Colectivo Ex Presos Pol.Y Sobrevivientes

JUEVES, 25 DE ABRIL DE 2013
España rebasa por primera vez los seis millones de desempleados
PL
España cerró el primer trimestre de 2013 con seis millones 202 mil 700 desempleados, un 27,16 por ciento de su población económicamente activa, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Entre enero y marzo, el número de desocupados en el país ibérico aumentó en 237 mil 400 personas respecto al cuarto trimestre de 2012, precisó la Encuesta de Población Activa (EPA) difundida este jueves por el INE.

Según la EPA, una herramienta que ofrece más datos para analizar la evolución del desempleo que el estudio realizado por el Ministerio de Trabajo, se trata de la tasa de paro más elevada desde el inicio de la serie en 1976.

Por primera vez en la historia de España, la cifra de trabajadores en la calle supera la barrera de los seis millones, pues al cierre de diciembre último esta era de cinco millones 965 mil 400 desempleados, equivalente al 26,02 por ciento de la población activa.

En el primer trimestre del actual ejercicio, la cantidad de asalariados disminuyó en 322 mil 300 personas hasta situar el número de ocupados en 16 millones 634 mil 700, precisó el estudio de la oficina estadística.

Por su parte, la cifra de hogares con todos sus miembros en paro, otro indicador para medir el drama de este flagelo, alcanzó un millón 906 mil 100, lo que supone 72 mil 400 más que en el período octubre-diciembre de 2012 y un incremento del 3,95 por ciento.

El desempleo masculino escaló hasta los tres millones 304 mil 700, mientras que el femenino ascendió a dos millones 898 mil.

Entre los jóvenes (menores de 25 años), el colectivo más afectado por el deterioro del mercado laboral en España, la desocupación volvió a incrementarse en 30 mil 200 personas en el primer trimestre hasta sumar 960 mil 400, equivalente al 57,22 por ciento del total.

Desde que comenzó la crisis esta nación europea cuenta con cuatro millones más de parados y la tasa de desempleo subió unos 20 puntos porcentuales en cinco años.

JUEVES, 25 DE ABRIL DE 2013
España: Desobediencia civil contra la austeridad capitalista
Por José Ramón Castaños - José Luis Longarte - Juan Hernández Zubizarreta - Mikel de la Fuente (REVISTA HERRIA 2000 ELIZA). .
-1- Todos los Manuales de Desobediencia Civil publicados por las numerosas organizaciones que la promueven en el Estado español coinciden en definir la desobediencia civil como “una acción política no violenta, consciente y organizada, contra una ley, una disposición gubernamental o una orden de alguna autoridad considerada injusta e ilegítima, que se emprende con el objetivo de invalidar dicha ley y de establecer una nueva legalidad constituyente en la que los derechos sociales y civiles que se reivindican queden reconocidos de facto”. Esta secuencia se ha repetido siempre en todos los movimientos de desobediencia civil realizados hasta ahora. Este fue el caso del potente y generalizado movimiento antimilitarista de los años 80-90 que consiguió eliminar el reclutamiento militar forzoso a través de la objeción de conciencia y de la insumisión al Ejército. También lo fue en el caso de Itoitz, aunque en esta ocasión no se consiguiera la victoria, o en el más reciente del movimiento feminista con la campaña de autoinculpaciones en apoyo de las clínicas abortistas que habían practicado en Madrid abortos no permitidos por la ley. La misma secuencia puede apreciarse igualmente en las campañas de desobediencia realizadas contra empresas privadas, como en el caso de las luchas por la moratoria nuclear contra las compañías eléctricas, o en el más reciente contra los desahucios de viviendas impuestos por las entidades bancarias.

-2- Todos los ejemplos de desobediencia civil conocidos hasta ahora presentan algunos rasgos comunes que deben tomarse en consideración a la hora de plantearse la desobediencia contra las políticas de austeridad capitalista. Destacamos entre otros las siguientes:

1. Que la desobediencia civil es una herramienta de lucha que dignifica a las personas y colectivos que la realizan, contribuyendo más que ninguna otra a pasar de la condición de siervos domésticos del poder, a la condición de ciudadanos libres. Esta es una de sus principales virtudes.

2. Que, con alguna excepción, los sujetos de la acción han sido siempre las personas, grupos de personas o colectivos sociales directamente afectados por una ley o por una situación de injusticia manifiesta: los jóvenes en edad militar en unos casos, las mujeres y los movimientos ecologistas en otros, los directamente afectados por los desahucios de viviendas, etc.

3. Que, salvo excepciones, la mayor parte de las organizaciones tradicionales: partidos políticos y sindicatos, han permanecido al margen de estos movimientos, lo que ha contribuido a crear un problema adicional de legitimación social de la desobediencia civil.

4. Que las instituciones políticas: Parlamento y Gobierno central, Parlamentos y Gobiernos autónomos, Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos, han sido siempre y en todas partes hostiles a la desobediencia civil, aún cuando la mayoría social la considere legítima y la apoye de alguna manera. La única excepción a esta “norma de conducta” la encontramos en algunos municipios vascos que, de la mano de los partidos antes mencionados, se autoinculparon en solidaridad con los insumisos vascos al servicio militar en el Ejército español, o en el apoyo que posteriormente dieron a los insumisos de Itoitz. Estos son unos buenos precedentes para reemprender ahora la desobediencia civil contra la austeridad capitalista en Euskadi.

5. Que en todos los casos ha habido represión política, condenas judiciales, años de prisión y multas económicas para quienes han hecho la desobediencia. Esta reacción de los poderes públicos ayuda siempre a la legitimación social del movimiento, pero requiere un alto grado de conciencia, de compromiso militante y de solidaridad ciudadana para soportar las consecuencias derivadas de la acción práctica

6. Que sólo triunfan las desobediencias civiles que obtienen una alto grado de legitimación social , de apoyo ciudadano y de cobertura institucional

7. Que la desobediencia civil es una herramienta de autodefensa que, en caso de victoria, puede hacer desparecer las causas (leyes o decisiones gubernamentales) que generan determinadas situaciones de injusticia, pero que no puede resolver por sí misma las consecuencias derivadas de la austeridad capitalista en el marco de los Estados-Nación que conforman la Unión Europea. La solución a los problemas del desempleo, del empobrecimiento general de las clases trabajadoras, de la deuda externa, o del deterioro general de los servicios sociales, requieren de movilizaciones generales y continuadas de toda la sociedad civil en un grado y con una intensidad superior a las que conocimos en el pasado, pues ahora nos enfrentamos no sólo al Estado español, sino también a la Unión Europea. La impotencia de los trabajadores griegos para doblegar a su propio Estado nacional a pesar de las sucesivas HGs que han protagonizado, nos muestra la intrincada relación entre la escala nacional-estatal y la escala europea en que se plantean las alternativas centrales a la austeridad capitalista. Esto plantea la necesidad de elaborar una escala reivindicativa diversificada en los ámbitos nacionales, estatales y europeos, así como una política de unidad de acción apropiada a cada una de esas escalas, entre todos los sindicatos y todos los movimientos sociales en alianza con todas las izquierdas políticas. Otra de las condiciones necesarias para el éxito la desobediencia civil es llevarla al interior de las instituciones públicas (Ayuntamientos, Diputaciones, Parlamento y Gobierno Vasco), con el fin de que hagan suyas las demandas ciudadanas y las transformen en leyes más justas o en demandas que ellas mismas asuman antes las instituciones españolas y europeas.

-3- El momento en que vivimos es uno de los más propicios que se pueden imaginar para promover movimientos de desobediencia civil contra las políticas de austeridad capitalista, pues están reunidas todas las condiciones que pueden hacerla posible. A saber: (1) la ausencia de perspectivas de vida digna en el marco de las políticas económicas y sociales del Estado español y de la Unión Europea. (2) la crisis de credibilidad de un sistema político que es incapaz de garantizar las condiciones mínimas de existencia a todos los ciudadanos. (3) la indignación ciudadana ante tanta injustica social y ante tanta corrupción política como la que estamos conociendo estos días. (4) la existencia en Euskal Herria de una amplia red de organizaciones sindicales, sociales y políticas, educadas en la rebeldía política contra el Estado.

-4- La gota que está desbordando el vaso de la indignación ciudadana es la información sobre los sucesivos episodios de corrupción en la que están implicados todos los poderes económicos y políticos del Estado español. La oligarquía financiera en primer lugar, con los directivos del Banco Santander y de Bankia (Botín y Rato) a la cabeza; los empresarios del ladrillo y otros especuladores, como el presidente de Sacyr y el ex-presidente de los empresarios españoles ( Díaz Ferrán); los “lobbys” políticos que han vaciado las Cajas de Ahorro asignándose sueldos y primas de escándalo, o que están obteniendo grandísimos beneficios de la privatización de la sanidad y de otros servicios públicos (el yerno de Aznar y el marido de Cospedal entre otros); los partidos políticos (la cúpula del PP en el Gobierno central y en los gobiernos autonómicos del País Valenciá, Les Illes, Galicia.etc.); la Generalitat Catalana y las directivos de Convergencia (recordar la acusación de Maragall a Artur Mas cuando afirmó que su problema era la comisión del 3% que cobraba a todas las obras públicas que se realizaban en Cataluña), y de Unió (reconocido por Durán y Lleida en sede judicial). Tampoco el PSOE escapa a esta lacra social, pues a los casos ya conocidos de Filesa, Roldan y Urralburu, se añade ahora el fraude de los ERE en Andalucía; ni UPN en Navarra (ver el desfalco de Caja Navarra), ni la monarquía española, pues el caso Urdangarin parece descubrir una corrupción que afecta a todo el estamento monárquico. Todo esto es conocido porque ha sido publicado, pero no deja de ser más que la punta de un enorme iceberg, que encubre la descapitalización de los Bancos y de las Cajas de Ahorro, producida no sólo por la especulación inmobiliaria y financiera, sino también por el traslado de fondos a cuentas corrientes privadas en paraísos fiscales protegidos por el secreto bancario. Lo que eufemísticamente se llama “fuga de capitales” debiera llamarse en realidad “desfalco”, “robo” o “expolio generalizado de la riqueza nacional”. La corrupción que envuelve a esta oligarquía político-financiera es así una auténtica bofetada a la ética de los poderes públicos y a la credibilidad de un sistema político que no ha dudado en reformar la Constitución por imperativo del Gobierno alemán para convertir la deuda privada de los Bancos y Cajas en deuda pública, y para que su devolución a cargo de los impuestos de toda la ciudadanía tenga prioridad sobre sus necesidades sociales; sobre la Sanidad, la Educación, las Pensiones, el Seguro de Desempleo, la Vivienda o las inversiones públicas para el sostenimiento del empleo. El enorme círculo de especulación financiera así creado se cierra con la imposición de altos tipos de interés sobre la deuda a través de la “prima de riesgo”, por la que los Bancos cobran intereses del 6% a un dinero que ellos obtienen del Banco Central Europeo al 1%. Las élites españolas han saqueado así a su propio país en beneficio propio, endeudándolo de por vida y entregando la riqueza colectiva a los acreedores alemanes. Lo más indignante de todo es que intentan convencernos de que lo hacen por el bien común y para crear empleo. Afortunadamente nadie les cree porque los 6 millones de parados, el millón y medio de familias en las que no entra ningún salario, o las decenas de miles de personas amenazadas por el desahucio de sus viviendas habituales, son realidades tan lacerantes que legitiman con creces la rebelión política y la desobediencia civil a ojos de casi todos, incluyendo en ese “casi todos” a buena parte del electorado del PP

-5- La desobediencia civil ha empezado a desarrollarse a través de la oposición a los desahucios. El protagonista de la acción han sido los propios afectados, pero la solidaridad recibida ha alcanzado incluso a una parte de los estamentos del Estado como en el caso de los jueces que se niegan a dictar sentencias de desalojo, o de algunos colectivos de policías locales que se resisten a cumplir esas órdenes. Lamentablemente para todos, esa actitud solidaria no ha llegado todavía en grado suficiente a las mayorías sindicales y a los Ayuntamientos pues sus declaraciones de apoyo no sirven al caso a pesar de la solemnidad con la que se hacen. Para ganar la batalla de los desahucios hace falta dar un paso más. Un paso que implique a los comités de empresa de Bancos y Cajas en la negativa a tramitar expedientes de desalojo. Un paso hacia la creación de un amplio movimiento de ocupación de viviendas vacías en cada municipio, que empuje a las instituciones públicas: Ayuntamientos, Diputaciones, Parlamentos y Gobiernos a promover leyes de expropiación para hacerse con un fondo de viviendas públicas que puedan ponerse al servicio de quienes las necesiten al precio que puedan pagar según sus posibilidades

-6- En esa política de escala a la que nos referíamos antes, hace falta promover un amplio consenso ciudadano alrededor de una política de choque contra el paro y la pobreza que actúe sobre las causas que lo generan. Una política que debiera contener al menos estas 7 medidas:

1. La apertura de todas las cuentas corrientes que tengan la ciudadanía del Estado Español en los paraísos fiscales de Suiza, Luxemburgo, Panamá, etc., con el fin de conocer la verdadera dimensión del expolio y la totalidad de los responsables del mismo.

2. El procesamiento y condena de todos los implicados en el expolio de la riqueza colectiva, pues no habrá justicia para todos mientras exista la desproporción que hoy existe entre las condenas a 12 años de prisión para un joven vasco que ha quemado un cajero automático de la BBK y la ausencia de condenas para los crímenes sociales cometidos por los políticos y los banqueros.

3. La expropiación de todas las cuentas corrientes que existen en los paraísos fiscales, para hacer frente al pago de la deuda externa que nos han endosado injustamente a todos los ciudadanos del estado español.

4. La renegociación de la deuda externa con los tenedores de la misma, a fin de reconvertir en deuda privada la que es privada, de tal modo que su devolución no se haga a costa del erario público.

5. La nacionalización de la Banca privada a objeto de que las enormes sumas de dinero público invertido para sanearlas pueda regresar a la Caja común del Estado.

6. El establecimiento de una nueva política fiscal que persiga el fraude y grave en mayor medida a las rentas más altas, que aplique los tipos generales a las rentas de capital y a los beneficios empresariales de acuerdo con los baremos medios de la Unión Europea. Que prohíba a escala europea e internacional los paraísos fiscales de forma que, además de obtener enormes recursos necesarios para atender necesidades sociales, se contribuya a erradicar la criminalidad de las redes de venta de armas, de “trata de blancas”, de narcotráfico y otras.

7. La creación de nuevos puestos de trabajo mediante políticas de reparto del empleo basadas en la reducción de la jornada laboral y en el adelantamiento de la edad de jubilación. De acuerdo con el feminismo anticapitalista y el ecologismo social tenemos que volver a hablar de necesidades - qué necesitamos realmente las personas para disfrutar de una buena vida que sea extensible a las mayorías sociales- y como dice Yayo Herrero hay que hacer una propuesta de modelo económico y político que ponga en evidencia qué trabajos son social y ambientalmente necesarios y cuáles no y la lógica para valorarlos debe ser, en qué medida facilitan el mantenimiento de la vida en equidad. En relación a la deuda hay que poner en marcha y de manera inmediata una auditoría ciudadana pública y trasparente. Debemos conocer cuánto se debe, quién lo debe, los motivos que han generado la deuda y quién la tiene que pagar.

La auditoría no sólo se justifica por sus objetivos, si no por el proceso democrático que implica; es un mecanismo de control democrático de las mayorías sociales sobre el poder político y económico. No obstante, la auditoría requiere trasformar los argumentos jurídicos, económicos y políticos contra el pago de la deuda, en una práctica política cotidiana de intervención y transformación.

La auditoría de la deuda en Euskal Herria exige una amplia iniciativa ciudadana popular y una alianza firme, al menos, entre los movimientos sociales, el sindicalismo vasco y la izquierda radical. Implica rechazar y desobedecer la reforma del artículo 135 de la Constitución que blinda el pago de la deuda frente a los derechos de las mayorías, y por tanto, de la ley de presupuestos que condiciona la gestión de los recursos desde las instituciones vascas. No se debe aceptar la hipoteca de la deuda ilegal e ilegítima; los presupuestos de las instituciones vascas deben ajustarse a este principio. Todo ello requiere alianzas firmes, transparencia, consulta continua y confrontación democrática con el Estado y con las fuerzas políticas sumisas a la mercantilización de los derechos de las mayorías sociales. Es la senda hacia la ruptura con el gobierno y la clase dominante española y con los dictados del capital, y sobre todo, es la manera de ir transformando las resistencias y la desafección con el sistema político y económico en un nuevo sujeto político transformador.

Será difícil articular un movimiento concertado a escala estatal entorno a estas medidas, y más difícil todavía recuperar la vieja propuesta de Carta Europea de Derechos Sociales, pero merece la pena intentarlo allí donde existen posibilidades como en el caso vasco.

José Ramón Castaños y José Luis Longarte, Portavoces de la Carta de Derechos Sociales.
Juan Hernández Zubizarreta y Mikel de la Fuente, Profesores de la Universidad del País Vasco.
Fuente:Argenpress

ESPAÑA TIENE UN 27 POR CIENTO DE DESOCUPACION, EL MAYOR INDICE DESDE 1976

Son más de seis millones los parados

El desempleo entre los jóvenes trepó al 57 por ciento. Ayer, unas dos mil personas protestaron cerca del Congreso para forzar la renuncia del presidente Mariano Rajoy. La marcha tuvo lugar un día antes de la aprobación de nuevos recortes.

Unos dos mil indignados marcharon en contra de las políticas neoliberales y antisociales del gobierno del Partido Popular.Imagen: EFE

España alcanzó el mayor índice de desempleo desde 1976 al escalar, con 6.202.700 desocupados, al 27,16 por ciento en el primer trimestre de 2013. Esa cifra se desprende de datos revelados por la Encuesta de Población Activa (EPA), difundidos ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Sólo en el primer trimestre de este año se destruyeron 322.300 puestos de trabajo, de los cuales 251.000 pertenecían al sector privado (-1,8 por ciento respecto del trimestre anterior) y 71.400 al sector público (-2,4 por ciento). Se trata de la mayor caída, en valores absolutos, registrada por el empleo público en un primer trimestre, al menos, desde 2008.

La pérdida de empleo público de los tres primeros meses de 2013 duplica la experimentada en igual período de 2012 (-32.000) y contrasta con los avances de 2009, 2010 y 2011. Al segmentar los datos por género, los hombres sumaron 130.400 desempleados más (4,1 por ciento) que en el trimestre anterior y las mujeres 107.000 casos (3,8 por ciento). Así el índice de desempleo masculino se ubicó en 26,78 por ciento y el femenino en el 27,61 por ciento, con un incremento intertrimestral superior al punto porcentual en ambos casos.

Entre los jóvenes la desocupación alcanza ya el 57 por ciento, uno de los datos más alarmantes para España. Todo el empleo destruido en el primer trimestre fue a tiempo completo (-385.300), 2,7 por ciento menos, frente al aumento de 63.000 empleos a tiempo parcial (+2,4 por ciento). Por su parte, los trabajadores por cuenta propia bajaron en el primer trimestre en 9900 personas (-0,3 por ciento), lo que situó el número total de empleados por cuenta propia en 3.012.100 personas.

La falta de trabajo también golpea fuerte en los hogares. Los hogares con todos sus miembros de-socupados subieron en el primer trimestre del año en 72.400, lo que supone un casi 4 por ciento más que en el trimestre anterior, hasta situarse en 1.906.100, según datos de la EPA. En el último año, los hogares españoles con todos sus miembros desocupados se incrementaron en 177.700, un 10,3 por ciento más.

Por su parte, los hogares con todos sus integrantes ocupados se redujeron en 190.400 durante enero y marzo de este año, un 2,3 por ciento respecto del trimestre anterior, hasta un total de 8.143.900 hogares. En el último año, las familias con todos sus miembros ocupados bajaron en 449.800 (-5,2 por ciento). Las familias con al menos un pariente activo se redujeron hasta marzo en 28.400 (-0,2 por ciento) y suman 12.917.100 hogares, cifra inferior en 82.200 a la del primer trimestre de 2012 (-0,6 por ciento), mientras los hogares en los que no hay ningún activo aumentaron en 14.000 en el primer trimestre, hasta superar los 4,4 millones.

Al menos, dos mil personas se concentraron ayer, cerca del Congreso de los Diputados español, en el marco de una protesta de asedio, convocada por un grupo de indignados, para forzar la renuncia del gobierno de Mariano Rajoy por sus políticas neoliberales y antisociales. Las autoridades desplegaron un fuerte operativo policial integrado por 1400 agentes antidisturbios para blindar la Cámara baja, que no celebró sesiones plenarias. Por la mañana, la Unidad de Intervención Policial (UIP) ingresó al campus Somosaguas, de la Universidad Complutense de Madrid, donde detuvo a once estudiantes.

Finalmente, la policía disolvió por la fuerza la protesta. Con disparos al aire de balas de fogueo, cientos de antidisturbios avanzaron sobre la gente –que llevaba más de dos horas realizando una manifestación pacífica frente al Parlamento– que respondió arrojando botellas y palos en su desbandada. Según la prensa española, la manifestación dejó un saldo de al menos 15 detenidos y 14 agentes heridos. La marcha tuvo lugar un día antes de la aprobación de nuevos recortes en España. “Vergüenza” o “Asesinos a sueldo, abuso de poder” fueron algunas de las consignas lanzadas a los agentes en medio de los incidentes. Como en anteriores ocasiones, la policía avanzó en grupo y persiguió a los manifestantes por las calles de Madrid forzándolos a desplazarse varias cuadras, por el Paseo del Prado hasta la Estación de trenes de Atocha y hacia otros puntos del centro de la capital.

Algunas plataformas se desmarcaron de la concentración, que fue promovida principalmente por la Coordinadora 25-S, la misma que convocó la primera protesta que llamaba a rodear el Congreso en septiembre del año pasado y que terminó con varios detenidos y heridos. El Ejecutivo de Rajoy intentó criminalizar la protesta identificándola con “grupos de la izquierda más radical y antisistema”, advirtió que la concentración era ilegal, porque no había sido convocada, y que la policía actuaría para hacer cumplir la ley.

QUEJA DE VICTIMAS DEL FRANQUISMO

Una causa demorada

Finalmente, las videoconferencias entre familiares de víctimas del franquismo y la jueza María Romilda Servini de Cubría, en el marco de la querella argentina, fueron suspendidas. Según el diario Público, el consulado argentino en Madrid no recibió notificación oficial de que las comparecencias debían producirse ayer. La magistrada había expedido una notificación el 11 de abril indicando que dos semanas después debía tomar declaración testimonial a los tres primeros familiares, en el marco de una causa por genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España durante el franquismo. Sin embargo, la cédula no llegó al consulado de Argentina en Madrid y se desconoce en qué punto del proceso se perdió.

En un comunicado, los familiares –nucleados en la red ciudadana en apoyo de la querella (Aqua)– junto a los abogados argentinos Ana Messuti (foto con Pablo Mayoral, una de las víctimas) y Carlos Slepoy, manifestaron: “La ansiedad que ha supuesto para nosotros, como familiares de víctimas o como víctimas directas, presentarnos a prestar declaración son indescriptibles. Sin embargo, estábamos dispuestos a hacerlo, superando los aspectos más dolorosos e imbuidos de enorme entusiasmo. Decenas de años hemos esperado a que un tribunal de Justicia nos escuche”.

Y agregaron con pesar: “Innecesario es describir las molestias de índole práctica que nos causa esta dilación, sin plazos aún ciertos, para no mencionar el costo emotivo que supone la preparación para este tipo de declaraciones, agravado considerablemente por su frustración”.
Fuente:Pagina12

26.04.2013
La cifra supone un nuevo récord histórico negativo
El desempleo en España ya alcanza a más de 6 millones de personas
La flexibilización laboral impuesta por el gobierno derechista de Rajoy empeoró la situación: 27,2% de desocupados, casi 2 millones de hogares en los que ningún integrante trabaja, y el 57% de los menores de 25 años está sin empleo.

España sigue batiendo sus propios récords. En este momento, los desocupados ya son más de 6 millones, con una tasa del 27,16% que contrasta con la de las economías sudamericanas, todas situadas muy por debajo del 10 por ciento. Un diario local ilustró gráficamente el drama generado por las políticas de exclusión propias del neoliberalismo: si se dispusiera a los españoles sin trabajo, uno detrás del otro, se podría formar una fila de ida y otra de vuelta entre Madrid y Berlín, separadas por 2315 kilómetros.

El número de desempleados aumentó en 237.400 personas en los tres primeros meses del año y elevó el total a los 6,2 millones, dijo el informe del Instituto Nacional de Estadística (INE). El dato supone un nuevo récord histórico negativo, tanto en el número como en la tasa, desde que el Estado elabora las estadísticas.
El índice de desocupación entre los menores de 25 años llegó al 57%, casi la mitad de los desempleados llevan más de un año sin trabajar y ya son 1,9 millones los hogares en los que todos sus miembros están sin empleo.

El sector laboral sigue siendo el más castigado por la segunda recesión económica que atraviesa España en tres años. La falta de oportunidades llevó a miles de inmigrantes a regresar a sus países de origen. El exilio económico de los españoles no ha sido cuantificado, pero la "fuga" de jóvenes es una realidad incontrastable. "La situación es desesperante para familias que no tienen ningún ingreso", dijo Rodrigo Limpias, un empleado de comercio que denunció "la incapacidad del gobierno para diseñar medidas mientras la gente ya no tiene ni para comer".

El tenso clima social, con manifestaciones casi a diario, se ha visto incentivado por los ajustes sucesivos y la suba de impuestos. Hace más de un año el gobierno del conservador Mariano Rajoy impuso una reforma laboral que, lejos de favorecer la creación de empleo sólo benefició a los empleadores, a quienes se les abarató el costo de las indemnizaciones por despido y se les dio la posibilidad de flexibilizar los contratos. Los números del INE muestran mes a mes que no se frenaron sino que se incentivaron los despidos.

Ayer, con los nuevos, dramáticos números sobre la mesa, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y las centrales sindicales Comisiones Obreras y UGT se indignaron, al fin, y le pidieron al gobierno un cambio de rumbo. "Después de superar los 6 millones de desocupados, el gobierno no puede seguir en la autocomplacencia y el inmovilismo, hay más de 6 millones de razones para cambiar", dijo el líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba. La dirigencia sindical habló de "emergencia nacional" y pidió a gritos un "gran pacto nacional por el empleo".

contra el "régimen"
Mientras la desocupación llega a niveles récord, poco más de 1000 personas se concentraron en las inmediaciones de la Cámara de Diputados para realizar una protesta cuya consigna principal fue: "Asedia al Congreso". La duración de la manifestación, promovida por la plataforma ¡En pie!, sería "indefinida, hasta la consecución de los objetivos", entre los cuales se encuentran "la caída del régimen", la "dimisión del gobierno" y la "disolución de las Cortes y de la jefatura de Estado". Todo se desarrolló con tranquilidad hasta el atardecer, cuando los movilizados fueron reprimidos por la Policía Nacional. Un agente resultó herido y cuatro activistas detenidos.

Según un comunicado difundido por la organización, una de las tareas a realizar en la movilización sería el "asedio y liberación definitiva del Congreso". Como era de esperar con tales consignas, la marcha no convocó la enorme cantidad de personas que hubo en manifestaciones anteriores.
Fuente:TiempoArgentino

25.04.2013
Incidentes en España en una marcha contra Rajoy
Más de mil personas se congraron para realizar un "asedio" al Congreso para protestar contra la falta de empleo. Las autoridades desplegaron un fuerte operativo policial integrado por unos 1.400 agentes antidisturbios para “blindar” la Cámara Baja, lo que derivó en enfrentamientos con los manifestantes.