad. Él se coloca ahora en la posición de hablar de cosas que nunca había hablado, como Etchecolatz con el caso Teruglio. En este juicio ellos comenzaron a hablar de cosas de las que nunca habían hablado", explicó Papaleo.
"Primero acredita el traspaso que hubo con la detención y tortura de la familia Graiver. Ahora cuando se le presenta el escenario del circuito Camps, él quiere dar su teoría, contar su verdad", agregó.
"Él dice que era un operador, lo cual es verdad, puede ser que le llevara documentación a Gallino, hay pruebas de reuniones con Magnetto, con Gallino y con Bartolomé Mitre, eso lo dijo Gallino antes de morir, lo escribió en los testimonios de la causa", continuó Papaleo.
"Además, Cozzani tuvo en sus manos las acciones de Papel Prensa. ¿Qué hacia Norberto Cozzani, un torturador vinculado a Camps, con acciones de La Opinión y de Papel Prensa?", explicó.
"Si no declararan Magnetto y Bartolomé Mitre en este circuito, el circuito queda inconcluso. Creo que ahora hay un justificativo para llamarlos y preguntarles. Estamos en presencia de un testimonio que yo creo que es conmocionante y me extrañó también que los dos grandes medios ni Clarín, ni La Nación hayan escrito una línea de lo que dijo Cozzani", concluyó Papaleo.
Fuente:ElArgentino
Circuito Camps: Se proyectarán los testimonios de Julio López y Adriana Calvo
Miércoles, 05 de Octubre de 2011
Por Secretaría de Prensa y Difusión – APDH La Plata
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata, integrado por los jueces Carlos Rosanzki, Roberto Falcone y Mario Portela, dio por finalizada la etapa de declaración indagatoria de los veintiséis represores acusados de haber cometido delitos de lesa humanidad en seis centros clandestinos del denominado "Circuito Camps".
Tras el cuarto intermedio, la audiencia se reanudó poco antes de las 10 con el pedido formal de Rosanzki a los quince imputados que aun no habían sido indagados acerca del derecho a expresar lo que considerasen o simplemente guardar silencio, sin que éste fuera utilizado en su contra.
-No voy a declarar.
Palabras más palabras menos fue la respuesta común de Fernando Svedas, Miguel Kearney, Mario Víctor Sita, Domingo Almeida, Raúl Orlando Machuca, Rubén Oscar Páez, Pedro Antonio Ferriole, Daniel Jorge Lencinas, Julio César Arguello, Roberto Omar Grillo, Rodolfo Aníbal Campos (vía teleconferencia desde el Hospital Penitenciario de Ezeiza), Bernabé Jesús Corrales, Roberto Antonio Cabrera y Santiago Antonini. Todos están acusados de privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos, a excepción de Almeida, cuyos cargos que se le imputan son la "sustracción de Sabino Abdala, María Caracoche, Ana Baratti y Leonardo Fosatti" y "alteración del estado civil de los dos primeros e incierto de los dos últimos".
El único represor en declarar, aunque sin aceptar ser sometido a preguntas del Tribunal y la querella, fue Sergio Antonio Verduri, quien se desempeñó como comisario y ocupó el cargo de ex oficial de la Dirección de Investigaciones de La Plata. Está acusado de tomar declaraciones después de las torturas en Puesto Vasco, donde fue visto por Osvaldo Papaleo y Jacobo Timmerman, entre otros.
Verduri no hizo más que algunas aclaraciones vinculadas a los "largos viajes" a la sede de la ex Amia que lo "descompensaban" y además criticó un fallo de la Sala 3 de la Cámara Federal en la que había sido tratado de "mendaz" por no haber presenciado el Juicio por la Verdad.
Al final de la jornada, el juez Rosanzki anunció que la audiencia se reanudará el próximo martes a las 12.30 con los testimonios aportados por Jorge Julio López y Adriana Calvo en los juicios por delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar. Vale destacar que el Tribunal había resuelto antes del comienzo del juicio oral y público que serían considerados como prueba de la querella en la causa por violaciones a los derechos humanos cometidas en el denominado "Circuito Camps".
Jorge Julio López, albañil y militante secuestrado en 1976, está desaparecido por segunda vez, tras declarar en el juicio que condenó a reclusión perpetua al ex comisario Miguel Etchecolatz, mano derecha del ex jefe de Policía Bonaerense, Ramón Camps, en 2006.
Adriana Calvo de Laborde falleció víctima de cáncer en diciembre pasado, pero sus testimonios sobre su secuestro y el nacimiento de su hija en cautiverio, además de ser el primero conocido en democracia durante el juicio a las Juntas Militares, quedaron registrados en la justicia y serán presentados el próximo 11 de octubre.
El juicio es oral y público y los mayores de 18 años pueden presenciarlo con la presentación del DNI.
Fuente:ReportePlatense
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