3 de agosto de 2012

MENDOZA: DIEZ ACUSADOS EN EL TERCER JUICIO POR CRIMENES DE LESA HUMANIDAD.

DIEZ ACUSADOS EN EL TERCER JUICIO POR CRIMENES DE LESA HUMANIDAD EN MENDOZA
Un comienzo con pedido de detenciones
Seis imputados están en libertad, tres de ellos en Mendoza. Hubo un cruce con familiares de las víctimas. Querellas y fiscales pidieron que se amplíen las acusaciones y que todos sean arrestados.
Por Alejandra Dandan
El inicio del juicio fue acompañado por actividades de organismos de derechos humanos.Imagen: Télam
María Domínguez escuchó la reconstrucción del secuestro de su hijo Walter, de su nuera embarazada y del grupo del Partido Comunista marxista leninista que cayó con ellos en diciembre de 1977. Después de oír los relatos sobre las treinta víctimas, en la primera jornada del nuevo juicio oral por delitos de lesa humanidad en Mendoza, la mujer, una de las Madres de Plaza de Mayo, se topó en la salida de los tribunales federales con los acusados. Salían caminando libremente atrás de las Madres.
“A uno le remueve todo de nuevo”, dijo María poco después. “Al verlos ahí, tan caraduras, le da a uno tanta impotencia: ¿cómo puede un ser humano que ser tan falso? Estaban hechos unos santitos, siendo que han hecho tanto mal. Uno de ellos salió caminando con su nieta, y cuando los manifestantes los empezaron a repudiar, esa niñita saltó como una leona: no tienen vergüenza, bueno, ahí estamos, por lo demás ahora hay que esperar.”


Las Madres de Plaza de Mayo empezaron el día del juicio como cada jueves, con la ronda en la Plaza San Martín. Las mujeres estaban contentas porque a la vuelta se les plegó el diputado Horacio Pietragalla y los jóvenes con las banderas de organizaciones políticas, de La Cámpora y de HIJOS, que viajaron desde Buenos Aires para sostener la vigilia que comenzó la noche anterior. Poco después de las diez de la mañana, el tribunal integrado por Alejandro Nocetti Achával, Roberto Burad y Juan Antonio González Macías empezó la audiencia en conexión directa con otras dos sedes: Rosario y Comodoro Py, en Buenos Aires. El sistema de trasmisión provisto por el Consejo de la Magistratura que permite que los acusados puedan ser juzgados a la distancia sentó frente a las pantallas a seis de los diez imputados. En sala, en cuerpo presente, estuvieron sólo tres. Los tres en libertad. Esa misma situación se replica con otros tres, mientras que otros tres están con prisión domiciliaria. Uno reportó un cuadro de internación a última hora.


El hecho de que hubiera acusados en libertad terminó siendo el eje de la primera jornada del debate. Los fiscales Omar Palermo y Dante Vega y la querella representada entre otros por Pablo Salinas, del MEDH, pidieron la ampliación de las penas por el delito de homicidio para todos y a continuación reclamaron detenciones efectivas. “Por el cambio de calificación, los delitos se vuelven inexcarcelables”, dijo Salinas a Página/12. “Dejarlos libres es desmerecer los crímenes que cometieron, se pueden fugar y pueden tornar ilusorio el derecho a que sean juzgados, además todo esto se ve reforzado por las amenazas que recibió un día antes uno de los jueces. Entendemos que existen elementos para que los diez imputados estén en la cárcel.”


Entre los acusados hay hombres del Ejército, la Fuerza Aérea, policías de la provincia y de la Federal. Uno de los que estuvieron en la sala, y luego salió caminando detrás de las Madres, rodeado de su familia como escudo de protección, es el ex comisario Fernando Morellato Donna, quien en 1976 pidió por escrito “una picana” para interrogar a dos militantes desaparecidos. Una picana que la Federal le proveyó. Durante el gobierno de Julio Cobos, Morellato estuvo al frente de una empresa de seguridad y era presidente de la Cámara de Seguridad mendocina. Con él estuvieron sentados los policías Aldo Bruno Pérez, jefe del D2 en 1978, y Ricardo Miranda Genaro, comisario y jefe del D2 desde el 1º de diciembre de 1977. Desde Rosario, siguió el juicio Alcides París Francisca, retirado de la Fuerza Aérea y jefe de la policía de Mendoza de diciembre de 1976 al 24 de febrero de 1979. En Buenos Aires, frente a la pantalla, en una oficina de la Cámara de Casación, se sentó el militar retirado del Ejército Ramón Angel Puebla, jefe de la Compañía de Comunicaciones VIII entre diciembre de 1975 a enero de 1979, era el máximo responsable del centro clandestino. Entre otros cargos, Puebla llegó acusado por el secuestro y los tormentos brutales de Oscar Guidone, uno de los tres únicos sobrevivientes del juicio en el que 27 víctimas están desaparecidas.


El juicio abarcará distintas prácticas de la dictadura. Por un lado, el grupo de detenidos desaparecidos de once personas entre las que está Juan José Galamba, al que intentaron secuestrar en 1976 y capturaron y desaparecieron en 1978. Mientras lo buscaban, los grupos especiales formados en el contexto del Mundial ’78 masacraron a las diez personas que le habían dado cobertura, asilo y trabajo en los dos años que estuvo escapando. Otro eje son los seis desaparecidos de la organización de Walter Domínguez y de Rodolfo Vera, fundadores del centro de estudiantes de Arquitectura y militantes del PCML, caídos en diciembre de 1977.


Cuando la lectura de las acusaciones avanzaba, la secretaria del tribunal iba dando cuenta de otra de las características del debate: el último dato que existe de buena parte de las víctimas es el secuestro. No hay registros o existen muy pocos datos de quienes tuvieron sobrevida en lugares de detención. De la mayor parte de ellos no se sabe por qué centro de detención pasaron, porque las fuerzas represivas no dejaron sobrevivientes.
Oscar Guidone es uno de los pocos casos y fue llevado con otros en un vuelo a la Unidad 9 de La Plata. Otro de los sobrevivientes originales de la causa, pero ahora ya fallecido, es Angel Bartolo Bustelo, escritor y dirigente del Partido Comunista argentino, secuestrado el 3 de septiembre de 1977 y alojado en las dependencias de la VIII Brigada de Montaña. Su caso fue juzgado en el juicio anterior de Mendoza, pero ahora volvió a ser elevado por la acusación contra Puebla. Puebla seguía escuchando el relato desde Buenos Aires. Las manos sobre el regazo, las zapatillas negras de abrojos bien abrochadas.
Fuente:Pagina12


3 de Agosto de 2012 
Una víctima de la represión se lamentó: "No puede ser que siga habiendo torturas" 
foto Pachy Reynoso/MDZ
Vélez (detrás, a la derecha) es querellante. 
Roberto Vélez señaló que su preocupación principal no es el resultado del juicio, sino los maltratos que siguen ocurriendo en las cárceles. Además, se molestó por la demora del juicio. "El 80 por ciento de los responsables está muerto", dijo. En las próximas semanas denunciará a la Fuerza Aérea. 
por Santiago Montiveros 
"Mi preocupación principal no es el juicio, sino que no sucedan más estas cosas. No puede ser que siga habiendo torturas en las cárceles. No se puede admitir más que toquen a una persona", señaló el dirigente socialista de Las Heras, Roberto Vélez, una de las 28 víctimas incluidas en las seis causas que se llevan adelante. 


Las palabras de Vélez tuvieron lugar durante la primera jornada del proceso donde se juzga a 10 acusados por delitos contra la humanidad y que cuenta con la participación del ex candidato a intendente de Las Heras: integra la querella y será testigo. En ese marco, Vélez se lamentó por la demora del juicio y habló de la falta de voluntad política en las últimas tres décadas. 


"El juicio de Nüremberg se hizo un año después de la Segunda Guerra Mundial. Acá pasaron casi 40 años de los hechos. Acá hubo complicidad de las conducciones partidarias para que lleguemos a esta situación", analizó Vélez, en referencia a las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, sumadas a los indultos de Carlos Menem. 
Tres imputados. Hoy declararía Fernando Morellato (derecha).
De todas maneras, destacó: "Afortunadamente Alfonsín sentó en el banquillo por primera vez a los máximos responsables de la represión y el Gobierno actual tuvo la decisión política necesaria para reivindicar la lucha por los Derechos Humanos y eso lo valoro".


Denuncias contra la Fuerza Aérea y Gómez Saa 
Mientras avanza el juicio que se desarrolla en los Tribunales Federales de Mendoza, Vélez anticipó que presentará una denuncia contra la Fuerza Aérea y Enrique Gómez Saa, segundo Jefe de Inteligencia. 


"Es una fuerza que está exenta en los procesamientos y fue la que dirigió la provincia con el gobernador (Jorge Sixto) Fernández y su ministro político (Teófilo) Ramírez Dolan", comenzó, y agregó: "La Fuerza Aérea manejó territorios, como Las Heras, y tuvo a su cargo la represión en el sistema educativo donde nos echaron a 500 estudiantes universitarios". 


La acción penal tendría lugar dentro de los próximos 30 días e incluiría a Gómez Saa, el segundo en Inteligencia después del fallecido Orlando Dopazo. "Era el responsable de la inteligencia a nivel estudiantil", afirmó Vélez, quien se lamentó: "El 80 por ciento de los responsables de lo que nos pasó a nosotros ya está muerto". 
El fiscal Dante Vega (derecha) pidió prisión preventiva para los acusados. 
La causa Vélez 
La privación abusiva de la libertad contra Roberto Vélez, Oscar Guidone y Martín Lecea (fallecido) constituye una de las seis causas que se debatirán durante el tercer juicio por crímenes de lesa humanidad que se desarrolla en la provincia. Además, durante la primera jornada, la Fiscalía solicitó el cambio de carátula, lo que complicaría aun más la situación de los imputados.


Los acusados en esta causa son Dardo Migno, quien seguirá el juicio desde Rosario a través de videoconferencia (cumple prisión domiciliaria por una condena anterior), y Raúl Ángel Puebla, quien hará lo mismo desde Buenos Aires (está libre). Sobre éstos, la Fiscalía pidió que el Tribunal considere como agravante la duración de más de un mes de la privación abusiva de la libertad. 


"Estaba a cargo nuestro. Era el jefe de los torturadores y algunos compañeros lo vieron durante las torturas", señaló Vélez sobre Migno, quien estaba en la Compañía de Comunicaciones de la 8va Brigada y que fue condenado el año pasado a 12 años en cárcel común. Sin embargo, por cuestiones de salud, goza de prisión domiciliaria en Rosario.
Fuente:Mdzol

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