SIN ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO Y LOS LABORATORIOS PARA RETROTRAER LOS ULTIMOS AUMENTOS
Remedios con precios que duelen
El jefe de Gabinete aseguró que la propuesta de los fabricantes para bajar precios era limitada y no alcanzaba a los productos de mayor consumo, por lo cual se rechazó y continúan las discusiones. “Hay sectores que pretenden maximizar ganancias”, se quejó.
Los infractores podrán apelar ante la AFIP y la Justicia antes de que se efectivice la clausura.
“La baja de precios que planteó la industria farmacéutica no era para aquellos productos de mayor demanda relativa. O sea, para proteger el ingreso y poder adquisitivo de los trabajadores no nos sirve que no aumenten los precios de los productos que no se consumen.” Con estas palabras, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, sostuvo que todavía no se alcanzó un acuerdo con la industria farmacéutica, ya que la propuesta empresaria resultó “insuficiente” para los objetivos del Gobierno. Una de las metas de las autoridades nacionales es que las compañías del sector retrotraigan los incrementos aplicados desde diciembre, que van del 15 al 40 por ciento según cálculos de la Secretaría de Comercio. En este sentido, el Ejecutivo sólo autorizó una suba de precios del 7,5 por ciento. El segundo objetivo es que esa disminución sea lo más abarcativa posible. Según Capitanich, se incluirá a la red de farmacias compuesta por 12.000 establecimientos para perfeccionar el sistema de control de precios sobre la industria.
“La baja de precios que planteó la industria farmacéutica no era para aquellos productos de mayor demanda relativa. O sea, para proteger el ingreso y poder adquisitivo de los trabajadores no nos sirve que no aumenten los precios de los productos que no se consumen.” Con estas palabras, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, sostuvo que todavía no se alcanzó un acuerdo con la industria farmacéutica, ya que la propuesta empresaria resultó “insuficiente” para los objetivos del Gobierno. Una de las metas de las autoridades nacionales es que las compañías del sector retrotraigan los incrementos aplicados desde diciembre, que van del 15 al 40 por ciento según cálculos de la Secretaría de Comercio. En este sentido, el Ejecutivo sólo autorizó una suba de precios del 7,5 por ciento. El segundo objetivo es que esa disminución sea lo más abarcativa posible. Según Capitanich, se incluirá a la red de farmacias compuesta por 12.000 establecimientos para perfeccionar el sistema de control de precios sobre la industria.
“No hay acuerdo en el proceso de negociación. Los precios que ellos estipulan para casi 10 mil productos no nos sirve para proteger el ingreso y el poder adquisitivo de las familias. Entonces hemos planteado una serie de observaciones. El Estado no les aumenta el precio a las familias ni a los consumidores, los que les aumentan unilateralmente los precios a los consumidores son los comerciantes, los industriales y los proveedores”, enfatizó el jefe de Gabinete.
Desde que ocurrió la devaluación del peso, los aumentos en los medicamentos fueron del 15 hasta el 40 por ciento, cuando la canasta de “servicios médicos”, elaborada por la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (Adecra) ya arrojaba para el año pasado un incremento de 31,5 por ciento.
Según la reciente información arrojada por el Indice de Precios al Consumidor Nacional, el rubro medicamentos fue uno de los que más aumentó durante enero. Este exhibió un incremento del 8,3 por ciento, mientras que servicios para la salud registró una suba del 4,3 por ciento. Hay que destacar que el nuevo índice no llegó a reflejar en su totalidad el corrimiento de precios luego de la devaluación del 24 de enero, por lo que los incrementos en estos rubros podrían ser mayores, como señalaron fuentes de Comercio Interior.
El pasado 12 de febrero, el Gobierno había iniciado conversaciones con la industria farmacéutica para lograr retrotraer los precios a diciembre. Desde el sector ofrecían solamente modificar el precio de 600 productos, una cantidad exigua frente a los 18.000 que se consumen en el país. La cifra de 10.000 precios también resultó “insuficiente” para el Gobierno. Los laboratorios consideraban que venían de precios atrasados y que su recomposición fue justa.
Desde comienzos de año la Secretaría de Comercio realizó 29 inspecciones en laboratorios, a partir de los cuales labró 10 actas de infracción y 25 actas de requerimiento de información. Por otro lado, a principio de mes varias asociaciones de consumidores y la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados presentaron ante la secretaría una denuncia contra 34 laboratorios medicinales “que produjeron aumentos que oscilan entre un 15 y un 50 por ciento en cinco mil medicamentos”.
“Hay sectores que pretenden maximizar sus ganancias a expensas del consumidor. Por eso nosotros desde el Estado vamos a defender a los consumidores y queremos que los consumidores nos ayuden a defenderlos”, ratificó Capitanich.
Para dotar al Estado y a los consumidores de mayores herramientas para evitar los abusos en los aumentos de precios, el senador Aníbal Fernández presentó un proyecto de ley para que las sanciones a fabricantes y comercios por infracciones a la Ley de Lealtad Comercial se ejecuten aun cuando estén recurridas ante la Justicia. La iniciativa estaría basada en el principio tributario de solve et repete (pague y reclame), que dispone que las multas deben ser pagadas aun cuando el comerciante haya apelado la medida.
“Rebaja inmediata”
El Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos reclamó a los laboratorios la “rebaja inmediata” en el precio de los medicamentos, al afirmar que la incidencia de los insumos importados en el esquema de costos para la producción de fármacos no supera al 15 por ciento. “La Secretaría de Comercio ya autorizó en 2013 un aumento promedio de 18 por ciento; además, entre diciembre del año pasado y enero se produjeron incrementos promedio del 30 por ciento que no están justificados”, advirtió. Los trabajadores explicaron que los laboratorios “sólo ofrecen congelar el precio de 600 productos, pero es insuficiente ya que suelen ser de poca utilidad terapéutica”.
OPINION
Medicamentos, historia y dilemasPor Claudio Capuano *
Días atrás, un grupo de ONG presentó ante la Secretaría de Comercio un listado de 34 laboratorios privados que aumentaron entre un 15 y 50 por ciento los valores de cinco mil productos medicinales entre el 20 de enero y el 1º de febrero. En tal denuncia afirman que “estos montos de aumento exceden totalmente la incidencia que tiene en sus costos el reciente movimiento en los precios del dólar”, y piden que se retrotraigan los precios al 31 de diciembre de 2013.
Allá por el año 1946, el gobierno de Juan Perón debió afrontar un grave conflicto: un aumento desmesurado en los precios de los medicamentos, que los ponía fuera del alcance de las clases humildes. Esta compleja situación llevó a que el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Salud Pública dirigida por Ramón Carrillo, tomara la iniciativa y mediante el decreto Nº 23.394/46 creara Emesta, Empresa Medicinal del Estado. Al poco tiempo de creada, la Emesta lanzó al mercado farmacéutico 100 productos en farmacias de todo el país, y de esta manera la población accedía a medicamentos de buena calidad a bajo costo (entre un 50 y 75 por ciento más baratos que los similares de otros laboratorios), imprimiéndoles una política de universalidad y ubicando a los medicamentos como bien social.
Si bien los procesos históricos son singulares, irrepetibles y con contextos históricos y sociales específicos de cada época, entre estos dos ejemplos existen determinadas similitudes que permiten trazar el comportamiento de este sector empresarial a través de sus cámaras (Cilfa, Coperala, Caeme), con una misma línea estructural: la de imponer la política de medicamentos sobre el Estado.
Este sector en los últimos 40 años se consolidó como un oligo-monopolio de características horizontal y vertical. Horizontal porque, de la totalidad de los laboratorios privados, sólo unos pocos se quedan con la mayoría de las ventas. En números: de los casi 300 laboratorios de especialidades medicinales privados asociados a las tres cámaras empresarias, sólo 25 se quedan con el 75 por ciento de la facturación en las ventas. Vertical, porque una sola distribuidora controla y maneja más del 60 por ciento de la distribución total en el país. Es decir, que maneja la producción y la distribución, decidiendo sobre el Estado el acceso a los medicamentos de la gran mayoría de la población.
El 29 de junio de 2011 se sancionó la ley 26.688 de Producción Pública de Medicamentos y Vacunas (PPMV), y es preciso recordar que declara de “interés nacional la investigación y la producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y productos médicos, entendiendo a los mismos como bienes sociales”. De existir la decisión política de implementar esta estratégica ley, nuestro país cuenta con 39 laboratorios públicos nacionales, provinciales, municipales y universitarios con profesionales altamente capacitados, que producen medicamentos básicos esenciales (MBE) confiables, de alta calidad y bajo costo. A partir de esto, la PPMV podría:
- Garantizar la posibilidad de acceso gratuito de MBE a la población que asiste al sector público de salud.
- Definir qué medicamentos con alto impacto epidemiológico son necesarios producir.
- Implementar un vademecum de atención médica primaria provisto por PPMV.
- Constituir la PPMV como testigo de precios.
- Garantizar la calidad del medicamento para toda la población, sin discriminar el poder adquisitivo.
- Promover la investigación, desarrollo y producción de medicamentos huérfanos (Chagas, un ejemplo).
* Coordinador Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina, UBA.
EL SECRETARIO DE COMERCIO DEFENDIO PRECIOS CUIDADOS
“La rentabilidad debe ser razonable”
El secretario de Comercio, Agusto Costa, explicó qué entiende el Gobierno por precios justos para la población. A su vez, indicó que garantizar la rentabilidad de las empresas es central para que haya inversión del sector privado, aunque precisó que el rol del Estado es evitar que estas ganancias pasen de normales a extraordinarias. El funcionario subrayó que ramas concentradas que remarcan precios para conseguir beneficios elevados atentan contra la distribución del ingreso. Destacó la importancia de Precios Cuidados para frenar estas avivadas.
Para el secretario de Comercio, el precio justo que debería pagar la población no tiene misterios. “El precio tiene que garantizar que, dada la situación de costos para producir el bien o el servicio, se pueda tener una rentabilidad razonable para poder seguir produciendo e invirtiendo. Cuando el precio es superior a los costos más una rentabilidad razonable, ese excedente lo está pagando el consumidor. Si un trabajador, un argentino, que va a comprar algo debería pagar menos, entonces le sacaste más del bolsillo para quedarte con una rentabilidad superior a la que correspondería”, indicó el secretario de Comercio, en un reportaje que concedió a la revista Hamartia.
Esta idea de precio justo requiere entender cuál es la rentabilidad razonable (normal) de una empresa. “Desde el punto de vista económico, lo que determina una rentabilidad razonable es que vos no ganás ni más ni menos de lo que podrías ganar en otra actividad similar o de lo que gana otra empresa del sector que hace algo parecido a lo que hacés. Es un concepto relativo. En una economía de mercado, si hay alguien que tiene una rentabilidad muy superior a la que se puede obtener en una determinada actividad, la teoría económica supondría que un empresario que tiene un capital va a tratar de invertir en eso porque se está obteniendo una rentabilidad grande. Cuando entra a competir esta nueva empresa, debería bajar el precio”, apuntó el funcionario.
¿En la economía argentina se cumple esta teoría? Costa explicó que la estructura del mercado local tiene pocos jugadores con gran poder para fijar precios. Esta falta de competencia implica que algunos empresarios logran apropiarse de rentabilidades extraordinarias, lo cual implica que no funcionan los mecanismos teóricos. “La política del Gobierno tiene que ver con evitar que por estas condiciones estructurales (concentración del mercado) exista una rentabilidad excesiva en poder de los que no corresponde. Por eso estamos con nuestra estrategia de administración de precios, para evitar esos abusos”, explicó el secretario.
La rentabilidad de los privados es central, según Costa, porque es la que potencia la inversión de las empresas. Por tanto, en el acuerdo de Precios Cuidados no existen segmentos de la cadena de valor de los 100 productos que no consigan márgenes de ganancias, pero ningún empresario obtiene un excedente por encima del normal. “El problema es la rentabilidad extraordinaria.” El secretario de Comercio indicó que el otro instrumento central de Precios Cuidados es que actúa como un precio de referencia para los consumidores. “Por caso, el objetivo de que haya una leche a Precios Cuidados es que uno sepa que una leche entera en sachet sale 6,90 pesos. Así, si voy al resto de la góndola, porque ponele que a mí no me gusta La Serenísima, me gusta La Paulina o la que sea, si quiero comprar La Paulina, no me la puede cobrar 9 pesos. Porque yo sé que algo similar sale 6,90 pesos. Entonces, yo elijo qué compro de acuerdo con un precio de referencia”, cerró el secretario.
LA AFIP ENDURECIO LAS SANCIONES A LOS EMPLEADORES QUE NO FORMALICEN LAS RELACIONES LABORALES
Si no hay registro, viene la clausura
La AFIP amplió sus atribuciones para clausurar empresas y comercios donde detecte empleo no registrado. Las sanciones irán de 3 a 5 días corridos y habrá agravantes en caso de reincidencia. Además, el organismo podrá aplicar multas.
Los infractores podrán apelar ante la AFIP y la Justicia antes de que se efectivice la clausura.Imagen: Télam
La AFIP endureció las sanciones para los empleadores que no cumplan con la legislación laboral. El organismo recaudador amplió sus atribuciones para clausurar los establecimientos donde se detecte empleo no registrado como herramienta adicional a las multas. Hasta ahora, para proceder al cierre de un establecimiento por cinco días, como disponía la legislación, las infracciones debían alcanzar a la totalidad de los trabajadores ocupados en la firma y el empleador tenía que haber sido sancionado por el mismo motivo a lo largo del mismo año. Con esas restrictivas condiciones, el riesgo de sufrir una clausura por abusos en materia laboral era muy limitado; de hecho, prácticamente no había cierres. La Resolución 3589 publicada ayer en el Boletín Oficial redujo los plazos a un período de 3 a 5 días corridos, pero facilitó las sanciones.
La AFIP endureció las sanciones para los empleadores que no cumplan con la legislación laboral. El organismo recaudador amplió sus atribuciones para clausurar los establecimientos donde se detecte empleo no registrado como herramienta adicional a las multas. Hasta ahora, para proceder al cierre de un establecimiento por cinco días, como disponía la legislación, las infracciones debían alcanzar a la totalidad de los trabajadores ocupados en la firma y el empleador tenía que haber sido sancionado por el mismo motivo a lo largo del mismo año. Con esas restrictivas condiciones, el riesgo de sufrir una clausura por abusos en materia laboral era muy limitado; de hecho, prácticamente no había cierres. La Resolución 3589 publicada ayer en el Boletín Oficial redujo los plazos a un período de 3 a 5 días corridos, pero facilitó las sanciones.
La nueva normativa permite bajarle las persianas a una firma cuando las irregularidades alcancen a dos o más trabajadores y el empleador haya sido sancionado por cualquier tipo de infracción a las obligaciones impositivas, aduaneras y de la seguridad social dentro de los cinco años anteriores.
El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, enfatizó que si bien los cambios facilitarán las clausuras en el marco de las políticas de fiscalización, el cierre de los establecimientos no será inmediato, ya que los empleadores cuentan con la posibilidad de recurrir las sanciones ante el organismo recaudador y luego ante la Justicia. El Gobierno se puso como objetivo reducir el empleo no registrado de 34,6 a menos del 30 por ciento a lo largo de los próximos dos años. Para eso lanzó a fines del año pasado el Plan Integral de Combate al Empleo no Registrado. La iniciativa diseñada por las carteras de Trabajo y Economía junto con la AFIP contempla el fortalecimiento en la fiscalización y capacidad de inspección del Estado, la creación de un listado de empresas infractoras, la reducción en las contribuciones patronales para las micro y pequeñas empresas, y la extensión de convenios de corresponsabilidad para facilitar el acceso a la seguridad social para los trabajadores del ámbito agroalimentario. Para poner en marcha las iniciativas, el Gobierno tiene listos dos proyectos de ley que enviará este año al Congreso.
Las clausuras por incumplimientos laborales eran muy limitadas, ya que las condiciones para practicar esa sanción eran muy estrictas. En ese marco, la AFIP modificó los requisitos para clausurar un establecimiento para volver más operativas las clausuras. La decisión facilita el cierre de empresas, locales o fábricas donde se detecten irregularidades en forma recurrente. De acuerdo con los nuevos parámetros, el organismo recaudador sancionará con clausura de 3 a 5 días corridos a los empleadores que cometan infracciones cuando concurran dos situaciones: 1) las irregularidades involucren a dos o más trabajadores y alguno de ellos no haya sido incluido en alguna de las declaraciones juradas determinativas; y 2) el empleador haya sido sancionado por cualquier tipo de infracción cometida con relación a las obligaciones impositivas, aduaneras y de la seguridad social, dentro de los cinco años anteriores a la fecha del acta respectiva. A su vez, la normativa establece que esas penalidades podrán acumularse a las multas que corresponda aplicarse, sin perjuicio de las demás sanciones que resulten procedentes en virtud de otros incumplimientos. Desde la AFIP indicaron que el objetivo es efectuar más clausuras, pero aclaran que las sanciones no son inmediatas, ya que los empleadores pueden recurrir en sede administrativa (un proceso que demora hasta tres meses) y también apelar en la Justicia.
Fuente:Pagina12
Buitres: un día más para la apelación
El gobierno hará hoy su presentación.
Por: Nicolás Furfaro
Todos los ojos estaban puestos sobre la última apelación argentina ante la Corte Suprema de los EE UU, pero según confirmaron fuentes oficiales el gobierno nacional logró estirar un día más la presentación gracias la facilidad que le otorgó el feriado por el Día de los Presidentes en Estados Unidos. El pedido de revisión es el último que puede realizar el país en el caso central –violación de la cláusula Pari Passu– y tiene como principal apuesta la intervención del abogado estrella Paul Clement como cabeza del grupo de defensores de la Argentina.
Lo más probable es que la Corte Suprema no indique si va a revisar o no el caso hasta después del segundo trimestre del año, con lo que si los jueces dieran un gesto positivo de todas formas no escucharían argumentos orales ni emitirían un fallo hasta después de octubre.
Desde el último trimestre del año pasado también fueron avanzando planes extrajudiciales que buscan esquivar los estrados judiciales y la posibilidad de un fallo negativo por parte de la Corte, con el subsiguiente default por los juicios que desataría la obligación de pagar el 100% de los títulos de deuda. Por el momento ninguno logró convencer a las partes.
El dato
Comunicado
Economía emitirá un comunicado mañana luego de realizar la presentación.
De vido se reunió con municipios que censarán a los corralones
Cotejarán precios de materiales
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, recibió ayer a 18 intendentes de la Tercera Sección Electoral bonaerense para analizar la evolución del Programa Precios Cuidados de la construcción, además de su impacto en el Plan Pro.Cre.Ar.
En ese sentido, el titular de la Federación Argentina de Municipios (FAM) e intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra, calificó de "positiva" la reunión. Junto a Pereyra estuvieron otros jefes comunales, entre ellos el de La Matanza, Fernando Espinoza; y de Berazategui, Juan Patricio Mussi; y el diputado nacional y ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. Consultado sobre cómo se hará el control de los precios, Insaurralde dijo que "de la misma forma en que se trabajó con los supermercadistas; en este caso hay una grilla de 58 productos que cada uno de los municipios va a salir a censar para a ver si hubo corrimiento de precios".
Y adelantó que "nos sentaremos a hablar todas las partes para tener un precios adecuado y controlado a lo que nosotros nos habíamos comprometido".
A propósito, el titular de la ANSES, Diego Bossio, presentó ayer la suscripción de los primeros convenios con comercios bonaerenses de la construcción. Además, el Ministerio de Economía incluyó a cinco grandes empresas, alcanzando 49 adheridas y más de 200 sucursales en CABA, AMBA y Provincia de Buenos Aires. La ANASES explicó que "el objetivo es proteger el bolsillo" de los beneficiarios del plan de vivienda. Fuente:TiempoArgentino
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