Testigos reconocieron el RIM 28 de Tartagal como el lugar donde estuvieron detenidos
Uno de ellos señaló el lugar donde vio entrar a Jorge René Santillán al cuartel
Izamiento de la bandera en el RIM-28 en la actualidad. El pasado parece lejos. Con memoria, verdad y justicia
(Por Elena Corvalan, directora de Radio Nacionañ-Salta).- Testigos que en 1976 estuvieron detenidos en dependencias del Regimiento de Monte 28, en Tartagal, reconocieron ayer la guardia del cuartel y los galpones donde los encerraron tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Uno de ellos, Jesús Domínguez, señaló el lugar donde dijo haber visto al militante peronista Jorge René Santillán, cuando lo ingresaban al cuartel en la madrugada del 10 de agosto de 1976. Pocas horas después, sus restos despedazados por una explosión, fueron encontrados en el camino a Acambuco.
(Por Elena Corvalan, directora de Radio Nacionañ-Salta).- Testigos que en 1976 estuvieron detenidos en dependencias del Regimiento de Monte 28, en Tartagal, reconocieron ayer la guardia del cuartel y los galpones donde los encerraron tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Uno de ellos, Jesús Domínguez, señaló el lugar donde dijo haber visto al militante peronista Jorge René Santillán, cuando lo ingresaban al cuartel en la madrugada del 10 de agosto de 1976. Pocas horas después, sus restos despedazados por una explosión, fueron encontrados en el camino a Acambuco.
Ayer también hubo inspecciones en Acambuco y en el camino a Balbuena, donde se encontró el cuerpo del médico Pedro Urueña, secuestrado y asesinado en diciembre de 1975.
La recorrida por el regimiento tartagalense se hizo en el marco de la inspección ocular dispuesta por el Tribunal Oral en lo Federal de Salta, que desde el año pasado juzga a 17 hombres acusados por delitos de lesa humanidad cometidos entre enero de 1975 y 1978 en perjuicio de 34 personas.
El testimonio de Domínguez y el de los otros desmiente al general en retiro Héctor Ríos Ereñú, quien está siendo juzgado por los secuestros y homicidios de Santillán y Urueña.
Además, sobre el general pesa un pedido para que se lo investigue por las detenciones ilegales en el Regimiento, en épocas en el que el militar era su jefe.
De las inspecciones de la víspera participaron los jueces Carlos Jiménez Montilla y Gabriel Casas, y el equipo de la Fiscalía, encabezado en este caso por el fiscal Eduardo Villalba (en ausencia de Ricardo Toranzos) e integrado también por Mariana Gamba y Rafael Lamas.
De la sucesión de inspecciones que se vienen realizando, la del Regimiento 28 fue hasta ahora la que concentró mayor cantidad de testigos: asistieron Rodolfo Zelarrayán, Marta Juárez, Jesús Domínguez, José Molina y Moisés Villagrán, ex detenidos políticos. Y también concurrió Santos Faustino Luza, que en 1976 era cabo en el Ejército, que en este proceso declara en calidad de testigo, pero que ha sido señalado por el testigo Ángel Antonio Juárez como integrante del grupo de hombres que la mañana del 24 de marzo de 1976 lo cargó en un camión Unimog y lo llevó al Ejército, donde permaneció 64 días en un galpón.
Ese galpón, o "cuadra" en el lenguaje castrense, es el que los testigos trataron de identificar ayer. A pesar de los cambios producidos en los más de 36 años transcurridos, y aunque no pudieron precisar en cuál de los dos que hay en el Regimiento permanecieron secuestrados, los testigos sí ratificaron que estuvieron en esa dependencia militar, en uno de los galpones. E identificaron sin inconvenientes la guardia. Hay testimonios que sostienen que hubo más de 170 detenidos en este lugar.
Domínguez reiteró las afirmaciones que realizó en diciembre del año pasado en este debate: que vio a Santillán dentro del Regimiento, a “altas horas”, que lo tuvieron solo “unos diez minutos” y lo sacaron nuevamente.
Conmovedor
Por la tarde la comitiva inspeccionó el lugar donde fueron encontrados los restos de Santillán. De este recorrido participó la viuda del dirigente peronista y ex trabajador de YPF, Irma Yolanda Prado. Acompañada por dos de sus hijos, Irma reconoció el lugar exacto donde fue explosionado su marido, el 10 de agosto de 1976, ubicado a 3 kilómetros de la ruta nacional 34, por un camino de cornisa, tras una curva pronunciada. El lugar es fácilmente identificable porque aún perdura el socavón, y la cruz que Irma hizo colocar tiempo después de la muerte de Santillán.
Con su testimonio, calificado como “conmovedor” por quienes participaron de ese momento, y desde el punto de la cruz, los peritos pudieron determinar el lugar exacto donde se encontró el torso inferior de Santillán, y un zapato.
La última inspección fue en el camino a Balbuena, donde el ex médico policial Juan Carlos Ocampo, y la viuda de Urueña, Nicolasa Ester Tristán, no pudieron reconocer el lugar exacto donde se encontraron sus restos. Urueña fue secuestrado a la 1.30 del 16 de diciembre de 1975 de su casa en Tartagal. Diez días después, partes de su cuerpo, que había sido sometido a una explosión, fueron encontrados en el camino a Balbuena, al sur de Mosconi. Tristán recordó ayer que entonces había monte en ese lugar, donde ahora hay campo.
Señalizarán El Gallinato como lugar de exterminio durante la dictadura
Por Elena Corvalan
El Concejo Deliberante del municipio de La Caldera aprobó señalizar los lugares de esa jurisdicción que hayan funcionado como centros clandestinos de detención o de exterminio “durante y antes” de 1976, y hasta 1983.
La ordenanza Nº 596, aprobada el 17 de este mes con la firma de los concejales Fernando Góngora, Marianela Gutiérrez y Marta Berazaín, dispone que se hagan dos señalizaciones: una, a la entrada de la ruta complementaria Nº 11, que atraviesa El Gallinato y conduce a la ciudad de General Güemes. Esta entrada está en la intersección de la ruta nacional 9, que lleva a Jujuy por el camino de cornisa.
La otra señalización se hará en la cuesta del paraje El Gallinato, a 2 kilómetros de la entrada, cerca del arroyo donde se encontraron los restos de personas que fueron explosionadas por los represores.
En El Gallinato fue asesinada Gemma Fernández Arcieri y se cree que también su marido, Héctor Gamboa. Y se sospecha que en el mismo lugar fueron asesinados Silvia Aramayo, “Chicho” Gallardo y Carlos César “Topogigio” Martínez. Todavía no se sabe cuántas personas perdieron la vida en ese lugar.
El testimonio del senador Juan Moreira (PJ), de La Caldera, da cuenta de que entre los kilómetros 2 y 3, contando desde la entrada, se cometieron al menos veinte homicidios entre 1976 y 1977. Tras la difusión de este testimonio a través de Nuevo Diario y Radio Nacional Salta, el fiscal federal Ricardo Toranzos pidió que el legislador declare en el megajuicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en esta ciudad desde mayo pasado. El Tribunal aprobó este pedido.
La señalización se aprobó de acuerdo a un proyecto de señalización y difusión presentado por organismos de derechos humanos de la provincia, la agrupación Hijos, la Asociación Lucrecia Barquet y la Comisión Megacausa Salta. La señalización de lugares que fueron escenario del terrorismo de Estado es impulsada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Archivo Nacional de la Memoria, a través de la Red Federal de sitios de Memoria, que “articula la gestión de políticas públicas de memoria entre el Poder Ejecutivo Nacional y las áreas estatales de derechos humanos de las provincias y de municipios”, se recuerda en los fundamentos de la ordenanza. Como parte de esa acción en Salta ya se señalizaron la Unidad Penal Nº 1, en Villa Las Rosas, y la Delegación local de la Policía Federal, que funcionaron como centros clandestinos de detención y torturas.
En el caso de El Gallinato, el Concejo invitó a los organismos de derechos humanos, a familiares de las víctimas del terrorismo de Estado y a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para que junto a la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de La Caldera definan el diseño de las señalizaciones.
El Concejo caldereño avanzó un poco más: invitó a otros municipios “a adoptar medidas idénticas en virtud de encontrarse bajo la misma identificación a la Comisaría de Güemes, la Comisaría de Metán y el Regimiento de Monte 28” de Tartagal.
Megajuicio: reconstruyen el circuito del terror en Salta
Por Elena Corvalan
Ayer dos testigos presenciales señalaron, en el Cementerio de la Santa Cruz, el lugar donde el Ejército abrió una fosa común para arrojar cuerpos que traían por la noche. Otro testigo, el policía retirado José Carrasco, reconoció el lugar donde se encontró el cuerpo del militante peronista Eduardo Fronda, el 8 de enero de 1975, el primero de una larga lista de víctimas fatales de la represión paraestatal y estatal. Lo dejaron cerca del alambre del terreno del Ejército, en el camino a Lesser, a unos 300 metros de la entrada al Pucará de Buena Vista, el viejo casco de estancia que pertenece al Ejército y en la actualidad se alquila para fiestas pero que en la década del 70 era usado como residencia del subjefe del Ejército y cuyo paisaje tiene características similares a las descriptas por los detenidos que fueron torturados en centros clandestinos de detención y salieron con vida.
Con los testimonios volcados en el debate y las inspecciones ya se sabe que los detenidos eran concentrados en dependencias del Ejército, muchos eran pasados a otro centro clandestino de detención donde fueron sometidos a todo tipo de vejámenes (se sospecha que funcionó en Buena Vista), el lugar preferido para el exterminio de personas fue el solitario paraje El Gallinato, donde según un testigo hubo al menos veinte muertos. Si no eran sometidos a explosión para hacerlos desaparecer, los cuerpos eran ocultados en el Cementerio de la Santa Cruz.
Mariana Gamboa, querellante en este proceso por su madre, Gemma Fernández Arcieri, y su padre, Héctor Gamboa, secuestrados en septiembre de 196 y desaparecidos desde entonces, consideró que esta altura del juicio tienen "ya una reconstrucción de lo que significó ese momento", y "falta terminar de determinar dónde quedaron lo restos de nuestros familiares".
Megajuicio: reconstruyen el circuito del terror en Salta
De a poco, las inspecciones oculares ordenadas por el Tribunal Oral en lo Federal van aportando datos que ayudan a reconstruir el circuito del terror en Salta, iniciado más de un año antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
Ayer dos testigos presenciales señalaron, en el Cementerio de la Santa Cruz, el lugar donde el Ejército abrió una fosa común para arrojar cuerpos que traían por la noche. Otro testigo, el policía retirado José Carrasco, reconoció el lugar donde se encontró el cuerpo del militante peronista Eduardo Fronda, el 8 de enero de 1975, el primero de una larga lista de víctimas fatales de la represión paraestatal y estatal. Lo dejaron cerca del alambre del terreno del Ejército, en el camino a Lesser, a unos 300 metros de la entrada al Pucará de Buena Vista, el viejo casco de estancia que pertenece al Ejército y en la actualidad se alquila para fiestas pero que en la década del 70 era usado como residencia del subjefe del Ejército y cuyo paisaje tiene características similares a las descriptas por los detenidos que fueron torturados en centros clandestinos de detención y salieron con vida.
Con los testimonios volcados en el debate y las inspecciones ya se sabe que los detenidos eran concentrados en dependencias del Ejército, muchos eran pasados a otro centro clandestino de detención donde fueron sometidos a todo tipo de vejámenes (se sospecha que funcionó en Buena Vista), el lugar preferido para el exterminio de personas fue el solitario paraje El Gallinato, donde según un testigo hubo al menos veinte muertos. Si no eran sometidos a explosión para hacerlos desaparecer, los cuerpos eran ocultados en el Cementerio de la Santa Cruz.
Mariana Gamboa, querellante en este proceso por su madre, Gemma Fernández Arcieri, y su padre, Héctor Gamboa, secuestrados en septiembre de 196 y desaparecidos desde entonces, consideró que esta altura del juicio tienen “ya una reconstrucción de lo que significó ese momento”, y “falta terminar de determinar dónde quedaron lo restos de nuestros familiares”.
Gamboa insistió en que en la provincia “el circuito del terror fue uno solo”. “El territorio de Salta era un campo de batalla pensado por estas mentes de asesinos genocidas que utilizaban espacios geográficos para construir un plan sistemático de eliminación, entonces los lugares no eran casuales, tiene que ver con puntos clave donde ellos podían de alguna manera tener zona liberada, esconder pruebas, o sea, tenían como una razón de ser que se repite, es muy parecido al campo de concentración de La Perla, la situación del Chaco, de Jujuy, en donde los circuitos del terror tienen como piezas fundamentales la detención, la desaparición, la tortura, la búsqueda de información, el chequeo de esas personas y los traslados o destino final como le decían ellos mismos en la jerga que usaban para su eliminación”, analizó ayer tras las inspecciones.
Gamboa destacó asimismo la articulación de la represión “entre Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero, el circuito de la Zona y Subzona queda además probado y lo vamos a terminar de probar cuando vayamos a Tartagal y Orán”.
Un viejo descubrimiento
La fosa común del Cementerio municipal fue descubierta en 1977 por Julio Gamboa, hermano de Héctor.
Partes del cuerpo de Gemma Fernández fueron encontrados en El Gallinato, en octubre de 1976. La Policía levantó estos restos, que estaban junto a los de un hombre, (presumiblemente su marido, aunque nunca se determinó) pero luego fueron desaparecidos. En 1977 Julio Gamboa supo de la fosa y como sabía que había un maxilar le pidió al odontólogo de Gemma, José Manuel Costelo, que lo acompañara para identificar esos restos. Gamboa consiguió que la Policía le permitiera buscar los huesos “en una esquina de la fosa”, recordó ayer el odontólogo, que coincidió con el ex empleado del Cementerio Nicanor Guaymás en señalar el lugar donde estaban los muchos huesos.
Costelo identificó el maxilar positivamente junto al odontólogo de la Policía, quien se quedó con estos huesos, desaparecidos nuevamente.
Guaymás sostiene que esa fosa fue abierta por el Ejército, y que por las noches traían cuerpos en un camión, algunos venían en cajones, otros en bolsas. Y asegura que él mismo junto a otros operarios, se ocupaba de palear tierra encima. En 2007 hizo declaraciones para el fotógrafo Alejandro Ahuerma, que también ubicó el lugar ayer.
El fiscal Ricardo Toranzos pidió que Guaymás y Ahuerma declaren en el debate.
Por su parte, los querellantes se preparan para pedir que el Tribunal ordene la búsqueda de restos en esta fosa. “El momento ideal (para esta investigación) es el juicio oral y público, que el Tribunal se haga cargo, para ir economizando acciones procesales, si no volvemos de vuelta a la instrucción”, sostuvo Gamboa, quien criticó la “falta de responsabilidad para con quienes se constituyen en querellantes”. Es que a pesar de que hay una causa abierta para investigar esta fosa, que estaba señalizada desde 2007, se retiraron las estacas y se la dejó sin custodia. Gamboa se preguntó también “por qué costó tanto encontrar los mapas del lugar”.
Más inspecciones en la megacausa
“Era todo monte acá”
Por Elena Corvalan
Con referencias a los cambios producidos en los 38 años trascurridos desde que se cometieron estos hechos, los policías retirados convocados a acompañar las inspecciones ordenadas por el Tribunal Oral de Salta reconocieron las escenas de los crímenes, en El Encón Chico y en el pueblo de Rosario de Lerma. En El Encón Chico, en jurisdicción del municipio de Campo Quijano, fue asesinado, mediante una explosión, el periodista Héctor Luciano Jaime. Había estado desaparecido desde la noche del 12 de febrero de 1975, cuando fue secuestrado a la salida de su trabajo en el diario El Intransigente.
Sus restos fueron encontrados el 14 de febrero, esparcidos por un explosivo, en un camino vecinal entre fincas que por entonces “era todo monte”, como recordó ayer el policía retirado Inocencio Roberto Medina, que en 1975 intervino como técnico dibujante haciendo el croquis ilustrativo de la ubicación de los restos encontrados en el camino vecinal y en la finca de propiedad de Néstor Alderete. Medina fue convocado ayer, junto a los también policías Ramón Luna, Gregorio Galo Rodríguez y José Carrasco, que no fue.
También hizo la recorrida la viuda de Jaime, Irma Rosa Chica. El dibujante, que en su momento fue investigado por tortura durante la dictadura de Onganía, fue el más locuaz y contrastó con la parquedad de Rodríguez.A pesar de los matices, los tres policías coincidieron en el lugar de hallazgo de los restos, en que estaban esparcidos y en que en 1975 ese lugar era un monte. “Yo hice la identificación, pero está cambiado todo aquí. Yo lo veo distinto”, dijo Medina ni bien llegó. La finca de Alderete está ahora parquizada, tiene un cerco alambrado y solo hay árboles nuevos en la línea, enfrente, del lado en que fue explosionado el periodista, donde hay un monolito y dos cruces que lo recuerdan, crece un emprendimiento turístico: por ahora la tierra está rasa, sin verde y con un alambrado perimetral que separa del camino. Chica, que fue a ver el lugar una semana después del hallazgo, coincidió en que era un monte. Solo permanecía en su lugar, una vieja casa, a unos 80 metros del lugar de la explosión.
Los policías dijeron que ya en 1975 estaba desocupada. Durante el recorrido Medina insistió en que fue acompañado por la perita Marta Tabarcachi, algo que ha desmentido Carrasco y por lo cual se ha pedido un careo entre ambos. “No asustan” Anselmo Salomón Guaymás, nacido y criado en Rosario de Lerma, recibió ayer en su casa del barrio Villa Mercedes, casi al final del pueblo, la visita de los jueces Carlos Jiménez Montilla y Gabriel Casas, el fiscal Ricardo Toranzos, los abogados querellantes Tania Kiriaco y Gastón Casabella, familiares, empleados judiciales y miembros de Gendarmería.Hace 30 años Guaymás compró esta casa a Silverio Posadas, quien se la había comprado a la familia Estopiñán. Ahí, cuando era solo tenía dos piezas y un patio con yuyos, fueron asesinados los jóvenes militantes Alfredo Mattioli, Marcos Estopiñán, Liendro Estopiñán y Ricardo Tapia. Los policías retirados Ramón Luna y Rodríguez, que entonces trabajaban en Bomberos, reconocieron el lugar como la casa de donde fueron a buscar explosivos en abril de 1975. “Yo ni sabía (de la matanza) cuando compré la casa. Los vecinos me preguntaban si no asustaban a la noche”, contó Guaymás. Por los homicidios de Jaime y Mattioli, los hermanos Estopiñán y Tapia están acusados el ex comisario Joaquín Guil y el ex jefe de Policía, Miguel Gentil. Se sospecha que policías de la provincia y de la Federal integraban el brazo ejecutor de la Triple (Alianza Anticomunista Argentina) en Salta, y que estos crímenes fueron cometidos por ellos.
Gamboa insistió en que en la provincia "el circuito del terror fue uno solo". "El territorio de Salta era un campo de batalla pensado por estas mentes de asesinos genocidas que utilizaban espacios geográficos para construir un plan sistemático de eliminación, entonces los lugares no eran casuales, tiene que ver con puntos clave donde ellos podían de alguna manera tener zona liberada, esconder pruebas, o sea, tenían como una razón de ser que se repite, es muy parecido al campo de concentración de La Perla, la situación del Chaco, de Jujuy, en donde los circuitos del terror tienen como piezas fundamentales la detención, la desaparición, la tortura, la búsqueda de información, el chequeo de esas personas y los traslados o destino final como le decían ellos mismos en la jerga que usaban para su eliminación", analizó ayer tras las inspecciones.
Gamboa destacó asimismo la articulación de la represión "entre Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero, el circuito de la zona y subzona queda además probado y lo vamos a terminar de probar cuando vayamos a Tartagal y Orán".
Fuente:Telam

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