EL MINISTRO DE DEFENSA ESTUVO EN TANDIL CON EL JEFE DEL EJERCITO
“Nosotros construimos memoria”
Agustín Rossi reivindicó la política de derechos humanos del Gobierno y se manifestó “sorprendido” por quienes son los que cuestionan a Milani.El jefe de Gabinete señaló que el jefe del Ejército “no pidió su pase a retiro”.
El ministro de Defensa, Agustín Rossi, recorrió unidades militares en Tandil.Imagen: dyn
“En estos diez años, mientras nosotros construíamos memoria, verdad y justicia, desde otros lugares de la sociedad argentina criticaban a Néstor y Cristina (Kirchner) por tener un espíritu revanchista, por no darles lugar, dentro del escenario social argentino, a las Fuerzas Armadas. Resulta extraño que esos mismos sectores sean los que hoy critican una decisión de nuestro gobierno”, dijo ayer el ministro de Defensa, Agustín Rossi, al participar en una recorrida por instalaciones militares en Tandil junto al jefe del Ejército, César Milani. El funcionario reiteró el argumento que había presentado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el martes, cuando defendió la decisión de postergar el tratamiento en el Senado del pliego del general cuestionado por su participación en el terrorismo de Estado. El jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, señaló que Milani “no pidió su pase a retiro”.
En el marco de la visita que compartió con Milani en la ciudad bonaerense de Tandil, Rossi aseguró que lo “sorprendió” el cuestionamiento que recibió el Gobierno debido a la designación del jefe del Ejército –a las críticas de la oposición y de algunos organismos de derechos humanos como la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos se sumó la impugnación que el Centro de Estudios Legales y Sociales presentó ante la Comisión de Acuerdos del Senado–. “Nunca tuvimos problemas en los tres ascensos anteriores de Milani”, expresó.
En ese sentido, en declaraciones al programa radial Mañana Madre –AM 530– reseñó que, en esta ocasión, “el Gobierno actuó en función de las informaciones oficiales” existentes al momento de enviar al Congreso el pliego de ascenso del general e hizo “las consultas habituales” que se realizaron con cada uno de los ascensos de los jefes de la fuerza que fueron propuestos. Luego, aseguró que “cuando empezó todo esto –en relación con las críticas a la designación– Milani se presentó por decisión propia, antes de que cualquier juez lo llamase, ante los juzgados que pueden llegar a actuar en base a las acciones sobre las que se hace referencia”.
La Comisión de Acuerdos de la Cámara alta se había preparado para evaluar el pliego de ascenso de Milani el lunes pasado, cuando tras la presentación del CELS de una serie de documentos extraídos de expedientes judiciales de Tucumán en los que el flamante jefe del Ejército aparecía mencionado, CFK decidió la postergación del debate hasta fin de año. Rossi defendió la decisión y remarcó que “la Presidenta instruyó al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, para que toda la documentación que acercó el CELS sea remitida a todos los juzgados federales de Tucumán y de La Rioja para que sea la Justicia la que actúe”. “Sabemos qué tenemos que hacer cuando la Justicia actúa, pero no sólo con en el caso de Milani, sino en todos los casos. Uniformados y civiles tenemos que dar cuenta ante la Justicia de nuestros actos presentes y pasados”, advirtió.
Por último, reiteró las críticas que CFK dedicó a quienes cuestionan la designación del nuevo jefe del Ejército en su discurso del martes. “En estos diez años, mientras nosotros construíamos memoria, verdad y justicia, desde otros lugares de la sociedad argentina criticaban a Néstor y Cristina (Kirchner) por tener un espíritu revanchista, por no darles lugar, dentro del escenario social argentino, a las Fuerzas Armadas.
Resulta extraño que esos mismos sectores sean los que hoy critican una decisión de nuestro gobierno.”
Desde la oposición insistieron en las críticas a la actitud del Gobierno de sostener a Milani en el cargo. Pero además, dirigentes del radicalismo denunciaron al secretario de Derechos Humanos por, supuestamente, ocultar información sobre el caso y lo acusaron ante la justicia por “incumplimiento de deberes de funcionario público”. Argumentaron que el CELS señaló que los antecedentes que envió al Senado estaban también en la dependencia oficial.
El diputado nacional de Unión Celeste y Blanco (UCyB) Francisco de Narváez advirtió que “asustan a la gente” las “contradicciones” de la Presidenta y reclamó que el general dé “un paso al costado”. Su par, y precandidata a senadora por la lista Juntos del Frente UNEN Victoria Donda advirtió que “el gobierno de los derechos humanos sostiene a un represor al frente de las Fuerzas Armadas”. El radical Ricardo Alfonsín se manifestó “preocupado” por “el rol que el oficialismo pretende darle” al Ejército: “No puede estar al servicio de un partido”. Rossi había señalado que la intención de la Presidenta es “incorporar a las Fuerzas Armadas a un proyecto de Nación”.
Militares y democracia
En medio de la polémica planteada alrededor del jefe del Ejército, dos miradas sobre la relación entre los uniformados y las instituciones constitucionales. Guillermo Makin revisita la figura del teniente general Alberto Numa Laplane, comandante del Ejército en 1975, y Guido Croxatto y Julián Axat analizan las paradojas que surgen del debate sobre la situación de Milani.
Opinión
Por Guillermo Makin *
Antes de 1976 casi no había militares de alta graduación en servicio activo que prefirieran la democracia a la intromisión militar. Salvo, quizá, el teniente general (RE) Alberto Numa Laplane.
Fue comandante del Ejército entre el 13 de mayo y el 26 de agosto de 1975, cuando el gobierno de María Estela Martínez de Perón caía en el más abyecto desprestigio por sus errores políticos y económicos.
Laplane, a poco de asumir, dijo en un discurso publicado en los diarios del 29 de mayo: “Todavía hay argentinos que no se han convencido de la firme determinación de no prestarnos más al juego de salir de los carriles constitucionales: esto sólo serviría para sumir al país en un caos que le entregaría inerme en manos de sus enemigos”.
Días atrás en el Tribunal Oral Federal Nº 5, en el marco del juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA, prestó testimonio Adriana Friszman, nuera de Laplane. En una crónica periodística se lo calificó como un militar nacionalista de derecha.
No es el primer error en que se incurre al describir a un militar que trató de evitar la conspiración militar que culminaría en el golpe del 24 de marzo de 1976.
Heriberto Khan en su libro Doy Fe y en sus artículos en el diario La Opinión, siguiendo a sus fuentes militares en plena crisis político-militar, sostenía que Laplane era hombre de López Rega (el “dato” habría sido de Massera).
Cualquiera que conociera a Laplane convendría que era un militar democrático, por entonces una rara avis entre altos oficiales. Sus discursos en 1975 y posteriores intervenciones hasta su adscripción al Cemida, Centro de Militares para la Democracia Argentina, disuelto en el 2012, lo prueban inequívocamente.
Cuando lo conocí en Londres, en 1980, se esmeró en explicarme lo dañino que era para una institución como el Ejército verse involucrado en política. Sostuvo que las diferencias políticas llevaban a la exclusión, por retiro, de una parte de “la pirámide de oficiales” que diagramó sobre una servilleta. Al asumir el comando del Ejército se propuso lograr que pese al deterioro político de la Sra. de Perón se llegara a elecciones, para las cuales faltaban solo 21 meses.
Laplane se encontró con que su predecesor, el teniente general Leandro E. Anaya, había ubicado a colorados antiperonistas con afección al golpismo en los comandos más importantes, entre los cuales, los generales Videla y Viola.
A través de una posición que Videla, en el 2001, recluido bajo arresto domiciliario, me dijo execrar, el “profesionalismo integrado”, Laplane trató de sostener los torpes ministros de la Sra. de Perón. “Isabel”, rememoraba Laplane, “no sabía nada, ni quién era quién, se hacía aquello que le decía el último que hablara con ella”.
La primera decisión de Laplane que acredita lo errado de catalogarlo como lopezreguista es el desalojo de López Rega de la quinta presidencial de Olivos donde vivía. “Usé la custodia presidencial, el Regimiento de Granaderos. Les ordené desarmar la custodia de López Rega y se lo puso en el primer avión a Madrid”, me explicó.
Las cartas con que le tocó jugar a Laplane eran malísimas: los nuevos ministros de Isabel eran de una impericia política pocas veces vista. El ministro que asumió el rol que hoy desempeña el jefe de Gabinete, Vicente Damasco, un coronel en actividad, carecía de carisma, cintura política y prestigio. Recién en septiembre se nombraron ministros con calibre como Angel F. Robledo y Antonio Cafiero, pero para entonces la crisis se había llevado puesto a Laplane.
Damasco se vendía pretendiendo salvar un gobierno al garete con una presidente sin otra vertebración ideológica que cumplir la misión de su marido y su concepción monárquico-franquista del poder. Intentó usar un plan que Perón le habría legado. Habiendo visto una copia que me facilitó Damasco entiendo por qué nunca vio la luz. Era un conjunto de títulos bien intencionados pero carentes de contenido y sentido político operacional útil.
Los militares golpistas, Videla, Viola y sus seguidores, decían horrorizarse con que Damasco, un coronel en actividad, actuara en política en el ministerio más político. Plantaron filtraciones en los medios hasta forzar su retiro, infligiéndole así a Laplane la primera derrota. Con Damasco buscaban puntear el período hasta las elecciones en 1976 con elecciones en las provincias.
El paso siguiente de los golpistas fue lograr el retiro de Laplane. “Cuando vi en los diarios que el general más antiguo, Carlos Delia Larroca, pedía mi retiro, supe que debía renunciar. Al principio no me la aceptaron, pero opté por sugerir que se nombrara a un general joven, Alberto Cáceres, al que nadie se oponía, para forzar el retiro de Videla, Viola y compañía”, diría Laplane en 1980.
La vieja guardia peronista no supo que jugaba con fuego. Isabel no quería que Cáceres usara la fuerza que, decía, sería necesaria para imponerse. Cafiero aconsejó a Isabel que nombrara a Videla. Luego admitió: “Fue un error tremendo”. Robledo no estaba, opinó telefónicamente que si se lo nombraba a Videla se acabaría la agitación militar. Con ello la tentativa de preservar los mecanismos democráticos y constitucionales de Laplane fracasa hasta en lograr una sucesión no golpista.
La violencia política característica del período era otro elemento fatídico para los planes de continuidad democrática de Laplane. Los diarios, ya desde junio ante las huelgas, la inquietud popular y el descalabro económico, se hacían eco de reuniones de los comandantes generales de las tres fuerzas. Que las fuerzas armadas comenzaran a pronunciarse sobre temas políticos daba cuenta de que se estaba frente a una circunstancia crítica. Con Laplane o Cáceres el final pudo haber sido otro. Con Videla, Viola y Massera dispuestos a aprovechar las torpezas presidenciales para lograr el poder, el desenlace era inevitable. Laplane y sus buenas intenciones tenían demasiados enemigos y los aliados hubiera sido mejor perderlos que encontrarlos.
* El autor entrevistó a Alberto Numa Laplane, Jorge Videla, Emilio Massera, Guillermo Suárez Mason, J. A. Martínez de Hoz, Vicente Damasco, A. F. Robledo, A. Cafiero, A. Benítez, Julio González entre 1980 y 2001, inicialmente para su doctorado en la Universidad de Cambridge y luego para completar el material.
El problema de la verdad y la no dilapidación
Opinión
El problema no es lo que uno dice. Es lo que uno calla. Y los que han sostenido con inquebrantable compromiso la política de derechos humanos no pueden, por eso mismo, quedar callados. El silencio no se admite. Pues al callar se les da lugar a aquellos que juegan con la inversión, la paradoja y la parodia. Los que callaron los vuelos de la muerte y los bebés robados en nombre de la salvación de la República, los que siguen hablando del derecho “a no saber la verdad”, los que durante muchos años no vieron la ESMA ni el Olimpo ni nada en sus propias narices (eso no se informaba, eso no era “información”), ahora denuncian la “complicidad” del Gobierno.
La paradoja resulta que quien devela el (supuesto) vínculo oculto de un general con la dictadura y cree, a su vez, en la teoría de los dos demonios, tratando a nuestros padres desaparecidos de terroristas y asesinos. Clarín cree en los dos demonios (véase “Decíamos Ayer, la prensa durante la dictadura”), como lo cree La Nación, como lo cree Jorge Lanata (véase su novela Muertos de amor). La inversión paródica: la corporación mediática denuncia complicidad, pero tiene sangre en las manos que proviene de la causa Papel Prensa.
Hay mucho silencio disfrazado de palabra. Aun cuando quien devela la trama de pruebas de verdad, eso no quiere decir que crea en ella; pues la utiliza coyunturalmente para desgastar a una política que sí ha creído en ella y ha reconocido en los hechos la lucha histórica de los organismos de DD.HH. Esa política se llevó adelante no sólo sin el apoyo, sino contra las intenciones declaradas de muchos de esos periodistas y corporaciones que no querían “volver al pasado”. Los hijos todavía encadenados no son el presente.
En la dictadura nadie actuó nunca “por azar” o por mera distracción o “distancia burocrática”. Nadie puso su firma por “azar” en ningún expediente o estuvo aislado en una patrulla perdida (y menos en las fuerzas militares). Las burocracias dejan expedientes que hablan por sí, y las firmas banales de los burócratas de ayer bien pueden hablar de crímenes que se han querido ocultar. Lo saben el juez y el historiador. Lo saben las Madres y los Hijos. Lo saben los sobrevivientes. No suele haber expedientes de “deserciones militares” con firmas colocadas con desentendimiento. Allí no suele haber firmas inocentes. La experiencia de los juicios de derechos humanos indica que en el aparato del terror, donde hay burocracia escrituraria que hace rutina de situaciones de persecución, las firmas se colocan para certificar o dar fe de situaciones falsas.
Hablan de algo oculto: el Mal. Los sumarios de deserción fueron el modo de encubrir la desaparición de soldados durante el terrorismo de Estado (Véase Nunca Más, Conadep,1984, Cap II. “Víctimas conscriptos”). Pero claro, como dijo la Presidenta, es la Justicia y no la mera especulación quien tiene la última palabra.
La lucha de organismos comprometidos con la verdad y la justicia no debe ser dilapidada por una coyuntura electoral o por la cercanía con el Gobierno. Pues nadie más que los organismos de DD.HH. saben, por prepotencia de cuerpo y testarudez en la convicción, que sólo la verdad, la justicia y la memoria pueden salvar a la democracia. Este gobierno tuvo el enorme valor de apostar a esos valores y, en el fondo, sabe que seguirá el camino de los organismos. Y no se trata de un purismo, es una coherencia militante profundamente histórica. El nunca menos. La década que se ganó. No hay otro camino. Sólo uno: la verdad.
Bajo la idea de “profesionalidad de las Fuerzas Armadas” lo que queda del viejo partido militar y las logias que lo secundan, seguirán buscando el punto neutro para incidir sobre la corporación mediática para que ésta deslegitime cuadros formados o en formación en un proyecto de transformación político y latinoamericano en ciernes (¿o acaso no hay lugares dentro de las fuerzas de seguridad, servicios de inteligencia y Fuerzas Armadas que siguen defeccionados y arman operaciones de todo tipo con tal de seguir vinculados con el pasado?). Son esas logias en un pacto con las corporaciones a las que enfrenta este gobierno, y las que harán todo lo esté a su alcance para contradecir (en las apariencias) su propia ideología. Pues todos sabemos que están a favor de lo que (sospechan) hizo Milani (lo mismo que desde esas tribunas se celebraba y aún se celebra).
La reconstrucción de un sistema generacional de cuadros militares comprometidos y alineados con la idea de una patria grande tiene que nacer lejos de estas inversiones que se permite la derecha y sus corporaciones. Nacer de un origen limpio, intachable, que cumpla con los valores guía de los organismos de DD.HH. En todo caso eso es lo que indigna más la ideología de las corporaciones mediáticas; no tener excusas ni motivos para impugnar un legajo (a contrario de lo que cree la derecha, los legajos se miden por la profesionalidad y el compromiso con valores democráticos, no con el amiguismo). Si Milani no es ese cuadro porque hay sospechas de su pasado, y porque la Justicia tarde o temprano así lo entienda, habrá otros que sí cumplan las expectativas de la década por venir.
La política de DD.HH. se propuso la reparación, la reconstrucción de la ceniza. Volver a decir. Volver a poner la palabra donde había silencio para no permitir inversiones en el imaginario social. Tenemos como generación de jóvenes el enorme deber de ser claros y jugarnos con las palabras y los cuerpos. Como nuestros padres, pero a nuestra manera asumir el futuro con riesgo. Sólo de ese modo daremos continuidad y puente a la dignidad de la política hija de la memoria.
* Facultad de Derecho UBA.
** Defensor juvenil.
Fuente:Pagina12
Por Guillermo Makin *
Antes de 1976 casi no había militares de alta graduación en servicio activo que prefirieran la democracia a la intromisión militar. Salvo, quizá, el teniente general (RE) Alberto Numa Laplane.
Fue comandante del Ejército entre el 13 de mayo y el 26 de agosto de 1975, cuando el gobierno de María Estela Martínez de Perón caía en el más abyecto desprestigio por sus errores políticos y económicos.
Laplane, a poco de asumir, dijo en un discurso publicado en los diarios del 29 de mayo: “Todavía hay argentinos que no se han convencido de la firme determinación de no prestarnos más al juego de salir de los carriles constitucionales: esto sólo serviría para sumir al país en un caos que le entregaría inerme en manos de sus enemigos”.
Días atrás en el Tribunal Oral Federal Nº 5, en el marco del juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA, prestó testimonio Adriana Friszman, nuera de Laplane. En una crónica periodística se lo calificó como un militar nacionalista de derecha.
No es el primer error en que se incurre al describir a un militar que trató de evitar la conspiración militar que culminaría en el golpe del 24 de marzo de 1976.
Heriberto Khan en su libro Doy Fe y en sus artículos en el diario La Opinión, siguiendo a sus fuentes militares en plena crisis político-militar, sostenía que Laplane era hombre de López Rega (el “dato” habría sido de Massera).
Cualquiera que conociera a Laplane convendría que era un militar democrático, por entonces una rara avis entre altos oficiales. Sus discursos en 1975 y posteriores intervenciones hasta su adscripción al Cemida, Centro de Militares para la Democracia Argentina, disuelto en el 2012, lo prueban inequívocamente.
Cuando lo conocí en Londres, en 1980, se esmeró en explicarme lo dañino que era para una institución como el Ejército verse involucrado en política. Sostuvo que las diferencias políticas llevaban a la exclusión, por retiro, de una parte de “la pirámide de oficiales” que diagramó sobre una servilleta. Al asumir el comando del Ejército se propuso lograr que pese al deterioro político de la Sra. de Perón se llegara a elecciones, para las cuales faltaban solo 21 meses.
Laplane se encontró con que su predecesor, el teniente general Leandro E. Anaya, había ubicado a colorados antiperonistas con afección al golpismo en los comandos más importantes, entre los cuales, los generales Videla y Viola.
A través de una posición que Videla, en el 2001, recluido bajo arresto domiciliario, me dijo execrar, el “profesionalismo integrado”, Laplane trató de sostener los torpes ministros de la Sra. de Perón. “Isabel”, rememoraba Laplane, “no sabía nada, ni quién era quién, se hacía aquello que le decía el último que hablara con ella”.
La primera decisión de Laplane que acredita lo errado de catalogarlo como lopezreguista es el desalojo de López Rega de la quinta presidencial de Olivos donde vivía. “Usé la custodia presidencial, el Regimiento de Granaderos. Les ordené desarmar la custodia de López Rega y se lo puso en el primer avión a Madrid”, me explicó.
Las cartas con que le tocó jugar a Laplane eran malísimas: los nuevos ministros de Isabel eran de una impericia política pocas veces vista. El ministro que asumió el rol que hoy desempeña el jefe de Gabinete, Vicente Damasco, un coronel en actividad, carecía de carisma, cintura política y prestigio. Recién en septiembre se nombraron ministros con calibre como Angel F. Robledo y Antonio Cafiero, pero para entonces la crisis se había llevado puesto a Laplane.
Damasco se vendía pretendiendo salvar un gobierno al garete con una presidente sin otra vertebración ideológica que cumplir la misión de su marido y su concepción monárquico-franquista del poder. Intentó usar un plan que Perón le habría legado. Habiendo visto una copia que me facilitó Damasco entiendo por qué nunca vio la luz. Era un conjunto de títulos bien intencionados pero carentes de contenido y sentido político operacional útil.
Los militares golpistas, Videla, Viola y sus seguidores, decían horrorizarse con que Damasco, un coronel en actividad, actuara en política en el ministerio más político. Plantaron filtraciones en los medios hasta forzar su retiro, infligiéndole así a Laplane la primera derrota. Con Damasco buscaban puntear el período hasta las elecciones en 1976 con elecciones en las provincias.
El paso siguiente de los golpistas fue lograr el retiro de Laplane. “Cuando vi en los diarios que el general más antiguo, Carlos Delia Larroca, pedía mi retiro, supe que debía renunciar. Al principio no me la aceptaron, pero opté por sugerir que se nombrara a un general joven, Alberto Cáceres, al que nadie se oponía, para forzar el retiro de Videla, Viola y compañía”, diría Laplane en 1980.
La vieja guardia peronista no supo que jugaba con fuego. Isabel no quería que Cáceres usara la fuerza que, decía, sería necesaria para imponerse. Cafiero aconsejó a Isabel que nombrara a Videla. Luego admitió: “Fue un error tremendo”. Robledo no estaba, opinó telefónicamente que si se lo nombraba a Videla se acabaría la agitación militar. Con ello la tentativa de preservar los mecanismos democráticos y constitucionales de Laplane fracasa hasta en lograr una sucesión no golpista.
La violencia política característica del período era otro elemento fatídico para los planes de continuidad democrática de Laplane. Los diarios, ya desde junio ante las huelgas, la inquietud popular y el descalabro económico, se hacían eco de reuniones de los comandantes generales de las tres fuerzas. Que las fuerzas armadas comenzaran a pronunciarse sobre temas políticos daba cuenta de que se estaba frente a una circunstancia crítica. Con Laplane o Cáceres el final pudo haber sido otro. Con Videla, Viola y Massera dispuestos a aprovechar las torpezas presidenciales para lograr el poder, el desenlace era inevitable. Laplane y sus buenas intenciones tenían demasiados enemigos y los aliados hubiera sido mejor perderlos que encontrarlos.
* El autor entrevistó a Alberto Numa Laplane, Jorge Videla, Emilio Massera, Guillermo Suárez Mason, J. A. Martínez de Hoz, Vicente Damasco, A. F. Robledo, A. Cafiero, A. Benítez, Julio González entre 1980 y 2001, inicialmente para su doctorado en la Universidad de Cambridge y luego para completar el material.
El problema de la verdad y la no dilapidación
Opinión
Por Guido Croxatto * y Julián Axat **
El problema no es lo que uno dice. Es lo que uno calla. Y los que han sostenido con inquebrantable compromiso la política de derechos humanos no pueden, por eso mismo, quedar callados. El silencio no se admite. Pues al callar se les da lugar a aquellos que juegan con la inversión, la paradoja y la parodia. Los que callaron los vuelos de la muerte y los bebés robados en nombre de la salvación de la República, los que siguen hablando del derecho “a no saber la verdad”, los que durante muchos años no vieron la ESMA ni el Olimpo ni nada en sus propias narices (eso no se informaba, eso no era “información”), ahora denuncian la “complicidad” del Gobierno.
La paradoja resulta que quien devela el (supuesto) vínculo oculto de un general con la dictadura y cree, a su vez, en la teoría de los dos demonios, tratando a nuestros padres desaparecidos de terroristas y asesinos. Clarín cree en los dos demonios (véase “Decíamos Ayer, la prensa durante la dictadura”), como lo cree La Nación, como lo cree Jorge Lanata (véase su novela Muertos de amor). La inversión paródica: la corporación mediática denuncia complicidad, pero tiene sangre en las manos que proviene de la causa Papel Prensa.
Hay mucho silencio disfrazado de palabra. Aun cuando quien devela la trama de pruebas de verdad, eso no quiere decir que crea en ella; pues la utiliza coyunturalmente para desgastar a una política que sí ha creído en ella y ha reconocido en los hechos la lucha histórica de los organismos de DD.HH. Esa política se llevó adelante no sólo sin el apoyo, sino contra las intenciones declaradas de muchos de esos periodistas y corporaciones que no querían “volver al pasado”. Los hijos todavía encadenados no son el presente.
En la dictadura nadie actuó nunca “por azar” o por mera distracción o “distancia burocrática”. Nadie puso su firma por “azar” en ningún expediente o estuvo aislado en una patrulla perdida (y menos en las fuerzas militares). Las burocracias dejan expedientes que hablan por sí, y las firmas banales de los burócratas de ayer bien pueden hablar de crímenes que se han querido ocultar. Lo saben el juez y el historiador. Lo saben las Madres y los Hijos. Lo saben los sobrevivientes. No suele haber expedientes de “deserciones militares” con firmas colocadas con desentendimiento. Allí no suele haber firmas inocentes. La experiencia de los juicios de derechos humanos indica que en el aparato del terror, donde hay burocracia escrituraria que hace rutina de situaciones de persecución, las firmas se colocan para certificar o dar fe de situaciones falsas.
Hablan de algo oculto: el Mal. Los sumarios de deserción fueron el modo de encubrir la desaparición de soldados durante el terrorismo de Estado (Véase Nunca Más, Conadep,1984, Cap II. “Víctimas conscriptos”). Pero claro, como dijo la Presidenta, es la Justicia y no la mera especulación quien tiene la última palabra.
La lucha de organismos comprometidos con la verdad y la justicia no debe ser dilapidada por una coyuntura electoral o por la cercanía con el Gobierno. Pues nadie más que los organismos de DD.HH. saben, por prepotencia de cuerpo y testarudez en la convicción, que sólo la verdad, la justicia y la memoria pueden salvar a la democracia. Este gobierno tuvo el enorme valor de apostar a esos valores y, en el fondo, sabe que seguirá el camino de los organismos. Y no se trata de un purismo, es una coherencia militante profundamente histórica. El nunca menos. La década que se ganó. No hay otro camino. Sólo uno: la verdad.
Bajo la idea de “profesionalidad de las Fuerzas Armadas” lo que queda del viejo partido militar y las logias que lo secundan, seguirán buscando el punto neutro para incidir sobre la corporación mediática para que ésta deslegitime cuadros formados o en formación en un proyecto de transformación político y latinoamericano en ciernes (¿o acaso no hay lugares dentro de las fuerzas de seguridad, servicios de inteligencia y Fuerzas Armadas que siguen defeccionados y arman operaciones de todo tipo con tal de seguir vinculados con el pasado?). Son esas logias en un pacto con las corporaciones a las que enfrenta este gobierno, y las que harán todo lo esté a su alcance para contradecir (en las apariencias) su propia ideología. Pues todos sabemos que están a favor de lo que (sospechan) hizo Milani (lo mismo que desde esas tribunas se celebraba y aún se celebra).
La reconstrucción de un sistema generacional de cuadros militares comprometidos y alineados con la idea de una patria grande tiene que nacer lejos de estas inversiones que se permite la derecha y sus corporaciones. Nacer de un origen limpio, intachable, que cumpla con los valores guía de los organismos de DD.HH. En todo caso eso es lo que indigna más la ideología de las corporaciones mediáticas; no tener excusas ni motivos para impugnar un legajo (a contrario de lo que cree la derecha, los legajos se miden por la profesionalidad y el compromiso con valores democráticos, no con el amiguismo). Si Milani no es ese cuadro porque hay sospechas de su pasado, y porque la Justicia tarde o temprano así lo entienda, habrá otros que sí cumplan las expectativas de la década por venir.
La política de DD.HH. se propuso la reparación, la reconstrucción de la ceniza. Volver a decir. Volver a poner la palabra donde había silencio para no permitir inversiones en el imaginario social. Tenemos como generación de jóvenes el enorme deber de ser claros y jugarnos con las palabras y los cuerpos. Como nuestros padres, pero a nuestra manera asumir el futuro con riesgo. Sólo de ese modo daremos continuidad y puente a la dignidad de la política hija de la memoria.
* Facultad de Derecho UBA.
** Defensor juvenil.
Fuente:Pagina12
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