GUATEMALA.

lunes, 4 de junio de 2012 
Supuesto cierre de Archivo de la Paz genera reacciones 
CERIGUA 
El anuncio que realizara el secretario de la paz, Antonio Arenales, en cuanto al cierre de los archivos militares relacionados con el conflicto armado interno, fue desmentido por el Mandatario Otto Pérez Molina; las declaraciones vertidas por Arenales, en torno al tema generaron descontento y críticas de diversos sectores de la sociedad.

Lorena Escobar, coordinadora del área de Seguridad, Justicia y Agenda Legislativa, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) dijo a Cerigua, que esperaría que el anuncio del cierre del archivo haya sido una mala comunicación entre el secretario y el Mandatario.

Arenales anunció esta semana el cierre del archivo de la paz, y el despido de 17 trabajadores que investigaban los documentos militares, aduciendo que la dirección de dicho ente carecía de sentido; sin embargo el Presidente Pérez Molina aclaró que solo se despediría a personal innecesario y que el archivo se mantendría intacto.

En declaraciones a Siglo 21, Amílcar Méndez, de la Unidad de Seguimiento de los Acuerdos de Paz, resaltó que la medida tomada por el Estado, además de ser grave es política, pues favorece a los militares implicados en casos de genocidio.

Los archivos de la paz fueron creados en el 2008 con la finalidad de digitalizar los expedientes militares y para establecer crímenes cometidos por el ejército en el conflicto armado interno; los documentos encontrados han sido clave para los procesos judiciales que se han llevado en casos de genocidio en el país.

Investigadores del Archivo de la Paz han editado nueve libros que tratan temas como las adopciones ilegales en el conflicto armado, niñez desaparecida, diario militar y archivos de la Policía Nacional; los expertos han participado también como peritos, en procesos judiciales relacionados a deberes contra la humanidad.

Antonio Arenales, al momento de dar a conocer el cierre de los archivos de la paz, indicó que en Guatemala no hubo genocidio, aunque sí pudieron existir masacres entre personas vinculadas a la guerrilla o contra ésta; Mario Polanco, del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), dijo que respeta las declaraciones de Arenales pero no las comparte; por suerte no es juez y aunque tiene derecho a opinar no debe tergiversar la ley y el sentido de lo que ocurrió, anotó.

Finalmente, Carmen Aída Ibarra, del movimiento Pro Justicia, señaló que el Procurador de los Derechos Humanos debe intervenir para comprobar que los documentos estén debidamente guardados, pues no sabemos qué tanta es la información contenida en los expedientes, pero estos deben estar seguros.
Fuente:Argenpress