Gils Carbó: “Es imposible combatir el crimen organizado de una manera desorganizada”
6.11.2013
La procuradora general puso de relieve el trabajo realizado por los fiscales ad hoc y por las procuradurías especializadas para hacer frente a la criminalidad compleja y reclamó la implementación del sistema acusatorio, en el marco del Segundo Congreso Latinoamericano de Derecho Penal y Criminología.
Gils Carbó abrió el panel con una explicación sobre la relación entre la justicia y la democracia y sostuvo que "no hay participación del pueblo en los sistemas de justicia". También destacó la importancia de la ley que reglamenta el ingreso: "En la carrera judicial no hay ingreso democrático, estamos en un sistema donde tienen prevalencia los lazos familiares y de parentesco".
La procuradora hizo hincapié en que la Constitución Nacional establece la participación del pueblo en la justicia, al referirse al juicio por jurados, que aún no ha sido implementado.
"Existe una sector dentro del Poder Judicial que mantiene una matriz burocrática y conservadora", expresó Gils Carbó y sostuvo que, con el comienzo de los juicios por crímenes de lesa humanidad, se reveló que "jueces, fiscales y defensores fueron cómplices de los procesos dictatoriales y los legitimaron".
La titular del Ministerio Público Fiscal expresó que dentro de los sistemas de justicia hay un predominio de lo escrito, lo que hace que el juez se mantenga aislado: "Un juez que no ve a las partes, es un juez que no da la cara". También criticó el lenguaje críptico de los fallos y resoluciones, calificándolo como "signo de oscurantismo".
Luego la procuradora defendió la implementación de un sistema acusatorio para la justicia federal y contó las experiencias de los países de la región, donde la mayoría lo ha adoptado o tiene proyectos para hacerlo. "¿Cómo puede ser imparcial de la investigación un juez que ha sido parte de ella?", se preguntó.
"La reforma hacia un sistema acusatorio no es una cuestión académica, es una cuestión de eficiencia en la lucha contra el crimen, para dotar de mejores herramientas al Ministerio Público, que es el que la lleva adelante", indicó la jefa de los fiscales. También subrayó que este modelo permitiría que los casos menos complejos se resuelvan con mayor celeridad y que haya fiscales especializados para causas con mayor dificultad o más extensas.
Gils Carbó destacó la creación y el trabajo que llevan adelante las procuradurías especiales de Narcocriminalidad, Crímenes contra la Humanidad, Trata y Explotación de personas, Criminalidad Económica y Lavado de Activos, Violencia Institucional y el Programa de Género del MPF. "Son parte de una política que ha adoptado el Ministerio Público Fiscal para realizar lo que la sociedad espera que hagamos", remarcó.
En ese sentido, la procuradora resaltó ese modelo de trabajo y expresó que "es imposible combatir el crimen organizado de una manera desorganizada".
Luego fue el turno del secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, quién expreso que la clave para democratizar los sistemas judiciales es "realizar un balance entre lo técnico, que representa la justicia y lo político, donde entra la democratización". Sostuvo, además, que el proceso de democratización comenzó hace diez años y que el objetivo es la "consolidación de la dignidad de las personas".
También participó del debate la presidenta de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, María Laura Garrigós de Rébori, que realizó una enumeración de los inconvenientes de realizar el ingreso al sistema de justicia y la importancia de la ley que lo reglamenta.
A continuación, el fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Javier de Luca, sostuvo que "para encarar una democratización es necesario encarar y confrontar a los que no se resignan a perder poder ni a poner en tela de juicio sus decisiones"..
En tanto, el juez de Casación, Alejandro Slokar, indicó que los jueces cumplen funciones políticas y simbólicas y que deben escuchar voces diferentes "para entenderlas cuando esas mismas voces nos interpelan por justicia".
El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni, quien presidió el panel, cerró la disertación: "Necesitamos una justicia plural, donde haya debate interno y éste salga a luz pública", reclamó.
Zaffaroni destacó la creación de la Escuela Servicio de Justicia y expresó que uno de los grandes problemas actuales de la justicia es el casi nulo funcionamiento del Consejo de la Magistratura: "Estamos ante una situación de emergencia".
El Segundo Congreso Latinoamericano de Derecho Penal y Criminología es organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología. Entre otros ejes temáticos, se debatirá sobre Criminología, Dogmática Procesal Penal, Victimología, Justicia Democrática, Política Criminal y Ejecución Penal.
El fiscal general Alejandro Alagia estará en la conferencia de cierre de la jornada del miércoles, denominada “Genocidio y crímenes contra la humanidad”.
Fuente:Fiscales.gob.ar
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La procuradora argumentó que el fiscal está a cargo de una estructura igual a la que denunció.
Por: Gabriel A. Morini
La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, respondió a la embestida en su contra del fiscal federal Guillermo Marijuan, quien había pedido su indagatoria por presuntas irregularidades en la creación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Mediante un escrito, la jefa de los fiscales pidió su recusación y la nulidad del pedido, que incluye el llamado a declaración indagatoria de Carlos Gonella, titular de la procuración cuestionada. El motivo: el fiscal no debió haber actuado en el expediente porque está a cargo de una de las estructuras que fue creada bajo los mismos criterios que fueron denunciados como ilegales.
Gils Carbó decidió pasar a la ofensiva luego de que el pasado 31 de octubre, Marijuan pidió al juez Sebastián Casanello que la indague en el marco de la denuncia penal interpuesta por el senador radical Mario Cimadevilla contra los nombramientos de fiscales subrogantes y ad hoc. Representada por el defensor oficial Juan Martín Hermida, junto a un equipo de letrados especialmente designados por la defensora general Stella Maris Martínez, la jefa de los fiscales tomó vista del expediente y recusó a Marijuan.
Recordó los términos de la denuncia que apuntó contra las designaciones realizadas desde la cúpula del Ministerio Público y señaló que Marijuan "se desempeña desde el día de su creación —23 de mayo de 2002— a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES), conforme resoluciones PGN 33/02 y PGN 34/02". La UFISES "fue creada en función del mismo dispositivo legal con que se crearon las estructuras especiales y le fueron conferidas atribuciones sustancialmente idénticas a las que le fueron asignadas a las nuevas unidades especiales", apuntó Gils Carbó en referencia al artículo 33 de la ley orgánica del Ministerio Público en la que fundamentó la legalidad de la creación de las nuevas Procuradurías.
Por ende, el razonamiento fue que si Marijuan está a cargo de una unidad fiscal especial creada bajo la misma base legal que las que están siendo objetadas siguiendo la "estrecha visión del denunciante que se ha reproducido en sus dictámenes", no puede sostener la acusación contra la procuradora porque su propio rol al frente de la UFISES sería "ilegal". "Debió excusarse porque a pesar de no estar expresamente nombrado, estaba comprendido en ella por haberse denunciado magistrados que se encuentran en una posición análoga a la suya", fustigó Gils Carbó, que recordó que la unidad de Marijuan participó en 2800 investigaciones y realizó 1600 presentaciones en juzgados y fiscalías, por lo que tuvo incidencia concreta en varias causas.
Por ese motivo, Gils Carbó apuntó al "sorpresivo acotamiento" de la acusación de Marijuan dirigida sólo a la PROCELAC y no al resto de las unidades; al "sesgado criterio" y "manifiesta arbitrariedad" del fiscal.
Fuente:TiempoArgentino
Envío:Agnddhh
Gils Carbó decidió pasar a la ofensiva luego de que el pasado 31 de octubre, Marijuan pidió al juez Sebastián Casanello que la indague en el marco de la denuncia penal interpuesta por el senador radical Mario Cimadevilla contra los nombramientos de fiscales subrogantes y ad hoc. Representada por el defensor oficial Juan Martín Hermida, junto a un equipo de letrados especialmente designados por la defensora general Stella Maris Martínez, la jefa de los fiscales tomó vista del expediente y recusó a Marijuan.
Recordó los términos de la denuncia que apuntó contra las designaciones realizadas desde la cúpula del Ministerio Público y señaló que Marijuan "se desempeña desde el día de su creación —23 de mayo de 2002— a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES), conforme resoluciones PGN 33/02 y PGN 34/02". La UFISES "fue creada en función del mismo dispositivo legal con que se crearon las estructuras especiales y le fueron conferidas atribuciones sustancialmente idénticas a las que le fueron asignadas a las nuevas unidades especiales", apuntó Gils Carbó en referencia al artículo 33 de la ley orgánica del Ministerio Público en la que fundamentó la legalidad de la creación de las nuevas Procuradurías.
Por ende, el razonamiento fue que si Marijuan está a cargo de una unidad fiscal especial creada bajo la misma base legal que las que están siendo objetadas siguiendo la "estrecha visión del denunciante que se ha reproducido en sus dictámenes", no puede sostener la acusación contra la procuradora porque su propio rol al frente de la UFISES sería "ilegal". "Debió excusarse porque a pesar de no estar expresamente nombrado, estaba comprendido en ella por haberse denunciado magistrados que se encuentran en una posición análoga a la suya", fustigó Gils Carbó, que recordó que la unidad de Marijuan participó en 2800 investigaciones y realizó 1600 presentaciones en juzgados y fiscalías, por lo que tuvo incidencia concreta en varias causas.
Por ese motivo, Gils Carbó apuntó al "sorpresivo acotamiento" de la acusación de Marijuan dirigida sólo a la PROCELAC y no al resto de las unidades; al "sesgado criterio" y "manifiesta arbitrariedad" del fiscal.
Fuente:TiempoArgentino
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